Javier Milei recibió en Casa Rosada a Boris Johnson, el ex primer ministro del Reino Unido, y le pidió que le gestione una foto con el ídolo de los Rolling Stones, Mick Jagger.

Mientras Argentina enfrenta una profunda crisis social y económica, con miles de personas luchando para cubrir necesidades básicas y muchos niños y niñas yéndose a la cama sin su plato de comida, el presidente Javier Milei parece más enfocado en su fanatismo personal que en el bienestar de su pueblo. En un encuentro reciente en la Casa Rosada con Boris Johnson, el ex primer ministro del Reino Unido, Milei le solicitó que le gestionara una foto con Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, en lugar de centrarse en asuntos de mayor urgencia y relevancia para la nación.

Este encuentro no solo refleja la desconexión de Milei con las penurias cotidianas de los argentinos, sino que también resulta polémico dado el contexto geopolítico. A menos de una semana de que el Reino Unido reafirmara que no negociará sobre las Islas Malvinas, incluso tras devolver el territorio de Chagos a Isla Mauricio, Milei no dudó en posar junto a Johnson en el balcón de la Casa Rosada, un gesto sin precedentes para un ex primer ministro británico. Johnson, quien en su momento amenazó con usar el ejército para defender las Malvinas, visitó Sudamérica para promocionar su libro, pero no pudo gestionar una reunión formal con las autoridades británicas debido a su condición de opositor al actual gobierno del Reino Unido.

Tras la reunión, se confirmó desde la Casa Rosada que la intención de Milei es viajar al Reino Unido para asistir a un concierto de los Rolling Stones y ver a Jagger, mientras el país sigue sufriendo una aguda crisis económica. Este episodio ha generado indignación entre muchos que ven en el presidente una indiferencia evidente hacia el sufrimiento del pueblo argentino.

La hermana del presidente tendrá a su cargo cuatro áreas claves dentro de la administración del Estado y será una de las principales beneficiaras del presupuesto 2025. 

El gobierno de La Libertad Avanza ha oficializado una nueva estructura para la Secretaría de la Presidencia, que estará bajo la órbita de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. A partir de esta semana, Karina tendrá a su cargo cuatro áreas clave dentro de la administración estatal, consolidando así su poder dentro del gobierno.

De acuerdo con el Decreto 903/2024, publicado en el Boletín Oficial, Karina Milei asumirá el control de la Dirección Nacional de Marca País, la Unidad de Auditoría Interna, y las Subsecretarías Legal y de Coordinación Administrativa, lo que implica una ampliación considerable de sus responsabilidades y de su influencia en la estructura estatal. Además, supervisará la nueva Dirección de Competitividad de Marca, que estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Marca País, un área que ya absorbió previamente la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional.

En este contexto, la Secretaría de la Presidencia comandada por Karina Milei será una de las principales beneficiarias del presupuesto 2025, con un incremento significativo superior al 100%. Este aumento contrasta con los ajustes previstos para áreas esenciales como la educación pública y las jubilaciones, que recibirán reducciones o aumentos insuficientes para compensar la inflación. Con este presupuesto ampliado, Karina Milei gestionará una porción aún mayor del aparato estatal, consolidándose como una figura clave en el manejo de recursos y decisiones estratégicas del gobierno de su hermano.

A esto se suma el ascenso de Manuel Adorni, vocero de confianza de Karina Milei, al cargo de secretario de Comunicación y Medios, ampliando su poder sobre los medios estatales, lo que refuerza aún más la estructura bajo su control.

La reciente encuesta del Monitor de Inseguridad Nº 10 de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, revela un creciente malestar social en Argentina.

La más reciente encuesta del Monitor de Inseguridad Nº 10 de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) revela un creciente malestar social en Argentina, destacando la percepción de una profunda crisis socioeconómica y política. Realizada de manera online con 1.926 casos en 11 grandes conglomerados urbanos, la encuesta arroja datos preocupantes sobre cómo los ciudadanos evalúan la situación actual del país y la gestión de Javier Milei, quien por primera vez aparece como un problema incluso entre sus propios votantes.

Entre las palabras más mencionadas espontáneamente por los encuestados para describir los principales problemas del país, destacan términos vinculados al ámbito socioeconómico, como pobreza, inseguridad, ajuste, economía, inflación y desigualdad. También se observa una fuerte crítica al panorama político, donde Milei y la corrupción aparecen como elementos centrales de las preocupaciones ciudadanas. La presencia de Milei como uno de los problemas más señalados refleja una creciente insatisfacción con su desempeño y su impacto en la situación actual.

Milei preocupa a sus propios votantes

El dato más sorprendente es que, por primera vez, los propios votantes de Milei mencionan al presidente como uno de los principales problemas del país, junto con la inseguridad, la corrupción, el ajuste y el peronismo. Este cambio es significativo, ya que en estudios previos Milei no aparecía en la lista de preocupaciones de sus seguidores.

Otro aspecto alarmante es que el 69% de los encuestados percibe la actual crisis económica como “extremadamente grave o muy grave”, un indicador que evidencia el nivel de descontento generalizado. En cuanto a la responsabilidad por esta crisis, Milei enfrenta un escenario desfavorable: el 35% de los encuestados lo señala como corresponsable, una cifra que iguala a la de Alberto Fernández, mientras que un 30% adicional lo considera también responsable en cierta medida. Esto marca un contraste con estudios previos donde Milei gozaba de una percepción más favorable.

El derrumbe en la aprobación de Milei es otro dato clave del estudio: en encuestas anteriores, su gestión era aprobada por un promedio del 50% al 54% de los ciudadanos, pero en el último mes este índice cayó 15 puntos porcentuales, mostrando un notable declive. Además, el nivel de arrepentimiento entre sus votantes ha crecido considerablemente: mientras que antes entre un 12% y 15% de sus votantes se mostraban arrepentidos, hoy este número ha escalado al 29%.

En conjunto, los resultados de esta encuesta subrayan un creciente malestar social, con una ciudadanía que siente que la crisis económica se agrava y comienza a cuestionar con mayor fuerza el rol de Milei en el deterioro de la situación del país.

El aumento de las tarifas de luz y gas influyó directamente en los gastos de mantenimiento de septiembre. En lo que va del año acumulan 133,6% de suba, por encima de la inflación.

El fuerte aumento de las expensas en los edificios de la Ciudad de Buenos Aires está llevando a una situación cada vez más insostenible para propietarios e inquilinos, muchos de los cuales no logran afrontar estos costos. En septiembre, las expensas subieron un 6,95%, acumulando un impresionante 133,57% en lo que va del año, en un contexto donde los alquileres aumentaron más del 240%. Según un relevamiento de Octopus PropTech sobre más de 120.000 hogares y 10.000 consorcios, estos incrementos superan en 18,5 puntos la inflación acumulada, que fue del 115% en los primeros nueve meses del año en la Ciudad.

El peso económico para quienes habitan estos inmuebles es cada vez mayor: en septiembre, propietarios e inquilinos debieron destinar en promedio $155.613 para cubrir los gastos de mantenimiento, un aumento de más de $10.000 en solo un mes. Además, se espera que el impacto de las tarifas de luz y gas, que ya representaron un incremento del 17,74% en septiembre, continúe en ascenso, generando una carga aún más pesada.

El CEO de Octopus PropTech, Nicolás Baccigalupo, advirtió que el peso de los servicios públicos dentro de las expensas alcanzó el 17% en septiembre y seguirá subiendo mientras persistan los ajustes tarifarios, lo que supone una presión creciente sobre los consorcios y las familias. A esto se suma que los salarios de los encargados, que representan más del 30% de los gastos totales, aumentan la carga económica, dejando a muchos propietarios e inquilinos en una situación crítica.

El incumplimiento en el pago de las expensas puede tener consecuencias graves para los propietarios, que se arriesgan a embargos, juicios ejecutivos, e incluso la pérdida de la propiedad si la deuda persiste. Aunque el remate de una propiedad es el último recurso, como explica el abogado Juan Martín Luciani Otaño, la situación de morosidad está en aumento. Si bien la cobrabilidad se mantuvo por encima del 90% durante la mayor parte del 2023, en noviembre y diciembre esta cifra cayó, lo que refleja la creciente dificultad para cumplir con estas obligaciones.

En medio de este contexto, algunos propietarios e inquilinos han comenzado a adoptar nuevas formas de pago, como el uso de billeteras virtuales y códigos QR, para lidiar con las altas sumas y la escasez de efectivo. No obstante, el panorama sigue siendo preocupante para una gran cantidad de familias que ven cómo el costo de las expensas se vuelve cada vez más inaccesible.

El presidente continua esgrimiendo todo tipo de argumentos falaces para atacar a la Universidad Publica, hace pocos días publicó un calculo erróneo sobre la Universidad de Rosario que lo dejo en completo ridículo.

El presidente Javier Milei ha intensificado su ataque contra la universidad pública, ahora a través de un discurso plagado de falsedades. Durante el acto de cambio de nombre del “Centro Cultural Néstor Kirchner” a “Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”, Milei habló del “mito de la universidad gratuita”, calificándola como un “subsidio de los pobres hacia los ricos”. Esta afirmación, que se repite en su narrativa, busca construir una base ideológica para desmantelar la educación pública, privando a las clases populares de una herramienta esencial para la movilidad social.

Milei afirmó: “La universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y de la clase alta y media alta, en un país donde la gran mayoría de los niños son pobres”, se trata de un discurso que en su momento también fue utilizado por el macrismo cuando la gobernadora María Eugenia Vidal criticaba la creación de nuevas universidades en la Provincia de Buenos Aires argumentando que los pobres no podían acceder a la universidad. Sin embargo, esta aseveración ignora por completo la realidad de miles de estudiantes de bajos recursos que acceden a las universidades públicas gracias a su carácter gratuito convirtiéndose en muchos casos en la primera generación de universitarios en sus propias familias y comunidades.

Mentiras y manipulaciones

El discurso de Milei es una distorsión clara de los hechos. Su declaración de que la universidad pública solo beneficia a los ricos no se sostiene ante los datos. Según el último informe del 2022, más de 2,1 millones de estudiantes asisten a instituciones de gestión estatal en Argentina, un país donde casi el 53% de la población es pobre. De hecho, las estadísticas muestran que el índice de pobreza entre los estudiantes universitarios ha aumentado significativamente influyendo en sus trayectorias educativas ya que muchos deben abandonar o resignar las cursadas para conseguir otros trabajos y poder sobrevivir a la dura recesión económica de los últimos meses.

Para finales del primer trimestre de 2024, el 48,5% de los estudiantes universitarios provenían de hogares pobres, un aumento de 20 puntos en menos de un año. Esto desmiente categóricamente la idea de que las universidades públicas están “llenas de ricos”.

Además, Milei ignora el hecho de que casi el 48% de los nuevos inscriptos en universidades públicas son la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior, un dato que reafirma el rol fundamental de la universidad pública en la movilidad social ascendente. En algunas universidades, como la Universidad Arturo Jauretche, este porcentaje llega al 75%, lo que refleja el impacto directo de estas instituciones en comunidades de bajos recursos.

El miedo a la auditoría: otra falacia

Otro punto del discurso de Milei es su ataque a las universidades por supuestamente oponerse a ser auditadas. “Dejen de mentir, delincuentes que no quieren ser auditados”, exclamó el presidente. Sin embargo, esta acusación carece de sustento. Las universidades públicas ya están sujetas a controles y auditorías por parte de los organismos competentes, como lo son la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El discurso de Milei intenta sembrar desconfianza en la gestión universitaria, sin aportar pruebas concretas de irregularidades.

Un ataque calculado contra la educación pública

Lejos de ser un comentario aislado, las palabras de Milei son parte de un ataque sistemático para desmantelar la universidad pública. No solo ha vetado la Ley de Financiamiento que garantizaba un flujo adecuado de recursos para las universidades, sino que además ha propuesto un presupuesto para 2025 que reduce a la mitad el dinero que necesitan estas instituciones para funcionar. El ataque discursivo es solo la última fase de un plan más amplio para justificar la destrucción de uno de los pilares fundamentales del sistema educativo argentino.

En conclusión, el discurso de Milei está basado en distorsiones y falsedades, con el fin de instalar una narrativa que justifique el desmantelamiento de la universidad pública. Lejos de ser un “subsidio a los ricos”, la universidad pública sigue siendo una herramienta esencial para garantizar el acceso a la educación y la movilidad social en un país marcado por la pobreza y la desigualdad.

El Gobierno dio como insólita excusa que se trato de una “falla involuntaria”.

El gobierno de Javier Milei enfrenta fuertes críticas tras la controversia por la omisión de las Islas Malvinas en un mapa oficial durante una reunión para promover el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en el sector minero. Aunque desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos se calificó el hecho como una “falla involuntaria” y aseguraron que el mapa era una “versión incompleta” del territorio nacional, diversos sectores políticos y centros de veteranos de guerra interpretaron el episodio como un nuevo intento por socavar el reclamo histórico de soberanía sobre las islas.

La polémica se intensificó luego de que el mapa sin las Malvinas se difundiera en redes sociales, generando una ola de críticas. El secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, reconoció que se trató de un “error grave” y anunció que se investigará el incidente para determinar responsabilidades. No obstante, el excanciller Santiago Cafiero y otros opositores señalaron que no se trataba de un simple error, sino de una “decisión de política exterior” que refuerza la postura del gobierno de Milei de “banalizar” la cuestión Malvinas.

Desde la oposición, el diputado Esteban Paulón criticó duramente lo que considera una muestra más del desinterés del gobierno de Milei por la causa Malvinas, señalando que esta omisión se inscribe en una serie de concesiones a inversores extranjeros y al Reino Unido. Paulón enfatizó que la Constitución argentina establece la irrenunciabilidad del reclamo de soberanía sobre las islas y acusó al gobierno de tirar por la borda un símbolo fundamental para el sentimiento nacional.

Este incidente se da en el contexto de otras decisiones controvertidas del gobierno de Milei, como el reciente acuerdo bilateral entre la canciller Diana Mondino y su par británico, que incluyó la reanudación de vuelos entre Brasil y las Islas Malvinas, con escala en Córdoba. Dicho acuerdo también fue duramente criticado por sectores políticos y figuras como Victoria Villarruel, quien denunció que el gobierno estaba entregando concesiones logísticas y cediendo ante los intereses británicos, debilitando la posición argentina en la disputa por las islas.

Esto no es un error, esto es una decisión de política exterior. El gobierno primero banaliza la cuestión Malvinas, suscribe pactos que sólo otorgan concesiones y luego se entrega a los británicos. De esto se trata ser “admirador de Thatcher” pic.twitter.com/6mOR3MDdcN

— Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) October 11, 2024

En conjunto, estas acciones del gobierno de Milei parecen marcar un giro en la postura oficial sobre la cuestión Malvinas, debilitando el reclamo tanto desde el plano simbólico como material. Las decisiones y “errores” en torno a las islas no solo afectan la imagen de la causa en el exterior, sino que también generan un profundo malestar en el ámbito interno, en especial entre los veteranos de guerra y quienes consideran que la soberanía sobre las Malvinas es un tema irrenunciable para la identidad nacional argentina.

Según la encuesta de D’Alessio/Berensztein, la aprobación a la gestión cayó 11 puntos entre los propios votantes de La Libertad Avanza.

La más reciente encuesta de D’Alessio/Berensztein ha arrojado datos alarmantes para el gobierno de Javier Milei, mostrando un crecimiento significativo del descontento entre sus propios votantes. A medida que avanza su mandato, las políticas de ajuste económico y las decisiones unilaterales, como el uso creciente de decretos, comienzan a generar cada vez más dudas entre quienes inicialmente lo apoyaron. Esta situación podría tener un impacto directo en las elecciones legislativas de 2025, consideradas un termómetro social crucial para el futuro político del país.

La encuesta revela que la aprobación de la gestión de Milei cayó 11 puntos entre los votantes de La Libertad Avanza, lo que indica una tendencia preocupante. Esta pérdida de confianza refleja el malestar creciente ante las políticas del gobierno, especialmente aquellas relacionadas con el ajuste económico y la incertidumbre sobre el futuro.

El gobierno de Milei enfrenta una desaprobación del 54% y una aprobación del 45%, según la encuesta realizada entre el 27 y el 30 de septiembre de 2024. Entre los votantes de su propio espacio político, La Libertad Avanza, la aprobación se ha reducido al 72%, tres puntos menos que el mes anterior, lo que refuerza la idea de que cada vez más personas empiezan a cuestionar las promesas de cambio del presidente.

Entre los temas que más preocupan a los argentinos se destacan la inseguridad (68%), la incertidumbre económica (66%) y la inflación (60%). Aunque algunos votantes de Milei mantienen expectativas optimistas sobre la economía futura, con un 77% creyendo que mejorará en el próximo año, el número de arrepentidos sigue en aumento, especialmente debido a factores como el aumento de tarifas, la falta de recuperación salarial y el alza constante de los precios.

Uno de los aspectos más llamativos es que, mientras el presidente recurre cada vez más a gobernar por decreto, lo que algunos perciben como un gesto de debilidad, otros líderes dentro de su espacio, como Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, mantienen una alta imagen positiva. Villarruel lidera con un 52% de imagen favorable, superando al propio presidente, lo que podría alimentar tensiones internas dentro de La Libertad Avanza.

El creciente número de arrepentidos entre los votantes de Milei y el debilitamiento de su imagen pública ponen en evidencia un gobierno que, lejos de consolidarse, enfrenta serias dificultades para mantener la confianza de quienes lo llevaron al poder.

Toyota lanzó un nuevo plan de retiros voluntarios con el que busca reducir 120 empleos y se prepara para recortar uno de los turnos de producción.

Toyota Argentina enfrenta una profunda crisis en medio de las medidas económicas del gobierno, lo que ha llevado a la automotriz a anunciar un nuevo plan de retiros voluntarios. Esta vez, la reducción afectará a 120 empleados fuera de convenio, en su mayoría jefes y personal de staff, representando el 7% de su plantilla en esa categoría. La empresa ya había implementado un primer plan de retiros en abril, cuando eliminó 400 puestos de operarios bajo convenio en su planta de Zárate.

Estos recortes son consecuencia directa de la caída en la demanda, especialmente en los mercados de exportación, lo que ha obligado a Toyota a ajustar su producción. La empresa proyecta una fabricación de 160,000 unidades para 2024, una cifra significativamente menor a los 180,000 vehículos producidos en 2023. Esta reducción también pone en duda la continuidad del tercer turno de producción, implementado tras un acuerdo con sindicatos y proveedores. Ahora, la empresa estudia volver a operar solo con dos turnos a partir de enero de 2025.

La crisis que atraviesa Toyota refleja un problema mayor que afecta a todo el sector automotriz argentino, golpeado por la caída en la demanda externa y la incertidumbre económica interna. Las medidas de ajuste buscan evitar conflictos laborales, negociando con los gremios para minimizar el impacto del cierre del turno. Sin embargo, la presión desde Brasil para acelerar los recortes complica aún más la situación, mientras se intenta que la transición se realice a partir de febrero o marzo de 2025.

La combinación de recortes de personal, caída en la producción y reducción de turnos pone de manifiesto la severa crisis que enfrenta el sector automotriz en Argentina, exacerbada por las medidas económicas del gobierno y la disminución de la demanda en mercados clave.

El proyecto de presupuesto presentado por Milei otorga amplios recursos a las áreas dirigidas por Karina Milei y Santiago Caputo.

El debate sobre el presupuesto 2025 acentúa aún más las contradicciones del gobierno de Javier Milei, que prioriza áreas vinculadas a su círculo cercano mientras recorta recursos esenciales para la educación, la salud y las provincias. Los ajustes propuestos en el presupuesto revelan una estrategia fiscal que favorece a ciertos sectores, como la Secretaría General de la Presidencia comandada por Karina Milei y la SIDE de Santiago Caputo, que verán incrementos significativos de más del 100%, mientras que áreas fundamentales como la educación pública y las jubilaciones sufrirán reducciones o aumentos mínimos que no compensan la inflación.

El presupuesto 2025, que ha generado malestar en las provincias, fue rechazado por varios gobernadores, incluyendo aliados del gobierno, quienes critican la falta de diálogo y el incumplimiento de promesas. Estos mandatarios, enfrentados a la presión de ajustar fiscalmente sus distritos debido a la disminución de fondos para la obra pública, el transporte y la coparticipación, también cuestionan el veto de Milei a la ley de financiamiento educativo. Este veto es un reflejo de la contradicción entre el discurso de austeridad y las decisiones presupuestarias, que sacrifican el acceso a la educación pública en favor de partidas que benefician directamente a los sectores más cercanos al poder.

El presupuesto 2025 destina solo $3,8 billones a las 62 universidades del país, la mitad de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional, lo que amenaza el funcionamiento básico de estas instituciones. Esta reducción choca con el incremento desmesurado de recursos a otras áreas, lo que deja en evidencia una gestión que por decisión política parece privilegiar el control policial de la sociedad, mientras desatiende la inversión en el futuro del país, representado por la educación y la salud.

El conflicto se intensifica con los pedidos de los gobernadores y la oposición, quienes exigen una redistribución justa de los fondos hacia las universidades, jubilaciones y provincias. A medida que se discute el presupuesto, la oposición ha señalado que parte de los recursos que se destinarán a estos sectores provendrán de recortes a las áreas privilegiadas por Milei, como la SIDE y la Secretaría General de la Presidencia. Así, el debate del presupuesto 2025 expone la profunda tensión entre los intereses particulares del gobierno y las necesidades urgentes de la población, en especial de los sectores más vulnerables.

Solo para la provincia de Buenos Aires, esta quita representaría $ 1,2 billones.

El proyecto de Ley de Presupuesto 2025, aprobado por el Congreso tal como fue presentado por el Poder Ejecutivo, incluye un fuerte ajuste que recorta US$ 5.000 millones en ingresos para las provincias, con un impacto particularmente severo en Buenos Aires.

Según un informe de la Fundación Encuentro basado en datos oficiales, la reducción de ingresos responde a la eliminación de tres asignaciones específicas: el 11% del IVA, los fondos y fideicomisos del impuesto a los combustibles, y el componente impositivo del Monotributo que se destina a la Seguridad Social. Estas medidas implican una resignación de $ 6 billones para las provincias.

Buenos Aires, la provincia más afectada, enfrentaría una pérdida de $ 1,2 billones. Este ajuste presupuestario parece estar dirigido con especial dureza hacia la provincia a la cual busca someter por la vía de la asfixia económica, alimentando las críticas de un ensañamiento particular del gobierno de Javier Milei con el distrito más grande del país.

El tipo de cambio proyectado en el Presupuesto a diciembre de 2025 convierte esta quita en un equivalente a unos US$ 5.000 millones, que impactará fuertemente en los recursos provinciales.