Protesta policial en Santa Fe: escala la crisis por los reclamos de los uniformados mientras el Gobierno de Pullaro busca evitar un escenario de mayor confrontación.

La tensión entre el Gobierno de Santa Fe y la Policía provincial atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lejos de descomprimirse, el conflicto salarial y laboral se agrava con denuncias de condiciones precarias en las comisarías y un creciente clima de temor entre los efectivos que participan de la protesta.

Mientras el Ejecutivo provincial intenta abrir canales de diálogo para encauzar la negociación y analiza posibles sanciones por el acuartelamiento, en las filas policiales se multiplican los testimonios que describen un escenario crítico, tanto en lo económico como en lo institucional.

Una subinspectora con 19 años de servicio, que aseguró percibir un salario de 1.322.000 pesos, expuso públicamente la situación que atraviesan en su dependencia. Según relató, los propios agentes deben realizar “vaquitas” para afrontar gastos básicos como el servicio de internet. “Somos 20 compañeros y cada uno tiene que pagar 670 pesos. Así lo pidió el jefe; la boleta viene a nombre del superior”, explicó, sin revelar su identidad por temor a represalias.

La agente describió además condiciones edilicias alarmantes: comisarías “muy precarias”, un único baño compartido entre hombres y mujeres, y calabozos diseñados para 12 personas que actualmente alojan hasta 45 detenidos. “Los compañeros están continuamente con miedo a que haya una evasión”, advirtió, dejando al descubierto el nivel de sobrepoblación y riesgo operativo.

En declaraciones televisivas, la subinspectora sostuvo que muchos efectivos ocultan su identidad durante la protesta por miedo a sanciones. “Si nos reconocen, nos ponen en disponibilidad, como les pasó a 20 compañeros a los que les retiraron el chaleco y el arma. Tenemos mucho miedo”, afirmó.

Visiblemente afectada, la mujer expresó entre lágrimas su conflicto personal: “Yo me siento mal de estar así, haciendo esto. No soy así. Desde el miércoles vengo con mi hija a protestar”. Sus palabras reflejan el impacto humano de una disputa que ya trasciende lo estrictamente salarial.

La agente también lanzó duras críticas contra el gobernador Maximiliano Pullaro, a quien acusó de “dividir” a la fuerza y de no atender los reclamos estructurales. “En 2013 también estábamos mal, pero ahora es peor. Tapan todo y nos maltratan”, sostuvo.

Los documentos revelan posibles víctimas, operaciones financieras fallidas y vínculos con nombres conocidos como el peluquero Roberto Giordano, el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado ex socio de Espert y el magnate británico Joe Lewis, con fuertes intereses en la Patagonia y de vinculos estrechos con el macrismo.

Más de 700 extractos de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos exponen con mayor claridad la conexión argentina del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Los archivos no solo mencionan al país en reiteradas oportunidades, sino que detallan negocios, intercambios y relaciones con figuras del ámbito empresarial y social argentino.

En total, al menos 711 referencias incluyen a la Argentina o a ciudadanos argentinos. Los documentos revelan posibles víctimas, operaciones financieras fallidas y vínculos con nombres conocidos como el peluquero Roberto Giordano, el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado y el magnate británico Joe Lewis, con fuertes intereses en la Patagonia.

Contactos, modelos y agencias locales

Entre los papeles aparecen “books” fotográficos enviados a Epstein con imágenes de tres modelos argentinas. Además, una agencia con sede en Buenos Aires le habría remitido newsletters de manera directa entre 2012 y 2013.

En un intercambio interno del FBI se menciona la necesidad de “comunicar avances a tus víctimas en la Argentina”, lo que evidencia que el país no solo figuraba como plaza de negocios, sino también dentro del entramado de víctimas investigado por las autoridades estadounidenses.

Roberto Giordano también aparece citado en los documentos. El reconocido estilista, fallecido en 2019, habría recibido pagos recurrentes de 500 dólares y organizaba desfiles en Punta del Este y Pinamar, eventos que formaban parte del circuito social frecuentado por empresarios y celebridades.

Negocios e inversiones con pérdidas millonarias

Epstein también realizó inversiones en Argentina. Según reportes de su agente financiero, Paul Barrett, el financista perdió aproximadamente 1,2 millones de dólares en bonos y operaciones cambiarias durante la crisis económica de 2018, en plena gestión de Mauricio Macri. Barrett llegó a calificar la incursión argentina como uno de los “tres peores negocios” de Epstein, junto con inversiones en General Electric.

Joe Lewis y “Fred” Machado en los correos

El nombre de Joe Lewis de estrechos vínculos con Mauricio Macri, surge en correos electrónicos de 2009 intercambiados con Jes Staley, exCEO de Barclays y figura cercana a Epstein. En esos mensajes, Staley confirma un encuentro con el magnate británico en Bariloche, donde Lewis posee extensas propiedades.

Por su parte, Federico “Fred” Machado, figura en los archivos por una negociación en 2015 para venderle a Epstein un avión Gulfstream por 10 millones de dólares. Machado fue posteriormente extraditado a Estados Unidos por otras causas judiciales. Su nombre también resonó en la política argentina por su vínculo con el economista José Luis Espert, relación que derivó en un fuerte impacto en la carrera pública del dirigente libertario.

¿Argentina, el último destino?

Según publicó La Nación, Argentina podría haber sido el último destino internacional planeado por Epstein antes de su arresto en julio de 2019. El 31 de diciembre de 2018, Julian Leese lo invitó a participar de una cacería en el país durante 2019. Epstein respondió afirmativamente, pero su detención frustró el viaje.

Los documentos refuerzan así la dimensión global del entramado de Epstein y colocan a la Argentina como una pieza relevante dentro de su red de contactos, negocios y relaciones, que hoy continúa bajo escrutinio público y judicial.

Argentina volvió a retroceder en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 elaborado por Transparencia Internacional, confirmando un deterioro que ya se había manifestado el año anterior.

El país descendió cinco posiciones y quedó en el puesto 104 sobre 182 naciones, con 36 puntos sobre 100. En 2024 había obtenido 37 puntos. La baja, aunque pueda parecer marginal en cifras, consolida una tendencia negativa durante el segundo año de gestión de Javier Milei.

El informe internacional es contundente: en los últimos dos años no se implementaron políticas eficaces para prevenir ni sancionar la corrupción. Lejos de materializar la promesa de una transformación ética del Estado y de lucha contra la “casta”, la gestión libertaria exhibe un vacío en materia de integridad pública que impacta directamente en la percepción institucional.

Críticas por la falta de políticas anticorrupción

Organizaciones especializadas vinculan el retroceso con la ausencia de una agenda activa en materia anticorrupción. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, fue categórico: “Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción”. La declaración no solo apunta a la inacción, sino también a la falta de señales políticas claras en favor de la transparencia.

Casos como los vinculados a $LIBRA, el ingreso de valijas sin declarar en el aeropuerto, el reciente escandalo de sobreprecios en nucleoeléctrica y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), más allá de las sospechas de irregularidades, no encontraron una respuesta institucional contundente por parte del Ejecutivo. Esa pasividad alimenta la percepción de opacidad y erosiona la credibilidad del discurso oficial.

Por debajo del promedio regional

Con 36 puntos, Argentina quedó por debajo del promedio del continente americano (42 puntos) y se ubicó en el puesto 19 entre 33 países de la región. Comparativamente, el país aparece cercano a Belice y la Ucrania del régimen de Zelensky, y es superado por Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana.

Mientras Canadá (75 puntos) y Uruguay (73) encabezan el desempeño regional con estándares sostenidos de transparencia, Argentina se aleja de esos parámetros y se aproxima a países con mayores debilidades institucionales. En el extremo más crítico del continente se encuentran Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10), que marcan el piso del ranking regional.

Liderazgos globales y contrastes

A nivel mundial, Dinamarca lidera el índice con 89 puntos, seguida por Finlandia con 88. En los últimos puestos figuran Sudán del Sur y Somalia, ambos con 9 puntos, mientras que Venezuela ocupa el lugar 180 con 10.

Para Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, la falta de políticas sostenidas de integridad sigue siendo una deuda estructural en Argentina. Sin una estrategia clara y consistente, advierte, el deterioro puede profundizarse.

Un retroceso que desmiente la narrativa oficial

El IPC se construye a partir de encuestas y evaluaciones de expertos y empresarios, utilizando múltiples fuentes independientes como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. La escala va de 0 (alta percepción de corrupción) a 100 (mayor transparencia).

La caída de Argentina no es solo un movimiento estadístico: implica que el país fue percibido en 2025 como más corrupto que el año anterior en comparación con otras naciones. En un gobierno que hizo de la lucha contra “la casta” su principal bandera política, el retroceso en transparencia expone una contradicción difícil de soslayar.

Más que un traspié circunstancial, el segundo año de Milei parece consolidar una preocupante deriva: sin políticas activas de control y rendición de cuentas, la promesa de limpieza institucional queda reducida a consigna, mientras los indicadores internacionales marcan un deterioro que afecta la credibilidad del país y profundiza la desconfianza pública.

Mientras el gobierno nacional exhibe a la energía y a los hidrocarburos como motores del crecimiento de la economía mileísta, en la Patagonia el saldo es el inverso: desindustrialización, caída de la producción, desplome de regalías y 18 mil puestos de trabajo destruidos.

La política hidrocarburífera actual, lejos de fortalecer el entramado productivo, está desmantelando décadas de desarrollo regional.

El eje de esta reconfiguración fue el abandono por parte de YPF de 55 áreas maduras —los llamados “pozos viejos”— en el marco del denominado “Plan Andes”, iniciado en 2024. Bajo el argumento de concentrar inversiones en Vaca Muerta y el no convencional, la petrolera controlada por el Estado se retiró de áreas convencionales en Mendoza, Santa Cruz y Chubut, dejando tras de sí pasivos ambientales, yacimientos revertidos y un fuerte retroceso económico en las provincias afectadas.

En Mendoza, la salida de áreas estratégicas como Malargüe y Chachahuén implicó despidos y caída de ingresos por regalías. En Santa Cruz, YPF devolvió diez yacimientos maduros en la zona del Golfo San Jorge. En Chubut, vendió el campo convencional Manantiales Behr a Limay Energía (Grupo Rovella). En todos los casos, el retiro se tradujo en menos actividad, menos producción y menos empleo.

Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), más de 18 mil trabajadores quedaron en la calle en los últimos dos años: alrededor de 10 mil en Santa Cruz y más de 8 mil en Chubut. No se trata únicamente de operarios petroleros. La destrucción de empleo alcanzó también a la construcción y al comercio, sectores estrechamente vinculados a la actividad hidrocarburífera. La Cámara de Comercio registró más de 400 cierres en 2024 y otros 350 en 2025. Pueblos enteros, cuya economía dependía del petróleo convencional, quedaron al borde del colapso.

Desde YPF intentaron relativizar el impacto señalando que muchos trabajadores no pertenecían directamente a la empresa, sino a firmas de servicios, y que cobraron un “stand-by” mientras duró la transición. Sin embargo, ese argumento omite una cuestión central: la política de retiro fue definida por la conducción de la empresa estatal. La responsabilidad sobre la ruptura de contratos, la paralización de actividades y la pérdida de empleo no desaparece por tercerizar los vínculos laborales.

La salida de YPF también implicó la pérdida de contratos para al menos 40 PyMEs locales, según denunció la Cámara de Empresas de la Cuenca del Golfo San Jorge. En su lugar, comenzaron a desembarcar compañías intermedias sin antecedentes productivos sólidos ni compromisos claros de inversión o empleo local. Entre ellas, Bentia Energy, fundada en julio de 2024 por el ex ministro macrista Javier Iguacel con un capital de apenas 30 millones, que se quedó con cuatro pozos de YPF. El reemplazo de una empresa centenaria por firmas de escasa trayectoria plantea serias dudas sobre la sustentabilidad del modelo.

El impacto productivo ya es visible. La salida de YPF de la Cuenca del Golfo San Jorge derivó en una caída cercana al 20% en la producción petrolera, según datos oficiales. Esta contracción golpeó de lleno las regalías provinciales, pieza clave de las finanzas públicas patagónicas.

Un informe del Centro de Estudios Fundar, “Comodoro Rivadavia y el fin de un ciclo”, basado en datos de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal Provincial del Ministerio de Economía, señala que en el primer semestre de 2025 las regalías representaron el 13,8% de los ingresos totales de Santa Cruz y el 17,4% en Chubut. En términos reales, esto implicó una pérdida del 30% del valor de las regalías para Santa Cruz y del 19% para Chubut. La consecuencia es directa: menos recursos para sostener servicios públicos y menor capacidad para diseñar políticas de transición frente a la crisis hidrocarburífera.

En nombre de la eficiencia y la focalización en Vaca Muerta, la política hidrocarburífera del gobierno prioriza la rentabilidad de corto plazo y la concentración geográfica de inversiones, pero desatiende el entramado productivo regional y la función estratégica de una empresa como YPF. El resultado es una Patagonia más dependiente, con menos empleo, menos industria y menos ingresos fiscales.

La paradoja es evidente: en un contexto en el que la energía encabeza los índices de crecimiento macroeconómico, el abandono de YPF destruyó 18 mil puestos de trabajo en la Patagonia y dejó a provincias enteras enfrentando el costo social de una decisión política que reconfigura el mapa energético sin plan de desarrollo federal ni compromiso con el empleo local.

El gobierno nacional decidió finalmente desplazar a Demian Reidel de la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, una movida que parece responder más a la presión generada por las denuncias de corrupción que a una verdadera voluntad de fortalecer a la estratégica empresa nacional.

Reidel, que ya venía tambaleando debido a los escándalos de sobreprecios en las compras de las centrales nucleares, no pudo resistir el peso de las acusaciones, aunque su salida también deja entrever la falta de un enfoque claro y transparente por parte del gobierno para gestionar la compañía.

El detonante de su caída fue la denuncia interna de Juan Pablo Nolasco Sáenz, gerente de la Planta Central Nuclear Atucha I-II, quien acusó a dos de los colaboradores más cercanos de Reidel de direccionar contrataciones a favor de la empresa LX Argentina, que había presupuestado un 140% más de lo que Nucleoeléctrica estaba pagando por los mismos servicios. A pesar de los intentos de Reidel por proteger a sus hombres de confianza, el directorio de la empresa decidió apartarlos, pero las repercusiones no tardaron en llegar. Esta situación reveló un patrón preocupante en la gestión de Nucleoeléctrica, que no solo se ve salpicada por irregularidades administrativas, sino también por una falta de responsabilidad ante las constantes denuncias de corrupción.

A este escándalo se sumó la aparición de una deuda personal de Reidel por 825 millones de pesos, la cual, según los informes, fue saldada de manera “transparente”, pero no sin generar suspicacias. ¿Cómo se explica que un funcionario público haya podido contraer semejante deuda personal y luego resolverla de forma tan rápida? Aunque Reidel intentó justificar su situación como parte de un negocio inmobiliario legítimo, el escándalo económico que esto generó no hizo más que agravar su imagen ante la opinión pública.

El reemplazo de Reidel por Juan Martín Campos, presidente de Dioxitek, no parece ser más que un movimiento superficial para calmar las aguas. Campos, aunque con experiencia en el sector nuclear, asume en un contexto extremadamente complicado para Nucleoeléctrica, que se encuentra en medio de proyectos cruciales como la extensión de la vida útil de la central Atucha I y la construcción de un nuevo almacenamiento para combustibles gastados. Sin embargo, el cambio de liderazgo no oculta el hecho de que la gestión de Nucleoeléctrica sigue marcada por la opacidad y la falta de control efectivo sobre los recursos públicos.

Lo más preocupante de este cambio de dirección es que, a pesar de la evidente crisis de confianza que atraviesa la empresa, el gobierno parece haber optado por un reemplazo que no aborda las profundas falencias en la gestión y el control de los proyectos. Más allá de la renovación del directorio y el nombramiento de nuevos cargos, no parece haber una estrategia clara para evitar que los problemas de corrupción y sobreprecios sigan siendo una constante en una de las principales empresas del sector energético del país.

El caso de Reidel no es solo un episodio aislado, sino que refleja una constante falta de transparencia y responsabilidad en la administración de las empresas estatales bajo el actual gobierno, que prefiere actuar bajo la presión mediática y los escándalos, en lugar de tomar decisiones estructurales que promuevan una verdadera rendición de cuentas y una gestión eficiente y honesta de los recursos públicos.

En medio de fuertes cuestionamientos sobre la credibilidad de las estadísticas oficiales y tras la negativa del Gobierno a aplicar el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) actualizado, el presidente Javier Milei formalizó la designación de Pedro Lines como nuevo director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El nombramiento fue oficializado mediante el Decreto 91/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y se concretó luego de la renuncia de Marco Lavagna, quien dejó el organismo en un contexto de tensiones internas y controversias metodológicas. Lines asumió formalmente el cargo a partir del 4 de febrero de 2026.

La decisión presidencial se produce tras la polémica generada por la postura del Gobierno de no avanzar con la implementación plena del nuevo IPC actualizado, una definición que reavivó dudas sobre la transparencia y veracidad de los datos que difunde el organismo estadístico. El debate técnico y político en torno al índice inflacionario fue uno de los factores que aceleró la salida de Lavagna, quien había estado al frente del INDEC desde diciembre de 2019.

Pedro Ignacio Lines es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), posee una maestría en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (UCEMA) y cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral. Hasta ahora, se desempeñaba como director técnico del INDEC y tenía a su cargo la coordinación del programa estadístico anual y el desarrollo de normas técnicas vinculadas a censos, encuestas e indicadores económicos y sociales.

A lo largo de su carrera profesional, Lines trabajó en la Autoridad Estadística de Qatar y participó en la elaboración de estadísticas clave como la balanza de pagos, la deuda externa y la posición de inversión internacional de la Argentina. Además, integra el Grupo de Expertos Asesores de las Naciones Unidas en el marco del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales.

El decreto presidencial también formalizó la renuncia de Marco Lavagna a partir del 2 de febrero. Desde el Ejecutivo libertario agradecieron “los servicios prestados” por el exfuncionario, cuya gestión quedó atravesada por el debate en torno a la actualización metodológica del IPC, que incluía la adopción de la clasificación COICOP 2018, la ampliación de las divisiones de relevamiento y la incorporación de nuevos rubros de consumo.

La salida de Lavagna y el recambio en la conducción del INDEC generaron preocupación entre los trabajadores del organismo. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) advirtieron sobre el impacto institucional del cambio de autoridades en un momento clave. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a días de la publicación del IPC con nueva ponderación”, señaló el delegado gremial Raúl Llaneza.

La designación de Lines se inscribe, además, en una etapa de reestructuración más amplia dentro de la administración nacional, marcada por renuncias y nuevos nombramientos en áreas estratégicas del Estado, en línea con la reorganización impulsada por el Gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión.

Según el relevamiento, Trenes Argentinos pasó de operar 22 servicios provinciales en diciembre de 2023 a apenas 10 en la actualidad, una reducción que no responde a un plan de modernización ni a criterios técnicos de eficiencia, sino a una política deliberada de abandono del ferrocarril como servicio público.

El sistema ferroviario de pasajeros de media y larga distancia atraviesa un proceso acelerado de desinversión, recorte de servicios y pérdida de usuarios que se profundizó bajo la actual administración libertaria. Así lo advierte un informe del Observatorio Social del Transporte (OST), que describe un retroceso histórico en la presencia del tren en el interior del país.

Según el relevamiento, Trenes Argentinos pasó de operar 22 servicios provinciales en diciembre de 2023 a apenas 10 en la actualidad, una reducción que no responde a un plan de modernización ni a criterios técnicos de eficiencia, sino a una política de abandono progresivo del ferrocarril como servicio público. En ese marco, la declaración de la Emergencia Ferroviaria le otorgó al Estado facultades excepcionales para suspender o eliminar servicios bajo el argumento del deterioro de la infraestructura, un deterioro que el propio Estado dejó avanzar.

Como resultado de esta política, dejaron de funcionar numerosos servicios de larga distancia que garantizaban conectividad y transporte accesible a miles de personas. Entre ellos se cuentan los trenes Retiro–Palmira (Mendoza), Retiro–Justo Daract (San Luis), Once–Pehuajó —recortado hasta Bragado—, Retiro–Tucumán y Retiro–Córdoba, además del servicio Buenos Aires–Bahía Blanca, cuya no reanudación fue oficializada por esta gestión. También se eliminó el servicio expreso de fines de semana entre Retiro y Rosario, uno de los pocos que aún mantenía competitividad en tiempos de viaje.

El ajuste no se limitó a los trenes de larga distancia. El OST señaló que servicios regionales y turísticos clave para las economías locales también fueron dados de baja, entre ellos General Guido–Divisadero de Pinamar, La Banda–Fernández, Rosario–Cañada de Gómez, Mercedes–Tomás Jofré y el regional Córdoba–Villa María. En varios casos, las suspensiones se justificaron con problemas de infraestructura que nunca fueron reparados, dejando los servicios sin fecha de regreso.

Eduardo Toniolli, ex diputado nacional y vocero del Observatorio, calificó este proceso como una “degradación planificada”. “El sistema se deja deteriorar deliberadamente para que, cuando llegue el cierre definitivo de los servicios, los usuarios ya no se quejen”, advirtió. En declaraciones televisivas, remarcó además que 2025 fue el año con menor cantidad de pasajeros, excluyendo 2020, cuando los trenes estuvieron paralizados por la pandemia.

Los números confirman el impacto del ajuste: entre 2024 y 2025 la cantidad de pasajeros de trenes de larga distancia y regionales cayó un 25%, y la baja alcanza el 37,4% si se compara con 2023. Mientras en 2024 se registraron unos 260.000 usuarios, en 2025 la cifra descendió a 190.000.

Desde el OST explicaron que esta caída no es consecuencia de una supuesta falta de interés social por el tren, sino del desmantelamiento del servicio: falta de inversión en mantenimiento, retiro de material rodante, cancelación de frecuencias y pérdida de confiabilidad. Toniolli puso como ejemplo el tren Rosario–Cañada de Gómez, donde “Trenes Argentinos fue retirando locomotoras y reduciendo servicios desde agosto hasta darlo de baja definitivamente en noviembre”.

Una situación similar, alertó, se vive en el tren Rosario–Retiro, que aún opera pero en condiciones cada vez más precarias, con viajes que superan las siete horas y que ya ni siquiera llegan a la terminal de Retiro, finalizando en Colegiales.

La combinación de servicios degradados, horarios imprevisibles y menor frecuencia terminó empujando a los usuarios hacia micros de larga distancia y vuelos low cost, consolidando el peor registro de pasajeros en años. Para el Observatorio, lejos de ser un fenómeno inevitable, se trata del resultado directo de una política que renuncia al tren como herramienta de integración territorial, desarrollo federal y derecho social.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los números confirman el perfil abiertamente desindustrializador del modelo económico-financiero libertario.

La crisis industrial se profundiza como consecuencia directa del modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Así lo reflejan los últimos datos del Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero), difundidos este viernes por el Indec, que muestran una caída interanual del 3,9% y marcan el sexto retroceso consecutivo del sector.

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, los números confirman el carácter abiertamente desindustrializador del esquema económico-financiero libertario. Desde el inicio de la actual gestión, la industria —uno de los principales generadores de empleo registrado y de mayor calidad— acumula una contracción del 6,2%, evidenciando el impacto del ajuste, la apertura indiscriminada de importaciones y la ausencia de políticas de desarrollo productivo.

Los sectores más castigados vuelven a ser aquellos con mayor capacidad de arrastre sobre el empleo y la economía real. En términos interanuales, las mayores caídas se registraron en “Automotores y otros equipos de transporte” (-19,4%), “Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado” (-18,7%) y “Productos de metal, maquinaria y equipo” (-12%), reflejando una fuerte retracción en la fabricación local de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

Un análisis más detallado muestra que diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas respecto de igual mes del año anterior. Según informó el Indec, las bajas más significativas por su incidencia en el nivel general se observaron en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes” (-21,6%) y “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-16,7%), a lo que se suman fuertes retrocesos en “Maquinaria y equipo” (-14,8%), “Otros equipos, aparatos e instrumentos” (-22,4%), “Productos textiles” (-25,7%) y “Productos de caucho y plástico” (-18,3%), entre otros rubros.

En contraste, algunas pocas actividades mostraron incidencias positivas, como “Industrias metálicas básicas” (+7,4%), “Madera, papel, edición e impresión” (+4,6%) y “Alimentos y bebidas” (+0,8%), aunque estos desempeños resultan insuficientes para revertir la tendencia general de estancamiento y caída.

En síntesis, el informe oficial confirma que la variación mensual desestacionalizada de diciembre fue de -0,1%, la interanual de -3,9%, y que, pese a una leve mejora acumulada del 1,6%, el desempeño industrial sigue lejos de una recuperación genuina. Los datos vuelven a poner en evidencia que el rumbo económico del Gobierno no sólo no impulsa la producción nacional, sino que profundiza su deterioro.

En una carta publicada por La Nación, el empresario cuestionó con dureza la política industrial del Gobierno y advirtió que el Presidente no cuida a la industria nacional como sí lo hacen otros líderes mundiales, entre ellos Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva.

El dueño del grupo Techint, Paolo Rocca, salió a responder por escrito a los ataques del presidente Javier Milei luego de que la empresa perdiera la licitación para proveer los caños del gasoducto de Río Negro. En una carta publicada por La Nación, el empresario cuestionó con dureza la política industrial del Gobierno y advirtió que el Presidente no cuida a la industria nacional como sí lo hacen otros líderes mundiales, entre ellos Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva.

La reacción de Rocca llegó después de que Milei lo calificara como “Don Chatarrín” y le deseara la quiebra, tras conocerse que Techint había presentado una oferta significativamente más alta que la de la empresa ganadora, la india Welspun.

En su carta, Rocca defendió una apertura económica gradual y con reglas claras, y marcó diferencias con el enfoque libertario del Gobierno. “Sin lugar a dudas, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso. Pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante”, sostuvo. Y agregó: “La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor”.

Para reforzar su planteo, el empresario puso como ejemplo a Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. “Estados Unidos, bajo la conducción del presidente Trump, introdujo aranceles del 50% a la importación de acero de todos los orígenes”, señaló, en contraste con la decisión del Gobierno argentino de favorecer a una empresa extranjera por sobre una local.

Rocca también expuso lo que consideró una contradicción del Ejecutivo: su alineamiento estratégico con Estados Unidos mientras celebra el triunfo de una firma india en una obra clave de infraestructura. En ese sentido, recordó que el reciente acuerdo entre Argentina y Estados Unidos compromete a ambos países a coordinar políticas sobre control de exportaciones, seguridad de inversiones y evasión de aranceles.

En la carta, el titular de Techint detalló que las principales economías del mundo aplican fuertes medidas de protección para sus industrias. Además de los aranceles del 50% en Estados Unidos, mencionó las salvaguardas europeas —que combinan cuotas y aranceles—, las políticas de México y Canadá, y el caso de Brasil, que bajo el gobierno de Lula introdujo aranceles del 25% frente al aumento de importaciones de acero chino. Incluso la India, país de origen de la empresa ganadora, mantiene salvaguardas similares.

Según Rocca, estas barreras están generando un desvío de excedentes de acero a precios de dumping hacia países más abiertos, como la Argentina. “La defensa de la industria nacional es clave para sostener sectores estratégicos en los que el país tiene ventajas competitivas, como la agroindustria, la energía y la minería”, concluyó.

La Provincia de Buenos Aires sufrió en enero una caída de ingresos por más de $82.000 millones como consecuencia del derrumbe de la coparticipación federal, una situación que pone en evidencia el fuerte impacto del ajuste económico nacional sobre las finanzas provinciales.

El retroceso se explica, en gran medida, por la caída del consumo interno, que golpeó de lleno la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el principal tributo coparticipable. Según datos oficiales, la recaudación de este impuesto se desplomó un 12% interanual, arrastrando al conjunto de los recursos que la Nación distribuye automáticamente a las provincias.

El escenario es alarmante: durante el primer mes del año, las transferencias nacionales a las jurisdicciones provinciales se redujeron en promedio un 6,7% interanual, lo que representó un recorte global cercano a los $400.000 millones en comparación con enero de 2025. A este panorama se suma la baja del 2,1% en el resto de los tributos coparticipables, profundizando el deterioro de las cuentas públicas subnacionales.

Desde el Ministerio de Economía bonaerense advirtieron que la pérdida de recursos afecta de manera directa la capacidad financiera del Gobierno bonaerense, en un contexto marcado por el retiro del Estado nacional de áreas sensibles como la obra pública y la inversión en infraestructura. El ministro Pablo López fue categórico al señalar que la caída de la coparticipación “expone la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional”, y remarcó que todas las provincias están perdiendo ingresos genuinos mientras se ven obligadas a asumir mayores responsabilidades.

En ese sentido, el funcionario subrayó que el ajuste sobre las transferencias automáticas fuerza a los distritos a suplir la ausencia de la Nación en áreas estratégicas, generando una presión adicional sobre presupuestos ya tensionados.

Crece la tensión entre Provincia y Nación

Los datos se conocen en medio de un clima de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, en el marco de las negociaciones por la reforma laboral que se debatirá en el Senado. Uno de los puntos de mayor conflicto es la reducción del impuesto a las ganancias de las sociedades comerciales, una iniciativa que las provincias rechazan por su impacto directo y negativo sobre la coparticipación, y que amenaza con profundizar aún más el desfinanciamiento del interior del país.