Patricia Bullrich, ha puesto sus ojos en una “solución” que parece sacada de un manual distópico o de la edad media: convertir barrios en fortalezas mediante muros y rejas que cierren calles por las noches.

Mientras la inseguridad aumenta al calor de la crisis económica y sigue golpeando a las principales ciudades del país, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha puesto sus ojos en una “solución” que parece sacada de un manual distópico: convertir barrios en fortalezas mediante muros y rejas que cierren calles por las noches. La iniciativa, impulsada en la ciudad cordobesa de Villa Allende, propone bloquear la circulación nocturna con barreras físicas en nombre de la seguridad, un concepto que recuerda más a la fragmentación de zonas de conflicto o guetos que a una política pública moderna.

Reunión entre el Gobierno Nacional y la Intendencia de Villa Allende, Córdoba

En el marco de una reunión celebrada en la Casa Rosada, el Intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, junto al Secretario de Gobierno, Felipe Crespo, se reunieron con la Ministra de Seguridad, Patricia… pic.twitter.com/7bjaeZtUu4

— Ministerio de Seguridad (@MinSeguridad_Ar) January 28, 2025

Ayer, Bullrich se reunió con el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, para discutir este extravagante plan, que busca restringir el acceso a determinadas calles, dejando solo a los residentes con el derecho de moverse libremente. También estuvo presente Santiago Caputo, asesor presidencial, quien tomó nota del proyecto, como si estuvieran descubriendo una estrategia de vanguardia en vez de una idea más propia de la Edad Media que del siglo XXI.

¿Controles policiales o ciudades sitiadas?

Según se explicó en la reunión, el plan consiste en instalar rejas y muros en calles residenciales, bloqueando el tránsito de vehículos “extraños” por las noches, con la esperanza de que esto reduzca el delito. La apertura y cierre de estos accesos quedaría en manos del municipio, financiado con un nuevo impuesto para los vecinos, quienes tendrían que adecuarse a rutas predeterminadas y controles para llegar a las arterias principales.

El proyecto, que será sometido a una suerte de consulta popular, podría fracasar si el 40% de los habitantes se opone. Aun así, la propuesta revela una visión preocupante de la seguridad: en vez de abordar el problema con mejores políticas de prevención, inversión en fuerzas de seguridad y justicia eficiente, Bullrich y sus aliados parecen apostar por dividir las ciudades en sectores amurallados, como si el país estuviera en estado de guerra o conmoción interna.

Más que una solución, este tipo de medidas generan un peligroso precedente: la normalización de la fragmentación urbana y la privatización del espacio público en nombre de la seguridad. La pregunta es inevitable: ¿cuál será el próximo paso? ¿Checkpoints militares en los barrios? ¿Ciudades con toque de queda? ¿O se trata de un nuevo negocio encubierto para empresarios amigos?.

En un contexto donde la inseguridad requiere respuestas serias y efectivas, la idea de levantar muros solo refuerza la desigualdad y el miedo, sin resolver las causas de fondo. Pero para el Gobierno, al parecer, la seguridad no pasa por construir un país más justo, sino por encerrarnos detrás de rejas.

Los pedidos de seguros por desempleo subieron 60% en el 2024, en medio de la recesión y el ajuste.

El derrumbe de la economía en 2024 quedó reflejado en el alarmante aumento de los pedidos de subsidios por desempleo, que se dispararon un 60% en medio de una recesión profunda y un brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei. Durante el año, 174.335 trabajadores despedidos sin causa comenzaron a cobrar la prestación por desempleo, un número que marca un récord histórico en la última década, según datos de la Seguridad Social.

La magnitud de la crisis se evidencia al comparar con los años anteriores: las solicitudes de subsidios casi duplicaron las 108.942 de 2023 y son más del doble de las 86.268 de 2022. Sectores clave de la economía, como la construcción (54.046 despidos), la industria manufacturera (36.233) y el comercio (28.790), fueron duramente golpeados, dejando a miles de trabajadores sin empleo en un contexto de fuerte contracción del consumo y desplome de la actividad.

El impacto en el empleo es aún más dramático al observar que en diciembre de 2024, pese a la rotación laboral y las bajas en el seguro, 102.549 personas aún dependían de esta prestación, cuyo pago promedio fue de apenas $214.822, cifra insuficiente frente a una inflación galopante que erosionó el poder adquisitivo de los beneficiarios.

La política de ajuste del gobierno también dejó en evidencia las limitaciones del sistema de subsidios, ya que a pesar de la normativa que establece que la prestación por desempleo debe equivaler al 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses de trabajo, un tope fijado por el Consejo del Salario Mínimo impidió que muchos despedidos cobraran ese porcentaje, generando una pérdida adicional de ingresos en plena crisis.

Con el desempleo en ascenso y sin señales de recuperación económica a corto plazo, el panorama laboral en Argentina se torna cada vez más sombrío. La combinación de recesión, caída del consumo y despidos masivos proyecta un 2025 igualmente desafiante para los trabajadores, que enfrentan un mercado laboral devastado por las políticas de ajuste.

Un militante libertario se hizo tendencia en X (ex Twitter) tras tener que padecer en carne propia las supuestas ventajas de la desregulación. “Esto es un manoseo”, afirmó, cansado de que las low cost le cancelen los vuelos.

Un ferviente defensor de la desregulación aérea y crítico acérrimo de Aerolíneas Argentinas quedó expuesto en redes sociales luego de sufrir en carne propia los problemas de las low cost que tanto defendía. Marcos Palazzolo, militante de Libres y Republicanos (espacio que fusiona a La Libertad Avanza con el PRO), se volvió tendencia en X (ex Twitter) tras desatar una furiosa queja contra Flybondi y JetSmart, las mismas aerolíneas que promovía como alternativa a la compañía de bandera.

El giro inesperado: de atacar a Aerolíneas a estallar contra Flybondi

Durante todo 2024, Palazzolo utilizó sus redes para instar a los pasajeros a boicotear Aerolíneas Argentinas, sosteniendo que la empresa debía “reventar” y que el futuro de la aviación estaba en el mercado desregulado. En uno de sus posteos, afirmaba con convicción:

“No saquen más vuelos con Aerolíneas Argentinas, que revienten. Yo siempre uso Flybondi, hagan lo mismo, o JetSmart, entre otras”.

pic.twitter.com/xOs7xttk13 Siempre pelotudo vos Marcos. Pero no te preocupes que ya sabemos que no vas a aprender

— Fede del Corro ⭐⭐⭐ (@FededelCorro) January 27, 2025

Sin embargo, su entusiasmo por la competencia privada se desmoronó este lunes cuando Flybondi le canceló su vuelo. Para empeorar la situación, al intentar conseguir una alternativa con JetSmart, su nuevo pasaje también fue cancelado. Desbordado por la situación, Palazzolo descargó su indignación en redes sociales:

“Ahora en Aeroparque: me cancelaron Flybondi, saqué pasaje por JetSmart y cancelan para mañana. La gente no aguanta este manoseo. Esto es una vergüenza”, escribió furioso, sin notar la ironía de su reclamo.

Burlas y memes: las redes no perdonaron la contradicción

El cambio de discurso de Palazzolo no pasó desapercibido. Su queja fue recibida con una ola de respuestas sarcásticas, recordándole sus constantes ataques a Aerolíneas Argentinas y su férrea defensa de las low cost. Entre memes y burlas, los usuarios de X le remarcaron la paradoja de pedir “cielos abiertos” sin garantizar el cumplimiento efectivo de los vuelos.

Mientras tanto, Flybondi continúa con problemas para sostener su cronograma, dejando en evidencia que la desregulación no siempre significa mejor servicio. Quizás ahora Palazzolo se lo piense dos veces antes de hacer campaña contra la aerolínea de bandera.

El ministro de economía santafecino advirtió que solo en diciembre, en la plataforma de ventas de Mercado Libre se detectaron casi 40.000 operaciones en negro en materia tributaria provincial.

El Gobierno de Santa Fe expuso maniobras evasoras en la plataforma de comercio electrónico más grande del país. Según denunció el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, durante diciembre se detectaron casi 40.000 operaciones sin declarar en términos tributarios, lo que representa un serio perjuicio para el fisco santafesino y una competencia desleal contra los comercios que cumplen con sus obligaciones.

La revelación surgió luego de que Mercado Libre y el sector fintech elevaran un reclamo sobre la presión tributaria en Argentina, con el argumento de que las regulaciones fiscales afectan la competitividad del sector financiero. Sin embargo, Olivares respondió con datos concretos: lejos de ser víctimas del sistema impositivo, las plataformas digitales operan al margen de las normativas tributarias y evaden contribuciones millonarias.

Un esquema de evasión que perjudica a la economía provincial

“Son operaciones que le quitan trabajo al comercio santafesino formal”, enfatizó el funcionario, advirtiendo que la evasión fiscal de Mercado Libre no solo impacta en la recaudación provincial, sino que también perjudica a los pequeños y medianos comerciantes que deben competir en condiciones desiguales.

Olivares explicó que Santa Fe no aumentó la alícuota de Ingresos Brutos sobre las ventas a través de plataformas digitales en la Ley Tributaria Provincial sancionada en diciembre de 2024. Sin embargo, sí equiparó la carga impositiva de las billeteras virtuales con la de los bancos, dado que estas también obtienen ganancias a través de intereses por financiamiento de compras, préstamos y otros servicios financieros.

Además, el ministro apuntó contra otro mecanismo mediante el cual Mercado Libre maximiza su rentabilidad a costa de los comerciantes: la retención de fondos durante 48 a 72 horas entre el débito al comprador y el depósito al vendedor, lo que genera ganancias financieras adicionales sin tributar.

Una provincia en alerta ante la competencia desleal

Desde la Administración Tributaria Provincial, Olivares aseguró que se monitorea de forma permanente la evasión en plataformas digitales, ya que su uso indebido representa un riesgo para la producción y el empleo local. “Estamos cuidando el trabajo y la producción santafesina cuando se la afecta desde la actividad en negro”, afirmó.

Asimismo, reiteró que la provincia trabaja en medidas que reduzcan la carga tributaria sobre los sectores productivos y que incentiven la inversión y la creación de empleo genuino en Santa Fe. Sin embargo, advirtió que, para lograr un sistema tributario más equitativo, las plataformas digitales también deben hacer su parte y adecuar sus condiciones de servicio a estándares internacionales de transparencia y competencia justa.

Mientras tanto, el impacto de estas maniobras sigue profundizando la brecha entre los grandes jugadores del comercio electrónico y los comercios tradicionales, que afrontan costos impositivos y operativos cada vez más elevados sin el respaldo de esquemas de evasión o retención de fondos.

En enero de 2025, un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita $144.775 para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar. 

Este gasto aumentó 3% con respecto del mes anterior y 345% en comparación con el mismo mes de 2024, de acuerdo con un informe de Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA – Conicet).

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una familia necesita nada menos que 144.700 pesos por mes solo para cubrir los servicios públicos. Un monto que crece sin freno y que pone en jaque la economía de millones de hogares.

Porque claro, ¿quién necesita un sueldo digno cuando puede destinar una parte cada vez más grande de sus ingresos a pagar tarifas “razonables” que aumentan mes tras mes?

En enero de 2025, el costo total de la canasta de servicios básicos (energía eléctrica, gas, transporte y agua potable) se disparó un 345% en comparación con el mismo mes de 2024. Un incremento sin precedentes que, lejos de mejorar la calidad de vida, profundiza el ajuste sobre la mayoría de la población.

Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA – Conicet), el desglose de los aumentos muestra cifras alarmantes:

• Energía eléctrica: +270%
• Gas: +559%
• Transporte: +385%

¿Casualidad? Difícil. Lo cierto es que los aumentos recaen con mayor peso sobre los sectores de menores ingresos, a los que ni siquiera se menciona en las políticas oficiales.

Salarios que no acompañan y un esfuerzo cada vez mayor para llegar a fin de mes

Para ponerlo en perspectiva, estos servicios básicos representan el 11,7% de un salario promedio, estimado en 1.238.608 pesos. La diferencia es que, mientras los servicios no paran de subir, los salarios corren muy por detrás, sin ningún ajuste proporcional que alivie el impacto de la inflación.

El transporte, por su parte, se lleva la mayor tajada del gasto en servicios, representando un 39% del total. Como si moverse dentro de la ciudad fuera un privilegio y no una necesidad diaria para millones de trabajadores.

Un Estado que se “desentiende” de los más vulnerables

A pesar de la creciente presión sobre los bolsillos de la población, el Estado sigue reduciendo su participación en el sostenimiento de los servicios públicos. Actualmente, cubre apenas el 47% del costo, dejando que la mayor parte del impacto recaiga sobre los usuarios.

Mientras tanto, la capacidad adquisitiva de los argentinos sigue cayendo a un ritmo alarmante, y el acceso a lo más básico—luz, gas, transporte—se convierte en un desafío diario. El costo de vida no deja de subir, pero la única variable que parece no ajustarse en la misma dirección es el salario.

El Gobierno nacional confirmó que solicitó al Banco Mundial la cancelación del crédito de 600 millones de dólares para la electrificación y modernización integral de la línea Belgrano Sur ya que no la consideran una obra prioritaria.

A pesar de la promesa de que “el ajuste lo paga la casta”, el Gobierno continúa aplicando recortes en áreas clave que afectan directamente a la población trabajadora. Esta vez, la Secretaría de Transporte canceló el crédito de 600 millones de dólares otorgado por el Banco Mundial para la electrificación de la línea Belgrano Sur, una de las más postergadas del sistema ferroviario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y utilizada diariamente por miles de trabajadores.

La obra, que estaba prevista en el Plan de Modernización del Transporte, incluía la electrificación de la traza desde González Catán hasta la estación Sáenz, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Además, contemplaba la renovación de vías, la construcción de subestaciones eléctricas, la modernización de talleres, mejoras en señalamiento y la compra de nuevas formaciones eléctricas. El objetivo era reducir tiempos de viaje, mejorar la seguridad operativa y aumentar la capacidad del servicio.

Un ajuste que golpea la movilidad de los trabajadores

Desde el Ministerio de Economía justificaron la cancelación del crédito alegando que los fondos serán redestinados a programas de asistencia social. Sin embargo, la eliminación de este proyecto forma parte de un patrón más amplio de ajuste en la infraestructura ferroviaria, que también incluyó la cancelación del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la electrificación del ferrocarril San Martín.

El recorte en el Belgrano Sur es especialmente crítico porque esta línea presta servicio en algunas de las zonas más postergadas del conurbano bonaerense, donde el acceso a un transporte eficiente y económico es fundamental para la movilidad de los sectores populares. Actualmente, la falta de electrificación obliga a utilizar formaciones diésel, más lentas, costosas y contaminantes, lo que impacta negativamente en la calidad del servicio y en la economía cotidiana de los usuarios.

Tensión creciente con los gremios ferroviarios

El ajuste en el sector ferroviario se da en un contexto de creciente tensión con los sindicatos del sector. En los últimos meses, los gremios ferroviarios han advertido sobre la falta de inversión en infraestructura, el deterioro de las condiciones laborales y la posibilidad de despidos en el sector.

La cancelación de obras estratégicas refuerza el malestar entre los trabajadores del ferrocarril, que han llevado adelante medidas de fuerza en rechazo a las políticas de ajuste. A su vez, la falta de modernización del sistema impacta en los usuarios, que enfrentan viajes más largos, servicios con mayor riesgo de interrupciones y una infraestructura cada vez más deteriorada.

Mientras el Gobierno sostiene el discurso de que “el ajuste lo paga la casta”, las decisiones económicas siguen afectando directamente a los trabajadores y a sectores esenciales de la vida cotidiana, como el transporte público.

El imperdible “show” de Bullrich en Salta: ahora dice que colocará 200 metros de alambre para “cuidar a los argentinos”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió la instalación de un insólito cerco de apenas 200 metros en la frontera de Aguas Blancas, Salta, calificándolo como una acción clave para frenar la entrada de cocaína al país. Según la funcionaria, este paso fronterizo es el “punto más álgido de entrada de cocaína”, y el alambrado busca “taponar la zona”. Sin embargo, la medida parece responder más un espectáculo mediático que una estrategia seria y completa para combatir el narcotráfico en una de las fronteras más extensas y porosas del mundo.

Bullrich destacó la presencia de fuerzas de seguridad como Prefectura y Gendarmería, además de la colaboración con la provincia de Salta y el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán. Incluso utilizó términos como “el ladrón cuidando a las gallinas” para dramatizar la situación, en referencia a presuntas complicidades locales. No obstante, su discurso omite una visión integral del problema, enfocándose en soluciones simbólicas y de bajo impacto en lugar de abordar las verdaderas raíces del narcotráfico.

Blanqueos de capitales: ¿Aliados del crimen organizado?

Mientras Bullrich promociona la instalación del cerco como un hito en la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno de Javier Milei avanza con una controvertida medida que podría beneficiar indirectamente al crimen organizado: la destrucción de datos de 300.000 cuentas de argentinos que blanquearon capitales por un total de 19.000 millones de dólares. Según especialistas, esta acción debilita los controles contra el lavado de dinero, facilitando que fondos ilícitos ingresen al sistema financiero sin supervisión adecuada entre ellos los del narcotráfico que la ministra dice querer combatir.

El economista Sebastián Domínguez y el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez han criticado duramente la medida, alertando sobre su impacto negativo en la lucha contra el lavado de activos y el narcotráfico. En este contexto, la narrativa de Bullrich contra el crimen organizado pierde credibilidad al no cuestionar las políticas financieras que generan condiciones favorables para el blanqueo de dinero ilegal.

El caso de las SAS: otra omisión conveniente

Una de las herramientas que ha facilitado el lavado de dinero por parte de organizaciones criminales fue la creación de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Bullrich encabezaba el Ministerio de Seguridad. Estas figuras jurídicas, diseñadas para simplificar trámites empresariales, fueron aprovechadas por bandas como “Los Monos” para lavar más de 12.000 millones de pesos, según informes de la Inspección General de Justicia.

Lejos de abordar este antecedente, Bullrich elige centrarse en medidas visibles pero ineficaces, como un alambrado de 200 metros o la militarización de zonas urbanas donde de paso alimenta el negocio de la compra de armas y equipos de seguridad a muy allegados socios israelíes. Estas acciones parecen responder más a un intento de emular en lo escénico modelos de seguridad como el de Bukele en El Salvador o Trump en EEUU, sin una verdadera intención de resolver los problemas estructurales que sostienen al narcotráfico, como el lavado de dinero y las redes financieras que lo hacen rentable.

Las medidas de Bullrich no son más que una puesta en escena, diseñada para generar impacto mediático sin atacar los pilares económicos y políticos del narcotráfico. Mientras se enfoca en construir cercos simbólicos y promover operativos para las cámaras, se evitan discusiones de fondo sobre las políticas fiscales y económicas que fortalecen al crimen organizado. Lejos de ser una lucha genuina contra el narcotráfico, la estrategia de Bullrich evidencia una preocupante desconexión entre el discurso y la realidad.

Según un relevamiento de Ceprofar, en diciembre de 2024 se vendieron 5 millones de medicamentos menos que en diciembre de 2023. Una vez más los jubilados los más perjudicados.

Un reciente relevamiento del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar) revela una situación preocupante: en diciembre de 2024, las ventas de medicamentos recetados cayeron un 14% respecto al mismo mes de 2023, lo que equivale a 5 millones de unidades menos. Este desplome, lejos de ser un indicio de una mejora en la salud de los argentinos, refleja los efectos de los altos precios de los fármacos y la pérdida del poder adquisitivo de la población.

La comparación entre diciembre de 2024 y octubre de 2023, antes de las elecciones, resulta aún más alarmante: la baja fue del 35%, lo que significa 17,38 millones de medicamentos menos vendidos en apenas dos meses.

Impacto en los jubilados

Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), principalmente jubilados, han sido los más perjudicados. Según el informe, las ventas de medicamentos a través de PAMI se redujeron un 22% anual, con una caída de 3,7 millones de unidades. Además, los precios de los medicamentos para los afiliados al programa registraron incrementos mucho mayores que los del mercado general, alcanzando un promedio del 240% en 2024.

Estos aumentos están relacionados con los acuerdos establecidos entre PAMI y los laboratorios, que desde marzo permitieron subas mensuales del 5% por encima de la inflación. En noviembre, un nuevo convenio de provisión autorizó incrementos variables, nuevamente superiores al índice inflacionario.

La cobertura gratuita, en retroceso

Otro factor que agravó la situación de los jubilados fue la pérdida de cobertura gratuita para muchos medicamentos, que ahora se consideran dentro del esquema de “Cobertura Eventual”, con un descuento de solo el 40%. Esto representa un fuerte contraste con años anteriores, cuando los afiliados al PAMI obtenían precios entre un 20% y un 40% más bajos que el público en general.

Precios por las nubes

El relevamiento de Ceprofar también detalla que, tras el fin de los acuerdos de precios sostenidos con los laboratorios hasta octubre de 2023, los valores de los medicamentos comenzaron a escalar vertiginosamente. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, los precios subieron un 250,6%, muy por encima de la inflación del período (173,3%).

La drástica caída en la venta de medicamentos y los exorbitantes aumentos de precios están dejando a millones de argentinos, especialmente jubilados, en una situación de desamparo. Las políticas de ajuste implementadas en el último año no solo han reducido el acceso a medicamentos esenciales, sino que han profundizado la brecha en la atención sanitaria, afectando de manera directa a los sectores más vulnerables.

El ministro de Defensa publicó en su cuenta oficial de X un mensaje del presidente estadounidense celebrando la deportación de ciudadanos colombianos y criticando al presidente colombiano Petro.

El Ministro de Defensa, Luis Petri, generó una fuerte controversia y malestar al compartir en su perfil oficial en la red social X una publicación del presidente estadounidense Donald Trump, en la que este criticaba a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por la cuestión de los vuelos de repatriación de inmigrantes ilegales desde Estados Unidos. Este acto, que claramente escapa a su ámbito de competencia, refleja una actitud incomprensible y evidencia una preocupante subordinación que roza la genuflexión hacia el nuevo gobierno estadounidense.

El gesto del ministro no solo resulta innecesario, sino que también coloca a Argentina en una posición de desprestigio regional que será difícil de revertir, afectando su imagen como un actor independiente en los foros internacionales. Este tipo de intervenciones, alejadas de las responsabilidades específicas de su cartera, no contribuyen a fortalecer la política exterior del país y generan tensiones innecesarias con los países de la región en un contexto donde el nuevo gobierno estadounidense emprende con virulencia una política anti hispanista y latinoamericana que amenaza incluso con atentar directamente contra la soberanía de países como México o Panamá. Apoyar la política de garrote de Estados Unidos no solo ignora el hecho de que la propia Argentina podría sufrirla en carne propia (de hecho la ocupación ilegal británica de las Islas Malvinas no seria posible sin el beneplácito estadounidense) si no que también atenta contra las posturas históricas de la diplomacia Argentina, dañando además el vinculo con los países americanos donde la mayoría apoyan el reclamo argentino por la soberanía en Malvinas en los distintos foros e instancias internacionales.

Mientras el ministro Petri se ocupa de asuntos ajenos a su ministerio, cuestiones críticas de defensa nacional permanecen bajo cómplice silencio. Un ejemplo de ello es la situación en el Atlántico Sur y la Antártida la cual pese a estar contenida por el tratado antártico viene siendo objeto de una escalada mas o menos solapada, con el Reino Unido de Gran Bretaña (RUGB) mostrando un interés abierto en el potencial de hidrocarburos en el sector antártico argentino (que se superpone en su totalidad al territorio ambicionado por RUGB). Además, el año pasado, el RUGB decretó unilateralmente un área marina protegida (AMP) en torno a las Islas Georgias del Sur, consolidando su control de facto en la región, al tiempo que intensifica la militarización de las Islas Malvinas y la ampliación de infraestructuras criticas con el fin de proyectarse al continente blanco. Mientras que por el lado argentino el proyecto del Polo Logístico Antártico de Ushuaia en Tierra del Fuego y la construcción del necesario buque polar que complemente al rompehielos Almirante Irizar vienen siendo sistemáticamente postergados por el ministerio que dirige Luis Petri.

La falta de enfoque en estos desafíos estratégicos es ciertamente alarmante, especialmente cuando las acciones británicas representan una amenaza directa y concreta a los intereses vitales de Argentina. En este contexto resulta incomprensible que el ministro se involucre en temas ajenos a su cartera, cuando de lo que debería ocuparse el ministro es en priorizar la defensa de los intereses nacionales en el eje Atlántico Sur- Malvinas- Antártida y reforzar las acciones diplomáticas (donde el apoyo de los países de la región es fundamental) y militares necesarias para enfrentar esta situación.

La actitud de Petri no solo desdibuja el rol de su ministerio, sino que compromete la capacidad del país para atender los verdaderos desafíos que enfrenta en términos de soberanía y seguridad.

La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debió realizar una acción legal ante la falta de entrega de los remedios que data desde hace varios meses por parte de la administración libertaria.

La interrupción en la entrega de medicamentos oncológicos para menores, que ya se extiende por varios meses, ha llevado a la Defensora Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, a presentar un recurso de amparo judicial contra el Gobierno nacional. La acción exige que se garantice la provisión de tratamientos esenciales para niños y niñas con enfermedades de alta complejidad, cuya suspensión representa una grave vulneración de derechos.

En declaraciones a Splendid AM 990, Graham subrayó que lo único que se reclama es el cumplimiento de la ley vigente: “Esta es una vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. Lo único que pedimos es que se cumpla lo que dicta la ley”. El amparo presentado en el Juzgado Federal N°2 insta al Estado a resolver expedientes administrativos atrasados y garantizar la provisión de medicamentos en un plazo máximo de 20 días.

Lo que resulta aún más indignante es que esta medida afecta a los sectores más vulnerables de la población mientras, en paralelo, el Gobierno ha adoptado decisiones que benefician a los sectores ultra concentrados de la economía, como la reducción de retenciones al agro. Este contraste evidencia una preocupante política de priorización que desatiende a los niños y niñas que dependen de estos tratamientos para sobrevivir, en favor de intereses económicos de los sectores más poderosos.

A pesar del amparo judicial, el oficialismo ha apelado la medida cautelar, dejando a miles de familias sin respuestas claras y a niños y niñas sin los medicamentos que necesitan con urgencia. Esta postura no solo contradice principios básicos de derechos humanos, sino que refleja una alarmante falta de sensibilidad hacia quienes más necesitan del Estado.

Mientras los sectores concentrados son favorecidos, los niños y niñas en situación de mayor vulnerabilidad quedan abandonados, demostrando una gestión que pone en evidencia sus prioridades y desestima el cumplimiento de derechos fundamentales.