El director del organismo Nicolás Bronzovich también confirmó que el Gobierno continuará con el desprendimiento de tierras del organismo bajo el argumento de que solo la mitad tiene uso científico, una afirmación cuestionada por especialistas y entidades del sector.

Mientras el Gobierno avanza con el ajuste y el desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, sorprendió con una insólita defensa de los despidos masivos de personal técnico y científico al afirmar que representan “una oportunidad para redoblar esfuerzos”.

Lejos de manifestar preocupación por la pérdida de casi 900 trabajadores altamente capacitados, Bronzovich sostuvo que la reducción de personal permitirá convertir al INTA en “la plataforma de innovación de la Argentina”, pese a que la salida de investigadores, extensionistas y técnicos implica una fuerte pérdida de capacidades para uno de los principales organismos de ciencia y tecnología del país.

En declaraciones a Clarín Rural, el funcionario confirmó además que el Gobierno continuará avanzando con el plan para desprenderse de tierras del instituto. Según explicó, ya fueron desafectadas unas 15.000 hectáreas, equivalentes al 10% del patrimonio territorial del organismo, y anticipó que podrían venderse muchas más.

La justificación oficial resulta tan polémica como llamativa: Bronzovich aseguró que, de las más de 100.000 hectáreas que posee el INTA, apenas unas 50.000 están destinadas a actividades científicas o tecnológicas y que el resto podría dejar de pertenecer al organismo porque, según su criterio, “los productores producen y los investigadores investigan”.

Con ese argumento, adelantó que continuarán revisando cada campo y que toda superficie que el Gobierno considere innecesaria para la investigación será desafectada para otros destinos.

Sin embargo, esa explicación ya fue cuestionada por especialistas y por la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), que rechazó la idea de que gran parte de esas tierras carezcan de utilidad. Diversos sectores advierten que numerosos campos cumplen funciones estratégicas para experimentación, conservación, producción de semillas, extensión rural y desarrollo tecnológico.

Las sospechas apuntan además a que detrás del plan de venta de tierras podría existir un importante negocio inmobiliario. Las miradas se concentran sobre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), encargada de administrar esos inmuebles y presidida por Nicolás Pakgojz, un dirigente identificado como hombre de confianza del empresario inmobiliario Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más cercanos al presidente Javier Milei.

En paralelo, Bronzovich confirmó que 887 trabajadores aceptaron el programa de retiros voluntarios, reduciendo la planta del INTA a alrededor de 5.000 empleados. Lejos de considerar esa pérdida de recursos humanos como un problema para la investigación pública, insistió en que “lo vemos como una oportunidad para que el INTA redoble sus esfuerzos”, una definición que generó fuertes críticas por naturalizar el vaciamiento de un organismo clave para el desarrollo científico, tecnológico y productivo de la Argentina.

El juez Alejo Ramos Padilla anuló la resolución del Ministerio de Economía que eliminó el sistema oficial de información sobre los precios de los combustibles. Advirtió que el Gobierno vulneró el derecho de los consumidores al reemplazar un mecanismo público por datos dispersos en aplicaciones privadas y cuestionó la falta de transparencia de una herramienta clave para seguir la evolución de los precios.

Luis “Toto” Caputo sufrió un nuevo revés judicial. El juez federal Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad de la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, que había eliminado la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles, una decisión que redujo el acceso de la ciudadanía a información pública y verificable sobre un insumo central de la economía.

La medida dejada sin efecto derogaba el sistema creado en 2016, que obligaba a las estaciones de servicio a reportar cada modificación de precios dentro de las ocho horas. Esa información alimentaba una base de datos pública que permitía comparar valores entre expendedoras y denunciar irregularidades cuando el precio cobrado no coincidía con el informado.

En su fallo, Ramos Padilla sostuvo que la decisión del Gobierno implicó un retroceso en el derecho de los consumidores a recibir información adecuada, veraz y fácilmente accesible. También rechazó el argumento oficial de que los datos podían consultarse en los surtidores o en las aplicaciones de las petroleras, al considerar que esa información se encuentra fragmentada, depende de empresas privadas y no garantiza una comparación uniforme entre todas las estaciones del país.

El magistrado fue más allá y cuestionó que, en un contexto donde las empresas aplican sistemas de “micropricing” con cambios frecuentes en los valores, el Estado decidiera desmantelar justamente la herramienta que permitía monitorear esas variaciones. Según remarcó, cuanto más dinámico es el mercado, mayor es la necesidad de contar con un sistema oficial, centralizado y actualizado.

La decisión judicial golpea una de las herramientas utilizadas por Caputo para maquillar la inflación. Durante buena parte de 2025, el Ministerio de Economía demoró o aplicó parcialmente las actualizaciones del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del impuesto al dióxido de carbono para evitar que esos aumentos impactaran de lleno en el surtidor y, por esa vía, en el índice de precios.

A esa estrategia se sumó el rol de YPF, que absorbió parte del aumento internacional del petróleo durante la escalada del conflicto en Medio Oriente para amortiguar el traslado a los consumidores. Sin embargo, cuando el precio del Brent comenzó a descender, las rebajas no llegaron con la misma rapidez a los surtidores. En ese escenario, la eliminación del sistema oficial de información dejó el seguimiento de las variaciones exclusivamente en manos de las empresas.

La demanda había sido impulsada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que denunció que la resolución debilitaba los controles públicos y reducía la transparencia del mercado de combustibles.

Ramos Padilla también rechazó la defensa del Gobierno, que justificó la medida en la política de desregulación de la administración de Javier Milei. El juez recordó que la propia normativa de 2016 había considerado insuficiente el viejo esquema de información mensual y señaló que el Estado nunca explicó por qué un sistema que antes calificaba como inadecuado ahora sería suficiente para garantizar el derecho de acceso a la información.

Con este fallo, la Justicia dejó en claro que el Estado no puede sustituir un sistema oficial de información pública por datos dispersos administrados por empresas privadas y reafirmó que la transparencia y el acceso a información confiable constituyen obligaciones constitucionales, especialmente cuando se trata de precios que impactan de manera directa en el costo de vida de millones de argentinos.

Mientras el ajuste recorta derechos y servicios esenciales, Milei vuelve a aumentar el presupuesto de la SIDE y le asigna $7.500 millones en gastos reservados.

El Gobierno de Javier Milei volvió a mostrar que la austeridad y el ajuste no alcanza a todos por igual. Mientras el discurso oficial insiste en que “no hay plata” para jubilaciones, universidades, salud, ciencia o políticas sociales, el Ejecutivo decidió reforzar nuevamente el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), incluso con miles de millones de pesos en fondos reservados que no deben rendir cuentas.

La medida quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/26, que introduce una serie de modificaciones presupuestarias bajo el argumento de que, de no realizarse de manera inmediata, “peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales”. Entre esas prioridades, el Gobierno volvió a incluir al aparato de inteligencia.

El decreto incrementa en $49.261.489.000 el presupuesto anual de la SIDE. De ese monto, casi $7.500 millones corresponden a la partida de Gastos Reservados, recursos cuyo destino permanece fuera del control y del escrutinio público. Además, el organismo recibió otros más de $9.400 millones para la compra de equipamiento informático.

La decisión reafirma un patrón que se repite desde el comienzo de la gestión libertaria. En medio del fuerte ajuste sobre distintas áreas del Estado, la SIDE ha sido una de las grandes beneficiadas por las ampliaciones presupuestarias. En julio de 2024, el Gobierno ya había intentado otorgarle $100.000 millones mediante un decreto con partidas de carácter reservado. Un año después, otro DNU le sumó $1.625 millones adicionales. Ahora, vuelve a ampliar sus recursos con otra inyección de fondos.

El gesto, que fue celebrado por millones de argentinos, despertó el rechazo del expresidente Mauricio Macri, quien volvió a exhibir una postura distante del reclamo de soberanía al sostener que “no era el momento” y que “no hay que mezclar política con fútbol”.

Las declaraciones de Macri reavivaron las críticas por su histórico posicionamiento sobre la cuestión Malvinas. Durante su presidencia llegó a calificar el reclamo como “un déficit adicional” para la Argentina y reconoció públicamente que no entendía “los temas de soberanía”, además de impulsar una vergonzosa política de acercamiento con el Reino Unido materializada en el escandaloso acuerdo Foradori-Duncan que fue cuestionada por excombatientes y especialistas en Política Exterior.

Según publicó La Nación, el exmandatario sostuvo que “con lo de Malvinas hicieron una de más”, en referencia a la bandera que fue sostenida por Giovani Lo Celso y luego acompañada por Lisandro Martínez y Cristian Romero. Sus dichos contrastaron con el sentir expresado por los propios futbolistas, quienes reivindicaron el homenaje.

Leandro Paredes fue contundente: “Y serán siempre argentinas”, mientras que Lautaro Martínez aseguró que “no era un partido más” y que la carga simbólica del encuentro frente a Inglaterra hacía imposible desligarlo de la causa Malvinas.

El Reino Unido pidió una investigación a la FIFA

En paralelo, el Reino Unido solicitó a la FIFA que investigue el episodio al considerar que la exhibición de la bandera constituyó una manifestación política prohibida por el reglamento del organismo aunque al mismo tiempo el Reino Unido busca censurar la participación de países como Rusia en los Juegos Olímpicos poniendo en evidencia una doble vara.

La polémica también dejó al descubierto diferencias dentro del gobierno de Javier Milei. Mientras Macri cuestionaba el gesto de los jugadores, la vicepresidenta Victoria Villarruel salió a respaldarlos con un mensaje en redes sociales: “¡Las Malvinas son argentinas! Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón”.

El episodio volvió a poner en evidencia dos miradas contrapuestas sobre la causa Malvinas. Por un lado, la de Macri, que insistió en separar el reclamo de soberanía del ámbito deportivo, en línea con una postura que ha sostenido durante años. Por el otro, la de quienes consideran que la reivindicación de las islas forma parte de la identidad nacional y trasciende cualquier escenario, incluso una cancha de fútbol. Ahora será la FIFA la que deba resolver si adopta alguna medida contra los jugadores o la AFA.

El organismo advirtió graves deficiencias en la administración de un préstamo internacional de u$s 500 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y reclamó explicaciones al Ministerio de Economía por el destino de u$s 200 millones ya desembolsados para financiar subsidios energéticos.

La auditoría, aprobada recientemente por el pleno de la Auditoria General de la Nación (AGN), detectó que la cartera encabezada por Luis Caputo no presentó documentación clave para acreditar cómo se utilizaron esos fondos ni qué controles se implementaron para garantizar que el dinero llegara efectivamente a los usuarios beneficiarios.

El crédito, ejecutado por la Secretaría de Energía, tiene como objetivo mejorar el sistema de subsidios eléctricos y focalizar la asistencia en los hogares más vulnerables. Sin embargo, la AGN concluyó que la ejecución del programa presenta importantes falencias administrativas y contables que impiden verificar el uso de los recursos públicos.

Falta de documentación y controles

Uno de los principales cuestionamientos del organismo es que, al cierre del período auditado, ni siquiera estaba aprobado el Manual Operativo del Programa, un requisito previsto en el propio contrato de préstamo con el Banco Mundial.

Además, la AGN advirtió que no se encontraba disponible documentación fundamental para respaldar el desembolso de los u$s 200 millones ingresados a la Tesorería General de la Nación en diciembre de 2024. Entre los faltantes mencionó el Manual Operativo con la conformidad del BIRF, el Plan Operativo Anual, el Plan de Adquisiciones y la documentación vinculada a las cuentas bancarias habilitadas para administrar los recursos.

Pero las observaciones fueron aún más profundas. El informe señala la “falta de documentación donde consten los criterios usados para justificar el desembolso de USD 200 millones”, así como la ausencia de respaldos que acrediten el procesamiento de la información utilizada para determinar los subsidios otorgados a usuarios de EDENOR y EDESUR.

Ante estos cuestionamientos, el Ministerio de Economía buscó desligar responsabilidades y sostuvo que la información estaba en poder de las empresas distribuidoras. La explicación no convenció a la AGN, que insistió en que toda solicitud de desembolso debe estar acompañada por la documentación completa que permita verificar el destino de los fondos.

Dificultades para verificar los subsidios

Otro de los puntos más delicados del informe apunta directamente a la falta de mecanismos de control sobre la aplicación de los subsidios.

La AGN advirtió que la Secretaría de Energía carece de un procedimiento que permita comprobar si los subsidios financiados con el préstamo efectivamente se reflejan en las facturas que reciben los usuarios. Es decir, el organismo concluyó que el Estado no cuenta con herramientas suficientes para verificar que los recursos públicos cumplan el objetivo para el que fueron asignados.

A esto se suma la detección de problemas en la administración del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), donde se constató una deficiente coordinación entre las áreas responsables y la inexistencia de un entorno adecuado para el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos vinculados al registro.

Observaciones que ponen en duda la transparencia

La auditoría también señaló que no pudo verificar la existencia de normas, procedimientos ni circuitos administrativos claros para las adquisiciones, contrataciones, pagos y registros contables vinculados al programa. Frente a esa observación, Economía respondió que dichos mecanismos se encontraban “en proceso de ajuste”.

Aunque la AGN aclaró que su trabajo no tuvo como objetivo realizar una auditoría integral sobre todos los controles administrativos, remarcó que las irregularidades detectadas deben ser corregidas para garantizar una administración transparente de un crédito internacional que, además, incrementa el endeudamiento del país.

Con apenas el 41% del préstamo ejecutado, el informe deja abiertas múltiples dudas sobre el manejo de los recursos y vuelve a poner bajo cuestionamiento la capacidad del Gobierno para rendir cuentas sobre fondos públicos destinados a una política tan sensible como los subsidios energéticos.

Un informe técnico incorporado a la causa que investiga al ex jefe de Gabinete y ex vocero presidencial, Manuel Adorni, detectó inconsistencias entre los ingresos declarados, los gastos realizados y la evolución de su patrimonio, un hallazgo que podría marcar un punto de inflexión en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita.

El peritaje fue elaborado por especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo del Ministerio Público Fiscal encargado de realizar análisis patrimoniales complejos. El estudio reconstruyó año por año la evolución patrimonial de Adorni y contrastó sus declaraciones juradas con información bancaria, registral, tributaria y financiera.

Según fuentes vinculadas a la investigación, los peritos detectaron diferencias que deberán ser justificadas antes de que la fiscalía defina nuevas medidas procesales, entre ellas una posible imputación formal. El informe, considerado una pieza clave del expediente, fue confeccionado siguiendo los lineamientos solicitados por Pollicita.

La causa se originó a partir de investigaciones periodísticas que pusieron bajo la lupa operaciones inmobiliarias, viajes y gastos que no parecían guardar relación con los ingresos declarados por el entonces funcionario. Además de Adorni, la pesquisa también alcanza a su esposa, Betina Angeletti, quien figura como responsable de parte de los gastos familiares analizados por los investigadores.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, declaraciones de testigos, registros de operaciones inmobiliarias, facturas y datos aportados por agencias de viajes revelan erogaciones que, a criterio de los investigadores, no se condicen con los ingresos conocidos del exfuncionario.

Siempre según la investigación, desde su ingreso a la función pública Adorni habría registrado movimientos patrimoniales equivalentes a unos 743.000 dólares, de los cuales alrededor de 408.000 dólares corresponderían a gastos y 335.000 dólares a presuntas deudas contraídas con cinco personas distintas. Esos números son uno de los principales focos del análisis realizado por la DAFI.

La investigación también tomó impulso luego de que el propio Adorni admitiera haber omitido declarar parte de sus ahorros ante la Oficina Anticorrupción. El exfuncionario sostuvo que esos fondos provenían de inversiones realizadas antes de asumir un cargo público y aseguró haber regularizado la situación mediante declaraciones rectificativas y presentaciones impositivas.

Con el informe técnico ya incorporado al expediente, en Comodoro Py consideran que la causa ingresó en una etapa decisiva. El próximo paso sería citar a Adorni para que explique las inconsistencias detectadas y aporte documentación que permita justificar el origen de los fondos y la evolución de su patrimonio.

En paralelo, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, reclamó públicamente que el exjefe de Gabinete presente su declaración jurada. “La tiene que presentar”, sostuvo, al recordar que el propio presidente Javier Milei había anunciado esa medida. Aunque el plazo legal vence el 31 de julio, Ritondo consideró que “cuanto antes la presente, mejor”, en medio del creciente avance de la investigación judicial.

Javier Milei quedó envuelto en un nuevo escándalo ético luego de que un profesor de la Universidad de Pensilvania denunciara que un artículo académico firmado junto a su exasesor en temas nucleares, Demián Reidel, habría sido elaborado con inteligencia artificial y presentado como una producción original.

El trabajo, titulado “Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns” (“Escala Mínima Viable: Extinción y Escape bajo Rendimientos Crecientes”), fue cuestionado por el economista Jesús Fernández Villaverde, quien relató que encontró el texto en redes sociales y, al leerlo, tuvo “la clara sensación” de que había sido escrito por un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial (LLM).

Según explicó el académico, el formato, el estilo de redacción, las derivaciones matemáticas y hasta la bibliografía citada le resultaron característicos de un texto generado por IA. Para comprobar su sospecha, sometió el documento a Pangram, una herramienta de detección de contenido generado artificialmente.

“En los cinco casos devolvió una probabilidad del 100% de generación por IA”, aseguró Fernández Villaverde, quien aclaró que no cuestiona el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo, pero sí consideró inadmisible presentar como propio un trabajo elaborado por un modelo automatizado. “Hay una diferencia entre usar IA para ayudar a investigar y pedirle a un LLM que escriba un artículo y luego poner mi nombre en él”, sostuvo.

La denuncia fue amplificada por el periodista Sebastián Lacunza, quien directamente acusó a Milei y Reidel de plagio, alimentando una nueva polémica sobre la integridad académica del Presidente.

Yesterday I came across a paper, “Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns,” by Javier Milei (@JMilei) and Demian Reidel (@dreidel1):https://t.co/rJ5TuGcah7

I downloaded it because it sits close to something I am working on (and I am actually… pic.twitter.com/UlCgZWE63J

— Jesús Fernández-Villaverde (@JesusFerna7026) July 9, 2026

La defensa de Reidel

Ante las acusaciones, Demián Reidel salió a responder con un extenso descargo. Negó cualquier plagio y sostuvo que el trabajo contiene “resultados novedosos” sobre un problema complejo de economía, desarrollados mediante herramientas matemáticas poco habituales en esa disciplina.

Además, afirmó que Pangram “no detecta plagio sino estilo de escritura” y reconoció únicamente que, una vez terminado el manuscrito, utilizó inteligencia artificial para “corregir la redacción y mejorar la calidad del texto”.

Reidel también aclaró que el documento aún es un working paper, es decir, un borrador de investigación que todavía no fue publicado en una revista científica, y aseguró que el objetivo es enviarlo próximamente para su evaluación académica.

El episodio vuelve a colocar a Milei en el centro de una controversia por cuestiones éticas, esta vez vinculada con la autoría y la transparencia en un trabajo académico firmado junto a quien fue uno de sus principales asesores en materia nuclear.

Tras varios días de silencio y en medio de fuertes cuestionamientos de la oposición, el Gobierno Nacional finalmente presentó una protesta diplomática por la incursión del buque militar británico HMS Medway en aguas bajo jurisdicción argentina.

Sin embargo, la Cancillería decidió hacer pública esa gestión recién después del triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra y del contundente mensaje de los jugadores en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Luego de la clasificación a la final del Mundial, el plantel argentino desplegó una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, un gesto que fue celebrado por millones de argentinos y que volvió a colocar el reclamo de soberanía en el centro de la escena. Apenas finalizado el encuentro, la Cancillería difundió un comunicado informando que el canciller Pablo Quirno había presentado una protesta formal ante la Embajada del Reino Unido por la presencia del HMS Medway. “En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles”, escribió el funcionario en sus redes sociales.

No obstante, el propio comunicado reveló que la protesta había sido presentada días antes, cuando el episodio ya era conocido públicamente. La incursión del buque había sido detectada por la Armada Argentina varios días antes y, hasta ese momento, la única reacción oficial había llegado desde el Gobierno de Tierra del Fuego.

En la diplomacia, el trabajo no se grita como en los goles, pero nos mueve la misma convicción: el orgullo de ser argentinos y la defensa permanente de nuestros intereses.

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— Pablo Quirno (@pabloquirno) July 15, 2026

“Es una nueva manifestación de la mala fe británica en el Atlántico Sur”, había denunciado entonces el secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary. Mientras tanto, la Cancillería mantenía silencio y, según trascendió, una de las principales preocupaciones del Gobierno era determinar cómo se había filtrado la información sobre la operación británica.

En el comunicado difundido tras el partido, la Cancillería sostuvo que “el Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, que se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución”.

La Cancillería sacó el comunicado de protesta al Reino Unido por el buque inglés 2 horas después que terminara el partido.

No se animaron antes. Más arrastrados no se consigue.

Bien por los diputados de nuestro bloque que hace días exigen las explicaciones pertinentes. pic.twitter.com/vMEZxhE0PX

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) July 16, 2026

La demora en hacer público el reclamo generó fuertes críticas de la oposición. Diputados de Unión por la Patria anticiparon que citarán al canciller Pablo Quirno al Congreso para que explique por qué el Gobierno esperó varios días para reaccionar y decidió difundir la protesta recién una vez terminado el partido frente a Inglaterra.

“La Cancillería sacó el comunicado de protesta al Reino Unido por el buque inglés dos horas después de que terminara el partido. No se animaron antes. Más arrastrados no se consigue”, cuestionó el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

En la misma línea, el exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona sostuvo que el Gobierno eligió deliberadamente el momento de menor impacto mediático para difundir el reclamo. “Esperaron el resultado del partido, cuando toda la atención estaba puesta en otra cosa, para expresar el repudio a un hecho que exigía una respuesta pública inmediata y categórica frente a una acción ilegal y una provocación inaceptable para nuestro país”, afirmó.

Para referentes de la oposición especializados en política exterior, el episodio reforzó las dudas sobre la estrategia internacional de la administración de Javier Milei. Desde hace tiempo cuestionan que el Ejecutivo evita confrontar públicamente con el Reino Unido por las reiteradas incursiones militares en el Atlántico Sur para no afectar el vínculo bilateral, en momentos en que el Presidente prepara una visita oficial a Londres para participar de la denominada “Argentina Week in London”, prevista para fines de octubre.

La polémica también coincidió con la decisión del Gobierno de impedir el ingreso a las tribunas de banderas con el mapa de las Islas Malvinas por considerarlas contenido político, una medida que contrastó con el mensaje de la Selección, que volvió a reivindicar la soberanía argentina apenas consumada la victoria frente a Inglaterra.

Los campeones del mundo celebraron el triunfo frente a Inglaterra con una bandera que decía “Las Malvinas son Argentinas”. El gesto contrastó con la postura del Gobierno de Javier Milei, que volvió a descalificar las expresiones populares sobre la causa y priorizó evitar conflictos con la FIFA y el Reino Unido.

La clasificación de la Selección Argentina a una nueva final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más impactantes del torneo. Tras vencer a Inglaterra, los jugadores celebraron el histórico triunfo desplegando una bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”, un gesto que trascendió lo deportivo y volvió a poner en evidencia la distancia entre el gobierno de Javier Milei y uno de los consensos más profundos de la sociedad argentina.

La escena adquirió un fuerte contenido simbólico porque se produjo luego de la controversia generada por la decisión de impedir el ingreso de banderas y carteles vinculados al reclamo de soberanía durante el partido. Mientras el Gobierno buscó evitar cualquier roce con la FIFA y con Inglaterra, fueron los propios futbolistas quienes terminaron llevando el reclamo al centro de la escena, desbaratando cualquier intento de mantener la cuestión Malvinas fuera del campo de juego.

La imagen que incomodó profundamente a Londres recorrió el mundo y fue celebrada por miles de argentinos como una reafirmación de una causa que trasciende gobiernos, ideologías y generaciones. Para buena parte de la sociedad, la soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una política de Estado y un elemento central de la identidad nacional.

El contraste con la posición de Javier Milei fue inmediato. Desde que asumió la Presidencia, el mandatario modificó el tradicional posicionamiento argentino en materia de política exterior, profundizó el alineamiento con Estados Unidos y el Reino Unido y expresó en distintas oportunidades su admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la guerra de 1982 e incluso sugirió en un evidente guiño a Londres que los isleños sean una tercera parte en la disputa, quebrantando la estrategia diplomática argentina.

"Serán siempre argentinas"🗣️

🇦🇷Leandro Paredes habló sobre el trapo de las Islas Malvinas que desplegó la Selección Argentina tras el triunfo ante Inglaterra y fue contundentepic.twitter.com/i3qHHFLPkB

— El Destape (@eldestapeweb) July 15, 2026

Ese cambio de orientación también estuvo acompañado por decisiones económicas que, según sus críticos, implican una creciente cesión de soberanía en áreas estratégicas. La apertura económica, el impulso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las privatizaciones y la desregulación de sectores clave alimentaron cuestionamientos sobre el papel del Estado en la defensa de los intereses nacionales.

En ese contexto, la bandera levantada por los campeones del mundo adquirió un significado que fue mucho más allá del resultado deportivo. La Selección volvió a expresar un sentimiento profundamente arraigado en la sociedad argentina y recordó que la causa Malvinas continúa siendo un símbolo de unidad nacional, aun cuando el Gobierno mantenga una posición diferente e incluso contraría al interés nacional.

Para Milei el reclamo es “patrioterismo barato”

Tras la clasificación a la final, Milei felicitó al seleccionado, pero volvió a cuestionar las manifestaciones populares vinculadas al reclamo de soberanía. El Presidente sostuvo que la recuperación de las Islas Malvinas debe alcanzarse mediante la diplomacia y no a través del “patrioterismo barato”, una definición que volvió a generar críticas por su distancia respecto del sentimiento que expresaron los propios futbolistas.

Mientras el mandatario relativizaba el valor de esas expresiones, el plantel encabezado por Lionel Messi celebró con una bandera que reivindicó de manera explícita la soberanía argentina sobre las islas. El contraste entre ambas imágenes terminó convirtiéndose en uno de los hechos políticos y simbólicos más comentados del Mundial.

El triunfo frente a Inglaterra fue, para millones de argentinos, mucho más que un resultado deportivo. La celebración de la Selección volvió a mostrar que existen causas capaces de unir al país por encima de las diferencias políticas y dejó expuesta la creciente desconexión entre el discurso del Gobierno y un sentimiento que sigue ocupando un lugar central en la memoria colectiva, memoria que el gobierno libertario busca borrar.

Una nueva encuesta revela que la mayoría de los argentinos sigue sintiendo el impacto del ajuste en el bolsillo: la mitad de la población ya se considera de clase baja, el 86% sostiene que los salarios continúan perdiendo frente a la inflación y seis de cada diez hogares no llegan a fin de mes.

Así lo muestra el último Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, que refleja un creciente malestar social producto de la pérdida del poder adquisitivo, la caída del consumo y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos.

Uno de los datos más preocupantes del relevamiento es que el 50,2% de los argentinos se autopercibe como parte de la clase baja, mientras que apenas el 10,5% considera pertenecer a la clase alta. La consultora señala que esta percepción no responde solo a una valoración subjetiva, sino que está respaldada por la realidad de los ingresos y la capacidad de consumo de los hogares.

El deterioro del salario aparece como uno de los principales factores detrás de esa sensación de empobrecimiento. El 86,1% de los encuestados asegura que sus ingresos no logran ganarle a la inflación, un porcentaje que prácticamente no varió en los últimos meses y que evidencia que la recuperación del poder de compra sigue sin llegar.

Incluso entre quienes respaldan al Gobierno, el 70,2% admite que el salario continúa perdiendo frente al aumento de los precios. Entre los votantes opositores, esa percepción asciende al 96,6%, lo que muestra que el impacto del deterioro económico atraviesa a prácticamente todo el espectro político.

Cada vez cuesta más llegar a fin de mes

La encuesta también pone números a una realidad que se repite en millones de hogares. El 61% de los consultados afirmó que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, mientras que solo un 13% aseguró llegar al final del mes con capacidad de ahorro.

Las diferencias entre sectores sociales son contundentes. Apenas el 11,8% de quienes se consideran de clase alta reconocen quedarse sin dinero antes del día 20. Ese porcentaje escala al 43% entre la clase media y llega al 86,1% entre quienes se identifican con la clase baja.

Para Zentrix, estos datos reflejan que la creciente identificación con los sectores de menores ingresos está directamente vinculada con el deterioro de las condiciones materiales de vida.

Creciente desconfianza en los datos oficiales

El relevamiento también muestra una fuerte brecha entre las estadísticas oficiales y la experiencia cotidiana de los consumidores. El 68,8% considera que el índice de inflación publicado por el INDEC no refleja los aumentos de precios que enfrenta en su vida diaria.

La desconfianza es todavía mayor entre los sectores más golpeados: cerca del 84% de quienes se consideran de clase baja descree de los datos oficiales.

Las expectativas hacia el futuro tampoco muestran señales de optimismo. El 55,1% cree que “lo peor todavía está por venir”, mientras que apenas el 24% considera que la etapa más difícil ya quedó atrás.

El malestar económico se convierte en cuestionamiento político

La encuesta también detecta un cambio en las principales preocupaciones de la población. Cuando la consulta es abierta, la corrupción aparece como el principal problema del país, seguida por “Milei” y luego por la economía. En la pregunta con opciones predeterminadas, la corrupción encabeza el ranking con el 51,3%, seguida por los ingresos y salarios (48,2%) y la incertidumbre económica (37,1%).

Para la consultora, el deterioro económico comienza a transformarse en un cuestionamiento más amplio al rumbo del país, donde las dificultades para sostener el nivel de vida ya no son percibidas únicamente como un problema económico, sino también como una consecuencia de las decisiones políticas adoptadas.

Si bien la desaprobación del Gobierno mostró una leve baja en junio —pasó del 61,2% al 56,6%, mientras que la aprobación subió del 32,2% al 33,2%—, Zentrix advierte que esto no implica una mejora en la percepción económica. Por el contrario, interpreta que parte de la sociedad comenzó a naturalizar el ajuste y el deterioro de su poder adquisitivo, estabilizando el nivel de malestar sin que ello suponga una recuperación de las condiciones de vida.