Un informe bancario de más de 2.000 páginas, incorporado a la causa que tramita en la Justicia Federal de San Isidro, suma elementos que complican seriamente la situación judicial de José Luis Espert.

La documentación no solo expone inconsistencias entre sus ingresos declarados y su nivel de gastos, sino que revela un entramado de transferencias millonarias y operaciones con presuntas sociedades fantasma.

Los registros muestran un punto de quiebre claro a partir de 2019, cuando Espert entabló relación con el empresario Federico Fred Machado. Desde entonces, su nivel de vida creció de forma abrupta —incluyendo la compra de una propiedad en Beccar por casi medio millón de dólares y la adquisición de bienes de alta gama— sin una correlación visible con sus ingresos en blanco.

Para sostener ese salto patrimonial, el informe detalla una serie de mecanismos financieros bajo sospecha. Entre ellos, se destacan depósitos en efectivo realizados de forma fragmentada —primero por ventanilla y luego a través de cajeros automáticos— en lo que los investigadores interpretan como intentos de eludir controles antilavado.

Sin embargo, los datos más sensibles surgen del origen de los fondos. La Justicia detectó transferencias por más de 44 millones de pesos provenientes de al menos ocho sociedades anónimas creadas recientemente, con estructuras similares y socios radicados en domicilios de bajos recursos. Estas características alimentan la hipótesis de que se trataría de sociedades pantalla utilizadas para canalizar dinero sin trazabilidad clara.

A esto se suman ingresos millonarios desde cuentas de personas físicas sin capacidad económica aparente para justificar esos montos. Solo entre 2024 y 2025, Espert recibió más de 67 millones de pesos mediante este tipo de operaciones, muchas de ellas realizadas en coincidencia con pagos de consumos de sus tarjetas.

El informe también identifica transferencias vinculadas a su entorno político y a causas bajo investigación. Aparecen giros desde cuentas asociadas a María Pía Novelli —investigada por la estafa cripto $Libra— y desde una socia de Luis Rosales, excompañero de fórmula de Espert. Si bien los montos individuales no son elevados, refuerzan el entramado de relaciones financieras bajo sospecha.

En paralelo, la Justicia analiza si el contrato de asesoría firmado con Machado por un millón de dólares funcionó como una pantalla para encubrir maniobras de lavado de activos vinculadas al narcotráfico. Está acreditado que Espert percibió al menos 200.000 dólares en ese marco.

Con este nuevo conjunto de evidencias, el cuadro judicial se agrava. El fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli ya rechazaron el pedido de liberación de fondos solicitado por la defensa, señalando inconsistencias en la situación patrimonial del economista. Incluso remarcaron que, tras iniciarse la investigación, Espert retiró 80.000 dólares en efectivo.

Las transferencias millonarias, el uso de sociedades de dudosa actividad y la falta de correspondencia entre ingresos y gastos consolidan así un escenario cada vez más comprometedor para el exdiputado.

El sector registró una baja interanual del 4,1%, mientras que la utilización de la capacidad instalada se desplomó al 41,8%, su peor nivel en cuatro años, evidenciando un deterioro cada vez más marcado del aparato productivo.

Si bien el informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) mostró una leve mejora del 1,5% frente a febrero, el dato no alcanza para revertir la tendencia negativa: en el primer trimestre la actividad acumula una caída del 6,9% y se mantiene muy lejos de sus niveles más altos recientes.

El dato más preocupante no es solo la contracción de la actividad, sino el fuerte retroceso en el uso de la capacidad instalada, que cayó 5,3 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año pasado. “Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”, advirtieron desde ADIMRA.

ℹ Ya está disponible el Boletín de Actividad Metalúrgica del mes de Marzo 2026.

🏭La actividad metalúrgica registró, durante el mes de marzo, una caída en términos interanuales de -4.1%.

📉Con respecto a febrero del 2026, la actividad tuvo una suba del 1.5%.

Informe… pic.twitter.com/jLN6In6jw7

— ADIMRA (@redadimra) April 20, 2026

La caída es generalizada y atraviesa casi todos los rubros. Apenas algunos sectores mostraron mejoras marginales, como Maquinaria Agrícola (1,8%), Autopartes (2,1%) y Carrocerías y Remolques (2,0%). En contraste, el resto del entramado metalúrgico continúa en terreno negativo: Fundición cayó 3,2%, Bienes de Capital 6,6%, Equipamiento Médico 6,5%, Equipo Eléctrico 5,8% y Otros Productos de Metal 6,7%.

El análisis por cadenas de valor refuerza el diagnóstico recesivo. Solo las actividades vinculadas al sector automotriz (2,0%) y agrícola (0,7%) lograron crecer, mientras que el resto mostró retrocesos, especialmente las ramas ligadas al consumo final (-8,8%) y la construcción (-6,7%). También se registraron caídas en petróleo y gas (-4,7%), minería (-2,7%) y energía eléctrica (-2,9%).

“El nivel de utilización de la capacidad instalada en valores mínimos expone con claridad el deterioro estructural del sector”, afirmó el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, quien advirtió además que la falta de demanda interna está agravando la situación, presionando los márgenes empresariales y afectando de forma directa al empleo.

Las perspectivas a corto plazo tampoco traen alivio: seis de cada diez empresas no esperan mejoras en los próximos tres meses, lo que refuerza la idea de una reactivación que no llega.

El impacto se extiende a todo el país. Todas las provincias relevadas registraron caídas interanuales, con Buenos Aires liderando el retroceso (-5,6%), seguida por Córdoba (-3,1%), Entre Ríos (-1,7%) y Mendoza (-0,7%). Santa Fe, en tanto, mostró una baja más moderada (-0,3%).

En paralelo, el empleo en el sector también continúa deteriorándose, con una caída interanual del 2,6% y una baja del 0,4% respecto al mes anterior, completando un panorama que confirma la profundidad de la crisis industrial.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, advirtió que podría convocarse a otra marcha federal si el Gobierno no avanza con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según explicó Yacobitti, las universidades evalúan medidas tanto judiciales como de protesta ante el incumplimiento de la norma, pese a los fallos de primera y segunda instancia que ordenan su aplicación. En ese sentido, anticipó que, de no haber respuestas del Poder Ejecutivo, podrían organizarse movilizaciones a nivel nacional. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, sostuvo.

El dirigente, exdiputado de la Unión Cívica Radical, precisó que el plazo para definir acciones se extiende hasta mediados de mayo. Además, aclaró que cualquier protesta se realizará con las universidades en funcionamiento: “Las medidas serán con las aulas abiertas”, indicó, diferenciándose de eventuales paros totales.

El conflicto se enmarca en la decisión del gobierno de Javier Milei de no avanzar con la implementación de la ley, al tiempo que presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en medio de cuestionamientos por el supuesto impacto fiscal que el gobierno esgrime como argumento.

En paralelo, Yacobitti alertó sobre el deterioro del sistema universitario. Señaló que los salarios docentes han sufrido una fuerte caída —con pérdidas de alrededor del 60% en términos reales en algunos casos— y advirtió sobre la salida de profesores e investigadores, lo que compromete la continuidad académica y científica.

Pese a este escenario, el vicerrector destacó el posicionamiento internacional de la UBA, que mantiene varias carreras entre las mejores del mundo según rankings recientes, y remarcó la eficiencia del sistema público. “Gastás mucho menos por alumno que en universidades comparables”, afirmó.

Finalmente, planteó la necesidad de abrir canales de diálogo con el Gobierno para destrabar el conflicto y garantizar el financiamiento. Desde el Ejecutivo, en tanto, sostienen que el costo de la ley resulta difícil de afrontar en el corto plazo y analizan alternativas para su implementación.

Las propias palabras de Manuel Adorni vuelven a jugarle en contra y profundizan las dudas sobre su situación patrimonial. Lo que en el pasado describió como una pesada carga económica hoy aparece, en su estrategia judicial, como el principal argumento para justificar su asombroso crecimiento financiero.

En 2018, Adorni había sido claro: tras la muerte de su padre en 2002, heredó una vivienda acompañada por una hipoteca impaga desde 1996. Según contó entonces, esa situación le demandó años de esfuerzo para no perder la propiedad. El mensaje, dirigido “a los políticos”, buscaba reivindicar el sacrificio personal, pero hoy adquiere otro significado mucho menos conveniente para su defensa.

La contradicción es evidente. Aquella herencia que definió como un problema financiero —algo que incluso puso en riesgo su patrimonio— es ahora presentada como la base que explicaría su evolución económica ante la Justicia. Ese cambio de narrativa no solo genera inconsistencias, sino que debilita su credibilidad en un momento clave.

Según trascendió, Adorni habría rectificado su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incorporado esa herencia como justificación de su patrimonio. La maniobra coincide con el avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, impulsada por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes ya ordenaron medidas como el levantamiento del secreto fiscal y la toma de testimonios.

El punto crítico sigue siendo el mismo: ¿cómo puede una herencia que, según su propio relato, implicaba deudas y años de regularización convertirse ahora en la explicación de propiedades, remodelaciones y viajes al exterior?

La investigación se activó el 8 de marzo tras conocerse que su esposa, Bettina Angeletti, integró una comitiva oficial a Nueva York. A partir de allí, comenzaron a surgir datos difíciles de compatibilizar con sus ingresos declarados: adquisiciones inmobiliarias recientes, hipotecas en dólares, refacciones de alto costo y gastos significativos en viajes.

Mientras tanto, Adorni mantiene el respaldo político de Javier Milei y de Karina Milei, y se prepara para presentar su declaración jurada completa. Allí deberá resolver una inconsistencia central: explicar cómo aquello que alguna vez describió como una carga terminó convertido, en su versión actual, en el pilar de su patrimonio.

El presidente Javier Milei autorizó, mediante un decreto y sin el debido tratamiento en el Congreso Nacional, el ingreso y despliegue de militares de Estados Unidos en territorio argentino, una decisión que genera fuerte preocupación y enciende alarmas por su impacto institucional y en la soberanía nacional.

La medida, oficializada a través del decreto 264/26 publicado en el Boletín Oficial con la firma del mandatario y su gabinete, permite la participación de tropas estadounidenses en los ejercicios militares “Daga Atlántica” y “PASSEX”. Aunque el Gobierno argumenta que el objetivo es fortalecer la interoperabilidad y consolidar a Argentina como socio estratégico en seguridad global, la resolución implica habilitar la presencia y accionar de una potencia extranjera en suelo nacional sin debate legislativo previo.

El ejercicio “Daga Atlántica” se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio e incluirá operaciones terrestres, aéreas y marítimas en puntos estratégicos como la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea en Moreno. En paralelo, entre el 26 y el 30 de abril, se realizará el operativo naval “PASSEX” dentro de la Zona Económica Exclusiva, con la participación de unidades de gran porte como el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, en conjunto con la Armada Argentina.

La decisión, adoptada de forma unilateral, es señalada como una cesión sensible de soberanía al permitir la injerencia militar extranjera sin la intervención del Congreso, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas crecientes y una renovada injerencia estadounidense en a región.

El dato, difundido por el INDEC, representa el mayor aumento del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) desde septiembre del año pasado y refleja el traslado de tensiones internacionales a los costos locales.

El principal motor de la suba fue el salto en los precios del petróleo crudo y el gas, impulsado por el conflicto en Medio Oriente y las dificultades logísticas en el estrecho de Ormuz, que derivaron en un incremento del 15% en los combustibles. Este fenómeno repercutió de forma directa en toda la estructura productiva, elevando los costos en cadena.

El rubro de hidrocarburos mostró un comportamiento excepcional, con un aumento del 27,3% en apenas un mes. Como consecuencia, los productos primarios nacionales subieron en promedio un 7,8%, aunque este avance fue parcialmente compensado por la caída del 3,2% en los precios agropecuarios.

En el sector industrial, las manufacturas nacionales registraron una suba del 2,3%, con incrementos destacados en refinados del petróleo (6,6%) y alimentos y bebidas (2,5%), mientras que los productos importados se mantuvieron relativamente estables, con una variación de solo el 1,1%, favorecidos por la calma en el tipo de cambio oficial.

La dinámica del mes evidenció una fuerte brecha entre sectores: mientras los bienes ligados a la energía reflejaron el shock externo, los productos importados mostraron mayor estabilidad. Este comportamiento es seguido de cerca por analistas, ya que los precios mayoristas suelen anticipar la evolución de los costos que luego impactan en el consumidor final.

En este marco, el hecho de que la inflación mayorista haya igualado a la minorista en marzo (3,4%) vuelve a poner el foco en la presión de costos hacia adelante. Si bien ambos indicadores responden a metodologías distintas, el encarecimiento energético en el origen de la cadena productiva plantea dudas sobre la capacidad de las empresas para absorber estos aumentos sin trasladarlos a los precios finales.

Según un informe de Fundar, elaborado en base a registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en Argentina cerraron 24.180 empresas desde la asunción de Javier Milei en 2023.

El número no es menor: al inicio de la gestión había 512.357 unidades productivas registradas, mientras que en la actualidad quedan 488.177. Se trata, además, del período de mayor destrucción neta de empresas en los primeros 26 meses de un gobierno, un dato que por sí solo pone en tensión el discurso oficial.

El impacto golpea de lleno al corazón del entramado productivo. Las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras de empleo, aparecen como las más afectadas. La industria manufacturera también muestra señales alarmantes: la cantidad de firmas cayó un 5,83%, con derrumbes mucho más pronunciados en sectores específicos. El caso más extremo es el de cuero y calzado, que registró una baja del 19,3%.

Detrás de esos porcentajes hay historias concretas. La cordobesa Gomas Gaspar cerró sus puertas dejando a más de 40 trabajadores sin empleo, en medio de reclamos por sueldos adeudados e indemnizaciones impagas. En paralelo, Viamo, una empresa con 38 años de trayectoria, no logró sostener la caída de ventas y debió entrar en concurso preventivo.

Otros rubros industriales también evidencian retrocesos de dos dígitos, como la industria maderera (-11,3%) y la confección de prendas de vestir (-11,2%), confirmando que el deterioro no es aislado sino generalizado en el sector.

El informe “Monitor mensual de empresas” señala que el golpe fue particularmente fuerte en actividades vinculadas al mercado interno y la infraestructura, dos motores clave de la economía local. En esa línea, transporte, inmobiliarias y construcción lideran la destrucción de unidades económicas. El sector de transporte y almacenamiento perdió 5.899 empresas (una caída del 15%), el rubro inmobiliario registró 3.439 cierres (-11,6%) y la construcción vio desaparecer 1.947 firmas.

A nivel territorial, la crisis tampoco es uniforme, pero sí extendida. La Rioja encabeza el ranking de provincias más afectadas, con una caída del 16,06% en la cantidad de empresas. Le siguen Catamarca (-11,51%), Chaco (-10,93%), Tierra del Fuego (-10,48%) y Corrientes (-10,26%).

Lejos de una reactivación, los datos configuran un escenario de contracción profunda, especialmente en sectores dependientes del consumo interno. La evidencia empírica es clara: la magnitud del cierre de empresas no solo expone la fragilidad del tejido productivo, sino que también desarma el relato oficial y plantea interrogantes sobre el rumbo económico en curso.

El caso que involucra a Manuel Adorni sigue sumando revelaciones incómodas y cada nuevo dato agrava la situación de un funcionario cuya credibilidad aparece cada vez más comprometida.

En su intento por defender el cuestionado viaje de su esposa a Nueva York, Adorni había afirmado en una entrevista con Luis Majul que en un año y medio apenas se había tomado “cuatro días” de descanso en Punta del Este. Sin embargo, con el correr de las semanas comenzaron a aparecer datos que desmienten esa versión: primero se supo de una estadía de varias semanas en la exclusiva Aruba, y ahora se suma este paso por uno de los hoteles más caros y emblemáticos del país.

La visita al Llao Llao, durante el fin de semana largo de junio de 2024, se configura como el tercer viaje de alto nivel que se le conoce. El destino no es menor: se trata de un complejo asociado a sectores empresariales cercanos al poder (grupo IRSA muy cercano al presidente Javier Milei, cabe recordar que el Hotel Libertador, de Eduardo Elsztain, fue el bunker de campaña de La Libertad Avanza en 2023), lo que abre interrogantes sobre posibles beneficios o condiciones especiales en la estadía, algo que hasta el momento no fue aclarado.

Los costos del lugar refuerzan el carácter exclusivo del viaje: una simple merienda puede rondar los 90.000 pesos por persona y una cena superar los 130.000, mientras que una empanada premium alcanza cifras llamativas. Solo en alojamiento, el gasto estimado para una estadía de este tipo se ubicaría en torno a los 2.500 dólares, sin contar comidas, actividades y traslados.

A esto se suma otro elemento sensible: la justicia ya había determinado que en viajes anteriores Adorni pagó pasajes en clase ejecutiva en efectivo para su familia, lo que vuelve a poner bajo la lupa el origen y la transparencia de los fondos utilizados.

El contraste entre el discurso público de austeridad y la seguidilla de viajes de lujo empieza a generar ruido político. Lo que en un principio parecía un episodio aislado hoy se perfila como un patrón, con potencial para escalar y salpicar a un gobierno que enfrenta crecientes cuestionamientos sobre la conducta de sus funcionarios más visibles.

Fuerte indignación provocaron las repudiables declaraciones del ministro de Salud Mario Lugones, quien al referirse a la situación del PAMI calificó a las personas mayores como “una carga”, desatando una ola de críticas en redes sociales y distintos sectores de la sociedad.

Durante su exposición en el AmCham Summit, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el funcionario intentó explicar la crisis del organismo asegurando que “la plata llegó”. Sin embargo, sus dichos generaron inmediato rechazo cuando sostuvo: “PAMI tiene un millón de personas de más de 80 años, sobre los 5 millones en total. Y casi 6 mil personas más de 100 años, así que PAMI tiene una carga muy grande”.

La frase fue ampliamente repudiada por su carácter discriminatorio hacia las personas mayores, un sector especialmente vulnerable. En la red social X, el tema se viralizó rápidamente y acumuló críticas de usuarios, referentes y periodistas.

Mario Lugones, Ministro de Salud
"Lo que pasa es que en PAMI hay abuelos de más de 80 años. Es una CARGA muy grande"

Total normalidad. El gobierno de los hijos de puta. Acá la única carga que tenemos es pagar las coimas de ADORNI y Karina Milei pic.twitter.com/PlWGJRJ038

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 15, 2026

Entre ellos, el periodista Luis Novaresio expresó su rechazo, en sintonía con el malestar generalizado frente a declaraciones que fueron consideradas insensibles e inaceptables. La controversia profundiza la crisis en torno al PAMI y suma presión sobre el gobierno libertario.

La Unidad de Información Financiera adoptó una medida que vuelve a poner bajo la lupa el uso de organismos clave del Estado en favor de intereses cercanos al poder: restringió el acceso público a sanciones firmes por lavado de dinero con más de cinco años de antigüedad, tras un pedido del Banco Hipotecario, presidido por Eduardo Elsztain.

La decisión implicó que estas resoluciones dejaran de aparecer en el buscador principal del organismo. Aunque no fueron eliminadas del sitio oficial, quedaron relegadas a un apartado secundario sin acceso directo a su contenido. En la práctica, cualquier interesado en consultarlas ahora debe iniciar un trámite formal, lo que reduce significativamente la visibilidad de antecedentes sensibles para el sistema financiero.

El cambio tuvo un impacto inmediato: entre las sanciones que perdieron exposición pública se encuentra una multa firme aplicada al propio Banco Hipotecario en 2019. El planteo de la entidad apuntaba precisamente a evitar el daño reputacional que genera la fácil localización de estas resoluciones en Internet, especialmente frente a inversores y actores internacionales.

Desde el Ministerio de Justicia, conducido por Juan Bautista Mahiques, justificaron la medida como una forma de prevenir reclamos vinculados al “derecho al olvido”. Sin embargo, el argumento formal convive con un efecto concreto: la reducción del escrutinio público sobre sanciones por delitos financieros, un aspecto clave en la prevención del lavado de dinero.

La decisión no modifica el valor legal de las sanciones, pero sí debilita su dimensión más visible: el castigo reputacional. En contextos como el argentino —donde las multas suelen ser bajas y las condenas penales escasas— la publicidad de estas medidas funciona como un mecanismo central de control. Limitar su acceso implica, en los hechos, aliviar la presión sobre entidades con antecedentes.

El movimiento se da además en un contexto político particular. La UIF depende de la órbita del gobierno de Javier Milei, cuya administración ha mostrado señales de cercanía con Elsztain. Durante la campaña de 2023, el entonces candidato se alojó en un hotel del empresario y compartió actividades personales, lo que alimenta interrogantes sobre posibles vínculos de influencia.

La resolución fue impulsada por el vicepresidente del organismo, Santiago González Rodríguez, sin objeciones visibles dentro del Ejecutivo. En paralelo, la conducción de la UIF ha atravesado una marcada inestabilidad, mientras la Argentina continúa bajo evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, que mide no solo las normas sino su aplicación efectiva.

Lejos de tratarse de un ajuste técnico, la medida deja al descubierto un patrón preocupante: decisiones estatales que, bajo argumentos legales, terminan beneficiando a actores con capacidad de influencia, reduciendo la transparencia y debilitando herramientas clave para el control ciudadano sobre el sistema financiero.