Choferes de colectivos y delegados gremiales denunciaron que empresas de transporte, en base a directivas atribuidas al Gobierno Nacional, comenzaron a retirar de las unidades la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”, una medida que consideran parte de una bajada de línea desmalvinizadora.

Trabajadores de distintas líneas, entre ellas las del Grupo DOTA, aseguraron haber recibido órdenes para despegar mapas, banderas y calcomanías alusivas a Malvinas de los laterales de los colectivos. Según los testimonios, la remoción de las insignias también comenzó a realizarse en formaciones ferroviarias, lo que amplió la preocupación entre los gremios del transporte.

La norma vigente establece que la leyenda debe exhibirse en un lugar visible en colectivos urbanos, servicios de media y larga distancia, trenes, barcos y aeronaves que operen dentro o fuera del país, por lo que los denunciantes sostienen que su eliminación no solo implica un fuerte gesto simbólico, sino también un eventual incumplimiento de la legislación.

Los choferes vinculan esta decisión con la incomodidad que mostró el gobierno de Javier Milei luego de que la Selección Argentina exhibiera una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante el Mundial 2026, en el partido frente a Inglaterra. Afirman que la presunta orden para retirar las insignias comenzó a circular después de aquel encuentro, reforzando la percepción de que existe una intención de reducir la presencia de la causa Malvinas en los espacios públicos.

Lejos de apagarse, el gesto de la Selección fue replicado por otros equipos del fútbol argentino. Argentinos Juniors salió al campo de juego con la bandera antes de su partido frente a Sarmiento por el Torneo Clausura, mientras que Tigre hizo lo propio en su encuentro por la Copa Sudamericana frente a Nacional de Uruguay. Para quienes impulsan la denuncia, la decisión de retirar la leyenda de colectivos y trenes contrasta con el respaldo que la causa Malvinas sigue encontrando en distintos ámbitos de la sociedad y reabre el debate sobre el lugar que ocupa el reclamo de soberanía en la agenda del Gobierno nacional.

Un reciente informe alertó que el consumo masivo volvió a retroceder en junio al registrar una caída interanual del 2,7%, con lo que encadenó seis meses consecutivos en terreno negativo y profundizó el deterioro del gasto cotidiano de los hogares.

En ese marco, los alimentos y otros productos básicos volvieron a mostrar fuertes retrocesos en los principales canales de venta. Mientras, la inflación registrada por el Indec da a la baja. ¿Cómo se explica? Justamente, ocurre que el gobierno de Javier Milei decidió intervenir el índice oficial y no medir como corresponde la suba de precios en la economía, de ese modo, se subregistran subas importantes como son los servicios públicos. La inflación del Indec baja pero no la que sufren millones de argentinos cada mes en sus bolsillos reales.

El relevamiento, elaborado por Scentia, señaló que la contracción acumulada durante el primer semestre alcanzó el 2,9% respecto del mismo período de 2025. Entre los distintos formatos comerciales, los supermercados de cadena registraron una baja del 4,6%, mientras que en los mayoristas el descenso fue del 3,8% y en los autoservicios independientes llegó al 3,2%. La única excepción volvió a ser el comercio electrónico, que creció 34,8% interanual.

El presidente Javier Milei se desplomó en el índice de confianza al consumidor que elabora la Universidad Di Tella. En el Gobierno hay preocupación por el impacto del malhumor social en la reelección del Presidente. Es una encuesta que miran con atención los empresarios argentinos.

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella se ubicó en 40,67 puntos en julio, lo que representa una disminución del 4,78% respecto de junio, cuando había alcanzado 42,71 puntos. El relevamiento, a cargo de Poliarquía Consultores, se realizó en 40 grandes centros urbanos de todo el país entre el 2 y el 16 de julio. La caída interrumpe dos meses consecutivos de recuperación, luego de las subas registradas en mayo y junio.

En la comparación interanual, el deterioro es aún más marcado: el ICC de julio se ubicó 12,30% por debajo del nivel registrado en julio de 2025. Según destacaron desde el CIF, fue la disminución interanual más marcada desde la crisis de la pandemia de Covid-19, en julio de 2020, cuando el índice se había derrumbado 13,6%. Además, el pico del índice en la actual gestión se registró en enero de 2025, con 47,38 puntos, y desde entonces acumula una caída de 14,16%.

Pese a los reiterados gestos de respaldo político hacia el mandatario estadounidense y a la expectativa del Gobierno de obtener un trato preferencial, la administración norteamericana confirmó que los productos argentinos también quedarán alcanzados por el nuevo esquema de aranceles que comenzará a regir desde este viernes.

La medida fue oficializada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que incluyó a la Argentina dentro del grupo de 60 países alcanzados por la nueva política comercial impulsada por la Casa Blanca tras investigaciones vinculadas a prácticas comerciales y controles sobre el trabajo forzoso.

En concreto, las exportaciones argentinas deberán pagar un arancel general del 10% para ingresar al mercado estadounidense, el mismo nivel que regirá para países como Canadá, México, India, Indonesia, Malasia, Ecuador y el Reino Unido.

La decisión constituye un nuevo revés para la estrategia internacional de Milei, quien apostó por un alineamiento casi automático con Washington bajo la premisa de que esa cercanía abriría oportunidades comerciales y facilitaría un tratamiento diferencial para la Argentina. Sin embargo, la administración Trump dejó en claro que la afinidad política no pesa a la hora de definir medidas destinadas a proteger los intereses económicos de Estados Unidos.

Según explicó la USTR, los nuevos gravámenes forman parte de una política orientada a sancionar a los países que, según la evaluación de Washington, no implementan mecanismos suficientes para impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso. La decisión se apoyó en investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta utilizada por Estados Unidos para responder a prácticas que considera desleales o distorsivas para el comercio internacional.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, sostuvo que el objetivo de la medida es “corregir lo que constituye una violación de los derechos humanos y una práctica comercial distorsionadora”.

Aunque la resolución contempla la posibilidad de otorgar excepciones a determinados sectores o países que acrediten controles efectivos sobre estas prácticas, hasta el momento Washington no precisó cuáles podrían beneficiarse de ese tratamiento especial, por lo que la Argentina continuará alcanzada por el arancel general del 10%.

Los nuevos aranceles comenzarán a regir este viernes, una vez vencido el régimen transitorio que Estados Unidos había establecido tras la suspensión judicial del esquema anterior de tarifas globales promovido por Trump. La normativa también prevé aranceles de entre el 10% y el 12,5% para productos provenientes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza, mientras que otros países enfrentarán una tasa general del 12,5%.

Si bien algunos bienes considerados estratégicos quedarán exceptuados para evitar problemas de abastecimiento o impactos sobre la producción estadounidense, la decisión confirma que el alineamiento político del Gobierno argentino no alcanzó para obtener un trato diferencial. En materia comercial, la administración Trump volvió a priorizar la defensa de los intereses de Estados Unidos por encima de las afinidades ideológicas con la Casa Rosada.