El ministro de economía afirmo que el acuerdo con el FMI “Va a contribuir a bajar el riesgo país, a bajar las tasas de financiamiento. Soy super optimista”.

Luis Caputo vuelve a apostar al FMI para apuntalar al Banco Central, que sigue sin consolidar reservas sólidas, en un anuncio que trae a la memoria las consecuencias del endeudamiento masivo durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri. En esta nueva etapa, el ministro proyecta un acuerdo con el organismo internacional para 2025, superávit fiscal y reformas que, según asegura, permitirán el fin del cepo cambiario. Sin embargo, esta promesa depende de que se cumplan condiciones previas, como la recapitalización del Banco Central y un equilibrio fiscal sostenido.

Actualmente, el Banco Central ha acumulado USD 22.000 millones en reservas, pero sigue en números rojos debido a deudas heredadas y compromisos asumidos. Para Caputo, un acuerdo con el FMI no solo aportaría recursos adicionales, sino que también sería crucial para bajar el riesgo país y las tasas de financiamiento, impulsando la estabilidad económica. Sin embargo, este enfoque despierta cuestionamientos, dado que las consecuencias de su estrategia previa con el Fondo aún se sienten en la macroeconomía argentina, con un ajuste fiscal actual que resulta paradójico, considerando su responsabilidad en el endeudamiento masivo de entonces.

Caputo insiste en que la salida del cepo cambiario en 2025 será posible si se cumplen las metas trazadas, pero evitó ofrecer fechas concretas: “El timing es difícil de precisar. Estamos trabajando para que las condiciones se cumplan lo más rápido posible. El acuerdo con el Fondo es una parte fundamental de esto”, afirmó. La dependencia del FMI y su impacto en las cuentas públicas argentinas refuerzan las dudas sobre si esta estrategia podrá revertir los problemas estructurales del país o si será un nuevo capítulo de políticas que agravan la fragilidad económica a largo plazo.

El abogado Jeremías Rodríguez acusa al legislador de Pro de tener una desarrolladora con 373 unidades funcionales en construcción a través de la empresa Emprendimientos Rivadavia SA.

La situación de Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en Diputados, se complica cada día más. En las últimas horas, la denuncia en su contra fue ampliada para incluir 14 emprendimientos inmobiliarios, valuados en más de 55 millones de dólares, ubicados principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar. Estos proyectos, gestionados a través de la empresa Emprendimientos Rivadavia SA, forman parte de las acusaciones de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de deberes como funcionario público.

El abogado Jeremías Rodríguez, quien lidera la denuncia, señala que el estilo de vida de Ritondo es incompatible con el de un servidor público. “Es obsceno que alguien con una carrera política tan extensa tenga semejante cantidad de inmuebles y vehículos. Basta con caminar por Pinamar para notar que su nivel de vida no se corresponde con su rol”, afirmó.

Pese a las crecientes denuncias, Javier Milei, líder de La Libertad Avanza y aliado político de Ritondo, no ha escatimado en salir a defenderlo. En declaraciones recientes, Milei calificó las acusaciones como una “persecución política” y pidió que se respeten los derechos del legislador. Esta defensa pública ha despertado críticas, señalando una contradicción entre los discursos de Milei sobre la “casta política” y su apoyo a Ritondo, un dirigente con vínculos familiares y financieros cuestionados.

Nuevas revelaciones complican el escenario

La ampliación de la denuncia incluye una investigación periodística que vincula a Ritondo con sociedades offshore y propiedades de lujo en Miami, adquiridas a través de su esposa, Romina Aldana Diago. Estas operaciones, realizadas mientras Ritondo ocupaba cargos públicos, están registradas en paraísos fiscales como Delaware y las Islas Vírgenes Británicas. Una de las propiedades destacadas es un departamento en Miami Beach, adquirido mediante la sociedad Goformore LLC.

Además, documentos judiciales señalan que Ritondo posee créditos y deudas con Ardax SA, una empresa uruguaya vinculada a desarrollos inmobiliarios exclusivos en Punta del Este. Entre ellos, el lujoso barrio privado Reserva Montoya, con lotes de alta categoría y servicios premium.

Sin novedades inmediatas, pero con presión en aumento

Aunque la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano acusó recibo de la ampliación de la denuncia, no se esperan avances hasta el próximo año. Mientras tanto, Ritondo desestima las acusaciones. “Que investiguen todo lo que tengan que investigar, no van a encontrar irregularidades. Todo está declarado”, aseguró.

Sin embargo, la combinación de los nuevos elementos, el impacto mediático y la defensa pública de Milei ha generado un escenario políticamente explosivo, que no solo compromete la imagen de Ritondo, sino que también pone en entredicho la coherencia del discurso de sus aliados políticos.

Las palabras del vocero presidencial confirman el rumbo del modelo económico que el gobierno libertario busca instalar, basado en la precarización laboral y salarios indignos que rozan la servidumbre.

En una polémica declaración que encendió el debate, el vocero presidencial Manuel Adorni quien no supo explicar su fenomenal aumento patrimonial, sostuvo que “conceptualmente, el salario mínimo es un error porque hay personas dispuestas a trabajar por menos”. Estas palabras no solo desatan el repudio generalizado, sino que también confirman el rumbo del modelo económico que el gobierno libertario busca instalar: uno que tolera y fomenta la precarización laboral, perpetuando salarios indignos que rozan la servidumbre, mientras un puñado de sectores económicos concentra riquezas desmesuradas.

El salario más bajo en dos décadas

El gobierno decretó un incremento del 9,3% para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) desde noviembre hasta marzo de 2025, alcanzando un monto de $296.832. Este valor representa apenas el 60,9% de la Canasta Básica Alimentaria, condenando a miles de trabajadores y trabajadoras a la indigencia. En términos reales, el SMVM sufrió una caída del 17,8% respecto a diciembre de 2023 y un 39% en comparación con 2019, marcando un piso histórico en poder adquisitivo.

Según un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, el salario mínimo ha perdido un 58% de su capacidad para cubrir alimentos básicos en menos de una década. Mientras que en 2017 un salario mínimo alcanzaba para 411 litros de leche, hoy apenas cubre 190.

La servidumbre disfrazada de “razonabilidad”

A pesar de estos números alarmantes, Adorni insistió en que el salario mínimo actual es “razonable” y que su mejora en términos de dólares valida las decisiones del gobierno. Sin embargo, al ignorar comparativas de poder adquisitivo y la realidad de los costos básicos, el discurso oficial se aleja cada vez más de las necesidades reales de la población.

Repercusiones sindicales y denuncias de complicidad

La CGT y las dos CTA criticaron duramente la resolución oficial, calificándola como un acto de complicidad con los empresarios para derrumbar los salarios. “El gobierno nacional lauda siempre a favor de intereses empresariales y en contra de las y los trabajadores”, señaló la CGT en un comunicado, mientras que las CTA acusaron al ejecutivo de utilizar al Consejo del Salario como una herramienta para legitimar políticas regresivas.

Un modelo que favorece la concentración de la riqueza

El deterioro del salario mínimo es solo una pieza más en el esquema del gobierno libertario, que se traduce en una transferencia de recursos desde la base de la pirámide hacia los sectores más concentrados. Este modelo económico, en palabras de Luis Campos, de la CTA Autónoma, “destruye el piso salarial de los trabajadores de menores ingresos” y perpetúa un sistema en el que unos pocos acumulan a costa del empobrecimiento generalizado.

Las centrales sindicales exigen la aprobación del presupuesto bonaerense 2025 para proteger a la provincia de la asfixia económica impulsada por el gobierno libertario.

En un gesto de respaldo contundente, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma manifestaron su apoyo al gobernador bonaerense Axel Kicillof, destacando la urgencia de aprobar el Presupuesto 2025 como una herramienta fundamental para enfrentar la crisis económica y social generada por las políticas nacionales del gobierno de Javier Milei.

Representantes de las principales centrales sindicales se reunieron en las últimas horas para remarcar la necesidad de dotar al gobierno provincial de los recursos necesarios para mitigar los efectos del ajuste libertario y garantizar políticas públicas que beneficien a los trabajadores y al pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Hoy más que nunca son necesarios los presupuestos locales para la economía de las provincias. Comparto el comunicado de la @cgtoficialok pic.twitter.com/y2bcVA11e0

— Héctor Daer (@hectordaer) December 23, 2024

El desafío de la unidad sindical frente al ajuste

Durante un encuentro de los Consejos Ejecutivos de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, los dirigentes sindicales Roberto Baradel y Oscar de Isasi subrayaron la importancia de construir una agenda programática común para contrarrestar las medidas de ajuste y desindustrialización. Ambos destacaron el rol de los plenarios multisectoriales organizados en toda la provincia, calificándolos como “una respuesta necesaria frente al plan de hambre que impulsa el gobierno nacional”.

“La aprobación del Presupuesto 2025 es clave para que la provincia pueda enfrentar las restricciones financieras y continuar con políticas públicas que defiendan los derechos laborales y sociales”, enfatizó De Isasi, mientras que Baradel destacó “el compromiso del movimiento sindical bonaerense para respaldar al gobierno provincial en este momento crítico”.

El apoyo de la CGT: una visión federal del presupuesto

Por su parte, el Consejo Directivo nacional de la CGT emitió un comunicado titulado “Presupuesto PBA: las provincias necesitan la aprobación de la Ley de Leyes”, en el que respaldaron abiertamente el proyecto de Kicillof.

En el texto, firmado por los líderes Carlos Acuña y Héctor Daer, se enfatiza que “en un país federal, las provincias necesitan de su presupuesto para suplir las falencias de un Estado Nacional que se aleja de sus responsabilidades”. Además, destacaron que el presupuesto enviado a la Legislatura bonaerense no incrementa la carga tributaria en términos reales, lo que lo convierte en una herramienta esencial para garantizar salarios, obras de infraestructura, seguridad y puestos de trabajo.

Un llamado a la Legislatura

El comunicado sindical también puso de relieve la necesidad de aprobar de manera simultánea el paquete de leyes que incluye el Presupuesto 2025, la Ley Impositiva y la autorización de endeudamiento. “Estas herramientas son indispensables para que la gestión del compañero gobernador Axel Kicillof continúe promoviendo el desarrollo social y económico a nivel provincial y municipal”, afirmaron los dirigentes de la CGT.

Un mensaje de unidad y acción

El apoyo sindical llega en un contexto marcado por el ajuste nacional y la implementación de políticas que, según los gremios, buscan desindustrializar el país. Frente a este panorama, las centrales sindicales reafirmaron su compromiso de trabajar en unidad para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar un modelo de gestión que priorice la producción, el empleo y la justicia social en la provincia de Buenos Aires.

La sentencia salió a favor del Centro de Capitanes de Ultramar, que señaló que el decreto anunciado en diciembre por Javier Milei vulnera artículos fundamentales de la Constitución y la división de poderes republicana.

La Justicia volvió a pronunciarse en contra del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei. En esta ocasión, el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 70, a cargo de la jueza Andrea Fabiana Centonze, declaró inconstitucional las disposiciones laborales contenidas en el decreto, argumentando que violan principios fundamentales de la Constitución Nacional, como los artículos 14, 14 bis y el principio de división de poderes.

La sentencia, emitida en favor del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, señaló que no existían razones de necesidad y urgencia para dictar el decreto, ya que el Congreso estaba plenamente operativo, invalidando así el uso de esta herramienta excepcional. El fallo destaca que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades legislativas ni eludir el control judicial.

El tribunal también cuestionó disposiciones clave del decreto, como la derogación de la Ley 25.323 sobre indemnizaciones laborales, la reducción de indemnizaciones por antigüedad, restricciones al derecho de huelga, la creación de figuras de “ilícitos sindicales” y la eliminación de sanciones por empleo no registrado. Según el fallo, estas medidas constituyen una reforma estructural que excede las competencias del Ejecutivo y no responden a una emergencia real que justifique su implementación.

Además, la jueza Centonze subrayó que “las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos del decreto no son idóneas para justificar una situación de excepción”, reafirmando la importancia de la deliberación legislativa en un sistema republicano.

Este fallo se suma a otros pronunciamientos similares en el fuero laboral que también han declarado inconstitucionales las disposiciones del DNU 70/2023, incluyendo los presentados por la CGT, la CTERA y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

Por su parte, el Estado Nacional defendió la validez del decreto argumentando que respondía a una “severa crisis económica”. Sin embargo, el fallo dejó claro que las modificaciones introducidas no son temporales ni proporcionales a una emergencia, sino reformas permanentes que afectan derechos laborales y sindicales consagrados constitucionalmente.

El Centro de Capitanes calificó al decreto como una “reforma regresiva que atenta contra los derechos de los trabajadores y la autonomía sindical”. Si bien el fallo se circunscribe al capítulo laboral del decreto, establece un precedente clave en la defensa de los derechos laborales y el respeto por la división de poderes.

Finalmente, el tribunal dispuso que las costas del proceso se distribuyan por su orden y reguló los honorarios correspondientes, cerrando un nuevo capítulo en la disputa judicial entre el sindicalismo y el Gobierno sobre la legislación laboral.

En un duro comunicado, la Pastoral Social advierte de “claras muestras, que se reiteran, de insensibilidad de parte de quienes nos gobiernan” donde “se destaca en primer lugar el Presidente de la Nación”.

En su mensaje de Navidad, la Pastoral Social de la diócesis de Merlo-Moreno, liderada por el obispo Juan José Chaparro, emitió un duro comunicado contra el Gobierno nacional, señalando su creciente insensibilidad frente a la grave situación social del país. Según el documento, ciertas decisiones y gestos del Ejecutivo reflejan “expresiones de gozo y disfrute al celebrar el mayor ajuste de la historia y sus consecuencias sobre los sectores más pobres de la sociedad”.

La Iglesia católica enumeró una serie de problemas que golpean a los argentinos:

• 50% de la población en la pobreza.
• Crecimiento de la desigualdad.
• Recortes perjudiciales para jubilados.
• Enriquecimiento de especuladores financieros.
• Criminalización de la protesta.
• Retención de alimentos destinados a comedores y merenderos.
• Un femicidio cada 30 horas.

El comunicado destacó especialmente las actitudes y discursos provenientes del gobierno que calificó como “violentos, descalificadores y contrarios al espíritu de Navidad”. Según la Pastoral Social, el Presidente encabeza estas manifestaciones de insensibilidad, las cuales han sido reiteradas y dirigidas contra los sectores más vulnerables.

En un llamado a la reflexión, el texto citó al Papa Francisco y a otros líderes religiosos para advertir sobre los peligros de una economía centrada únicamente en cifras y finanzas que ignoran las necesidades humanas. Recordaron que la verdadera paz y grandeza de una sociedad se miden por el trato hacia los más débiles y vulnerables, e hicieron un fuerte llamado a buscar la justicia social y la solidaridad como herramientas para enfrentar la crisis actual.

El documento cerró con un mensaje esperanzador, invitando a que, en medio de un clima de odio y violencia, la sociedad argentina recupere valores como el perdón, la justicia y la paz, recordando que Cristo es el verdadero símbolo de reconciliación en estas fechas.

En plena noche buena, el Presidente utilizó su cuenta de Twitter para reproducir fake news. Con el fin de mostrar un supuesto boom del consumo publicó una foto de un shopping repleto de gente…pero de China.

El presidente Javier Milei volvió a ser el centro de críticas tras publicar, en plena Nochebuena, una foto supuestamente tomada en el Unicenter de Martínez para demostrar una supuesta recuperación económica en Argentina. Sin embargo, las imágenes no eran del reconocido centro comercial bonaerense, sino del Tianhe Shopping Mall, ubicado en Guangzhou, China, y fueron tomadas en agosto.

Con el mensaje “Imágenes del Unicenter anoche: 90.000 personas”, Milei difundió un tuit acompañado de un video y una foto que, según él, reflejaban el boom de consumo navideño. Pero rápidamente usuarios de redes sociales identificaron la mentira: las imágenes eran de un shopping en el corazón de la China comunista, lejos de la realidad económica local.

El tuit fue retuiteado originalmente por la cuenta @trumperizar, parte de la red de trolls oficialistas que el presidente utiliza para amplificar su discurso libertario. Este hecho no es aislado: Milei tiene antecedentes de difundir fake news desde esta red, revelada previamente como su “algoritmo de Yrigoyen”, que le filtra contenido afín para reforzar su narrativa.

Mientras Milei insiste en crear una ilusión de recuperación económica que aun no se logra ver con claridad, los datos reales son menos alentadores. Según un informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, las ventas por Navidad cayeron un 0,9% en comparación con el año anterior, marcando la segunda baja consecutiva. Aunque las promociones y las compras de último momento lograron impulsar la actividad, la realidad económica sigue siendo adversa.

La insistencia del presidente en usar su cuenta de Twitter para difundir noticias falsas genera interrogantes: ¿lo hace deliberadamente para desviar la atención de los problemas reales, como la caída en el consumo, o simplemente no le importa verificar la veracidad de la información que comparte?

En cualquier caso, el contraste es claro: mientras Milei intenta vender una narrativa de bonanza con fotos falsas de la China comunista, la economía argentina sigue luchando para levantar cabeza, incluso en las fechas más importantes para el consumo.

Guillermo Francos, convocó a los distintos bloques parlamentarios para alcanzar un acuerdo y así tratar en sesiones extraordinarias el proyecto de eliminación de las PASO.

En el marco de las sesiones extraordinarias, el gobierno libertario de Javier Milei busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) bajo el argumento de reducir costos. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, lidera las negociaciones entre los bloques parlamentarios para intentar alcanzar un acuerdo que permita aprobar el proyecto y que la medida entre en vigencia antes de las elecciones legislativas de 2025.

Francos argumentó que el proceso electoral del próximo año costará más de 500 millones de dólares y que eliminar las PASO permitiría ahorrar más de 150 millones de dólares. Según él, las PASO han sido “un costo económico innecesario” desde su implementación en 2011 y “una molestia para los ciudadanos”. Propuso que su eliminación beneficiaría a los argentinos al reducir tiempo, dinero y complicaciones.

Sin embargo, estas justificaciones económicas han sido cuestionadas por diversas fuerzas políticas, que señalan que detrás de esta propuesta se esconde un intento de manipular el sistema electoral y debilitar la transparencia democrática.

El trasfondo político de las negociaciones

El oficialismo no ha logrado hasta ahora el consenso necesario para avanzar con la eliminación de las PASO. En noviembre, el proyecto fue enviado al Congreso junto con una propuesta para modificar el financiamiento de los partidos políticos, pero ambos enfrentaron resistencia. Durante el segundo semestre, el gobierno utilizó la eliminación de las PASO como moneda de cambio en las discusiones presupuestarias, buscando avanzar con su agenda.

Rodrigo De Loredo, jefe del bloque de Diputados de la UCR, advirtió que eliminar las PASO sería un retroceso, ya que estas se crearon para transparentar las disputas internas de los partidos y ampliar las opciones para los ciudadanos. Si bien reconoció la necesidad de reducir costos, insistió en que la solución no debe pasar por eliminar un mecanismo que garantiza mayor participación ciudadana.

Acuerdos y presiones

Mientras algunos sectores del peronismo dialoguista y los gobernadores aliados estarían dispuestos a negociar a cambio de mayores recursos para sus provincias, otros bloques de la oposición mantienen su postura de rechazo. Los críticos sostienen que la eliminación de las PASO favorecería la opacidad en las internas partidarias y consolidaría aún más el poder de las cúpulas partidarias, en detrimento de la voluntad popular.

Con esta maniobra, el gobierno libertario no solo busca reducir costos, sino que avanza hacia un debilitamiento de los mecanismos que fortalecen la democracia. La eliminación de las PASO amenaza con limitar la transparencia y restar poder de decisión a los ciudadanos, contraviniendo principios históricos que defienden la participación y los derechos electorales.

Las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) fueron establecidas en 2009 para la selección de candidatos a los cargos electivos del nivel nacional (Ley 26571) y se utilizaron por primera vez en las elecciones de 2011.

“Ayer no dejaron entrar a Gaza al patriarca de Jerusalén como habían prometido y han sido bombardeados niños. Esto es crueldad, no es guerra”.

El Papa Francisco ha expresado una enérgica condena contra el régimen israelí por la devastadora situación humanitaria en Gaza. En un gesto de contundente crítica, el pontífice señaló la necesidad de investigar las denuncias de genocidio en la Franja, una posición que evidencia su firme defensa de los derechos humanos. Ayer, en el Vaticano, Francisco recibió al presidente palestino, Abu Mazen, para dialogar sobre el conflicto.

Durante el encuentro, el Papa y el Secretario de Estado, Pietro Parolin, abordaron la “gravísima situación humanitaria” en Gaza y reiteraron su llamado urgente a un cese del fuego, la liberación de rehenes y la solución de dos estados como única vía para alcanzar una paz duradera. La Santa Sede subrayó la importancia de proteger Jerusalén como un lugar de encuentro entre las tres religiones monoteístas.

“Ayer no dejaron entrar a Gaza al patriarca de Jerusalén como habían prometido y han sido bombardeados niños. Esto es crueldad, no es guerra”, dijo el Papa, durante la audiencia a la Curia Romana para los augurios natalicios en el Aula de las Bendiciones en Vaticano.

En contraste, el gobierno argentino parece haber adoptado una postura que contradice su tradición histórica en la defensa de los derechos humanos. Ante las graves denuncias sobre crímenes de guerra en Gaza, el silencio y las acciones del Ejecutivo argentino reflejan una preocupante complicidad con la situación.

El presidente palestino, tras reunirse con el Papa, destacó su agradecimiento por el apoyo continuo de Francisco a la causa de la paz y reiteró la necesidad del reconocimiento pleno del Estado palestino en la comunidad internacional. Recordó también el simbólico gesto de plantar un olivo junto al entonces presidente israelí Shimon Peres y el Papa en 2014, un acto que permanece en la memoria como símbolo de esperanza.

Mientras el mundo observa con preocupación los hechos en Gaza, el contraste entre la contundencia del mensaje del Papa Francisco y la ambigüedad del gobierno argentino pone en evidencia una contradicción ética y diplomática que exige ser corregida.

Se trata de contratar buques generadores de energía, verdaderas centrales flotantes, de la empresa turca Karpowership. Pero advierten que la opción es altamente costosa.

La cancelación de los contratos de centrales eléctricas adjudicados por Sergio Massa durante su gestión ha conducido al gobierno libertario de Javier Milei a un peligroso escenario. Ante el fracaso del “Plan Verano”, diseñado para mitigar la crisis energética, Cammesa evalúa la costosa alternativa de alquilar buques generadores de energía provenientes de Turquía, una medida extrema que revela la falta de previsión en el sector.

El “Plan Verano”, lanzado por la Secretaría de Energía bajo el mando de María Tettamanti, contemplaba medidas de contingencia como unidades móviles de generación, la reactivación de centrales fuera de operación y la compensación a las fábricas por el ahorro de consumo eléctrico. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas acciones se ha concretado con éxito.

Crisis eléctrica y altas temperaturas

Con la llegada del verano y el aumento en la demanda eléctrica, el sistema opera al borde del colapso. A pesar de los intentos iniciales, no se han dispuesto suficientes unidades móviles para abastecer los nodos críticos, y la reactivación de las centrales requiere inversiones que los empresarios se niegan a asumir sin garantías económicas.

La falta de avances llevó a los industriales a exigir USD 55.000 por hora de ahorro en consumo eléctrico, mientras que los ejecutivos de Cammesa, apremiados por los tiempos, analizan la contratación de los buques generadores de la empresa turca Karpowership, capaces de producir entre 500 y 1.000 MW.

Un remedio costoso y polémico

Estos barcos, que funcionan como centrales eléctricas flotantes, implican un contrato similar al de los buques regasificadores, con un cargo fijo por su presencia en el puerto y un cargo variable por la energía generada. El combustible estaría a cargo del Tesoro Nacional. Según Cammesa, el contrato podría extenderse al menos 24 meses, anticipando un escenario aún más crítico para el próximo verano.

Sin embargo, la medida abre cuestionamientos. Un exfuncionario de la Secretaría de Energía criticó la falta de licitación previa y la elección de Central Puerto como punto de conexión, dado que esta central pertenece a Nicky Caputo, familiar del actual ministro de Economía, Toto Caputo, quien controla el área de Energía.

Las consecuencias de una decisión controversial

La crisis actual es también consecuencia directa de la decisión del gobierno de Milei de cancelar la licitación de las centrales Terconf, adjudicadas durante la gestión de Massa. Este polémico movimiento, impulsado por Toto Caputo en contra de la opinión del sector, dejó al sistema sin infraestructura clave, forzando ahora la necesidad de medidas improvisadas y altamente costosas.

“Se demolió un plan para fortalecer el sistema eléctrico con el único objetivo de abrir la puerta a contratos directos sin licitación”, denunció el exfuncionario. La situación no solo compromete la estabilidad energética del país, sino que también deja entrever un manejo discrecional de los recursos públicos.