Manuel Adorni vuelve a quedar contra el reloj. Este viernes vence el plazo que le otorgó la Justicia para explicar el crecimiento de su patrimonio y, según trascendió, su defensa analiza pedir una nueva postergación.

El argumento sería que necesita más tiempo para revisar el contenido del celular del contratista Matías Tabar, testigo clave de la causa. Sería una nueva demora para responder por más de 20 puntos que la Fiscalía considera todavía sin aclarar.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá definir este viernes si finalmente presenta las explicaciones requeridas por la Justicia sobre la evolución de su patrimonio o si vuelve a pedir más tiempo. El vencimiento del plazo llega en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que ya obligó al exfuncionario a solicitar una primera prórroga de 15 días.

Ahora, la defensa podría volver a recurrir al pedido de una extensión, esta vez por una o dos semanas, según trascendió en ámbitos judiciales. El argumento estaría relacionado con el acceso al contenido del teléfono celular del contratista Matías Tabar, considerado un testigo clave en la investigación.

La eventual nueva postergación adquiere particular relevancia porque la Justicia viene reclamando respuestas sobre una serie de inconsistencias patrimoniales que Adorni todavía debe explicar. El fiscal federal Gerardo Pollicita le exigió aclaraciones sobre más de 20 puntos vinculados con la evolución de sus bienes entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Entre los principales interrogantes aparece una diferencia de aproximadamente $43 millones entre los ingresos comprobados y los gastos declarados por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La Fiscalía también intenta reconstruir el origen de los fondos utilizados durante ese período.

Los dólares, el pendrive, los Bitcoin y las explicaciones pendientes

Uno de los puntos centrales del expediente es la explicación sobre US$200.000 que Adorni afirmó haber invertido en Bitcoin en 2014, operación que, según su propio relato, le habría permitido obtener una ganancia de otros US$300.000.

La Justicia espera que el exfuncionario presente documentación que permita respaldar el origen y la evolución de esos fondos, algo que hasta el momento no habría aportado.

A esto se suman las dudas sobre el financiamiento de las obras realizadas en su propiedad del country Indio Cuá y la compra de un departamento en Caballito.

En su última declaración jurada, Adorni informó un patrimonio de $944,5 millones, cifra que fue rectificada en varias oportunidades y que continúa bajo análisis de los investigadores.

El celular de Tabar, la nueva explicación para pedir más tiempo

El nuevo argumento de la defensa estaría relacionado con el material extraído del teléfono de Matías Tabar, quien declaró ante la Justicia que las reparaciones realizadas en la propiedad de Adorni habrían tenido un costo de US$245.000.

Desde el entorno del exfuncionario cuestionan esa cifra y sostienen que las obras no habrían alcanzado ese valor. Por eso, pretenden analizar las conversaciones y facturas vinculadas con el contratista antes de responder al requerimiento fiscal.

Adorni había solicitado acceder a esas comunicaciones y el material le fue entregado la semana pasada. La defensa pretende ahora utilizar esa información para preparar su descargo.

El punto es que, de prosperar el pedido ante el juez federal Ariel Lijo, el reloj volvería a ponerse en pausa para Adorni. Después de haber obtenido ya una primera prórroga, una nueva extensión volvería a postergar las explicaciones sobre cuestiones que la Fiscalía considera relevantes para determinar el origen y la evolución de su patrimonio.

Una definición que vuelve a demorarse

La presentación de la declaración jurada constituye una instancia previa a una eventual indagatoria. Si las explicaciones no convencen a los investigadores, Adorni podría ser citado en calidad de acusado, a partir de un eventual pedido de la Fiscalía y de la decisión del juez Lijo.

La causa analiza el crecimiento patrimonial del exfuncionario desde su ingreso a la función pública, en diciembre de 2023, hasta su salida del Gobierno en junio de este año.

Por ahora, el interrogante vuelve a ser el mismo: responder las preguntas de la Justicia o pedir más tiempo. Y si finalmente se concreta la nueva prórroga, Adorni habrá conseguido nuevamente postergar una explicación sobre un patrimonio que los investigadores todavía consideran cargado de inconsistencias.

DIN S.A., una firma especializada en ingeniería, estructuras metálicas y construcción de naves industriales, dejó de operar después de más de medio siglo de actividad, en una nueva señal de alarma sobre el deterioro del entramado productivo nacional.

La empresa, fundada en septiembre de 1970, acumuló más de 600 obras a lo largo de su historia y participó de algunos de los grandes proyectos de infraestructura, energía y minería del país. Entre sus trabajos más reconocidos se encuentra el Hangar 5 de Aerolíneas Argentinas en el aeropuerto internacional de Ezeiza, una gigantesca estructura metálica de 100 metros de largo por 100 de ancho y 27 metros de altura, que demandó más de 2.000 toneladas de acero.

DIN también participó de la construcción de la nueva terminal de partidas de Ezeiza, conocida como “El Zeppelin”, y desarrolló proyectos para sectores estratégicos como la minería, el agro, la energía y Oil & Gas. En el ámbito minero intervino, entre otros emprendimientos, en Pascua Lama y Veladero, en San Juan.

Durante su etapa de mayor expansión, la compañía llegó a producir alrededor de 1.000 toneladas de estructuras metálicas por mes en su planta de Belén de Escobar, utilizando tecnología de control numérico y sistemas de soldadura automática. Con el paso de las décadas, construyó una trayectoria vinculada a plantas fabriles, puentes, centros logísticos, hangares, terminales aeroportuarias y grandes instalaciones industriales.

El cierre de una empresa con más de medio siglo de historia en el contexto de un país que se desindustrializa

La última etapa de DIN comenzó en junio de 2024, cuando la compañía fue incorporada al Grupo GOVAN, dedicado a la construcción y la industria del acero. La operación había sido presentada como el inicio de una nueva fase para la empresa, pero apenas dos años después el grupo resolvió discontinuar sus actividades como parte de una reorganización.

Desde GOVAN señalaron que los proyectos que habían impulsado la adquisición de DIN, principalmente vinculados con el sector minero, no alcanzaron los niveles de actividad previstos. Frente a ese escenario, el grupo decidió concentrar sus recursos en otras operaciones y avanzar con el cierre de la firma.

La decisión también tuvo consecuencias sobre sus trabajadores. Según explicó la empresa, se buscó reubicar a la mayor cantidad posible de empleados en otras plantas y compañías del grupo, mientras que quienes no pudieron ser trasladados accedieron a retiros voluntarios.

El cierre de DIN vuelve a encender las alarmas sobre el rumbo de la industria argentina. Una empresa fundada hace más de 50 años, que llegó a producir miles de toneladas de estructuras metálicas y participó en obras emblemáticas del país, terminó dejando de operar en un contexto de fuerte deterioro de la actividad productiva.

La desaparición de DIN no constituye solamente el cierre de otra fábrica: representa también la pérdida de capacidades industriales, conocimientos técnicos y una trayectoria construida durante generaciones. En un país que necesita recuperar inversión, producción y empleo industrial, la desaparición de compañías históricas constituye una señal especialmente preocupante.

La causa fue remitida a la Justicia federal, mientras continúa el proceso impulsado por el Gobierno de Javier Milei para entregar el 90% de las acciones de la empresa al sector privado.

La Justicia bonaerense puso un freno al avance de la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al mantener vigente una medida cautelar que protege las condiciones actuales de prestación del servicio. La resolución impide que la empresa modifique, reduzca, limite, suspenda o altere sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, la protección ambiental y la prestación adecuada del servicio.

El fallo de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata representa un importante límite judicial al proceso privatizador impulsado por el Gobierno nacional. Aunque la resolución no anula la privatización, sí bloquea cualquier intento de avanzar con un esquema que implique un retroceso en las garantías que actualmente deben cumplir la empresa y su futuro operador.

El trasfondo de la decisión judicial: derechos humanos y medioambiente

Los jueces fundamentaron la decisión en el derecho humano al agua y en los principios preventivo y precautorio en materia ambiental, además de recurrir al criterio in dubio pro natura. El tribunal advirtió que una eventual reducción de las garantías sanitarias, ambientales o de prestación podría generar daños de muy difícil reparación, por lo que consideró necesario mantener la protección cautelar mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La medida adquiere especial relevancia porque el Gobierno de Milei avanza simultáneamente con un nuevo contrato de concesión y la venta del 90% de las acciones de AySA, proceso habilitado por la Ley Bases y posteriormente reglamentado mediante el Decreto 494. El Ejecutivo extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para presentar ofertas y espera obtener alrededor de 450 millones de dólares por la operación.

La cautelar surgió a partir de una presentación del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión firmado en mayo de 2026 y advirtió sobre una posible reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios en los 26 municipios del conurbano y la región metropolitana donde opera AySA.

La Cámara rechazó los planteos de AySA y confirmó la cautelar en toda su extensión. Al mismo tiempo, resolvió que la causa deberá continuar en el fuero federal, debido a que la controversia involucra el marco regulatorio nacional y una empresa cuyo capital permanece mayoritariamente en manos del Estado nacional.

Así, mientras el Gobierno busca acelerar la privatización de una empresa encargada de un servicio público esencial, la Justicia estableció una condición concreta: el futuro operador no podrá prestar el servicio bajo estándares inferiores a los vigentes. La privatización podrá continuar siendo discutida, pero no podrá utilizarse como argumento para deteriorar las garantías de acceso al agua, la salud pública, el ambiente y la calidad del servicio.

La discusión de fondo continuará ahora en la Justicia federal, donde deberá definirse el alcance definitivo de las medidas cuestionadas. Hasta entonces, el avance privatizador sobre AySA queda condicionado por un límite judicial que obliga a preservar las obligaciones esenciales de la empresa frente a millones de usuarios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a pedirles a los argentinos que confíen en el sistema financiero y abandonen la práctica de guardar sus dólares en sus casas.

Pero el planteo adquirió un tono particularmente polémico cuando el funcionario decidió trasladar esa responsabilidad a los jóvenes y les pidió que convenzan a sus propios padres de depositar sus ahorros.

Durante una charla con estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella, Caputo cuestionó que numerosas familias todavía mantengan dólares “abajo del colchón” por temor a que los bancos vuelvan a quedarse con sus ahorros. Según el ministro, ese miedo responde fundamentalmente a experiencias traumáticas de generaciones anteriores y sostuvo que, con una macroeconomía ordenada, sería difícil que un episodio de inestabilidad financiera volviera a repetirse.

“No se enojen con sus padres cuando les dicen: ‘Yo no voy a sacar la plata del colchón’”, afirmó Caputo ante los estudiantes. Y luego fue todavía más directo: “Traten de convencerlos igual”.

El pedido resulta llamativo porque el ministro no está hablando de dinero ajeno: está reclamando que las familias argentinas modifiquen una conducta de ahorro construida después de décadas de crisis, confiscaciones y restricciones bancarias. En otras palabras, Caputo les pide a los jóvenes que convenzan a sus padres de asumir con sus ahorros un nivel de confianza en el sistema financiero que muchos argentinos todavía no están dispuestos a conceder.

La contradicción se vuelve todavía más evidente al considerar la propia situación patrimonial del ministro. Mientras Caputo reclama que los argentinos saquen sus dólares del colchón y los vuelquen al sistema financiero argentino, buena parte de su propia fortuna se encuentra radicada en el exterior. El mensaje, por lo tanto, deja una pregunta incómoda: ¿por qué los pequeños y medianos ahorristas deberían asumir dentro del país un riesgo que el propio ministro no parece asumir con la totalidad de su patrimonio?

El Gobierno pretende presentar esta conducta como un problema generacional, casi como una herencia de viejos temores que deberían quedar definitivamente atrás. Sin embargo, para millones de argentinos, la desconfianza hacia los bancos no es simplemente un recuerdo del pasado, sino una respuesta a experiencias concretas de crisis económicas, devaluaciones, restricciones cambiarias y pérdida de poder adquisitivo.

El mensaje de Caputo también llega en un contexto en el que el propio ministro admite que el proceso de reconversión económica no será igual para todos. Antes de que el INDEC difundiera los datos sobre la fuerte caída de la industria y la construcción en julio, Caputo reconoció que “hay sectores a los que les va a costar más”.

Así, mientras desde el Palacio de Hacienda se reclama paciencia, confianza y que los argentinos vuelquen sus dólares al sistema financiero, la realidad económica continúa golpeando a sectores productivos y trabajadores. El pedido de Caputo a los jóvenes termina exponiendo una paradoja difícil de ignorar: el Gobierno pretende que las familias confíen ciegamente en el sistema financiero argentino, mientras uno de sus principales responsables económicos mantiene una parte sustancial de su patrimonio fuera del país

La crisis económica golpea con especial dureza a los sectores más vulnerables: tres de cada cuatro personas no logran cubrir los gastos mínimos y crece el endeudamiento utilizado para sostener necesidades básicas.

La situación en los barrios populares atraviesa un escenario crítico. Según un informe del Instituto Periferias, seis de cada diez personas debieron endeudarse para comprar alimentos, mientras que el 43,7% afirmó haberse salteado comidas. El dato expone el deterioro de las condiciones de vida y las dificultades cada vez mayores para garantizar una alimentación adecuada.

El endeudamiento dejó de ser una herramienta para afrontar gastos extraordinarios y pasó a convertirse en un recurso habitual para sostener la vida cotidiana. En un contexto de fuerte aumento de la morosidad, el 61,8% de las personas consultadas reconoció tener alguna deuda financiera, mientras que tres de cada cuatro aseguraron que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos.

Entre quienes tienen deudas, el 44,8% recurrió a tarjetas de crédito, el 31,9% pidió dinero a familiares o amigos, el 27,3% acudió a préstamos de particulares y el 23,9% utilizó aplicaciones de crédito. Los datos muestran cómo las familias recurren a distintas formas de financiamiento para cubrir necesidades que deberían poder afrontar con sus ingresos.

La situación alimentaria también alcanza niveles preocupantes. El 73,4% aseguró que no pudo acceder a alimentos saludables, mientras que un 43,7% manifestó haber pasado días sin comer, una situación considerada de inseguridad alimentaria grave. A su vez, el 53,8% señaló que alguna vez se quedó sin alimentos.

El deterioro económico también impacta en el bienestar emocional: el 58,2% de las personas consultadas afirmó experimentar “ansiedad/tristeza por la economía”. El informe fue realizado a nivel nacional y contó con la participación de 7.742 personas mayores de 18 años.

Los resultados reflejan una realidad especialmente preocupante en los barrios populares: la deuda se utiliza para comprar comida, los alimentos saludables se vuelven inaccesibles y una parte significativa de la población directamente reduce o saltea sus comidas. La crisis, lejos de limitarse a los ingresos, comienza a comprometer necesidades básicas como la alimentación y el bienestar de las familias.

El derrumbe alcanza a las 24 jurisdicciones del país y se produce mientras el impuesto a los combustibles aumentó 1.387% desde el cambio de Gobierno, muy por encima de la inflación acumulada.

El consumo de combustibles vuelve a encender una señal de alarma sobre el deterioro de la economía argentina. Durante los primeros siete meses de 2026, el volumen de naftas despachado cayó a 5.667,3 millones de litros, el nivel más bajo para ese período desde 2023. La cifra representa una caída del 5,26% frente a los 5.981,8 millones de litros registrados en los primeros siete meses de aquel año, con una pérdida de más de 314 millones de litros.

El retroceso tampoco se limita a la comparación de mediano plazo. Respecto de 2025, las ventas cayeron otro 1,84%, confirmando una tendencia contractiva que se profundiza. En julio, según datos de la Secretaría de Energía difundidos por Surtidores, el despacho de combustibles se redujo 6,4% interanual, con 1.368.722 metros cúbicos vendidos. Fue además el sexto mes consecutivo de caída.

El dato adquiere mayor gravedad porque el derrumbe es generalizado a escala nacional. Según el Instituto Argentina Grande (IAG), las 24 jurisdicciones registraron descensos en las ventas de nafta respecto de los niveles de 2023. Entre los mayores retrocesos aparecen Misiones (-32,48%), Formosa (-26,26%), Corrientes (-18,83%), La Rioja (-15,73%) y Entre Ríos (-15,31%).

La contracción también golpeó a los distintos tipos de combustibles. La venta de nafta premium cayó 7,3% frente a 2023, mientras que la súper retrocedió 4,5%. En la comparación interanual de julio, la nafta súper cayó 7,8%, el gasoil G2 disminuyó 7,04% y la premium acumuló su tercer mes consecutivo de retroceso.

Menos consumo y más impuestos

El desplome de las ventas se produce, además, en un contexto de fuerte incremento de la presión impositiva sobre los combustibles. Desde el cambio de gestión, el impuesto a los combustibles aumentó 1.387%, muy por encima de la inflación acumulada del 329% en el mismo período.

El peso del tributo sobre el precio final también se multiplicó. En noviembre de 2023 representaba el 8,9% del valor en el surtidor, mientras que en agosto de 2026 llegó al 20,1%. En términos reales, la carga tributaria sobre la nafta registró un incremento del 240%.

El impacto puede verse con claridad en el precio actual. En la Ciudad de Buenos Aires, un litro de nafta súper cuesta alrededor de $2.045, de los cuales $411 corresponden a impuestos. En noviembre de 2023, a precios constantes de hoy, el litro equivalía a unos $1.333 y la carga correspondiente al impuesto a los combustibles era de apenas $120.

La situación expone así una combinación cada vez más difícil para los consumidores: menos capacidad de consumo y un combustible que incorpora una carga impositiva cada vez mayor. El impuesto, además, se aplica como un monto fijo por litro y sus actualizaciones fueron utilizadas por el Gobierno para recomponer el atraso acumulado durante la gestión anterior.

Una señal más del deterioro de la economía real

La caída de las ventas de nafta representa mucho más que un dato sectorial. El consumo de combustibles está directamente vinculado con la movilidad de los hogares, el transporte, la actividad comercial y el funcionamiento cotidiano de la economía. Por eso, su desplome constituye otro indicador concreto del enfriamiento de la actividad.

El deterioro también adquiere una dimensión particularmente preocupante en las provincias fronterizas, donde el cambio de precios relativos con los países vecinos incentivó parte de la demanda hacia el exterior. Sin embargo, la tendencia excede ampliamente a las zonas de frontera: ninguna provincia logró escapar de la caída respecto de 2023.

Mientras tanto, el Gobierno decidió postergar hasta el 1° de octubre una nueva actualización de las alícuotas del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que estaba prevista para septiembre.

El escenario deja un dato difícil de ignorar: los argentinos están comprando menos nafta mientras el componente impositivo del combustible se multiplica. La caída del consumo, extendida a todo el territorio nacional, se suma así a otros indicadores de contracción y vuelve a poner bajo la lupa el verdadero estado de la economía real.

Pensador nacional, investigador incansable y divulgador de la historia argentina, dedicó más de seis décadas a cuestionar las interpretaciones tradicionales y a recuperar las voces y figuras que, según su mirada, habían sido relegadas por los relatos oficiales.

Nacido en Buenos Aires el 28 de julio de 1936, Galasso estudió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó como contador en 1961. Sin embargo, fue la historia, la política y la cultura nacional las que marcaron profundamente su trayectoria intelectual. A lo largo de su vida escribió más de cincuenta ensayos, antologías, investigaciones y estudios históricos y políticos, construyendo una obra de enorme amplitud.

Su recorrido estuvo estrechamente vinculado con el pensamiento nacional. Trabajó junto a Arturo Jauretche en la Editorial Universitaria de Buenos Aires y mantuvo una permanente preocupación por recuperar las tradiciones políticas y culturales vinculadas con el nacionalismo popular. Durante la última dictadura militar, varios de sus libros fueron censurados, en un período en el que sus posiciones y las de otros intelectuales del campo nacional fueron perseguidas.

Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historiador imprescindible de la Argentina. pic.twitter.com/nCZ9EeXEZG

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 7, 2026

Como historiador, Galasso hizo del revisionismo histórico una herramienta para discutir las versiones consideradas hegemónicas de la historia argentina. Su propósito fue contrarrestar lo que entendía como una mirada liberal, lineal y unívoca del pasado nacional, reivindicando a dirigentes sociales, políticos e intelectuales que habían quedado fuera de los relatos tradicionales.

En ese recorrido siguió las huellas de José María Rosa, Fermín Chávez y Manuel Gálvez, pero también mantuvo vigentes en el imaginario del campo nacional las figuras de Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ugarte, Felipe Varela, Manuel Ortiz Pereyra, el padre Hernán Benítez, John William Cooke, Juan Domingo Perón, Enrique Santos Discépolo, José de San Martín y Arturo Jauretche, entre muchos otros.

Su vínculo con Jauretche tuvo además una dimensión personal. En 1973, Galasso se incorporó como síndico a la Editorial Universitaria de Buenos Aires, dirigida entonces por el autor de El medio pelo en la sociedad argentina, a quien había conocido y con quien compartiría buena parte de sus preocupaciones sobre la historia, la cultura y la política argentina.

En 2014 fue declarado Embajador de la Cultura Popular Argentina por la Presidencia de la Nación, en reconocimiento a una trayectoria dedicada a la investigación y difusión de la historia desde una perspectiva nacional y latinoamericana.

Galasso entendía que la historia no era un relato neutral ni una simple reconstrucción del pasado: también era un campo de disputa sobre la identidad, la soberanía y el proyecto de país. Desde esa convicción desarrolló una extensa obra y participó durante décadas de los debates políticos e intelectuales argentinos.

Con su muerte se va, a los 90 años, un maestro del revisionismo histórico y una de las voces más persistentes del pensamiento nacional argentino. Su obra, atravesada por la recuperación de personajes y procesos que consideraba fundamentales para comprender el país, queda como legado para las nuevas generaciones que continúen interrogando la historia argentina desde una perspectiva crítica.

La despedida al compañero y maestro Norberto Galasso será este martes 8 de septiembre, entre las 10 y las 14 horas, en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Diagonal Sur (Avenida Julio A. Roca) 575.

El 61,1% considera que el endurecimiento del discurso presidencial responde a una estrategia política y no a una convicción genuina. Además, más de la mitad no confía en el llamado de Milei a construir una política de Estado sobre las Islas.

El renovado discurso de Javier Milei sobre la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas quedó bajo el signo de la desconfianza social. Una encuesta nacional de Management & Fit reveló que el 61,1% de los argentinos considera que el reciente endurecimiento de la postura presidencial responde a una conveniencia política, mientras que apenas el 24,7% cree que se debe a una convicción genuina.

El resultado adquiere especial relevancia por el contraste entre el discurso actual del Presidente y sus posiciones anteriores. El relevamiento, realizado entre el 4 y el 6 de septiembre sobre 1.000 casos en todo el país, tomó como referencia el giro de Milei respecto de sus declaraciones de 2024, cuando planteaba avanzar en una negociación de largo plazo con el Reino Unido y tener n cuenta a los isleños como una parte mas en la disputa, haciendo el juego al argumento británico de la “autodeterminación”. Para una amplia mayoría, ese cambio no aparece como una evolución de la política exterior, sino como una decisión atravesada por intereses políticos y electorales.

Malvinas volvió al centro de la escena, pero no despejó las dudas

El discurso presidencial tuvo una enorme repercusión: el 90,3% de los consultados afirmó haber escuchado, leído o recibido información sobre la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas. Sin embargo, la elevada exposición del mensaje no se tradujo en un respaldo contundente a su contenido.

El 44,6% consideró que Milei anunció medidas concretas, mientras que un porcentaje prácticamente idéntico, el 44,2%, entendió que se trató principalmente de declaraciones generales. La división también apareció al evaluar el objetivo central del mensaje: el 35,9% señaló la defensa de la soberanía como principal motivación, frente al 34,5% que interpretó el discurso como una estrategia de posicionamiento o marketing electoral. Otro 16,8% consideró que ambas motivaciones estuvieron presentes.

Más de la mitad desconfía del llamado de Milei a una política común

La encuesta también mostró que el intento del Presidente de convocar a la dirigencia política a dejar de lado sus diferencias para avanzar en una política común sobre Malvinas encuentra importantes obstáculos.

El 51,6% afirmó que no le cree ni confía en Milei, frente a un 41,7% que manifestó algún grado de confianza. El dato vuelve a poner en cuestión la capacidad del Gobierno para instalar su iniciativa como una verdadera política de Estado y no como una herramienta de posicionamiento y oportunismo partidario.

El impacto sobre la imagen presidencial tampoco fue favorable. El 43,7% aseguró que su opinión sobre Milei no cambió después del anuncio, mientras que el 36,5% sostuvo que su imagen empeoró. Apenas el 17,9% afirmó que mejoró.

La ley sobre Malvinas tiene respaldo, pero también una fuerte lectura política

Respecto del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por el Gobierno, el 33,9% cree que será aprobado por tratarse de una causa nacional y el 26,1% considera que avanzará, aunque con modificaciones durante el debate legislativo. En conjunto, el 60% ve probable que la iniciativa sea aprobada.

Sin embargo, también existe una mirada crítica sobre la reacción de la oposición. El 55,1% considera que los sectores opositores cuestionarán el proyecto con fines de campaña, mientras que apenas el 19,8% espera una actitud de acompañamiento institucional a una política de Estado.

El relevamiento de Management & Fit deja así un escenario incómodo para el Gobierno: Malvinas conserva una enorme capacidad de interpelación social, pero el intento de Milei de recuperar protagonismo con la causa encuentra una fuerte sospecha de oportunismo político. La mayoría reconoce la importancia del reclamo de soberanía, pero una proporción mucho menor parece dispuesta a aceptar sin cuestionamientos las motivaciones detrás del nuevo giro presidencial.

La encuesta fue realizada por Management & Fit entre el 4 y el 6 de septiembre mediante encuestas online e IVR, sobre una muestra nacional de 1.000 casos, con un margen de error de ±3,1%.

El influyente periódico financiero estadounidense The Wall Street Journal sostiene que el Presidente apela a la causa Malvinas como una estrategia nacionalista frente al deterioro de su imagen, el estancamiento de su programa económico y el temor a perder respaldo electoral.

La caída de la popularidad de Javier Milei habría empujado al Presidente a desempolvar una bandera que históricamente moviliza a buena parte de la sociedad argentina: la reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Así lo interpreta The Wall Street Journal, uno de los principales medios financieros de Estados Unidos, que analizó el discurso pronunciado por el mandatario en cadena nacional y vinculó su renovado énfasis sobre las islas con el deterioro de su situación política y económica.

“Recurrir al tema de las Malvinas es una estrategia bien probada por los líderes argentinos con problemas, como los que enfrenta Milei”, señala el periódico estadounidense. El artículo sostiene que, con su popularidad en declive, el Presidente estaría recurriendo cada vez más a una táctica nacionalista que puede resultarle políticamente conveniente para desplazar el centro de la discusión pública. Según el diario, el índice de aprobación de Milei cae mientras su programa de reformas de libre mercado pierde impulso y se aproxima un escenario electoral cada vez más difícil.

La interpretación del Wall Street Journal es todavía más contundente a través de las declaraciones de Michael Shifter, especialista en América Latina del Diálogo Interamericano, un centro de estudios con sede en Washington. “Cuando se tienen problemas políticos, esta es una estrategia probada para intentar salir de ellos y aumentar el apoyo”, sostuvo el experto. Y agregó que “no sorprende que Milei esté intentando sacar el máximo provecho de esta situación por razones políticas, dado que se encuentra en apuros”.

El diagnóstico del periódico también pone el foco en el fracaso del Gobierno para transformar sus resultados macroeconómicos en una mejora generalizada de las condiciones de vida. “Tres años después, la economía aún no se ha recuperado”, sostiene el artículo, mientras señala que los argentinos enfrentan pérdida de empleos y un aumento del endeudamiento. Para el medio estadounidense, este creciente malestar económico comenzó a poner en duda las posibilidades electorales de Milei frente a sus adversarios peronistas, que prometen revertir su programa de reformas de libre mercado.

De la “relación madura” al giro confrontativo

El Wall Street Journal también destaca una contradicción entre el Milei que llegó a la Casa Rosada y el Presidente que hoy vuelve a colocar a Malvinas en el centro de su discurso político. El periódico recuerda que, durante su infancia, Milei observó por televisión la Guerra de Malvinas y que, como economista libertario, manifestó admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante el conflicto de 1982.

Esa posición contrasta con las declaraciones que realizó poco después de asumir la Presidencia, cuando planteó su voluntad de construir una “relación madura” con el Reino Unido. Sin embargo, el Gobierno ahora endureció su discurso sobre las islas y anunció nuevas medidas contra las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

El cambio de posición resulta particularmente significativo porque Milei había sido muy crítico de las políticas kirchneristas destinadas a bloquear la explotación de hidrocarburos en las islas. Ahora, en un llamativo giro, el Gobierno promete profundizar precisamente ese tipo de medidas. La causa Malvinas reaparece así como una herramienta política en un momento en que el programa económico enfrenta crecientes dificultades para generar resultados visibles para amplios sectores de la población.

También desde Londres leen el discurso en clave interna

La interpretación del giro presidencial no quedó limitada al análisis estadounidense. Desde el Reino Unido también relativizaron el impacto internacional del discurso de Milei y lo asociaron con la situación política doméstica argentina.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, reiteró la posición histórica de Londres al afirmar que las Malvinas “son británicas” porque sus habitantes “eligen ser británicos” en referencia a un referéndum fraudulento llevado acabo por el gobierno de ocupación británico no muy diferente a los llevados acabo en las regiones ucranianas del Donbas y que Londres hipócritamente critica. Pero, además, realizó una lectura política del discurso presidencial argentino que coincide con el diagnóstico del Wall Street Journal: “La declaración de Milei nos dice más sobre la política interna en Argentina que sobre las Islas Malvinas”, sentenció.

De este modo, desde dos perspectivas externas —una estadounidense y otra británica— el nuevo énfasis de Milei sobre Malvinas aparece asociado menos a un cambio estructural de la política exterior que a las dificultades internas de su Gobierno. La cuestión de soberanía, una causa histórica de la Argentina, vuelve a ocupar el centro de la escena precisamente cuando el oficialismo enfrenta una economía que no termina de recuperarse, pérdida de empleo, endeudamiento y una caída de su respaldo electoral.

El contraste resulta inevitable: mientras Milei intenta presentar su renovada ofensiva por Malvinas como una política de Estado, el análisis del Wall Street Journal y las declaraciones británicas sugieren otra lectura mucho más incómoda para el Gobierno: la utilización de una causa nacional de enorme sensibilidad como recurso político para intentar recuperar apoyo ante el desgaste de su gestión económica.

El Gobierno anunció un fuerte endurecimiento de las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación petrolera en las Islas y una mayor intervención del Estado. El giro expone una llamativa contradicción con el discurso libertario que llevó a Milei a la Casa Rosada.

En un inesperado giro político y discursivo, Javier Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la agenda y anunció una batería de medidas que implican un marcado fortalecimiento de la intervención estatal. En cadena nacional, el Presidente anunció el endurecimiento de la Ley 26.659 —sancionada durante el kirchnerismo—, un decreto para acelerar las sanciones contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Islas y un proyecto de ley destinado a ampliar las restricciones sobre compañías, accionistas, directivos y proveedores.

La decisión representa un cambio significativo respecto del discurso que caracterizó al Gobierno desde diciembre de 2023. El mismo Presidente que hizo de la libertad económica, la desregulación y la reducción del Estado sus principales banderas ahora propone utilizar el poder regulatorio, sancionatorio y económico del Estado para impedir que empresas privadas operen en proyectos petroleros vinculados con las Islas Malvinas. La paradoja se vuelve todavía más evidente porque una de las principales herramientas recuperadas por el Ejecutivo fue creada durante una administración kirchnerista, precisamente una corriente política que Milei convirtió en uno de sus principales adversarios.

El llamativo aval de Trump

El otro elemento central del anuncio fue la referencia de Milei a Donald Trump. El Presidente presentó como un dato decisivo que su aliado estadounidense se encuentra “reevaluando la posición histórica” de Washington respecto de la disputa por Malvinas. El planteo fue utilizado como una suerte de respaldo internacional para la nueva ofensiva argentina sobre las empresas que participan de la explotación de recursos en el Atlántico Sur.

Así, el Gobierno parece presentar el endurecimiento de las sanciones y la recuperación de herramientas de intervención estatal como parte de una nueva estrategia geopolítica habilitada por el contexto internacional. La referencia a Trump adquiere particular relevancia porque Milei había construido buena parte de su política exterior sobre un alineamiento estrecho con Estados Unidos y sobre la profundización de los vínculos con el Reino Unido.

Más Estado para defender Malvinas

La nueva estrategia oficial contempla extender las sanciones previstas por la Ley 26.659 a petroleras, proveedores, directivos y accionistas que participen de actividades hidrocarburíferas en las Islas. También se busca impedir que esas empresas puedan contratar con el Estado argentino e incluso operar comercialmente en el país.

A esto se suma la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, con participación de áreas como Defensa, Cancillería, Inteligencia y Economía, y un incremento de los recursos destinados al área militar. Entre las medidas anunciadas aparece además la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego (proyecto que estaba en marcha hasta la asunción del gobierno libertario que decidió frenarla hasta obtener el visto bueno de los Estados Unidos) y el fortalecimiento de las capacidades argentinas en el Atlántico Sur y la Antártida.

El contraste con la lógica económica del Gobierno resulta difícil de disimular: para defender los recursos naturales y la soberanía argentina, la administración libertaria propone precisamente aquello que durante años cuestionó en otros gobiernos: más regulación, más controles, mayores restricciones a empresas privadas, sanciones económicas y una presencia más activa del Estado.

De la motosierra a la defensa de la soberanía

El cambio discursivo alcanza incluso al llamado político. Milei convocó a la dirigencia política, social y económica a dejar de lado las diferencias y construir un “frente unido” alrededor de Malvinas, el Atlántico Sur y la proyección antártica. Una apelación a la unidad nacional que contrasta con el tono de confrontación que el Gobierno suele utilizar frente a sus adversarios políticos.

El resultado es un escenario particularmente llamativo: un Gobierno que llegó al poder reivindicando la reducción drástica del Estado ahora recurre a leyes impulsadas por el kirchnerismo, endurece regulaciones sobre empresas privadas, aumenta el presupuesto de Defensa y anuncia nueva infraestructura militar para defender la soberanía sobre Malvinas.

Más allá de la legitimidad de la causa soberana —que atraviesa transversalmente a la política argentina—, el giro abre un interrogante político evidente: ¿se trata de una verdadera redefinición estratégica de la política argentina sobre Malvinas o de una adaptación del discurso libertario a una causa que históricamente excedió las fronteras partidarias?