La empresa inició un proceso de reestructuración en el marco de un menor procesamiento de leche diaria y retracción del mercado.

SanCor Cooperativas Unidas Limitada, una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea en Argentina, atraviesa su momento más crítico. Este jueves, se materializó el temor de sus trabajadores: una ola de despidos que la compañía justifica alegando “razones de fuerza mayor”.

La medida, que comenzó el miércoles, se enmarca en un proceso de reestructuración provocado por la drástica disminución en el procesamiento diario de leche. Actualmente, la empresa procesa apenas 180.000 litros diarios en varias plantas, muy lejos de su capacidad plena, y mantiene una plantilla de aproximadamente 1.300 trabajadores.

Una fuente del sector explicó que “hay poca materia prima para procesar y un volumen de negocio reducido, lo que hace insostenible mantener plantas inactivas con toda la estructura productiva y de personal”.

La crisis de SanCor, que se ha extendido por años, se agudizó a partir de octubre de 2023 tras un conflicto de diez meses con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra), que paralizó las plantas. Aunque en julio de 2024 se firmó un acuerdo, ni la economía de la cooperativa ni su ritmo productivo lograron recuperarse sumado a un contexto recesivo en el plano nacional que agravó decisivamente la situación.

Los despidos afectan especialmente a empleados que estaban bajo el esquema de “Jornada Libre”, percibiendo solo el 70% del salario, o aquellos que cobraban desde hace cuatro años un monto fijo de diez mil pesos. Además, la empresa habría priorizado despedir a trabajadores de menor antigüedad o especialización.

En las cartas enviadas, SanCor argumenta que las razones de fuerza mayor son “ajenas a la voluntad de la compañía”, citando el Artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla indemnizaciones reducidas en casos de despido por falta de trabajo o fuerza mayor. Sin embargo, la normativa también exige que la empresa demuestre dichas circunstancias.

A este panorama crítico se suma la creciente salida de tambos proveedores, que han dejado de entregar materia prima y abandonado la condición societaria de la cooperativa, agravando aún más el colapso productivo.

Con la incertidumbre instalada, el futuro de SanCor parece pendular entre una reestructuración cada vez más drástica o el desenlace final de su historia en la industria láctea.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó la irregularidad y en las últimas horas intimó a los responsables del hipermercado a regularizar la situación.

El Megamercado y Centro Comercial Coto, inaugurado a principios de diciembre de 2024 en Mar del Plata con la presencia del presidente Javier Milei, ha quedado en el centro de la polémica por un fraude impositivo significativo. A pesar de tratarse de una construcción de 20,800 metros cuadrados que demandó una inversión de 50 millones de dólares, el establecimiento seguía declarado como “terreno baldío” y pagaba impuestos como tal.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó la irregularidad y en las últimas horas intimó a los responsables del hipermercado a regularizar la situación. Según fuentes del ente recaudador, la multa inicial asciende a $4,3 millones, aunque podría incrementarse hasta $50 millones si no se subsana la infracción de manera inmediata.

El director de ARBA, Cristian Girard, calificó la situación como “inadmisible”

“Es inaceptable que el supermercado más grande del país, inaugurado con el respaldo del presidente Milei, eluda sus responsabilidades tributarias al declarar como baldío un predio donde opera un establecimiento con patio gastronómico, sala de juegos y estacionamiento para 1,200 vehículos”, expresó Girard.

Además, enfatizó que este tipo de prácticas socavan el principio de equidad fiscal:
“Los grandes contribuyentes deben comprender que cumplir con las obligaciones tributarias es esencial para construir una sociedad más justa. Mientras las familias bonaerenses hacen esfuerzos para pagar sus impuestos, no podemos permitir que grandes empresas utilicen estrategias para evadir sus responsabilidades”.

El megamercado, ubicado en la avenida Jorge Newbery camino a Chapadmalal, forma parte de un ambicioso proyecto que también contempla la construcción de un shopping en el terreno contiguo y una nueva sucursal en la zona portuaria de Mar del Plata. Sin embargo, este caso de fraude impositivo arroja una nueva sombra sobre la cadena Coto, resaltando una falta de transparencia en su relación con el fisco.

La situación no solo pone en entredicho la credibilidad de una de las principales cadenas de hipermercados del país, sino también la responsabilidad institucional al permitir que un establecimiento de tal envergadura inicie operaciones sin cumplir con sus obligaciones fiscales.

Marco Palazzo, influencer libertario paso un mal momento luego de que fuera a provocar a la Asamblea LGBTIQ+ en Parque Lezama. Defiende al genocida Eichmann, critica a Maradona y niega la soberanía de Malvinas.

El clima de tensión política en Argentina se intensifica con la irrupción de figuras provocadoras que responden al gobierno como Marco Palazzo, un influencer libertario de 18 años conocido por sus declaraciones extremas y provocadoras. Este sábado, Palazzo protagonizó un nuevo episodio polémico durante la Asamblea Antifascista LGBTIQ+ en el Parque Lezama, en el barrio porteño de La Boca.

La asamblea, convocada bajo el lema “La vida está en riesgo. ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más”, reunió a cientos de activistas para denunciar el avance de discursos y políticas que consideran amenazas a los derechos del colectivo LGBTIQ+. Sin embargo, la presencia de Palazzo, quien intentó filmar e increpar a los asistentes, desató tensiones que derivaron en una violenta reacción en su contra.

La Policía de la Ciudad intervino para rescatar al joven fuera del lugar y evitar mayores incidentes. Según testigos, tras las provocaciones, Palazzo habría sido agredido físicamente por algunos manifestantes, y solo logró salir del parque refugiándose en un móvil policial que lo saco raudamente del lugar.

Neonazi y pro británico

Marco Palazzo ha ganado notoriedad en redes sociales por sus provocaciones y posturas radicales. Ha defendido públicamente a figuras del nazismo, como Adolf Eichmann, calificando su captura por el Mossad en 1960 como “ilegítima”. Además, ha negado la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y atacado símbolos nacionales como Diego Maradona, cuestionando incluso su emblemático gol conocido como la “Mano de Dios”.

El joven también generó controversia en agosto de 2024 al presentarse en la Casa Rosada con una imagen de la ex primera dama Fabiola Yáñez gravemente herida, un acto que fue ampliamente condenado como revictimizante. Ese mismo día, fue visto estrechando la mano de Manuel Adorni, vocero libertario, lo que generó más críticas hacia el movimiento político que representa.

Tensión creciente en un país dividido

El episodio del Parque Lezama pone de manifiesto el creciente clima de crispación y violencia política en Argentina. La figura de Palazzo, con su retórica provocadora y apoyo a discursos de odio, refleja una fractura social cada vez más marcada, alimentada por narrativas polarizantes tanto desde sectores libertarios como desde el propio gobierno.

Desde el oficialismo, se observa la adopción de un discurso inspirado en el conservadurismo cultural estadounidense, que introduce divisiones profundas en torno a temas como la inmigración, la raza, la pobreza y el género. Este contexto agrava un panorama social ya complejo, donde los actos de confrontación y las polémicas ideológicas escalan rápidamente hacia la violencia.

Mientras tanto, episodios como el de Palazzo o Fran Fjap no solo generan indignación entre quienes defienden los derechos humanos, sino que también avivan el debate sobre los límites de la libertad de expresión en un país que enfrenta desafíos crecientes para preservar la convivencia democrática en un contexto de creciente deterioro económico y social.

El Servicio Alimentario Escolar (SAE) continúa en funcionamiento durante el receso escolar, asegurando desayuno y almuerzo a miles de estudiantes en toda la provincia.

El gobierno bonaerense demuestra su compromiso con el bienestar infantil al garantizar la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) durante el receso estival. En el marco del programa “Escuelas Abiertas en Verano”, miles de estudiantes reciben desayuno y almuerzo en 1.700 sedes distribuidas en los 135 distritos de la provincia.

Esta política, liderada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, no solo asegura una adecuada alimentación para más de 250.000 niños, niñas y adolescentes, sino que también promueve la integración a través de actividades recreativas y deportivas. Un ejemplo destacado es el municipio de Ensenada, donde más de 1.100 chicos participaron activamente en nueve escuelas y espacios recreativos, disfrutando de jornadas que combinan nutrición, aprendizaje y esparcimiento.

Durante una visita a Ensenada, la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia, y el director provincial del SAE, Juan Sorrentino, recorrieron las instalaciones del Complejo Recreativo Cristina Fernández de Kirchner y la Escuela Secundaria N° 2. Allí compartieron momentos con los estudiantes y supervisaron las actividades desarrolladas, reafirmando el compromiso del Estado con estas iniciativas.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó que el programa SAE es “el más grande de la República Argentina y uno de los más importantes de América Latina”. Subrayó que estas acciones son prioritarias para el gobernador Axel Kicillof, ya que implican un esfuerzo extraordinario en un contexto de limitaciones financieras. Asimismo, resaltó el fortalecimiento de los comedores escolares, con un aumento del 140% en las prestaciones alimentarias durante 2024, y la incorporación de mejoras en infraestructura, equipamiento y capacitación.

El programa complementario MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) también contribuye a esta estrategia, consolidándose junto al SAE como los pilares fundamentales de la política alimentaria provincial. Ambos programas aseguran que los niños y niñas no solo cuenten con alimentos de calidad, sino también con un entorno de contención y desarrollo integral.

Con estas acciones, la provincia de Buenos Aires reafirma su compromiso con la educación, la seguridad alimentaria y el derecho de los niños y niñas a un verano pleno de oportunidades, integración y bienestar.

En 2024, la inflación real fue del 133,6%, 16 puntos más que la cifra oficial informada, según un relevamiento realizado por la Universidad Torcuato Di Tella.

En 2024, la inflación real alcanzó un alarmante 133,6%, 16 puntos porcentuales por encima de la cifra oficial reportada por el INDEC, según un estudio realizado por Martín González Rozada, profesor titular del Departamento y director de la Maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella. Este análisis evidencia un “atraso” significativo en las mediciones oficiales, que informaron una inflación del 117,8%, dejando una brecha de 15,8 puntos.

El problema radica en la metodología utilizada por el INDEC, que se basa en datos desactualizados de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2004-2005 y un índice de precios base de 2016. Aunque el organismo actualizó parcialmente los ponderadores en 2017-2018 con datos más recientes, aún no han sido incorporados de manera integral. Este rezago genera distorsiones significativas en el cálculo de la inflación.

Por ejemplo, en 2004-2005, el rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” representaba el 10,5% del gasto total en la Región Metropolitana, mientras que en 2017-2018 ascendió al 15,1%. Esta actualización, pendiente de implementación completa, no solo afecta la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino también ajustes críticos como los del salario mínimo y las jubilaciones. Según González Rozada, de haberse aplicado los ponderadores actualizados, las jubilaciones habrían debido aumentar un 7% adicional.

La medición sesgada también respalda políticas económicas cuestionadas, como el ajuste del tipo de cambio oficial al 1% mensual y el tope salarial en paritarias fijado en el mismo porcentaje. Además, distorsiona la actualización de parámetros fiscales clave, como el Mínimo No Imponible de Ganancias, las cuotas y los límites de facturación del Monotributo.

En este contexto, las grandes empresas y el capital financiero emergen como los principales beneficiarios, obteniendo ganancias extraordinarias en dólares mientras los salarios reales pierden poder adquisitivo. La “manipulación” de dos precios fundamentales, el dólar y los salarios, contribuye al deterioro de la economía doméstica y al creciente malestar social.

González Rozada concluye que “la distorsión radica en la forma en que se calcula la inflación, utilizando una canasta de bienes y servicios de 2004, en la que los servicios públicos representaban apenas el 10%“. Este señalamiento refuerza los crecientes cuestionamientos a las estadísticas oficiales, que parecen estar lejos de reflejar la realidad económica del país.

La empresa comunicó internamente la decisión este miércoles (22/1) a los empleados de la planta de Alvear. Advierten que la medida afectará a muchos empleados que están contratados bajo convenio.

General Motors inició un nuevo proceso de retiros voluntarios en su planta de Alvear, Santa Fe, en medio de un contexto crítico para la industria automotriz argentina. Este nuevo ajuste, confirmado recientemente, estará vigente hasta finales de enero y busca reducir personal en una planta donde actualmente solo se fabrica el modelo Chevrolet Tracker, luego de que en 2023 cesara la producción del Cruze.

La medida, que había circulado como un rumor en los últimos días, fue comunicada oficialmente a los empleados el pasado 22 de enero. Según fuentes citadas por el medio Cadena 3, la iniciativa afectará a un número significativo de trabajadores bajo convenio. Este nuevo proceso de retiros voluntarios es el reflejo de un escenario de producción en declive, agravado por paradas prolongadas y caídas en las proyecciones de fabricación.

Durante 2024, General Motors enfrentó una reducción drástica en su actividad, lo que incluyó dos meses de parálisis productiva y procesos similares de ajuste. En ese año, las proyecciones de producción de la automotriz pasaron de 430 mil unidades a solo 330 mil. Para 2025, las estimaciones anticipan un escenario aún más desalentador, con cifras por debajo del ya crítico desempeño del año anterior.

Este panorama refuerza la aguda crisis que atraviesa el sector automotriz argentino, donde la recesión económica, la caída de la demanda y los problemas de competitividad frente a una posible apertura importadora configuran un desafío monumental para las empresas y sus trabajadores.

Como parte de la agenda trumpista “anti woke”, el gobierno de Javier Milei avanza con iniciativas que amenazan con profundizar la desprotección hacia las mujeres en Argentina.

Mientras Argentina enfrenta un preocupante aumento de femicidios, con entre 255 y 294 casos registrados en 2024 según organizaciones especializadas, el gobierno de Javier Milei avanza con iniciativas que amenazan con profundizar la desprotección hacia las mujeres. En el marco de las próximas sesiones ordinarias, el mandatario planea presentar un proyecto de ley titulado “De igualdad ante la ley”, cuyo contenido ha generado fuertes críticas por su enfoque regresivo en materia de derechos de género.

La propuesta oficialista incluye la derogación de la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género para funcionarios públicos, y la eliminación de la figura de femicidio como agravante en el Código Penal. Según el gobierno, estas normativas “atentan contra la igualdad jurídica entre las personas” y buscan instaurar una supuesta neutralidad ante la ley, omitiendo las desigualdades estructurales que estas políticas buscan abordar.

Desde el entorno presidencial, liderado por Santiago Caputo, aseguran que esta estrategia busca “medir la reacción social” durante el verano, en un intento por normalizar debates que podrían desmantelar derechos adquiridos y desviar la atención de la dura realidad económica que vive el país.

Un contexto de retroceso y desprotección

Estas medidas se enmarcan en una serie de decisiones que evidencian un desinterés por la protección de las mujeres y las diversidades. Durante su primer año de mandato, La Libertad Avanza disolvió la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, degradó la jerarquía de la Línea 144, y recortó presupuestos destinados a la prevención y asistencia de víctimas de violencia machista.

La derogación de la Ley Micaela es particularmente simbólica, ya que esta norma nació como respuesta al femicidio de Micaela García, marcando un compromiso estatal y social con la formación en perspectiva de género. Eliminarla sería un golpe directo a las políticas de prevención y un mensaje alarmante en un país que se convirtió en referente mundial con movimientos como Ni Una Menos.

El contexto no podría ser más preocupante. Las cifras crecientes de femicidios y las alertas de organizaciones sociales contrastan con la postura oficial, que minimiza la violencia de género como problemática específica. Estas decisiones no solo refuerzan la idea de retroceso en derechos, sino que también abren un peligroso camino hacia el abandono de las políticas que buscan proteger a las poblaciones más vulnerables en un contexto de creciente violencia y desigualdad económica.

La presentación de este proyecto no solo pone en juego derechos fundamentales, sino que también subestima el impacto social de una Argentina que, en años recientes, ha salido a las calles para exigir que la violencia machista no quede impune.

Luis “Toto” Caputo y Sandra Pettovello, coordinan un plan por el cual no se convalidarán acuerdos salariales en los próximos meses.

El Gobierno busca implementar una estrategia denominada “Paritarias cero” para frenar la escalada inflacionaria, lo que implica no convalidar acuerdos salariales en los próximos meses, independientemente del índice de inflación. Este proyecto, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y respaldado por Sandra Pettovello, titular del Ministerio de Capital Humano, representa un nuevo golpe para los trabajadores, mientras otros sectores económicos como el agro son objeto de beneficios por parte del gobierno.

A partir de marzo, se limitarán las negociaciones paritarias, permitiendo aumentos salariales únicamente en contadas ramas sindicales, y siempre alineados a un techo del 1%. Esta medida, defendida por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, tiene como objetivo principal mantener la inflación en un dígito, pero su impacto recaerá sobre los sectores laborales, que ya enfrentan la pérdida del poder adquisitivo.

La estrategia genera tensiones entre los sindicatos, especialmente en aquellos que demandan incrementos reales para contrarrestar la inflación. Algunos gremios cercanos al oficialismo, como UPCN, aceptaron acuerdos previos con subas mínimas, pero no todos están dispuestos a seguir esa línea. La CGT, por su parte, todavía no ha fijado una posición clara, mientras que sectores alineados al kirchnerismo ya preparan acciones judiciales para resistir estas medidas.

En paralelo, el Gobierno contempla amenazas de reformas sindicales que podrían debilitar conquistas históricas, como la cuota solidaria, y utiliza el temor a la pérdida de empleos en sectores golpeados por la caída del consumo como herramienta de presión. Sin embargo, la normativa establece que los acuerdos paritarios se homologan automáticamente si no son refrendados en un plazo de 45 días, lo que podría abrir un resquicio para negociaciones entre empresarios y sindicatos dispuestos a alcanzar consensos.

La decisión del Gobierno no solo tensiona la relación con los trabajadores, sino que también pone en evidencia la desigualdad en el reparto de los costos del ajuste. Mientras que a los sectores concentrados, como el agro, se les reducen las retenciones, los trabajadores son nuevamente quienes cargan con el peso de un modelo económico que prioriza a los grandes jugadores sobre los derechos laborales y el bienestar de las mayorías.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se distanció de Milei y advirtió a las empresas que si no instalan plantas de producción en los Estados Unidos deberán pagar aranceles para ingresar a ese mercado.

La intervención de Donald Trump en el Foro Económico de Davos se caracterizó por un discurso contundente y polémico, reflejando sus posturas económicas y geopolíticas. Aquí se destacan varios contrapuntos clave en comparación con las ideas expuestas por Javier Milei:

El discurso de Donald Trump en el Foro Económico de Davos contrasta significativamente con los postulados de libre mercado que defiende Javier Milei. Estas son las principales diferencias:

1. Intervención estatal vs. desregulación:
   • Trump: Adopta un enfoque proteccionista al imponer aranceles a las empresas que no produzcan en Estados Unidos, utilizando el poder estatal para disciplinar al capital y favorecer la producción nacional con un fuerte énfasis en el mercado interno. Este modelo implica una intervención directa del gobierno en las decisiones empresariales y comerciales.
   • Milei: Promueve un capitalismo de libre mercado, con mínima intervención estatal, donde las fuerzas del mercado operan libremente y sin restricciones, eliminando regulaciones, aranceles y barreras comerciales.
2. Política fiscal:
   • Trump: Aunque aboga por reducciones fiscales para las empresas dentro de Estados Unidos, las compensa con aranceles a las importaciones, lo que crea distorsiones en el comercio global con el objetivo de procurar beneficios para la mano de obra e industria estadounidense.
   • Milei: Defiende una reducción generalizada de impuestos sin imponer medidas compensatorias que alteren los principios del libre comercio en claro perjuicio del trabajo argentino.
3. Visión sobre el comercio internacional:
   • Trump: Su postura proteccionista prioriza el mercado interno, penalizando las importaciones y renegociando acuerdos comerciales que, según él, no benefician a Estados Unidos y para lo cual esta incluso dispuesto a utilizar la fuerza o la amenaza de usar la misma para favorecer sus objetivos comerciales.
   • Milei: Considera el comercio internacional como una herramienta para optimizar la asignación de recursos, sin restricciones ni barreras que interfieran en el intercambio entre países.
4. Relación con el empresariado:
   • Trump: Combina incentivos fiscales con una política coercitiva hacia las empresas extranjeras, estableciendo reglas que condicionan sus inversiones al mercado estadounidense.
   • Milei: Confía en que las decisiones empresariales deben ser guiadas únicamente por el interés del mercado, sin coerción ni condicionamientos estatales.
5. Energía y regulación ambiental:
   • Trump: Rechaza políticas de descarbonización y apoya la expansión de los combustibles fósiles, con un enfoque en maximizar la producción nacional e incidir en la geopolítica energética presionando a otros países.
   • Milei: Aunque no siempre explícito sobre temas ambientales, su visión del libre mercado implica dejar que las fuerzas económicas determinen la dirección de las políticas energéticas, sin intervención del Estado.

En síntesis, mientras Milei exalta el laissez-faire y la desregulación como pilares del desarrollo económico, Trump utiliza herramientas intervencionistas y los recursos del aparato estatal para proteger los intereses de Estados Unidos, mostrando un enfoque pragmático que pone límites al libre mercado cuando lo considera necesario.

Javier Milei se subordina a la agenda discursiva de Estados Unidos, en un intento desesperado de ganar protagonismo, emulando de manera burda e irreal a Donald Trump aunque sin medir las consecuencias a largo plazo para Argentina.

Desde el entorno presidencial, se filtran señales claras de que el Gobierno de Javier Milei podría alinear aún más a Argentina con la agenda de Estados Unidos, incluso considerando retirar al país de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Acuerdo de París. Estas decisiones, presentadas como una imitación de las políticas de Donald Trump, revelan una peligrosa simplificación de las diferencias entre ambas realidades.

Mientras Trump utilizó su crítica a los organismos multilaterales para reforzar el aislacionismo y una política económica proteccionista que buscaba fortalecer la industria y el empleo en Estados Unidos, Milei adopta un enfoque que propone una apertura económica indiscriminada, exponiendo a Argentina a una vulnerabilidad estructural. En la Casa Rosada admiten que la continuidad de Argentina en la OMS está “bajo estudio”, respaldando críticas como las del Presidente, quien cuestionó el manejo global de la pandemia y la actuación de dicho organismo.

Por otro lado, Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París como parte de su estrategia para defender los intereses de sectores clave de su economía, mientras que en Argentina, La Libertad Avanza nunca ha apoyado este pacto climático, subrayando su alineación discursiva con la administración republicana.

En este contexto, fuentes de Balcarce 50 señalan que la pertenencia a diversos organismos internacionales será evaluada considerando aspectos económicos, legales y de conveniencia. Sin embargo, esta postura se acompaña de un aparente interés por avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, minimizando posibles obstáculos derivados del Mercosur del cual incluso Milei insinuó retirarse.

Este escenario confirma que la administración Milei busca replicar la retórica y acciones de Trump sin considerar las profundas diferencias entre ambos países en especial en cuanto a capacidades y poder. Mientras Trump defendía una política proteccionista para fortalecer el poder nacional, Milei apuesta por desmantelar las estructuras existentes sin garantías de que ello beneficie a la economía argentina o a su soberanía.