La difusión de los últimos datos de inflación desató un fuerte escándalo en el INDEC y expuso una crisis interna sin precedentes en el organismo estadístico nacional.

En medio de tensiones crecientes por la implementación de una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes el recambio en la cúpula del instituto la cual fue descabezada y anunció la postergación del índice renovado que debía estrenarse con el dato de enero.

Caputo blanqueó la injerencia directa del Gobierno en el organismo y admitió que la renuncia de Marco Lavagna estuvo vinculada al desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei de frenar la actualización del sistema de medición. Pedro Lines quedará al frente del INDEC tras la salida de Lavagna, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos sobre la transparencia de las estadísticas oficiales.

El nuevo modelo buscaba actualizar la canasta de consumo, incorporando con mayor peso los servicios —que hoy representan una porción creciente del gasto de los hogares— y corrigiendo distorsiones del esquema vigente, basado en ponderaciones de 2008. Entre los ejemplos más citados aparece la permanencia de la telefonía fija en la canasta, mientras quedan relegados consumos actuales como las plataformas de streaming.

La metodología descartada por Milei y Caputo contaba incluso con el aval del FMI, ya que se apoyaba en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 y permitía reflejar con mayor precisión los patrones reales de consumo de la población. Además, el índice actualizado se asemeja al que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, que suele arrojar valores más elevados debido al mayor peso de los servicios en la Canasta Básica Total.

Sin embargo, Caputo justificó la postergación asegurando que el cambio podría “opacar” el proceso de desinflación que el Gobierno intenta consolidar. “No hay necesidad de cambiar el índice ahora, da prácticamente lo mismo”, afirmó, aunque reconoció que se mantendrá la medición actual “hasta que el proceso esté consolidado”.

La decisión oficial de intervenir en el INDEC y frenar un cambio metodológico ya preparado reavivó temores históricos: economistas y sectores de la oposición advierten que el Gobierno busca evitar el riesgo de que la inflación arroje cifras más altas en los próximos meses, aun al costo de erosionar la credibilidad política y técnica del organismo con impacto en otros datos cruciales como los de la pobreza.

Con el desplazamiento de Lavagna y la suspensión del nuevo IPC, el escándalo vuelve a instalar una pregunta sensible: ¿se trata de una decisión técnica o de un intento de control político sobre un dato clave para millones de argentinos?

El gobierno bonaerense salió con dureza a cuestionar al jefe de gabinete Manuel Adorni, luego de que el funcionario libertario celebrara como un “hito” la habilitación para que clínicas y hospitales puedan importar equipamiento médico usado.

Desde la Provincia advirtieron que la medida no sólo implica un retroceso, sino que refleja la falta de inversiones reales en el sistema sanitario argentino.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue uno de los primeros en responder públicamente y acusó al Ejecutivo nacional de abandonar la salud pública en lugar de fortalecerla con recursos genuinos. A través de un mensaje en su cuenta de X, ironizó sobre las prioridades del Gobierno:

“¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales?”, escribió, para luego rematar: “No, algo mucho mejor: se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control”.

Kreplak alertó que permitir el ingreso de equipamiento usado sin regulaciones estrictas puede poner en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores, además de profundizar el deterioro del sistema sanitario.

La crítica llegó después de que Adorni anunciara la medida como un avance. “A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento usado”, publicó el vocero, defendiendo la iniciativa al afirmar que reducirá “costos y burocracia” y mejorará la calidad del servicio.

Sin embargo, desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que el anuncio expone el rumbo del Gobierno nacional: reemplazar políticas de inversión y fortalecimiento del sistema de salud por medidas que habilitan la llegada de descartes médicos del exterior. El cruce volvió a marcar la tensión creciente entre Nación y Provincia en torno al futuro de la política sanitaria.

El indicador, que mide el número de niños y niñas que mueren antes de cumplir un año, pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Después de más de dos décadas de descenso sostenido, la Argentina registró en 2024 un aumento en la tasa de mortalidad infantil. El indicador, que mide el número de niños y niñas que mueren antes de cumplir un año, pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Se trata de un incremento de 0,5 puntos, el más alto desde 2002, de acuerdo con un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, organización dedicada a la promoción y prevención en salud. “En 2024 se da el mayor aumento de la tasa de mortalidad infantil desde 2002”, advirtió el documento.

Los especialistas vinculan este retroceso al deterioro de las condiciones socioeconómicas y sanitarias, agravadas por el avance de la pobreza. Señalan que la crisis comenzó durante la pandemia, en el gobierno de Alberto Fernández, y se profundizó durante el primer año de gestión de Javier Milei.

En números absolutos, durante 2024 se contabilizaron 3.513 fallecimientos de bebés menores de un año, lo que interrumpió una tendencia de mejora que se mantenía desde comienzos de los 2000, cuando la tasa alcanzaba los 16,6 puntos.

Entre las principales causas del aumento figuran las afecciones originadas en el período perinatal y las malformaciones congénitas.

Desigualdad entre provincias

El informe también expone fuertes diferencias regionales. Corrientes encabezó los registros con una tasa de 14 muertes infantiles, seguida por Chaco (11,8) y La Rioja (11,7). También se ubicaron por encima del promedio nacional provincias como Formosa y Santiago del Estero, con 10,7 decesos cada 1.000 nacidos vivos.

La tasa de mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles del estado de salud de una población, ya que refleja el acceso a controles médicos, condiciones de vida y calidad del sistema sanitario.

La tensión en el sistema ferroviario volvió a escalar este sábado tras una fuerte advertencia del sindicato La Fraternidad, que evalúa convocar a un paro nacional de trenes el próximo jueves 5 de febrero si no se alcanza un acuerdo salarial satisfactorio en las próximas horas.

El conflicto se profundizó luego de la última reunión paritaria, en la que las empresas del sector ofrecieron una recomposición de solo un 1% para los haberes de enero, una propuesta que el gremio calificó como insuficiente e inaceptable frente al impacto de la inflación.

Aunque la posibilidad de la huelga ya está planteada, la decisión final quedó en suspenso por 48 horas. Desde el sindicato señalaron que la concreción del paro dependerá de las nuevas ofertas salariales que puedan surgir en la mesa de negociación, prevista para este lunes.

En caso de no registrarse avances, La Fraternidad podría formalizar ese mismo día la convocatoria a un paro general ferroviario, lo que afectaría los servicios en todo el país a partir del jueves.

El conflicto se inscribe además en un clima de creciente tensión entre los gremios del transporte y el Gobierno nacional. El líder sindical Omar Maturano ya había expresado su rechazo a aspectos de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

Según el prestigioso medio estadounidense The Washington Post, Argentina se encuentra en un estado avanzado de conversaciones para aceptar migrantes deportados por Estados Unidos, tanto argentinos como extranjeros, expulsados por haber ingresado de manera irregular a territorio norteamericano.

Un informe publicado por The New York Times volvió a encender las alarmas sobre las negociaciones entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump. Según el prestigioso medio estadounidense, Argentina se encuentra en un estado avanzado de conversaciones para aceptar migrantes deportados por Estados Unidos, tanto argentinos como extranjeros, expulsados por haber ingresado de manera irregular a territorio norteamericano.

Lo más grave es que fuentes estadounidenses confirmaron que estas tratativas existen desde enero de 2025, como parte de un paquete de acuerdos que Washington viene impulsando con gobiernos subordinados de la región. De concretarse, el país podría transformarse en un verdadero “vertedero de personas descartadas por Washington”, recibiendo deportados que Estados Unidos busca expulsar, entre ellos potencialmente criminales peligrosos, con un impacto directo sobre la seguridad ciudadana interna argentina.

Ante consultas periodísticas, los voceros oficiales del Gobierno evitaron brindar precisiones. Incluso, un alto funcionario se limitó a minimizar el contenido del artículo, señalando que el acuerdo “no es tan así”. Sin embargo, desde EEUU reconocen que las conversaciones llevan más de un año en marcha, aunque todavía no hay una fecha definida para su oficialización.

La nota del diario norteamericano apunta a que el canciller Pablo Quirno y el vicecanciller Juan Navarro estarían involucrados en los detalles del entendimiento. Desde Cancillería respondieron con evasivas: “No realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”.

Desde la asunción de Trump, uno de los primeros pedidos a los países aliados fue la cooperación con su política migratoria. El Salvador fue el caso pionero: aceptó recibir deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde fueron encerradas 256 personas, muchas de ellas con antecedentes penales. Posteriormente, el gobierno de Nayib Bukele aceptó otros 200 deportados a cambio de 4,76 millones de dólares.

Ecuador también confirmó en septiembre de 2025 negociaciones avanzadas para recibir migrantes en condición de refugiados, aunque sin el alcance del modelo salvadoreño, que incluye delincuentes y personas con prontuario.

En el caso argentino, aún no se conocen las condiciones exactas que se estarían negociando. Pero lo que ya resulta inquietante es que Estados Unidos confirma que las conversaciones existen desde enero de 2025, lo que abre la puerta a que Argentina termine funcionando como un destino para deportados no deseados por Washington, con el consiguiente riesgo de importar problemas de seguridad y criminalidad que podrían poner en jaque la propia soberanía nacional.

A través del Tesoro norteamericano, encabezado por Scott Bessent, Washington concretó la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por US$ 808 millones a la Argentina, una operación que permitirá cubrir casi en su totalidad el pago de intereses al FMI que vence este domingo 1 de febrero.

El gobierno de Estados Unidos volvió a salir al auxilio de Javier Milei para evitar tensiones inmediatas con el Fondo Monetario Internacional. A través del Tesoro norteamericano, encabezado por Scott Bessent, Washington concretó la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por US$ 808 millones a la Argentina, una operación que permitió cubrir casi en su totalidad el pago de intereses al FMI que vencían este domingo 1 de febrero.

El compromiso asciende a US$ 833 millones, por lo que la asistencia estadounidense resulta decisiva para afrontar el vencimiento sin un impacto significativo sobre las reservas internacionales acumuladas por el Banco Central durante enero.

La transferencia representa la tercera ayuda directa de Bessent en apenas tres meses, consolidando un respaldo financiero sostenido hacia la administración libertaria. En octubre, Argentina ya había recibido unos US$ 1.185 millones en DEGs, utilizados para cumplir con otro pago al Fondo el 1 de noviembre. Antes, durante la campaña electoral estadounidense, el funcionario también habilitó al Banco Central a activar US$ 2.500 millones del swap de monedas, una medida que permitió evitar una devaluación que parecía inminente y que luego fue cancelada mediante deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

El objetivo: apuntalar las reservas del Banco Central

El Banco Central logró acumular en enero cerca de US$ 1.100 millones, tras ajustes en la política cambiaria y un plan de compras en el mercado. Si el pago al FMI se hubiera realizado directamente con esas divisas, habría consumido aproximadamente el 75% de lo adquirido durante el mes.

El equipo económico además cuenta con un remanente de unos US$ 300 millones del préstamo REPO otorgado por bancos de Wall Street a comienzos de enero, recursos que ya se usaron parcialmente para cancelar un pago de US$ 4.200 millones a bonistas el pasado 9 de enero.

En las próximas semanas, el Banco Central enfrentará otro vencimiento relevante: a fines de febrero deberá afrontar US$ 990 millones vinculados a los bonos Bopreal colocados entre empresas. En este contexto, el respaldo de Estados Unidos aparece como un factor clave para sostener la estabilidad financiera del gobierno en el corto plazo.

Cómo funciona la venta de DEGs

Los Derechos Especiales de Giro son un activo de reserva internacional creado por el FMI en 1969, basado en una canasta de monedas integrada por el dólar, el euro, el yuan, el yen y la libra esterlina. Los países pueden utilizarlos para complementar reservas, obtener liquidez o cumplir pagos con el propio Fondo.

En este tipo de operaciones, un país con excedente de DEGs los transfiere a otro que los necesita, a cambio de monedas convertibles. De este modo, se facilita el acceso a divisas sin recurrir de inmediato al mercado o a nuevo endeudamiento, preservando las reservas netas.

Según datos del Tesoro estadounidense, Argentina fue el primer país en recibir fondos por esta vía en 2026, en lo que constituye apenas la cuarta venta realizada por Estados Unidos a otra nación en los últimos cinco años.

Farmacias de todo el país reclamaron al PAMI la regularización urgente de pagos atrasados y alertaron que las demoras ya ponen en riesgo la provisión de medicamentos para jubilados y pensionados.

Las principales entidades farmacéuticas nacionales enviaron una carta conjunta al Programa de Atención Médica Integral, dependiente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en la que advirtieron que la falta de cumplimiento en los plazos de pago compromete la continuidad del convenio de dispensa de tratamientos.

El documento fue firmado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMSRA) y la Asociación de Farmacias Argentinas (ASOFAR).

Según detallaron, existen atrasos en anticipos y saldos correspondientes a noviembre y diciembre, mientras que algunos vencimientos de enero acumulan demoras cercanas a un mes, profundizando la incertidumbre en el sector.

Los referentes farmacéuticos remarcaron que el pago en tiempo y forma es indispensable para sostener la reposición permanente de medicamentos, ya que las farmacias deben comprar semanalmente en droguerías para garantizar que los afiliados accedan a sus tratamientos sin interrupciones.

“Todas las semanas tenemos que reponer medicamentos para que los jubilados del PAMI puedan seguir con sus tratamientos. Cuando los pagos no llegan, se resiente toda la cadena de atención”, sostuvo Alejandra Gómez, presidenta de COFA.

Las entidades señalaron además que la combinación de pagos demorados, costos en alza y alta demanda está afectando la estructura operativa de muchos establecimientos, en un contexto marcado por recortes y ajustes en el sistema sanitario.

En ese marco, recordaron el compromiso sostenido del sector farmacéutico durante años de inflación y desbalances económicos, incluso mediante acuerdos para reducir costos y garantizar el acceso de los adultos mayores a medicamentos esenciales.

Finalmente, reclamaron el pago inmediato de lo adeudado y exigieron previsibilidad hacia adelante por parte del gobierno de Javier Milei, al advertir que la regularización es indispensable para evitar un deterioro en un servicio clave para millones de jubilados.

Bullrich insistió en que el PAMI es un “gasto brutal” y habló de desmantelarlo

La polémica se intensificó luego de declaraciones de Patricia Bullrich, dirigente de La Libertad Avanza, quien cuestionó la existencia del PAMI y lo definió como un esquema “conceptualmente erróneo”.

“Cuando tenés todas personas grandes en un seguro de salud, no es un seguro: es un gasto brutal”, afirmó, comparando el sistema con “una compañía donde todos los autos chocan al mismo tiempo”.

Durante una entrevista en streaming, Bullrich sostuvo que el Estado debería discutir cómo desmantelar el organismo, al que describió como una estructura demasiado grande y difícil de reformar.

Si bien aclaró que esa posibilidad “no está en estudio” dentro de la administración de Javier Milei, reconoció que es una idea que le gustaría que se analice, en medio del ajuste que atraviesa el sistema previsional y sanitario.

Las declaraciones generaron rechazo y preocupación, mientras farmacéuticos y organizaciones advierten que la falta de pagos y los recortes podrían traducirse en una interrupción directa en la entrega de medicamentos para jubilados.

Luego de la fuerte presión ejercida por los gobernadores de la Patagonia, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea y zona de desastre en cuatro provincias afectadas por los incendios forestales: Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La decisión fue tomada por el oficialismo tras una reunión de la Mesa Política y responde a un pedido especial de los mandatarios provinciales, quienes reclamaban desde hace semanas una herramienta inmediata para acelerar el envío de fondos y recursos ante el avance del fuego.

La medida habilita partidas extraordinarias, coordina acciones con provincias y municipios, y busca frenar los focos activos, asistir a las comunidades afectadas y avanzar en la restauración de las áreas dañadas.

Los gobernadores habían solicitado incluso que el tema fuera tratado en sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, remarcó la urgencia de contar con una respuesta nacional: “Necesitábamos una herramienta concreta y de aplicación inmediata para enfrentar una situación que no reconoce límites jurisdiccionales ni partidarios”.

Luego de más de dos meses de incendios en distintas zonas patagónicas, con un saldo crítico de más de 230.000 hectáreas afectadas, el Gobierno nacional firmó finalmente el decreto, en un contexto marcado también por la creciente preocupación social y la presión de la opinión pública.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión en la noche del jueves: “Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa”.

Con esta declaración, Nación garantiza mayores recursos para las provincias que enfrentan las consecuencias del fuego y refuerza el operativo federal para contener una de las emergencias ambientales más graves de los últimos años.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, denunció una intervención federal indirecta sobre toda la provincia a partir de la intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en el Puerto de Ushuaia.

El mandatario presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal para declarar inconstitucional la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) del pasado 21 de enero.

En el escrito, Melella advirtió que el Gobierno nacional intenta avanzar sobre competencias provinciales mediante “argucias administrativas” que encubren una intervención de hecho:

“La Nación no puede, por vía administrativa ni mediante un ente descentralizado, intervenir de hecho una provincia o una de sus instituciones bajo la apariencia de una intervención sectorial”.

El gobernador sostuvo que el Puerto de Ushuaia se encuentra bajo un régimen jurídico provincial propio y que cualquier intento de intervención afecta directamente a Tierra del Fuego como sujeto constitucional. En ese sentido, denunció una ocupación territorial y un ataque al federalismo.

Según Melella, la intervención no se limitó a cuestiones técnicas, sino que tuvo como principal objetivo tomar control de la recaudación y los ingresos portuarios:

“La Nación se apropia de recursos cuya titularidad corresponde a la provincia… encubierta bajo el ropaje de una supuesta potestad de control”, afirmó.

Los fueguinos tenemos que saber qué hay detrás de la intervención del puerto.

La falta de claridad en los argumentos y el hermetismo del Gobierno nacional ante el aterrizaje de un avión oficial norteamericano, sin aviso ni explicación, lo único que generan son más sospechas. pic.twitter.com/bijr8C9w2Z

— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 28, 2026

La sombra de Estados Unidos

El episodio se produjo además en un contexto de sospechas por la llegada de congresistas estadounidenses a la provincia, lo que alimentó temores sobre una posible entrega futura de las instalaciones al Comando Sur de Estados Unidos que desde hace algún tiempo busca tener una mayor presencia en la provincia austral dada la ubicación estratégica de la misma.

En ese sentido, el gobernador también cuestionó el hermetismo del gobierno nacional sobre este asunto. “Argentina se ha alineado muy fuertemente con Estados Unidos y ha dado pasos de entrega de soberanía“, denunció.

La cautelar también incluyó denuncias de trabajadores portuarios que alertaron sobre la falta de controles en áreas sensibles, como sistemas de prevención de incendios, derrames de hidrocarburos y escaneo de vehículos, lo que podría generar graves riesgos operativos y ambientales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrieron las obras que se llevan adelante en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde avanza la construcción del cuarto carril en el tramo que une Avellaneda con Berazategui.

Durante la visita, de la que también participaron autoridades de AUBASA y funcionarios provinciales, ambos supervisaron el progreso de una intervención considerada estratégica para mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados del área metropolitana, utilizado diariamente por más de 200 mil vehículos.

En ese marco, Kicillof remarcó la importancia de la ampliación y sostuvo que quienes transitan habitualmente la autopista “conocen la relevancia del cuarto carril que se está construyendo”, una obra que permitirá agilizar los viajes hacia La Plata y reforzar la seguridad vial.

Quienes transitan por la Autopista Buenos Aires-La Plata saben la importancia que tiene el cuarto carril que estamos construyendo para que los más de 200 mil vehículos que circulan a diario lo hagan de manera más ágil y segura. https://t.co/ajAFQdeYWP pic.twitter.com/uq2jtkJMiG

— Axel Kicillof (@Kicillofok) January 28, 2026

La intervención contempla una extensión total de 20 kilómetros, desde el kilómetro 11 hasta el 30, y se ejecuta principalmente en horario nocturno para minimizar el impacto sobre el tránsito. Los trabajos se desarrollan de lunes a viernes entre las 20 y las 6 de la mañana, lo que permite mantener operativa la autopista durante el día.

La inversión prevista para esta etapa alcanza casi 26 mil millones de pesos, con un plazo de ejecución estimado en 15 meses. Desde el Gobierno bonaerense anticiparon que la obra podría finalizar en abril del próximo año, constituyéndose como una de las intervenciones viales más relevantes de las últimas dos décadas en este corredor.

Según informó AUBASA, la construcción del cuarto carril busca eliminar el denominado “efecto embudo” que se produce cuando la autopista pasa de cuatro a tres carriles, especialmente en el tramo comprendido entre el Acceso Sudeste y el peaje Hudson, donde suelen registrarse demoras tanto en horarios pico como durante fines de semana largos.

El proyecto forma parte del plan de obras 2024–2027 impulsado por la empresa estatal, que prevé una inversión de 21,4 millones de dólares en su primera etapa y una finalización proyectada para febrero de 2027. Además del nuevo carril, se incluyen tareas de repavimentación, renovación de la carpeta asfáltica y nueva demarcación, con el objetivo de mejorar la fluidez y la seguridad vial.

Los trabajos están a cargo de dos consorcios: Kavos SA–C&E Construcciones en el tramo del kilómetro 11,4 al 20, y Pelque SA–Briales SA en el sector que se extiende hasta el kilómetro 30,42.

Con la incorporación del cuarto carril, las autoridades esperan una mejora sustancial en el flujo vehicular, beneficiando tanto a automovilistas particulares como al transporte de carga que utiliza esta autopista clave para conectar puertos y centros productivos del sur bonaerense.

Obras recientes en la Autopista Buenos Aires–La Plata

En los últimos años, la autopista fue escenario de distintas intervenciones orientadas a modernizar su infraestructura. Entre las más destacadas se encuentra la construcción del distribuidor de Villa Elisa, que permitió ordenar el tránsito en una zona históricamente congestionada.

También se realizaron repavimentaciones integrales en varios tramos, con nueva demarcación e instalación de luminarias LED para reforzar la seguridad nocturna. A esto se sumaron mejoras en señalización, iluminación, cámaras de videovigilancia y trabajos de mantenimiento en peajes y zonas de descanso.

Estas acciones buscan consolidar una circulación más segura y eficiente en una vía estratégica que conecta la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y numerosos distritos del sur de la provincia.