La industria manufacturera volvió a mostrar una fuerte contracción en agosto y profundizó el deterioro que atraviesa el sector durante 2026. Según una estimación de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad industrial cayó 5,7% interanual durante el octavo mes del año y registró una baja de 0,3% respecto de julio en la medición desestacionalizada. De esta manera, la producción acumuló durante los primeros ocho meses del año una retracción cercana al 3%.

El retroceso se da después de un julio particularmente negativo, cuando el Índice de Producción Industrial Manufacturero del INDEC había registrado una caída interanual del 4,9% y un desplome mensual del 5%. El panorama muestra así dificultades para consolidar una recuperación industrial sostenida, pese a algunos resultados positivos registrados durante el primer semestre. Los datos privados también exhiben una fuerte heterogeneidad entre ramas: mientras algunas actividades vinculadas a la refinación de petróleo, alimentos y bebidas e industrias metálicas básicas lograron sostener niveles de producción, otros sectores continúan acumulando importantes caídas.

Entre los sectores más golpeados aparece la industria automotriz, que acumuló una caída del 17,4% entre enero y agosto, mientras que la metalmecánica retrocedió 3,3% y los minerales no metálicos lo hicieron 6,1%. En el caso de la actividad metalúrgica, un relevamiento de ADIMRA registró una baja interanual del 6,1% en agosto y una utilización de la capacidad instalada de apenas 39,6%. La entidad señaló además que los bienes de capital tuvieron una contracción del 11,1%, en un escenario marcado por la escasez de pedidos y la debilidad de la demanda.

El dato de agosto vuelve a poner en discusión la profundidad de la recuperación de la economía argentina y el comportamiento de la demanda interna. La industria continúa operando por debajo de los niveles alcanzados en años anteriores y los resultados muestran una creciente distancia entre los sectores que consiguen sostener su actividad y aquellos más vinculados al consumo, la inversión y el mercado interno. Con la producción industrial nuevamente en retroceso, el desafío para los próximos meses será determinar si se trata de una fase transitoria o de una tendencia más prolongada de debilitamiento del entramado productivo.

El riesgo país pasó de 485 puntos básicos el 11 de septiembre, a la zona de los 630 puntos en esta comienzo de semana, el mayor nivel desde diciembre del 2025.

Expertos de la city advierten que detrás hay varias causas, pero la principal tiene que ver con inconsistencias ya evidentes en el modelo económico de Javier Milei. Cae la economía, la industria y suben el desempleo y la pobreza. Además, la inflación se mantiene en niveles altísimos, similares al del último gobierno de Cristina Kirchner, un gobierno “populista”. Entonces: ¿fracasó el ajuste?

Mientras, el gobierno libertario insiste en que todo está bien y se vienen años gloriosos. Pero tanto los mercados financieros como la sociedad ven otra cosa. La nueva encuesta de la Universidad Di Tella mostró una caída del 6% de la confianza de la gente en la gestión mileista. Cada vez, son más los que no la ven…

El décimo mes del año comienza con una nueva batería de incrementos que impactará directamente sobre los gastos fijos de las familias. Transporte, alquileres, prepagas, peajes, agua y servicios energéticos vuelven a subir, mientras los ingresos deben enfrentar una presión cada vez mayor.

Octubre arranca con un nuevo golpe al bolsillo. Desde este jueves 1°, distintos servicios esenciales y gastos habituales de los hogares tendrán aumentos que se suman a las subas acumuladas durante el año. Transporte, medicina prepaga, alquileres, peajes y agua encarecerán el presupuesto mensual, mientras las tarifas de luz y gas también tendrán nuevas actualizaciones.

La nueva tanda de incrementos llega después de una inflación de 1,7% en agosto y bajo esquemas que, en varios casos, contemplan actualizaciones automáticas o periódicas. El resultado es una sucesión de aumentos que impacta especialmente sobre los gastos que las familias no pueden evitar y reduce todavía más el margen disponible para otros consumos.

Prepagas: aumentos de hasta 4,9%

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga tendrán nuevos incrementos durante octubre. La mayoría de las compañías aplicará subas cercanas al 2%, aunque algunas llegarán a incrementos significativamente mayores.

OSDE aumentará entre 1,9% y 2,1%, según el plan; el Hospital Alemán aplicará un 1,9%; el Hospital Italiano, un 2,1%; Swiss Medical, un 2%; y Sancor Salud, entre 2,06% y 2,81%. Galeno tendrá una suba de hasta 2,4%, mientras que Omint aplicará un incremento que llegará al 4,9%.

En algunos casos, los aumentos también alcanzarán a los copagos, sumando presión sobre uno de los gastos que más pesa en los presupuestos familiares.

Transporte: viajar cuesta cada vez más

El transporte público tampoco da tregua. Desde octubre, los colectivos de jurisdicción provincial en el AMBA aumentarán alrededor de 3,6%, mientras que las tarifas de los colectivos porteños subirán 3,7%.

En la Provincia de Buenos Aires, con SUBE registrada, el boleto mínimo pasará a $1.206,39 y llegará hasta $1.809,58 para los recorridos más extensos.

En la Ciudad de Buenos Aires, los valores quedarán entre $920,48 y $1.180,44, dependiendo de la distancia.

El subte también volverá a aumentar. El boleto pasará de $1.753 a $1.817, mientras que la tarifa social será de $635,95 y la estudiantil de $254,38. El incremento se suma a una suba acumulada de 50,66% en lo que va del año, por encima de la inflación registrada durante el mismo período.

Los peajes porteños tampoco quedarán al margen: las tarifas administradas por AUSA aumentarán 3,7% desde octubre. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, el valor para vehículos livianos llegará a $6.785,16 durante la hora pico.

Alquileres: nuevos aumentos para quienes todavía tienen contratos con actualización

El comienzo del mes también trae nuevos incrementos para los alquileres cuyos contratos continúan utilizando el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Según la periodicidad pactada, los ajustes pueden alcanzar 6,72% para contratos trimestrales, 9,83% para los cuatrimestrales, 17,04% para los semestrales y 31,67% para los anuales.

Aunque los nuevos contratos ya no están obligados a utilizar un índice determinado, una parte de los inquilinos todavía enfrenta actualizaciones establecidas bajo contratos anteriores, que pueden representar fuertes saltos en el monto mensual.

Luz y gas: más presión sobre las tarifas

Las facturas de electricidad y gas también tendrán nuevas modificaciones. Los cuadros tarifarios de las principales distribuidoras se actualizan periódicamente, por lo que los hogares deberán afrontar nuevos valores durante octubre.

A esto se suma un cambio en el régimen de zonas frías que reduce el subsidio para más de un millón de usuarios de distintas provincias. El beneficio, que alcanzaba descuentos de entre 30% y 50% sobre la tarifa de gas, será reemplazado para esos usuarios por un esquema de subsidios focalizados.

La modificación agrega incertidumbre y presión sobre las facturas de quienes dependen del gas para calefaccionarse durante los meses de menor temperatura.

Agua: AySA aumenta 2,17%

La tarifa de agua de AySA también subirá en octubre. El incremento será de 2,17%, de acuerdo con el mecanismo de actualización establecido por el ERAS.

La suba se produce luego de que dejara de regir el tope del 3% mensual que había limitado los aumentos entre mayo y agosto. Desde septiembre, las actualizaciones volvieron a calcularse directamente mediante la fórmula correspondiente.

Un nuevo mes de aumentos sobre el mismo bolsillo

La particularidad de octubre no está solamente en cada incremento individual, sino en el efecto acumulativo que generan todos ellos sobre el presupuesto familiar. Transporte, alquiler, salud, peajes, agua y servicios energéticos forman parte de los gastos cotidianos que difícilmente pueden postergarse o eliminarse.

Así, mientras cada empresa o jurisdicción aplica su propio mecanismo de actualización, el impacto termina concentrándose sobre los mismos ingresos. Para las familias, octubre comienza con otra batería de aumentos que vuelve a reducir el margen disponible y encarece el costo de sostener una vida cotidiana cada vez más difícil de afrontar.

Tras su procesamiento, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad quedó nuevamente en el centro de la investigación. El abogado Gregorio Dalbón solicitó al juez Ariel Lijo su detención y advirtió sobre un posible riesgo de entorpecimiento de la causa y de fuga.

La causa por las presuntas coimas y las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma un nuevo capítulo que vuelve a complicar al Gobierno de Javier Milei. Luego del procesamiento de Diego Spagnuolo, el abogado Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención del ex funcionario ante el juez federal Ariel Lijo.

El planteo se fundamentó, según el escrito presentado por Dalbón, en la incorporación de “nuevos elementos de convicción” que profundizarían las irregularidades denunciadas en las contrataciones realizadas durante la gestión de Spagnuolo al frente del organismo.

Entre los elementos mencionados aparecen informes en los que se habrían detectado diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se correspondían con los adjudicados.

Para el abogado, estos hallazgos no responderían a un episodio aislado. El escrito sostiene que existiría una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido presuntas afectaciones al patrimonio público durante el período en que Spagnuolo estuvo al frente de ANDIS.

El pedido adquiere especial relevancia luego de que Spagnuolo fuera procesado como presunto jefe de una asociación ilícita que habría direccionado compras de medicamentos e insumos médicos hacia determinados laboratorios y empresas, mediante un esquema que la investigación vincula con presuntas coimas y sobreprecios.

Dalbón también planteó la existencia de un posible “peligro de entorpecimiento” de la investigación. En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que el ex funcionario pudiera destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba, además de influir sobre testigos o peritos.

El abogado pidió, además, que la Justicia evalúe el eventual “peligro de fuga” como otro de los elementos a considerar al momento de resolver la situación procesal de Spagnuolo.

De esta manera, el expediente ANDIS vuelve a escalar y agrega presión sobre el Gobierno. La investigación ya alcanzó una dimensión política y judicial de enorme impacto para la administración Milei y continúa sumando elementos que deberán ser evaluados por la Justicia para determinar si existió un esquema sistemático de corrupción en las contrataciones del organismo.