A penas cinco días después de la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la secretaria privada de Edgardo Kueider, intentó comprar cinco departamentos en Asunción valuados en 700 mil dólares.
Las piezas empiezan a encajar en un rompecabezas que deja al descubierto un entramado sospechoso. Apenas cinco días después de la aprobación de la polémica Ley de Bases en el Senado, la secretaria privada del senador Edgardo Kueider, Iara Magdalena Guinsel Costa, intentó adquirir cinco departamentos en Asunción, Paraguay, por un valor de casi 700 mil dólares. Esta suma es tres veces superior al dinero encontrado en la mochila de Kueider durante un control aduanero en Ciudad del Este el pasado 4 de diciembre, cuyo origen el senador no pudo justificar y que lo mantiene preso hasta hoy.
La revelación salió a la luz gracias al empresario Carlos Guasti, CEO de la destacada firma de bienes raíces Petra Urbana, quien relató en una entrevista que Guinsel Costa apareció “a última hora” de aquel 18 de junio en las oficinas de la empresa con la intención de cerrar la compra “en efectivo y a toda prisa”. El empresario calificó la situación como “muy inusual y sospechosa” debido a la falta de documentación requerida por la ley paraguaya para este tipo de transacciones.
Según Guasti, la secretaria mostró un comportamiento apresurado y evitó responder preguntas esenciales, como detalles sobre la rentabilidad de las propiedades. “Quería cerrar el trato sí o sí, pero no aportaba los papeles necesarios, prometiendo que los enviaría ‘mañana’, algo que nunca sucedió”, explicó.
El intento de compra se derrumbó cuando la empresa verificó que la documentación presentada, limitada al DNI de la secretaria y un recibo de sueldo, no cumplía con los requisitos legales. Además, un informe de la aseguradora Dow Jones clasificó a Kueider como “persona políticamente expuesta” y lo señaló como “Trafficking” (traficante, en este caso de divisas), aumentando las sospechas.
La operación no se concretó, pero dejó una serie de interrogantes inquietantes. ¿De dónde provino el dinero que la secretaria pretendía usar? ¿Está relacionado con la reciente aprobación de la Ley de Bases y la llamativa votación del senador? La suma pretendida incluía cuatro departamentos en construcción, valuados en 139 mil dólares cada uno, y un quinto ya a estrenar, todos ubicados en Asunción.
En este contexto, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto a Paraguay para solicitar la extradición tanto del senador destituido como de su secretaria, mientras las investigaciones continúan.
El caso plantea serias dudas sobre el accionar de Kueider y su entorno, abriendo la posibilidad de que estos movimientos estén ligados a una posible coima vinculada a la votación de la Ley de Bases. La coincidencia temporal y las irregularidades detectadas no hacen más que alimentar las sospechas. ¿Es este un caso aislado o la punta del iceberg de una red más amplia de corrupción para comprar voluntades parlamentarias?
Acindar suspendió a 700 trabajadores y prevé paradas en la producción por la caída en el consumo de acero y la apertura de importaciones provenientes de China. La UOM teme ola de despidos.
La industria siderúrgica enfrenta una profunda crisis producto de la política de apertura de importaciones y la contracción del mercado interno. Acindar, una de las principales empresas del sector, suspendió la producción en su planta de Villa Constitución, Santa Fe, dejando a 700 trabajadores afectados de manera directa y generando alarma en el gremio metalúrgico.
El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Constitución, Pablo González, confirmó que la suspensión, inicialmente prevista para el 23 de diciembre, se adelantó debido a la baja demanda de acero en el mercado interno y al ingreso masivo de productos importados, principalmente desde China y Polonia, una consecuencia directa de la política de apertura comercial implementada por el Gobierno de Javier Milei.
Producción en mínimos históricos
En 2024, Acindar operó al 50% de su capacidad instalada, con una producción inferior a 600 toneladas, un registro inédito en la historia de la compañía considerando que en 2023 la empresa fabricó 1200 toneladas. Esta caída responde a la contracción de sectores clave como la construcción, que disminuyó un 19,5%, y la actividad industrial, con una baja del 12,4% entre enero y septiembre.
Además, la planta ya había detenido su producción en dos oportunidades este año, dejando en suspenso a cientos de trabajadores, y ahora enfrenta un nuevo ciclo de paralización. Las suspensiones recientes podrían superar los 1.000 empleados si se incluyen los contratistas, mientras la empresa evalúa reestructuraciones que podrían derivar en despidos masivos, según temen desde el gremio.
La empresa siderúrgica del Grupo Arcelor Mittal suspendió a 700 trabajadores pero podrían ser más.
Suspensiones comunicadas por WhatsApp y conflicto gremial
La decisión de suspender a los trabajadores fue informada a través de mensajes de WhatsApp, generando indignación entre los empleados. Uno de ellos expresó en la red social X: “Es la tercera suspensión del año. Mientras entra acero de China y Polonia, estamos sin trabajo. Cuando celebren los ‘logros’ de este gobierno, recuerden también esto.”
El conflicto se suma a la paritaria del sector, que lleva cinco meses de retraso y sigue sin resolverse. González, dirigente de la UOM, advirtió sobre la creciente preocupación entre los trabajadores: “La mayor parte de la planta estará paralizada, y este panorama profundiza la crisis en un sector estratégico para el país. La falta de regulación en las importaciones y la caída del consumo interno nos están dejando sin futuro.”
Impacto en el cierre del año
La situación de Acindar evidencia el deterioro generalizado en la industria siderúrgica, un sector clave para el desarrollo económico nacional. El ingreso indiscriminado de productos importados, combinado con la falta de estímulo al mercado interno, configura un escenario de alta conflictividad social y económica en la región.
Con el cierre del año en puertas, la crisis de Acindar es un reflejo de los desafíos que enfrenta la política económica del actual gobierno, que parece priorizar la apertura comercial en detrimento de la industria local y sus trabajadores.
En la primera semana de evaluaciones dispuestas por Federico Sturzenegger, casi todos aprobaron. Karina Milei, preocupada por los jardineros de la Quinta de Olivos.
En la primera semana de evaluaciones de idoneidad promovidas por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, el 96,3% de los empleados públicos examinados superaron las pruebas. Según un relevamiento de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), 4.002 de los 4.156 agentes evaluados aprobaron, desafiando las expectativas del ministro, quien había sugerido que la planta estatal contaba con personal carente de idoneidad.
Esta alta tasa de aprobación generó un nuevo frente de conflicto dentro del oficialismo. Karina Milei, secretaria general de Presidencia y figura clave en el círculo íntimo del gobierno, expresó su preocupación por el futuro de los jardineros de la Quinta de Olivos, contratados personalmente por ella, al considerar que las pruebas estandarizadas no reflejan la diversidad de funciones y capacidades en el organigrama estatal.
Conflictos internos y críticas sindicales
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aprovechó los resultados para cuestionar la iniciativa del ministro: “En el Estado los burros no somos los trabajadores, sino los funcionarios que asumieron el 10 de diciembre de 2023. Fracasaron en este intento ilegal de seguir estigmatizando y desprestigiando el empleo público.”
Aguiar exigió que los empleados que demostraron idoneidad sean incorporados en la planta permanente del Estado, resaltando que la estabilidad laboral es un derecho constitucional. Además, el sindicato demandó la renovación automática de los contratos por un plazo mínimo de un año para quienes aún no han sido incorporados.
Karina Milei y el temor por sus jardineros
Aunque la iniciativa de Sturzenegger busca reducir y “ordenar” la estructura estatal, Karina Milei manifestó su desacuerdo en una reciente reunión de gabinete, donde se mostró particularmente preocupada por sus jardineros personales. Según trascendió, los trabajadores encargados del mantenimiento de la Quinta de Olivos, aunque destacados por su labor, apenas cuentan con estudios secundarios y enfrentarían dificultades para aprobar los exámenes estandarizados, que incluyen preguntas sobre Constitución, organización del Estado, pensamiento lógico y matemática básica.
“No puede ser que todos den la misma evaluación sin considerar las funciones que cumplen dentro del Estado,” habría señalado Karina, quien también criticó el enfoque rígido del ministro.
Sturzenegger, aunque defendió los criterios de sus evaluaciones, evitó confrontar abiertamente con la hermana del presidente, cuya influencia dentro del gobierno de La Libertad Avanza es decisiva.
Así, mientras los exámenes avanzan y refuerzan la idoneidad del personal estatal, las tensiones políticas crecen en el seno del oficialismo, poniendo en evidencia las complejas internas de un gobierno que enfrenta desafíos en su propia estructura.
“El agua y el saneamiento no son un negocio” escribió Kicillof en su cuenta de la red social X.
El anuncio de la posible privatización del 90% de las acciones de AySA, realizado por su titular Alejo Maxit, generó un fuerte rechazo por parte del gobierno bonaerense, que advirtió sobre las graves implicancias de esta medida para el acceso al agua potable y el saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tanto el gobernador Axel Kicillof como su equipo de gobierno subrayaron que este intento representa un retroceso que recuerda los fracasos de la privatización de los años noventa.
Kicillof expresó su oposición a la iniciativa a través de sus redes sociales, destacando la importancia del rol estatal en garantizar servicios básicos. “El agua y el saneamiento no son un negocio. Sin un Estado que invierta y sostenga la obra pública, sería imposible transformar el sistema sanitario en los 135 municipios bonaerenses”, afirmó. Como ejemplo, mencionó las obras recientes realizadas en el hospital Iriarte de Quilmes, que demuestran cómo la inversión pública puede mejorar la infraestructura en sectores esenciales.
El Presidente de @AySA_Oficial ratifica que la van a privatizar. Eso ya sucedió y salió mal, muy mal.
En su momento quebraron y fundieron una empresa que es social, que debe garantizar el acceso a un derecho básico universal. La consecuencia fue que no hubo obras durante años,… pic.twitter.com/igYDHRGpXi
El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, Gabriel Katopodis, también criticó duramente el modelo propuesto, que se inspira en la experiencia de privatización aplicada en San Pablo, Brasil. Katopodis recordó que, durante la privatización de los años noventa, la falta de obras y el abandono de las redes de agua y cloacas resultaron en un deterioro significativo del servicio. “El gobierno de Javier Milei condena al Gran Buenos Aires y a las regiones más desfavorecidas a no cerrar las brechas de acceso al agua y al saneamiento”, sentenció.
Los logros alcanzados tras la reestatización de AySA en 2006 refuerzan el argumento contra la privatización. Según datos oficiales, la cobertura de agua potable en el AMBA creció del 76% al 85%, mientras que la de cloacas pasó del 57% al 72%. Además, durante la gestión de Malena Galmarini, se realizaron más de 4.000 kilómetros de nuevas redes de agua y 1.300 kilómetros de cloacas, beneficiando a millones de vecinos. Sin embargo, el reciente anuncio de Maxit y las decisiones del gobierno de Milei, como el cierre del ENOHSA, ponen en riesgo estos avances y generan incertidumbre sobre el futuro del servicio.
El debate revive los cuestionamientos al rol del Estado en sectores estratégicos como el acceso al agua potable y al saneamiento, especialmente en un contexto donde los municipios más vulnerables del AMBA dependen de una gestión eficiente y equitativa. Desde la provincia de Buenos Aires, las autoridades reiteran que la privatización no es el camino para garantizar estos derechos básicos y advierten sobre el impacto que esta medida podría tener en las comunidades más necesitadas.
Expertos del sector muestran desconfianza y escepticismo sobre el plan anunciado por el gobierno libertario.
El presidente Javier Milei, en su discurso transmitido por Cadena Nacional el pasado martes, presentó un balance de su primer año de gestión y delineó los principales ejes estratégicos para el futuro gobierno. Entre las declaraciones más sorprendentes, Milei anunció la puesta en marcha del “Plan Nuclear Argentino“, una iniciativa que ha generado considerable escepticismo entre expertos del área y sectores relacionados.
En su intervención, Milei afirmó: “tenemos energía de sobra, tierras frías e inhóspitas de sobra, y recurso humano de calidad. Estos tres factores combinados forman una tormenta perfecta para atraer inversiones de altísimo grado en Inteligencia Artificial (IA). Que nadie se sorprenda si la Argentina se convierte en el próximo hub del mundo. El aumento de demanda de energía que implica la Inteligencia Artificial (IA) va a generar en el mundo entero un resurgimiento de la energía nuclear después de décadas de declive, y nosotros no nos vamos a quedar atrás”. Además, prometió: “Vamos a diseñar un Plan Nuclear Argentino que contemple la construcción de nuevos reactores, así como la investigación de las tecnologías emergentes de reactores pequeños o modulares, manteniendo los máximos estándares de seguridad y eficiencia”. El proyecto estaría a cargo de Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente quien el próximo 20 diciembre dará a conocer los detalles del plan.
El anuncio del presidente fue precedido hace unos días, por las llamativas declaraciones de Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, quien afirmó que Argentina “podría ser proveedor de reactores modulares pequeños (SMR) para bases en la Luna y Marte”.
Escepticismo y dudas
La noticia del Plan Nuclear ha levantado múltiples cuestionamientos debido a la falta de información detallada. Carlos Murúa, operador del reactor RA-0 en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y técnico encargado de formar a trabajadores, expresó cautela ante el anuncio: “Respecto al Plan Nuclear Argentino, tomamos con cautela el anuncio porque prácticamente no hay información al respecto. En el ámbito nuclear, un anuncio de ese tipo siempre es bien recibido, pero genera muchísimas preguntas”. Murúa destacó la importancia de definir claramente si el plan contempla únicamente la construcción de reactores o si incluirá la fabricación local, así como el grado de participación de la industria nacional.
Antipolítica Nuclear y Privatización del Sector
Nicolás Malinovsky, ingeniero y magíster en Gestión de la Energía, director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, criticó duramente la postura del gobierno de Milei: “Contrariamente a su nuevo anuncio, Milei ha desarrollado una antipolítica nuclear basada en desfinanciar proyectos como la construcción del reactor CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares) o el propio proyecto Atucha III”. Malinovsky señaló que la Ley Bases promovida por el actual gobierno ha impulsado la privatización de empresas clave del sector nuclear como Nucleoeléctrica Argentina (NASA) e IMPSA, lo que podría comprometer la autonomía tecnológica y estratégica del país.
Según Malinovsky, el interés de Milei en la energía nuclear está estrechamente ligado a su objetivo de posicionar a Argentina como un centro de IA. “Ya a mediados de año, Milei decía en una entrevista que Argentina debía convertirse en el cuarto polo de la inteligencia artificial en el mundo, después de China, EEUU y Europa”, afirmó. El experto advierte que esta orientación podría llevar a un modelo extractivista donde Argentina presta tierras y vende energía barata, permitiendo que las ganancias generadas por estas inversiones se trasladen fuera del país. “Les prestamos un pedazo de tierra, les vendemos energía barata y toda la riqueza que se produce bajo esos servidores se va del país”, lamentó.
Por su parte, la ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, cuestionó el reciente anuncio del gobierno sobre un nuevo Plan Nuclear, señalando que refleja “el desconocimiento de quienes están a cargo del gobierno”.
“Hablar de un proyecto nuevo, cuando ya existe uno de los más avanzados del mundo como el reactor nuclear CAREM, demuestra ignorancia sobre lo que se viene desarrollando en el país. Cualquier nuevo plan llevaría entre 10 y 15 años en concretarse”, afirmó Serquis, quien actualmente dirige la Unidad Ejecutora de Nanociencia y Nanotecnología, dependiente de la CNEA y el CONICET, un cargo al que accedió a través de concurso.
En este sentido, recordó además que el proyecto del CAREM inició su construcción en 2014, lleva invertidos unos 700 millones de dólares y requiere 200 millones más. “La obra civil tiene más del 85%, lo mismo la ingeniería, pero requiere órdenes de compra para los componentes. Su puesta en marcha estaba prevista para 2026 y se trasladó al 2028. Hay otros proyectos similares del mundo previstos para el 2030. De modo que el argentino es el primero de su clase”, y agregó que“la Agencia de Energía Nuclear analizó los 70 proyectos más avanzados del mundo y dentro de ellos, el CAREM es uno de los que tiene sus aspectos más desarrollados”.
En la misma línea, Serquis también criticó el manejo del gobierno en el ámbito de la inteligencia artificial (IA). “Es paradójico que se hable de IA, cuando recientemente se organizó la primera Semana de la Inteligencia Artificial en el Centro Cultural de la Ciencia sin convocar a los investigadores pioneros en este campo, como los de la Universidad de Buenos Aires o La Plata”, subrayó. Este evento, celebrado entre el 2 y el 6 de diciembre, contó con expertos nacionales e internacionales, más de 30 conferencias y paneles, además de la participación de más de 25 empresas y organizaciones líderes.
Serquis destacó la relevancia de la energía nuclear en el contexto global, subrayando que, debido a sus bajas emisiones y su alta densidad energética, podría jugar un rol clave en satisfacer las demandas energéticas de sistemas como la inteligencia artificial o las criptomonedas. Sin embargo, advirtió que este tipo de desarrollos requiere personal altamente capacitado, un recurso que no se forma de la noche a la mañana.
“Hoy resulta un despropósito que los trabajadores del sector nuclear en la CNEA perciban salarios tan bajos, lo que está generando numerosas renuncias. Esto implica una preocupante pérdida de capacidades en un sector estratégico para el país”, alertó la científica.
Serquis cerró su crítica enfatizando la necesidad de políticas que valoren los proyectos científicos y tecnológicos ya en marcha, y de garantizar condiciones laborales dignas para los profesionales del sector, si se quiere proyectar a Argentina como un actor relevante en la energía nuclear y las nuevas tecnologías.
En declaraciones a Pagina 12, Diego Hurtado, exsecretario de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, critica que, en lugar de destacar instituciones clave como Nucleoeléctrica, Invap o la CNEA, o al entramado nuclear, tecnológico y de investigación del país, el presidente haya anunciado que el Plan Nuclear será presentado por Reidel. Según Hurtado, Reidel es un licenciado en Física, pero con un doctorado en Economía Financiera, una disciplina que, según él, ha contribuido a la crisis del capitalismo a nivel global. Además, señala que Reidel ha trabajado para empresas como JP Morgan y Goldman Sachs, y ha fundado compañías dedicadas al manejo de activos financieros.
Empresas estratégicas en riesgo
La reciente privatización de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) ha generado alarma entre los especialistas. IMPSA es una empresa argentina especializada en generación de energía a partir de recursos renovables y es la única compañía en Latinoamérica con tecnología propia para equipos de generación hidráulica y fabricación de componentes nucleares.
IMPSA desarrolla también componentes calve para el sector nuclear, como ser el recipiente de presión del CAREM.
Nicolás Malinovsky señaló al respecto: “La privatización de IMPSA significa la entrega de un patrimonio estratégico nacional, con la gravedad de que su potencial comprador sería la empresa estadounidense Arc Energy. Es decir, se trasnacionaliza una industria clave en materia de capacidades de innovación y desarrollo para reindustrializar el país”.La privatización podría implicar la pérdida de capacidades estratégicas y tecnológicas esenciales para el sector nuclear argentino, debilitando la soberanía nacional en un área clave.
Prototipo del reactor nuclear CAREM emplazado en la Provincia de Buenos Aires, el mismo cuenta con un considerable grado de avance.
Impacto presupuestario, paralización de proyectos y hackeo cibernético
Mas allá del relato oficial, lo cierto es que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) enfrenta serios problemas presupuestarios debido a la política de ajuste fiscal del gobierno. Andrés Kreiner, subgerente de Tecnología y Aplicaciones de Aceleradores de la CNEA, explicó que el presupuesto para 2025 se reducirá en un 40% en términos reales respecto al año anterior, lo que ha paralizado proyectos estratégicos como la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Neuquén y el desarrollo de tecnologías avanzadas para tratamientos médicos contra el cáncer. Solo el Reactor Nuclear Argentino Multipropósito RA-10 en construcción en el Centro Atómico Ezeiza ha logrado mantener cierto apoyo.
El reciente hackeo a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que según ciertas fuentes comprometió la seguridad de proyectos estratégicos como el reactor CAREM-25, pone en evidencia no solo la fragilidad de la ciberseguridad en instituciones clave, sino también el impacto de la desinversión gubernamental en el sector nuclear. Este ataque ocurre en un contexto de lucha por parte de los trabajadores de la CNEA, quienes advierten sobre los riesgos de repetir las políticas de desmantelamiento de la década de 1990.
El ataque cibernético afectó el sistema de administración de todas las sedes del organismo y expuso la confidencialidad de proyectos tecnológicos esenciales para el país. Según especialistas del sector, el presupuesto destinado a ciberseguridad ha sido insuficiente para proteger estas iniciativas, como resultado de los recortes impulsados por la administración de Javier Milei. La falta de inversión, señalan, dejó sin ejecutar proyectos clave para modernizar y proteger los sistemas informáticos frente a amenazas externas.
“Desde el 27 de noviembre tenemos los sistemas en proceso de recuperación, se están escaneando computadoras y servidores, y de a poco retomamos la actividad. Sin embargo, no sabemos exactamente qué pasó ni cuál fue el objetivo del ataque. Lo que sí está claro es que los recortes presupuestarios impidieron ejecutar un proyecto de inversión clave para fortalecer nuestro sistema informático”, explicó un físico de la CNEA, quien prefirió mantener el anonimato.
Plan nuclear: la trama Geopolítica
La trama geopolítica también añade un nivel adicional de incertidumbre al Plan Nuclear Libertario. Los acuerdos firmados con China y la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC) en 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner para la construcción de nuevas centrales nucleares siguen pendientes de definir su futuro. Los mismos contemplaban la cooperación y financiación para construir en el país dos centrales : una del tipo CANDU de 800 MW (denominada proyecto nacional) ya que se trataba de tecnología conocida por argentina y otra central de diseño chino tipo HMR Hualong de 1.000 MW, que incluiría la transferencia de tecnología a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para que los combustibles nucleares pudieran fabricarse en Argentina. Estos proyectos fueron paralizados durante el gobierno de Mauricio Macri quien además había intentado involucrar sin éxito a capitales privados en el proyecto CAREM.
Durante 2022, una misión diplomática Estadounidense comandada por Ann Ganzer (jefa diplomática del Departamento de Estado), tuvo como objetivo presionar a las autoridades argentinas a fin de que se desistiera de continuar cooperando con China en dicha área. Además la comitiva desplego durante las reuniones mantenidas una campaña de desprestigio en relación a los desarrollos y tecnologías de China, como forma de amedrentar a las autoridades argentinas o “meterles presión”. En aquella oportunidad la comitiva estadounidense también pidió visitar instalaciones clave del sector nuclear, entre ellas el reactor CAREM y la empresa IMPSA (que hoy curiosamente ya esta en manos de capitales estadounidenses).
Si bien se espera que en la visita oficial de Milei a China prevista en 2025 se aborden estos temas, lo cierto es que el alineamiento geopolítico del gobierno Argentino para con los Estados Unidos hace extremadamente improbable cualquier participación de China en estos proyectos. Además, la colaboración con la empresa francesaFramatone para la producción de radioisótopos en centrales nucleares locales plantea preocupaciones sobre la transferencia de tecnología y el control extranjero sobre el sector nuclear argentino.
Conclusión: Un plan cargado de dudas y contradicciones
El Plan Nuclear Argentino anunciado por Milei tiene el potencial de transformar el sector energético del país y posicionarlo como un hub de IA. Sin embargo, la falta de claridad en su implementación, las críticas sobre la perdida de control por parte del Estado de empresas estratégicas, y las preocupaciones sobre la dependencia tecnológica y la pérdida de autonomía nacional, generan serias dudas sobre su viabilidad y beneficios para Argentina.
Los expertos insisten en la necesidad de una estrategia transparente y participativa que incluya a la industria nacional, garantizando que el desarrollo nuclear no se convierta en un proyecto extractivista y de subordinación geopolítica que beneficie principalmente a potencias extranjeras. Sin un enfoque equilibrado que priorice la soberanía tecnológica y la protección del patrimonio estratégico, el Plan Nuclear Libertario podría resultar en un caballo de troya de intereses extranjeros y un retroceso significativo para el sector nuclear argentino y el desarrollo nacional en general.
Un informe de la cadena alemana Deutsche Welle (DW) destaca el creciente número de personas en situación de calle y señala a las políticas implementadas por el Gobierno.
La cadena alemana Deutsche Welle emitió un informe contundente titulado “Buenos Aires prohíbe dormir en la calle mientras se agrava la crisis de vivienda”, en el que denuncia la crítica situación de las personas en situación de calle en la capital argentina. El informe no solo expone el aumento de la pobreza en el país, sino que también señala directamente a la administración de Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, por implementar políticas que algunos califican de punitivas y deshumanizantes frente a la problemática.
Un reflejo de la crisis económica argentina
Deutsche Welle destacó cómo el aumento de la pobreza, combinado con el encarecimiento de los alquileres, ha empujado a miles de personas a vivir en la vía pública. Según cifras del informe, en Buenos Aires hay actualmente 4.400 personas en situación de calle, un 10% más que el año pasado y 2,5 veces más que hace cinco años. No obstante otras fuentes pertenecientes a ONGs afirman que hay al menos 12.000 personas en tal situación.
El informe incluyó imágenes de desalojos realizados por las autoridades porteñas y testimonios desgarradores de personas afectadas. Una de las entrevistadas relató: “Te quitan las cosas, te pegan. No puedo estar en la calle, pero estoy porque no tengo un buen trabajo”. Otro testimonio señaló que los paradores ofrecidos por el gobierno son inseguros y sucios, lo que lleva a muchas personas a evitarlos, incluso a costa de quedarse en la calle.
Políticas cuestionadas y el enfoque punitivo
La política del gobierno de Jorge Macri establece que quienes no tienen vivienda deben trasladarse a centros de inclusión social o mudarse a otros municipios, una medida que, según el informe, ha sido percibida como un intento de deslindarse del problema social. Además, las autoridades han desalojado campamentos improvisados en varios puntos de la ciudad bajo el lema “La calle no es un lugar para vivir”, frase que se convirtió en un polémico eslogan de la gestión.
En abril, Jorge Macri publicó imágenes en redes sociales mostrando el desalojo de personas en la explanada del Aeroparque Jorge Newbery, calificándolo como una “limpieza del espacio público”. Esta analogía con la basura recolectada generó un fuerte repudio, tanto en el ámbito local como internacional, al ser considerada insensible y despectiva hacia las personas afectadas por la pobreza extrema.
La respuesta del Gobierno porteño y la crisis de imagen de Jorge Macri
Consultado por el informe de Deutsche Welle, el gobierno porteño evitó emitir comentarios al respecto, mientras que continúa responsabilizando a la Provincia de Buenos Aires por el aumento de la población sin hogar, en un poco convincente intento por desligarse del problema.
La situación ha impactado negativamente en la imagen pública de Jorge Macri, quien según las últimas encuestas, figura entre los gobernadores con menor aprobación del país. Este contexto resalta la falta de políticas inclusivas y efectivas para abordar la creciente crisis habitacional y social en la Ciudad de Buenos Aires, en un momento en que la crisis económica nacional profundiza las desigualdades.
Esta situación es consecuencia de un vacío legal deliberadamente sostenido por el gobierno libertario, diseñado para beneficiar a grandes corporaciones en detrimento del Estado argentino.
La minera canadiense Barrick Gold, principal operadora de la mina Veladero en San Juan, lleva siete meses sin pagar retenciones por el oro que exporta al mercado internacional. Esta situación es consecuencia de un vacío legal deliberadamente sostenido por el gobierno libertario, diseñado para beneficiar a grandes corporaciones en detrimento del Estado argentino.
La falta de actualización de las alícuotas, reguladas por decreto, deja sin efecto los derechos de exportación que deberían aplicarse según la ley de minería vigente. Esta omisión favorece la evasión fiscal de empresas como Barrick Gold, que ya arrastra un historial de irregularidades tributarias y ambientales, incluyendo el envenenamiento de suelos con cianuro en su operación de Veladero.
El entramado político y legal detrás del beneficio a Barrick
La situación se agrava por la influencia de figuras clave como Sergio Arbeleche, asesor legal de Barrick Gold y habitual visitante del Ministerio de Economía. Arbeleche, quien redactó junto con su estudio jurídico el mega DNU y la Ley Bases, ha sido señalado como el principal responsable de bloquear la reglamentación de un nuevo decreto de regalías que permitiría al Estado recaudar por las exportaciones mineras.
Pese a no ocupar cargos oficiales, Arbeleche mantiene un vínculo estrecho con funcionarios del Palacio de Hacienda, incluyendo el viceministro de Energía y Minería, Daniel González. Según fuentes internas, este lobby ha generado tensiones en la Secretaría de Minería, cuyo titular, Luis Lucero, ha amenazado con renunciar ante la falta de respaldo y recursos para cumplir con sus funciones.
Un sistema diseñado para la evasión
La permisividad del gobierno se extiende más allá de la minería. Fuentes del sector aseguran que el actual sistema permite maniobras sistemáticas de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones.“El control es prácticamente inexistente. Las empresas informan los movimientos mediante declaraciones juradas que no son verificadas, lo que facilita irregularidades constantes”, explicó un analista.
En este contexto, Barrick Gold aprovecha al máximo la falta de regulación y fiscalización. En enero del año pasado, la AFIP reabrió una causa contra la minera por presunta evasión fiscal, argumentando que simuló pasivos para reducir su carga tributaria. No obstante, las sanciones impuestas en el pasado, como la multa millonaria de 2020 por diferencias en derechos de exportación, no parecen haber frenado estas prácticas.
Impacto en el Estado y beneficios para las corporaciones
El diseño del marco impositivo y financiero impulsado por el gobierno libertario prioriza los intereses de las grandes empresas sobre el bienestar del Estado. Esto no solo afecta la capacidad del país para recaudar recursos esenciales, sino que también envía un mensaje claro: la extracción de riqueza por parte de corporaciones extranjeras se privilegia sobre el desarrollo sustentable y el respeto por las normas fiscales.
Con la extensión anunciada de la vida útil de la mina Veladero hasta 2031, y sin señales de una regulación efectiva, Barrick Gold continuará beneficiándose de este sistema, profundizando la dependencia de Argentina en un modelo extractivista sin control.
Según la documentación aportada por el abogado Jeremías Rodríguez, “se crearon estructuras financieras para proteger propiedades adquiridas en Florida, Estados Unidos”.
La Justicia argentina ha iniciado una investigación sobre Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y figura de máxima confianza de Mauricio Macri, por presunto ocultamiento de propiedades y uso de estructuras financieras en el extranjero. El juez Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano analizan una denuncia que involucra a Ritondo, su esposa Romina Diago, y una red de sociedades offshore utilizadas para adquirir bienes inmuebles en Miami, Florida, por un valor estimado en USD 2.600.000.
La denuncia, presentada por el abogado Jeremías Rodríguez, incluye acusaciones de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, tráfico de influencias y violaciones al orden económico y financiero. Según la documentación aportada, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal y su pareja “habrían utilizado estas estructuras para ocultar activos y no declararlos como lo exige la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”. Diago habría gestionado propiedades en Miami a través de entidades registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Delaware, incumpliendo las normas de transparencia exigidas por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Ritondo es un figura clave del PRO, ex ministro de seguridad durante la gobernación de María Eugenia Vidal y jefe de bloque PRO en la Cámara de Diputados de la Nación.
El entramado financiero y las propiedades
El informe señala que Diago adquirió en 2014 la sociedadSunstar Point, utilizada para comprar una propiedad en Florida valuada en USD 650.000. Esta sociedad operaba bajo un fideicomiso llamado Warwick Trust, que Diago constituyó y administraba. El fideicomiso era revocable, permitiéndole a Diago mantener el control total sobre los bienes, mientras que Ritondo figuraba como su eventual sucesor en la administración de estos activos.
Además, Diago estuvo vinculada a otras entidades offshore, comoIlustre LLC y Goformore LLC, que gestionaron propiedades valuadas en más de USD 1.500.000 en Miami. Entre los inmuebles destacados están tres departamentos adquiridos entre 2013 y 2015, con precios que oscilan entre USD 446.900 y USD 656.900.
Implicaciones políticas y legales
La denuncia sostiene que, al estar casado, Ritondo debía incluir estos bienes en sus declaraciones juradas como funcionario público. El abogado Rodríguez argumenta que el diputado “no podía desconocer el régimen normativo” y lo acusa de “omitir intencionalmente” activos que forman parte de la sociedad conyugal.
El caso, basado en investigaciones del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y ElDiarioAR, también menciona la participación de agentes fiduciarios que facilitaron la creación y administración de estas sociedades en jurisdicciones reconocidas por su opacidad fiscal.
Con esta investigación, Ritondo enfrenta un escrutinio judicial que podría tener repercusiones no solo legales, sino también políticas, dado su rol destacado dentro del PRO y su cercanía al expresidente Mauricio Macri.
Siguiendo el “modelo peruano”, el ministro Federico Sturzenegger dispuso que cualquier persona con vehículo, seguro y VTV pueda prestar el servicio de transporte.
El Gobierno argentino ha anunciado una polémica medida que permite a cualquier persona con vehículo, seguro y VTV prestar servicios de transporte de pasajeros. Según las autoridades, esta iniciativa busca fomentar la competencia y aumentar la oferta de servicios. Sin embargo, tanto organizaciones de seguridad vial como sindicatos han advertido que esta desregulación podría tener graves consecuencias para la seguridad, el trabajo y la organización del transporte público, replicando errores vistos en otros países como Perú con altos niveles de precarización y riesgo.
Retrocesos en seguridad vial y profesionalismo
La medida implica que cualquier ciudadano con un vehículo pueda registrarse mediante un trámite online, recibiendo autorización para operar en apenas cinco días. No se exige capacitación específica ni experiencia, lo que ha generado críticas desde distintos sectores. Diego Molina, miembro de la ONG Conduciendo a Conciencia y familiar de una víctima de la tragedia del Colegio Ecos, señaló que esta política es un retroceso alarmante en términos de seguridad vial. “Esto minimiza la importancia de la capacitación profesional y pone en riesgo vidas. No hemos aprendido nada de tragedias como la nuestra”, lamentó.
A quienes tengan vehículos grandes o pequeños (con seguro y revisión vehicular aprobada), los invitamos a convertirse en proveedores de transporte de pasajeros. El Decreto 883/24 había liberado el tránsito interjurisdiccional así como el de las conexiones aeroportuarias, dando… pic.twitter.com/fPrn9D9rJM
Molina recordó los avances logrados tras el accidente de 2006, como la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la ley de Alcohol Cero, avances que, en su opinión, podrían verse anulados por esta desregulación. “Llenás un formulario y ya podés trasladar vidas. Es un absurdo. El Estado abdica su responsabilidad en garantizar seguridad y profesionalismo”.
El modelo peruano y sus riesgos
Esta flexibilización tiene similitudes preocupantes con la desregulación implementada en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. En aquel país, la liberalización del transporte derivó en la proliferación de vehículos precarios como las “combis”, y en un sistema caótico caracterizado por la falta de planificación, inseguridad y efectos adversos en la calidad de vida de los ciudadanos.
Entre las consecuencias observadas en Perú se destacan:
Inseguridad vial: Conductores sin capacitación operaban en condiciones de riesgo, llevando a un aumento de accidentes y fatalidades.
Desorganización y falta de control: Los recorridos y tarifas eran establecidos de manera arbitraria, generando incertidumbre para los pasajeros, además de falta de puntualidad del servicio.
Impacto ambiental: Los vehículos, en su mayoría antiguos y contaminantes, agravaron los problemas de polución en las ciudades.
Precarización laboral: La competencia desleal afectó a los conductores profesionales y fomentó la informalidad.
La falta de regulación en Perú transformó el transporte público en un sistema caótico donde la prioridad dejó de ser el bienestar del pasajero. Estas lecciones deberían servir como advertencia para Argentina.
Las combis en Perú tienen un rol protagónico en el caótico sistema de transporte de Lima.
Repercusiones laborales y sociales
El sindicato de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) calificó la medida como “inconstitucional” y advirtió sobre su impacto en las condiciones laborales. “El chofer profesional se distingue por su formación, y eso no puede ser reemplazado por una persona sin preparación”, declaró Roberto Fernández, líder del gremio. Además, señaló que la desregulación podría aumentar las jornadas laborales hasta niveles insostenibles.
Por su parte, los taxistas consideraron esta medida como “un paso hacia el tercer mundo”. Según José Ibarra, titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, la liberalización precariza el trabajo y pone en riesgo a los pasajeros al no garantizar estándares mínimos de seguridad y capacitación.
El peligro de repetir errores
Si bien el Gobierno presenta esta medida como un avance hacia la modernización del transporte, las experiencias internacionales sugieren lo contrario. La desregulación, en lugar de fomentar un mercado eficiente, puede derivar en un sistema inseguro y desorganizado, con altos costos para la sociedad.
En lugar de avanzar hacia un modelo sustentable y seguro, Argentina podría estar retrocediendo hacia un escenario caótico y peligroso, similar al que enfrenta la India, Perú o México. Las políticas de transporte deben priorizar la vida y el bienestar de los ciudadanos por encima de cualquier cálculo económico.
Desde Naciones Unidas y la ONG Human Right Watch rechazaron la intención de que los jueces de la Corte Suprema de Justicia sean designados por decreto.
La intención del gobierno argentino de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema, en caso de no lograr el aval del Senado, ha generado una fuerte reacción internacional. Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, expresó su preocupación por lo que considera una amenaza a la separación de poderes en el país.
“He tomado nota de las preocupantes noticias de que el Gobierno de Argentina supuestamente podría estar considerando nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto”, afirmó Satterthwaite en su cuenta de X. La relatora subrayó que el principio de legalidad exige respetar los procedimientos constitucionales para preservar la independencia judicial.
He tomado nota de las preocupantes noticias de que el Gobierno de #Argentina supuestamente podría estar considerando nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto.
Recuerdo que el principio de legalidad exige que se sigan los procedimientos constitucionales al designar jueces,…
El artículo de la Constitución que permite al presidente llenar vacantes mediante decretos en comisión durante el receso legislativo ha sido objeto de controversias. Según expertos, esta disposición no debería aplicarse a los jueces de la Corte Suprema, ya que no se consideran “empleos” en el sentido que la norma establece. Además, la vacante de la Corte que busca ser cubierta no ocurrió durante el actual receso legislativo, lo que pone en duda la validez del mecanismo propuesto.
El antecedente de Macri
Este escenario recuerda un antecedente polémico: en 2015, el expresidente Mauricio Macri intentó designar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto presidencial, amparándose en la misma disposición constitucional. En ese entonces, organizaciones de derechos humanos y juristas, incluyendo Human Rights Watch, criticaron duramente la medida por considerarla contraria a los principios republicanos. Sin embargo, los jueces designados por Macri no asumieron hasta obtener el respaldo de dos tercios del Senado, seis meses después.
En un contexto donde Argentina ha ratificado tratados internacionales que exigen un proceso transparente y acorde con la división de poderes, la iniciativa del gobierno actual de Javier Milei ha provocado una reacción que trasciende las fronteras. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, instó al presidente a “demostrar respeto por la independencia judicial trabajando con el Senado para lograr los acuerdos necesarios en lugar de recurrir a nombramientos por decreto”.
Mientras el gobierno insiste en esta polémica vía, Naciones Unidas y otros actores internacionales recuerdan que cualquier debilitamiento en los procesos de designación de jueces puede poner en jaque la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental de la democracia.
