La empresa ocupó los últimos puestos de un ranking internacional: quedó entre las 6 peores líneas aéreas del mundo. En solo una semana, canceló 28 vuelos.

Flybondi, la aerolínea low-cost dirigida por Mauricio Sana, atraviesa un periodo crítico que la posicionó entre las 6 peores aerolíneas del mundo según un reciente ranking internacional. En solo una semana, la empresa canceló 28 vuelos, lo que equivale a un promedio de cuatro vuelos diarios, evidenciando serias falencias operativas y una evidente incapacidad de satisfacer las necesidades del mercado interno argentino.

Cancelaciones masivas y reclamos de los pasajeros

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) había notificado previamente a Flybondi por sus cancelaciones recurrentes, acumulando al menos 23 vuelos suspendidos en semanas anteriores. Esto generó un aluvión de quejas por parte de pasajeros que enfrentaron retrasos y cancelaciones inesperadas. Estas irregularidades no solo afectan la confianza de los usuarios, sino que también plantean dudas sobre la capacidad de la aerolínea para operar de manera eficiente en un contexto de creciente demanda de vuelos domésticos.

Problemas técnicos y seguridad en tela de juicio

A las cancelaciones se suman preocupaciones relacionadas con la seguridad. Recientemente, un vuelo de Flybondi (FO5020) que iba de Aeroparque a Córdoba sufrió un desperfecto técnico en pleno trayecto, obligándolo a aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según voceros de la empresa, el avión presentó una “novedad técnica” que requirió la intervención del equipo de mantenimiento antes de poder continuar su recorrido. Aunque la compañía minimizó el incidente, este tipo de situaciones alimenta el escepticismo respecto a la calidad y el mantenimiento de su flota.

Un modelo low-cost que no despega

El desempeño de Flybondi pone en evidencia los límites de un modelo low-cost que parece priorizar la reducción de costos por encima de la seguridad, calidad del servicio y la satisfacción del cliente. En un país donde el transporte aéreo cumple un rol clave para conectar regiones y estimular el turismo interno, la aerolínea no solo incumple expectativas, sino que también genera trastornos significativos para los pasajeros.

Las recientes cancelaciones masivas, problemas técnicos y el pésimo lugar en rankings internacionales refuerzan la necesidad de una regulación más estricta y un replanteo en el modelo operativo de Flybondi. Si la aerolínea no toma medidas inmediatas para mejorar su performance, corre el riesgo de perder su posición en un mercado interno que exige estándares de calidad y seguridad mucho más elevados.

Un informe de la UBA revela que el salario mínimo cayó 28% en el último año, ubicándose en niveles inferiores a los de 2001, año en el que se desató una profunda crisis socioeconómica.

Un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA reveló que el salario mínimo vital y móvil (SMVM) sufrió una caída real del 28% en el último año, ubicándose en niveles inferiores a los de 2001, año marcado por una profunda crisis socioeconómica. A pesar de la estabilidad relativa del empleo formal, el poder adquisitivo de los trabajadores continúa en franco deterioro debido a una inflación persistente y el aumento de costos básicos.

Según el informe, titulado Panorama del empleo asalariado formal y de las remuneraciones, esta tendencia negativa comenzó en diciembre de 2023, con una contracción del 15%, y continuó en enero de 2024 con una caída adicional del 17%. Aunque se registró cierta estabilidad durante algunos meses, la pérdida del poder adquisitivo se intensificó nuevamente desde junio y se prolongó hasta octubre. En términos históricos, el SMVM acumula una pérdida real del 60% desde 2011, año en el que alcanzó su punto más alto.

Consumo y mercado laboral en crisis

El empleo formal, aunque estable, no ha logrado compensar el impacto de la caída salarial. En agosto de 2024, los trabajadores registrados en los sectores público, privado y de casas particulares totalizaron 10,1 millones, un leve incremento de 1.600 puestos respecto al mes anterior. Sin embargo, este número sigue reflejando una contracción prolongada, con niveles similares a los de noviembre de 2022, en plena recuperación pospandemia.

Los coordinadores del estudio, Roxana Maurizio y Luis Beccaria, señalaron que el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores tiene un impacto directo en la economía. La pérdida de ingresos afecta el consumo interno, que es uno de los motores fundamentales del crecimiento, y genera un círculo vicioso que perpetúa la desaceleración económica y la recesión.

Contexto estructural y desafíos

La caída del salario mínimo se da en un contexto de crisis estructural marcado por el aumento sostenido de precios, ajustes tarifarios y la falta de políticas salariales que compensen la inflación. Este fenómeno no solo profundiza las desigualdades sociales, sino que también limita la capacidad de recuperación de la economía al restringir el acceso a bienes y servicios básicos para gran parte de la población.

Con un salario mínimo por debajo de los niveles de 2001, los trabajadores enfrentan un panorama complejo en el que la estabilidad laboral no garantiza un ingreso suficiente para sostener un nivel de vida adecuado. Este retroceso plantea la urgente necesidad de políticas públicas que protejan el poder adquisitivo y estimulen el mercado interno como vía para revertir el deterioro socioeconómico.

El intendente macrista de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, sugirió que “le plantan” indigentes y delincuentes que no son de su ciudad.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, desató una nueva polémica al celebrar públicamente el desalojo de personas en situación de calle en Mar del Plata. A través de un video en sus redes sociales, mostró un operativo policial donde agentes interrumpen a una pareja de indigentes, advirtiéndoles que “se terminó el diálogo”. Con el lema “Se terminó”, Montenegro no solo validó la acción, sino que reforzó un discurso de criminalización hacia los sectores más vulnerables.

Desde distintos sectores políticos y sociales, surgieron críticas contundentes hacia esta postura. La dirigente de izquierda Myriam Bregman calificó de “basura” al intendente y denunció la violencia institucional como una herramienta sistemática contra los más pobres: “Todos matones contra los más débiles”. Nicolás Del Caño, también referente de la izquierda, lo tildó de “cobarde” y le reprochó la criminalización de la pobreza, una problemática que tiene raíces en las políticas que él mismo sostiene.

Montenegro, lejos de retroceder, intensificó su discurso al acusar a Juan Grabois y a organizaciones sociales de “enviar delincuentes” a la ciudad, buscando adjudicar a estos sectores una supuesta estrategia de desestabilización. En lugar de abordar el aumento de la indigencia en un distrito donde más de 360 mil personas viven por debajo de la línea de pobreza, el intendente recurrió a una narrativa securitista y deshumanizadora, asociando la marginalidad con la criminalidad.

Un patrón reiterado de odio y desprecio a los más necesitados

Este caso no es aislado, sino parte de un patrón creciente en sectores del PRO y libertarios que buscan instalar la securitización de la pobreza como una política de Estado. En la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, jefe de Gobierno, comparó recientemente a las personas en situación de calle con “basura” y minimizó su problemática al sugerir que los cajeros automáticos son sus “monoambientes”. Además, impulsó campañas de desalojo y hasta llegó a pedir que la ciudadanía deje de brindar ayuda solidaria: “No les den de comer”, enfatizó su ministro de Seguridad, Diego Kravetz, quien también amenazó con expulsar a estas personas de la ciudad.

¿Sacarle a una persona en situación de calle lo poco que tiene? Se ve que nunca te faltó nada, monigote. Sos una basura.

Para esto necesitamos tener ley provincial para personas en situación de calle. Para que los hijos de puta como Montenegro no se sigan creyendo impunes. https://t.co/LmFTxAKHB9

— Federico Fagioli (@Fede_FagioliOK) November 22, 2024

En un marco nacional, el presidente Javier Milei refuerza este paradigma de exclusión con declaraciones que naturalizan la desigualdad extrema. Al defender su postura de no intervención frente a la creciente crisis económica, afirmó: “Si la gente se muere de hambre, de alguna manera decidirá algo para no morirse”, eludiendo cualquier responsabilidad del Estado ante la precarización de la vida.

La securitización de la pobreza como herramienta política

Estas actitudes reflejan una estrategia política que busca trasladar el foco de la crisis económica y social hacia los sectores más vulnerables, reforzando discursos de odio y estigmatización. En lugar de atender las raíces estructurales de la desigualdad, estas políticas priorizan la represión y la criminalización de quienes sufren las consecuencias más duras del modelo económico actual.

Mientras las cifras de pobreza y marginalidad alcanzan niveles alarmantes en Argentina, la respuesta de estos sectores políticos evidencia una desconexión total con la realidad de miles de personas a quienes prácticamente le niegan su condición humana. La insensibilidad ante la precarización de la vida no solo expone un desprecio por los derechos básicos, sino que profundiza un clima de polarización y violencia simbólica contra quienes menos tienen.

El nuevo Cuerpo Femenino de Orden Urbano de la Policía de la Ciudad tiene como finalidad “abordar los enfrentamientos en las calles donde exista presencia de madres con sus hijos”.

La Ciudad de Buenos Aires continúa profundizando su política de control policial de la sociedad con la creación de un grupo policial especializado para intervenir en protestas y “situaciones de conflicto” que involucren a mujeres, madres con hijos, niños y otros sectores vulnerables. Este nuevo Cuerpo Femenino de Orden Urbano, conformado por 120 oficiales mujeres, tiene como misión explícita “abordar enfrentamientos en las calles” y, según declaraciones oficiales, se centra en la negociación y disuasión de conflictos, aunque también está preparado para reprimir si “la violencia escala”.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó que este cuerpo responde a la decisión política de erradicar piquetes y cortes en la ciudad, señalando que “en la Ciudad la regla es el orden y no vamos a tolerar el caos”. Durante la presentación del grupo, se realizó un simulacro de disturbios en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad (ISSP), en el cual se resaltó el rol de estas oficiales para intervenir en situaciones de protesta, particularmente en aquellas que involucran a madres con hijos.

La creación de este cuerpo surge tras recientes manifestaciones de sectores vulnerables, como jubilados y estudiantes, donde se identificó la participación de mujeres con niños. Según Macri, la medida busca garantizar la circulación y “la seguridad de los ciudadanos de bien”, mientras que el ministro de Seguridad, Waldo Wolff, afirmó que las oficiales están capacitadas para lidiar con mujeres, niños, adolescentes y personas mayores.

Sin embargo, esta política ha sido cuestionada por diversos sectores sociales, que denuncian un enfoque represivo hacia las poblaciones más vulnerables. Al centrarse en mujeres con hijos y otros grupos en situación de desventaja (como las personas en situación de calle que son permanentemente desalojadas y donde el gobierno porteño las compara con basura), se criminaliza la protesta social y se refuerza una lógica de control que invisibiliza las demandas legítimas detrás de estas movilizaciones en un contexto de crecente desigualdad.

El denominador común de estas iniciativas es claro: una política estatal que prioriza el “orden” a cualquier costo, deslegitimando el derecho a manifestarse y colocando a los sectores más vulnerables en el centro de la represión. Esta medida se suma a una tendencia preocupante a nivel nacional, donde se han creado grupos especializados en reprimir reclamos sociales en contextos como el yacimiento de Vaca Muerta, reforzando una visión criminalizadora de la protesta en todo el país.

“Probablemente se irá a un programa nuevo que va a implicar nueva plata. Estamos discutiendo cómo entraría esa plata”, deslizó Caputo durante una entrevista.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, vuelve a optar por un camino conocido: recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en busca de nuevos fondos que alivien las finanzas del gobierno. Tal como lo hizo durante el macrismo, Caputo apuesta por inyecciones externas de capital para estabilizar la economía, esta vez discutiendo un programa que podría implicar desembolsos de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares. Su prioridad, según señaló, es que los recursos ingresen rápidamente para generar un impacto inmediato.

Caputo confirma que está negociando un nuevo préstamo con el FMI para TIMBEARSELA toda OTRA VEZ
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— TUGO News (@TugoNews) November 22, 2024

En declaraciones televisivas, el ministro enfatizó la importancia de un desembolso inicial significativo, señalando que el ritmo de los pagos influirá en los efectos económicos del acuerdo. Asimismo, destacó la baja de los precios mayoristas y aseguró que los números económicos actuales validan el rumbo tomado, pese a las dificultades que enfrenta la clase media que aun no percibe una reducción palpable de sus costos de vida.

El presidente con amnesia: lo que opinaba Milei de Caputo

Sin embargo, la figura de Caputo no escapa a la controversia. Durante el macrismo, su gestión fue señalada por el endeudamiento masivo y las políticas implementadas en el Banco Central, las cuales derivaron en el histórico pedido de dinero al FMI tras el cambio de metas anunciado en diciembre de 2017. En su momento, Javier Milei, hoy presidente, criticó con dureza a Caputo, calificándolo como uno de los responsables de las decisiones que llevaron al país a aquella crisis. Según Milei, parte de los fondos del FMI fueron utilizados para cubrir los desbalances generados por esas políticas. “Se fumo 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente” había afirmado Milei poco antes de ser electo presidente y de convocar a Caputo para conducir la cartera de economía.

Esta nueva negociación con el FMI evoca los mismos desafíos y críticas que marcaron el pasado reciente: ¿será suficiente este oxígeno financiero para evitar una repetición de las consecuencias del endeudamiento masivo y la bicicleta financiera?

Desde el despacho de la presidencia del Senado vienen apuntado como los responsables de los ataques a Villarruel a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y al asesor Santiago Caputo. 

La relación entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel ha alcanzado un punto crítico, revelando una grieta que se extiende más allá de las diferencias políticas y pone en evidencia la lucha por el control dentro del oficialismo. El conflicto, que se desató tras las declaraciones de Milei en una entrevista televisiva, ha sacado a la luz acusaciones cruzadas y movimientos internos impulsados por figuras clave como Karina Milei, hermana del mandatario, y Santiago Caputo, su principal asesor, quienes buscan marginar a Villarruel de los espacios de poder.

El detonante público: las declaraciones de Milei

En una entrevista con LN+, Javier Milei afirmó que Victoria Villarruel “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones” y la acusó de estar alineada con “la casta”, refiriéndose al “Círculo Rojo” y a lo que él denomina “alta política”. Estas palabras sorprendieron incluso a los colaboradores más cercanos de Villarruel, quienes interpretaron el ataque como una estrategia para deslegitimarla.

“Por casi la mitad del reportaje se dedicó a hablar de Victoria, cuando tenía una gran cantidad de temas importantes para tratar”, señaló un colaborador cercano a la vicepresidenta. Según fuentes del Senado, Villarruel se encuentra analizando emitir una declaración pública para aclarar lo que considera “imprecisiones” en los comentarios del presidente, aunque por ahora busca evitar una ruptura frontal con la Casa Rosada.

El respaldo del círculo de Villarruel

Las críticas de Milei movilizaron rápidamente al entorno de la vicepresidenta. Juan Martín Donato, director de la Oficina de Atención Ciudadana del Senado y líder del grupo de jóvenes militantes conocido como los “villarruelines”, publicó un mensaje en redes sociales en defensa de la vice y cuestionó duramente la actitud del presidente. “Por 3% no ganó el hijo de puta de Massa en primera vuelta. Qué ganas de hinchar las pelotas y subestimar el voto popular”, escribió en una historia de Instagram.

Las críticas a la Vicepresidente son injustas e innecesarias. A pesar de tener minoría en el Senado, está realizando un gran trabajo para avanzar en las ideas de la libertad que pregonamos durante la campaña. Presidente, no se deje influenciar por los cantos de sirena. Las… pic.twitter.com/jXqCkxk0BG

— Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) November 21, 2024

El senador Francisco Paoltroni, quien mantiene una postura crítica hacia Milei desde su salida del bloque oficialista, también expresó su respaldo a Villarruel. “Las críticas a la vicepresidenta son injustas e innecesarias. A pesar de tener minoría en el Senado, está realizando un gran trabajo para avanzar en las ideas de la libertad que pregonamos durante la campaña”, afirmó en sus redes sociales, mientras advertía al presidente sobre las influencias que lo rodean: “Presidente, no se deje influenciar por los cantos de sirena. Las personas con las que se está rodeando no son los mismos de siempre, son los peores de antes”.

El rol de Karina Milei y Santiago Caputo

El trasfondo del conflicto parece centrarse en el poder que Karina Milei y Santiago Caputo tienen dentro del gobierno. Ambos consideran que Villarruel tiene una “agenda propia” que va en contra del rumbo trazado por el presidente. En reuniones privadas, han manifestado que la vicepresidenta es una figura desestabilizadora y que su cercanía con sectores políticos y económicos que Milei define como “la casta” pone en riesgo la cohesión interna del oficialismo.

Según fuentes cercanas a Balcarce 50, la estrategia de Karina Milei y Caputo pasa por aislar a Villarruel, reduciendo su protagonismo político y limitando su influencia en las decisiones del Ejecutivo. Aunque desde la Casa Rosada niegan que por ahora se esté evaluando un pedido de renuncia formal, las tensiones internas sugieren un intento de empujarla hacia una posición más simbólica y menos activa.

El impacto político de la disputa

La interna ha generado desconcierto entre los votantes libertarios y aliados del gobierno. Mientras colaboradores de Villarruel se muestran sorprendidos por la decisión de Milei de ventilar públicamente las diferencias, algunos sectores oficialistas consideran que el conflicto podría afectar la capacidad del Ejecutivo para avanzar con su agenda legislativa en un contexto de minoría parlamentaria.

Por su parte, Villarruel busca mantener una postura conciliadora, aunque su entorno advierte que la situación es insostenible. “Victoria siempre está dispuesta a hablar con el presidente, pero hay algunas cuestiones que no son precisas en lo que dijo y que en algún momento serán aclaradas”, señalaron desde su despacho.

Un oficialismo en tensión

La disputa entre Milei y Villarruel no solo expone las diferencias internas en el gobierno, sino que también abre interrogantes sobre la gobernabilidad en un escenario político tan polarizado. Con Karina Milei y Santiago Caputo actuando como operadores clave, el conflicto parece destinado a escalar, mientras la vicepresidenta decide si opta por una confrontación pública o busca preservar la unidad.

La interna, lejos de resolverse, amenaza con fracturar aún más al oficialismo, generando un clima de incertidumbre sobre el futuro del gobierno y su capacidad para sostenerse en el poder en medio de tensiones cada vez más evidentes.

A contramano del mundo, el presidente Javier Milei se negó a acatar la orden de arresto emitida por la CPI contra el genocida israelí Benjamin Netanyahu.

En una decisión que refuerza la pésima imagen de Argentina en el ámbito de los derechos humanos, el gobierno de Javier Milei rechazó las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad. Este respaldo abierto a líderes acusados de atrocidades contrasta con los principios fundamentales de la justicia internacional y los derechos humanos.

La postura argentina fue acompañada de un comunicado donde Milei expresó su desacuerdo con la CPI y justificó su decisión apelando al derecho de Israel a defenderse de “organizaciones terroristas” como Hamas y Hezbollah. Sin embargo, este posicionamiento ignora los devastadores efectos de la ofensiva israelí en Gaza, que dejó más de 43.000 muertos, la mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza y ONGs como HRW.

La actitud de Argentina no solo desafía los estándares internacionales al desobedecer a la CPI, sino que también genera preguntas sobre su alineación política. Israel, el país defendido por el gobierno argentino, ha votado históricamente en contra de los reclamos de soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y permite que sus empresas participen en la explotación de hidrocarburos en el territorio ocupado. Este doble estándar pone en tela de juicio las prioridades nacionales y el compromiso de Argentina con sus intereses soberanos.

La decisión de proteger a Netanyahu y Gallant frente a órdenes de arresto que buscan rendir cuentas por miles de vidas civiles refuerza una percepción de impunidad y desprecio por el derecho internacional. Además, sienta un peligroso precedente para la política exterior argentina, que ahora parece más enfocada en alinearse con actores cuestionados que en defender principios éticos y estratégicos coherentes con sus propios intereses nacionales.

Los fondos llegarán en el corto plazo y permitirán sostener los descuentos de la “red SUBE” y la tarifa social.

A pesar de los discursos del presidente Javier Milei, que promueven una reducción de subsidios, austeridad y un ajuste fiscal a base de no endeudarse, la reciente aprobación del Banco Mundial de USD 1.000 millones para financiar los subsidios a las tarifas eléctricas y de transporte público muestra una contradicción con su mensaje económico.

El desembolso de estos fondos, que ya fue aprobado por el Directorio del Banco Mundial y está disponible para su ejecución, se destinará a sostener el esquema de subsidios para los sectores sociales más vulnerables. En particular, estos fondos permitirán mantener la tarifa social en el transporte público a través de la red SUBE, que beneficia a jubilados y beneficiarios de prestaciones sociales con descuentos del 55% en la tarifa.

Este préstamo, aunque destinado a un fin que beneficia a los sectores más desfavorecidos, refleja cómo, en la práctica, el gobierno de Milei está recurrir al endeudamiento externo para financiar políticas que, a pesar de sus discursos de austeridad, no logran cumplir con las promesas de eliminar los subsidios. Al mismo tiempo, se establece que el dinero obtenido se destinará también a apoyar la transición energética del país a la que Milei en teoría se opone, en un plan de US$500 millones para un sector eléctrico más sustentable.

El gobierno había prometido en sus primeros meses que los subsidios serían eliminados y que las tarifas serían ajustadas según el mercado, buscando reducir la carga fiscal. Sin embargo, estos préstamos, con plazos de 32 años y un período de gracia de 7 años, demuestran que las políticas de subsidios siguen vigentes y que, en lugar de reducir el endeudamiento, el gobierno se ve obligado a recurrir a nuevas deudas para sostener su estrategia de subsidios en especial de cara al panorama electoral del proximo año, aunque con un supuesto enfoque en la eficiencia de su distribución.

Este panorama contradice el relato oficial sobre la necesidad de eliminar el gasto público innecesario. Si bien el gobierno de Milei habla de reformas estructurales y la descentralización de recursos, en la práctica depende de la deuda externa para financiar un sistema de subsidios que, lejos de ser erradicado, se mantiene vigente bajo una lógica de financiamiento internacional.

“Le reclamamos al Gobierno que nos baje el precio de la energía”, lanzó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos.

La reciente firma de un memorándum de entendimiento entre Argentina y Brasil, en el marco del G20, para la exportación de gas desde Vaca Muerta, ha generado una gran preocupación entre las pequeñas y medianas empresas industriales del país. Aunque el acuerdo promete darle un impulso a la producción de gas en el yacimiento neuquino y fortalecer la relación con Brasil, los cuestionamientos surgen por la falta de políticas públicas que apunten a fortalecer el mercado interno y la competitividad de la industria nacional.

El gobierno de Javier Milei está priorizando la exportación de gas, abaratando los costos de producción para beneficiar a países vecinos como Brasil y Chile, en lugar de aplicar medidas que favorezcan a las industrias locales. Desde la firma del acuerdo, el reclamo de los industriales es claro: gas barato para la producción local, que permita que las pymes argentinas puedan competir en condiciones más equitativas. Actualmente, la industria argentina paga hasta tres veces más por la energía que sus competidores internacionales, lo que coloca a las empresas locales en una desventaja estructural, especialmente en un contexto de apertura importadora masiva y desprotección frente a productos extranjeros.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, manifestó que el gobierno debería bajar el precio de la energía para la industria local y destacó que el mercado brasileño se está beneficiando de precios más bajos, lo cual abarata los costos productivos de Brasil y Chile, en lugar de priorizar el fortalecimiento de las empresas nacionales. En este sentido, el reclamo es contundente: el modelo de exportación de hidrocarburos favorece a los países vecinos, pero no impulsa la competitividad interna.

La falta de apoyo al sector industrial argentino contrasta con el trato preferencial que se les da a las empresas de los países vecinos. Argentina le está abaratando los costos de producción a Brasil y Chile, sin generar incentivos o políticas que protejan a sus propias industrias, lo que ha generado un malestar creciente dentro de los sectores productivos locales. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA), se alertó sobre la grave crisis que atraviesa el entramado productivo del país, con una caída proyectada de 10 puntos porcentuales en la producción industrial para este año.

La creciente desprotección del mercado interno en favor de las exportaciones está afectando especialmente a los sectores más vulnerables, como el textil y la metalmecánica, que dependen de condiciones de competitividad favorables en el mercado local. La apertura indiscriminada de importaciones y el desajuste en los precios de la energía, junto con la falta de estrategias claras para proteger el empleo de calidad, están llevando a muchos sectores al borde de la quiebra.

En este escenario, el modelo de explotación de los hidrocarburos, que prioriza las exportaciones antes que el fortalecimiento de la industria local, parece estar empeorando la situación para el mercado interno. En lugar de utilizar los recursos energéticos como palanca para reducir costos en la producción local y generar valor agregado dentro del país, el gobierno está orientando las políticas hacia la venta de gas al exterior, favoreciendo a empresas extranjeras y a la industria de los países vecinos. Este modelo de “exportación a cualquier costo” no solo pone en peligro la estabilidad de las pymes argentinas, sino que también destruye la competitividad de la industria nacional en el largo plazo.

La falta de una política integral que contemple tanto el fortalecimiento de las exportaciones como el apoyo al mercado interno está llevando a la Argentina hacia un camino de mayor dependencia y menor autonomía económica, con un costo muy alto para los trabajadores y las empresas nacionales.

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su preocupación por la destrucción de empleo e inversiones recientes que podrían quedar ociosas.

La política de apertura importadora impulsada por el gobierno de Javier Milei está generando fuertes tensiones en la industria argentina. A pesar de algunos indicadores económicos favorables, como la desaceleración de la inflación y la baja del riesgo país, los efectos negativos de estas medidas ya se están sintiendo en diversos sectores productivos. La Unión Industrial Argentina (UIA) ha alertado sobre una “segunda ola” de cierre de fábricas, que podría destruir miles de empleos, desincentivar inversiones recientes y profundizar la crisis del mercado interno.

La apertura importadora y sus impactos

Desde el inicio de su gestión, el gobierno de Milei ha implementado una serie de medidas orientadas a la apertura comercial, incluyendo:

• Aumento del límite para importaciones mediante courier: de USD 1.000 a USD 3.000, eliminando aranceles para los primeros USD 400.
• Eliminación de licencias no automáticas y valores criterio en la Aduana.
• Reducción de aranceles para cientos de productos, favoreciendo la competencia de bienes importados con la producción nacional.

Estas políticas, justificadas como parte de una agenda de “libre mercado”, se implementan en un contexto de caída del consumo y una apreciación cambiaria que encarece los costos locales en dólares, profundizando la pérdida de competitividad de la industria argentina.

Sectores en crisis

La apertura indiscriminada ya está afectando a sectores clave:

• Metalurgia y siderurgia: Aceros Zapla, en Jujuy, está prácticamente paralizada, con el 85% de sus salarios atrasados y en un Procedimiento Preventivo de Crisis que deja en vilo a 230 trabajadores.
• Bicicletas: Empresas como SLP advierten que, de persistir este modelo, se verán obligadas a dejar de fabricar para convertirse en importadoras, reduciendo drásticamente su personal.
• Electrodomésticos: El sector registra un crecimiento sin precedentes en las importaciones. Por ejemplo, las heladeras, que el año pasado ingresaban a un ritmo de 3.000 unidades mensuales, ahora llegan a 30.000, dejando a las fábricas nacionales sin posibilidad de competir.
• Textil e indumentaria: Este sector, históricamente sensible a la competencia extranjera, enfrenta el riesgo de cierre masivo de talleres y fábricas debido a la llegada de productos importados a precios imposibles de igualar.

Alerta de la UIA

La UIA, que durante meses mantuvo un perfil bajo, expresó su preocupación por el avance de la apertura: “Si hay fenómenos de apertura irracional e indiscriminada, vamos a señalarlos. Nos preocupa la llegada de una ola importadora y hay que atajar rápidamente el aspecto tributario”, declaró Daniel Funes de Rioja, presidente de la entidad.

Además, la UIA advirtió que, sin soluciones estructurales para mejorar la competitividad, como una reforma impositiva, modernización laboral e incentivos a las inversiones, la apertura solo agravará la situación.

Pérdida de empleo y destrucción del mercado interno

Según datos oficiales, en el último año se perdieron 30.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Si bien el gobierno asegura que la contracción ha terminado, los empresarios señalan que las condiciones para competir siguen empeorando. Esto genera un cambio de modelo: muchas industrias locales están evaluando abandonar la producción y dedicarse exclusivamente a la importación, lo que implica menos empleo, menos valor agregado y mayor dependencia del exterior.

Un modelo insostenible

Este enfoque de apertura importadora, que algunos empresarios han calificado como un “trumpismo al revés”, prioriza la competitividad de los bienes extranjeros a costa de la producción nacional. La destrucción del mercado interno no solo afecta a las PyMEs y a los trabajadores, sino también a los consumidores, quienes a mediano plazo podrían enfrentar una oferta dominada por productos importados sin controles de calidad ni regulación de precios.

La apuesta por un modelo de “libre mercado” que descuida las necesidades del mercado interno y la industria nacional amenaza con desarticular el tejido productivo del país, dejando a Argentina aún más vulnerable frente a las fluctuaciones de la economía global. La UIA y los industriales urgen a las autoridades a frenar esta política antes de que sus efectos sean irreversibles.