La Justicia encontró en el teléfono celular del contratista Matías Tabar una factura por más de 8 millones de pesos correspondiente a una compra masiva de sábanas y ropa blanca de alta gama realizada en 2025.

Cuando la investigación por presunto enriquecimiento ilícito parecía concentrarse en el origen de su patrimonio y sus operaciones con criptomonedas, una nueva revelación amenaza con profundizar aún más el escándalo.

La Justicia encontró en el teléfono celular del contratista Matías Tabar una factura por más de 8 millones de pesos correspondiente a una compra masiva de sábanas y ropa blanca de alta gama realizada en 2025. Según reveló el periodista Sergio Farella, la operación alcanzó los 8.183.303 pesos y fue realizada en Rosen The Store, una firma chilena reconocida por proveer ropa de cama premium a hoteles de lujo y suites presidenciales de toda la región.

La documentación hallada por los investigadores agrega un nuevo elemento de sospecha a una causa que no deja de escalar. La factura figura a nombre de Gisela Kocsis, funcionaria de la cartera de Medios y Comunicación que fue designada por el propio Adorni, un dato que ahora también es objeto de análisis judicial.

El hallazgo se produce en momentos en que el fiscal Gerardo Pollicita profundiza la investigación patrimonial sobre el funcionario. En las últimas horas solicitó información a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para reconstruir el universo de plataformas, exchanges y operadores vinculados al mercado de criptomonedas que funcionaban en Argentina desde 2012.

La medida busca verificar la versión ofrecida por Adorni sobre el origen de una parte sustancial de su patrimonio. El funcionario aseguró haber invertido alrededor de 200.000 dólares en Bitcoin en los primeros años de desarrollo de ese mercado, una explicación que ahora intenta ser corroborada mediante documentación oficial y registros históricos.

Con cada nueva prueba que aparece en el expediente, el cerco judicial parece estrecharse. La aparición de gastos millonarios en bienes de lujo y el avance sobre las operaciones financieras vinculadas a criptomonedas colocan a Adorni en el centro de una investigación que adquiere una dimensión cada vez más delicada y que amenaza con convertirse en uno de los casos más sensibles para el oficialismo.

El vocero presidencial genera cada vez más interrogantes y tensiones internas, al punto que ni siquiera sus principales aliados logran consensuar cuál debe ser su futuro político.

En ese contexto, Karina Milei avanza en la búsqueda de una salida que permita alejar a Adorni de la escena local sin exponer al Gobierno a una devastadora derrota política en el Senado. La estrategia contempla distintas alternativas diplomáticas que eviten la necesidad de obtener acuerdos parlamentarios, en medio de versiones cada vez más insistentes sobre una posible ofensiva opositora para impulsar una inédita moción de censura en su contra.

Las conversaciones ya alcanzaron los niveles más altos del Gobierno. El actual canciller, Pablo Quirno, quien aspira a convertirse en jefe de Gabinete con el respaldo de Karina Milei, habría impulsado la confección de un listado de destinos diplomáticos para facilitar una salida ordenada del vocero presidencial. Entre las opciones aparecen las representaciones en Italia, Chile y México, aunque ninguna termina de convencer plenamente al propio Adorni, quien, según fuentes oficiales, aún analiza el impacto personal y familiar de una eventual mudanza.

Durante los últimos días, sin embargo, comenzó a ganar fuerza una alternativa considerada menos compleja desde el punto de vista institucional: el Consulado General en Miami. La fórmula permitiría resolver el problema mediante un simple decreto presidencial, evitando el trámite legislativo y reduciendo los riesgos de una confrontación política en la Cámara alta.

La búsqueda de una salida para Adorni refleja una preocupación más profunda dentro del oficialismo. Lo que comenzó como un debate sobre un destino diplomático derivó en una discusión más amplia sobre los costos políticos que genera una figura que, puertas adentro, provoca divisiones, incomodidad y crecientes cuestionamientos. La falta de una definición clara alimenta la sensación de incertidumbre en un Gobierno donde muchos reconocen en privado que el caso se transformó en una cuestión insostenible que nadie termina de saber cómo resolver.

El posible desembarco de Quirno en la Jefatura de Gabinete abrió además otra disputa silenciosa dentro de la Cancillería. Diplomáticos y funcionarios ya comenzaron a posicionarse para una eventual sucesión, con los embajadores Alec Oxenford e Ian Sielecki entre los nombres que circulan para ocupar el Palacio San Martín. En paralelo, otros dirigentes buscan regresar al centro de la escena política, aunque dentro del propio Gobierno admiten que no todos reúnen el perfil necesario para asumir responsabilidades de semejante magnitud.

Mientras las negociaciones continúan, el futuro de Adorni se ha convertido en un síntoma de una interna que crece bajo la superficie y que expone las dificultades del oficialismo para administrar sus propias tensiones de poder.

Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un ajuste que recorta el gasto público, reduce partidas sociales y exhibe como principal bandera el equilibrio fiscal, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) protagoniza un fenómeno inverso: una acelerada expansión de sus gastos reservados, fondos cuyo destino permanece fuera del alcance del control ciudadano.

Hasta el 23 de mayo, la SIDE había ejecutado $3.796 millones en gastos reservados. Sin embargo, en apenas poco más de dos semanas esa cifra prácticamente se duplicó. Según los registros presupuestarios, se devengaron otros $3.500 millones, llevando el total a $7.261 millones ejecutados en lo que va del año.

La velocidad del gasto resulta llamativa. En apenas quince días, el organismo consumió una suma equivalente a la ejecutada durante los primeros cinco meses de 2026. Todo ello en un contexto donde la Administración Pública Nacional registra una caída real del gasto del 31% respecto de 2023, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La SIDE, sin embargo, marcha en sentido contrario. El mismo informe señala que su ejecución presupuestaria creció un 34% en términos reales. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el presupuesto total del organismo pasó de $15.000 millones a $97.000 millones, un incremento del 546%. Más impactante aún es la evolución de los gastos reservados: saltaron de $640 millones a $19.000 millones, una suba del 2.823%.

La expansión de estos fondos discrecionales coincide además con un momento delicado para el oficialismo, atravesado por denuncias y escándalos de corrupción que erosionan el discurso de transparencia y superioridad moral con el que el espacio libertario llegó al poder.

En ese marco, tampoco pasó desapercibida la designación de Sebastián Pareja, dirigente de extrema confianza de Karina Milei, al frente de la comisión bicameral encargada de fiscalizar las actividades de inteligencia. Es decir, uno de los principales responsables políticos del control parlamentario sobre los gastos secretos del Estado responde directamente al núcleo de poder que domina el oficialismo.

El Gobierno sostiene que el aumento presupuestario no responde a una ampliación de facultades. Según explicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la reforma introducida mediante el Decreto 941/25 redujo competencias de la SIDE, transfiriendo tareas vinculadas a inteligencia criminal y ciberseguridad a otros organismos estatales.

La explicación abre un interrogante difícil de responder: si las funciones fueron acotadas, ¿qué justifica una expansión tan pronunciada de los recursos reservados?

La propia actividad pública del organismo no parece ofrecer demasiadas pistas. Los comunicados difundidos por la SIDE durante los últimos meses muestran intervenciones puntuales, como la colaboración en la captura de un integrante de una organización narcocriminal rosarina o la detección de embarcaciones procedentes de zonas afectadas por brotes de ébola. Ninguna de esas acciones permite explicar, al menos a partir de la información disponible, desembolsos multimillonarios realizados en cuestión de días.

La naturaleza reservada de estos fondos impide conocer quiénes los reciben, cómo se distribuyen y cuáles son sus resultados concretos. Esa opacidad alimenta sospechas históricas sobre el funcionamiento del sistema de inteligencia argentino.

El politólogo Andrés Malamud recordó que los gastos reservados han sido tradicionalmente señalados como una de las principales fuentes de sobresueldos dentro del Estado. “La SIDE, los entes cooperadores y algunos organismos internacionales” constituyen, según afirmó, los mecanismos más habituales para complementar ingresos de funcionarios por fuera de los canales salariales formales.

Así, mientras el Gobierno exige sacrificios económicos a la sociedad, auditorias a universidades y hospitales y reivindica la austeridad como principio rector de la gestión, los fondos secretos de la SIDE se convierten en una de las pocas partidas que no conocen recortes ni gozan de transparencia o rendición de cuentas. Por el contrario, crecen a un ritmo muy superior al del resto de la administración pública y lo hacen lejos de cualquier mecanismo efectivo de rendición de cuentas.

Viajar en colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a ser más caro. Desde este lunes 16 de junio entró en vigencia un nuevo incremento en las tarifas de las líneas de jurisdicción nacional, en lo que representa el segundo aumento en menos de dos meses para millones de pasajeros que utilizan a diario el transporte público.

La suba, del 2%, forma parte del esquema de aumentos escalonados dispuesto por la Secretaría de Transporte y se suma al ajuste aplicado el pasado 18 de mayo. Además, las autoridades ya anticiparon nuevos incrementos para julio, por lo que el alivio para el bolsillo de los usuarios parece estar lejos de llegar.

Con la actualización tarifaria, el boleto mínimo para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada pasó a costar $728,28. En tanto, los valores varían según la distancia recorrida y superan los $1.200 en los trayectos más extensos. Para quienes viajan con una SUBE sin registrar, las tarifas son considerablemente más elevadas.

El aumento alcanza a unas 100 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, entre ellas las líneas 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 21, 28, 29, 60, 86, 88, 152, 168 y 194, entre muchas otras más .

Pero las subas no terminan allí. A partir del 1 de julio también aumentarán los boletos de trenes en el AMBA. El pasaje mínimo pasará de $350 a $380 para los usuarios con SUBE registrada, mientras que los valores de las demás secciones también serán actualizados. Quienes compren el boleto en efectivo deberán abonar una tarifa plana de $1.400.

Además, desde julio volverán a incrementarse los boletos de colectivos en las líneas que operan bajo jurisdicción de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. El pasaje mínimo llegará a $820,60 en CABA y a $1.059,28 en territorio bonaerense.

En lo que va de 2025, las tarifas del transporte público acumulan aumentos que superan ampliamente la inflación registrada en el mismo período. Mientras los boletos de colectivos aumentaron más de 60% en la provincia de Buenos Aires y más de 38% en la Ciudad, la inflación acumulada ronda el 14,7%, consolidando al transporte como uno de los rubros que más presión ejerce sobre los gastos cotidianos de los hogares.

La escribana Adriana Nechevenko, quien quedó en el centro de la polémica por su intervención en operaciones inmobiliarias vinculadas a Manuel Adorni, también se incorporó al Régimen de Inocencia Fiscal.

La profesional inició el trámite en mayo y figura entre las personas alcanzadas por el esquema de regularización impulsado por el Gobierno.

Nechevenko es la misma escribana que declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete. Su testimonio fue considerado relevante debido a su participación en distintas compraventas inmobiliarias relacionadas con el funcionario.

La adhesión fue presentada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). A partir de esta decisión, la escribana queda comprendida dentro del sistema de declaración jurada simplificada, que reduce los requerimientos de justificación patrimonial y limita la información a ingresos, gastos y deducciones. La incorporación de Nechevenko se produjo apenas un día después de que el propio Adorni se sumara al régimen, mientras que su esposa, Bettina Angeletti, había realizado el trámite el 31 de mayo.

La normativa, aprobada por el Senado el 26 de diciembre, establece que los contribuyentes que regularicen su situación fiscal y cancelen las deudas correspondientes dejan de estar alcanzados por sanciones penales tributarias vinculadas a la evasión. Sin embargo, la adhesión no afecta el avance de investigaciones judiciales por otros posibles delitos.

Además, la ley elevó los montos mínimos para configurar evasión tributaria: la evasión simple pasó a $100 millones y la agravada a $1.000 millones, mientras que el plazo de prescripción de los delitos fiscales se redujo de cinco a tres años.

La declaración que la puso bajo la lupa

El nombre de Nechevenko cobró especial relevancia el pasado 8 de abril, cuando prestó declaración durante casi tres horas en los tribunales federales de Comodoro Py. La escribana ingresó al despacho del fiscal Pollicita a las 10 de la mañana y se retiró cerca de las 13, luego de aportar documentación sobre las operaciones inmobiliarias investigadas.

Tras su comparecencia, sostuvo que la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito fue una operación “normal” y negó la existencia de préstamos personales a favor de Adorni. Según explicó, se trató de una compraventa instrumentada mediante una hipoteca por saldo de precio.

La investigación judicial se concentra en la adquisición de un departamento ubicado sobre la calle Miró al 500, en Caballito, y de una vivienda en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. De acuerdo con el expediente, el inmueble de la Ciudad de Buenos Aires fue comprado en noviembre de 2025 por 230.000 dólares mediante un crédito hipotecario de 200.000 dólares otorgado por las propias vendedoras.

Tras la difusión de una declaración jurada que despertó fuertes sospechas por el crecimiento de su patrimonio y por la admisión de haber mantenido durante años ahorros no declarados, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó formalmente a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue al funcionario por un posible caso de lavado de activos.

La presentación, que también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti, coloca al jefe de Gabinete y principal vocero político del oficialismo en el centro de un escándalo que amenaza con impactar sobre la credibilidad del Gobierno en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

El pedido fue dirigido al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, e incluye la apertura de un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del funcionario y determinar la trazabilidad de los fondos utilizados en distintas operaciones económicas e inmobiliarias. En caso de detectarse irregularidades, el organismo podría impulsar una denuncia penal.

El CIPCE sostiene que existen elementos suficientes para justificar una investigación profunda. Entre ellos menciona la adquisición de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires un año después, cuando Adorni ya ejercía funciones públicas. También señala la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo, viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias realizadas fuera del sistema bancario con personas cuya capacidad económica genera interrogantes.

Sin embargo, uno de los aspectos que más repercusión provocó fue la propia explicación brindada por Adorni sobre sus finanzas personales. En una entrevista televisiva reconoció que había omitido consignar en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 que parte de los ahorros familiares se encontraban fuera del circuito formal. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, afirmó para justificar la existencia de unos 500.000 dólares, una declaración que multiplicó las dudas sobre el origen y la registración de esos fondos.

Para el CIPCE, esa admisión no sólo abre interrogantes sobre el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que pesan sobre cualquier funcionario público, sino que también obliga a verificar el origen de los recursos involucrados y su compatibilidad con los ingresos declarados.

La organización agregó además testimonios incorporados a expedientes judiciales que sugieren que al menos una operación inmobiliaria podría no haber sido escriturada por su valor real. De confirmarse, advierte, podría configurarse una maniobra de simulación susceptible de ser analizada bajo la figura de lavado de activos.

El planteo también recuerda que la reciente adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto por la ley de “Inocencia Fiscal” no limita las facultades de la UIF para investigar inconsistencias patrimoniales ni exime a los funcionarios de los controles reforzados que corresponden a las Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Con la firma de su director ejecutivo, Pedro Biscay, el CIPCE contextualizó el caso en el marco de los compromisos asumidos por la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que mantiene al país bajo seguimiento reforzado y exige resultados concretos en la prevención, detección e investigación del lavado de dinero asociado a hechos de corrupción.

Por ello, reclamó una actuación inmediata de la UIF, el cruce de información con organismos como ARCA y el sistema financiero, y una auditoría integral sobre la consistencia patrimonial de Adorni y su entorno familiar. Mientras tanto, el funcionario libertario enfrenta una creciente presión política por un caso que ya dejó de ser un problema individual para convertirse en un nuevo foco de desgaste para el Gobierno nacional.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto redobló este jueves sus críticas contra la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad y reclamó que el Congreso de la Nación intervenga para declarar “nulo y viciado” el fallo ratificado por la Corte Suprema.

El jefe del bloque Encuentro Federal sostuvo que la sentencia contra la expresidenta representa un caso de “gravedad institucional” que amenaza el equilibrio de poderes y advirtió que coloca a la democracia argentina en una situación de “extrema fragilidad”. Según planteó, el Poder Legislativo cuenta con facultades para analizar y pronunciarse sobre una resolución judicial cuando existen irregularidades que comprometen su legitimidad.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Pichetto enumeró una serie de cuestionamientos al proceso judicial. Entre ellos, mencionó la incorporación de un juez proveniente de otro tribunal, el traslado de un fiscal que tenía como destino Rosario y las limitaciones que, según afirmó, tuvo la defensa para apelar. También cuestionó la participación de los jueces de la Corte Suprema al considerar que debieron excusarse debido a antecedentes de enfrentamiento político con el espacio de la exmandataria.

Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad. La conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común.

Se alteraron las reglas…

— Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) June 11, 2026

“Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”, sostuvo el legislador.

Durante una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Pichetto profundizó su postura y defendió la idea de que la actuación de un presidente debe ser evaluada mediante mecanismos institucionales específicos y no por la vía ordinaria. En ese marco, argumentó que el Congreso posee atribuciones inherentes para revisar situaciones excepcionales que afecten el funcionamiento de las instituciones republicanas.

El dirigente reconoció que su planteo generará controversias por involucrar el principio de división de poderes, aunque insistió en que el Parlamento tiene herramientas para intervenir cuando considera que existe una alteración del orden institucional.

Las declaraciones de Pichetto también reflejan un nuevo acercamiento político al peronismo y, particularmente, a Cristina Kirchner. Tras años de distanciamiento e incluso de haber integrado la fórmula presidencial de Mauricio Macri en 2019, el diputado volvió a tender puentes con la exjefa de Estado y máxima referente del peronismo. Ese reencuentro tuvo un capítulo significativo en febrero pasado, cuando ambos mantuvieron una reunión privada en el departamento de la expresidenta en el barrio porteño de Constitución.

Con este planteo, Pichetto se convirtió en una de las voces más firmes dentro del ámbito político en defensa de la nulidad de la condena contra Cristina Kirchner, impulsando un debate institucional que promete generar fuertes repercusiones en el Congreso y en el escenario político nacional.

La medida afecta a unos 200 trabajadores y refleja el deterioro de un mercado interno que continúa sin mostrar señales de recuperación.

La profundización de la crisis industrial argentina volvió a quedar expuesta con la decisión de Acindar de paralizar durante una semana su planta de Villa Constitución debido al derrumbe de las ventas y la acumulación de stock. La medida afecta a unos 200 trabajadores y refleja el deterioro de un mercado interno que continúa sin mostrar señales de recuperación.

La siderúrgica, controlada por el grupo ArcelorMittal, interrumpirá sus actividades entre el 15 y el 19 de junio, en el marco de un esquema de suspensiones acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Parte del personal adelantará vacaciones y otros operarios tomarán francos compensatorios mientras la empresa intenta adecuar su producción a una demanda cada vez más reducida.

Desde el sindicato advirtieron que la situación no es coyuntural, sino la continuidad de un proceso de retracción que se arrastra desde 2023 y que se agravó durante los últimos meses. “El mercado local está cada vez más deprimido”, alertó el secretario general de la UOM de Villa Constitución, Pablo González, al describir el escenario que enfrenta la actividad metalúrgica.

La caída de la producción refleja la magnitud de la crisis. Actualmente Acindar produce entre 75.000 y 80.000 toneladas mensuales, muy lejos de su capacidad instalada de 140.000 toneladas. Esto implica que la planta opera por debajo del 60% de su potencial, un indicador que revela el nivel de ociosidad que atraviesa uno de los principales complejos siderúrgicos del país.

A la retracción de la demanda interna se suma otro factor que preocupa al sector: el aumento de las importaciones. Desde la UOM señalaron que el ingreso de acero chino y de manufacturas elaboradas con ese insumo está desplazando a la producción nacional en un mercado ya reducido. “El acero chino está inundando el mercado entre lo poco que se vende”, sostuvo González.

Frente a este escenario, la empresa busca incrementar sus exportaciones y avanzar en procesos de modernización para reducir costos y mejorar su competitividad. Sin embargo, desde el gremio advierten que estas transformaciones también implican una menor necesidad de mano de obra y generan incertidumbre sobre el futuro del empleo industrial.

Actualmente la planta cuenta con unos 800 trabajadores propios y cerca de 900 contratistas, aunque años atrás ambas categorías superaban ampliamente el millar de empleados. Además, alrededor de 50 talleres y pequeñas empresas de Villa Constitución dependen de manera directa de la actividad de Acindar, por lo que cada reducción en la producción impacta sobre toda la economía regional.

La nueva paralización de la acería santafesina se suma a una serie de señales que muestran el deterioro del entramado productivo nacional. Con el consumo en retroceso, la construcción estancada y una creciente presión de las importaciones, la industria enfrenta un escenario cada vez más complejo, sin perspectivas claras de recuperación en el corto plazo.

La titular del Senado apuntó directamente contra el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, al calificar como una “vergüenza” las explicaciones que brindó sobre el crecimiento de su patrimonio.

A través de las redes sociales, Villarruel volvió a diferenciarse del círculo más cercano al Presidente y dejó una de sus críticas más contundentes contra un funcionario clave del Gobierno. Consultada por un usuario sobre una reciente entrevista de Adorni, la vicepresidenta fue tajante: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

El cruce se produjo luego de que Adorni intentara justificar distintos aspectos de su declaración jurada, un tema que ya había despertado cuestionamientos públicos por parte de Villarruel semanas atrás. En aquella oportunidad, la vicepresidenta había señalado que esperaba que el funcionario presentara la documentación correspondiente para aclarar la situación.

Pero el enfrentamiento no terminó allí. En otra interacción con usuarios, Villarruel apeló a la ironía para redoblar sus críticas. Al responder el mensaje de un seguidor que le pidió una “cascada de éxitos” por su cumpleaños, la vicepresidenta aprovechó para lanzar una indirecta contra el funcionario libertario: “Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”, escribió, en alusión a las versiones que circularon sobre el origen de parte del patrimonio declarado por Adorni.

Las declaraciones vuelven a poner en evidencia el creciente distanciamiento entre Villarruel y el Gobierno nacional. Lo que comenzó como diferencias puntuales se transformó en una disputa cada vez más visible, con cuestionamientos públicos y señales de ruptura política entre los principales socios de la fórmula presidencial.

Durante una reciente visita a Rosario, la vicepresidenta también se había referido a su relación con la Casa Rosada y marcó diferencias de estilo con el oficialismo. “Me manejo con mucho respeto hacia la sociedad y todos los sectores. Por supuesto, si a mí me llegaran a faltar el respeto, igualmente no respondería con faltas de respeto”, afirmó.

Aunque evitó pronunciarse sobre una eventual renuncia de Adorni, Villarruel volvió a despegarse de las decisiones del Ejecutivo. “Las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas. Yo no tengo nada que decir más que hablar por mis hechos, que son dirigir el Senado y ahorrar el dinero de los argentinos”, sostuvo.

Con cada nuevo cruce, la relación entre Milei y Villarruel parece alejarse aún más de la convivencia institucional que exhibieron al inicio de la gestión, alimentando una interna que ya se desarrolla a cielo abierto dentro del oficialismo.

Tras semanas de especulaciones y versiones cruzadas, el jefe de Gabinete presentó finalmente su declaración jurada rectificativa y ensayó una defensa basada en una combinación de herencias, ahorros no declarados durante décadas y ganancias extraordinarias obtenidas con bitcoin.

La principal novedad fue su relato sobre una supuesta inversión temprana en criptomonedas. Según explicó, entre 2013 y 2018 invirtió unos 200 mil dólares en bitcoin y obtuvo ganancias cercanas a los 300 mil dólares, una operación que le habría permitido justificar más de medio millón de dólares incorporados ahora a su patrimonio declarado. “Yo soy coleccionista de computadoras y cosas viejas. Más allá de que la ganancia era importante, me lo guardé como un trofeo”, relató durante la entrevista televisiva. Para el jefe de Gabinete, el valor de haber apostado por el Bitcoin entre 2014 y 2018 transformó a ese dispositivo de almacenamiento en una pieza de colección invaluable en su hogar.

La explicación llamó la atención incluso dentro del propio Gobierno, donde algunos funcionarios admitieron en privado su preocupación por el impacto político de un argumento que inevitablemente remite al universo de las criptomonedas en momentos en que el presidente Javier Milei continúa bajo presión por el escándalo vinculado a la megaestafa internacional de Libra.

Pero el relato de Adorni no se limitó al bitcoin. Durante una entrevista televisiva reconoció que durante años mantuvo ahorros sin declarar junto a su esposa. “Ahorramos toda la vida en negro”, afirmó, admitiendo públicamente una conducta que implicó la evasión de obligaciones fiscales.

Lejos de intentar minimizar esa confesión, el funcionario sostuvo que durante años consideró que mantener ahorros fuera de los registros oficiales era una forma de protegerse de las políticas económicas de gobiernos anteriores. Según explicó, recién ahora decidió regularizar esa situación mediante declaraciones rectificativas y el pago de impuestos, multas e intereses correspondientes.

Adorni también apeló a otros argumentos para reconstruir el origen de sus bienes. Mencionó dinero recibido tras la muerte de su padre en 2002, una herencia inmobiliaria y bienes registrados a nombre de su esposa que, según aseguró, “no aparecían correctamente reflejados en sus declaraciones” patrimoniales.

Las explicaciones llegaron además acompañadas por un reconocimiento implícito de la gravedad de la situación. “Pensé en renunciar”, admitió durante la entrevista, aunque sostuvo que decidió permanecer en el cargo porque se considera víctima de acusaciones infundadas. “Me dolió un montón que me traten de chorro”, afirmó.

La presentación de la nueva declaración jurada se incorpora ahora a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que analiza la evolución patrimonial del funcionario. Mientras tanto, las sucesivas justificaciones —primero las herencias, luego los ahorros no declarados y finalmente las ganancias extraordinarias con bitcoin— continúan alimentando interrogantes sobre el verdadero origen de una fortuna que el propio Adorni reconoció haber mantenido fuera de los registros oficiales durante años.