Las ventas registraron una caída de 4,7% respecto de marzo y de 3,8% en comparación con el mismo mes de 2025. De esta manera, el sector acumula una retracción de 3,3% en el primer cuatrimestre de 2026.

Los datos corresponden a un informe de la consultora Scentia, que releva la evolución de las ventas en supermercados, autoservicios independientes, mayoristas, kioscos, farmacias y comercio electrónico. El relevamiento reflejó que prácticamente todos los canales tradicionales continúan en retroceso, una señal clara de la persistente debilidad del consumo cotidiano.

Entre los rubros más golpeados aparecen los productos impulsivos, como golosinas, que se desplomaron 12% interanual. También se registraron fuertes caídas en alimentos perecederos, con una baja de 7,8%. El informe muestra que los consumidores siguen ajustando gastos y priorizando compras esenciales ante la pérdida de ingresos reales.

Supermercados y mayoristas, entre los sectores más afectados

Las ventas en supermercados volvieron a caer y siguen sin mostrar signos de recuperación. En abril registraron una baja interanual de 4,5%, mientras que las grandes cadenas acumulan una contracción de 5,2% en lo que va del año.

Dentro de ese canal, los productos impulsivos encabezaron las pérdidas con una caída de 14,1%, seguidos por alimentos perecederos (-10,5%) y bebidas sin alcohol (-6,4%). Incluso los artículos de higiene y cosmética mostraron retrocesos, con una merma de 1%.

La situación también afecta a los autoservicios independientes, donde el consumo cayó 2,2% respecto de marzo y acumula un retroceso de 4% en el primer cuatrimestre. En términos interanuales, las ventas bajaron 3%, reflejando el deterioro de uno de los canales más vinculados al consumo diario de los hogares.

El canal mayorista también sufrió una caída de 4,5%, mientras que los kioscos y comercios tradicionales registraron una baja aún más pronunciada, de 4,8%, confirmando el freno generalizado del mercado interno.

La inflación desacelera, pero el consumo no reacciona

Aunque los alimentos aumentaron 1,5% en abril, por debajo de la inflación general de 2,6% informada por el INDEC, la desaceleración de precios todavía no se traduce en una recuperación del consumo.

Entre los productos que más aumentaron se ubicaron la cebolla, la lechuga, la batata, la naranja y el queso cremoso, incrementos que siguen afectando el presupuesto cotidiano de las familias.

Ecommerce y farmacias, las únicas excepciones

En medio del escenario recesivo, el comercio electrónico volvió a destacarse con un crecimiento interanual de 40,4%, impulsado principalmente por el rubro alimentos, que concentra el 60,7% de las ventas online. Sin embargo, el avance del ecommerce todavía no alcanza para compensar la fuerte caída de los canales físicos tradicionales.

Las farmacias fueron el único otro segmento con resultado positivo en abril, con una suba marginal de 0,1%. Aun así, en la comparación acumulada del año, también muestran una caída de 1%, lo que evidencia que la retracción del consumo atraviesa a casi todos los sectores.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a marcarle la cancha al gobierno de Javier Milei y reclamó una reforma tributaria que implique más ajuste sobre trabajadores, monotributistas y pequeños contribuyentes.

Entre las principales exigencias del organismo aparecen ampliar la cantidad de asalariados alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y encarecer de manera significativa el régimen del Monotributo.

Las propuestas figuran en el informe “Argentina: temas seleccionados”, incorporado al último Staff Report del programa vigente con el país. Allí, el organismo sostiene que el sistema impositivo argentino es “complejo, altamente distorsivo e inestable” y reclama cambios orientados a aumentar la recaudación en torno a 3,3 puntos del PBI.

El concepto central que impulsa el FMI es reducir el llamado “gasto tributario”, es decir, eliminar exenciones, beneficios fiscales y regímenes especiales que permiten pagar menos impuestos. Bajo ese argumento, el organismo plantea avanzar sobre distintos sectores de la economía, pero especialmente sobre los ingresos laborales y los pequeños contribuyentes.

Más trabajadores pagando Ganancias

Uno de los puntos más sensibles del informe es la exigencia de ampliar la base del Impuesto a las Ganancias. El FMI cuestiona que, tras los cambios introducidos en 2023, apenas el 1% de los trabajadores quedó alcanzado por el tributo.

La propuesta del organismo es volver a niveles similares a los de 2019 y lograr que al menos el 20% de los asalariados pague Ganancias. Según sus cálculos, esa medida permitiría incrementar la recaudación en un 0,4% del PBI.

En la práctica, esto implicaría que miles de trabajadores vuelvan a quedar alcanzados por un impuesto que durante años fue cuestionado por gravar salarios en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Fuerte aumento para monotributistas

El FMI también apunta directamente contra el Monotributo. Aunque no plantea eliminarlo, sí exige “alinearlo” con el régimen general y con las contribuciones que pagan los autónomos.

Traducido a términos concretos, eso implicaría una fuerte suba de las cuotas del componente impositivo y previsional que pagan millones de trabajadores independientes, pequeños comerciantes y profesionales.

El organismo estima que esta modificación podría aportar otro punto del PBI en recaudación, consolidando así un esquema de mayor presión fiscal sobre sectores medios y trabajadores por cuenta propia.

Más impuestos y menos beneficios fiscales

Entre otras medidas, el Fondo propone:

• Eliminar exenciones y beneficios de IVA.
• Quitar regímenes especiales y zonas libres de impuestos.
• Actualizar impuestos a los combustibles y al tabaco por inflación.
• Fortalecer los impuestos provinciales sobre la propiedad.
• Simplificar Ganancias para empresas con una alícuota uniforme del 30%.

Según el documento, estas medidas permitirían luego reducir impuestos considerados “distorsivos”, como el impuesto al cheque o Ingresos Brutos. Sin embargo, en el corto plazo el eje del planteo pasa claramente por aumentar la recaudación mediante una mayor carga tributaria sobre trabajadores y sectores medios.

Un reclamo que choca con el discurso libertario

Las recomendaciones del FMI contrastan con el discurso del gobierno de Javier Milei, que llegó al poder prometiendo bajar impuestos y reducir el peso del Estado sobre el sector privado.

Sin embargo, la caída de la recaudación y las exigencias del acuerdo con el Fondo limitan el margen oficial para avanzar en rebajas tributarias. Incluso el propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el ajuste del gasto público “llegó a un límite”.

En ese contexto, el FMI empuja una reforma que incremente los ingresos fiscales mediante la ampliación de impuestos existentes y la eliminación de beneficios tributarios. El resultado sería una mayor presión impositiva efectiva sobre trabajadores registrados, monotributistas y pequeños contribuyentes, en medio de una economía golpeada por la recesión, la caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo.

La decisión, según trascendió, fue ordenada directamente por Karina Milei y habría estado motivada por el vínculo familiar de la magistrada con el periodista Hugo Alconada Mon, uno de los investigadores más críticos de la actual gestión libertaria.

El Gobierno nacional pidió este miércoles al Senado de la Nación el retiro del pliego de María Verónica Michelli, nominada para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.

Michelli es cuñada del reconocido periodista de La Nación, quien en los últimos meses publicó investigaciones que incomodaron al oficialismo, entre ellas trabajos vinculados al caso $LIBRA y otras denuncias que salpicaron a referentes cercanos al presidente Javier Milei. Desde distintos sectores judiciales y políticos interpretaron la maniobra como un intento de disciplinamiento y presión sobre el Poder Judicial en función de afinidades políticas y mediáticas.

La postulación de Michelli ya había conseguido las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos para quedar habilitada para su tratamiento en el recinto. Sin embargo, el presidente de la comisión, el senador libertario por La Rioja Juan Carlos Pagotto, se negó durante semanas a presentar el dictamen correspondiente, trabando de hecho el avance de la candidatura.

Finalmente, la Casa Rosada formalizó el veto mediante una nota enviada al Senado con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos que sí avanzaron tras negociaciones políticas

En contraste con el caso Michelli, el Gobierno decidió habilitar el avance de los pliegos de Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, candidatos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Ambos magistrados habían sido inicialmente cuestionados por Javier Milei debido a sus presuntos vínculos con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. No obstante, según informó la Agencia Noticias Argentinas, tras negociaciones con representantes del oficialismo ligados a Patricia Bullrich y al entorno libertario, el veto político fue levantado y el senador Pagotto permitió reunir las firmas necesarias para avanzar con sus designaciones.

La diferencia de criterios volvió a encender cuestionamientos sobre el uso discrecional de los pliegos judiciales y la creciente intervención política del Ejecutivo en decisiones que deberían regirse por criterios institucionales y profesionales, y no por relaciones personales o posicionamientos periodísticos.

Una nueva encuesta nacional de la consultora Synopsis encendió señales de preocupación en la Casa Rosada: el presidente Javier Milei muestra una caída en su nivel de adhesión y hoy una mayoría de los argentinos asegura que preferiría un cambio de rumbo político.

El relevamiento, realizado sobre 1.585 casos en todo el país y con un margen de error de +/- 2,4%, expone un escenario cada vez más complejo para el oficialismo de cara al mediano plazo. Si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, Milei alcanzaría un 37,2% de apoyo, pero el dato más sensible para el Gobierno es el deterioro de su núcleo duro: apenas un 12,4% afirma que le “gusta todo” del mandatario.

La encuesta dividió las respuestas en cuatro grandes grupos. El segmento más fiel al Presidente se redujo al 12,4%, mientras que un 29,3% sostiene que, aunque no está completamente conforme con Milei, todavía no encuentra una alternativa mejor. Ambos sectores suman un 41,7% de respaldo potencial.

Sin embargo, del otro lado crece con fuerza el malestar social y político. Un 8,2% respondió que no le gusta del todo Milei y que sí observa opciones superadoras, mientras que el rechazo más duro —quienes aseguran que “no les gusta nada” del mandatario— escala al 49,5%. En conjunto, quienes no quieren una continuidad del actual liderazgo ya representan el 57,7%.

Los números empeoran aún más cuando la discusión gira sobre continuidad o cambio. Solo un 33,8% se inclina por sostener el rumbo actual del país, mientras que un contundente 61,5% considera necesario buscar un cambio respecto de lo que ocurre hoy en Argentina.

El estudio también refleja un escenario de fuerte competencia política. En intención de voto por espacios, el peronismo aparece levemente por encima de La Libertad Avanza: obtiene un 32,9% contra un 30,3% del oficialismo. Más atrás se ubican la izquierda con 9,6%, el PRO con 7,8%, Provincias Unidas con 3,9% y otros espacios menores.

Los datos de Synopsis representan una advertencia para el Gobierno nacional en medio del desgaste económico, la persistencia de la crisis social y las dudas crecientes sobre la capacidad del oficialismo para sostener el apoyo que llevó a Milei a la Presidencia.

Nuevo revés judicial para el gobierno: la Justicia Federal de La Plata ordenó al Poder Ejecutivo garantizar de manera inmediata el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), ante el riesgo de parálisis por el ajuste presupuestario impulsado por la administración libertaria.

La medida cautelar fue dictada por el juez federal Ernesto Kreplak luego de una presentación del Ministerio Público Fiscal que alertó sobre la grave crisis económica y administrativa que atraviesa el organismo, pieza central en la restitución de identidades y en las investigaciones por delitos de lesa humanidad.

El fallo obliga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al Ministerio de Justicia a disponer recursos urgentes para sostener la operatividad del Banco y preservar el Archivo Nacional de Datos Genéticos. Entre los problemas señalados figuran la falta de fondos para limpieza, seguridad, mantenimiento edilicio y conservación de muestras biológicas, poniendo en riesgo pericias genéticas fundamentales para causas judiciales.

Según documentación oficial del organismo, el presupuesto previsto para 2026 cubre apenas el 55,96% de los recursos solicitados, situación que compromete la cadena de custodia y la validez de las pruebas genéticas.

En paralelo, Abuelas de Plaza de Mayo denunció el “ahogo presupuestario” al BNDG y se presentó en la causa para reforzar la urgencia de la medida. La organización advirtió que cualquier interrupción en el funcionamiento del Banco afectaría pruebas irreemplazables y pondría en riesgo las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de verdad, identidad y justicia.

📣El Banco Nacional de Datos Genéticos está en peligro
🗣Desde Abuelas de Plaza de Mayo denunciamos el ahogo presupuestario al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y su consecuente peligro de parálisis.
COMUNICADO COMPLETO:https://t.co/okE9IXbsvA pic.twitter.com/7qNx474q17

— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) May 14, 2026

La resolución judicial representa un fuerte llamado de atención al Gobierno y busca evitar la paralización de un organismo creado en 1987, clave en la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura y en la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.

Según cifras difundidas por la OCDE, el país recibió apenas USD 3.134 millones de inversión extranjera directa (IED) durante 2025, muy por detrás de la mayoría de las economías de la región.

El contraste es contundente: el Brasil de Lula lideró el ranking con USD 76.877 millones, seguido por México con USD 40.871 millones, Chile con USD 13.152 millones, Colombia con USD 11.462 millones y Costa Rica con USD 5.733 millones. Argentina quedó relegada al último puesto pese a las promesas oficiales de que el ajuste, la desregulación y los beneficios al gran capital generarían una “lluvia de inversiones”.

La cifra expone una contradicción central del discurso de Javier Milei. Mientras el Gobierno insiste en que la apertura económica y el achicamiento del Estado mejorarían la confianza internacional, los capitales extranjeros siguen evitando apostar por el país.

“Aun en un entorno de negocios percibido por los empresarios como más favorable, la Argentina registró el nivel más bajo de inversión extranjera directa entre las principales economías de América Latina”, advirtió el informe de Misión Productiva elaborado sobre estadísticas de la OCDE.

El reporte remarcó además que “el contraste refleja las dificultades persistentes de la Argentina para consolidarse como destino de capital productivo de largo plazo”, incluso en áreas donde el país posee ventajas competitivas estratégicas.

Los números del Banco Central también muestran un panorama lejos del optimismo oficial. Durante el primer trimestre de 2025, el ingreso de divisas por inversión extranjera directa promedió apenas USD 189 millones mensuales. Aunque hubo una mejora respecto de la gestión anterior, los niveles siguen siendo bajos y no reflejan el supuesto boom inversor que el oficialismo prometía tras la aprobación de la Ley Bases y el RIGI.

Más aún: desde comienzos de año, la cuenta de inversión extranjera acumuló un déficit de USD 1.421 millones debido a la salida de empresas internacionales y a la transferencia de activos hacia compañías locales.

En ese contexto, el Gobierno busca redoblar la apuesta con el llamado “Súper RIGI”, un nuevo esquema enviado al Congreso que amplía los beneficios extraordinarios para grandes inversores. El proyecto apunta especialmente a sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital, y ofrece estabilidad normativa por 30 años junto con fuertes ventajas fiscales.

Entre los beneficios previstos aparecen una alícuota reducida del 15% en Ganancias, exenciones impositivas, amortización acelerada de inversiones y libre disponibilidad progresiva de divisas obtenidas por exportaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la iniciativa y aseguró que busca impulsar “una mayor industrialización de los recursos” mediante actividades “que hoy no existen en Argentina”. Un discurso que se contradice con el fuerte ajuste en áreas clave para el desarrollo de dichas tecnologías como la ciencia y la educación formadoras de los necesarios recursos humanos que hoy optan por irse del país ante un clima adverso.

Sin embargo, los datos actuales muestran que ni el ajuste extremo, ni la flexibilización regulatoria, ni los incentivos extraordinarios lograron hasta ahora revertir la desconfianza de los inversores. La promesa libertaria de convertir a Argentina en un imán para el capital extranjero sigue chocando contra una realidad marcada por la recesión, la inestabilidad y la fuga de divisas.

Los boletos de subte, colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron incrementos de hasta 17 veces desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, con subas que superaron ampliamente la inflación acumulada y profundizaron el impacto sobre el bolsillo de los trabajadores.

Las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron incrementos históricos desde la asunción de Javier Milei y ya acumulan subas de hasta 17 veces en apenas dos años y medio. El aumento del boleto de subtes, colectivos y trenes avanzó muy por encima de la inflación y profundizó el deterioro del poder adquisitivo de trabajadores y estudiantes.

De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y abril de 2026 la inflación acumulada fue del 303,5%, aunque las tarifas del transporte crecieron muy por encima de ese porcentaje a partir de la quita de subsidios nacionales y el aumento de los costos operativos.

El caso más extremo fue el del subte, cuyo boleto pasó de $80 a $1.414, lo que implicó un aumento nominal del 1668% y una suba real del 337% por encima de la inflación. En paralelo, el boleto de colectivo se multiplicó hasta 16 veces desde noviembre de 2023: en la Provincia de Buenos Aires acumuló un alza del 1545% y en las líneas de jurisdicción nacional del 1221%.

Los trenes metropolitanos también registraron fuertes incrementos. El pasaje mínimo pasó de $33,29 a $280 en abril de 2026, con una suba real del 119%, mientras que en mayo volvió a aumentar un 17,9% hasta alcanzar los $330.

El impacto de estos aumentos se trasladó directamente al presupuesto familiar. Para un trabajador que percibe el Salario Mínimo, Vital y Móvil y combina colectivo y subte, el gasto mensual en transporte pasó de representar el 2,6% de sus ingresos en diciembre de 2023 al 17,3% en abril de 2026.

En el mismo período, el salario mínimo pasó de $156.000 a $357.800, una suba nominal del 129% que, según CEPA, significó una pérdida cercana al 43% del poder adquisitivo frente a la inflación. La situación también afecta a estudiantes y jóvenes beneficiarios de la Beca Progresar, congelada en $35.000 desde marzo de 2025. Con ese monto, hoy pueden cubrir apenas 111 viajes con descuento, cuando en diciembre de 2023 alcanzaba para 839 boletos.

El informe además advirtió sobre la creciente desigualdad tarifaria entre el AMBA y el interior del país tras la eliminación del Fondo Compensador del Transporte Público del Interior en 2024. Mientras el boleto mínimo en el área metropolitana ronda los $700, en ciudades como San Martín de los Andes llega a $2.300 y en Rawson supera los $2.190.

Entre los factores que explican las subas, el estudio destacó el incremento del gasoil, que acumuló un aumento del 536% desde noviembre de 2023, junto con una reducción real del 17,5% en el presupuesto destinado al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte.

La combinación entre tarifazos y caída de la actividad económica ya comenzó a impactar en la cantidad de pasajeros. En febrero de 2026, el uso del sistema de transporte público cayó un 12,9% interanual, con desplomes del 23,6% en trenes y del 11,7% en colectivos.

Según concluyó CEPA, la tendencia alcista podría continuar durante el resto de 2026 debido a la fórmula de actualización mensual de tarifas, el aumento sostenido de los costos operativos y la volatilidad de los precios internacionales de la energía.

La Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional acusó ante la Justicia federal a altos funcionarios nacionales y a la conducción de Vialidad por el presunto desvío de más de 400 mil millones de pesos que debían utilizarse exclusivamente para el mantenimiento de rutas y obras viales en todo el país.

La presentación judicial apunta directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, además de integrantes de la comisión directiva de Vialidad Nacional. Los delitos denunciados incluyen malversación de fondos públicos, fraude contra la administración pública, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Según el escrito presentado ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7, los fondos provenían del Impuesto a los Combustibles Líquidos, cuya recaudación tiene asignación específica por ley para infraestructura vial. Sin embargo, el gremio sostiene que el Ministerio de Economía habría retenido esos recursos y los habría destinado a la compra de letras y bonos del Tesoro, dejando sin financiamiento a rutas, obras y tareas de mantenimiento esenciales.

La denuncia advierte que el impacto ya es crítico: Vialidad Nacional arrastra una deuda equivalente al 90% de su presupuesto anual y atraviesa una “quiebra técnica” que compromete su capacidad operativa. A esto se suma la paralización de obras con financiamiento internacional, pérdida de créditos externos y el deterioro acelerado de la red vial nacional.

El cuadro es alarmante. Según datos aportados por el gremio, el 75% de las rutas nacionales se encuentra en estado regular o malo, cuando al inicio de la gestión de Milei ese porcentaje era del 50%. Pozos, banquinas destruidas, deformaciones y falta de señalización ya forman parte del paisaje habitual en corredores estratégicos para la producción y el transporte.

La presentación judicial también denuncia un fuerte vaciamiento interno del organismo. Acusa a Federico Sturzenegger de impulsar un “desmembramiento institucional” mediante recortes de personal técnico, manipulación de informes y presiones laborales para justificar el achicamiento del Estado y avanzar en la privatización del sistema vial.

Además, el gremio denunció un “régimen de terror laboral” dentro de Vialidad Nacional, con traslados compulsivos, jubilaciones forzadas y despidos sin garantías de defensa para técnicos e inspectores que alertaban sobre el deterioro de las rutas y el desvío de fondos.

“El problema es que las rutas argentinas hay que atenderlas. Cada vez tenemos más riesgo de muerte y más accidentes”, advirtió José Raúl Rizzo, secretario adjunto del gremio vial, quien sostuvo que el Estado sigue cobrando impuestos específicos para obras que luego no se realizan.

La polémica crece también por el avance del esquema de concesiones privadas impulsado por el Gobierno. Según denuncian desde Vialidad, el plan contempla entregar unos 9.000 kilómetros de rutas a operadores privados durante 30 años, con más peajes y sin obras de ampliación ni construcción de nuevas autopistas.

La causa quedó abierta y ahora será la Justicia federal la que deberá determinar si existió un millonario desvío de fondos públicos mientras las rutas nacionales se deterioran y aumentan los riesgos para millones de usuarios en todo el país.

En su último informe técnico sobre la economía local, el organismo advirtió que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) está “desactualizado” y reclamó una nueva ley que garantice mayor autonomía e independencia para el instituto estadístico.

La observación encendió nuevas alertas sobre la credibilidad de los datos oficiales en un contexto donde la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones económicas. Según el Fondo, la actual canasta utilizada para calcular el IPC ya no representa adecuadamente los hábitos de consumo de los hogares argentinos, lo que pone en duda la precisión de las mediciones difundidas por el Estado.

El planteo forma parte del informe elaborado por el staff técnico del FMI en el marco del seguimiento del acuerdo vigente con el gobierno de Javier Milei. Allí se remarca que la metodología vigente continúa basada en patrones de consumo relevados entre 2004 y 2005, pese a los profundos cambios registrados en la economía y en el consumo durante las últimas dos décadas.

El nuevo esquema estadístico desarrollado por el INDEC utiliza datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018 e incorpora consumos hoy centrales, como plataformas digitales, servicios de streaming e internet. Sin embargo, aunque el rediseño metodológico ya habría sido finalizado por el organismo que conduce Pedro Lines, su aplicación sigue demorada por decisión política.

Según trascendió, el Gobierno evita introducir cambios en pleno año electoral debido al impacto que una nueva medición podría tener sobre la inflación oficial, las negociaciones salariales y las expectativas económicas. En ese contexto, el cuestionamiento del FMI refuerza las sospechas sobre el retraso en la actualización estadística y vuelve a instalar interrogantes sobre la transparencia y consistencia de los indicadores públicos.

Además de revisar el IPC, el Fondo pidió avanzar en una reforma institucional del INDEC para fortalecer su independencia técnica y blindar la calidad de las estadísticas nacionales. El reclamo se suma a otras recomendaciones históricas del organismo vinculadas con la transparencia económica y la credibilidad de los datos oficiales argentinos.

La expresidenta salió a saludar este 25 de Mayo a la militancia congregada en las inmediaciones de su domicilio de San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires, en una jornada atravesada por la conmemoración del Día de la Patria y el recuerdo del inicio del ciclo político encabezado por Néstor Kirchner en 2003.

Desde las primeras horas de la tarde, un centenar de militantes y simpatizantes autoconvocados comenzó a concentrarse con carteles, banderas argentinas y consignas como “Liberar a Cristina para liberar la Patria”. En un clima distendido, los presentes entonaron cánticos y aplausos a la espera de la aparición de la exmandataria.

Pasadas las 16.30, Cristina Kirchner salió al balcón para saludar a la multitud, gesto que desató una ovación y la entonación del Himno Nacional Argentino por parte de los militantes. La esquina de San José y Humberto Primo volvió a convertirse en el principal punto de encuentro del kirchnerismo, con la presencia de vecinos, familias, dirigentes y referentes políticos.

Cristina Kirchner salió al balcón de San José 1111 a saludar la militancia

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— El Destape (@eldestapeweb) May 25, 2026

Durante toda la tarde hubo música, intervenciones artísticas y reparto de chocolatada caliente, en una actividad que combinó el respaldo político a la expresidenta con la conmemoración del 23° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, considerado el inicio de su proyecto político.

La convocatoria también estuvo marcada por expresiones de rechazo a la condena judicial contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, considerada una burda maniobra de persecución política y judicial.

Por su parte, Máximo Kirchner compartió un mensaje en redes sociales donde recordó la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia como “un rayo” que irrumpió para “desterrar la desesperanza”. “El 25 de mayo de 2003 sembró el alma de aquellas y aquellos que solo necesitaban alguien que lo intentara para volver a pelearla”, expresó el dirigente.