“Detrás de la falsa discusión sobre la rendición de cuentas hay un verdadero ataque ideológico” denunció el comunicado de la casa de estudios.

El gobierno nacional ha planteado una serie de medidas bajo el argumento de promover accountability y rendición de cuentas en instituciones públicas, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA). Sin embargo, en lugar de una genuina supervisión de la transparencia y eficiencia de sus funciones, la UBA y diversos sectores académicos perciben que estas medidas esconden la intención de ejercer un control político sobre la universidad, con el objetivo de disciplinar y condicionar su autonomía recurriendo incluso a la asfixia económica. Este conflicto pone en tensión los principios fundamentales de la autonomía universitaria y la libertad académica, claves para la independencia de la institución.

El contexto de las auditorías de la SIGEN

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo de auditoría dependiente del Poder Ejecutivo, ha sido designada para realizar auditorías sobre el funcionamiento de la UBA, justificando su actuación en la supuesta necesidad de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos. No obstante, la UBA señala que este organismo no posee competencias sobre las universidades nacionales, dado que, por ley, estas instituciones tienen autonomía administrativa y académica, consagrada en la Constitución Nacional. Tradicionalmente, la supervisión de estas entidades corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), que se encuentra bajo la órbita del Congreso Nacional y no depende del Poder Ejecutivo. La AGN además es un organismo de mayor pluralidad en su composición y no esta subordinada a ningún poder ni funcionario, siendo un organismo auxiliar del Congreso Nacional, lo que le brinda mayor garantía de transparencia en relación con la SIGEN que depende de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y por lo tanto sus procedimientos podrían estar viciados o tener cierto sesgo político.

Los riesgos para la autonomía universitaria

La universidad argumenta que el verdadero propósito detrás de estas medidas es avanzar hacia una intervención encubierta, limitando su autonomía y estableciendo un modelo de control que pueda ser utilizado para influir en decisiones académicas y administrativas. En este sentido, el gobierno podría tener la capacidad de intervenir en los planes de estudio, proyectos de investigación, y en la selección de personal docente o administrativo, socavando la independencia de la universidad para tomar decisiones en base a criterios exclusivamente académicos.

SÍ a las auditorias, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas.

Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia.

Leé la solicitada ⬇️ pic.twitter.com/JP24DOgM46

— UBAonline (@UBAonline) October 26, 2024

La UBA expresa su preocupación por las repercusiones que esta intervención podría tener en términos de libertad de cátedra y en la formación de pensamiento crítico. El riesgo de que el gobierno busque imponer una línea ideológica específica sobre los contenidos académicos y las actividades de investigación significaría una seria amenaza para el carácter plural y autónomo de la universidad. Esta situación pondría en peligro la misión de la universidad pública, al transformar sus funciones en herramientas al servicio de intereses políticos y partidarios de corto plazo.

Respuesta de la Universidad de Buenos Aires

La UBA ha manifestado públicamente su rechazo a estas medidas, afirmando que la autonomía universitaria no solo es un principio constitucional sino también una condición fundamental para garantizar que la educación superior cumpla su función social de manera libre y sin interferencias. En su comunicado, la universidad remarcó que ya cuenta con mecanismos de auditoría y control externos a través de la AGN y con auditorías privadas que garantizan la rendición de cuentas, sin necesidad de la intervención de la SIGEN que responde al partido gobernante de turno.

Además, la universidad anunció que llevará este conflicto a los tribunales, solicitando que la Justicia defina con claridad las competencias de la SIGEN y reitere la autonomía de las universidades nacionales, así como los límites del Poder Ejecutivo para intervenir en estas instituciones. La UBA sostiene que cualquier intento de modificar esta autonomía vulneraría derechos constitucionales y afectaría la misión educativa de la universidad, que se basa en la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la realidad social.

Una amenaza para la educación pública

En un contexto donde la universidad pública enfrenta desafíos en términos de financiamiento y accesibilidad, la UBA advierte que la intervención política y el control excesivo por parte del gobierno podrían conducir a un debilitamiento de la educación pública. La universidad pública en Argentina ha sido un pilar fundamental en la construcción de igualdad de oportunidades, y la UBA representa un símbolo de inclusión, calidad académica y desarrollo social, además de posicionar al país a nivel internacional en ámbitos de prestigio. Cualquier intento de intervenir en su funcionamiento, advierten desde la UBA, pone en riesgo la capacidad de la universidad para mantener sus estándares de calidad y su compromiso con el acceso gratuito y masivo a la educación superior.

Conclusión

El conflicto entre la UBA y el gobierno nacional refleja una tensión más amplia entre los principios de autonomía académica y los intentos de control político sobre instituciones educativas. La UBA considera que el uso de argumentos de rendición de cuentas y transparencia, aunque legítimos en su sentido general, está siendo utilizado en este caso como un pretexto para condicionar y disciplinar a la universidad, amenazando con transformar la educación pública en un instrumento del poder político. En un contexto donde la independencia universitaria es fundamental para la construcción de un pensamiento crítico y plural, la UBA advierte sobre los peligros de esta medida y llama a la sociedad a defender los principios de autonomía y libertad académica como garantía de una educación pública verdaderamente libre.

La diputada libertaria Lilia Lemoine que suele ser vocera directa de Javier Milei reavivó las críticas contra Villarruel y la comparo con Chacho Álvarez el vice de De la Rúa.

La interna en La Libertad Avanza se intensifica con nuevas críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, esta vez encabezadas por la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien en redes sociales la catalogó como “la peor vicepresidente de la historia”. Este episodio evidencia una fractura creciente en el espacio libertario, con un marcado distanciamiento de Villarruel respecto al propio presidente Javier Milei.

El conflicto más reciente surgió a raíz de la colocación de un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado, homenaje promovido por Villarruel el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. La acción generó incomodidad entre ciertos sectores de La Libertad Avanza, y el propio Milei se desmarcó públicamente del tributo mostrando su inconformidad con lo que considera una falta de lealtad de la vicepresidenta.

Te banco. Va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia. Peor que el Chacho. Porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de Delarua…

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 24, 2024

Lemoine (que suele hablar por Milei) fue directa en su respuesta a la indignación de un usuario en redes sociales, reafirmando su creciente desconfianza hacia Villarruel: “Va juntando porotos la vice. Ya es la peor vicepresidente de la historia”, escribió. Luego, comparó su gestión con la del exvicepresidente de la Alianza, Carlos “Chacho” Álvarez, afirmando que Villarruel era “peor”.

La tensión entre ambas figuras no es nueva. En meses anteriores, Lemoine criticó a Villarruel por su silencio ante la visita de legisladores libertarios a represores detenidos en el penal de Ezeiza, un acto que generó amplias críticas y controversias para el espacio político. Lemoine expresó frustración ante lo que considera una falta de coherencia de Villarruel en relación con su discurso de campaña sobre los crímenes cometidos durante los años de plomo en Argentina.

En agosto, las críticas se profundizaron cuando Villarruel afirmó que reabriría las causas judiciales contra los crímenes cometidos por Montoneros en los años 70, lo que Lemoine calificó de “campaña proselitista”. La diputada cuestionó las prioridades de la vicepresidenta y sugirió que tales declaraciones eran una distracción para evitar enfrentar los problemas del espacio político. Un mes después, Villarruel tomó una medida contundente y bloqueó a Lemoine en redes sociales, intensificando la ya evidente fractura entre ambas.

Estas críticas subrayan una creciente desconfianza y disenso entre Villarruel y los miembros más alineados con la visión de Milei, generando divisiones dentro del movimiento libertario y sembrando dudas sobre la cohesión de La Libertad Avanza en medio de un contexto político y económico de creciente desestabilidad.

En la construcción, el comercio, y la producción agrícola ven en el Estado un actor indispensable para asegurar el desarrollo de infraestructura.

El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) presentó el documento Consensos 2024, con propuestas de inversión privada en infraestructura, en un contexto donde el discurso libertario de desfinanciamiento público contrasta con las necesidades reales de sectores clave de la economía. Desde la llegada al poder de La Libertad Avanza, el financiamiento estatal para proyectos de infraestructura ha sido suspendido, promoviendo un esquema en el que la inversión privada debe cubrir la demanda (lo que aun esta lejos de suceder), mientras la actividad de la construcción permanece prácticamente paralizada.

El CPI, fundado en 2021 por el G6 (integrado por la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural, ADEBA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de la Construcción y la Unión Industrial Argentina, junto con la UOCRA), propone inversiones en áreas críticas como energía, transporte, logística, y desarrollo urbano. Sin embargo, durante el evento, varios referentes empresariales señalaron que, aunque la colaboración del sector privado es importante, el Estado debería asumir un rol activo para sostener y desarrollar la infraestructura pública.

Natalio Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio, subrayó que, en las principales economías del mundo, el financiamiento de infraestructura pública recae en el Estado. Grinman expresó la preocupación por el estado crítico de las rutas y enfatizó la necesidad de que el Estado colabore en el desarrollo junto al sector privado. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, agregó que mejorar la infraestructura de movilidad y reducir sus costos es una “responsabilidad del gobierno”, sin la cual es difícil aumentar la producción.

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina, destacó que el crecimiento industrial no puede prosperar sin un entorno en el que la infraestructura esté garantizada. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción y del CPI, recordó que la inversión en infraestructura existente es esencial para evitar futuros costos de recuperación.

Relato vs realidad

La realidad económica subraya una contradicción en el discurso libertario, que aboga por reducir la participación del Estado en la economía, mientras sectores como la construcción, el comercio, y la producción agrícola ven en el Estado un actor indispensable para asegurar el desarrollo de infraestructura básica. Sin un marco de financiamiento mixto, los objetivos de reactivación de estos sectores se ven comprometidos.

Además, representantes de ADEBA y la Bolsa de Comercio coincidieron en que los bancos y el mercado de capitales cuentan con liquidez y están listos para apoyar proyectos, pero insistieron en la necesidad de un entorno de colaboración y transparencia donde el Estado también cumpla sus compromisos.

La UOCRA, en tanto, expresó su expectativa de que el relanzamiento de la obra pública reactive los empleos perdidos y devuelva al trabajo a los 100 mil trabajadores afectados por la parálisis actual, señalando así cómo el discurso de reducción del gasto público colisiona con la necesidad económica de un Estado activo en la infraestructura.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), señaló en un informe que la prórroga del presupuesto 2023 permitió el uso discrecional de recursos, una práctica que viene en aumento en Argentina.

El gobierno ha asignado fondos millonarios a proyectos con una discrecionalidad y falta de transparencia que suscitan serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos. Esta postura resulta especialmente incoherente, ya que la misma administración impone a las universidades públicas estrictas demandas de rendición de cuentas y total transparencia en su uso de recursos.

Mientras las instituciones educativas deben justificar cada gasto y rendir cuentas de manera exhaustiva, el gobierno parece aplicar un estándar mucho más flexible a sus propios fondos, donde la claridad sobre el destino final de los recursos es limitada e incluso ausente en muchos casos. Esta doble vara en la exigencia de transparencia genera dudas sobre la coherencia de las políticas gubernamentales y alimenta un clima de desconfianza entre los sectores impactados por estas prácticas desiguales.

Esta postura genera inquietud en instituciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que subraya en un informe el preocupante aumento en el uso discrecional de los recursos cuando se prorroga el presupuesto. Este mecanismo ha permitido al Ejecutivo incrementar la brecha entre el presupuesto aprobado para 2023 y el ejecutado en 2024, que alcanza un histórico 134%.

La Ley de Administración Financiera (LAF) permite que el Gobierno continúe operando con el presupuesto del año anterior si no se aprueba uno nuevo, permitiéndole al Ejecutivo ajustar recursos de manera unilateral. Esto implica que, tomando en cuenta los $40 billones aprobados para 2023 y los $95 billones vigentes en 2024, el Gobierno pudo reasignar más de $55 billones sin aprobación del Congreso.

Según Sofía Pasquini, abogada de ACIJ, “esta situación supone un deterioro institucional, ya que el Congreso, como representante del pueblo, es quien debe decidir sobre el uso de los fondos públicos”. Convertir esta excepción en regla otorga “un amplio marco de discrecionalidad”, que sienta un precedente peligroso para futuros gobiernos.

El proyecto de presupuesto para 2025 que el Ejecutivo envió al Congreso también incorpora una “regla fiscal” inspirada en la norma de “déficit cero” de 2001, declarada inconstitucional en 2002 por otorgar excesiva discrecionalidad al Ejecutivo. Este mecanismo permite que cualquier desvío en los ingresos se compense con recortes en los gastos discrecionales, aunque el propio proyecto redefine algunas partidas, como las vinculadas a ciencias y escuelas técnicas, cambiándolas de automáticas a discrecionales.

El director del CEPA, Hernán Letcher, explica que el presidente Milei enfrenta un dilema entre no obtener la aprobación del presupuesto y ganar libertad de maniobra en el uso de los recursos, o bien conseguir la aprobación, enviando una señal de estabilidad a los mercados. En ambos escenarios, el Ejecutivo retendría una amplia capacidad de gestión arbitraria sobre los recursos estatales en 2025.

La diputada terraplanista de La Libertad Avanza, volvió de su viaje de una semana a Ucrania e intento defender la situación actual de la economía pero utilizó un ejemplo poco afortunado.

Lemoine intento instalar la idea de una reactivación económica que aun no llega, en ese sentido explicó que ha recibido comentarios de personas que comenzaron a notar un repunte en sus negocios, con ventas que se reactivaron tras un largo período de inactividad. Sin embargo, aclaró que esto no significa que la crisis esté superada. “Algunos me dicen ‘che, sabés que me está yendo muy bien’, ‘empecé a vender de nuevo’, pero no es para festejar porque muchos todavía están en una situación complicada”, señaló durante su participación en La Nación +.

La Explicación

Para ilustrar lo que describió como un “cambio de paradigma”, Lemoine contó una anécdota sobre un excompañero de trabajo, con quien había compartido empleo en un call center en su juventud. Este excolega, a pesar de haberse recibido como arquitecto, ahora se ve obligado a trabajar como chofer de una aplicación de viajes debido a la falta de oportunidades en su profesión. Según el relato de Lemoine, él le comentó que “el sector está en baja” y que no le alcanza para cubrir sus gastos con lo que gana como arquitecto.

#Declaraciones | Su amigo es arquitecto y ahora maneja un Uber: el insólito argumento de la diputada libertaria Lilia Lemoine para defender la reactivación económica.pic.twitter.com/AXRt6bfjuw

— Política Argentina (@Pol_Arg) October 24, 2024

Lo que resultó más polémico fue la interpretación de la diputada sobre esta situación. En lugar de señalar la precarización laboral y la falta de oportunidades para profesionales, Lemoine lo describió como parte de un “cambio de paradigma” en el que personas altamente capacitadas encuentran trabajos alternativos para sobrevivir económicamente. Para la diputada, este tipo de adaptaciones reflejan la flexibilidad del mercado laboral, sugiriendo que es una señal de movilidad social y dinamismo económico, en lugar de un síntoma de la crisis y la falta de oportunidades en sectores especializados.

Estas declaraciones desataron críticas, ya que muchos consideran que el hecho de que profesionales con años de estudio deban recurrir a trabajos como conductores de aplicaciones no es un indicador de reactivación, sino de la profundización de la precarización laboral en un contexto de crisis económica.

En septiembre de 2024, las ventas de combustibles al público registraron una caída del 11,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos proporcionados por la Secretaría de Energía.

La caída en las ventas de combustibles durante septiembre de 2024 refleja un panorama claro de la profunda crisis económica que atraviesa el país. Las ventas al público registraron una disminución del 11,8% en comparación con el mismo mes del año anterior, continuando una tendencia descendente que comenzó en diciembre de 2023 y que se ha sostenido durante diez meses consecutivos. Este desplome, especialmente marcado en el gasoil, que cayó un 15,7%, y en la nafta, con una baja del 8,4%, resalta la relación directa entre el consumo de combustibles y la actividad económica general.

Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, subrayó la conexión entre el derrumbe económico y la caída en las ventas de combustibles, particularmente en el gasoil, que es esencial para el transporte público, los camiones y la maquinaria agrícola. “Las ventas de diesel están directamente asociadas a la actividad económica”, afirmó Pegoraro, quien destacó que en los meses de cosecha la caída fue menos severa debido a la mayor demanda del sector agrícola, pero en los meses sin cosecha, el descenso fue más pronunciado.

La crisis también ha cambiado los hábitos de consumo. La nafta premium, asociada a consumidores con mayor poder adquisitivo, mostró una baja del 20,7%, mientras que la nafta súper, más accesible, cayó solo un 3,7%. Esto indica que los consumidores están optando por combustibles más baratos en medio de la recesión.

Las desigualdades regionales amplifican este cuadro de derrumbe económico. Provincias como Formosa y Misiones experimentaron caídas superiores al 28%, en gran medida por la pérdida de competitividad de precios frente a países vecinos, tras la devaluación de diciembre de 2023. En contraste, provincias como Tierra del Fuego y Buenos Aires registraron descensos más moderados.

El año 2024 ha sido un año de constante contracción en el consumo de combustibles, con una caída acumulada del 9,1% entre enero y septiembre. Estos números son un claro reflejo del deterioro general de la economía, donde la baja en el consumo de combustibles actúa como un termómetro de la gravedad de la situación.

Tras el anuncio del cierre de AFIP y nacimiento de ARCA, Carlos Pagni se preguntó si no se está generando un mix autoritario que unirá servicios de inteligencia y recaudación.

Tras el anuncio del cierre de la AFIP y la creación de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el periodista Carlos Pagni lanzó serias advertencias sobre los riesgos que podrían derivarse de esta transformación. Durante su editorial en Odisea Argentina, transmitido por LN+, Pagni se preguntó si no estamos frente a la construcción de un “mix autoritario” que unirá inteligencia y recaudación bajo un mismo aparato estatal.

Uno de los puntos que destacó Pagni fue la estrategia de presentar la rebaja salarial de los directores de la ex AFIP como un gesto mediático, cuando en realidad representa una mínima parte del gasto estatal, no más de 6 millones de dólares anuales. Según el periodista, esta medida es una “carnada” para desviar la atención de asuntos mucho más graves, como el nombramiento de Andrés Vázquez, quien ya tiene un historial controvertido.

Pagni recordó una investigación de Hugo Alconada Mon publicada en La Nación en 2010, donde se denunciaba que Vázquez, por entonces encargado de la región Sur del Conurbano, no había declarado al propio AFIP un medio millón de dólares en dinero negro. En esa área, algunas tabacaleras, acusadas de no pagar sus impuestos adecuadamente, habrían mantenido estrechas relaciones con Vázquez, algo que despierta dudas sobre su desempeño ahora al frente de ARCA.

Otro aspecto inquietante, según Pagni, es el pasado de Vázquez en el servicio de inteligencia de la AFIP, donde habría mantenido vínculos con Antonio Stiusso, ex jefe de la SIDE. Esa relación, y la cercanía de Vázquez con Lucas Nejamkis, colaborador de Santiago Caputo, quien a su vez es asesor clave de Javier Milei, hacen temer que ARCA se convierta en una herramienta para perseguir a opositores y periodistas.

El editorialista subrayó un episodio relevante del pasado de Vázquez: lideró un operativo impositivo contra el Grupo Clarín en medio del conflicto entre el kirchnerismo y el conglomerado mediático, cuando el funcionario tenía acceso directo a la Quinta de Olivos. Según Pagni, la designación de Vázquez sugiere que el gobierno podría estar consolidando un poder que, más allá de su retórica, podría volverse represivo.

Finalmente, Pagni se cuestionó el verdadero propósito de este aparato de poder que, con Santiago Caputo también controlando la SIDE, podría unir la inteligencia estatal con el sistema recaudatorio. “¿Se va a sistematizar la agresividad verbal del gobierno hacia los medios de comunicación?”, se preguntó, señalando el peligro de que esta unión se utilice para perseguir a la prensa y a los críticos del gobierno libertario.

Se realizarán este martes 22 de octubre, entre las 10 y las 18. Habrá asambleas de trabajadores de ciencia y de no docentes, feria de ciencias, charla sobre jubilaciones y radio abierta con estudiantes.

Este martes 22 de octubre, entre las 10 y las 18 horas, se llevarán a cabo en Plaza de Mayo una serie de clases públicas en reclamo de una recomposición salarial y un aumento del presupuesto universitario. La jornada incluirá asambleas de trabajadores de ciencia y no docentes, una feria de ciencias, charlas sobre jubilaciones y una radio abierta con participación de estudiantes. Todo esto se realizará en el marco del paro nacional de una semana convocado por las federaciones sindicales.

En la emblemática plaza, se dictarán clases de diversas materias como Química Biológica, Cálculo Avanzado, Álgebra Lineal, Epistemología de las Ciencias Sociales, Fitopatología, Tectónica Andina, Historia de la Psicología, Genética Molecular, Sociología Rural, Antropología, entre muchas otras. Además, el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento brindará un teórico, y se sumarán docentes de la Universidad Nacional de San Martín.

Este reclamo, que trasciende a la Universidad de Buenos Aires (UBA), busca visibilizar la precarización que enfrentan docentes, no docentes y estudiantes. Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, señaló: “La mayoría de los docentes ganan menos de 150.000 pesos, pese a su constante formación y esfuerzo. Preparan y dictan clases, corrigen exámenes y forman futuros profesionales, pero sus sueldos están por debajo de la línea de indigencia. Por eso vamos a seguir luchando”.

Con estas acciones, la comunidad universitaria envía un fuerte mensaje al gobierno libertario, exigiendo mejoras salariales y una mayor inversión en educación pública, al tiempo que rechazan las políticas de ajuste que consideran lesivas para el futuro del país.

El presidente argentino pasó desde el 10 de febrero, 650 horas y siete minutos dedicado solo a republicar posteos de otros en esa red social.

Ese tiempo podría incluso hasta triplicarse si se suman los minutos que gasta el Presidente en escribir sus propios tuits, responder comentarios o, simplemente, scrollear el timeline. Afuera de esa nebulosa virtual, en tanto, espera el país real sumido en la desesperanza y una creciente pobreza.

El presidente Javier Milei ha convertido Twitter en su campo de batalla personal, mientras el país sufre una de las peores crisis económicas de las últimas décadas. En lugar de concentrarse en combatir la recesión, la inflación y la pobreza que afectan a millones de argentinos, Milei parece más preocupado por su actividad en redes sociales, donde pasa horas al día interactuando con sus seguidores y detractores.

Las cifras son impactantes: desde principios de febrero hasta octubre, se estima que Milei ha dedicado al menos 650 horas a Twitter, un promedio de casi tres horas diarias. Esto equivale a 27 días completos de su mandato exclusivamente dedicados a retuitear, sin contar el tiempo que pasa leyendo o dando “me gusta” a otros mensajes. Estos números provienen de un sitio web creado por un programador que rastrea el uso de la cuenta de Milei, revelando que el mandatario no ha dejado de usar la plataforma ni un solo día desde que se inició el seguimiento.

Sin embargo, lo más preocupante no es solo el tiempo que pasa en la plataforma, sino el contenido que amplifica. Los retuits de Milei incluyen insultos a figuras políticas, como una publicación que compara a un gobernador aliado con una persona con síndrome de Down, o posteos de tono sexual y vulgar. En uno de los ejemplos más crudos, el presidente retuiteó un mensaje que decía “Cómo coje el Javo”, una expresión soez que fue reproducida desde su cuenta oficial.

Milei también ha retuiteado comentarios crueles como burlas a los “zurdos” por “llorar lesa humanidad”, o ironías sobre pedofilia que involucraban a un diputado opositor. A través de su cuenta, fomenta un clima de odio, atacando sistemáticamente a la oposición, en especial al peronismo y a los medios de comunicación, a quienes acusa de ser “ensobrados” y “corruptos”. En su retórica, los trabajadores de prensa son siempre el blanco de sus críticas, ignorando la realidad de que muchos de ellos sobreviven con salarios por debajo de la línea de pobreza.

El enfoque de Milei en las redes sociales se aleja de los problemas reales del país. Durante una sesión crucial en el Congreso para discutir el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras su equipo negociaba con los bloques aliados, el presidente pasó cinco horas y veinte minutos retuiteando desde la Quinta de Olivos. A lo largo de esa tarde, llegó a dar más de 180 retuits, demostrando que, en lugar de estar enfocado en la gestión del país, estaba más preocupado por su actividad online.

A lo largo de su mandato, Milei ha demostrado una constante: su incapacidad o desinterés en separar su vida en las redes sociales de la realidad política y económica del país. Mientras su gobierno enfrenta una crisis monumental, él sigue aferrado a Twitter, perpetuando un ciclo de provocaciones, insultos y falsedades, en lugar de abordar los problemas urgentes que afectan a los argentinos. En resumen, parece que el presidente vive más en la “calle online” que en el mundo real, dejando que la recesión y la pobreza se profundicen sin respuestas concretas desde el poder.

El senador nacional del PRO Luis Juez consiguió un privilegio judicial para su sobrino, que fue beneficiado con la suspensión del juicio a prueba en una causa en la que estaba imputado por tenencia de éxtasis.

La doble vara con la que algunos políticos afines al gobierno que manejan su discurso y su poder queda en evidencia con casos como el del senador nacional del PRO, Luis Juez. Aunque se presentan como opositores a la “casta” y defensores de la justicia, no dudan en usar su influencia para obtener privilegios para sus cercanos. Un claro ejemplo es el beneficio judicial conseguido por su sobrino, Lucas Martín Juez, quien, pese a estar imputado por tenencia de éxtasis, fue favorecido con la suspensión del juicio a prueba. Esta decisión, que rara vez se aplica en casos de este tipo, permitió que el joven eludiera la cárcel a cambio de una donación insignificante y 60 horas de trabajo comunitario, exponiendo el uso arbitrario de un recurso judicial diseñado para situaciones mucho más precarias.

El caso de Lucas Juez, detenido en octubre de 2020 con 40 pastillas de éxtasis durante el Aislamiento Social Obligatorio, muestra cómo pertenecer a una familia influyente puede cambiar el destino judicial. A pesar de tener antecedentes, aunque cometidos siendo menor de edad, y de la gravedad del delito, el sobrino del senador no solo recibió un trato preferencial, sino que su tío intervino directamente en su defensa antes de que formalmente asumiera como abogado. Gracias a una aplicación arbitraria de la “suspensión de juicio a prueba”, figura que suele reservarse para personas en situaciones de vulnerabilidad, Lucas Juez evitó tanto la cárcel como la creación de antecedentes penales, evidenciando una vez más cómo el poder se utiliza para proteger intereses familiares.

Por otro lado, esta práctica no se limita a beneficiar solo a familiares cercanos. Los contactos políticos también juegan un papel crucial en negocios multimillonarios, como el caso del empresario David Sutton Dabbah, uno de los más ricos de Argentina. A finales de 2023, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le transfirió el manejo de tres playas de estacionamiento en las zonas más rentables de la ciudad. Aunque estos espacios generan ingresos astronómicos, el canon que paga Sutton Dabbah al gobierno porteño es irrisorio en comparación con lo que factura. Así, mediante conexiones políticas, este empresario logró asegurarse un negocio redondo mientras las arcas públicas se ven perjudicadas.

Estos casos reflejan cómo muchos políticos que se embanderan en la crítica a la “casta” terminan usando su poder para obtener beneficios personales y familiares, replicando los mismos vicios que afirman combatir.