Mariano de los Heros sostuvo que no hay motosierra con los jubilados a pesar de que los datos muestran lo contrario.

El gobierno de Javier Milei continúa ajustando a los jubilados, a pesar de los intentos oficiales por disfrazar la situación. Según Mariano de los Heros, titular de la Anses, el presupuesto 2025 destina el 45% del gasto público a la seguridad social, un 15% más que en 2023, lo que, según él, refleja la “sensibilidad social” del gobierno. Sin embargo, este incremento no se traduce en una mejora real para los jubilados, quienes enfrentan el deterioro constante de sus haberes frente a la inflación y la falta de acceso a beneficios esenciales como los medicamentos del PAMI.

Aunque de los Heros admite que el sistema previsional está en crisis, atribuye esta situación a problemas estructurales de los últimos 20 años y no a la gestión de Milei. Sin embargo, los números desmienten su discurso. Un análisis del presupuesto muestra que las transferencias para jubilaciones y pensiones sufrieron una reducción significativa. Comparado con el presupuesto de 2016, las erogaciones nominales para jubilaciones cayeron 30 puntos en términos reales entre enero y septiembre de este año, marcando una clara disminución en el poder adquisitivo de los jubilados.

Este retroceso confirma el impacto de las políticas de ajuste del gobierno, que han reducido las partidas presupuestarias destinadas a la seguridad social. En 2023, el presupuesto para jubilaciones y pensiones fue de 32.870.000 millones de pesos, mientras que en el mismo período de 2024 se redujo a 25.391.000 millones, una caída de 7 puntos que agrava aún más la situación de los sectores más vulnerables. Lejos de la “sensación” que intenta transmitir el gobierno, los números revelan un claro retroceso en las condiciones de vida de los jubilados bajo la gestión de Milei.

La burla como estilo de gobierno

A estas declaraciones se suma el vergonzoso asado de celebración tras el veto a la movilidad jubilatoria es solo un ejemplo más de cómo el gobierno de Milei castiga a los jubilados mientras niega el ajuste. Lejos de tratarse de una “sensación” como lo afirmó de los Heros, la política de inanición económica aplicada por La Libertad Avanza está empobreciendo a millones de jubilados y demostrando un claro desinterés por su bienestar.

Una resolución del Ministerio de Capital Humano la había suspendido. La Cámara Federal de San Martín confirmó la inconstitucionalidad de esa decisión.

La Justicia ratificó que el gobierno de Javier Milei debe poner en funcionamiento la Universidad Nacional de Pilar, tras declarar inconstitucional la suspensión de sus actividades por parte del Ministerio de Capital Humano. La Cámara Federal de San Martín confirmó un fallo de primera instancia que había invalidado la resolución ministerial que suspendía el inicio de las operaciones de la universidad, generando un fuerte revés para el Poder Ejecutivo en medio de las tensiones por el financiamiento de las universidades nacionales.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Fernández, sostuvieron que los actos realizados para que la Universidad Nacional de Pilar comenzara a funcionar habían generado derechos subjetivos en sus destinatarios, lo que crea un marco de “inseguridad jurídica” si son revocados arbitrariamente. Los magistrados enfatizaron que el propio Estado Nacional había dado curso a esas acciones, y que un cambio de criterio sin justificación adecuada afecta la estabilidad y previsibilidad del sistema administrativo.

La controversia se originó en septiembre del año pasado, cuando el Congreso de la Nación aprobó la creación de cinco nuevas universidades, incluida la de Pilar. Durante el gobierno de Alberto Fernández, se designó a Elizabeth Diana Wagner como rectora organizadora de la institución, quien consiguió una sede y recibió 400 millones de pesos para su puesta en marcha. Sin embargo, en febrero de este año, ya bajo la gestión de Milei, el Ministerio de Capital Humano suspendió la creación de la universidad, argumentando la necesidad de revisar el cumplimiento de los procedimientos administrativos requeridos por la Ley de Educación Superior.

Frente a esta decisión, la rectora Wagner presentó un recurso de amparo, que fue aceptado en primera instancia por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien argumentó que una resolución ministerial no puede frenar la aplicación de una ley nacional sancionada por el Congreso. La Cámara Federal de San Martín confirmó ese fallo, y el gobierno podría ahora apelar la resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo judicial subraya la importancia de garantizar la seguridad jurídica en las decisiones del Estado y destaca que la reversión arbitraria de actos administrativos previamente aprobados afecta los derechos adquiridos de los involucrados.

En un hecho de extrema gravedad, el gobierno de Jorge Macri desplegó amplios operativos policiales a varias facultades donde se realizaban clases públicas.

El veto a la Ley de financiamiento universitario ha generado un fuerte rechazo en la comunidad educativa, lo que ha llevado a reacciones en diversas instituciones del país. Este lunes, estudiantes de ocho facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de otras universidades del interior se unieron a las tomas en protesta por el ajuste en la educación universitaria impuesto por Javier Milei.

En este contexto, el gobierno de Jorge Macri desplegó operativos de la Policía de la Ciudad en varias facultades, incluida la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde se realizaba una jornada de clases públicas sin interrupción del tránsito. Este despliegue, que incluyó agentes policiales, camiones y patrulleros, fue considerado por los estudiantes como una provocación, ya que en ningún momento se había planeado realizar un corte en la Avenida Córdoba, donde se ubica la Facultad.

🚨Oficiales de la Policía de la Ciudad intimidan con filmaciones a estudiantes de la Facultad de Psicología que asisten a las clases públicas en el marco de la toma universitaria.

Ya hay casi 100 facultades tomadas y se profundiza el reclamo: https://t.co/0Gh8X6uLac

📹:… pic.twitter.com/ESvk2igAlQ

— Tiempo Argentino (@tiempoarg) October 15, 2024

“Varios cursos decidieron bajar esta mañana a participar de estas clases públicas y expresar su preocupación y angustia por la situación de las universidades. Hubo un corte de un carril, que no fue total, y nos encontramos con que Jorge Macri y la Policía de la Ciudad decidieron hacer un despliegue de móviles y camiones por toda la cuadra”, explicó Lucille Levy, presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), según Infobae.

La situación se tornó aún más grave en la Facultad de Psicología, donde oficiales de la Policía de la Ciudad intimidaron a estudiantes mediante filmaciones durante las clases públicas en el marco de la toma universitaria, según informó Tiempo Argentino. Este uso de fuerzas policiales para grabar las actividades académicas es de extrema gravedad y constituye una clara violación a la libertad de expresión y al derecho a la educación. Es fundamental que se condenen estas acciones, ya que representan un ataque directo a la autonomía y la seguridad de las instituciones educativas.

Pertenecen al área de informática de la UNQ, la situación presupuestaria complica la inversión en tecnología y el mantenimiento del plantel docente.

El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales sigue profundizándose, dibujando un panorama sombrío para miles de jóvenes argentinos. La reciente decisión de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) de no abrir la inscripción para dos carreras del área informática en 2025 es un claro ejemplo del impacto que las políticas de ajuste presupuestario están teniendo en la educación superior. Al menos 3.500 aspirantes se quedarán sin la posibilidad de ingresar a la universidad, lo que representa cerca del 30% de los nuevos ingresantes.

La decisión fue motivada por la falta de recursos para contratar docentes, la escasez de aulas y computadoras, y el deterioro general de la infraestructura. Según las autoridades de la UNQ, optar por no abrir las inscripciones fue una medida “dolorosa, pero pragmática”, ya que prometen evitar lo que consideran sería una “estafa académica”, en referencia a ofrecer una formación que no pueden garantizar.

El problema no se limita a los nuevos aspirantes: se anticipó que en 2025, un 45% de los estudiantes que ya están cursando solo podrán inscribirse en una materia debido a la falta de docentes. Esto revela un deterioro profundo en el sistema educativo público, afectado por los recortes que el gobierno de Milei ha implementado, con una reducción del 31,6% en la inversión real en universidades respecto al año anterior, la mayor desde el retorno de la democracia en 1983.

Uno de los aspectos más alarmantes es la situación salarial de los docentes. Según datos de la Universidad de Quilmes, el 55% de sus trabajadores están por debajo de la línea de pobreza, y un 30% no alcanza ni siquiera la canasta básica alimentaria, a pesar de que el 87% de ellos tiene estudios universitarios. Esto refleja no solo el deterioro del sistema educativo, sino también las condiciones de precariedad laboral que enfrentan quienes sostienen la enseñanza pública.

Las políticas de ajuste que el gobierno justifica bajo el argumento de que las universidades “solo benefician a los hijos de los ricos” chocan con la realidad: en la UNQ, el 51% de los estudiantes trabaja para poder estudiar, el 78% es primera generación de universitarios, y el 82% tiene padres sin títulos universitarios. Estas cifras demuestran que las universidades públicas cumplen un rol fundamental en la movilidad social de las clases populares.

Mientras en los países desarrollados se invierte en educación como herramienta clave para el crecimiento y la innovación, el gobierno de Milei parece optar por un camino que va en sentido contrario, privando a los jóvenes argentinos de las oportunidades que necesitan para construir un futuro mejor.

El episodio ocurre en medio de la embestida del Gobierno contra la aerolínea de bandera, a la que quiere desmantelar.

Un nuevo incidente puso en evidencia el pésimo desempeño de Flybondi, la aerolínea low cost, que se vio obligada a recurrir a Aerolíneas Argentinas para resolver un problema técnico. Un vuelo de Flybondi, que debía despegar desde Neuquén con destino a Córdoba, sufrió una falla mecánica en uno de sus reversores de motor, una pieza clave para frenar la aeronave al aterrizar. El vuelo fue cancelado y la aeronave quedó detenida en el Aeropuerto Internacional Presidente Juan Domingo Perón.

Lo más llamativo del incidente fue la falta de capacidad de Flybondi para gestionar la reparación de su propio avión. Sin un equipo técnico en Neuquén, la empresa debió solicitar la ayuda de Aerolíneas Argentinas para trasladar desde Buenos Aires a sus mecánicos, ya que no cuenta con un servicio de emergencia o soporte técnico adecuado en esa provincia. Este hecho revela una deficiencia importante en la estructura operativa de Flybondi, que no dispone de los recursos mínimos necesarios para garantizar un mantenimiento eficiente de sus aviones.

Mientras tanto, los pasajeros vivieron una verdadera odisea. Tras el desperfecto que obligó a evacuar la aeronave el lunes por la noche, Flybondi reprogramó el vuelo en múltiples ocasiones, dejando a los viajeros varados por horas. Finalmente, el avión despegó la madrugada del miércoles 16 de octubre, casi dos días después del incidente original.

Este caso pone en contraste la limitada capacidad de Flybondi frente a otras aerolíneas. Aerolíneas Argentinas, fuertemente criticada por Javier Milei y el ex presidente Mauricio Macri (quien busca beneficiarse de su privatización) por sus supuestos déficits, demostró ser la única opción con un soporte técnico sólido en todo el territorio nacional, incluyendo Neuquén. Incluso Jetsmart, otra aerolínea low cost, ha implementado un servicio de emergencia en esa provincia, algo que Flybondi no ha logrado establecer. Fuentes consultadas señalaron que Flybondi “anda muy mal de soporte técnico”, evidenciando una gestión inadecuada para mantener su flota en condiciones seguras y operativas.

Este episodio resalta no solo las deficiencias operativas de Flybondi, sino también la importancia de contar con una aerolínea de bandera con capacidad de respuesta ante emergencias en todo el país.

Según la UIA, estas políticas podrían desencadenar un fuerte impacto negativo en la producción local y el empleo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) ha emitido una fuerte advertencia sobre las graves consecuencias que podría tener la apertura indiscriminada de importaciones en el país, impulsada por la reducción de aranceles a productos finales. Según la UIA, estas políticas, implementadas sin abordar los problemas de competitividad que afectan a la economía nacional, podrían desencadenar un fuerte impacto negativo en la producción local y el empleo.

Durante la reunión de la Junta Directiva, se presentó el informe “Costo argentino: elementos clave para lograr competitividad”, el cual revela que, a pesar de que la productividad de la industria argentina supera el promedio regional, el país enfrenta asimetrías en infraestructura, presión tributaria, costos energéticos y logísticos, entre otros, que socavan la competitividad frente a sus competidores internacionales. Estas deficiencias se encuentran “puertas afuera de las fábricas”, lo que genera un escenario adverso para las cadenas de valor industriales.

Desde marzo, el gobierno ha reducido aranceles y eliminado ciertas barreras aduaneras para diversos productos como alimentos, acero, madera, neumáticos, y electrodomésticos, en un intento de aumentar la oferta y combatir la inflación. Sin embargo, los industriales advierten que estas medidas están afectando directamente a empresas locales, algunas de las cuales ya han cerrado y despedido trabajadores.

Sectores como la metalmecánica, confección, madera y automotores han sido los más golpeados en los últimos meses. Además, se criticó la eliminación de los valores criterios de importación, una herramienta que ayudaba a combatir la subfacturación y el dumping, lo cual, según la UIA, agrava aún más la competencia desleal y amenaza la supervivencia de empresas argentinas que generan empleo e invierten en tecnología.

Trump y las contradicciones de Milei

Un aspecto que resalta como contradicción en la postura del candidato libertario Javier Milei es su reivindicación del expresidente estadounidense Donald Trump. Milei ha expresado admiración por Trump, quien promovió políticas económicas proteccionistas e industrialistas, enfocadas en la protección de los empleos y las industrias estadounidenses mediante tarifas, aranceles a la importación, subsidios y otras intervenciones estatales. Este enfoque choca frontalmente con el modelo libertario de Milei, que defiende la eliminación de barreras comerciales, la reducción del Estado y una apertura irrestricta al mercado global. Mientras Trump apostó por proteger el empleo local con medidas intervencionistas, Milei propone una apertura que, según advierte la UIA, podría poner en riesgo el empleo y la producción nacional.

La advertencia de la UIA pone de relieve no solo los riesgos económicos de estas políticas, sino también la incoherencia en el discurso de Milei, que apoya a un líder con un enfoque opuesto al que él mismo promueve para Argentina.

Ya son cinco las muertes violentas en lo que va del mes, una cifra que contrasta fuertemente con la imagen oficial que intenta minimizar la crisis de seguridad.

Este martes 15 de octubre, una balacera en un taller de la calle Cafferata al 2900 dejó un saldo de un hombre muerto y dos heridos en Rosario, profundizando la ola de violencia que azota la ciudad. Con este hecho, ya son cinco las muertes violentas en lo que va del mes, una cifra que contrasta fuertemente con los reportes oficiales que intentan minimizar la crisis de seguridad en la región asegurando que la misma esta bajo control.

El ataque se produjo cuando dos individuos a bordo de una motocicleta Honda CB 250 abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en la vereda de un taller, para luego huir. La víctima fatal fue identificada como Julio César Reybet, de 37 años, quien fue trasladado al Hospital Centenario, donde falleció poco después. Dos hombres más, de 24 y 53 años, resultaron heridos y fueron llevados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

La policía detuvo a dos sospechosos, un hombre y una mujer, en el pasaje Amazonas al 3100, donde también encontraron una motocicleta con pedido de captura y una pistola 9 mm.

Este ataque se suma a otros crímenes ocurridos en octubre, como el asesinato del policía Andrés Farías el 3 de octubre, el homicidio de Jonatan Rodríguez el 6, el de Matías Zamora el 11 y la doble muerte de Lautaro Escobar y Javier Ramírez el día 13. Todos estos hechos evidencian que la violencia narco en Rosario sigue imparable, mientras las autoridades nacionales hacen puestas en escena con despliegues cinematográficos de fuerzas para dar apariencia de que la situación esta bajo control.

Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, Estados Unidos continúa reforzando su presencia militar y de espionaje en América Latina.

Bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, Estados Unidos continúa reforzando su presencia militar y de espionaje en América Latina. Durante una reciente visita, el enviado del presidente Joe Biden no ofreció detalles específicos sobre cómo se implementará esta estructura, ya que la iniciativa depende principalmente del gobierno argentino, en colaboración con figuras como Patricia Bullrich, aunque afirmó no haber tenido contacto con ella en esta ocasión.

A pesar de ello, no se descarta la posibilidad de que Estados Unidos proporcione financiamiento, entrenamiento técnico y agentes de inteligencia para fortalecer un centro de espionaje en suelo argentino. El diplomático subrayó que ya se están asignando “fondos adicionales” para expandir esta capacidad hacia 2026, y agregó que el objetivo es profundizar esta colaboración con países fuera de la región, como ya ocurre en Europa.

Aunque el proyecto está siendo liderado por Argentina, aún no se ha hablado con otros países vecinos para establecer una red regional de intercambio de información que ayude a frenar el tráfico de drogas sintéticas. Según el enviado estadounidense, el país norteamericano busca posicionarse como un “buen socio” de Argentina en esta lucha, asegurando que no pretende imponer su visión, sino colaborar después de haber sufrido las devastadoras consecuencias del abuso de drogas sintéticas, especialmente del fentanilo, que se ha convertido en la principal causa de muerte entre estadounidenses de 18 a 49 años desde 2019.

Esta iniciativa, aunque disfrazada de cooperación en seguridad, refleja una estrategia más amplia por parte de Estados Unidos para instalar bases de control militar y de inteligencia en la región en zonas estratégicas, utilizando la lucha contra el narcotráfico, el cuidado del medioambiente y el “terrorismo” como justificación para expandir su influencia geopolítica.

El jefe de los troll libertario admitió: “Mi esposa entró a trabajar en la subsecretaría de políticas universitarias con el gobierno de Milei”.

En medio de un discurso contra la “casta política” y la apropiación del Estado por parte de los militantes políticos, el tuitero libertario expuesto en el programa “¿La Ves?” de TN reveló una realidad contradictoria: mientras critica a quienes utilizan los recursos públicos para su beneficio personal, acepta sin reparos que “muchos amigos” suyos trabajan en la comunicación de la Casa Rosada. Según él, le parece “perfecto” que hayan conseguido esos cargos, lo cual resalta cómo los allegados al poder dentro del partido libertario acceden a puestos públicos, pese a sus pronunciamientos contra el sistema que dicen combatir.

Este influencer, famoso por sus duras críticas al Estado, tampoco aclaró quién financia el canal de streaming “Carajo”, donde conduce el programa “La Misa”, limitándose a decir que proviene de un inversor privado. La falta de transparencia sobre los vínculos financieros y su aceptación del acceso de sus conocidos a cargos oficiales subraya una contradicción común entre quienes condenan a la “casta” política, pero se benefician de ella.

El presidente insinuó que podría entregarle todas las facilidades, instalaciones y recursos tecnológicos del Estado Nacional al magnate yanqui que las compraría por monedas. También el entregaría el Litio.

El reciente accionar del gobierno de Javier Milei ha dejado en evidencia su disposición a ceder sectores estratégicos y tecnológicos del país a manos extranjeras, socavando la soberanía nacional. Este lunes, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación desató una ola de críticas al publicar un mensaje en X (antes Twitter) dirigido a Elon Musk, en el que prácticamente se ofrecía el país como plataforma para los proyectos de SpaceX. El mensaje, escrito en inglés, decía: “Elon Musk, puedes contar con Argentina para seguir adelante con tus proyectos SpaceX. Nuestro país ahora está abierto al mundo y nuestra visión es construir -basados en las ideas de libertad- un futuro centrado en la innovación tecnológica al servicio del bienestar de la humanidad”.

Premio a la tilinguería vendehumo. El gobierno de Milei desmantela el sistema científico nacional (Conicet, Agencia I+D+i, CNEA, INTI, INTA, universidades públicas) mientras le chupa las medias por Twitter (X) a Musk saraseando sobre innovación pic.twitter.com/AR88FHp0PA

— Martín Becerra (@aracalacana) October 14, 2024

En lugar de fomentar la ciencia y tecnología propia como lo hacen países como Brasil, el gobierno parece más enfocado en “mendigar” inversiones extranjeras a través de redes sociales. La publicación fue vista por muchos como un acto de sumisión, en el que Argentina se ofrece sin condiciones a actores extranjeros, sin una estrategia clara para proteger sus recursos y capacidades nacionales reconocidas en todo el mundo. Este tipo de gestos ha sido calificado por usuarios como una actitud “genuflexa”, y refleja una visión que parece estar más orientada a vender el país y entregar a cambio de monedas las inversiones que el estado nacional realizo durante años, que a fortalecer su propio desarrollo tecnológico.

La privatización de ARSAT en agenda

Otro ejemplo preocupante es el caso de ARSAT, la empresa nacional de telecomunicaciones. Según trascendidos, se estaría avanzando hacia la privatización parcial de esta empresa estratégica, al poner a la venta el 49% de sus acciones en la Bolsa.

ARSAT posee activos clave, como satélites geoestacionarios únicos en la región, espectro 4G y 5G, y una red de más de 30.000 kilómetros de fibra óptica. Además, cuenta con uno de los centros de datos más avanzados de la región, con certificación TIERIII. Sin embargo, en lugar de fortalecer esta infraestructura vital para la soberanía tecnológica, el gobierno de Milei está dispuesto a vender una parte significativa a capitales privados, lo que pondría en riesgo el control nacional sobre sectores estratégicos.

Mientras tanto, el desfinanciamiento de la ciencia y la investigación en Argentina continúa, en un contexto donde el gobierno parece priorizar la entrega de recursos clave a agentes foráneos, debilitando la capacidad del país para desarrollarse de manera independiente y garantizar el bienestar de su población.