El cotitular de la central obrera marcó su postura respecto al momento que vive el país. Además, sostuvo que hasta ahora no hubo ningún contacto con el gobierno.
Luego de que el confederal de la CGT confirmara un plan de lucha con paro nacional incluido, uno de sus titulares defendió la decisión. Se trata de Héctor Daer, quien en conferencia de prensa criticó este jueves el proyecto de la denominada Ley Ómnibus que ingresó al Congreso y el DNU de Javier Milei que entra en vigencia este viernes. “Es una transferencia clara a un sector pequeño de la sociedad que más tiene y más gana“, aseguró Daer en declaraciones periodísticas, donde adelantó la protesta con movilización el próximo 24 de enero.
“No hay ningún contacto con el Gobierno. Nosotros no propusimos esta dinámica. En menos de una semana transforman la Argentina, pero no con una mirada de progreso, nos llevan a la Argentina pastoril“, declaró el titular de Sanidad, quien ya había manifestado que la CGT no tiene diálogo con ningún representante del Ejecutivo.
Durante los cuatro años anteriores jamás hubo un proyecto de ley en contra de los trabajadorxs. @todonoticias
La reunión del Comité Central Confederal de este jueves resolvió un plan de lucha de la central obrera que incluye, entre otras iniciativas, un paro por 12 horas y movilización al Congreso el próximo 24 de enero, avanzar con la presentación judicial contra el DNU, hacer un llamado a plenario de las delegaciones regionales de la CGT y la articulación con otras centrales obreras.
La alícuota mensual se dispara un 110% pero los ingresos anuales se incrementan en menos de un 50%.
En lo que representa un fuerte golpe a la clase media, el plan económico de Luis Caputo avanzó sobre los monotributistas con un incremento del 110,90% en la alícuota mensual a partir de enero. No obstante, los parámetros de facturación se incrementaron en apenas un 49%.
Según se desprende de la actualización hecha por AFIP de la tabla anual para el Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, los contribuyentes de la categoría A -la más baja- podrán facturar hasta $2.108.000 anuales, mientras que la cuota pasa de $5.750 a $12.128.
Para la Categoría K, la más alta, la cuota mensual irá de los $50.717 actuales a $106.964, mientras que el tope de facturación pasa a $16.957.968 anuales.
Considerando encuestas de diversas consultoras que analizaron el perfil socioeconómico y laboral de los votantes, la medida impacta contra un segmento considerable del electorado que optó por Javier Milei.
En recientes declaraciones a LN+, el Presidente fue consultado por próximas medidas para regular la actividad de trabajadores monotributistas y autónomos, a quienes instó “a competir”.
Por el cambio de gobierno, había una demora en el anuncio del incremento del monotributo por parte de AFIP.
La decisión se toma a pesar del pedido del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad para que se otorgue una prórroga para efectuar la recategorización semestral del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
Frente a este incremento, hay sectores profesionales que reclaman una modificación urgente del régimen y de la modalidad de actualización de parámetros y escalas, al considerar que, ya en la primera mitad del año próximo se registrará un significativo número de excluidos y de recategorizados a las categorías más altas del régimen.
De esta manera el estado no conservaría ninguna intervención en el sector y se desharía hasta del manejo de la infraestructura, en una visión radicalizada que no existe en prácticamente ninguna parte del mundo.
En este sentido, el proyecto va notoriamente más allá del modelo ensayado en la década de 1990, que implicaba la entrega en concesión de la explotación de los servicios a un operador privado durante un cierto plazo (típicamente, de 30 años), tras el cual los bienes concesionados revertirían al Estado, su propietario.
En cambio, la iniciativa presentada este miércoles no sólo implica un retiro de cualquier tipo de intervención directa del Estado sobre la operación ferroviaria, sino la venta de la infraestructura ferroviaria, que es patrimonio público, al sector privado.
Se trata de una visión radicalizada, que no existe en prácticamente ninguna parte del mundo. Excepción hecha del muy particular caso de Japón –una privatización parcial y muy regulada de partes del sistema–, sólo Gran Bretaña intentó una medida semejante en tiempos del gobierno conservador de John Major: Margaret Thatcher siempre se opuso por considerarla una idea excesiva. Apenas tres años después de la privatización la infraestructura ferroviaria británica debió ser reestatizada y en la operación, si bien subsisten concesionarias privadas –muy cuestionadas–, cada vez tiene mayor participación el Estado. Hasta The Economist y Bloomberg han publicado columnas en que la privatización ferroviaria británica es considerada un fracaso tanto en términos económicos como de servicio.
En el resto de Europa, el modelo de separación vertical entre operación e infraestructura (que es ley en la Argentina, a pesar de que su implementación no se haya desplegado plenamente) fue creado explícitamente con el objetivo de permitir la participación privada y la competencia en la operación de los servicios de cargas y pasajeros, pero manteniendo siempre la gestión y la propiedad de la infraestructura en manos del Estado, un reclamo que en cuanto a la red ferroviaria argentina de hecho comparten hasta las concesionarias cargueras todavía vigentes (NCA, Ferrosur y FEPSA).
La privatización estructural del sistema abre una etapa de enorme incertidumbre para los ferrocarriles en la Argentina: no sólo por la falta de certezas sobre la existencia de potenciales interesados en invertir en el negocio –tal como advirtió la entonces candidata presidencial Patricia Bullrich–, sino sobre la misma continuidad de los servicios, especialmente los de pasajeros, que son por definición deficitarios, en el caso de que fracase su futura privatización.
Un aspecto particularmente alarmante de la propuesta es que una vez transformados los terrenos ferroviarios en propiedad privada, no existiría ninguna garantía de que los mismos continúen estando afectados a ese uso específico. En este contexto, podrían ser vendidos por sus eventuales dueños para cualquier otro uso: su venta como terrenos sería más rentable para el sector privado que su explotación ferroviaria.
Por lo demás, no termina de quedar claro cuál sería el beneficio para el interés público de esta enajenación de patrimonio y cesión de negocios a privados, toda vez que cualquier operador privado de pasajeros requiere de subsidios estatales para funcionar, que los estándares de los servicios aún concesionados son menores a los estatales, y que hasta informes de organismos internacionales certifican que la operación estatal es más barata que la privada.
Vale recordar, a fin de cuentas, que la renovación masiva de material rodanteen los trenes metropolitanos del AMBA realizada durante los últimos diez años, así como la incorporación de nuevo material para cargas y renovaciones de vías realizados con préstamos de China, sólo fue posible por la inversión estatal en el sistema. Cabe preguntarse, en fin, si la obsesión de Javier Milei con privatizar todo sin matices ni distingos se apoya sobre alguna premisa racional o directamente no admite discusión: entonces estaríamos hablando de algo muy distinto.
El proyecto de ley enviando al poder legislativo contempla que el poder ejecutivo pueda disponer a discreción propia del ingreso o egreso de tropas, facultad que por mandato constitucional le corresponde al Congreso Nacional, de aprobarse, se estaría ante una situación de extrema gravedad.
Por Ignacio Corradi
El Proyecto de Ley “Ómnibus”, denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, viene dando que hablar por su manifiesta inconstitucionalidad en las diversas áreas sobre las que pretende legislar, la defensa nacional no quedó ajena a estas controversias. En este sentido el Capitulo II de la citada proyecto de ley dedicado a la Defensa Nacional, establece en sus Artículos 345 y 346 que sea facultad del Poder Ejecutivo Nacional la autorización para el ingreso o egreso de fuerzas militares.
Capitulo II de la polémica Ley Ómnibus.
Los artículos citados en el proyecto de Ley enviando al congreso por el gobierno del presidente Javier Milei en ningún momento hacen mención a la potestad del Congreso Nacional en esta materia, se trata de disposiciones totalmente unilaterales que le otorgarían al PEN la discrecionalidad de disponer del ingreso de fuerzas armadas extranjeras al territorio nacional con todo lo que ello implica tanto en lo que hace a la seguridad de los intereses nacionales como en materia de Derechos Humanos para la propia población ya que el propio poder ejecutivo podría de esta manera otorgar a discreción un marco de inmunidad jurídica a las fuerzas que ingresasen al país. En conclusión, se trata de una iniciativa claramente inconstitucional ya que dicha facultad le corresponde por mandato de nuestra ley suprema al Congreso de la Nación, el articulo 75 inciso 28 es muy claro cuando establece: “El Congreso (por ser el representante de las provincias y del pueblo de la nación) debe tomar estas decisiones que traen consecuencias tan importantes para el país: Permitir que entren tropas extranjeras a la Argentina, y permitir que salgan tropas nacionales fuera de la Argentina”.
Ignorar o hacer caso omiso del mandato constitucional en este aspecto tan delicado podría traer graves consecuencias.
El Gobierno nacional envió esta tarde al Congreso de la Nación la “Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, allí se promueve derogar un articulo clave de la Ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública N°27.612.
El Gobierno Nacional envió esta jornada al Congreso Nacional una “ley ómnibus” contiene 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas y que “complementa” el mega DNU anunciado la semana pasada. Dentro del texto, en un apartado se promueve derogar un articulo clave de la Ley Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública N°27.612.
Justamente el punto central de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública era que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, necesitara autorización del Congreso de la Nación.
En el 2021, el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, había dicho: “Esta ley cuida a nuestra Argentina. Desde hoy, todo acuerdo con el FMI o endeudamiento externo con títulos públicos deberá ser aprobado por el Congreso y debatido de frente a la sociedad. Evitar las crisis de deuda que condicionan el futuro de nuestra gente es política de Estado”.
Entre los fundamentos de la ley, se había afirmado que permitía fortalecer el rol institucional del Congreso en la definición y autorización de las políticas de endeudamiento público nacional en moneda extranjera y bajo jurisdicción externa, y en la aprobación de toda operación de crédito público y/o programa de financiamiento que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional.
Qué dice el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública
Artículo 1º- La Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio.
Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente.
Desde la organización remarcaron “tener la mejor estrategia para voltear el DNU” y consideraron que el paso siguiente es aprobar un plan de lucha.
Fue multitudinaria la marcha de la Confederación General del Trabajo, las dos CTA, la Unidad Piquetera y partidos de izquierda, que se movilizaron a Tribunales en rechazo al decreto de necesidad y urgencia firmado por el Presidente, que implica la desregulación de la economía y deroga múltiples leyes, algunas de ellas laborales.
En declaraciones a la prensa durante la movilización convocada por la central obrera a Plaza Lavalle, frente al palacio de Tribunales, Daer dijo que “hay que ser inteligentes y tener la mejor estrategia para voltear el DNU”, ante la posibilidad de decretar una medida de fuerza nacional.
Por su parte, otro de los cotitulares de la central obrera, Pablo Moyano, reafirmó que mañana en la reunión del comité confederal de la CGT “seguramente se va a aprobar un plan de lucha para rechazar este DNU que va en contra de los trabajadores y del país”.
📌 DOCUMENTO EMITIDO POR LA CGT EN TRIBUNALES
"El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste que lo pagaría lo que él denomina CASTA POLÍTICA y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte" Así comienza el comunicado que fue leído ante una multitud. pic.twitter.com/uVctOdZ5nT
“Estaría bueno poner la “tasa Macri” para que devuelva los 45 mil millones que se afanó, ¿no?”, propuso en un contraataque el hijo de Hugo Moyano
Este miércoles, en medio de la marcha de la CGT contra el DNU del presidente Javier Milei, el dirigente de camioneros Pablo Moyanoapuntó contra la ministra de SeguridadPatricia Bullrich, a quien acusó de querer parecerse a “Rambo”. Además, le habló al presidente y le pidió que aplique la “tasa Macri” en lugar de la “tasa Kicillof”.
El sindicalista habló a partir de las declaraciones que realizó el presidente sobre la creación de la “tasa Kicillof” para recaudar el dinero requerido por el juicio de YPF, con el objetivo de que la gente recuerde que el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue quien decidió expropiar la empresa petrolera, generando ahora una deuda millonaria.
“Estaría bueno poner la ‘tasa Macri’ para que devuelva los 45 mil millones que se afanó, ¿no?”, propuso en un contraataque el hijo de Hugo Moyano en diálogo con Radio Futurock, apuntando contra el expresidente y la deuda que se tomó en su gestión con el Fondo Monetario Internacional y agregó: “Si la investidura presidencial baja esa línea, se puede decir cualquier cosa”.
Luego, se dirigió hacia la ministra de Seguridad y le reprochó: “Es cómico, mientras el país por las medidas económicas del Presidente se desangra,vemos este show que hace la señora Bullrich, que había salido tercera, había sido rechazada por gran parte de la población yhoy se hace el Rambo para reprimir o intentar que las columnas de los trabajadores no lleguen a Plaza Lavalle”.
Moyano advirtió: “Que se prepare porque van a haber cientos de Plazas Lavalles, cientos de Plazas de Mayo, mientras sigue con este DNU que está destruyendo los derechos de los trabajadores”.
En este contexto, el sindicalista también le habló directamente al presidente libertario tras sus acusaciones en una entrevista con LN+ donde mencionó que algunos legisladores esperan cobrar coimas para apoyar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y otras medidas impulsadas por el oficialismo.
“Que lo demuestre.Me acuerdo en 2000, cuando Hugo Moyano denunció la Banelco, dieron los nombres y muchos fueron procesados. Él fue legislador hasta hace pocos días, si vio algo o escuchó algo que lo denuncie, pero hoy está permitido decir cualquier cosa”, agregó.
De todas formas, Moyano buscó restarle importancia a los dichos de Milei y destacó que lo importante este miércoles es la movilización de la CGT y el Confederal que va a realizar la central obrera este jueves para definir una “línea de resistencia”.
El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza ha informado que el número de muertos debido a los ataques israelíes en el enclave costero ha aumentado a 21 110 palestinos.
Ashraf Al-Qudra ha destacado que desde el inicio de los ataques por parte de la entidad sionista en la Franja de Gaza, el 7 de octubre, un total de 55 243 palestinos resultaron heridos.
Además, ha detallado que en las últimas 24 horas, el ejército israelí ha perpetrado “16 masacres contra familias”, resultando en la pérdida de la vida de 195 personas y dejando heridos a 325 palestinos.
A pesar de las advertencias de numerosos entes internacionales sobre la crítica situación en la Franja de Gaza y de la emisión de numerosos informes acerca de las consecuencias humanitarias de los ataques de Israel en el asediado enclave palestino, el régimen israelí continúa bombardeando a los palestinos con el respaldo de Estados Unidos y otros aliados occidentales.
La Secretaría de Comercio convocó a los supermercados para que ofrezcan descuentos en 20 artículos de consumo básico.Lo difundieron los empresarios como un aporte del sector privado.
A contramano de lo que siempre pregonaJavier Milei, y de forma obligadaante los aumentos sin controlque se están registrando en los supermercados, el Gobierno tomó la decisión de lanzaruna nueva versión de «Precios Cuidados«.
La realidad llevó al Ejecutivo a abandonar su idea de dejar que sólo el propio mercado sea el que regule los precios, y la nueva Secretaría de Comercio impulsó un acuerdo entre el sector privado para ofrecer descuentos en 20 artículos de consumo básico.
La canasta de ofertas a «precios muy convenientes» comenzará este miércoles y estará disponible en todo el país durante dos meses, a partir del acuerdo con la Red de Supers Argentinos, integrada por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (Fasa).
La novedad fue presentada como una contribución «voluntaria y tansitoria» del sector privado en tiempos de nula intervención estatal con controles de precios. Sin embargo, se diagramó a pedido del Gobierno, a partir de una reunión en la Secretaría de Comercio.
Cómo es el nuevo «Precios Cuidados«
«En esta nueva etapa, sin controles de precios, congelamientos y otras formas de intervención del Estado, los empresarios contribuyen, de manera voluntaria y transitoria, para que el flagelo inflacionario afecte en menor medida a la capacidad adquisitiva de los consumidores», consignó un comunicado firmado por los titulares de CAS, Ricardo Zorzón, y Fasa, Víctor Palpacelli, titulado «Precios diferenciados: un compromiso nacional».
El anuncio del acuerdo del Gobierno con la Red de Supers Argentinos.
En detalle, se aplicará un descuento del 20% en los precios de 20 productos de la canasta básica, durante 60 días, a partir del miércoles 27 de diciembre.
La oferta, según informaron, estará integrada por alimentos como azúcar, yerba, fideos, harina, aceite, galletitas saladas, galletitas dulces, huevos, leche, pan, legumbres, puré de tomate, dulce de leche, gaseosas, té y mate cocido.
También tendrá productos de cuidado personal, como papel higiénico o jabón de tocador, y productos de limpieza para el hogar, como lavandina, rollos de cocina y detergente.
La Red de Súper Argentinos explicó que esta iniciativa fue el resultado de las reuniones llevadas a cabo con el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a cargo de Comercio Interior, Fernando Blanco Muiño.
El Gobierno y los «acuerdos voluntarios«
El Gobierno siempre buscó desmarcarse de los controles de precios, en todas sus versiones, por lo que había decidido no extender «Precios Justos». Sin embargo, ahora debió impulsar una canasta de 20 productos con precios «convenientes».
El anuncio se da también en medio del resurgimiento de la guerra entre supermercados y alimenticias por los fuertes aumentos que se registraron en las últimas semanas. Los super señalan a las marcas productoras más grandes por las subas exorbitantes e incluso la falta de entrega de productos.
«Se terminan los controles. Queremos dar vuelta la página de 17 años de controles de precios. Y habiendo terminado ´Precios Justos´, pero en el difícil escenario actual, les planteamos a ver si ellos podían proponer algo. Apuntamos a tener acuerdos voluntarios, no que sea una imposición», señalaron desde la Secretaría de Comercio.
Como antecedente de esto hay que recordar el acuerdo de precios que se logró días atrás para los cinco cortes populares de carne vacuna entre frigoríficos exportadores y supermercados, también facilitado por el Gobierno.
Eso comenzó el miércoles pasado y estará vigente hasta el 31 de diciembre, es decir, durante el período de Fiestas. La canasta contempla ofertas para asado, matambre, vacío, tapa de asado y falda.
El diputado de la Unión Cívica Radical (UCR) reconoció que si bien esa coalición pretende “acompañar las reformas del Gobierno” cuestionó que las mismas se realicen a través de un decreto, del cual “no hay un constitucionalista que afirme que sea válido”.
No hay un constitucionalista, no hay uno solo. Siempre cuando hay una discusión sobre la Constitución uno encuentra uno con un matiz, ninguno ve que este decreto sea válido. Genera un problema judicial”, dijo Tetaz en declaraciones a La Nación+.
Para el diputado, los defensores del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno establece la desregulación de la economía argumentan “en términos semánticos” que existe un “parate de la economía” y un “estancamiento de hace 20 años” que lo hace “urgente”.
“Eso es cierto en términos semánticos pero no es cierto en términos jurídicos del artículo 99 inciso 3”, explicó Tetaz, en referencia al pasaje de la Constitución que circunscribe a los decretos en “circunstancias excepcionales” y por razones “de necesidad y urgencia”.
En ese sentido, el diputado señaló que este DNU funcionaría como precedente “cuando ganen” próximas elecciones “los que no queremos” y puedan ejercer desde el Ejecutivo iniciativas similares.
“Gana Juan Grabois, gana Myriam Bregman y dicen chau el sistema capitalista, volemos el artículo 16 de la propiedad privada, abolimos los artículos sobre la libertad”, cuestionó.
“Nosotros esperamos que esto vaya por el canal que corresponde: por el Congreso. Esperamos que el Gobierno desdoble el DNU para permitirnos tratar con urgencia el tema que sea y discutir luego lo no tan urgente. Esperamos que el Gobierno acceda a esta discusión”, agregó.
Si bien admitió que su discusión en el Congreso “va a tomar más tiempo” y que de del total de “366 medidas” del DNU, habrá “200 que (el Parlamento) va a voltear”, resaltó que serán “más duraderas”.
“No vamos a conseguir todas las reformas, pero las que se puedan conseguir, van a ser mucho mas duraderas”, subrayó.
Además, Tetaz sostuvo que el contenido del decreto “era una propuesta de JxC” y que fue elaborado por el asesor presidencial Federico Sturzenegger para una presunta administración de esa coalición.
“Lo había elaborado Sturzenegger y el equipo para Bullrich, que pensaba instrumentar, no tanto por DNU”, indicó.
En esa línea, recordó que Milei le “endilgaba” durante la campaña presidencial a su actual ministra de Seguridad querer “gobernar por decreto”.
“Él enojado le endilgaba ‘¿vos pretendés que esto sea una dictadura, pretendés gobernar por decreto?’ Mirá que paradoja que ahora se da vuelta la discusión”, apuntó, y luego recalcó querer que “las reformas se hagan, pero también asegurar que funcione la Constitución”.
