El Gobierno israelí negó oficialmente haber cambiado su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas, luego de que Javier Milei celebrara en redes sociales una publicación que anunciaba un supuesto respaldo de Benjamín Netanyahu al reclamo argentino. Mientras el Presidente difundía una noticia que finalmente fue desmentida, la petrolera israelí Navitas continúa adelante con sus planes de explotación hidrocarburífera en el Atlántico Sur.

El intento de Javier Milei de presentar un supuesto respaldo de Israel al reclamo argentino por las Islas Malvinas terminó en un incómodo revés diplomático. El Presidente compartió en su cuenta de X una publicación del diario británico The Telegraph que aseguraba que Benjamín Netanyahu había instruido a sus diplomáticos para apoyar la posición argentina frente al Reino Unido. Milei acompañó la noticia con la consigna «MAGA!», como si se tratara de un avance concreto para la causa nacional.

Pero la respuesta desde Israel fue contundente: el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó de falso el informe y aseguró que no hubo ningún cambio en la posición oficial del país. En la misma línea, el embajador israelí en el Reino Unido, Alex Gandler, negó categóricamente que existiera una directiva para respaldar el reclamo argentino. La desmentida dejó sin sustento el anuncio que el mandatario argentino había celebrado públicamente.

Mucha sintonía ideológica, pero ningún cambio en la postura sobre Malvinas

El episodio vuelve a poner en cuestión la estrategia diplomática de Milei, que hizo de su alineamiento con Netanyahu y con otros líderes internacionales una de las marcas distintivas de su política exterior. Sin embargo, la cercanía política y las fotografías de ocasión no se tradujeron en un cambio oficial de posición israelí sobre la disputa de soberanía.

Aunque algunas declaraciones y señales políticas habían alimentado expectativas sobre un eventual acercamiento a la postura argentina, la Cancillería israelí ratificó que no existe una decisión de modificar su posición sobre la cuestión Malvinas. Por lo tanto, no hay un respaldo oficial nuevo al recamo de soberanía argentina que pueda presentarse como resultado de la relación entre ambos gobiernos.

La contradicción resulta especialmente relevante porque la cuestión Malvinas no es un asunto secundario: involucra la integridad territorial argentina, la explotación de recursos naturales en una zona disputada y una histórica controversia con el Reino Unido. En ese escenario, celebrar versiones periodísticas antes de que exista una confirmación oficial expone los riesgos de confundir gestos políticos con resultados diplomáticos concretos.

Navitas sigue adelante con el petróleo: los intereses económicos detrás de la disputa

El contraste más significativo aparece en el terreno de los recursos naturales. Mientras Milei exhibe su cercanía con el Gobierno de Netanyahu, la petrolera israelí Navitas Petroleum mantiene sus planes para desarrollar el yacimiento Sea Lion, ubicado al norte de las Malvinas, en sociedad con la británica Rockhopper Exploration.

Navitas posee el 65% del proyecto y es su operadora. La empresa mantiene como objetivo iniciar la producción de petróleo en marzo de 2028, pese a las medidas impulsadas por la Argentina para frenar las actividades hidrocarburíferas en la zona.

La posición israelí frente a esta controversia tampoco deja margen para confundir los intereses empresariales con un respaldo diplomático a la Argentina. El canciller Gideon Sa’ar sostuvo anteriormente que Navitas es una compañía privada y que el Gobierno israelí no participa directamente en sus operaciones. Al mismo tiempo, defendió la relación bilateral con Buenos Aires y planteó que la disputa con el Reino Unido debía resolverse mediante el diálogo.

En los hechos, esa explicación no modifica el escenario: la empresa continúa con su proyecto petrolero y no se ha anunciado una intervención del Gobierno israelí para detenerlo. La Argentina, por su parte, presentó un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar el avance de Sea Lion.

La cuestión Malvinas volvió a quedar relegada durante otra década en la agenda bilateral, hasta que el 22 de marzo de 2024, pocos meses después de la asunción de Javier Milei, estalló la controversia por la designación del rabino Axel Wahnish como embajador argentino en Israel. Su pliego no consiguió las firmas necesarias y quedó trabado en la Comisión de Acuerdos del Senado, tras un duro cruce con el entonces titular de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau. El eje de la disputa fue el anunciado traslado de la embajada argentina de Herzliya a Jerusalén y las posibles consecuencias de esa decisión para el histórico reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Lousteau advirtió sobre una contradicción diplomática de fondo: la ONU considera tanto a Malvinas como a Jerusalén territorios sujetos a controversias internacionales, por lo que reconocer unilateralmente a Jerusalén como capital de Israel podría debilitar la posición argentina. En otras palabras, el Gobierno corría el riesgo de comprometer la coherencia de su propio argumento jurídico sobre la soberanía de las islas al adoptar una postura que podría sentar un precedente contrario a los intereses nacionales.

Malvinas exige resultados concretos, no festejos en las redes

La desmentida israelí deja una pregunta central sobre la política exterior del Gobierno: ¿qué resultados concretos produjo el alineamiento de Milei con Netanyahu en materia de soberanía argentina?

Hasta ahora, la información oficial disponible no muestra un cambio de postura de Israel sobre Malvinas ni una decisión de frenar las operaciones de Navitas. Por el contrario, la petrolera sostiene sus planes de explotación, mientras la disputa continúa en los ámbitos diplomático y judicial.

El episodio expone la distancia entre las expectativas que el Presidente difundió en las redes sociales y los hechos confirmados por el propio Gobierno israelí. En una cuestión estratégica para la Argentina, la afinidad ideológica entre mandatarios no equivale a un compromiso efectivo con el reclamo soberano.

Malvinas no se defiende con publicaciones celebratorias ni con fotografías entre presidentes. Se defiende con una política exterior consistente, acciones diplomáticas verificables y medidas eficaces para proteger los recursos naturales argentinos. El desmentido de Israel y la continuidad del proyecto petrolero de Navitas vuelven a colocar esa exigencia en el centro del debate.

El cierre de la investigación que benefició a Javier Milei, Karina Milei y al resto de los imputados desató una nueva polémica judicial. La Coalición Cívica, encabezada por Maximiliano Ferraro, anunció que denunciará al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano. Las críticas apuntan a las pruebas que quedaron pendientes, la ausencia de declaraciones indagatorias y el apartamiento previo de los damnificados que podían cuestionar la resolución.

El sobreseimiento de Javier Milei en la causa $LIBRA, lejos de despejar las dudas sobre el escándalo de la criptomoneda, abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre el desempeño de la Justicia y las condiciones en las que se cerró uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno. La decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a partir del pedido del fiscal Eduardo Taiano, benefició al Presidente, a su hermana Karina Milei y a los demás investigados por el lanzamiento del criptoactivo que el mandatario promocionó en sus redes sociales el 14 de febrero de 2025.

La controversia se profundizó este lunes, cuando el diputado nacional Maximiliano Ferraro anunció que la Coalición Cívica denunciará a ambos funcionarios judiciales por considerar que su actuación habría contribuido a garantizar la impunidad del Presidente y de su entorno. El legislador, que encabezó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre $LIBRA, cuestionó duramente una resolución que, según sostuvo, cerró la causa sin agotar medidas de prueba relevantes.

Un sobreseimiento que deja más dudas que certezas

Uno de los principales cuestionamientos es que los imputados fueron sobreseídos sin haber sido convocados a prestar declaración indagatoria. Para Ferraro, resulta especialmente preocupante que una investigación de esta magnitud haya concluido sin interrogar a los involucrados sobre aspectos centrales de la operatoria.

Las dudas también alcanzan a las comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli durante la jornada en que el Presidente difundió el token, así como a la ruta del dinero y a los contactos y movimientos previos al lanzamiento. Según Ferraro, la comisión parlamentaria reunió documentación sobre esos puntos y entregó material a la fiscalía, pero todavía quedarían elementos que requieren un examen más profundo.

El fallo sostuvo que los hechos investigados no encuadraban en figuras penales como estafa, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la función pública. Sin embargo, la conclusión judicial no elimina los interrogantes sobre la secuencia de acontecimientos, la intervención presidencial en la difusión del activo y las pérdidas sufridas por numerosos compradores.

El apartamiento de los damnificados, otro punto crítico

Otro aspecto que alimenta las críticas es la exclusión previa de los inversores damnificados que participaban como querellantes. Ferraro cuestionó que esa decisión haya limitado la posibilidad de que las víctimas impulsaran nuevas medidas de prueba y apelaran el sobreseimiento.

El legislador también objetó que la resolución otorgara relevancia a respuestas escritas de la Oficina Anticorrupción y de la Secretaría General de la Presidencia, mientras que —según su interpretación— relativizó otros elementos incorporados al expediente, incluidos materiales vinculados con la investigación parlamentaria.

La situación abre un interrogante institucional de fondo: si el cierre de la causa se produjo después de una investigación suficientemente exhaustiva o si quedaron aspectos sustanciales sin esclarecer antes de desvincular a los imputados.

La actuación de Taiano y Martínez de Giorgi, bajo cuestionamiento

Ferraro calificó la resolución como un fallo vergonzoso y acusó a los funcionarios de impulsar una maniobra orientada a garantizar la impunidad de Milei y su entorno. Se trata de acusaciones formuladas por el legislador y que deberán evaluarse por las vías institucionales correspondientes; no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de encubrimiento.

La atención se concentra ahora también en la Cámara Federal de Casación Penal, que debe resolver planteos relacionados con la participación de las querellas. Una eventual restitución de los damnificados podría modificar el escenario procesal y abrir la posibilidad de discutir la resolución.

La polémica trasciende la situación particular del Presidente. Está en juego la confianza pública en la capacidad de la Justicia para investigar hechos que involucran a las más altas autoridades del Estado, sin que el poder político o la posición institucional de los investigados condicionen el esclarecimiento de los hechos.

Por eso, el sobreseimiento no clausura el debate público sobre $LIBRA. Mientras persistan cuestionamientos acerca de las pruebas pendientes, las comunicaciones investigadas y el papel de los damnificados, seguirán vigentes las preguntas sobre si la causa fue esclarecida en profundidad o si se cerró antes de responder todos los interrogantes.

La expresidenta celebró la reelección del mandatario brasileño, quien se impuso a Flávio Bolsonaro en el balotaje y logró un nuevo mandato al frente del Palacio del Planalto. Cristina destacó el protagonismo del pueblo brasileño y comparó la jornada con una de las fechas más emblemáticas de la historia del peronismo.

Cristina Fernández de Kirchner felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso a Flávio Bolsonaro y consiguió un nuevo mandato. El resultado representa un nuevo capítulo en la trayectoria política del dirigente brasileño, que asumirá por cuarta vez la presidencia de su país.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Cristina puso el foco tanto en el respaldo popular recibido por Lula como en su capacidad para movilizar a la ciudadanía brasileña en una elección decisiva.

“FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla”, escribió la exmandataria.

FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 26, 2026

La referencia al 17 de Octubre remite a la histórica movilización popular de 1945, considerada una fecha fundacional del peronismo. Con esa comparación, Cristina vinculó el triunfo brasileño con el protagonismo de las mayorías populares y la capacidad de construir una victoria electoral a partir de la identificación política y social.

Una victoria con impacto regional

Lula obtuvo el 51,78% de los votos frente al 48,22% de Flávio Bolsonaro, según los datos difundidos sobre el resultado del balotaje. El mandatario logró revertir la desventaja de la primera vuelta y asegurar su continuidad en el Gobierno brasileño.

El resultado también generó repercusiones en la política argentina, donde dirigentes de distintos espacios se pronunciaron sobre la elección. Mientras Cristina Kirchner celebró el triunfo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof destacó la importancia de la jornada y sostuvo que “nunca hay que rendirse”. Sergio Massa, por su parte, reivindicó la trayectoria de Lula, sus orígenes obreros y su defensa de la soberanía y los recursos nacionales.

El saludo de Cristina vuelve a poner de manifiesto la relación política entre ambos dirigentes, que comparten una trayectoria de vínculos y coincidencias en distintos momentos de la historia reciente de América Latina.

La elección brasileña adquiere relevancia más allá de sus fronteras: Brasil es un actor central de la región y su orientación política tiene consecuencias para la integración sudamericana y la relación entre los países del continente. La continuidad de Lula abre así una nueva etapa para su Gobierno, en un escenario regional atravesado por profundas diferencias políticas e ideológicas.

El Gobierno de Javier Milei decidió frenar el avance de la denominada Ley Malvinas, en medio de las presiones de Estados Unidos para evitar sanciones contra empresas que operan en las islas. La decisión expone las contradicciones de una administración que dice defender la soberanía nacional, pero que parece dispuesta a retroceder cuando sus alineamientos internacionales entran en conflicto con los intereses argentinos.

La iniciativa, presentada como un instrumento para fortalecer la defensa de los recursos estratégicos y los derechos soberanos del país, quedó paralizada por la falta de consensos parlamentarios, las disputas internas del oficialismo y, fundamentalmente, las advertencias de Washington sobre las consecuencias que podría tener para las inversiones estadounidenses.

Mientras la Casa Rosada relega el proyecto y concentra sus esfuerzos en el Presupuesto y la Reforma Electoral, el peronismo reclama que el canciller Pablo Quirno comparezca ante el Congreso para explicar la política exterior del Gobierno y las medidas previstas para impedir que empresas extranjeras exploten recursos naturales en territorio argentino ocupado por el Reino Unido.

La controversia también alcanza a la posición diplomática argentina frente a Malvinas. A las presiones estadounidenses se suma la abstención del país en la votación sobre la eliminación del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, un organismo central para sostener el reclamo argentino de soberanía. En paralelo, la oposición exige gestiones ante Chile para impedir que un buque con destino a las islas utilice puertos y aeropuertos de países vecinos para su abastecimiento y apoyo logístico.

Un proyecto atravesado por las internas y las contradicciones del Gobierno

La iniciativa tampoco logró superar las diferencias dentro del propio oficialismo. El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo combina sanciones vinculadas con la explotación de recursos naturales, modificaciones en materia de defensa y seguridad y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que concentra amplias atribuciones. La oposición cuestiona que, bajo la bandera de Malvinas, se incorporen disposiciones que exceden la cuestión de la soberanía y podrían ampliar las facultades del Ejecutivo.

El oficialismo no consiguió reunir los respaldos necesarios en las comisiones parlamentarias y tampoco logró resolver las objeciones de sus aliados. La ausencia del canciller Quirno y del ministro de Defensa, Carlos Presti, en la defensa pública de la propuesta alimentó las críticas sobre la falta de compromiso político con una iniciativa presentada como estratégica.

Desde Unión por la Patria sostienen que el proyecto debería dividirse para permitir el tratamiento específico de las sanciones contra quienes explotan recursos argentinos sin autorización, sin mezclar esa cuestión con cambios controvertidos en materia de seguridad e inteligencia.

La soberanía, subordinada a los intereses de Washington

El freno a la Ley Malvinas deja al descubierto una contradicción central de la política exterior de Milei: mientras el Presidente reivindica su alineamiento con Estados Unidos como una prioridad estratégica, ese mismo vínculo parece convertirse en un condicionante cuando se trata de defender los intereses argentinos frente a empresas extranjeras.

Las advertencias de Washington sobre posibles consecuencias para las inversiones, sumadas a la falta de avances legislativos y al retroceso diplomático, plantean interrogantes sobre el verdadero alcance del compromiso del Gobierno con la soberanía nacional.

En este escenario, el reclamo opositor para que Quirno dé explicaciones en el Congreso apunta a esclarecer si la Argentina mantendrá una política firme de protección de sus recursos y de defensa de sus derechos sobre las islas o si terminará subordinando esas prioridades a las exigencias de sus aliados internacionales.

Malvinas vuelve así al centro de una discusión que excede una iniciativa legislativa: ¿puede un Gobierno afirmar que defiende la soberanía nacional mientras congela una herramienta destinada a protegerla ante las presiones de una potencia extranjera?

La crisis económica se profundiza y los indicadores vuelven a encender las alarmas: las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en agosto, los mayoristas retrocedieron 3,6% y ambos sectores acumulan fuertes bajas. Los argentinos compran cada vez menos productos mientras el Gobierno de Javier Milei sigue sin lograr una recuperación sostenida del consumo.

La recesión vuelve a mostrar su cara más cruda en uno de los indicadores más sensibles de la economía cotidiana: las compras de los hogares. Según los últimos datos publicados por el INDEC, las ventas en supermercados registraron una caída del 3,7% interanual en agosto de 2026 y acumularon ocho meses consecutivos de retrocesos. En los primeros ocho meses del año, la contracción llegó al 2,8%.

Lejos de mostrar una recuperación, el consumo masivo continúa debilitándose. La comparación mensual tampoco ofrece señales alentadoras: las ventas retrocedieron un 0,8% frente a julio, encadenando tres meses consecutivos de bajas. La mejora registrada entre abril y mayo quedó atrás y no logró consolidarse.

#DatoINDEC Las ventas en supermercados cayeron 3,7% interanual en agosto de 2026 y 0,8% respecto del mes previo https://t.co/cnNRrmGyHK https://t.co/lGUPKJWHhP

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026

El deterioro tampoco se limita a las grandes cadenas. En los autoservicios mayoristas, las ventas cayeron un 3,6% interanual en agosto y acumularon una baja del 2,9% entre enero y agosto. Además, retrocedieron un 1,2% respecto del mes anterior. Los números reflejan que las dificultades para sostener el consumo atraviesan distintos canales comerciales.

Uno de los datos que mejor expone la gravedad del escenario es la diferencia entre la facturación nominal y el volumen real de ventas. En agosto, los supermercados facturaron más de $2,6 billones, un 24,2% más que un año atrás. Sin embargo, cuando se descuenta el efecto de los precios, las cantidades vendidas muestran una caída significativa.

#DatoINDEC Autoservicios mayoristas: las ventas disminuyeron 3,6% interanual en agosto de 2026 y 1,2% respecto de julio https://t.co/8UkXIA5U1E https://t.co/h0kdGbbkAN

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 22, 2026

La conclusión es contundente: los comercios recaudan más dinero, pero venden menos productos. El aumento de la facturación no significa que las familias estén consumiendo más, sino que deben desembolsar más pesos para realizar compras que, en muchos casos, son cada vez más reducidas.

El ticket promedio en los supermercados llegó a $35.569 por operación, con un incremento nominal interanual del 15,8%. Pero esa cifra no representa una mejora automática del poder adquisitivo: detrás de los montos facturados, el indicador central sigue siendo la contracción del volumen comercializado.

Los aumentos en productos esenciales también ayudan a explicar el ajuste de los hogares. En agosto, la facturación de carnes creció un 38,5% interanual y la de verdulería y frutería, un 32,6%. En los mayoristas, los incrementos alcanzaron el 35,5% en frutas y verduras y el 30,2% en lácteos. Estos porcentajes corresponden a facturación nominal y no deben interpretarse como aumentos exactos de precios, pero muestran la presión que soportan los rubros básicos.

Menos consumo, menos actividad y deterioro del empleo

El retroceso de las ventas se suma a un cuadro económico más amplio, marcado por las dificultades de la actividad productiva para consolidar una recuperación. Cuando las familias recortan sus compras, los comercios venden menos, las empresas reciben menos pedidos y se debilitan los incentivos para producir, invertir y contratar trabajadores.

El empleo también acusa el impacto: los supermercados registraron 95.355 trabajadores, un 4,5% menos que un año antes. Es otra señal del deterioro que atraviesa el sector y de cómo la contracción del consumo puede trasladarse al mercado laboral.

La situación de los mayoristas refuerza el diagnóstico. Su facturación nominal creció un 23,7% interanual, hasta los $395.434 millones, pero el volumen de ventas cayó. El mismo patrón se repite: los montos en pesos aumentan, mientras la actividad real permanece debilitada.

Los centros comerciales exhibieron una excepción parcial, con una suba interanual del 3,7% en agosto. Sin embargo, todavía acumulan una caída del 1,2% en los primeros ocho meses de 2026, por lo que ese repunte mensual no alcanza para hablar de una recuperación generalizada.

El ajuste llega a la mesa de los argentinos

Los datos del INDEC vuelven a poner en cuestión cualquier relato triunfalista sobre la marcha de la economía. Ocho meses consecutivos de caída interanual en supermercados, retrocesos en los mayoristas y una nueva baja mensual configuran un escenario de consumo debilitado que golpea tanto a las familias como al comercio.

La crisis no se mide solamente en índices financieros o variables macroeconómicas: también se refleja en la cantidad de alimentos y productos que los argentinos pueden llevarse a sus casas. Cuando las ventas retroceden durante tantos meses, el problema deja de ser coyuntural y se convierte en una señal persistente de debilidad de la demanda interna.

La promesa de recuperación económica todavía no se traduce en una mejora sostenida del consumo. Mientras el Gobierno de Milei prioriza su programa de ajuste, los indicadores de la economía cotidiana siguen mostrando dificultades para recuperar el terreno perdido. La caída de las ventas en supermercados vuelve a dejar una pregunta central: ¿cómo puede consolidarse una recuperación si las familias compran menos, los comercios venden menos y el empleo del sector también retrocede?

Los números son claros: el consumo masivo sigue en rojo y la recesión continúa dejando su marca en la vida diaria de los argentinos.

Nuevo golpe para el Gobierno de Milei: el procesamiento del exdiputado libertario vuelve a sacudir al oficialismo y reaviva el escándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado.

La situación judicial de José Luis Espert se agravó y vuelve a generar un fuerte impacto político en el universo libertario. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, lo procesó por presunto lavado de dinero, le prohibió salir del país y ordenó un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes. La resolución representa un nuevo capítulo de un escándalo que ya había obligado al dirigente a renunciar a su candidatura legislativa y posteriormente a su banca como diputado nacional.

El expediente investiga una transferencia de US$ 200.000 que Espert recibió en 2020 de una firma vinculada a Federico “Fred” Machado, empresario involucrado en una trama de delitos financieros y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos. La Justicia busca determinar el origen de esos fondos y si fueron incorporados al patrimonio del exlegislador mediante operaciones destinadas a darles apariencia de legalidad.

Según la hipótesis de la fiscalía, el dinero habría sido justificado mediante un supuesto contrato de asesoramiento para la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo. Los investigadores sospechan que ese acuerdo habría sido simulado y que los servicios profesionales invocados para explicar el pago no se habrían prestado efectivamente.

La investigación también puso bajo la lupa distintas operaciones patrimoniales, entre ellas la compra de vehículos de alta gama. Para la acusación, esas transacciones formarían parte del mecanismo utilizado para integrar los fondos al circuito económico formal. Espert, por su parte, rechazó las sospechas y sostuvo que el dinero correspondía a un contrato legítimo de consultoría.

Un escándalo que no deja de golpear al oficialismo

El procesamiento vuelve a poner bajo presión al Gobierno de Javier Milei, que tuvo en Espert a uno de sus principales referentes económicos y políticos. El Presidente lo respaldó públicamente y lo convirtió en una figura importante de la construcción libertaria, hasta que las revelaciones sobre su relación con Machado provocaron una crisis política que terminó con su salida de la carrera electoral.

El caso había estallado cuando se conoció la transferencia y comenzaron a difundirse detalles sobre los vínculos entre ambos. Espert debió abandonar su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en medio de las repercusiones que el escándalo generó dentro y fuera de La Libertad Avanza.

Ahora, el procesamiento y la prohibición de abandonar el país vuelven a colocar el caso en el centro de la escena. El episodio representa un nuevo problema para un oficialismo que construyó buena parte de su discurso público alrededor de la transparencia, la lucha contra la corrupción y la impugnación de las prácticas de la política tradicional.

Embargos millonarios y más involucrados

La resolución judicial también alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, procesado como presunto partícipe necesario, con un embargo de $700 millones. Además, la sociedad familiar Varianza SA quedó alcanzada por un embargo de $500 millones.

La decisión judicial constituye un avance importante en la investigación, aunque el procesamiento no equivale a una condena definitiva. La causa continúa en trámite y la defensa de Espert puede recurrir la resolución ante instancias superiores.

El dato político, sin embargo, es contundente: uno de los dirigentes que supo ocupar un lugar destacado en el armado de Milei vuelve a quedar seriamente comprometido por una causa penal. El escándalo Espert, lejos de desaparecer de la agenda pública, suma un nuevo capítulo y amenaza con seguir generando consecuencias para el oficialismo

El dato del INDEC confirmó el estancamiento de la economía y encendió nuevas alarmas sobre una posible recesión técnica. Tras el derrumbe de julio, la actividad avanzó apenas 0,1% en agosto, muy por debajo de las expectativas del mercado, mientras la industria manufacturera cayó 3,2% interanual. Frente a este panorama, Luis Caputo se limitó a publicar cifras oficiales en redes sociales, sin ofrecer señales concretas de recuperación.

La economía argentina sigue sin encontrar un rumbo de recuperación sostenida. Los últimos datos oficiales volvieron a mostrar la fragilidad de la actividad bajo el gobierno de Javier Milei: después de la fuerte caída de julio, el rebote de agosto fue prácticamente imperceptible y dejó en evidencia las dificultades para revertir el deterioro de los sectores productivos.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una suba de apenas 0,1% mensual en agosto, luego del desplome de julio. El resultado decepcionó a los analistas, que esperaban una recuperación mucho más importante para compensar parte de las pérdidas del mes anterior. Además, el indicador tendencia-ciclo permaneció sin cambios respecto de julio, una señal de estancamiento que contradice el relato oficial de una reactivación generalizada.

La comparación interanual tampoco ofrece motivos para el optimismo: la actividad quedó 1,7% por debajo de agosto de 2025, mientras que el acumulado interanual hasta ese mes registró una baja del 1,2%, según el análisis citado por iProfesional. El panorama es especialmente preocupante porque la debilidad no se limita a una variación mensual aislada, sino que alcanza a sectores fundamentales para el empleo, la producción y el consumo interno.

Industria y finanzas, entre los sectores más golpeados

El detalle del INDEC vuelve a mostrar una economía que avanza a dos velocidades: mientras algunos sectores extractivos mantienen resultados positivos, actividades fundamentales para el entramado productivo registran retrocesos.

Entre los principales datos de agosto se destacan:

• Industria manufacturera: -3,2% interanual, reflejo de las dificultades que atraviesa la producción nacional.
• Intermediación financiera: -3,8% interanual, otro sector que mostró números negativos.
• Administración pública y defensa: -1,6% interanual, en un contexto de ajuste del gasto estatal.
• Explotación de minas y canteras: +11,1% interanual, uno de los sectores que sostuvieron el indicador.
• Hoteles y restaurantes: +3,1% interanual, entre las actividades que lograron crecer.

La fotografía es contundente: el crecimiento de actividades vinculadas con los recursos naturales no alcanza para compensar la debilidad de buena parte de la economía. El modelo puede exhibir resultados positivos en sectores específicos, pero eso no implica una recuperación extendida al conjunto de las empresas, los trabajadores y el mercado interno.

Caputo, sin respuestas frente a un dato decepcionante

La reacción del ministro de Economía, Luis Caputo, también llamó la atención. Lejos del entusiasmo que suele mostrar al difundir indicadores favorables al Gobierno, esta vez se limitó a publicar en su cuenta de X los principales números del EMAE, bajo el título «Evolución del nivel de actividad en agosto».

Caputo destacó que el indicador tendencia-ciclo se encontraba un 6,6% por encima de diciembre de 2023 y enumeró los sectores que crecieron y los que retrocedieron. Sin embargo, ese dato de comparación con el inicio de la gestión no modifica la señal más inmediata: la actividad apenas avanzó frente a julio y quedó por debajo del nivel de un año atrás.

El contraste resulta evidente. Mientras el Gobierno insiste en mostrar determinados indicadores como prueba del éxito de su programa económico, los datos más recientes exponen dificultades para recuperar la producción y sostener una expansión que alcance a la mayoría de las actividades.

La economía, al borde de una recesión técnica

El débil resultado de agosto reavivó las advertencias sobre una posible recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026. La economía ya había sufrido una fuerte contracción mensual en julio y el rebote posterior fue insuficiente para recuperar el terreno perdido.

Para confirmar técnicamente una recesión, deberá verificarse una caída del PBI desestacionalizado durante dos trimestres consecutivos. Por eso, el dato mensual del EMAE no alcanza por sí solo para darla por confirmada: el resultado definitivo dependerá de la evolución de julio, agosto y septiembre y de la comparación entre los promedios trimestrales.

Pero la señal de alerta ya está encendida. Con una industria en retroceso, un mercado interno debilitado y una actividad que no consigue recuperarse con fuerza, el panorama vuelve a poner en cuestión las promesas de reactivación del Gobierno.

El problema es que el estancamiento no se resuelve con publicaciones en redes sociales ni con comparaciones estadísticas favorables. La economía necesita producción, inversión, empleo y consumo. Mientras esos motores no arranquen de manera sostenida, el riesgo de una nueva contracción seguirá pesando sobre el programa de Milei y Caputo.

La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad suma nuevas pruebas que comprometen al exfuncionario de máxima confianza de Javier Milei. La fiscalía investiga si empresarios financiaron un viaje a Roma y Tel Aviv, pagaron gastos personales y entregaron dinero en efectivo a cambio de favores políticos. En paralelo, los fiscales pidieron 43 nuevas declaraciones indagatorias y apuntaron contra los dueños de la droguería Suizo Argentina y otros empresarios.

El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma un nuevo capítulo y agrava la situación judicial de Diego Spagnuolo, el exdirector del organismo y hombre de confianza de Javier Milei. Nuevos audios, mensajes y comprobantes incorporados a la investigación apuntan a una presunta trama de sobornos que habría incluido viajes internacionales, hoteles, pasajes aéreos, seguros médicos y entregas de millones de pesos en efectivo.

Según la reconstrucción fiscal, el empresario Miguel Ángel Calvete habría financiado parte del viaje que Spagnuolo realizó en noviembre de 2024 a Roma y Tel Aviv, cuando todavía estaba al frente de la ANDIS. La investigación busca determinar si esos beneficios personales formaron parte de un sistema de pagos ilegales destinado a garantizar intereses privados dentro del organismo estatal.

Viajes, gastos personales y favores políticos bajo sospecha

Uno de los elementos más comprometedores son los audios que reconstruyen las gestiones para organizar el viaje. En las conversaciones aparecen pedidos para emitir los pasajes con rapidez, conseguir mejores asientos y resolver quién debía pagar los gastos adicionales del entonces funcionario.

En uno de los mensajes, una asistente de Calvete describió el trámite como un «favor político» importante para el empresario. En otra conversación, al discutir quién pagaría una mejora en la categoría del vuelo, surgieron referencias explícitas a los favores políticos y a la resistencia de Spagnuolo a afrontar personalmente determinados gastos.

La fiscalía también reconstruyó transferencias bancarias vinculadas con los pasajes y otros servicios, además de una presunta entrega de $5,3 millones en efectivo gestionada a través de personas del entorno de Calvete. Para los investigadores, estos elementos deben analizarse en conjunto con las contrataciones públicas y los vínculos comerciales bajo sospecha.

El punto central es determinar si los beneficios recibidos por Spagnuolo constituyeron retornos ilegales a cambio de favorecer a empresarios con negocios en la ANDIS. Se trata de una hipótesis de la acusación fiscal que deberá probarse en el proceso judicial.

Suizo Argentina, en el centro de una presunta red de corrupción

La gravedad del caso no se limita a los viajes y los presuntos sobornos. En paralelo, los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron 43 nuevas declaraciones indagatorias, entre ellas las de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, además de directivos y representantes de otras empresas proveedoras. También pidieron ampliar las indagatorias de Spagnuolo y otros imputados.

Según el dictamen fiscal, de más de 300 páginas, Suizo Argentina habría ejercido un control indebido sobre las compras de medicamentos de alto costo del programa Incluir Salud entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Durante ese período, la firma habría obtenido órdenes de compra por $137.118 millones, cerca del 30% de las erogaciones de la agencia analizadas por los investigadores.

La acusación describe un presunto sistema de direccionamiento de contrataciones, circulación anticipada de información y coordinación entre proveedores para distribuir negocios. Incluso señala que desde ese entramado se habrían impartido indicaciones sobre qué empresas debían cobrar y cuáles debían sufrir demoras en los pagos.

Los fiscales sostienen que los funcionarios habrían respondido a los intereses de empresarios a cambio de retornos. Si estas hipótesis se comprueban, el caso excedería ampliamente las irregularidades administrativas: se trataría de una estructura que habría utilizado recursos públicos destinados a medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad en beneficio de intereses privados.

Un escándalo que golpea de lleno al Gobierno

La causa adquiere una dimensión política todavía mayor por el vínculo entre Spagnuolo y el Presidente. El exdirector de la ANDIS fue abogado personal de Milei y formaba parte de su círculo de confianza. Los audios que dieron origen al escándalo ya habían puesto bajo sospecha a otros integrantes del entorno presidencial, mientras la investigación avanzaba sobre funcionarios y empresarios.

Ahora, las nuevas pruebas sobre los viajes al exterior y los presuntos beneficios financiados por empresarios abren más interrogantes sobre cómo funcionaba el organismo durante la gestión libertaria y qué controles existían sobre sus contrataciones.

El contraste es especialmente delicado: mientras la ANDIS debía garantizar prestaciones y acceso a medicamentos para personas con discapacidad, la fiscalía investiga si desde su conducción se favorecía a proveedores privados mediante acuerdos ilegales y presuntos retornos.

La pregunta de fondo es quiénes se beneficiaban realmente de las contrataciones públicas y hasta dónde llegaban las responsabilidades políticas. La ampliación de las indagatorias y la aparición de nuevas pruebas profundizan una causa que compromete a una red de funcionarios, operadores y empresarios, y que todavía debe establecer judicialmente el alcance de las responsabilidades individuales.

La Cámara Federal de San Martín rechazó los intentos del exdiputado libertario de anular medidas de prueba y apartar al fiscal que lo investiga. La causa apunta a una transferencia de US$ 200.000 vinculada al empresario Federico “Fred” Machado y avanza hacia una definición sobre su situación procesal.

Nuevo golpe judicial para José Luis Espert. El exdiputado de La Libertad Avanza sufrió un doble revés en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y enriquecimiento ilícito: la Cámara Federal de San Martín rechazó los planteos de su defensa para invalidar medidas de prueba y también desestimó su intento de apartar al fiscal de la investigación.

Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones consideraron que las actuaciones cuestionadas se ajustaron a la normativa vigente y que no se acreditaron irregularidades que vulneraran las garantías constitucionales del exlegislador. De esta manera, quedaron firmes las medidas investigativas que Espert buscaba dejar sin efecto.

La defensa había objetado, entre otras cuestiones, las declaraciones testimoniales realizadas sin aviso previo, los informes patrimoniales sobre el exdiputado y su entorno, la incorporación de informes de inteligencia reservados y los peritajes sobre teléfonos y otros dispositivos electrónicos secuestrados. También cuestionó las facultades del fiscal para impulsar medidas de investigación después de la indagatoria.

Sin embargo, la Cámara rechazó esos argumentos y sostuvo que no se demostraron perjuicios concretos que justificaran anular las actuaciones. Tampoco prosperó el planteo contra el fiscal Fernando Domínguez, a quien Espert acusaba de haber perdido objetividad.

Los US$ 200.000 que complican al exdiputado libertario

El eje de la investigación es una transferencia de US$ 200.000 que Espert habría recibido en enero de 2020 en una cuenta bancaria en Estados Unidos, procedente de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, empresario investigado por delitos financieros y vinculado a una trama criminal relacionada con el narcotráfico.

Espert sostuvo que el dinero correspondía al pago de un contrato de consultoría. La fiscalía, en cambio, sospecha que ese acuerdo habría sido simulado para dar apariencia legal a fondos de origen ilícito.

La investigación también busca reconstruir los movimientos patrimoniales y financieros del exlegislador, además de determinar si existieron otras operaciones vinculadas con esos fondos. La defensa había intentado frenar parte de esas medidas, pero el nuevo fallo judicial dejó sin sustento sus principales objeciones.

Una causa que se acerca a una definición clave

El revés representa un avance para la investigación, porque despeja obstáculos planteados por la defensa y permite que continúe la producción y evaluación de pruebas. La situación procesal de Espert deberá ser definida por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.

El caso vuelve a colocar bajo presión al economista libertario, que perdió su candidatura legislativa en 2025 después de que se hicieran públicas las revelaciones sobre su vínculo financiero con Machado.

Por ahora, Espert no tiene una condena por estos hechos y las acusaciones continúan bajo investigación. Pero el rechazo de sus planteos judiciales debilita su estrategia para frenar la causa y deja abierta una etapa decisiva para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia su procesamiento.

El expediente amenaza así con convertirse en un nuevo foco de desgaste para La Libertad Avanza: uno de sus principales referentes económicos continúa bajo investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero, mientras la Justicia rechaza los intentos de su defensa de bloquear las pruebas que podrían resultar determinantes.

Las federaciones de bomberos intimaron al Ministerio de Economía a transferir los fondos pendientes por ley y dieron un plazo de 10 días hábiles para obtener una respuesta. La demora amenaza con comprometer el equipamiento y la capacidad operativa de los cuarteles, justo cuando se aproxima la temporada de incendios forestales.

Los bomberos voluntarios de todo el país volvieron a encender las alarmas ante la falta de respuestas del Gobierno de Javier Milei. Las autoridades del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios presentaron un nuevo reclamo ante el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, para exigir la transferencia de $59.330 millones correspondientes a fondos pendientes del ejercicio 2025.

El reclamo, firmado por los representantes de las federaciones provinciales, se sustenta en la Ley Nacional 25.054, que establece los recursos destinados al funcionamiento del sistema. No se trata de un subsidio extraordinario ni de una ayuda discrecional: son fondos con una asignación específica que, según denuncian las entidades, permanecen pendientes de ejecución y distribución.

La situación lleva meses sin resolverse. Desde el sector advirtieron que el reclamo se arrastra desde 2024 y que ya habían presentado una solicitud formal en junio, sin obtener una solución definitiva. Ahora, las federaciones fijaron un plazo máximo de 10 días hábiles administrativos para que el Ejecutivo dé una respuesta concreta.

Menos recursos para enfrentar las emergencias

La demora no es una cuestión meramente administrativa. Los fondos son fundamentales para adquirir equipamiento de protección personal, mantener autobombas y vehículos, comprar herramientas y garantizar que los cuarteles puedan responder ante incendios y otras emergencias.

La preocupación se agrava ante la llegada del fenómeno climático de El Niño y el comienzo de la temporada de incendios forestales, cuando la capacidad de respuesta puede resultar decisiva para proteger vidas, viviendas y bienes.

Desde las federaciones advierten que la falta de recursos limita el funcionamiento de instituciones que prestan un servicio esencial y que dependen de estos fondos para sostener buena parte de su actividad.

La motosierra también golpea a quienes arriesgan la vida

El reclamo vuelve a poner bajo la lupa las prioridades del Gobierno nacional. Mientras los bomberos voluntarios sostienen tareas de prevención y emergencia en todo el territorio, sus organizaciones denuncian que siguen esperando recursos establecidos por ley.

La contradicción es evidente: se trata de dinero destinado a garantizar el funcionamiento de un sistema que interviene cuando hay incendios, accidentes y catástrofes, pero cuya transferencia continúa sin resolverse.

Los bomberos no están pidiendo un privilegio: exigen que se distribuyan los fondos que les corresponden por ley. Y la demora no es inocua: puede traducirse en menos equipamiento, dificultades para mantener los vehículos y mayores riesgos para quienes deben enfrentar las emergencias.

Con el plazo de intimación ya planteado, el Gobierno de Milei y el Ministerio de Economía deberán responder si cumplirán con la transferencia reclamada o si prolongarán un conflicto que compromete el financiamiento de un servicio esencial para toda la sociedad.