El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se bajó de la foto de cierre de la cumbre y dejó en evidencia la tensa relación con su par argentino, Javier Milei.

En la 65ª cumbre del Mercosur, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dejó en evidencia la tensa relación con su par argentino, Javier Milei. Durante su intervención, Lula ofreció saludos efusivos y reconocimientos a varios líderes de la región, pero omitió mencionar al presidente de Argentina, a pesar de que asumió la presidencia pro tempore del bloque durante el evento.

Lula destacó el ingreso de Bolivia como miembro pleno del Mercosur, elogió la organización de la cumbre por parte de Uruguay y felicitó al pueblo uruguayo por las recientes elecciones, además de dedicar palabras afectuosas al próximo presidente de ese país, Yamandú Orsi. Sin embargo, Milei quedó completamente fuera de sus menciones, un detalle que no pasó desapercibido.

El momento más simbólico de este distanciamiento ocurrió durante la foto oficial del evento. Lula decidió no participar en la imagen que reunió a Milei, el anfitrión uruguayo Luis Lacalle Pou, el paraguayo Santiago Peña y el boliviano Luis Arce, entre otros representantes. En su lugar, el canciller brasileño, Mauro Vieira, representó a Brasil.

Los llamativos gestos de Milei durante el discurso de Lula

En la ocasión, mientras el mandatario brasileño hablaba sobre la calidad de los productos del bloque sudamericano; En un video, el mandatario argentino parece muestra gestos de aburrimiento con el discurso

Fue en ese preciso momento que el presidente argentino Javier Milei se rió durante el discurso del presidente Luiz Inácio Lula da Silva . En un video, el jefe del Ejecutivo argentino también aparece llevándose las manos a la cara, como si estuviera aburrido con el discurso del mandatario vecino.

En ese momento, Lula hablaba de la calidad y la seguridad de los productos del Mercosur. El pasado 20 de noviembre, el consejero delegado de Carrefour en Francia, Alexandre Bompard, suspendió la compra de carne al bloque por sospechas sobre el origen de los productos.

“No aceptaremos que traten de difamar la calidad y la seguridad de nuestros productos. El Mercosur es un ejemplo de que es posible conciliar el desarrollo económico y la responsabilidad ambiental”, dijo Lula en ese momento.

Fuentes cercanas a Lula justificaron su ausencia argumentando compromisos previos, pero se interpreta como una respuesta al desplante de Milei en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, donde el presidente argentino evitó aparecer en la foto oficial. Las tensiones entre ambos líderes han sido constantes desde la elección de Milei, debido a sus marcadas diferencias ideológicas y los intercambios verbales que han protagonizado.

Por su parte, fuentes argentinas intentaron minimizar el episodio, señalando que Milei estuvo reunido con Kristalina Georgieva, directora del FMI, durante el momento de la foto. Sin embargo, Georgieva sí aparece en la imagen oficial, lo que añade más interrogantes sobre la verdadera razón de la ausencia de ambos mandatarios en actos clave.

Este gesto de Lula confirma que las diferencias personales entre los líderes de Brasil y Argentina siguen afectando la dinámica diplomática en el Mercosur.

La Secretaría de Transporte intimó a Flybondi a presentar, en un plazo de 48 horas, un plan correctivo para reducir las cancelaciones de vuelos que están afectando a miles de pasajeros.

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, lanzó una advertencia contundente a la aerolínea low-cost Flybondi: deberá presentar en un plazo de 48 horas un plan correctivo para reducir el alarmante nivel de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos que ha afectado a miles de pasajeros.

Según datos oficiales, durante noviembre la compañía canceló el 20% de sus operaciones, equivalente a 384 vuelos de un total de 1991, además de reprogramar más de 700 servicios. Esta situación ha generado un caos en los itinerarios de los usuarios y una ola de quejas por la falta de soluciones inmediatas.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitió un comunicado exigiendo que Flybondi incluya en su plan medidas concretas para disminuir drásticamente las cancelaciones y garantizar la protección de los derechos de los pasajeros. Además, advirtió que, en caso de incumplimiento, la empresa enfrentará un sumario administrativo y una multa económica.

Si las irregularidades persisten, el Gobierno no descarta tomar acciones más severas para asegurar la calidad del servicio, incluyendo la exigencia de que Flybondi ajuste su programación de vuelos a su capacidad operativa real, con el fin de evitar vender boletos para trayectos que no pueda cumplir.

Esta medida refleja el hartazgo de las autoridades ante la reiterada falta de compromiso de la aerolínea, que ahora enfrenta la presión de mejorar sus servicios o enfrentar consecuencias legales y económicas.

Ambos bloques anunciaron la creación de la mayor zona de libre comercio en el mundo. El anuncio llega en medio de la oposición de Francia y el acuerdo ahora tendrá que pasar por un proceso de ratificación de las dos partes. 

Tras décadas de negociaciones, la Unión Europea (UE) y el Mercosur anunciaron la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo. El anuncio fue realizado en Montevideo por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien destacó: “Hemos concluido las negociaciones para el acuerdo UE-Mercosur. Es el inicio de una nueva etapa. Ahora toca debatirlo con los países europeos”.

El acuerdo, que se gestó tras 25 años de conversaciones, fue presentado en una rueda de prensa conjunta con los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Von der Leyen expresó su optimismo, afirmando que el tratado generará “muchas más oportunidades de empleo y crecimiento para Europa”.

Sin embargo, el pacto aún debe superar el proceso de ratificación en los países miembros de la UE. La presidenta de la Comisión Europea calificó el avance como “una victoria para Europa” y aseguró que fortalece las relaciones entre ambos bloques de forma inédita.

Milei asume la presidencia pro tempore del Mercosur en un clima de tensión regional

El presidente de Argentina, Javier Milei, asumió la presidencia pro tempore del Mercosur durante la cumbre celebrada en Montevideo. Este rol, que se rota entre los países miembros, coloca a Argentina al frente del bloque durante los próximos seis meses.

Milei llegó acompañado de su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Gerardo Werthein; y el ministro de Economía, “Toto” Caputo. Sin embargo, su asunción estuvo marcada por un clima de tensión. El mandatario argentino ha cuestionado abiertamente la relevancia del Mercosur, calificándolo de poco útil, y su ausencia en la cumbre anterior en Asunción fue percibida como un gesto de desaire por los demás líderes regionales.

Además, hace pocos días, en el evento de la derecha estadounidense denominado CPAC, Milei arremetió contra los presidentes latinoamericanos que asistirían a la cumbre y abogó por la creación de una alianza internacional de derecha. Este discurso encendió aún más las tensiones previas al encuentro, reflejándose en interacciones tensas durante la reunión, donde en algunos momentos se evidenció un distanciamiento visible entre el presidente argentino y el resto de los mandatarios.

Como se ríen y hablan entre ellos y a Milei no le dan NI PELOTA jdkajajajaj 💀 pic.twitter.com/8SzcatXq2V

— TUGO News (@TugoNews) December 6, 2024

Obstáculos en el camino

A pesar del entusiasmo, el acuerdo enfrenta oposición en Europa. Países como Francia y Polonia han manifestado su descontento. La ministra de Comercio francesa, Sophie Primas, declaró que el tratado compromete únicamente a la Comisión Europea y reafirmó que Francia resistirá su aprobación final debido a preocupaciones sobre el impacto ambiental y agrícola.

Estas objeciones subrayan los desafíos que el acuerdo deberá superar antes de convertirse en una realidad efectiva. No obstante, el anuncio marca un hito en las relaciones comerciales entre Europa y América del Sur, con el potencial de transformar el comercio global.

El ajuste del gobierno de Javier Milei sigue impactando: el 65,5 por ciento de los niños vive en situación de pobreza y el 35,3 por ciento de los trabajadores es pobre. El nivel de indigencia trepó al 12,9 por ciento.

La pobreza en Argentina sigue golpeando con fuerza. Según el último relevamiento de la Universidad Católica Argentina (UCA), casi la mitad de los argentinos (49,9%) vivió en situación de pobreza entre julio y octubre de 2024, mientras que la indigencia afectó al 12,9% de la población. Estas cifras son alarmantes, pues, aunque reflejan apenas una leve mejoría respecto al pico histórico del primer trimestre de 2024 (55,9%), se mantienen cerca de los máximos de las últimas dos décadas y muestran un deterioro significativo en comparación con el 44,7% registrado a finales de 2023.

El informe titulado “Deudas sociales en la Argentina del siglo XXI (2004-2024). Fin de ciclo y futuro abierto”, presentado por Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA), describe un panorama devastador. Salvia destacó que Argentina atraviesa una crisis sistémica fruto del agotamiento de un modelo político-económico fallido basado en consumo financiado con déficit y endeudamiento. Las políticas de ajuste aplicadas por el gobierno de Javier Milei, como devaluaciones y recortes en el gasto público, si bien no alcanzaron la magnitud esperada, han tenido un fuerte impacto en la calidad de vida de la población.

“La población no siente alivio en el bolsillo porque si bien bajó la inflación cambiaron los gastos fijos en los hogares destinados a pagar servicios como luz o agua. A su vez en el IPC no está bien representada esta ponderación. La mejora en la inflación no está yendo al consumo“, explicó Salvia.

La niñez, la cara más trágica de la pobreza

Los más afectados por esta crisis son los niños. El 65,5% de los menores de entre 0 y 17 años vive en pobreza, y dos de cada diez están en condiciones de pobreza extrema. Este índice ha empeorado ininterrumpidamente desde 2018, evidenciando una desinversión generacional profunda. Mientras que en 2011-2012 el 40% de los niños eran pobres, hoy esa cifra se ha disparado, afectando especialmente a los hogares con menos capital social, donde se concentra la pobreza extrema.

El rol de los planes sociales

En este contexto, los programas de asistencia social se han convertido en un pilar para evitar un desastre aún mayor. Según la UCA, el 36,3% de los hogares en áreas urbanas recibe algún tipo de ayuda estatal. Sin estos programas, la pobreza ascendería al 55,4% y la indigencia alcanzaría un alarmante 23,2%. A pesar de una leve disminución de la inflación y del desempleo, las mejoras en los indicadores son insuficientes frente a la magnitud de la crisis. Las deudas sociales acumuladas durante dos décadas de crecimiento desigual, estancamiento y crisis estructural siguen siendo una amenaza para el futuro del país. El panorama es sombrío y refleja la necesidad urgente de políticas que no solo detengan el deterioro, sino que aborden las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad en Argentina.

Esta vez las declaraciones corresponden al diputado libertario Manuel Quintar, quien aseguró que en el PAMI hubo una “fiesta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a gente que no lo necesitaba”.

Desde el oficialismo, continúan las declaraciones en defensa y celebración del recorte en la entrega de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, argumentando que se trata de una medida “necesaria” para racionalizar los recursos del Estado. El diputado de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar, se convirtió en una de las voces principales en justificar la decisión, calificando la política previa como “una fiesta de excesos”.

“Hubo una fiesta de repartir medicamentos a diestra y siniestra a gente que no lo necesitaba”, afirmó Quintar, quien sostuvo que la medida busca garantizar los beneficios solo para quienes realmente los necesitan. Según el legislador, el nuevo esquema permitirá “racionalizar el uso de medicamentos” al priorizar a los jubilados de menores ingresos.

Restricciones justificadas como eficiencia

El recorte establece que quienes perciban más de $388.500 mensuales deberán realizar un trámite para demostrar que necesitan los medicamentos gratuitos, lo que desde el oficialismo se presenta como un paso lógico para evitar abusos. Quintar incluso sugirió que muchos beneficiarios cuentan con ingresos adicionales “en blanco o en negro” o con otras coberturas, lo que, según él, justificaría la restricción.

Además, el diputado defendió el recorte como un ejemplo de “responsabilidad fiscal”, asegurando que el gobierno de Javier Milei no permitirá “seguir tirando plata a todos lados”. Desde su perspectiva, esta medida garantiza un uso eficiente de los recursos, alineándose con la agenda de austeridad promovida por el oficialismo.

Silencio y críticas

Mientras Quintar celebraba el ajuste, su colega de bancada Lisandro Almirón evitó responder preguntas al respecto y se limitó a cuestionar el enfoque de la prensa.

Las justificaciones del oficialismo han generado críticas desde diversos sectores, que advierten sobre las consecuencias de esta medida para los jubilados más vulnerables. A pesar de ello, las declaraciones de Quintar reflejan una postura firme en la defensa de la política, presentada como una acción necesaria para el “ordenamiento” de los recursos públicos.

El comisario general Luis Rolle está acusado de trasladar en un avión de la fuerza a sus parientes y allegados a la boda que celebró el pasado 5 de octubre en una estancia.

El comisario general Luis Rolle, máxima autoridad de la Policía Federal, enfrenta duras críticas tras conocerse que usó un avión de la Policía Federal para transportar familiares y allegados a la fiesta de su casamiento, celebrada el pasado 5 de octubre en una estancia en Corrientes.

El polémico viaje, realizado el 3 de octubre desde el hangar de la Policía Federal en Ezeiza, habría involucrado un Viking DHC-6-400 Twin Otter matricula LQ-JKE, una aeronave adquirida en 2019 durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. El avión, con capacidad para poco más de diez personas, fue utilizado para llevar a los invitados a la celebración, que inicialmente estaba planeada para 300 asistentes pero finalmente se redujo a un evento más íntimo.

Contexto y antecedentes

La decisión de Rolle de restringir la magnitud de la fiesta habría respondido a dos factores: el reciente escándalo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por el uso indebido de una casona para eventos VIP, y rumores en el Ministerio de Seguridad sobre posibles cambios en la cúpula de la Policía Federal.

El caso recuerda el episodio que terminó con la salida del ex titular de la Fuerza Aérea, brigadier Fernando Mengo, quien también fue acusado de usar aviones oficiales para fines personales, incluyendo reuniones sociales en Entre Ríos.

Repercusiones

El uso de recursos oficiales para fines personales por parte de Rolle intensifica el malestar en las fuerzas de seguridad, ya golpeadas por recientes escándalos de corrupción y mala gestión. Aunque el comisario buscaba evitar motivos para su desplazamiento, el episodio podría precipitar su salida, en un contexto en el que ya se discutían cambios en la cúpula policial desde la llegada de Bullrich al ministerio.

Este incidente subraya la necesidad de una mayor fiscalización y transparencia en el manejo de recursos públicos en las fuerzas de seguridad, una problemática recurrente que sigue minando la confianza en las instituciones.

Las polémicas declaraciones pertenecen a Martín Ardohain, diputado nacional y presidente del PRO pampeano, fue uno de los legisladores que apoyó el veto del presidente Milei a la recomposición de los haberes jubilatorios.

Cada vez más funcionarios alineados al gobierno libertario justifican la quita de medicamentos a los jubilados, evidenciando un creciente respaldo al ajuste en políticas sociales y una desconexión total con la dura realidad de millones de jubilados. En recientes declaraciones televisivas, el diputado nacional y presidente del PRO en La Pampa, Martín Ardohain, generó polémica al defender medidas que afectan directamente a los jubilados.

Ardohain, quien ya había apoyado el veto del presidente Javier Milei a la recomposición de los haberes jubilatorios, argumentó que aquellos jubilados que perciben $400 mil pueden “bancarse” no recibir un aumento o incluso enfrentar recortes en la entrega gratuita de medicamentos. Estas afirmaciones han intensificado el debate sobre el impacto de las políticas de ajuste en los sectores más vulnerables de la sociedad.

El legislador también respaldó la gestión de Milei en términos del “déficit cero” y la “reducción de la inflación”, celebrando la austeridad fiscal como un objetivo prioritario. Sin embargo, lanzó una advertencia sobre el uso de estas medidas: “Creo que la gente bancó la motosierra, pero a partir de ahora hay que tener mucho más cuidado con la motosierra”.

Aunque Ardohain intentó matizar sus declaraciones con una crítica leve al estilo de gobierno, señalando la necesidad de mayor diálogo, enfatizó que el PRO sigue alineado con las directrices del libertarismo económico. “Nos gustaría un presidente con mucho más diálogo. Nosotros somos un partido de diálogo y le pedimos eso al presidente. Mauricio (Macri) se lo pide en cada reunión que tenemos, porque, aunque se puede gobernar en minoría, necesitamos una Argentina integrada”, concluyó.

Estas declaraciones refuerzan la percepción de que las políticas de ajuste están siendo justificadas por sectores políticos afines, incluso cuando afectan de manera directa a los jubilados y otros grupos vulnerables pese a que en su discurso el gobierno afirma que solo ajusta a la “casta política”.

El Gobierno Nacional prepara una serie de modificaciones a algunos artículos de las leyes de Defensa y de Seguridad interior para permitir el empleo de las Fuerzas Armadas en acciones policiales.

El gobierno de Javier Milei avanza en la modificación de normativas clave para permitir que las Fuerzas Armadas actúen “contra el terrorismo y el narcotráfico“, especialmente en zonas fronterizas. La iniciativa, que incluye cambios en las leyes de Defensa y Seguridad Interior, se aceleró tras un video donde presuntos narcotraficantes amenazaron con armas de guerra a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, lo que ha despertado fuertes sospechas sobre la autenticidad de su contenido y las intenciones del mismo.

Modificaciones propuestas y su alcance

El principal cambio busca alterar el Decreto 727 de 2006, que restringe la intervención militar a conflictos internacionales. Esta normativa había sido flexibilizada durante el gobierno de Mauricio Macri, pero fue restablecida en 2020 bajo la administración de Alberto Fernández. Con las nuevas modificaciones, las Fuerzas Armadas podrían realizar patrullajes, controles de personas y vehículos, e intervenir en flagrancia en casos que se consideren amenazas graves, como narcotráfico o terrorismo.

Además, se evalúan cambios en la Ley de Seguridad Interior para extender la actuación militar a posibles ataques de grupos extranjeros como Hamás o Hezbollah, lo que evidencia una fuerte influencia de la política de seguridad de Israel y Estados Unidos. Durante la cumbre de ministros de Defensa de las Américas en Mendoza, el ministro Luis Petri adelantó que el Ejército podría desplegarse en ciudades fronterizas con Paraguay, Bolivia y Brasil para tareas de vigilancia y control.

El debate sobre la seguridad interior

La intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior ha generado polémica. Mientras el gobierno argumenta que el contexto actual exige un enfoque más amplio, críticos advierten que esto contradice la tradición constitucional de limitar el accionar militar a conflictos externos. También se cuestiona la potestad otorgada al Ministro de Defensa para autorizar estas intervenciones, una facultad que históricamente ha recaído en el Presidente como Comandante en Jefe.

Un contexto de tensión social y económica

Este movimiento se da en un marco de creciente conflictividad social y económica. Las políticas de ajuste impulsadas por Milei, junto con llamados a la paciencia mientras se estabiliza la economía, han provocado malestar en la población. Según analistas, el énfasis en el discurso de seguridad podría ser una estrategia para desviar la atención de la crisis social y justificar medidas represivas, incluyendo la participación militar en tareas de seguridad interna.

Influencias externas y agendas regionales

El alineamiento de la administración Milei con Estados Unidos e Israel ha reforzado la adopción de políticas de seguridad orientadas a sus intereses geopolíticos. Esto incluye la visión de América Latina como un socio estratégico para la seguridad global de EE.UU., una postura defendida por figuras como Patricia Bullrich. Este enfoque podría consolidar el papel de Argentina como gendarme regional, pero a costa de derechos humanos y sociales, la soberanía y el equilibrio de poderes interno.

El debate sigue abierto y plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad, soberanía y derechos constitucionales, en un contexto de profundas tensiones sociales y creciente desigualdad, el gobierno parece estar dispuesto a avasallar cualquier oposición en nombre de “la libertad, el orden y el progreso”.

Bajo el argumento de “equilibrar el mercado”, la Secretaría de Energía estableció nuevos precios de referencia para el gas envasado .

A partir del 3 de diciembre, el precio del gas envasado aumentó un 24%, llevando la garrafa de 10 kilos a $10.500. Si bien la Secretaría de Energía justificó esta medida como un intento de “equilibrar el mercado” y garantizar el suministro, el ajuste afecta directamente a los hogares más vulnerables, que dependen de este recurso para cocinar y calefaccionarse, especialmente en zonas donde no llega la red de gas natural.

Con este incremento, los precios de referencia son los siguientes:

• 10 kilos: $10.500
• 12 kilos: $12.600
• 15 kilos: $15.750

La medida, detallada en la Resolución 394/2024, busca acercar el precio local al valor de exportación, alineándose con un proceso de desregulación del mercado. Sin embargo, mientras el gobierno se enorgullece de ser un importante exportador de gas, millones de argentinos enfrentan dificultades para acceder a un bien esencial que ahora es más caro.

Este aumento no solo refuerza las desigualdades energéticas, sino que también profundiza la precariedad de quienes ya enfrentan problemas económicos. La garrafa, imprescindible en muchas comunidades, se convierte en un lujo difícil de costear, mientras la narrativa oficial prioriza objetivos macroeconómicos sobre el bienestar inmediato de los sectores más desprotegidos.

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Julio Moreno Ovalle, justificó las nuevas restricciones implementadas por el PAMI para el acceso gratuito a medicamentos, argumentando que los recortes buscan priorizar el “déficit fiscal cero”.

La implementación de nuevas restricciones para el acceso gratuito a medicamentos a través del PAMI, defendida con frialdad por el diputado libertario Julio Moreno Ovalle, expone una vez más la insensibilidad del gobierno hacia los jubilados, priorizando una supuesta responsabilidad fiscal sobre el derecho a la salud de los ciudadanos más vulnerables.

“No creo que sea para tanto”, “los parientes pueden ayudar”, “No creo que los jubilados se mueran por esto”, “cuando la situación mejore, yo le garantizo que van a volver a tener los mismos beneficios todos los jubilados” fueron algunas de las afirmaciones del legislador libertario, quien evidentemente desestima la realidad de miles de jubilados que dependen de estos medicamentos para sobrevivir en el día a día.

"No creo que los jubilados se mueran por esto"

Después de que el Gobierno dispusiera que los jubilados que ganan más de $390 mil no reciban medicamentos gratis, el diputado de La Libertad Avanza Julio Moreno Ovalle sostuvo: "Pueden tener parientes que les ayuden". pic.twitter.com/nqGNw1EqwP

— Corta 🏆 (@somoscorta) December 3, 2024

El nuevo esquema impone condiciones que excluyen a una parte significativa de los afiliados, como no poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad o ganar ingresos inferiores a $390.000 mensuales. Este criterio ignora las complejidades de la vida de los adultos mayores, para quienes estos medicamentos no son un lujo, sino una necesidad vital. Además, el trámite burocrático para acceder a un “subsidio social” no solo representa una barrera adicional, sino que denota una falta de comprensión sobre la urgencia de estas necesidades.

La medida, presentada como una “gestión planificada y eficiente”, no es más que un ajuste cruel que sacrifica la salud de los jubilados en pos de un “déficit cero” que beneficia a pocos mientras perjudica a muchos. Lo más alarmante es la normalización del discurso que minimiza las consecuencias humanas de estas políticas. Al señalar que algunos jubilados poseen casas o autos de alta gama como justificación para las restricciones, Moreno Ovalle invisibiliza a quienes no tienen esa realidad y cuyas vidas penden de un hilo por la falta de acceso a sus tratamientos.

Este tipo de decisiones envían un mensaje claro: para el gobierno, los números son más importantes que las vidas humanas. La salud y el bienestar de los jubilados, quienes han contribuido durante toda su vida al sistema, son tratados como un costo prescindible. La indiferencia y desdén de los responsables solo profundizan la desesperación y la vulnerabilidad de quienes deberían ser prioridad en cualquier sociedad que se considere justa.