Comienza a registrarse un aumento en la cantidad de personas que, ante la imposibilidad de afrontar los costos de pagar un alquiler, recurren a geriátricos estatales.

La crisis económica actual y las políticas de ajuste del gobierno están llevando a los jubilados a situaciones de extrema vulnerabilidad. Según un informe de la Fundación Tejido Urbano, el porcentaje de adultos mayores que deben alquilar se ha duplicado en los últimos 20 años. Ante los elevados costos de los alquileres, muchos se ven obligados a recurrir a geriátricos estatales, al no poder cubrir los gastos de una vivienda independiente.

Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, advirtió sobre la creciente cantidad de jubilados que, sin problemas de salud, terminan internados en hogares públicos debido a la falta de medios económicos para sostener una vida autónoma. “En los hogares públicos hay mucha gente que termina internada porque no puede sostener su vida. Son, entre comillas, “enfermos sociales” que no pueden mantenerse económicamente”, explicó.

El alquiler representa actualmente el 22% de la canasta de un jubilado, que según la Defensoría ronda los $912.584, mientras que la jubilación mínima, con el bono incluido, asciende apenas a $314.320. Esta cifra apenas cubre los costos de una pensión básica, que hoy supera los $200.000 al mes. Ante esta situación, los adultos mayores se ven atrapados entre el pago de la vivienda o la cobertura de otras necesidades esenciales como alimentación y medicamentos.

El informe de Tejido Urbano muestra que, en el primer trimestre de 2024, más de 359 mil adultos mayores alquilaban, lo que representa el 7,2% de esta población y un fenómeno alarmante de “inquilinización” de la tercera edad. Además, destaca que el 51,3% de los adultos mayores vive solo o con su cónyuge, y entre ellos predomina la “feminización de la soledad”, ya que el 57,4% son mujeres.

La posible finalización de la moratoria previsional, según los cálculos presupuestarios del gobierno para 2025, afectaría especialmente a las mujeres mayores, quienes han tenido menos oportunidades laborales y, en su mayoría, debieron recurrir a la moratoria para obtener una jubilación. De hecho, el 40,5% de los adultos mayores que viven solos se encuentra en el decil más bajo de ingresos, lo que refleja una situación económica sumamente frágil.

A esto se suma que el bono compensatorio, congelado desde marzo, está perdiendo valor frente a la inflación. En términos reales, la última actualización apenas alcanzó un 1,2%, mientras que la inflación interanual supera el 100%. Esto implica que, de marzo a octubre, el complemento ha disminuido como proporción del haber mínimo, pasando del 34% al 22,2%.

Tejido Urbano también advierte que el alto costo de los alquileres y de los servicios básicos plantea serios interrogantes sobre el tipo de vivienda a la que pueden acceder los jubilados y sobre la posibilidad de cubrir otras necesidades después de pagar el alquiler. Incluso para aquellos que son propietarios, las expensas aumentaron un 133% en el último año, superando por 30 puntos porcentuales la inflación acumulada. Esta realidad obliga a cada vez más jubilados propietarios a recurrir a comedores comunitarios, ya que deben decidir entre mantener el inmueble o cubrir sus necesidades alimentarias.

Los programas de subsidio, como “Vivir en Casa” del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tampoco logran compensar la caída del poder adquisitivo de las jubilaciones. El monto máximo de estos subsidios, de $60.000, resulta insuficiente frente a los costos de vida actuales. Como señala Semino, “los únicos programas efectivos que se mantienen son los que se arman desde la comunidad”, en un esfuerzo de organizaciones civiles para cubrir las necesidades de los adultos mayores.

La Asociación Civil Años – Espacio Gerontovida, fundada por Semino, ha impulsado proyectos comunitarios en el interior del país, donde voluntarios logran restaurar y mantener hogares comunitarios para los jubilados más vulnerables. Sin embargo, la situación de los “pueblos chicos, que se van transformando en pueblos de viejos”, refleja una realidad alarmante para los jubilados que quedan solos, dependiendo únicamente de la jubilación mínima para sobrevivir en condiciones cada vez más precarias.

El complejo agroexportador obtuvo ganancias por 4900%. Mientras el plato de guiso para los sectores populares se incrementó en 151% en los últimos diez meses.

Pese a la caída del consumo en supermercados, los oligopolios agroexportadores y las grandes empresas alimentarias han sido los grandes beneficiarios del modelo económico impulsado por el gobierno libertario. Según el informe “Rascar la olla”, realizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el CELS, las empresas del sector alimentario incrementaron sus ganancias en un 1.300%, mientras que el complejo agroexportador obtuvo márgenes de hasta el 4.900% en apenas unos meses.

El análisis expone el desmantelamiento de políticas agroalimentarias durante el gobierno de Javier Milei, detallando cómo una serie de reformas y eliminaciones de programas públicos han reforzado el poder de los grupos económicos concentrados. En este contexto, mientras el consumo de alimentos en supermercados cayó un 16%, los precios de productos básicos se dispararon. Un plato de guiso, por ejemplo, aumentó un 151% entre noviembre de 2023 y julio de 2024, resultando cada vez menos accesible para la población, especialmente para quienes dependen de salarios mínimos o jubilaciones.

El informe, elaborado entre noviembre de 2023 y julio de 2024 por especialistas del IGEO-UBA, divide su análisis en tres ejes: producción, acceso y apoyo gubernamental. En estos temas, destaca cómo el modelo económico actual ha impulsado la concentración del sistema agroalimentario, eliminando programas de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (AFCI) y debilitando la asistencia alimentaria. Esto se ejemplifica con la cancelación de programas como Pro Huerta, que había sido una fuente clave de apoyo técnico y financiero para la producción de alimentos comunitarios durante más de tres décadas.

En paralelo, el gobierno ha creado nuevas políticas que benefician a las grandes corporaciones y limitan el desarrollo de la producción local. Estas medidas incluyen la autorización de eventos transgénicos en soja y maíz, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, y la prohibición de investigaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) sobre temas como cambio climático y sustentabilidad. A su vez, se eliminaron regulaciones importantes para productores medianos y pequeños, tales como el gravamen a productos de vaca y lácteos, y leyes orientadas a la vitivinicultura y la olivicultura, entre otras.

El ajuste impactó en la posibilidad de alimentarse bien.

Con un salario o una jubilación mínimas, es posible preparar casi un tercio menos de porciones de guiso que en noviembre pasado. pic.twitter.com/4ZN2gEioGq

— CELS (@CELS_Argentina) October 25, 2024

Con estos cambios, la participación de los pequeños productores en el precio final se ha reducido drásticamente, mientras que el aumento de precios al consumidor ha sido del 111% en promedio. Sin embargo, este ajuste ha sido insuficiente para proteger a los sectores más vulnerables, ya que el crecimiento de la pobreza e indigencia en el primer semestre de 2024 refleja que los refuerzos presupuestarios para políticas asistenciales como AUH y AUE han tenido un impacto limitado.

Quienes trabajan en comedores o merenderos comunitarios enfrentan cada vez más obstáculos para brindar alimentos. pic.twitter.com/vbuRkj7bJP

— CELS (@CELS_Argentina) October 25, 2024

Como resultado, el desmantelamiento de políticas alimentarias y de apoyo ha afectado directamente a comedores y huertas comunitarias, que ahora enfrentan dificultades para mantener la calidad y cantidad de alimentos que ofrecen. Con una menor asistencia técnica y falta de insumos como semillas, estos espacios ven amenazada su capacidad de sostener el tejido social y enfrentar la crisis alimentaria.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, ha lanzado un ambicioso plan de obras públicas financiado por la empresa estatal AUBASA.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de Axel Kicillof, ha lanzado un ambicioso plan de obras públicas financiado por la empresa estatal AUBASA, con una inversión proyectada de 332 millones de dólares para los próximos tres años. A pesar de la falta de respaldo del gobierno nacional en esta área clave, el gobierno provincial reitera su compromiso de mejorar la infraestructura vial y fortalecer la seguridad en las rutas, asegurando mejores condiciones para quienes transitan diariamente por la región.

El plan contempla importantes mejoras, incluyendo la ampliación de dos tramos de la Autopista Buenos Aires-La Plata y la repavimentación de 200 kilómetros de la Ruta 2, entre Dolores y Mar del Plata, con una inversión aproximada de 113 millones de dólares. Estas obras buscan no solo optimizar la infraestructura vial, sino también asegurar un tránsito fluido y seguro para los usuarios, especialmente en temporadas de alto flujo hacia la Costa Atlántica.

La ampliación de la Autopista Buenos Aires-La Plata se enfocará en la construcción de un cuarto carril en el tramo Hudson-Acceso Sudeste (36,6 kilómetros), a realizarse en 2025, con un presupuesto de 36 millones de dólares. Además, se construirá un tercer carril en el tramo La Plata-Hudson, con una inversión de 20 millones de dólares y un plazo de 10 meses. Estos proyectos estarán acompañados de repavimentaciones en distintos tramos, como los 22 kilómetros entre el peaje Hudson y La Plata (16 millones de dólares) y otros subtramos con dirección a la Ciudad de Buenos Aires, por un valor de casi 10 millones de dólares.

El Ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, subrayó la importancia de esta inversión como un esfuerzo para mejorar la infraestructura provincial, enfatizando el carácter superavitario de AUBASA. Por su parte, el presidente de la empresa, José Arteaga, reafirmó que estas obras no solo modernizarán las rutas sino que incorporarán tecnología avanzada, enfocándose en la innovación y la sustentabilidad para maximizar la eficiencia y seguridad del servicio.

Este programa, que iniciará nuevas obras en 2025 y finalizará en 2027, es una clara muestra del compromiso del gobierno bonaerense con la inversión en infraestructura y desarrollo vial, enfrentando los desafíos sin el respaldo financiero de la administración central y priorizando el bienestar de los ciudadanos de la provincia.

La aerolínea low cost enfrenta nuevamente la mirada crítica de las autoridades y la frustración de sus pasajeros, luego de recibir tres actas de infracción de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La aerolínea low cost Flybondi enfrenta nuevamente la mirada crítica de las autoridades y la frustración de sus pasajeros, luego de recibir tres actas de infracción de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La razón: al menos 23 vuelos cancelados y modificaciones en itinerarios sin previo aviso, acumulados entre septiembre y octubre. Los reclamos de los usuarios son numerosos, y la Secretaría de Transporte ya confirmó estas cancelaciones, que han afectado a un gran número de pasajeros.

A pesar de sus planes de expansión, incluyendo la reciente adquisición del servicio de handling que pertenecía a Intercargo y su interés en incrementar vuelos, la operativa de Flybondi deja mucho que desear. Actualmente, la aerolínea conecta Mendoza con Buenos Aires y Córdoba, ofreciendo un vuelo diario y cuatro frecuencias semanales respectivamente. Sin embargo, su deficiente desempeño y la falta de compromiso con los horarios y la información están causando descontento generalizado.

Para la ANAC, el cumplimiento de los servicios “en tiempo y forma” es fundamental, algo que Flybondi sigue sin asegurar a sus pasajeros. De hecho, las infracciones mensuales continúan acumulándose, en un contexto en el que el organismo retomó en junio la aplicación de sanciones luego de la pandemia.

Las faltas de Flybondi incluyen, entre otras, cancelaciones sin aviso, demoras sin compensaciones adecuadas, problemas con equipaje y negaciones de embarque. Los usuarios afectados pueden gestionar sus reclamos sin costo en el sitio oficial de ANAC, aunque la resolución final de este problema pasará, sin dudas, por un cambio profundo en la calidad del servicio que ofrece Flybondi.

La empresa no obstante tendrá la posibilidad de recurrir antes de que se efectúe la sanción de manera efectiva.

El reconocido constitucionalista planteó que el organismo depende del Poder Ejecutivo y su intromisión en las cuentas de las altas casas de estudio “afecta su autonomía”, por lo que planteó que debería realizarlas la Auditoría General de la Nación.

El reconocido constitucionalista Daniel Sabsay se pronunció en contra de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) audite las universidades nacionales, argumentando que este organismo depende del Poder Ejecutivo, lo que podría comprometer la autonomía de las instituciones de educación superior. Sabsay destacó que debería ser la Auditoría General de la Nación, que está vinculada al Congreso, la que se encargue de supervisar el uso de los fondos públicos en estas universidades.

Los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la Sigen que depende del ejecutivo y eso afecta su autonomía. Debe hacerlo la Auditoria General de la Nación que depende del Congreso. Se debe rendir cuenta del uso de fondos públicos pero ante el organismo adecuado.

— Daniel Sabsay (@DanielSabsay1) October 27, 2024

“Los fondos de las universidades no pueden estar bajo el control de la SIGEN, ya que su dependencia del Ejecutivo afecta su autonomía. Debe ser la Auditoría General de la Nación, que responde al Congreso, la que lleve a cabo esta labor”, afirmó en su cuenta de X, en contraposición a la disposición del gobierno de Javier Milei.

Asimismo, Sabsay aclaró que es fundamental rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos, pero ante el organismo adecuado.

Más caradura no se consigue: Patricia Vázquez (PRO) presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en seguridad vial. pero ella misma tiene un récord de infracciones.

Una diputada del PRO, cercana a Patricia Bullrich, ha desatado la polémica al presentar una propuesta para eliminar el sistema de infracciones viales, una medida que ha generado una ola de críticas. Lo que hace que esta iniciativa sea aún más escandalosa es el hecho de que la legisladora en cuestión acumula una deuda millonaria en multas de tránsito, lo que resalta un caradurismo digno de mención.

Su propuesta sugiere liberar a los conductores de las sanciones por infracciones, una acción que no solo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también plantea serias dudas sobre la motivación detrás de su plan. Mientras intenta presentar esta idea como un acto de justicia para los ciudadanos, resulta evidente que, en el fondo, busca evadir las consecuencias de sus propias acciones ya que la legisladora debe cifras millonarias en infracciones viales que ella misma cometió. Este tipo de doble discurso es profundamente preocupante, especialmente viniendo de una figura pública que debería servir como modelo de responsabilidad y en especial cuando desde el espacio PRO/Libertario se suele criticar el denominado “modelo de la casta”.

Además, al ignorar su propia situación como deudora de multas, la diputada envía un mensaje peligroso: que las reglas son flexibles y que aquellos en posiciones de poder pueden sortear las consecuencias de sus infracciones. Esta actitud no solo menoscaba la confianza del público en las instituciones, sino que también refuerza la percepción de que los políticos suelen actuar en su propio interés en lugar de trabajar por el bien común.

Al promover esta eliminación del sistema de infracciones, la diputada no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que también expone su falta de compromiso con la justicia y la legalidad. Su comportamiento es un claro ejemplo de cómo algunos funcionarios con doble discurso buscan beneficiarse a sí mismos, a expensas de la integridad del sistema que están llamados a proteger. En resumen, su propuesta es un reflejo de una ética política cuestionable, que prioriza los intereses personales sobre las necesidades de la sociedad.

Guillermo Francos insistió con la modificación del sistema electoral, pero aceptó que a La Libertad Avanza no le dan los números para llevar el debate al recinto.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que, a pesar de las intenciones del gobierno de eliminar las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), no cuentan con el respaldo suficiente en el Congreso para avanzar en esa dirección. En declaraciones radiales, Francos señaló que el oficialismo enfrenta una fuerte resistencia legislativa, ya que la mayoría de los legisladores no comparte la idea de eliminar las elecciones primarias. Esto ha puesto un freno a la propuesta del gobierno de Javier Milei, que esperaba simplificar el proceso electoral y reducir costos.

Las PASO, implementadas en 2009 con el propósito de democratizar la selección de candidatos y ordenar la oferta electoral, han sido objeto de debate en los últimos años. Algunos sectores cuestionan su efectividad y consideran que han perdido su propósito original, mientras que otros defienden su importancia para garantizar la participación ciudadana en las internas partidarias. Ante esta división de posturas, el gobierno se encuentra sin los votos necesarios para realizar la reforma en el corto plazo.

Francos sugirió que, debido a esta falta de apoyo, el gobierno podría esperar un cambio en la composición del Congreso tras las elecciones de 2025, con la expectativa de que una nueva configuración parlamentaria permita avanzar no sólo en la eliminación de las PASO, sino también en otras reformas políticas que están en la agenda oficial. “Los tiempos se van acotando y no queda tiempo para tomar esta decisión; veo difícil que podamos llegar a un entendimiento en este tema”, reconoció el jefe de Gabinete. Hasta ahora, la fecha de las próximas elecciones está prevista para agosto, sin modificaciones en el sistema vigente.

En el marco de las elecciones en el vecino país desarrolladas el domingo, el expresidente oriental respondió la consulta sobre cómo ve a la Argentina, y sostuvo: “Por ahora hay más pobres que antes”.

El expresidente de Uruguay Pepe Mujica criticó al gobierno de Javier Milei cuando se dirigió a emitir su voto en las elecciones que ese país lleva adelante este domingo. En ese contexto, señaló que en la Argentina “la pobreza creció” y que “mañana capaz que (Milei) reacciona” pero por ahora hay más pobres que antes”.

El expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica emitió fuertes críticas hacia el gobierno de Javier Milei al hablar sobre la situación actual en Argentina durante las elecciones de Uruguay. Mujica, en declaraciones a la prensa tras emitir su voto, señaló su preocupación por el aumento de la pobreza en el país vecino bajo la administración de Milei, comentando que “la pobreza creció” y que “mañana capaz que reacciona”.

En su mensaje, Mujica cuestionó la falta de propuestas de fondo en la campaña argentina y las dificultades de la democracia en tiempos de cambio. Hizo un llamado a cuidar las instituciones democráticas, subrayando que, si bien la democracia “tiene muchos defectos” y “nos promete igualdad que no cumple”, sigue siendo el mejor sistema logrado hasta ahora.

Al referirse específicamente a la realidad argentina, el expresidente advirtió sobre el “costo de la transformación” que promueve el gobierno de Milei, que, según su opinión, ha llevado a un aumento en la cantidad de personas en situación de pobreza en los últimos meses. Esta situación, dijo Mujica, genera un ambiente de “relación con bastante filo” entre ambos países, abogando por mantener la cooperación pese a las tensiones actuales.

Finalmente, Mujica, quien sigue activo en la política a pesar de sus problemas de salud, se despidió con una reflexión sobre su propia lucha: “Estoy casi en los 90 y peleando con un cáncer. No tengo ganas de irme, pero estoy jodido”, compartió, en un testimonio que mezcla su habitual franqueza con una crítica profunda al contexto político argentino.

Elecciones en Uruguay

El candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, se impuso en las elecciones del domingo en Uruguay con un 42% de los votos. Sin embargo, el líder de la coalición de izquierda no alcanzó el 50% más uno necesario para ganar en primera vuelta, por lo que enfrentará en un balotaje el próximo 24 de noviembre a Álvaro Delgado, del oficialista Partido Nacional, quien terminó segundo con el 28% de los votos, según proyecciones de la Corte Electoral de Uruguay.

Detrás de Orsi y Delgado quedó Andrés Ojeda, del Partido Colorado, junto a otros ocho candidatos que también aspiraban a la presidencia. Orsi, de 57 años, había consolidado su liderazgo en el Frente Amplio tras vencer cómodamente en la interna de la coalición el pasado 30 de junio, eligiendo como compañera de fórmula a Carolina Cosse. Su candidatura cuenta con el respaldo fundamental del expresidente José Mujica, quien, debido a su recuperación de un cáncer de esófago, tuvo una participación pública limitada en esta campaña.

La segunda vuelta promete ser decisiva en la configuración política de Uruguay. La ciudadanía, además de esperar los resultados finales del conteo de votos en la Corte Electoral, observa atentamente cómo quedará conformado el Parlamento, lo que determinará si el Frente Amplio o el Partido Nacional contarán con una mayoría en las cámaras. En el balotaje, para ganar la presidencia, uno de los candidatos deberá lograr una mayoría simple de votos, lo que define una elección crucial para el futuro político y social del país.

La asamblea Interfacultades celebrada en Plaza de Mayo resolvió convocar a una tercera Marcha Federal Universitaria para el 12 de noviembre.

Centros de estudiantes y agrupaciones de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA) realizaron una Asamblea Interfacultades en Plaza de Mayo, en la que decidieron intensificar las medidas de fuerza ante el aumento de la conflictividad con el gobierno. Como parte de estas resoluciones, convocaron a una tercera Marcha Federal Universitaria para el 12 de noviembre.

La Asamblea, realizada este sábado en Plaza de Mayo, reunió a representantes de estas universidades para analizar acciones frente a la crisis generada por el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, así como ante su insistencia en implementar auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en las universidades. Las decisiones tomadas reflejan el descontento creciente en el ámbito académico y denuncian un ambiente de persecución ideológica por parte del gobierno.

El secretario general del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (CeFyL), Luca Bonfante, informó en su cuenta de X (ex Twitter) que la Asamblea aprobó organizar un corte en las universidades del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el viernes 1° de noviembre en el Obelisco, seguido de una movilización a Plaza de Mayo y una marcha a la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), donde exigirán la convocatoria a un paro nacional el mismo día de la Marcha Federal Universitaria.

En cuanto a la organización de la Marcha Federal, la Asamblea acordó reunirse el martes 5 de noviembre a las 17 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA para coordinar la participación de centros de estudiantes y gremios docentes y no docentes de todo el país.

Además, como parte del plan de lucha, se acordó llevar a cabo tomas y permanencias en las facultades de distintas universidades entre el 28 y el 30 de octubre, junto con clases públicas en las instituciones superiores del AMBA hasta el final del cuatrimestre, en un esfuerzo por visibilizar el deterioro en el financiamiento de la educación y rechazar la interferencia ideológica del gobierno en las universidades.

El aumento estuvo impulsado por subas en frutas, lácteos, huevo, bebidas e infusiones.

Un fuerte repunte en los precios de los alimentos durante la última semana de octubre ha complicado aún más las perspectivas del gobierno en su lucha contra la inflación. Un informe privado muestra que el costo de los alimentos se disparó un 1,7% entre el jueves 17 y el miércoles 23, la mayor suba semanal desde julio. Este salto estuvo liderado por aumentos en frutas (5,7%), lácteos y huevos (4,6%), y bebidas e infusiones (4,2%), lo que ha elevado el promedio mensual de aumento en alimentos a 2,3% y la variación de “punta a punta” en las últimas cuatro semanas al 3,3%.

Hasta la tercera semana de octubre, los precios de alimentos incluso mostraban una ligera deflación de 0,1%, alentando la esperanza de que la inflación mensual podría cerrar por debajo del 3%. Sin embargo, los datos de la cuarta semana de octubre de la consultora LCG indican una aceleración inesperada. Otras consultoras han registrado incrementos también: Orlando Ferreres encontró una variación de 2,1% en las primeras tres semanas del mes; PriceStats reportó una inflación acumulada del 2,36% al 20 de octubre, la más baja en tres años; y Eco GO estimó una suba del 3,2% en alimentos en la tercera semana, proyectando un cierre mensual en torno al 3%.

Este aumento de precios en los alimentos se produce en un contexto de inflación alta, afectando tanto los costos de vida como la capacidad del gobierno para cumplir sus metas de estabilización económica.