Las petroleras ya no deberán pedir permiso para exportar ni importar petróleo, gas y combustibles. Los riesgos del desabastecimiento y el impacto en los precios.

El mega DNU que dio a conocer anoche el presidente Javier Milei para desregular la economía argentina, plantea la liberación total del mercado de los hidrocarburos, con la eliminación de las trabas a las exportaciones de petróleo y gas de Vaca Muerta, que como contracara significa la desprotección del mercado interno, el fin de la política de autoabastecimiento y precios internacionales para los consumidores.

La reforma que tendrá impacto directo en el mercado de los hidrocarburos quedó establecida en el Artículo 142 del DNU, que sustituye el artículo 609 del Código Aduanero (Ley N° 22.415). Se establece que ”el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos. Solo se podrán realizar por Ley”.

Ese artículo del Código Aduanero indicaba que el Estado podía establecer prohibiciones para:

a) asegurar un adecuado ingreso para el trabajo nacional o combatir la desocupación;

b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior;

c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o vegetales;

d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno;

e) atender las necesidades de las finanzas públicas;

f) proteger los derechos de la propiedad intelectual, industrial o comercial;

g) resguardar la buena fe comercial, a fin de impedir las prácticas que pudieren inducir a error a los consumidores.

En la práctica, la reforma significa que las productoras de Vaca Muerta podrán exportar petróleo y gas libremente, poniendo fin a la lógica que regía en el acto normativo, de privilegiar el autoabastecimiento interno.

Mientras que las refinerías también darán habilitadas a importar crudo o combustibles sin ningún tipo de restricción.

“Manos atadas”

Consultado por +e, el consultor y ex subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Juan José Carbajales, señaló que “lo que están diciendo es ‘me voy a atar las manos como Poder Ejecutivo y no voy a restringir exportaciones por motivos económicos’. Podría hacerlo por motivos extra económicos, y ahí cita soberanía nacional, política internacional, defensa nacional, salud pública, preservación del ambiente, etc, pero no por motivo económico y explícitamente dice ‘no voy a alegar motivos de estabilización de precios internos a niveles convenientes o mantenimiento de volumen de oferta adecuada a los necesidades de abastecimiento al mercado interno”.

Para Carbajales, la reforma significa un “cambio radical” para el mercado y la política energética de la Argentina. “Vamos de un extremo al otro”, consideró y agregó que se dejarán liberados los precios de los combustibles en surtidor. “Vamos a ser como Uruguay, que paga hasta dos dólares el litro de nafta o Chile, que paga todo precio internacional. Es como decir ‘si querés comer lomo, pagá lo que vale en Europa’. Y todo eso aplica al gas también, al las garrafas, por ejemplo”.

No pedirán permiso

Si bien consideró que la medida beneficiará a las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta, que hoy deben pedir habilitaciones mensuales a la secretaría de Energía de la Nación, “se podía tomar un camino más más tranquilo, como hacer permisos de exportación más largos, mecanismos más racionales”.

Ejemplificó que las exportaciones de petróleo a Chile por Otasa y de gas ya cuentan con permisos de un año de plazo.

“Esto afecta a la seguridad nacional, lo van a tener que empezar a disfrazar por otro lado porque te da vuelta al país. Lo hemos visto con países de la región y sin llegar a extremos. En Brasil, donde hay precios altos y tenés Petrobras, una compañía que se maneja de manera profesional, cuando las papas quemaban empezaron a cambiar los presidentes de la empresa. Bolsonaro cambió tres veces presidente”, agregó el titular de la consultora Paspartú.

Según la concepción desreguladora del gobierno de Milei, el Estado no se involucrará en los precios del petróleo y los combustibles, que quedarán supeditados a las negociaciones entre las productoras de crudo y las refinerías. La idea es que YPF ya no sea utilizada como herramienta política para contener los precios en los surtidores como sucedió en el gobierno de Alberto Fernández. Desaparecerá el “barril criollo”, que en los últimos años marcó un precio interno del crudo desanclado del internacional. El objetivo es que el consumidor argentino pague el precio export parity.

El único amortiguador entre los valores internacionales y el mercado interno serán las retenciones, que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que ascenderán del 8% actual al 15%, de manera transitoria.

También está la idea de los asesores energéticos del gobierno de modificar el régimen impositivo de los combustibles, un mecanismo que podría desanclar los precios internos de los vaivenes externos.

Fuente: Mas Energía

El gobierno bonaerense firmó un convenio para la ejecución de una obra eléctrica que beneficiará a más de 370 mil vecinos de los municipios de 9 de Julio, Bragado, Mercedes, Luján, Carlos Casares, Pehuajó y 25 de Mayo, entre otros.

Mientras que el Gobierno de Javier Milei repite como un mantra el lema “no hay plata” y sus fanáticos y fanáticas se compran merchandising del ajuste fiscal, la Provincia de Buenos Aires salió a desafiar esta política de la motosierra sobre los más necesitados y anunció una megaobra en materia energética.

Se trata de un acuerdo que firmó la gestión de Axel Kicillof para la ejecución de una obra eléctrica que beneficiará a más de 370 mil bonaerenses de los municipios de 9 de Julio, Bragado, Mercedes, Luján, Carlos Casares, Pehuajó y 25 de Mayo, entre otros tantos que están en sobre la Ruta 5.

En diálogo con AM750, el subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, explicó que tiene el objetivo de robustecer el sistema eléctrico que hace años no se mejora de manera consistente con el crecimiento sostenido de la demanda.

“Es una obra muy grande. Lo que nos queda ahora es sobre esa gran línea, empezar a hacer que lleguen a cada una de las localidades. Ayer se inició el proceso de licitación y la cooperativa 9 de Julio. Va a tener impacto en toda la zona de Ruta 5”, precisó.

Y, sobre el financiamiento en épocas en las que el Gobierno nacional busca promover un brutal ajuste sobre el pueblo, explicó que será con una lógica contraria a la de la privatización de la obra pública.

“Con las privatizaciones, y es lo que pretende el Gobierno, se busca dejar del lado de la demanda el financiamiento. Que los usuarios paguen las obras. Lo que demuestra la historia es que eso no sucede”, explicó Ghioni.

A lo que añadió: “Como no sucedía, se creó un agregado tarifario que se administra y se pueden hacer las obras. Hoy los usuarios, con apoyo del Tesoro y fondos internacionales que estamos consiguiente, estamos llevando adelante el plan de obras”. 

Fuente: Pagina 12

Profesionales aseguran que el documento puede considerarse “inconstitucional”. Y que además “no hay urgencia” para avanzar sobre estos temas.

Daniel Sabsay, profesor universitario y especialista de esta rama del derecho, aseguró directamente que el decreto es “inconstitucional” y advirtió sobre los riesgos de que esto se termine judicializando. “No existen las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para el dictado de un DNU”, dijo el letrado en declaraciones radiales.

Sabay confesó que votó y apoya al libertario, pero eso no es motivo para reconocer los errores o “malos manejos” que puede llegar a tener el jefe de Estado.

 “Si uno observa lo que se da como marco para el dictado de este DNU, no cierra por ningún lado. Además, han irrumpido, en materia fiscal, el Código Aduanero, que son los impuestos exteriores a la exportación. Si bien dicen que es una parte, que es procedimental, un código es un todo, no se lo puede despiezar para de esa manera hacer lo que yo quiero, se lo destroza”, sostuvo.

En este mismo sentido se expresó el abogado y convencional constituyente en 1994, Antonio María Hernández. Además de considerar “inconstitucional” al documento, teniendo en cuenta que estas medidas deberían haber pasado por el Congreso, el profesional sostuvo que “el Ejecutivo no puede en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. “Esto tiene que ver con el equilibrio de los Poderes”, expuso. Y remarcó que por el artículo 99 de la Constitución, lo enunciado por Milei debe pasar sí o sí por el órgano legislativo, dado que el DNU “solo puede ser dictado en situaciones extraordinarias”.

Días atrás y como anticipándose a los hechos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Horacio Rosatti, había advertido días atrás que las futuras medidas adoptadas por la nueva administración nacional debían quedar delimitadas y declaró que en caso de que eso no sucediera “el juez tiene que tener mucha prudencia y mucha sabiduría para saber qué es lo que puede controlar y qué es lo que no puede controlar”. En una entrevista por LN+, el juez de la CSJN aclaró que los magistrados no pueden intervenir sobre “el plano de la decisión política”. “¿Qué controlamos nosotros? Nosotros controlamos procedimientos y efectos o contenidos de la decisión”, indicó.

Por lado del letrado Andrés Gil Domínguez, se manifestó por su cuenta de X por qué el DNU no es constitucional.

“La división de poderes se basa en una fórmula muy sencilla: el Poder Legislativo sanciona leyes, el Poder Ejecutivo administra y el Poder Judicial resuelve casos. Todos bajo el imperio de la fuerza normativa de la Constitución y los tratados sobre derechos humanos. El Poder Ejecutivo no puede ejercer funciones legislativas bajo pena de nulidad absoluta e insanable porque viola la división de poderes, tal como lo expresa el art. 99 de la Constitución. En otras palabras, si lo hace, la norma legislativa se considera inexistente”, afirmó el abogado.

No conforme con lo dicho, Gil Domínguez advirtió que “cuando a través de los DNUs se intenta sustituir integralmente al Congreso en su función legislativa, entonces mediante el desvío de poder y el abuso de derecho público se injudiciaenta obtener la suma del poder prohibida por la CA en el art. 29 y considerada traición a la patria”.

Con una mirada más cercana a la oposición, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, aseguró que no es legal el DNU dictado por el Gobierno y significa un “golpe de Estado Constitucional”.

Barcesat, es cercano al kirchnerismo y en una entrevista en Radio 10 enfatizó que “Lo que es más grave es que la dimensión que tiene este megadecreto constituye un golpe de Estado Constitucional porque vacía de facultades y usurpa las atribuciones que el texto constitucional discierne en favor del Poder Legislativo, que es el primero de los tres poderes del Gobierno federal que regula la Constitución. El Congreso es el que representa mejor el mapa político del país”.

Por último, Félix Lonigro tildó al decreto de “institucionalmente inmoral” pero que está dentro del marco constitucional. A su vez, señaló que la discusión se encuentra sobre cuáles de todos los artículos son de necesidad y urgencia y cuáles no.

“El presidente tiene motivos para pensar que existe necesidad y urgencia. Hay otra cuestión, ¿se puede plantear la inconstitucionalidad porque son muchos temas en un solo DNU? Bueno, en todo caso no es la inconstitucionalidad, es la ilegalidad, aunque tampoco habría ilegalidad porque, ¿qué ley está violando? No diría que es inconstitucional ni que es ilegal, esto de que en una sola norma haya tantos temas. Yo diría que sería institucionalmente inmoral”, finalizó.

La consultora Taquion, que monitorea el ecosistema digital, analizó las primeras reacciones de usuarios tras la cadena nacional de Milei, resultado: amplio rechazo y poca paciencia.

Pero el territorio digital también se vió copado por la discusión que hoy tiene en vilo al país. La consultora Taquión, que tiene entre sus principales servicios el “social listening” en redes sociales sobre temas que interpelan al grueso de la sociedad, publicó un informe con datos en torno a cómo se dio la conversación digital tras el anuncio del Presidente.

El DNU tuvo entre el 20 y el 21 de diciembre un total de 1.8 millones de menciones en el entorno digital argentino. “Este volumen es mayor al de la asunción presidencial, que registró 1.1 M de menciones”, explica el informe de Taquion para poner en dimensión la relevancia que la sociedad argentina le dio al tema.

A su vez, la propia figura de Milei generó una mayor repercusión en redes en las horas posteriores al anuncio del DNU que en los días de la primera y la segunda vuelta electoral. “El 20 de diciembre la figura de Javier Milei cosechó 1.4 M de menciones, un volumen mayor al de su conversación en las elecciones generales (740 K) y el balotaje (1.2M K)”.

El sentimiento que Taquion relevó de su monitoreo de la conversación digital en torno al DNU fue predominantemente negativo. El 56% de las menciones fueron negativas, un 14% neutrales y un 30% positivas, reflejando un núcleo duro que el Presidente parece tener consolidado en su apoyo. Las críticas rondaron mayoritariamente en torno al “avasallamiento al Congreso”, la “legalidad del DNU” y el posible impacto en el precio de los alquileres.

En línea con esto, el informe de la consultora destaca que en las 24 horas posteriores al anuncio “las búsquedas en Google Argentina al término ´Cacerolazo´ superaron ampliamente a aquellas acerca de la figura del Presidente, el DNU y la Cadena Nacional”. La consultora registró que unos 232 mil usuarios hablaron acerca de este tema en las redes, con un pico a las 21:40 horas del miércoles. Las búsquedas estuvieron mayormente centradas en los motivos de los cacerolazos y las zonas en las que se desarrollaron.

Profundizando en el análisis de las búsquedas en google, Taquion encontró que los temas centrales asociados a las búsquedas en torno a Milei fueron la derogación de la Ley de Alquileres, en contenido completo del DNU y las prepagas y obras sociales. Allí se expresaron, para la consultora, las principales preocupaciones de la sociedad en relación al anuncio del Presidente.

Junto a Milei, otro personaje que emergió en la conversación digital fue Federico Sturzenegger. La consultora registró un 57% de menciones negativas alrededor de la figura del ex funcionario de De la Rúa y Macri. Justamente, las críticas hacia el padre intelectual del DNU giraron en torno a su responsabilidad en el Megacanje del 2001 y la creación de las Lebacs y las Leliqs durante su presidencia del Banco Central entre fines del 2015 y el 2018.

Taquion acompañó el informe sobre la conversación digital en torno al DNU con los resultados de una encuesta elaborada para medir las expectativas de la sociedad en relación al contexto de ajuste económico y las perspectivas de futuro. “Antes de conocerse el DNU registramos altos niveles de tolerancia al ajuste y apoyo al Presidente” dijeron desde la consultora.

Efectivamente, según el estudio, el 72,3% de los argentinos se mostraban conscientes de que el ajuste los pagarían todos los ciudadanos, y un 47,4% afirmaba estar dispuesto a hacer sacrificios por la economía del país. Sin embargo, esos datos fueron acompañados con una mención sobre cuánto tiempo le brindará la sociedad a Milei como tolerancia al ajuste y a la espera de resultados positivos para la economía.

Un 25,4% respondió que su tiempo de tolerancia era de entre 1 y 2 meses. Un 29,6% dijo que aguantaría entre 2 y 6 meses. El 28% se inclinó por esperar entre 6 meses y un año. Así, la consultora agrupó a un 83% de sus encuestados dentro del año de tolerancia al ajuste de Milei, aunque también podría decirse que un 55% encuentra su límite en los 6 meses. Sólo un 10,2% respondió estar dispuesto a esperar entre 1 y 2 años y 6,8% más de 2 años.

Fuente: Diagonales.

La derogación de la Ley Nacional de Manejo del Fuego que prometió Javier Milei eliminará la protección de los ecosistemas quemados intencional o accidentalmente y restringirá el presupuesto para enfrentar incendios forestales.

Sólo en 2022 los incendios arrasaron más de 700 mil hectáreas en todo el país, de acuerdo con datos oficiales. Aunque por Cadena Nacional el Presidente prometió que daría de baja la regulación, en el DNU no aparece ninguna mención al tema.

Qué es la ley de Manejo del Fuego

La normativa fue aprobada por el Congreso a finales de 2012 y tuvo un rol clave a la hora de establecer presupuestos mínimos para la protección del ambiente respecto de los incendios forestales y rurales. 

Además, creó el Sistema Federal de Manejo del Fuego, con el objetivo de proteger y preservar el ambiente del daño generado por incendios, garantizar la seguridad de la población ante incendios y establecer herramientas para que el Estado intervenga en el combate de los focos activos.

En 2020, la normativa fue modificada por el Congreso a partir de un proyecto impulsado por Máximo Kirchner que amplió la protección de los ecosistemas al prohibir que se realizan modificaciones en el uso de superficies afectadas por incendios forestales intencionales o accidentes por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales; y por 30 años para zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales.

Aquella reforma fue clave como herramienta para ponerle un límite a la avanzada del lobby inmobiliario y de ampliación desmedida de la frontera agropecuaria, con un modelo que se repitió y agravó en la última década: incendios en humelades, bosques y grandes pulmones con el objetivo de “limpiar” las tierras y volverlas aptas para el pastoreo de animales o para la construcción de emprendimientos como countries exclusivos, barrios u hoteles que, casualmente, ofrecen la cercanía y el acceso a la naturaleza como “plus”.

Como ocurrió en los últimos años en la Patagonia, la provincia de Córdoba, las islas del Delta del Paraná o Corrientes, la especulación inmobiliaria y el avance de la frontera ganadera aparecen como las principales motivaciones de los incendios en los humedales del Paraná. El 95 por ciento de los focos de incendio son intencionales: se prende fuego para desmontar y se afectan humedales y bosques para incorporar esas tierras a una actividad productiva.

En el caso del Delta del Paraná, en tren de ampliar la frontera ganadera los productores buscan “pampeanizar” el territorio para el pastoreo de animales, según datos de la Multisectorial por los Humedales, que estableció que en los últimos años se quintuplicó la carga ganadera de los humedales. 

¿A dónde llevaría la derogación de la ley de Manejo del Fuego?

Expertos consultados por Página|12 coinciden en que derogar parcial o totalmente la ley de Manejo del Fuego traerá dos grandes perjuicios: por un lado, podría eliminar la alícuota del 3 por ciento a las pólizas de seguros para financiar el sistema de forma permanente y con fondos exclusivos garantizados por ley. Por el otro, eliminará la modificación a la ley sancionada en 2020 que prohíbe la incorporación de tierras quemadas a la actividad productiva.

“Es de presumir que la intención de este gobierno sea suprimir esta decisión para permitir que se utilicen las tierras quemadas”, dijo a este medio un exfuncionario del Ministerio de Ambiente, que advirtió por las “consecuencias nefastas” ya que nadie sancionaría la “bestialidad ambinetal”, ya que la utilización productiva dejaría sin efecto la posibilidad de restaurar los ecosistemas originales.

La clave es qué hará el Poder Ejecutivo con su rol de denunciante ante incendios forestales. A pesar de los cuestionamientos que ha recibido, en los últimos años, el Ministerio de Ambiente hizo algunas presentaciones ante la Justicia federal por incendios intencionales y hasta apuntó con nombre y apellido a algunos de los propietarios de los terrenos que se prenden fuego como antesala de desarrollos productivos. El propio exministro Juan Cabandié llegó a mencionar que la familia del exministro menemista Roque Fernández (uno de los que integró el equipo económico de Milei) estaba detrás de uno de los focos.

La política ambiental aún es un enigma del Gobierno de Javier Milei, quien en decenas de ocasiones insitió en que el cambio climático es un invento del socialismo. En el caso de los incendios forestales, es de prever que si se limita el presupuesto para apagar las llamas y se elimina la protección, los focos, naturalmente, volverán a ir en aumento. 

Todavía no se conocen los datos de 2023, pero sólo en 2022 hubo más de 723 mil hectáreas afectadas, el doble del registro de 2021 de acuerdo con información oficial, que desde la asunción del nuevo gobierno escasea. Postales de la “nueva argentina”: desde el 9 de diciembre no se publica el reporte diario de incendios.  

Fuente: Pagina 12

La canciller de Javier Milei aseguró que, tal como establece del DNU de desregulación, se podrán acordar transacciones en Bitcoin, en cualquier moneda o en especies.

Las medidas de desregulación económica anuncias por el presidente Javier Milei permitirán que los contratos puedan pactarse en cualquier moneda designada, desde las criptomonedas a los kilos de novillo o litros de leche, aseguró este jueves la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino.

“Ratificamos y confirmamos que en Argentina se podrán pactar contratos en Bitcoin”, aseguró la canciller Mondino, economista de profesión, en un mensaje publicado en su perfil oficial en la red social X (antes Twitter), refiriéndose a una de las criptomonedas más conocidas y negociadas.

Y también cualquier otra cripto y/o especie como kilos de novillo o litros de leche.

Art 766. – Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene.

— Diana Mondino (@DianaMondino) December 21, 2023

Posteriormente, la jefa de la diplomacia argentina añadió en otro mensaje que se podrá utilizar “cualquier otra cripto (criptomoneda) y/o especie como kilos de novillo o litros de leche”.

Además, la economista reprodujo un artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, reformado por el decreto de Milei, en el que se especifica que “la obligación del deudor es entregar la cantidad correspondiente de la moneda designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene”.

De esta forma podrán utilizarse métodos de pago tradicionales como el dólar estadounidense, el euro o el yuan chino, pero también criptomonedas o pagos en especie.

Empresas de medicina prepaga comenzaron a informar hoy a sus asociados aumentos del orden del 40% en el valor de sus cuotas a partir de enero próximo, a la luz de las decisiones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno nacional.

“Atento a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y contenida en el DNU Nro. 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el día 20 de diciembre del corriente, corresponde informarle que a través del mismo se posibilita la recomposición de los precios de los planes vigentes a los fines de cubrir los desfasajes de costos producidos fundamentalmente en los últimos meses como consecuencia de diversos factores”, indica una comunicación de Swiss Medical distribuida esta mañana a sus afiliados.

Allí, se señala que “se procederá a incrementar el valor de las cuotas del mes de enero del 2024 en un 40 % calculado sobre el valor de la cuota del mes de diciembre de 2023, prorrogando la fecha de vencimiento de la cuota para el día 22 de enero 2024”.

“En tal supuesto, dicho incremento incluirá el que le fuese informado en el mes de noviembre próximo pasado”, agrega.

Del mismo modo, la prepaga Omint comunicó a sus afiliados un aumento de 40,80% que se aplicará para las cuotas con vencimiento en enero.

El incremento -justificaron- se fundamenta en la “importante devaluación del peso respecto al dólar transcurrida durante el último mes que se reflejó en insumos, medicamentos y prótesis, entre otros; el aumento paritario suscripto entre las Cámaras que representan a los efectores y el sindicato que nuclea a los empleados de sanidad”, y “el gran desfasaje que se ha producido entre los aumentos de cuota autorizados por el Índice de Costos de Salud y la inflación real reflejada entre otros indicadores por el Índice de Precios al Consumidor”.

Omint aclaró que “los valores de los reintegros y copagos” también serán “adecuados en la misma proporción”.

Al igual que Swiss Medical, la firma respaldó el aumento en del DNU 70/23.

Ayer, tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial -cuyo contenido fue anunciado la noche del miércoles por el presidente Javier Milei por cadena nacional- el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señaló que el sistema de medicina prepaga, como venía funcionando, “iba a chocar contra una montaña”, y recordó que en enero entrará en vigencia un aumento de entre 40% y 50% para los afiliados de prepagas.

“Los costos iban por el ascensor y las actualizaciones (de las cuotas) por la escalera, lo que generaba un deterioro descomunal. En la Unión Argentina de Salud (UAS) vamos a hacer una reunión en las próximas horas donde nos vamos a juntar para, primero, definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante”, señaló ayer el empresario.

Además, sostuvo que “el aumento promedio de atraso para amortiguar parcialmente los impactos va a estar entre 40% y 50% en enero”, y consignó que “esa fórmula fue armada para una inflación del 3% mensual y no para una del 25% o 30%” como sucede en la actualidad.

Fuente: Télam

Las ventas en los comercios se desplomaron a la mitad y el traslado de precios a las góndolas se daría después de las Fiestas.

Las primeras estimaciones de los abastecedores de carne -que en los hechos ofician como intermediarios entre el mercado de hacienda de Cañuelas y el mercado minorista- dan cuenta de una profunda caída en las ventas en los pequeños comercios. Ese verdadero derrumbe alcanza al 50% en las últimas jornadas, posteriores a las fuertes subas de los precios.

El kilo de asado llegó a los $8.000 promedio de los negocios de la ciudad de Buenos Aires, con picos de $10.000 en algunos barrios para los cortes de novillito y ternera.

“La gente no está convalidando esos precios”, dice a iProfesional el ingeniero Andrés Costamagna, consultor del mercado de la carne y productor.

Los precios ya empezaron a caer en el mercado de Cañuelas. La hacienda en pie, que trepó a $2.200 por kilo la semana pasada, cedió un 22% en las últimas dos jornadas. Ya vale un promedio de $1.700. Y puede retroceder más, según advierten los productores.

“Los precios van a empezar a caer en los comercios de barrio a partir de la próxima semana”, adelantó Costamagna en su diálogo con iProfesional.

A cuánto estará el asado

El precio de $2.200 por kilo de hacienda en pie es un valor récord para los últimos años, en relación al dólar. Equivale a u$s2,75, bien por encima del promedio de u$s1 de la última década.

El consumo de carne, que venía en recuperación en los últimos dos años, ahora se redujo de golpe ante la escalada de los precios.

“Los frigoríficos se quedaron con stock porque venden menos de lo previsto para las Fiestas. Hubo consumidores que adelantaron sus compras y llenaron las heladeras. Por otro lado, por los cortes de luz hubo grandes frigoríficos que tuvieron pérdidas después de la tormenta del fin de semana”, relató Costamagna.

“Nadie quiere convalidar el kilo de asado a $8.000 u $8.500. El precio podría caer a un rango de $6.000 a $7.000 en los próximos días“, estimó el experto.

Más allá de lo que está sucediendo con el nicho de la carne -que en la Argentina es emblemático del consumo pero que también sirve como referencia para el resto del mercado- es si esta reversión que empezó a notarse en ese rubro se trasladará a otros.

Es decir: si las grandes empresas formadoras de precios que se envalentonaron en las últimas semanas con fuertes subas en los precios -en medio de la incertidumbre y la devaluación-, ahora se verán obligadas a retrotraer algunos valores ante la caída en las ventas.

“Van a aparecer las promos en los supermercados y en los comercios”, analiza el vocero de una gran cadena de supermercados ante la consulta de iProfesional.

Fuente: Iprofesional

“Vamos hacia una sociedad donde visualizamos una verdadera bandera de remate del Estado nacional”, aseguró el presidente de Apyme, Gustavo Casciott, sobre las medidas que anunció Javier Milei.

El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Gustavo Casciotti, consideró etse jueves que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei “es un jaque mate para la industria nacional y para el mercado interno”.

Casciotti aseguró que estas medidas pretenden “barrer leyes que le otorgan al Estado el poder y la facultad de propiciar equidad para favorecer el desarrollo de la industria nacional todo este plexo legal se pretende borrar de un plumazo, y entendemos que vamos hacia una sociedad donde visualizamos una verdadera bandera de remate del Estado nacional”.

“Estamos frente a un paquete de emergencia que crea la emergencia”

Lo aseguró el titular de APYME, Gustavo Casciotti, sobre los anuncios del ministro de Economía Luis Caputo. Se “prevé un ajuste liso y llano de la economía real” y por consiguiente “el ciudadano común va a estar…

— APYME (@APYME_INFO) December 16, 2023

“Lo que le pasa a la pyme es lo que le pasa a la comunidad y a la gente porque más del 75% del empleo formal es responsabilidad de las pymes porque tejen tejido social y económico en cada localidad y barrio, y siempre hemos estado expuestos a los vaivenes de los contextos económicos”, indicó Casciotti en la mañana de este jueves en declaraciones a radio Provincia.

Agregó que “las pymes somos sumamente sensibles a lo que pasa en la comunidad y a las políticas públicas de los gobiernos de turno, es por eso que sabemos que las recetas de corte liberal que propician un Estado ausente y donde prime el libre juego de la oferta y la demanda para la fijación de las condiciones económicas han fracasado históricamente”.

Aseveró que “son recetas viejas cuyos resultados ya los hemos vivido y han generado más pobreza, indigencia y han pulverizado la industria nacional. Los resultados se van a repetir porque ya fracasaron en su momento”, vaticinó.

Por último, se mostró convencido de que “independientemente de los anuncios, respecto al rumbo que desde la economía y la sociedad quieren tomar, estamos dispuestos a generar una articulación amplia con todos los sectores de la comunidad y los gremios para procurar por todos los medios encontrar frenos y límites a este embate contra la industria nacional que compromete nuestro destino como nación y sociedad”.

Fuente: Télam

Inquilinos marcharon este jueves en rechazó a la derogación de la Ley de Alquileres incluida en el DNU del Gobierno nacional.

El presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, advirtió este jueves sobre las consecuencias de la derogación de la Ley de Alquileres incluida en el decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional.

“El decreto del presidente Javier Milei establece que nos pueden cobrar alquileres en cualquier moneda, en dólares, en euros, en lo que se les antoje, que ya no hay plazo mínimo legal para los contratos de alquiler de vivienda o sea, nos van a poder hacer firmar contratos por 15 días, por un mes, por dos meses”, señaló el dirigente.

En esa línea, Muñoz sostuvo que, a partir de la derogación de la Ley de Alquileres, “las actualizaciones pueden estar atadas a cualquier índice, público o privado, el IPC, la inflación, por supuesto que es lo que se le antoje a la inmobiliaria, 30% mensual, o atar el precio del alquiler al dólar blue, a la nafta o a lo que quieran“.

“No hay país del mundo donde hoy se lleven adelante políticas de este tipo para proteger la vivienda”, afirmó Muñoz y remarcó: “Creo que claramente es un Gobierno que ha escrito este decreto en función de los poderes económicos más importantes de la Argentina e internacionales”.

“Hay algo fundamental y es que ninguna sociedad se desarrolla si la gente no tiene un lugar donde dormir, donde vivir, agregó.

Es preciso señalar que, el DNU sostiene que “los inconvenientes y penurias que el exceso de regulación normativa han aparejado en las convenciones privadas, especialmente en los contratos de locación de viviendas, es un hecho público y notorio, con graves consecuencias tanto para locadores como para locatarios y la virtual destrucción del mercado inmobiliario”.

“En forma concordante, deviene imprescindible la derogación de la nefasta Ley de Alquileres N° 27.551“, establece el DNU y explica: “Los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes, el locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato”.

Además, el DNU remarca que “las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres, será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres”.

Ante el cambio normativa, el sector inmobiliario salió a respaldar la derogación de la Ley de Alquileres, al considerar que el mercado debe funcionar con “acuerdos libres entre privados“. “Estamos satisfechos respecto a la derogación, desde siempre sostuvimos que el Estado no debía inmiscuirse en un mercado que se maneja por acuerdos libres entre privados, por lo que apoyamos esta medida”, celebra.

En esa línea, la expresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario, Marta Liotto, señaló que “este decreto va a servir para reparar tanto daño que hizo esta nefasta Ley de Alquileres que tuvimos en vigencia entre una y otra, fueron tres años y medio de pesadilla para nosotros, para los propietarios y para los inquilinos“.

Las inmobiliarias apoyan el DNU

De la misma forma, la vicepresidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Marta Liberta, indicó que la derogación de la Ley de Alquileres “es positivo”, ya que, según ella, “habrá una flexibilidad para que las partes acuerden y puedan ir adaptándose a la inflación”.

“Van a ser acuerdos, se puede hace cada 6 meses, 4 meses, esto va a permitir que haya más unidades en alquiler, mientras que en este momento los inquilinos no tienen elección porque no hay oferta y tienen que caer en contratos informales que también son de riesgo”, expresó Liberta.

Por último, sobre la posibilidad de hace transacciones en dólares, Liberta aseguró que “alguien que no recibe dólares difícilmente pueda pactar en dólares”, y que “en la medida que los propietarios no puedan alquilar o no encuentren inquilinos que califiquen para alquilar en dólares van a ir adaptándose a la realidad, esto lleva un tiempo de transición“.

Vale recordar que, el DNU, en uno de sus 300 artículos, deroga la Ley de Alquileres, que entró en vigencia en julio de 2020, así como también la reforma implementada en 2023. La misma establecía una duración de tres años para los contratos de locación, fija condiciones de actualización, cada seis meses en la actualidad, y la obligatoriedad de registrar en pesos los contratos en la AFIP.

Sin embargo, tras arduas negociaciones y tracciones en el Congreso de la Nación, en octubre de este año, la Ley de Alquileres se modificó y se redujo a 6 meses el plazo de actualización de los valores, al tiempo que se cambió el ICL por la fórmula Casa Propia, que se utiliza para los créditos Procrear, y que se calcula con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Fuente: Diputados Bonaerenses