“Pueden decir que baja el índice de la pobreza, pero nosotros lo vemos igual, no cambia nada”, señaló la fundadora del comedor “Los Piletones” .

Margarita Barrientos, fundadora del emblemático comedor Los Piletones, reveló que su organización no está recibiendo alimentos por parte del Gobierno nacional liderado por Javier Milei, mientras que la única ayuda que llega proviene del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri.

“La ayuda que tenemos es de Ciudad. Ellos nos aportan alimentos secos. El Gobierno nacional no. No recibimos nada del Gobierno”, expresó Barrientos en declaraciones radiales. Además, recordó que en años anteriores sí se recibían envíos esporádicos de alimentos por parte del Ejecutivo nacional: “Yo no pido plata, subsidio ni nada. Pedíamos alimentos y de vez en cuando llegaban”.

Aumento de la demanda en los comedores

Barrientos también alertó sobre el crecimiento de personas que acuden al comedor en busca de ayuda. Según detalló, este año el número de asistentes aumentó de 3.700 o 3.800 a más de 4.000 personas diarias, evidenciando el agravamiento de la crisis social y económica.

“Pueden decir que baja el índice de la pobreza, pero nosotros lo vemos igual, no cambia nada”, señaló la dirigente social. Además, describió las difíciles condiciones en las que viven muchas familias: “La precariedad de las viviendas sigue igual. Hay gente que no tiene baño, no tiene agua, no tiene luz. Y muchos chicos no pudieron terminar la primaria”.

Crítica a la clase política

En otro momento de la entrevista, Barrientos criticó duramente a la dirigencia política, afirmando que los políticos se han “ausentado completamente”. “En otros años desfilaban y prometían cosas que nunca cumplían. En tantos años de mi trabajo, hoy hago un balance y nunca cumplieron lo que prometieron”, sentenció.

La denuncia de Barrientos pone en evidencia el impacto de las políticas de ajuste y la falta de asistencia estatal en un contexto de creciente inseguridad alimentaria, donde cada vez más familias dependen de los comedores comunitarios para cubrir sus necesidades básicas y donde el rol del ministerio de capital humano esta fuertemente cuestionado por su mala gestión en la entrega de alimentos.

“La inseguridad alimentaria es una medida mucho más directa, precisa y fiable para medir la pobreza real de la Argentina”, señalaron desde la UCA.

El Ministerio de Capital Humano anunció esta semana que la pobreza en Argentina disminuyó al 38,9% durante el tercer trimestre de 2024, según un informe preliminar basado en datos del INDEC. Este resultado muestra una aparente mejora respecto al 54,8% del primer trimestre del año, pero genera serias dudas al contrastarse con otros indicadores sociales críticos, como el aumento de la inseguridad alimentaria y la indigencia, evidenciados por diversos estudios.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) reportó que el índice de inseguridad alimentaria alcanzó en el tercer trimestre de este año los niveles más altos de la última década, superando incluso los registros de la pandemia. Más del 30% de los niños y niñas en el país viven en hogares que se ven obligados a reducir la cantidad o calidad de los alimentos que consumen debido a la falta de ingresos.

Por otro lado, un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) arroja datos aún más alarmantes. Según este análisis publicado en el mes de noviembre, en el último año la población en situación de indigencia se incrementó un 131%, pasando de 2,6 millones a más de 6 millones de personas, mientras que el número de pobres aumentó un 43,3%. Este fenómeno refleja que muchas personas han caído de la pobreza a la indigencia, exacerbando la vulnerabilidad social.

Datos contradictorios

Aunque los datos oficiales vinculan la baja de la pobreza con la desaceleración de la inflación, estos resultados no parecen reflejar mejoras reales en la calidad de vida. Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, señaló que “la medición de pobreza por ingresos es limitada, porque no captura las múltiples privaciones que enfrentan los hogares, como la inseguridad alimentaria”.

El informe de la UBA también resalta que, a pesar de las ayudas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, estas solo impactan en la indigencia, pero tienen un efecto marginal sobre la pobreza estructural. Además, la clase media empobrecida no se beneficia de estos programas, lo que amplifica las brechas sociales.

Inseguridad alimentaria como indicador clave

El índice de inseguridad alimentaria, basado en encuestas que evalúan la capacidad de los hogares para acceder a alimentos adecuados, clasifica en dos niveles:

• Inseguridad alimentaria moderada: Los hogares enfrentan incertidumbre sobre su capacidad para obtener alimentos o reducen la calidad y cantidad de los mismos.
• Inseguridad alimentaria severa: Las personas carecen gravemente de acceso a alimentos, llegando incluso a pasar días sin comer.

Ambos niveles se mantienen altos, reflejando que muchas familias priorizan gastos fijos, como servicios públicos y transporte, sobre alimentos, reduciendo así su capacidad de consumo en un ámbito tan esencial como la nutrición.

El desafío estructural de la pobreza

Salvia advierte que Argentina enfrenta un “piso estructural de pobreza” cercano al 35%, que será difícil de reducir sin un crecimiento económico sostenido, generación de empleo y mayor consumo interno. Según su proyección, aunque la pobreza podría seguir disminuyendo marginalmente en los próximos meses, el país necesita cambios estructurales profundos para superar esta situación.

La coexistencia de una supuesta baja en la pobreza con un aumento de la inseguridad alimentaria y la indigencia cuestiona la solidez de las mediciones oficiales y la efectividad de las políticas públicas. Este contraste subraya la necesidad de diseñar estrategias que aborden de manera integral las múltiples dimensiones de la pobreza en el país.

Mientras desde el gobierno se jactan de los recursos humanos del país, la realidad del sistema científico y educativo asoma con perspectivas dramáticas.

Mientras el Gobierno celebra anuncios tecnológicos en los que pondera los recursos humanos y el talento del país, en la práctica aplica políticas que contradicen dicho relato: ajustes presupuestarios, desinversión en investigación y salarios docentes depreciados que están empujando a renuncias masivas en las universidades públicas.

Un ejemplo contundente es el caso de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde este año renunciaron 135 profesores y auxiliares, el 13% del plantel docente. La situación se agrava en otras áreas clave, como informática y química, donde las deserciones son más pronunciadas. Según Guillermo Durán, decano de Exactas, “los sueldos de nuestros investigadores son entre tres y cuatro veces más bajos que en países vecinos, y eso hace que nuestros talentos busquen oportunidades afuera”.

Por su parte, la Universidad Nacional de Quilmes cerró inscripciones en carreras de informática para 2025 ante la imposibilidad de cubrir las clases, reflejando un deterioro que no solo impacta en el presente, sino que amenaza con comprometer la formación de las futuras generaciones.

A pesar de que el Ministerio de Capital Humano asegura que la inversión prevista para 2025 será una de las más altas en el presupuesto nacional, las cifras reales muestran una disparidad abismal entre los recursos asignados y las necesidades efectivas del sistema universitario. Mientras tanto, la falta de financiamiento ha frenado investigaciones, vaciado laboratorios y generado un éxodo de científicos y docentes jóvenes que buscan estabilidad económica en el extranjero o en el sector privado.

Esta crisis evidencia una contradicción fundamental: mientras el discurso oficial exalta el valor del conocimiento y la ciencia como motores de desarrollo, las políticas implementadas desmantelan los pilares fundamentales que sostienen la calidad educativa y el avance científico en el país. La continuidad de esta tendencia plantea un futuro desolador, no solo para las universidades, sino para la construcción de una sociedad basada en el conocimiento.

“No creo que lo que propone se pueda replicar en Italia”, declaró la mandataria europea.

A pesar de la buena relación personal entre la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente argentino Javier Milei, el gobierno italiano no está dispuesto, por ahora, a firmar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Meloni ha dejado en claro que Italia exige salvaguardias y garantías concretas para proteger su industria, particularmente el sector agrícola, antes de dar su respaldo definitivo al tratado.

“Estamos evaluando detenidamente el acuerdo preliminar firmado por la Comisión Europea en Montevideo. Defendemos nuestras posiciones con convicción y nos tomaremos el tiempo necesario para determinar si nuestras demandas serán atendidas”, expresó Meloni ante la Cámara de Diputados italiana.

La primera ministra subrayó que el tratado necesita un “reequilibrio esencial” para que sea beneficioso para todos los actores, no solo para algunos sectores. Enfatizó que la sostenibilidad del impacto en la agricultura europea debe ser una prioridad, destacando que este sector ha sufrido las consecuencias de la apertura del mercado a productos provenientes de países donde no se aplican los mismos estándares ambientales y de seguridad alimentaria.

“Si no se garantizan estas condiciones, Italia no firmará el acuerdo. El mundo agrícola europeo ha pagado un precio muy alto en los últimos años por políticas que han priorizado intereses ideológicos sobre la competitividad y rentabilidad de nuestros productores”, afirmó.

Meloni se distancia de las políticas de Milei

En una intervención ante el Senado italiano, Meloni también marcó diferencias significativas con las propuestas de Javier Milei, aclarando que las políticas del presidente argentino no son aplicables a la realidad italiana.

“Creo que Milei es una novedad interesante en la escena argentina, pero no creo que lo que propone se pueda replicar en Italia”, declaró. Su respuesta fue provocada por cuestionamientos del ex primer ministro Matteo Renzi, quien señaló las divergencias entre las prácticas de gobierno de ambos líderes, pese a su afinidad ideológica en algunos temas.

Ante una comparación entre su gestión y la de Milei, Meloni respondió con humor: “Soy amiga de Milei, pero no me crecen patillas”, rechazando la idea de que su gobierno adopte las políticas económicas del mandatario argentino.

Aunque Meloni reconoció su amistad con Milei, dejó en claro que su enfoque político no implica una convergencia total. Mientras el presidente argentino defiende su programa de austeridad basado en recortes masivos de gasto público, Meloni destacó que las circunstancias y necesidades de Italia son diferentes, subrayando que cualquier propuesta debe adaptarse al contexto local.

De esta manera, Italia reafirma su postura cautelosa respecto al acuerdo UE-Mercosur y a las políticas económicas de su contraparte argentina, priorizando la protección de su industria y las condiciones internas antes de avanzar en compromisos internacionales.

El reconocido abogado constitucionalista aseguró que en Argentina “no se sabe lo que rige, ni quién manda ni quién es el que ejerce las incumbencias constitucionales”.

El reconocido abogado constitucionalista Eduardo Barcesat lanzó una dura advertencia sobre la situación política e institucional del país, señalando que Argentina enfrenta un escenario de anomia y desborde constitucional. “No sabemos quién gobierna, qué normas rigen ni quién ejerce las incumbencias constitucionales”, afirmó Barcesat, poniendo en duda la estabilidad del orden democrático y el respeto al Estado de derecho.

Sus críticas apuntaron directamente al accionar del Ejecutivo nacional, en particular por la derogación parcial por decreto de la Ley de Competencias de las Fuerzas Armadas, que habilita su intervención en la defensa de “objetivos estratégicos de la seguridad nacional”. Para Barcesat, esta medida representa un retroceso peligroso: “Nuevamente las Fuerzas Armadas se posicionan como herramienta para reprimir la protesta popular, en una clara violación a las garantías constitucionales“, expresó en declaraciones a Radio 750.

El diagnóstico del abogado sobre la situación actual es contundente: “Estamos frente a un panorama de deterioro institucional acelerado, que recuerda los mecanismos empleados en el pasado por el expresidente Mauricio Macri para imponer graves descalabros institucionales mediante decretos simples”.

Críticas al fallo de la Corte Suprema y su impacto en el federalismo

Barcesat también arremetió contra el reciente fallo de la Corte Suprema que limita la reelección indefinida en la provincia de Formosa. Calificó la decisión como “un golpe al federalismo y a la autodeterminación provincial“, subrayando que la Constitución nacional no prohíbe explícitamente la reelección indefinida de los gobernadores.

“Es la Corte Suprema quien ha violado la Constitución, con una intrusión inaceptable en las competencias propias de las provincias”, sostuvo el constitucionalista, destacando que la Corte carece de autocrítica y opera como un poder vitalicio sin contrapesos.

Barcesat enfatizó que cualquier candidato en Formosa debe someterse a la voluntad popular en elecciones democráticas, y que la decisión del máximo tribunal atenta contra los principios del federalismo consagrados en la Constitución.

Un llamado urgente a proteger el orden constitucional

Ante este escenario, Barcesat instó a evitar nuevos descalabros institucionales que profundicen la crisis. “El panorama es extremadamente delicado, y sería prudente que la Corte Suprema se comprometa a resolver los cargos vacantes mediante procedimientos transparentes, como el sorteo de conjueces de las Cámaras Federales”, propuso.

El abogado concluyó advirtiendo que el país enfrenta una encrucijada crítica en la que el Estado de derecho y el orden constitucional están seriamente amenazados. “Es imperativo actuar con responsabilidad para preservar los fundamentos democráticos que sostienen a nuestra República”.

Semanas antes del cierre de un concurso, el Banco Central altero las bases del mismo y favoreció José Luis Espert, que ganó 4 millones de pesos de un saque.

El Banco Central de la República Argentina se encuentra bajo la lupa tras las denuncias de que modificó las bases de un concurso académico para favorecer al diputado nacional José Luis Espert, de La Libertad Avanza. Según las acusaciones, esta maniobra permitió que el economista obtuviera el primer lugar en la categoría de tesis de doctorado y se llevara un premio de 4 millones de pesos, pese a que su trabajo no cumplía con los requisitos originales del certamen.

El economista Nicolás Dvoskin fue quien expuso la irregularidad a través de redes sociales, señalando que el Banco Central alteró, sin previo aviso ni difusión, las condiciones de participación del Premio Anual de Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch” para que Espert pudiera postularse. Según las bases originales, solo podían participar tesis aprobadas entre 2021 y 2024, mientras que la tesis de Espert fue defendida en 2020.

No estamos tomando real dimensión de esto. El @BancoCentral_AR alteró sin dar ninguna difusión las bases de una convocatoria por un premio académico de 4 millones de pesos después de que haya cerrado para que lo gane Espert (que con las bases originales no podría participar). https://t.co/4AFHsG5Ajk

— Nicolás Dvoskin (@ndvoskin) December 18, 2024

El Banco Central anunció recientemente los ganadores de la edición 2024 de su premio académico, destacando a Espert como ganador de la categoría “Tesis de doctorado” por su trabajo titulado “Política comercial y salarios reales: una aproximación empírica al caso argentino”. Sin embargo, la denuncia de Dvoskin incluyó evidencia que demuestra que la tesis de Espert no cumplía con los requisitos temporales establecidos en las reglas del concurso.

“El Banco Central cambió las bases después de haber cerrado la convocatoria para que Espert pudiera participar”, señaló Dvoskin. Además, adjuntó capturas de una noticia de 2020 que confirmaba que la tesis del diputado había sido defendida antes del periodo permitido.

Polémica y críticas

La denuncia generó una fuerte repercusión, especialmente porque Espert, figura destacada en La Libertad Avanza, ha hecho de la transparencia una de sus banderas. Usuarios en redes sociales recordaron otros episodios controvertidos, como su reciente donación de 30 pañales en un hospital de Escobar, un gesto ampliamente criticado por su aparente desconexión con las necesidades reales.

Dvoskin también cuestionó el doble estándar en el trato mediático y político al señalar: “¿Se imaginan la reacción si el premio se lo hubieran dado con las mismas maniobras a Julia Strada, también doctora y diputada nacional? Esto es un escándalo que no está recibiendo la atención que merece”.

Un golpe a la credibilidad institucional

El caso no solo pone en entredicho la ética de Espert, sino que también afecta la credibilidad del Banco Central, una institución que debería garantizar la transparencia y la imparcialidad en sus concursos. La falta de explicaciones oficiales sobre la modificación de las bases refuerza las sospechas de favoritismo político y genera un nuevo foco de tensión en la esfera pública.

Mientras tanto, las preguntas siguen acumulándose: ¿quién autorizó el cambio en las bases?, ¿hubo más beneficiados bajo este esquema? Por ahora, la única certeza es que este caso amenaza con erosionar aún más la confianza en las instituciones argentinas.

Juan Paso fue designado en ARCA de la mano de Toto Caputo, se le descubrió que tiene en Miami una compañía y un departamento que no informó en su declaración ante la Oficina Anticorrupción.

La designación de Juan Pazo al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no ha estado exenta de controversias. El funcionario, vinculado a Javier Milei y apoyado por Toto Caputo, acumula denuncias que incluyen conflictos de intereses y omisiones graves en su declaración patrimonial. Las investigaciones han revelado que Pazo posee, junto a su esposa, un departamento en Miami y múltiples empresas radicadas en Estados Unidos que nunca informó a la Oficina Anticorrupción.

Las irregularidades de Pazo no son casos aislados dentro del círculo de funcionarios libertarios y del PRO. Ejemplos recientes, como la detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay con 200.000 dólares sin declarar y la revelación de propiedades ocultas en Miami por parte del titular de la DGI, Andrés Vázquez, ponen en entredicho las proclamadas banderas de transparencia de estos espacios políticos.

Empresas offshore, socios conocidos y operaciones inmobiliarias

Entre las maniobras que comprometen a Pazo se encuentra su participación en al menos seis empresas radicadas en Estados Unidos, donde comparte cargos directivos con su esposa Josefina Helguera y Fernando Minaudo, ambos socios de Francisco de Narváez en el holding Las Blondas. Entre estas compañías destaca Harbour House 1533 Inc., fundada en 2010, que declaró como domicilio legal y real la unidad 1533 en 10275 Collin Avenue, en Miami, Florida. En 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri le abrió la puerta para asumir como Superintendente de Seguros de La Nación, el actual titular de ARCA no incluyó esa empresa en su declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

En abril, la periodista Emilia Delfino informó que en marzo de 2013 Harbour House 1533 hizo una serie de movimientos inmobiliarios en el complejo de Collins Ave. cuando adquirió un nuevo departamento y se desprendió de la unidad que le dio el nombre a la sociedad. El valor de venta fue de 580.000 dólares y la compradora fue Goformore LLC, la empresa también radicada en EEUU que pertenece a la esposa de Cristian Ritondo.. Esta empresa realizó varias transacciones inmobiliarias significativas que tampoco fueron reportadas, incluyendo la adquisición de un departamento valuado en 720.000 dólares en 2021.

En abril conté que el nuevo titular de la AFIP, Juan Pazo, integraba 12 sociedades en el exterior y tenía un departamento en Miami, todo sin declarar. Como ni renunció, ni ningún fiscal actuó de oficio, lo denuncié penalmente. Y le encontré otra propiedad sin declarar. Va hilo 👇 pic.twitter.com/eIHkIToEeC

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) December 13, 2024

Otra empresa, Cleo Holding Inc., estuvo activa mientras Pazo ocupaba cargos públicos, lo que derivó en denuncias por incompatibilidades. Además, un entramado de sociedades como Colette Inc., Gustav Inc. y Samuel Cottons Inc. sugiere un patrón de estructuras diseñadas para evitar cargas fiscales.

Cuestión de transparencia

El caso de Pazo no solo refleja prácticas sistemáticas de opacidad, sino también una red de intereses cruzados que involucra figuras como la esposa de Cristian Ritondo y aliados del PRO. La constante aparición de nuevos casos de patrimonios no declarados y manejos societarios irregulares en las filas de La Libertad Avanza y el PRO plantea dudas profundas sobre la ética de quienes prometen un cambio político.

Frente a estas revelaciones, crece la exigencia de controles más estrictos y respuestas contundentes para salvaguardar la confianza pública y prevenir que el planeta offshore se convierta en un refugio habitual para quienes deberían rendir cuentas al país.

“Entiendo que mi cabeza fue negociada, aunque no sé si el Gobierno lo pidió o la radio lo ofreció”, dijo Longobardi

El periodista Marcelo Longobardi fue desvinculado de Radio Rivadavia bajo el argumento de su falta de presencialidad en el estudio, una explicación que él mismo calificó como “ridícula e insostenible”. Según Longobardi, su despido está vinculado a presiones externas, posiblemente del gobierno de Javier Milei, debido a su postura crítica hacia la nueva administración.

Longobardi, quien conducía el programa Esta Mañana desde marzo de 2023, trabajaba desde Miami, donde reside con su familia desde 2022. Aunque esta modalidad remota era conocida y aceptada desde el inicio del contrato, recibió una carta documento esta semana informándole sobre su desvinculación, citando su ausencia física y bajos niveles de audiencia.

El periodista rechazó los motivos esgrimidos por la emisora y denunció que su salida podría ser el resultado de una negociación entre el gobierno y la radio. “Entiendo que mi cabeza fue negociada, aunque no sé si el Gobierno lo pidió o la radio lo ofreció”, declaró a La Nación. Además, vinculó su despido a sus críticas hacia el presidente Milei, a quien acusó de “arruinar las ideas liberales”.

La controversia se intensificó tras las recientes declaraciones de Longobardi en contra del periodista Luis Majul, a quien acusó de operar como vocero del oficialismo. En su programa, Longobardi criticó los comentarios de Majul sobre un supuesto plan de la vicepresidenta Victoria Villarruel para fortalecer a las Fuerzas Armadas, insinuando una intención golpista.

Longobardi vs Majul por la fuerte interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel
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Acusaciones de intento de golpe de Estado y más, pasen y vean pic.twitter.com/Dtpho3R6UA

— Todos Los Videos (@losvideosok) December 16, 2024

En medio de este clima tenso, Longobardi denunció en vivo haber recibido “aprietes” para que su programa fuera levantado, aunque prefirió no revelar detalles sobre los responsables. “Es muy difícil hacer un programa de radio en estas condiciones”, expresó durante su transmisión, antes de optar por autocensurarse.

Desde Radio Rivadavia, en tanto, negaron las acusaciones de presiones políticas y justificaron la decisión como un tema contractual y de rendimiento. Sin embargo, las declaraciones de Longobardi y el contexto de su despido generan dudas sobre la verdadera naturaleza de esta decisión, que ha sido vista por muchos como un intento de acallar voces críticas en el panorama mediático en un contexto donde se viene alertando por el avasallamiento al periodismo y la libertad de expresión en Argentina.

El vocero presidencial Manuel Adorni presentó su declaración jurada (DDJJ) anual fuera de término y con datos que generan dudas sobre la transparencia de su situación patrimonial.

El vocero presidencial Manuel Adorni presentó su declaración jurada (DDJJ) anual fuera de término, con datos que generan dudas sobre la transparencia de su situación patrimonial. A pesar de una prórroga otorgada hasta el 31 de octubre de 2024, Adorni entregó su DDJJ el 7 de noviembre, revelando un incremento patrimonial del 500% durante 2023, que incluye la adquisición de 42.500 dólares en efectivo atribuidos a préstamos familiares.

La comparación entre su DDJJ inicial, presentada en enero, y la anual, entregada en noviembre, revela discrepancias significativas. Por ejemplo, en enero declaró poseer 10 millones de pesos en fondos comunes de inversión y depósitos en el exterior por más de 8 millones de pesos. Sin embargo, estas cifras no aparecen en su DDJJ anual como bienes al inicio del período, generando preguntas sobre el destino de más de 16 millones de pesos que desaparecen de sus reportes.

El salto patrimonial más llamativo se observa al cierre de 2023, cuando Adorni asegura haber incorporado 42.500 dólares a su patrimonio. Según su DDJJ, el dinero provino de préstamos de su madre, Silvia Pais, y una jubilada de 95 años, Norma Zuccolo, presuntamente familiar suya. Ambos préstamos coinciden exactamente con el valor en pesos que adjudica a los dólares, lo que levanta sospechas de una posible maniobra para justificar ingresos no declarados previamente.

Exfuncionarios de la Oficina Anticorrupción (OA) señalan que este tipo de préstamos familiares es una táctica común para “blanquear” dinero no declarado. Aunque no se afirma que este sea el caso, la OA, bajo la gestión de Alejandro Melik, debería investigar en detalle estas transacciones y aclarar el origen de los fondos.

Por otro lado, mientras algunos bienes y deudas se mantienen constantes en sus declaraciones, los ajustes de valor también llaman la atención. Por ejemplo, un departamento en CABA que inicialmente valuó en 2 millones de pesos fue revaluado en 3,9 millones en la misma declaración anual.

La falta de respuesta del funcionario, a pesar de los intentos de contacto por parte de El Destape, refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva. Estas inconsistencias no solo generan dudas sobre la veracidad de su DDJJ, sino que también subrayan la importancia de que los organismos de control cumplan su función para garantizar la transparencia de los funcionarios públicos.

La denuncia de Carrió refuerza la sospecha de posibles maniobras de lavado de dinero que involucran a una figura clave del macrismo.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, presentó una denuncia formal contra el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, ante la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo encargado de investigar casos de lavado de dinero. Según los documentos a los que accedió elDiarioAR, la acusación de Carrió se centra en un entramado de sociedades offshore vinculadas a Romina Diago, esposa del diputado, y en la supuesta falta de declaración de propiedades en Miami.

En su escrito dirigido a Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, Carrió afirmó que “existen elementos que ameritan que se inicie una investigación respecto a este grupo de personas y sociedades comerciales con el objeto de precisar las vinculaciones entre las personas físicas involucradas y el entramado societario descripto”. La presentación solicita que se investigue a fondo el patrimonio del matrimonio Ritondo-Diago, incluyendo sus cuentas bancarias, bienes inmuebles y posibles colocaciones en instituciones nacionales e internacionales.

La denuncia toma como base una investigación realizada por elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que reveló una compleja estructura de sociedades controladas por Diago y con propiedades en el extranjero que no habrían sido declaradas.

Ampliación de la denuncia

Mónica Frade, diputada y aliada de Carrió, presentó una ampliación de la denuncia, enumerando inconsistencias en las declaraciones juradas de Ritondo. Según Frade, hay indicios de que el dirigente macrista podría haber incurrido en presunto lavado de dinero, dado que no habría declarado bienes de su esposa en el exterior, como exige la normativa vigente.

Frade señaló que Ritondo estaba obligado a informar los bienes de Diago en las declaraciones juradas que presentó ante la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno bonaerense y la Cámara de Diputados. Sin embargo, desde 2013, los bienes del cónyuge no son públicos, lo que dificulta confirmar si estos fueron incluidos.

Las preguntas clave

La investigación plantea interrogantes cruciales:

• ¿Declaró Ritondo las propiedades de Diago en el exterior ante los organismos correspondientes?
• ¿Fueron informadas estas propiedades a la AFIP o a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)?

Hasta el momento, ni Ritondo ni Diago han respondido las consultas realizadas por elDiarioAR y CLIP. Sin embargo, de confirmarse las irregularidades, los bienes en Florida controlados por Diago a través de sociedades offshore debieron ser declarados como parte de su patrimonio, tanto en su carácter de accionista como beneficiaria final.

La denuncia de Carrió y su ampliación por parte de Frade refuerzan las sospechas de posibles maniobras de lavado de dinero que involucran a una figura clave del macrismo. Ahora, la UIF deberá determinar si estas sociedades offshore y las propiedades en Miami configuran un esquema de ocultamiento de activos.