El ministro de Economía aseguró que se “desloma” para que el supuesto cambio llegue a todos, pero reconoció que incluso dentro de dos años habrá argentinos que seguirán sin poder llegar a fin de mes.

Luis “Toto” Caputo eligió una palabra particularmente desafortunada para pedirles paciencia a los argentinos. “Nos deslomamos para que este cambio continúe y se dé para todos lo más rápido posible”, aseguró el ministro de Economía. La expresión remite inevitablemente a Manuel Adorni, quien había utilizado el mismo término para justificar su supuesto sacrificio durante un viaje oficial y terminó convirtiéndolo en una de las frases asociadas a los cuestionamientos sobre su gestión y su escandaloso patrimonio.

Pero el problema para Caputo no fue solamente la elección de la palabra. El ministro acompañó su apelación al sacrificio con una admisión mucho más preocupante: reconoció que incluso dentro de dos años habrá argentinos que no llegarán a fin de mes. “Siempre va a haber alguien que esté mal”, sostuvo al defender el programa económico y reclamar paciencia para que sus supuestos beneficios alcancen al conjunto de la sociedad.

La frase resulta particularmente impactante en un contexto de fuerte deterioro económico y social, con hogares que enfrentan dificultades para sostener sus ingresos y mantener su nivel de consumo. En lugar de anunciar una mejora concreta para quienes más sufren el ajuste, Caputo anticipó que las dificultades persistirán durante años y pidió nuevamente tiempo a una población que ya viene soportando el costo de las políticas del Gobierno.

Incremento patrimonial del ministro

El pedido de paciencia coincidió, además, con la presentación de la declaración jurada de Caputo correspondiente a 2025. El ministro informó bienes, depósitos y dinero por $19.509 millones al cierre del año, frente a los $11.851 millones declarados al comienzo, lo que representa un incremento nominal de casi $7.700 millones.

El dato que más llama la atención aparece en la composición de ese patrimonio: Caputo declaró alrededor de $12.422 millones en depósitos en el exterior, mientras que sus ahorros en la Argentina rondaron los $600 millones. De acuerdo con esos números, cerca del 95% de sus ahorros declarados estaban fuera del país y aproximadamente el 68% de su patrimonio se encontraba radicado en el exterior.

En el Gobierno, la elección de la palabra “deslomamos” no pasó inadvertida. Un empresario industrial que participó de la conferencia de la UIA ironizó: “Parece el gobierno de los deslomados. Cada vez que alguno dice que se desloma, conviene agarrarse la billetera”.

La comparación con Adorni es inevitable. En marzo, el entonces jefe de Gabinete había utilizado la misma expresión para explicar por qué su esposa lo acompañó durante un viaje oficial a Nueva York: dijo que quería tenerla cerca porque iba a pasar una semana allí “deslomándose”. La explicación terminó generando más cuestionamientos y convirtió la palabra en una etiqueta política asociada al contraste entre el discurso oficial de austeridad y las condiciones de vida y privilegios de sus funcionarios.

Ahora Caputo decidió recuperar aquella expresión en un momento especialmente sensible. Mientras reclama paciencia y asegura trabajar para que el cambio llegue “a todos”, también defendió que la economía avance a “dos velocidades”: una dinámica para los sectores vinculados a la generación de dólares y otra muy diferente para buena parte de la sociedad.

Para justificar esa estrategia, el ministro recurrió incluso a una comparación futbolística. Dijo que era como tener a Lionel Messi, Ángel Di María y Enzo Fernández sentados en el banco y sostuvo que la economía debía priorizar a los sectores exportadores, porque serán las exportaciones las que impulsen el crecimiento.

El mensaje de Caputo quedó así atravesado por una contradicción difícil de disimular: mientras pide paciencia y admite que todavía habrá argentinos que no podrán llegar a fin de mes, asegura que el Gobierno trabaja para que los beneficios del modelo alcancen a todos. La promesa de prosperidad futura vuelve a quedar, una vez más, frente a una realidad en la que el costo del ajuste se hace sentir en los hogares mucho antes de que llegue la recuperación prometida.

La crisis del mercado interno ya impacta incluso sobre las grandes empresas de la industria nacional. Mastellone Hermanos, productora de La Serenísima, cerró el primer semestre de 2026 con pérdidas por $4.791 millones, más de cuatro veces el rojo registrado en el mismo período de 2025.

El dato refleja el deterioro que atraviesa el consumo de los hogares. Para cada vez más familias, productos básicos como la leche, el yogur y el queso se volvieron difíciles de sostener en el presupuesto mensual. El ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei profundizó la pérdida de poder adquisitivo y dejó a amplios sectores de la población recortando incluso alimentos esenciales.

Los números del balance son contundentes. Mastellone registró ingresos por $908.674 millones, pero esa facturación implicó una caída real del 6,7%. El golpe más fuerte apareció en el mercado interno: las ventas locales se desplomaron un 10,3%, mientras que las exportaciones crecieron 10,5% y ya explican el 19% de la facturación de la compañía.

La caída del consumo golpea a La Serenísima

La rentabilidad también sufrió un fuerte deterioro. El margen bruto cayó del 25,7% al 23,7%, mientras que los gastos comerciales aumentaron 2,8%. Dentro de esos costos, los fletes tuvieron un peso determinante: pasaron de $137.510 millones a $148.045 millones. El resultado antes de impuestos pasó de una pérdida de $7.925 millones a un rojo de $10.647 millones.

El deterioro de La Serenísima no aparece como un fenómeno aislado. Según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las ventas de lácteos en supermercados retrocedieron un 10% en términos reales durante el primer semestre de 2026.

Menos leche, menos yogur y menos queso en las mesas argentinas significan también menos ventas para la industria. La retracción del consumo interno empieza a dejar una huella cada vez más profunda sobre el entramado productivo y alcanza incluso a compañías líderes que durante décadas fueron símbolos de la industria alimenticia argentina.

Un nuevo desafío para los dueños de La Serenísima

El balance corresponde al último período bajo la conducción anterior de Mastellone Hermanos. En marzo, Arcor y Danone acordaron adquirir el 51,32% del capital de la compañía que estaba en manos de la familia fundadora y de Dallpoint Investments. El 1° de agosto asumieron el control efectivo.

Ahora, los nuevos propietarios deberán enfrentar una situación particularmente delicada: recuperar la rentabilidad de una empresa golpeada por el derrumbe del mercado interno, en un escenario donde millones de consumidores redujeron sus compras y los alimentos básicos dejaron de ser un gasto automático para convertirse en un consumo que muchas familias deben recortar.

El caso de La Serenísima funciona así como una señal de alarma sobre la profundidad de la crisis del consumo: si la retracción de la demanda ya golpea con semejante fuerza a la mayor empresa láctea del país, las consecuencias sobre toda la cadena productiva pueden ser todavía mayores.

Felipe Núñez, asesor de Luis “Toto” Caputo y director del BICE, obtuvo un crédito de USD 315.000 del Banco Nación a una “tasa amigable” y compró una propiedad de casi 400 metros cuadrados en San Isidro.

El escándalo por los créditos millonarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y personas vinculadas al Gobierno de Javier Milei suma un nuevo capítulo. Esta vez, el protagonista es Felipe Núñez, uno de los principales defensores de Luis “Toto” Caputo en redes sociales y actual director del BICE, quien obtuvo un préstamo de USD 315.000 para adquirir una casa de lujo de casi 400 metros cuadrados en San Isidro.

La información fue revelada por el periodista Ari Lijalad, de El Destape, a partir de la declaración jurada de Núñez. Según ese documento, el 1 de noviembre de 2024 incorporó a su patrimonio un inmueble de 389 metros cuadrados en uno de los distritos más caros del país.

Tras la aparición de la información y el creciente cuestionamiento por los créditos otorgados por el Nación, Núñez salió a defenderse y aseguró: “Nosotros no hicimos nada ilegal ni inmoral”. Según explicó, accedió al préstamo bajo las mismas condiciones que cualquier persona considerada apta para recibirlo y justificó haber elegido el Banco Nación porque allí cobra su salario.

Sin embargo, el caso adquiere otra dimensión cuando se observa quiénes más accedieron a esta línea crediticia. Núñez aparece junto a otros integrantes o dirigentes cercanos al oficialismo, entre ellos Federico Furiase, Sharif Menem y el diputado Santiago Santurio.

El episodio genera especial controversia por el contraste entre el discurso libertario contra el Estado y el uso de una entidad bancaria pública para acceder a créditos destinados a financiar viviendas de alto valor. Los mismos dirigentes que cuestionan sistemáticamente el gasto estatal y presentan a la administración pública como una estructura ineficiente recurren a la banca estatal cuando necesitan financiamiento en condiciones convenientes.

Además, los créditos fueron otorgados durante la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación, lo que alimentó las sospechas sobre posibles preferencias políticas en el acceso a estas líneas crediticias y abrió nuevos interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios.

El escándalo también quedó expuesto por la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de echar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que trascendiera que había recibido un crédito del Banco Nación por más de $400 millones. Aquella decisión buscó marcar un límite ético dentro del Gobierno, pero ahora también deja bajo presión a otros funcionarios que accedieron a préstamos de la misma entidad.

Así, el caso Núñez vuelve a poner el foco sobre una pregunta incómoda para el oficialismo: si la banca pública es presentada como parte de un Estado que debe reducirse al mínimo, ¿por qué sus funcionarios y dirigentes recurren a ella para obtener créditos millonarios y en condiciones consideradas favorables? La sucesión de casos amenaza con convertir los préstamos del Banco Nación en un nuevo frente de conflicto para el Gobierno de Milei.

Los suicidios alcanzaron en 2025 el nivel más alto de toda la serie analizada. En apenas ocho años, los casos pasaron de 3.304 a 5.209 y la tasa trepó un 43,9%. Entre adolescentes y adultos jóvenes, el suicidio ya ocupa el primer lugar entre las causas de muerte.

Los suicidios alcanzaron en 2025 un récord histórico en Argentina, con 5.209 casos registrados. La cifra representa un aumento del 57,7% respecto de 2017, mientras que la tasa pasó de 8,2 a 11,8 casos cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de toda la serie analizada.

La situación es especialmente preocupante entre los jóvenes. Desde 2022, el suicidio es la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años y también ocupa el primer lugar entre los 25 y 34 años. A esto se suma una fuerte brecha de género: cuatro de cada cinco víctimas son hombres.

Los especialistas advierten que no existe una única explicación. Se trata de un fenómeno multicausal, en el que pueden intervenir factores individuales, familiares, sociales y económicos. La pérdida de expectativas, las dificultades económicas, el desempleo, la incertidumbre y el avance de las apuestas online aparecen entre los factores que pueden aumentar la vulnerabilidad.

Ante este escenario, los expertos reclaman reforzar la prevención, la atención de la salud mental y las redes comunitarias, especialmente en escuelas, clubes y otros espacios donde los jóvenes puedan encontrar acompañamiento. El récord registrado en 2025 vuelve a poner en evidencia la urgencia de abordar una problemática que ya constituye una de las principales causas de muerte entre las nuevas generaciones.

Crece el rechazo al nuevo protocolo que impulsa el Gobierno de la Ciudad y que pone sobre estudiantes, padres y cooperadoras tareas que corresponden al Estado. “Esto no es corresponsabilidad, es delegación de responsabilidad”, denuncian.

Lo que el Gobierno de la Ciudad presentó como un simple “cambio de protocolo” encendió la alarma entre las comunidades educativas porteñas. Bajo el denominado “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, la gestión de Jorge Macri impulsa una serie de medidas que, según denuncian las cooperadoras, terminan trasladando a las familias y a los estudiantes responsabilidades que deberían ser asumidas por el Estado.

El viernes por la noche, el Ministerio de Educación porteño, encabezado por Mercedes Miguel, envió un correo a cientos de miles de familias para anunciar las nuevas pautas. El documento plantea una serie de iniciativas destinadas a promover el cuidado de los establecimientos, pero las cooperadoras advierten que detrás de los eufemismos existe un problema de fondo: el Gobierno porteño pretende que la comunidad educativa se haga cargo de resolver parte de las deficiencias de infraestructura y mantenimiento de las escuelas.

Para las familias, una cosa es colaborar con el cuidado cotidiano de los establecimientos y otra muy diferente es que esa colaboración termine reemplazando las obligaciones de la administración porteña.

“Esto es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad”, sostuvo Pablo Cesaroni, referente de Cooperadores en Movimiento, quien cuestionó que mientras las cooperadoras enfrentan cada vez más dificultades para funcionar, el Gobierno les exige resolver una cantidad creciente de problemas.

Según denuncian las cooperadoras, el problema se vincula con una política que lleva años de recortes y falta de inversión en infraestructura escolar. Cesaroni señaló que desde hace casi dos décadas las cooperadoras no reciben fondos destinados específicamente al mantenimiento y las obras, mientras las familias continúan aportando dinero y tiempo para sostener los establecimientos.

“Si hay escuelas que tienen los techos rotos o que no tienen calefacción, tienen que solucionarlo. Basta de utilizar a las familias como bomberos para cubrir las cosas que el Gobierno no hace”, reclamó.

Un protocolo que genera polémica

Jorge Macri defendió la iniciativa bajo la idea de recuperar una supuesta “cultura del orden” y del respeto por las reglas. Sin embargo, la implementación del nuevo esquema generó fuertes cuestionamientos por el alcance que tendrán las tareas asignadas a la comunidad educativa.

Entre las propuestas aparecen los llamados “Embajadores del cuidado”, mediante los cuales cada curso deberá asumir semanalmente y de manera rotativa la responsabilidad de verificar un sector de la escuela. También se plantea destinar los últimos minutos antes de un cambio de actividad o del final de la jornada a revisar el estado del espacio utilizado.

El protocolo incluye además una “Estación Ambiental” para el acopio y gestión de residuos con fines pedagógicos y campañas para retirar carteles y afiches.

Pero el punto que más preocupación genera es aquel que contempla que, frente a determinados daños, la propia comunidad educativa, junto con las cooperadoras, participe de las estrategias destinadas a repararlos.

Grafitis en paredes y mobiliario, bancos o puertas dañados y deterioros en los baños podrían derivar en jornadas de reparación y recuperación con participación estudiantil, siempre que no se considere necesaria una intervención urgente.

La pregunta que plantean las cooperadoras es inevitable: ¿dónde termina la participación comunitaria y dónde comienza la obligación del Estado?

“Esto no es corresponsabilidad: es delegación”

Las cooperadoras sostienen que desde hace años las familias ya realizan tareas de mantenimiento, colaboran con la pintura, organizan actividades y aportan recursos para cubrir necesidades que deberían ser atendidas mediante presupuesto público.

Ahora temen que el nuevo protocolo termine institucionalizando esa situación.

“Además de recaudar y pintar, ¿nos piden que hagamos ‘gestión del cambio de hábitos’ para que los chicos ‘cuiden’ un edificio que el propio Ministerio no cuida?”, cuestionaron.

Y fueron todavía más contundentes: “Esto no es corresponsabilidad, es delegación de responsabilidad”.

El reclamo apunta directamente al Gobierno porteño: las familias pueden colaborar con la vida cotidiana de una escuela, pero no deberían convertirse en responsables de garantizar su infraestructura, mantenimiento y condiciones edilicias.

Una escuela con filtraciones, problemas de calefacción, deterioro edilicio o instalaciones que requieren reparación necesita, según plantean las cooperadoras, una respuesta presupuestaria y de gestión, no trasladar el problema a padres y estudiantes.

Las cooperadoras exigen que el Estado vuelva a hacerse cargo

Ante este escenario, las organizaciones reclaman un aumento del presupuesto destinado a obras, la intervención de las empresas de mantenimiento y la ejecución de los trabajos pendientes para garantizar establecimientos seguros.

También exigen que se deje de trasladar a las cooperadoras y a las familias el costo económico y humano de resolver problemas que corresponden al Estado.

Las familias, remarcan, ya cuidan las escuelas desde hace años. Lo hacen aportando dinero, tiempo y trabajo voluntario. Lo que reclaman ahora es que el Gobierno porteño cumpla con su parte.

La polémica deja así expuesta una situación que genera creciente preocupación en la comunidad educativa: un Gobierno que, en lugar de reforzar la inversión y asumir el mantenimiento de las escuelas públicas, parece avanzar hacia un esquema en el que padres, estudiantes y cooperadoras terminan funcionando como reemplazo de las obligaciones estatales.

Unilever cerró definitivamente su histórica fábrica de Rodeo de la Cruz y dejó 60 trabajadores desvinculados. El golpe también alcanza a decenas de agricultores de Mendoza y San Juan que durante décadas adaptaron sus producciones para abastecer a la planta y ahora perdieron a su principal cliente.

La crisis del mercado interno vuelve a dejar una fuerte señal de alarma sobre el entramado productivo argentino. Unilever concretó el cierre definitivo de su planta de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, Mendoza, y puso fin a más de seis décadas de actividad vinculada al procesamiento y deshidratado de hortalizas destinadas a la marca Knorr.

La decisión implicó 60 despidos y un impacto que excede ampliamente a los trabajadores de la fábrica. La paralización cortó una cadena de comercialización que durante décadas vinculó a la compañía con agricultores de Mendoza y San Juan. Muchos de ellos habían realizado inversiones y adaptado sus parcelas a las necesidades específicas de la empresa y ahora quedaron sin su principal comprador.

La planta procesaba alrededor de 3.500 toneladas de hortalizas por año. Allí se realizaba el tratamiento y deshidratado de las verduras que posteriormente eran enviadas al centro industrial de Unilever en Pilar, Buenos Aires, donde se elaboraban las sopas instantáneas y los caldos de Knorr.

El cierre expone así el efecto cada vez más profundo de la caída del consumo sobre la producción. Cuando el mercado interno se achica, las consecuencias dejan de concentrarse en las góndolas y comienzan a sentirse en las fábricas, el empleo, el campo y las cadenas de proveedores.

Caída de las ventas y cambio de modelo

Según explicó Unilever, la decisión respondió al cambio en las pautas de consumo y al desplome de las ventas de sopas secas, un producto marcado además por una fuerte estacionalidad durante los meses de invierno. Para la compañía, sostener durante todo el año la infraestructura necesaria para atender una demanda concentrada en pocos meses dejó de ser económicamente viable.

La empresa justificó el cierre como parte de una “evolución del negocio de alimentos” y de una transformación de su modelo operativo destinada a ganar competitividad frente a las nuevas condiciones del mercado.

Sin embargo, detrás de la explicación empresarial queda expuesto el deterioro de una cadena productiva que había funcionado durante décadas. La decisión no solo elimina puestos industriales: también deja en una situación crítica a productores que construyeron su actividad alrededor de una demanda que ahora desaparece.

Importaciones y tercerización

El nuevo esquema implica que Unilever dejará de procesar internamente la materia prima en Mendoza. La compañía recurrirá a proveedores externos y a la importación de insumos, mientras conservará en Pilar las etapas de empaquetado y terminación de los productos.

El cambio representa un fuerte retroceso para la producción local: una parte del proceso que durante décadas se realizaba en Mendoza dejará de efectuarse allí, reduciendo el nivel de actividad industrial y debilitando el vínculo entre la gran empresa y los productores regionales.

Una fábrica que deja de producir

Unilever aclaró que el cierre de la planta mendocina no implica la salida de Knorr del mercado argentino ni afecta la continuidad de sus restantes negocios en el país.

Pero para Mendoza el impacto es concreto: 60 trabajadores pierden sus empleos, decenas de agricultores pierden a su principal cliente y una planta con más de 60 años de historia deja de producir.

El caso Knorr se convierte así en otra muestra del deterioro del entramado productivo nacional. La combinación de menor consumo, caída de ventas, reducción de la actividad industrial, tercerización e importaciones amenaza con profundizar el proceso de desindustrialización y extender sus consecuencias mucho más allá de las fábricas.

El cierre de Rodeo de la Cruz no es solamente la desaparición de una planta: es la ruptura de una cadena productiva que durante décadas sostuvo empleos, inversiones y producción agrícola en la región.

Tras conquistar el Mundial de hockey y conseguir la tercera Copa del Mundo para la Selección, Majo Granatto cuestionó la falta de inversión del Gobierno de Javier Milei y reclamó mayor respaldo para los deportistas argentinos. “El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad”, afirmó.

Las Leonas volvieron a poner a la Argentina en lo más alto del hockey mundial. El seleccionado femenino se consagró campeón tras derrotar a Países Bajos en la final por penales y consiguió así su tercer título mundial. Sin embargo, detrás de la celebración apareció un fuerte reclamo contra las políticas de ajuste que atraviesa el deporte nacional.

Al llegar al país, en el aeropuerto de Ezeiza, la capitana María José Granatto habló ante los medios y aprovechó la ocasión para cuestionar la falta de inversión y apoyo a los atletas argentinos durante el Gobierno de Javier Milei.

“Necesitamos mucho más inversión en el deporte. El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad”, afirmó Granatto. Y lanzó una frase que sintetizó el reclamo de las campeonas: “Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imagináte con más apoyo”.

La capitana también destacó el enorme sacrificio detrás de la conquista y recordó los años de trabajo, esfuerzo y derrotas que atravesó el equipo antes de volver a levantar la Copa del Mundo. “Todos estos años de esfuerzo, años de soñarlo, muchas derrotas también. Muchas derrotas porque hubo que pasarlas para hoy poder levantarla”, señaló.

El mensaje de Granatto expuso así una realidad que atraviesa a buena parte del deporte argentino: los atletas continúan consiguiendo resultados internacionales pese a un escenario de menor financiamiento y dificultades crecientes para sostener sus entrenamientos y competencias.

“Necesitamos mucho más inversión en el deporte. El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad. Y creo que nosotras como equipo intentamos transmitir también esos valores. Si esto lo hicimos con lo que tenemos, imaginate con más apoyo”

✍🏻 Majo Granatto, capitana. pic.twitter.com/iR05ezfuUO

— Marian Herrera (@marianherrrera) August 31, 2026

El fuerte ajuste sobre el deporte

El reclamo de Las Leonas se produce en un contexto de fuertes recortes presupuestarios en el área deportiva. El Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno de Javier Milei implicó una reducción significativa de los recursos destinados a distintas áreas vinculadas con el deporte nacional.

Según un informe de la consultora Táctica, laboratorio del deporte argentino, el presupuesto destinado a la actividad deportiva registró una caída del 56% en términos reales respecto de 2023, último presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación.

El ajuste impacta directamente sobre las condiciones de preparación de los deportistas y amenaza con profundizar la distancia respecto de las grandes potencias deportivas, que cuentan con mayores recursos, infraestructura y programas de apoyo al alto rendimiento.

La advertencia es clara: los triunfos de Las Leonas no pueden ocultar las dificultades que enfrentan los atletas para representar al país. Mientras las jugadoras celebran un nuevo título mundial, sus palabras funcionan como un reclamo directo al Gobierno: si con recursos limitados Argentina sigue alcanzando la cima, una mayor inversión podría permitir sostener y multiplicar esos éxitos.

“El deporte es inclusión, es derecho, es igualdad”, remarcó Granatto. Un mensaje que, desde la celebración de un campeonato mundial, volvió a poner en el centro de la escena el impacto del ajuste sobre el deporte argentino.

El mensaje dominical de Trump expuso sin rodeos el alcance del polémico acuerdo petrolero con Venezuela. Mientras Delcy Rodríguez asegura que Caracas mantiene la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, el presidente estadounidense habló de un “regalo” al pueblo norteamericano y confirmó que utilizará el crudo venezolano para abastecer las reservas estratégicas de EE.UU.

La contradicción difícilmente podría ser más evidente. Mientras el gobierno venezolano insiste en que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre su petróleo, Donald Trump apareció para agradecer públicamente lo que describió como un verdadero obsequio para Estados Unidos.

“Una de las cosas que voy a hacer con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales”, escribió Trump en su red Truth Social. Y remató: “es un regalo de Venezuela al pueblo de los Estados Unidos. ¡Gracias!”

La frase encendió las alarmas y reforzó las sospechas de quienes consideran que el acuerdo representa, en los hechos, una cesión extraordinariamente ventajosa de los recursos petroleros venezolanos a los intereses estadounidenses.

El contraste entre ambos discursos resulta particularmente significativo. El sábado, Delcy Rodríguez había defendido el acuerdo y asegurado que Venezuela mantendrá “la propiedad y la soberanía” de su petróleo. Sin embargo, el anuncio realizado desde Washington plantea un escenario en el que empresas estadounidenses obtendrían una posición dominante sobre la explotación y comercialización de una parte estratégica de las reservas venezolanas.

Según informó la Casa Blanca, Estados Unidos tendrá control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de reservas petroleras venezolanas, en lo que la propia administración Trump presentó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia”.

El pacto establece además que Estados Unidos tendrá el 55% de la producción efectiva de la nueva empresa privada, junto con participación accionarial y el derecho a comprar petróleo al costo. De acuerdo con un funcionario estadounidense citado bajo condición de anonimato, parte de esas compras serán destinadas a las Reservas Estratégicas de Petróleo de Estados Unidos y a las Fuerzas Armadas.

Trump también afirmó que la negociación fue impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y Delcy Rodríguez.

Así, mientras Caracas intenta presentar el entendimiento como una operación que preserva la soberanía nacional, Washington no parece tener reparos en exhibir los beneficios estratégicos que espera obtener. El propio Trump habló de llenar las reservas estadounidenses con petróleo venezolano y calificó el resultado como un “regalo”.

La escena deja una pregunta inevitable: ¿puede hablarse de soberanía petrolera cuando la principal potencia mundial obtiene una posición mayoritaria sobre la producción y acceso privilegiado al crudo?

Para sus críticos, el acuerdo representa mucho más que una operación comercial. Es una peligrosa señal del peso que Estados Unidos vuelve a ejercer sobre los recursos estratégicos de América Latina, con el petróleo venezolano convertido en el centro de una negociación cuyos beneficios para Washington Trump ya se encargó de celebrar públicamente.

El Presidente declaró bienes por $295 millones al cierre de 2025, frente a los $206 millones del año anterior. Su hermana Karina Milei tuvo un incremento patrimonial todavía mayor, del 221%. Los fuertes aumentos se producen mientras el Gobierno profundiza el ajuste y millones de hogares enfrentan pérdida de poder adquisitivo y mayor endeudamiento.

El patrimonio de Javier Milei aumentó un 43,3% durante su segundo año de gestión, de acuerdo con la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. El Presidente pasó de declarar bienes por $206 millones a $295 millones, en un contexto marcado por el ajuste económico, el recorte del gasto y las crecientes dificultades de las familias para llegar a fin de mes.

El dato adquiere particular relevancia por el contraste con la situación de buena parte de la sociedad. Mientras el Gobierno sostiene que el esfuerzo y el ajuste son necesarios para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas, los hogares enfrentan aumentos de servicios, pérdida de capacidad de consumo y un creciente recurso al crédito para afrontar gastos cotidianos.

La evolución patrimonial no fue exclusiva del jefe de Estado. Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, declaró un incremento de su patrimonio del 221% durante 2025, muy por encima del registrado por su hermano. Su patrimonio alcanzó los $35,3 millones, unos $23,9 millones más que a comienzos del año.

El patrimonio de Javier Milei

Según la declaración presentada por el Presidente, Milei mantiene los mismos bienes que cuando asumió la Presidencia en diciembre de 2023 y el fuerte crecimiento de su patrimonio responde principalmente a la revaluación de algunos de sus activos.

La principal modificación aparece en su vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. El inmueble pasó de estar valuado en $38,4 millones a $73,6 millones, un incremento del 91,5% en apenas un año.

También aumentaron significativamente sus fondos en moneda nacional. Entre efectivo y cajas de ahorro, Milei pasó de declarar $20,9 millones a $39,4 millones.

En dólares, en cambio, la variación fue mínima. El mandatario declaró una caja de ahorro con US$65.542 en 2024, que pasó a US$65.562 un año después: apenas US$20 más. Además, informó otros US$20.000 en efectivo.

Durante 2025, Milei declaró ingresos por $81,8 millones y gastos por $66,3 millones. También informó una deuda de $586.357 con el Banco Supervielle.

A esto se suman $16,9 millones en créditos fiscales correspondientes a retenciones del Impuesto a las Ganancias y otros $5,2 millones en bienes del hogar.

Karina Milei, con un salto patrimonial mucho mayor

La evolución de la declaración jurada de Karina Milei resulta todavía más llamativa. Su patrimonio creció 221% durante 2025, impulsado fundamentalmente por la fuerte revaluación de sus bienes.

Entre ellos se encuentra un departamento de 150 metros cuadrados con cochera en Vicente López, que posee desde 2011. El inmueble, que originalmente había sido declarado por $3,99 millones, pasó a estar valuado en $28,16 millones.

Al cierre de 2025, la secretaria General de la Presidencia declaró un patrimonio total de $35,31 millones, mantuvo seis cajas de ahorro activas y sumó una cuenta de pago en una billetera virtual con $3,85 millones.

El contraste con el ajuste sobre los hogares

Los números de las declaraciones juradas aparecen en un escenario económico particularmente sensible. Mientras el Gobierno exige a la sociedad atravesar un fuerte ajuste para sostener el equilibrio fiscal, los patrimonios declarados por el Presidente y su hermana registraron importantes incrementos.

El contraste se vuelve todavía más fuerte frente a un fenómeno que atraviesa a millones de familias: la necesidad de recurrir a tarjetas de crédito, préstamos y otras formas de financiamiento para cubrir gastos corrientes.

Así, en el segundo año de la gestión libertaria, las declaraciones patrimoniales de Javier y Karina Milei muestran aumentos significativos, al mismo tiempo que el costo del ajuste continúa recayendo sobre los hogares. La brecha entre quienes pueden preservar o incrementar su patrimonio y quienes deben endeudarse para sostener su consumo vuelve a quedar expuesta.

La senadora volvió a marcar diferencias con el Gobierno y cuestionó el costo de los créditos. Reclamó que bancos y fintech informen de manera clara cuánto terminará pagando cada persona y exigió que las entidades se hagan cargo de refinanciar las deudas.

Patricia Bullrich volvió a marcar distancia con el Gobierno de Javier Milei y lanzó un nuevo cuestionamiento sobre el rumbo de la economía. Después de reclamar públicamente “más velocidad en los resultados” del programa oficial, la senadora puso ahora el foco en uno de los problemas que golpean cada vez con mayor fuerza a los hogares: el endeudamiento y el aumento de la morosidad.

Durante una sesión en el Senado, Bullrich cuestionó el elevado costo financiero de los préstamos y apuntó directamente contra bancos y fintech. La dirigente reclamó que las entidades informen de manera visible y sencilla cuánto terminará pagando una persona antes de aceptar un crédito.

“Cuando uno mira la letra chica, se da cuenta del robo que se está haciendo. Ese robo no se puede permitir”, sostuvo al referirse al Costo Financiero Total (CFT) de los préstamos.

La senadora propuso aplicar al sistema financiero una lógica similar a la del etiquetado frontal de los alimentos. Su idea es que quien solicite un crédito pueda conocer, antes de contratarlo, el monto final que deberá devolver.

“Tiene que aparecer un cartel gigante, un etiquetado frontal que diga: ‘Si usted se endeuda por $100.000, va a terminar pagando $250.000’”, ejemplificó.

Para Bullrich, una información de ese tipo permitiría a los consumidores dimensionar el verdadero costo del financiamiento y pensar dos veces antes de asumir una nueva deuda.

Bullrich exigió que bancos y fintech “se hagan cargo”

El planteo de la senadora se produjo en un contexto de creciente preocupación por el nivel de endeudamiento de las familias. Durante su intervención, Bullrich mencionó una tasa de morosidad del 12,8% y sostuvo que el oficialismo sigue de cerca la evolución de la situación.

Sin embargo, rechazó que el Estado deba utilizar recursos públicos para cubrir las deudas de quienes no pudieron afrontar sus compromisos.

En cambio, reclamó que la responsabilidad recaiga principalmente sobre las entidades que otorgaron los créditos. En ese sentido, exigió que bancos y fintech presenten planes de refinanciación, extiendan plazos y ofrezcan alternativas para que los deudores puedan regularizar su situación.

“Los bancos y las fintech tienen que presentar un plan de refinanciación y hacerse cargo”, afirmó.

El planteo constituye un nuevo gesto de diferenciación de Bullrich respecto del discurso económico del Gobierno. Mientras desde el oficialismo se suele remarcar que las deudas surgen de acuerdos entre privados, la senadora puso el foco en las condiciones en las que las entidades ofrecen los préstamos y en el costo final que enfrentan los consumidores.

El Costo Financiero Total, bajo la lupa

El CFT reúne los diferentes costos asociados a un crédito y permite determinar cuánto deberá devolver efectivamente quien toma el préstamo. Bullrich cuestionó que esa información no siempre resulte suficientemente visible para los consumidores y reclamó que el dato aparezca de manera directa antes de aceptar una operación.

Incluso propuso incorporar un aviso o “pop” que muestre de forma inmediata cuánto terminará pagando el usuario. A su entender, conocer el costo real del crédito podría llevar a muchas personas a evaluar con mayor cuidado si están en condiciones de asumir una nueva obligación.

El reclamo adquiere relevancia en medio del debate sobre cómo enfrentar el crecimiento de la morosidad sin que el costo termine trasladándose al conjunto de los contribuyentes.

La oposición prepara una nueva ofensiva

El problema del endeudamiento familiar también comenzó a ganar espacio en la Cámara de Diputados. Los bloques opositores intentaron incorporar proyectos vinculados con la problemática durante la última sesión, aunque no consiguieron reunir la mayoría necesaria. La votación terminó con 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones.

La oposición anunció además una sesión especial para el 9 de septiembre, en la que buscará avanzar con iniciativas vinculadas al endeudamiento y la morosidad. Entre ellas se encuentran modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito y la creación de un programa de alivio financiero y desendeudamiento familiar.

En ese escenario, Bullrich intenta fijar una posición propia: rechaza que el Estado rescate a los deudores, pero exige que las entidades financieras asuman responsabilidades y faciliten mecanismos para refinanciar las obligaciones.

La nueva advertencia se suma a sus recientes cuestionamientos al desempeño económico del Gobierno. Primero reclamó “más velocidad en los resultados” para que las mejoras lleguen a la vida cotidiana. Luego puso el foco en el impacto del endeudamiento sobre el consumo.

Ahora, Bullrich vuelve a incomodar al Gobierno de Milei al apuntar contra las condiciones del sistema financiero y exigir que bancos y fintech se hagan cargo de una parte del problema.

El mensaje es claro: antes de seguir endeudando a las familias, la senadora reclama que los consumidores sepan exactamente cuánto deberán pagar y que las entidades financieras asuman un papel activo frente a una morosidad que ya encendió las alarmas.