Acnoa expuso en el plenario de Diputados y se sumó al rechazó de las economías regionales a la implementación de los derechos de exportación, advierten de una debacle en el sector.

La mayoría de los representantes de las cámaras empresarias y de productores de las economías regionales rechazó la implementación de aranceles de exportación, en general de un 15%, establecido en la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei.

Este miércoles, el presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa), Pablo Padilla, se sumó a esa posición al expresar la preocupación del sector ante la implementación del derecho de exportación a las economías regionales, básicamente, a la fruta fresca y subproductos industriales de la actividad.

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) pretende a través de la “Ley Bases” establecer una retención de 8% al aceite esencial de limón, lo que “quitará competitividad” y sacará a las empresas de los mercados internacionales. “Atenta y hasta hace inviable en algunos casos el cultivo de limón y su explotación comercial. Por eso, exponemos nuestra oposición a cualquiera de las posiciones arancelarias”, señaló el titular de Acnoa.

“Es una de las pocas economías regionales de Argentina que es líder a nivel mundial. Representamos el 70% de los derivados industriales del limón en el mundo. Hoy, el sector está en crisis y ella está dada por el crecimiento de la competencia internacional, por mejores condiciones de competitividad que se están dando en otros países”, expresó.

Padilla advirtió que ese escenario “está llevando al abandono de plantaciones” en la región. El empresario confirmó una pérdida de hectáreas o el traspaso a otros cultivos de unas 6.500 hectáreas, según informes de relevamientos satelitales de la Estación Experimental Obispo Colombres (Eeaoc) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

“Ahora, estamos viendo que entre 12.000 y 13.000 hectáreas van rumbo a desaparecer o están siendo mal atendidas debido a la crisis”, alertó.

El titular de la cámara citrícola señaló que una caída productiva tendrá un impacto directo en el conjunto laboral. “Estimamos que con las 6.500 hectáreas ya perdidas hay una caída de 400.000 jornales. No solo afectará en los puestos de trabajo, sino también al ingreso de divisas a Tucumán y todo el NOA”, expresó.

Padilla hizo hincapié, entre las causas externas de la difícil situación, en la sobreoferta por el crecimiento de las plantaciones de limones en el mundo y la competencia agresiva de países productores, que además tienen preferencias arancelarias en los mercados de destino. “En la Unión Europea (UE) nos toca afrontar aranceles de 6,5% para el ingreso de nuestras frutas frescas o del 14% para jugos, cuando tenemos competidores como España y Sudáfrica que no tienen ningún tipo de tasa y compiten en mejores condiciones”, acotó.

En momentos en que el Gobierno nacional defiende el libre mercado y comercio, el directivo insistió ante los diputados que el sector citrícola se ha topado con mercados externos proteccionistas. “En Estados Unidos (EEUU) estamos obligados a medidas antidumping con un precio de referencia. No podemos ingresar con nuestros jugos por debajo de U$S 2.600, cuando  el precio de otros países es menor de U$S 1.900”, enfatizó.

El presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijóo, había reclamado el lunes la eliminación de artículo 59 de la ley ómnibus, que deroga la Ley 25.715 de aranceles móviles para el azúcar y pondría en riesgo a la agroindustria madre del NOA si avanzara.

“Es un grave error. La norma (actual) no significa una protección del azúcar, sino una preservación de la producción y del mercado interno frente a fluctuaciones severas de los precios en el mercado mundial, donde representamos menos del 2% y no tenemos ninguna incidencia”, afirmó.

“El mercado internacional del azúcar es uno de los más regulados del mundo por los subsidios, el dumping y restricciones de todo tipo de los países, que perjudican a los productores no subsidiados, como los argentinos, que es precisamente lo que neutraliza la ley 25.715”, señaló.

A la vez, las cámaras de bioetanol, entre ellas, la de industriales azucareros, presentaron cambios al proyecto del gobierno de Javier Milei con el fin de asegurar una participación equilibrada de los distintos sectores en el régimen de biocombustibles.

Fuente: La Gaceta

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn, advirtió que la brecha entre ricos y pobres sigue siendo un tema de gran preocupación.

El presidente del BID destaca que las desigualdades no solo se reflejan en la distribución de ingresos, sino también en el acceso a la educación, la salud y otros servicios básicos. Esta situación no solo afecta a los menos favorecidos, sino que también puede tener un impacto negativo en la estabilidad social y económica de la región.

Goldfajn hace un llamado a la acción, instando a los gobiernos, el sector privado y la sociedad en su conjunto a trabajar juntos para abordar estas desigualdades. Propone implementar políticas que fomenten la inclusión y la igualdad de oportunidades, así como asegurar que el crecimiento económico beneficie a todos los estratos sociales.

En resumen, la preocupación por las desigualdades en la sociedad actual está en aumento, y es necesario tomar medidas concretas para abordar este problema. Según Ilan Goldfajn, trabajar en pro de la inclusión y la igualdad de oportunidades es fundamental para el desarrollo sostenible de América Latina.

Desde el radicalismo piden que no se elimine el régimen de “Zona Fría” vigente para varios distritos desde 2021, si se modifica 3,5 millones de usuarios sufrirán aumentos en las tarifas de gas entre 30% y 50%.

Los senadora radical Nerina Neumann y el diputado Emiliano Balbín solicitaron al gobierno nacional que no elimine los subsidios otorgados a la Sexta Sección por el régimen de “Zona Fría”.

“De avanzar con la derogación de la norma, el Poder Ejecutivo Nacional perjudicaría a los vecinos de 95 distritos, en un contexto de altísima inflación y ajuste, y encima con el invierno por delante”, dijeron.

Desde el bloque de legisladores de la UCR + Cambio Federal, presentaron declaraciones parlamentarias expresando su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei elimine el régimen de “Zona Fría” para la tarifa de gas y al mismo tiempo solicitaron al Congreso de la Nación Argentina no modificar cuestiones atinentes a Ley 25.565 (Régimen de Zona Fría), y su modificatoria.

“De acuerdo al proyecto de de Ley Ómnibus y actualmente en tratamiento en el Congreso, se encuentra en su articulado la posibilidad de modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios”, señalaron los legisladores y agregaron; “esto pone en riesgo el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas el cual lleva adelante el Régimen de Zona Fría de la República Argentina”

En el año 2021 se aprobó la ampliación del Régimen de Zona Fría y se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2031 el régimen establecido en el artículo 75 de la Ley N° 25.565. 

“Por otra parte se amplió el universo de beneficiarios y beneficiarias del régimen, cuyo mecanismo de financiación permite solventar cuadros tarifarios diferenciales para los servicios de gas natural por redes, gas propano indiluído por redes y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo comercializado a granel en la región”, explicaron.

La ampliación abarcó localidades de bajas temperaturas que no se encontraban alcanzadas hasta el momento, a través del criterio de zonas bioambientales.

“La provincia de Buenos Aires pasó de tener algo más de 11.200 usuarios y usuarias beneficiadas a casi 1,24 millones. Esta cantidad representa un 31% de los usuarios de gas por redes de esta jurisdicción y se estima en más de 3,5 millones de personas (22% de la población). Este beneficio es para 95 distritos de la provincia e implica un 30% o 50% de descuento sobre los cuadros tarifarios”, indicaron Neumann y Balbín.

“La eliminación de este beneficio entonces redundaría en un gran impacto para los bolsillos de la mayoría de los vecinos de la Provincia, en un contexto de altísima inflación y ajuste, y encima con el invierno por delante”, finalizaron diciendo los legisladores radicales.

Fuente: La Nueva

Los mandatarios provinciales que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, rechazaron artículos que implican “una limitación a las facultades de administración de las Provincias hidrocarburíferas”.

Los diez gobernadores de las provincias donde se explotan hidrocarburos se reunieron esta tarde para terminar de consensuar como bloque los cambios y límites que buscan introducir en el capítulo de la Ley Ómnibus de Javier Milei que reforma la regulación de esa industria.

En un extenso, pormenorizado y duro comunicado, enumeraron todas las modificaciones que exigen, con el objetivo de que el Gobierno reconozca en el articulado del proyecto que los recursos y su explotación pertenecen a las provincias. Además, esta noche enviarán una versión reformada del proyecto al secretario de Energía nacional, Eduardo Rodríguez Chirillo, uno de los autores principales de la medida de los libertarios, con quien vienen conversando en privado desde que se conoció la iniciativa.

“Está todo hablado. Acordamos con la mayor parte del proyecto, pero hay cosas importantes para revisar”, deslizó un jefe provincial antes de abandonar el edificio. Sin embargo, los gobernadores no ponen las manos en el fuego por el Gobierno. Chirillo les mostró buena predisposición durante las últimas semanas, pero, como en el caso de los cambios en la reforma de la ley de Pesca, no estarán tranquilos hasta que las modificaciones queden plasmadas en el texto del proyecto que se está debatiendo en los plenarios de comisión de Diputados y que el Gobierno busca aprobar en el Congreso antes del fin de las sesiones extraordinarias, el 31 de enero.

“Ratificamos la defensa del dominio originario de las Provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”, manifiesta el comunicado que firmaron esta tarde para “lograr un marco jurídico para la actividad que dote de mayor previsibilidad y mejorar la generación de empleo”.

En el documento mencionaron varios puntos técnicos pero vitales para los gobernadores, relacionadas con el sostenimiento de las prerrogativas decisorias de cada distrito y con las regalías que ingresan a cada distrito. Pidieron que el pliego modelo del proceso de licitaciones sea “flexible” y “contemple criterios que permitan adaptarse a cada realidad”, así como flexibilizar los plazos de concesión.

Además, rechazaron de manera “total” la derogación del artículo 32 de la ley 17.319 que les otorga a las Autoridades de Aplicación de las Provincias el control, la evaluación y la aprobación de las inversiones. Y solicitaron que no se elimine la potestad de las provincias de otorgar prórrogas al plazo de vencimiento de las concesiones vigentes.

Por otra parte, pidieron que se contemplen mecanismos que aseguren el libre acceso a las instalaciones de procesamiento y transporte para defender el libre acceso a mercados por parte de los productores -más chicos- no integrados a las distintas cuencas. Y demandaron mantener en manos de los concesionarios la determinación y el pago de las regalías; y revisar los artículos que establecen los valores de los cánones de exploración, explotación y las multas, para modificarlos por esquemas y parámetros que se actualicen de manera automática.

Con tenacidad, desaprobaron el artículo que faculta al Ejecutivo para elaborar la legislación ambiental para el sector. “Si bien podemos compartir el objetivo último, entendemos que una legislación de este tipo debe surgir del consenso de las partes y no de la voluntad de un nivel de gobierno sobre el resto”, lanzaron.

Y, en el mismo sentido, cuestionaron la redacción del punto que le brinda al Gobierno nacional la facultad de incrementar, con el argumento de “garantizar la sostenibilidad fiscal”, las alícuotas de los derechos de exportación de las mercaderías con un tope del 15 por ciento. En cambio, pidieron que la alícuota máxima a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos no pueda superar el 8 por ciento actualmente vigente.

Por último, sugirieron revisar el artículo que modifica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), porque -según detectaron en su redacción- descarta los proyectos de explotación hidrocarburífera, y cerraron con una demanda clave para sus economías: que las empresas cedan las áreas maduras de explotación convencional que no están siendo explotadas por “falta de interés estratégico” a las provincias, que se beneficiarían de trabajarlas.

Del encuentro participaron los jefes provinciales de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Neuquén, Rolando Figueroa (que llevó a la titular de Energía y Ambiente); de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Mendoza, Alfredo Cornejo -que se conectó a la reunión por videoconferencia, pero encargó a su ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, que asista de manera presencial- y de Jujuy, Carlos Sadir. En tanto, Gildo Insfrán, de Formosa, mandó a su ministro de Economía, Jorge Ibañez; Gustavo Sáenz, de Salta, a su ministra de Minería, Romina Sassarini; y Claudio Vidal, de Santa Cruz, al titular de Energía, Jaime Álvarez.

Fuente: Política Argentina

La Subsecretaría Legal y Técnica del Ejecutivo Nacional, indicó que el DNU “no contiene informes y/o dictámenes técnicos ni jurídicos previos a su dictado”.

En una contundente iniciativa liderada por el Foro de Sociedades Científicas, OSC y universidades y respaldada por más de 1.600 personas físicas, Asociaciones Científicas, Colegios Profesionales, y Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales y extranjeras, con el patrocinio jurídico, entre otros, de Jonatan Baldiviezo, presentamos el pasado 4 de enero un pedido de acceso a la información pública sobre los antecedentes del DNU 70/2023.

La respuesta de la Subsecretaría Legal y Técnica del Ejecutivo Nacional, a cargo de María Victoria Marcó, fue sorprendente y preocupante. Se indicó que éste DNU “no contiene informes y/o dictámenes técnicos ni jurídicos previos a su dictado”.

Esto se demuestra la ver el Expediente Administrativo en el cual se dictó el DNU 70/2023. En el Expte. Electrónico N° Ex-2023-150185233-APN-DSGA#SLYT el único documento previo al texto del DNU es la carátula. No existe nada más.

En un Estado de Derecho, la legalidad es fundamental. La falta de fundamentación del DNU 70/23 viola este principio esencial que rige la actuación administrativa. Poniendo de manifiesto que este decreto, con potencial impacto sobre derechos fundamentales, carece de la debida fundamentación técnica y jurídica.

Los adherentes a la iniciativa exigen, por lo tanto, que se rechace el DNU 70/2023, ya que su nulidad es evidente al carecer de dictámenes jurídicos, informes técnicos, u opiniones que respalden su dictado lo cual lo constituye en una manifestación clara de arbitrariedad.

El PE Nacional admite que se violó la ley de Procedimientos Administrativos 19.549 (art. 7). El DNU Tiránico contiene más de 360 artículos y deroga y modifica más de 80 leyes y no cumplió ni siquiera la mínima legalidad al violar la ley de Procedimientos Administrativos (art. 7 incisos b y d, y art. 14.b) es también una causal de nulidad.

Estas violaciones legales graves traen aparejada la nulidad del DNU conforme nuestra ley de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549 (art. 14).

“Hemos planteado que el DNU N° 70/2023 resulta inconstitucional por violar la Constitución de la Nación Argentina (arts. 29, 33, 36, 76; art. 75, incisos 18 y 19, art. 99, inciso 3), por constituir el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, por constituir una desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, el derecho a la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.

Ahora con esta información que brinda el Poder Ejecutivo Nacional se corrobora aún más que el DNU tiránico fue elaborado en totalidad al margen de la ley y de la constitución.

LEY N° 19549

ARTICULO 7. Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes:

Causa.

b) deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.

Procedimientos.

d) antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos.

ARTICULO 14.- El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos:

a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta.

b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.

Fuente: observatorio del derecha a la ciudad

El cotitular de la CGT Pablo Moyano advirtió que “debido al aumento de combustibles, alimentos y tarifas hacia marzo se incrementará la conflictividad social”, pidió a los diputados que “tengan la valentía de rechazar el proyecto de ley ómnibus y el DNU”.

A la vez, criticó al Gobierno del presidente Javier Milei por “no tener diálogo ni con los gobernadores ni con la CGT ni ningún sector” y reiteró que la marcha del 24 de enero al Congreso organizada por la central sindical “va a ser muy importante”.

“Todos decimos que en marzo, cuando empiece el colegio, las prepagas, una mochila a $90 mil, se va a ir complicando la conflictividad social”, indicó Moyano por C5N.

Para el gremialista, al “aumento de combustibles y alimentos” se sumará “en los próximos días” también el incremento de “las tarifas y los colegios privados”, una situación con la que, insistió, “se va a incrementar la conflictividad social”.

“Por eso no entendemos como este Gobierno no tiene diálogo ni con los gobernadores ni con la CGT, ni con ningún sector, que son los más complicados con estas medidas. Es un Gobierno, no sé cómo llamarlo, cerrado en sí mismo”, señaló.

Sobre el proyecto de ley “Bases” y el DNU, dijo que “ha atacado no sólo a trabajadores sino a muchos sectores de la sociedad”. Y se mostró “sorprendido” por “cómo va creciendo la bronca” contra la iniciativa del Ejecutivo y pidió a diputados y senadores que lo rechacen en el Congreso.

“Esperamos que aquellos que tengan la posibilidad de rechazar la ley ómnibus y el DNU, que son diputados y senadores, tengan la valentía de no dejarse apretar por el Gobierno, que constantemente dice que son coimeros; que tengan la valentía de rechazarlos”, resaltó.

Moyano respaldó la decisión de la CGT de parar y movilizarse el 24 de enero contra las medidas del Gobierno al afirmar que “la coherencia de toda la vida” de la central obrera es “estar al lado de los laburantes”.

“Si se aprueba esta ley y nos sacan indemnizaciones, nos cierran pymes y nos privatizan las empresas y no hacemos nada, (dicen) “ahí está la burocracia sindical, ¿qué hace Moyano y la CGT?”. Si salimos a la calle, “son muy rápidos y violentos”. ¿Nos quedamos callados “la burocracia sindical”? ¿O salimos a la calle?”, planteó. En esa línea, graficó a la central obrera como “el último muro de contención que tienen los trabajadores”.

“Voy a defender a los compañeros de Télam, a los compañeros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) que están bancando los convenios colectivos de trabajo. Si no hacemos nada somos la burocracia sindical”, remarcó. Y mencionó también el caso de Aerolíneas Argentinas y “aquellas empresas que hoy son botín de guerra para amigos empresarios”.

Sobre las multas al Sindicato de Camioneros y otros gremios por las protestas a Tribunales y a Plaza de Mayo, Moyano las consideró “una ridiculez más” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y recordó que en el Gobierno de Mauricio Macri recibió una intimación por $1.000 millones que “fue desestimada por la Justicia”.

De sus críticas a la dirigencia del Partido Justicialista, Moyano recalcó que se debe “discutir” en el espacio para luego “ser nuevamente una alternativa de gobierno dentro de cuatro años”.

“Sergio (Massa) estuvo reunido cinco horas con la CGT. También se comprometió a ser parte de la reorganización del peronismo. Con Alberto (Fernández) también estuve charlando. Lo importante ahora es el 24, después discutiremos, nos encerraremos en una oficina, nos diremos todo y saldremos rápidamente a ser nuevamente una alternativa de Gobierno dentro de cuatro años”, explicó.

Fuente: Línea Sindical

La jueza Capuchetti sostuvo que “no existen pruebas” contra el peluquero, el jugador de ping pong, ni el delirante a los que la ministra Patricia Bullrich involucró en la presunta planificación de un atentado en Buenos Aires.

El falso show antiterrorista de Patricia Bullrich terminó como un gravísimo papelón. La inverosímil historia fue desarmada finalmente por la jueza María Eugenia Capuchetti en un fallo de 22 páginas por el que dejó en libertad a los supuestos terroristas: un peluquero de Avellaneda, un jugador de ping pong y un delirante del microcentro que alardeaba de ser mercenario y agente de la Embajada de Estados Unidos.

Bullrich convocó a una conferencia de prensa el 3 de enero para anunciar, con bombos y platillos, que se había detenido a una célula que preparaba un atentado similar al de la AMIA. Minutos más tarde, el vocero presidencial, Manuel Adorni, no se perdió la oportunidad y felicitó a la ministra en nombre de Javier Milei. Pero tras una investigación de 15 días, la Justicia no tuvo más remedio que concluir que “no hay pruebas” del disparatado complot elucubrado por la Ministra.

La ministra había dicho que la Policía Federal, la Gendarmería y el Ministerio de Seguridad lograron desarmar “una asociación criminal trasnacional que se disponía a cometer un atentado en Buenos Aires”. En el marco de la investigación, fueron detenidas tres personas que Bullrich se negó a identificar. De entrada, filtraron a los medios que el dato de que habían ingresado a la Argentina tres sirio-libaneses que eran los que iban a perpetrar el ataque. Falso. Uno sólo de los detenidos llegó del exterior: Naem Chatay Chassan, de 67 años, que durante décadas vivió en Venezuela y con la crisis se mudó a Colombia. Vino a la Argentina con el plan de instalar un gimnasio en el que daría clases de tenis de mesa (ping pong) que es una de sus actividades en Bogotá. Chassan, además, es dueño de una perfumería en la galería Veracruz de la capital colombiana.

El segundo detenido, que no es sirio libanés ni vino del exterior, fue Juan Manuel Ledesma, al que le dicen El Rubio, un marginal que finge ser mercenario, agente de inteligencia y periodista. Es el que armó toda la historieta. El Rubio se enteró por un amigo conserje del hotel Gran España, que existía una reserva de una persona de origen sirio-libanés con pasaporte colombiano. Esos dos datos —origen sirio libanés y pasaporte colombiano— despertaron la imaginación de El Rubio y, por lo tanto, alertó a un amigo integrante de la Policía Federal, Maximiliano Gerez. Mientras se daba manija con esa sospecha, fue a cortarse el pelo a una peluquería de la avenida Rivadavia 919. Ahí, la dueña, Rubí, le contó que un muchacho estaba en un problema, iba a recibir un paquete de 35 kilos desde Yemen y que no quería recibirlo. El Rubio juntó todos los elementos y, todo indica, llamó de manera anónima al 911 y a la Embajada de Israel, diciendo que el sirio-libanés, con el paquete de explosivos venido de Yemen, atacaría algún edificio de la comunidad judía. En lugar de investigar con cautela, Bullrich armó su espectáculo.

El tercer personaje de la fábula es, precisamente, el peluquero del supuesto paquete, Ramón Alberto Domínguez, que tampoco es sirio libanés ni vino de ningún lugar: vive en Avellaneda. El muchacho se puso a chatear hace meses con una mujer, ésta le dijo que era norteamericana, que quería venir a la Argentina y que le iba a mandar un regalo. La Unidad Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal calificó el asunto como “una típica estafa”. Porque poco después llamaron al peluquero y le dijeron, de manera amenazante, que debía retirar el paquete y pagar 900 dólares. Por supuesto que la investigación determinó que no existió paquete alguno, era una maniobra para sacarle ese dinero.

Fuente: El Ancasti.

El secretario General del Sindicato de Canillitas y secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT dio sus impresiones sobre el primer paro de la CGT a Javier Milei.

“El presidente dice que va a todo o nada como si fuera una monarquía, no hay razón alguna para que frenemos lo del 24, al contrario va a ser multitudinario” va a ser multitudinario porque hay un descontento muy grande en la sociedad”, en relación a la movilización sostuvo: “Cada acción genera una reacción y esto va a pasar el 24” 

“Muchos de lo que lo votaron empiezan a mostrar su disconformidad” 

“El ajuste lo está pagando el pueblo, yo no creo que muchos de los que lo han votado hoy estén diciendo lo mismo, se deteriora a pasos agigantado tu calidad de vida”, “nosotros ya estamos convocando a los empresarios para las paritarias” 

“La CGT estuvo activa desde el primer momento, hicimos un plan de lucha, esto es una responsabilidad en conjunto y los legisladores tienen una gran responsabilidad” 

En relación a la ministra de seguridad sostuvo: “Lo que plantea Bullrich lo tenía pensado, lo escribieron, lo pusieron, eso no lo dejo pasar, es gravísimo”. “No espero nada de la Ministra de seguridad, ella lo que quiere es criminalizar la protesta” 

Plan económico:

Sobre el proyecto de Ley Ómnibus y el DNU, afirmo: “Los diputados que voten a favor se lo van a tener que explicar a la población mirándola a los ojos” .“Acá no hay un plan económico ni político, hay un plan empresario” 

Para finalizar el dirigente sindical hizo referencia a la situación actual del peronismo:

“Hay que dar un debate interno en el peronismo, primero discutamos porque llegamos a esta instancia y después los liderazgos”.

Fuente: Gente BA

El abogado ambientalista Enrique Viale, denunció durante un plenario de comisiones del congreso a los benefactores directos del proyecto de ley ómnibus de Milei.

El eproyecto de Ley Ómnibus sigue generando polémica, en este caso se trata del capitulo ambiental de la misma, en dicho contexto y durante un reciente plenario de comisiones del Congreso abocado al tratamiento y discusión de los contenidos de dicho proyecto, el abogado ambientalista Enrique Viale, denuncio: “Las regresiones ambientales (sobre la Ley de Glaciares, Bosques y Quema) del proyecto de Ley Ómnibus tiene nombre y apellido”, comenzó diciendo el abogado ambientalista durante el plenario de comisiones del Congreso Nacional. Durante la exposición el abogado apuntó primero contra el magnate y padrino del presidente Javier Milei: “Con el cambio en la Ley de bosques perdimos 8 millones de hectáreas, una provincia como la de Entre Ríos desde que se autorizó la soja transgénica” y continuó: “Pero tiene nombre y apellido esto, Eduardo Elsztain, ese donde el presidente esta alojado, el padrino del presidente, es dueño de CRESUD, el mayor terrateniente de argentina, casi un millón de hectáreas tiene.. desmonto, -CRESUD, Eduardo Elsztain y el que pide que se cambie la ley de bosques a su medida-, 120.000 hectáreas ya desmontó, seis veces la ciudad de Buenos Aires.

Luego apunto directamente contra el ex presidente Macri:

“Otro beneficiado, Mauricio Macri a través de SOCMA, fincayuto ya desmontó 6000 hectáreas… y quiere desmontar 10.000 más, y este proyecto se lo hace a medida Mauricio Macri”.

Otro funcionario mencionado durante la exposición fue el actual ministro de economía Luis Caputo:

“Otro, Luis Caputo, ministro de economía de la nación, ya desmonto 500 hectáreas en Santiago del Estero, y tiene miles de hectáreas para desmontar”.

En cuanto a la Ley de Glaciares advirtió: “pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, la reforma tiene nombre y apellido y es Barrick Gold, que lo viene pidiendo hace años, lo escribieron los abogados de Barrick Gold el cambio en la Ley de Glaciares“.

Las regresiones ambientales (sobre la Ley de Glaciares, Bosques y Quema) del proyecto de Ley Ómnibus tiene nombre y apellido:

Eduardo Elsztain, Mauricio Macri, Luis Caputo y Barrick Gold.

Parte de mi participación hoy en el Plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/qyt4iwd9Zv

— Enrique Viale (@EnriqueViale) January 15, 2024

Este lunes el vuelo salió desde Aeroparque rumbo a Chubut, pero debió volver de urgencia a Ezeiza “porque se le rompió el parabrisas”.

Luego de acumular varias quejas por cancelaciones, pasajeros varados y reprogramaciones de vuelos durante los últimos días, la empresa Flybondi sumó la rotura de un parabrisas en uno de sus aviones.

Los usuarios en las redes sociales manifestaron que este lunes un avión que se dirigía a Puerto Madryn, salió desde Aeroparque y tuvo que volver al aeropuerto de Ezeiza ya que se le rompió el parabrisas. 

A raíz de esta queja, más pasajeros que resultaron afectados por el inconveniente sumaron su comentario. El vuelo fue reprogramado para las 17 horas pero a pocos minutos de la hora estipulada no había movimientos. En la web oficial figuraba como vuelo cancelado. 

Se pudo saber del inconveniente a través de la red social X cuando los clientes de la aerolínea “low cost” expresaron su descontento. 

El vuelo se reprogramó para las 17 horas, aunque en la web figura como cancelado. 

Fuente: Red43