La decisión se tomó luego de que el fiscal Gerardo Pollicita impulsara la acción penal y solicitara una serie de medidas para analizar en profundidad el sospechoso patrimonio del funcionario.

Según confirmaron fuentes judiciales, el fiscal requirió una batería de doce medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución de los bienes y movimientos económicos de Adorni. El objetivo es determinar si existe un incremento patrimonial que no pueda ser justificado con sus ingresos declarados, en el marco de una causa que se encuentra en etapa inicial.

Entre las medidas dispuestas, se incluyen pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a distintos organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES. La intención es relevar en detalle los activos del funcionario y contrastarlos con su situación declarada.

En particular, se solicitó información sobre un inmueble ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, con el fin de precisar su titularidad, antecedentes registrales, posibles gravámenes y otras condiciones legales. También se busca determinar quién afronta el pago de las expensas y si se gestionaron los permisos de construcción correspondientes.

Asimismo, el fiscal pidió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires tanto a nombre de Adorni como de Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y eventuales restricciones o inhibiciones.

La investigación se completa con pedidos de datos migratorios, antecedentes laborales y documentación vinculada a operaciones financieras e inmobiliarias, además de información sobre préstamos familiares mencionados en la denuncia. Finalmente, se solicitó a la Oficina Anticorrupción el envío de las declaraciones juradas patrimoniales de los últimos años, junto con sus anexos reservados, para evaluar la consistencia de la información presentada.

Bajo el rótulo aparentemente neutral de un “traslado”, Estados Unidos concretó la salida de 100 millones de dólares en oro venezolano hacia su territorio, en una operación anunciada por el propio secretario del Interior, Doug Burgum.

El funcionario confirmó que el metal fue llevado “físicamente” a Estados Unidos tras su reciente visita a Caracas, donde mantuvo reuniones con autoridades venezolanas y ejecutivos del sector energético y minero. Según sus declaraciones, se trata del primer envío de este tipo en más de dos décadas y será destinado a “usos industriales y comerciales”.

Sin embargo, este “traslado” no puede entenderse como un simple movimiento logístico. La operación fue posible tras la firma de nuevas licencias que habilitan el flujo de minerales críticos y metales preciosos entre ambos países, abriendo la puerta a la exportación de recursos estratégicos venezolanos hacia el mercado estadounidense.

El envío se produjo inmediatamente después de la visita de Burgum a Venezuela, donde sostuvo reuniones prolongadas con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, en el marco de una agenda centrada en petróleo, minería y otros recursos naturales.

En este contexto, lo que se presenta oficialmente como cooperación económica o “intercambio” ocurre en paralelo a un renovado interés de Washington por las riquezas venezolanas. Además del petróleo —del que el país posee algunas de las mayores reservas del mundo—, Estados Unidos ha señalado su interés en el oro, la bauxita y otros minerales considerados críticos para la industria y la defensa .

Así, el uso del término “traslado” funciona como un encuadre discursivo que suaviza una dinámica más amplia: la salida de recursos estratégicos desde Venezuela bajo nuevas condiciones legales que favorecen su inserción en cadenas productivas controladas por actores externos.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una reunión clave con más de 60 intendentes e intendentas bonaerenses en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, en un contexto de fuerte tensión financiera.

Allí, el mandatario provincial denunció la “asfixia” ejercida por el gobierno de Javier Milei y anunció una medida central para sostener a los distritos: la coparticipación de deudas nacionales con los municipios.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y su equipo económico, Kicillof explicó que la crisis que atraviesan los municipios responde a tres factores: la ausencia de políticas del Estado nacional, los recortes de fondos y la caída de la recaudación producto del parate económico. En ese marco, aseguró que la Provincia no dejará solos a los bonaerenses, pese a la falta de recursos.

Durante el encuentro, el gobernador apuntó contra la Casa Rosada y denunció un plan “deliberado” para trasladar el peso de la crisis a provincias y municipios. En esa línea, remarcó que el deterioro económico no es responsabilidad de las familias ni de los comerciantes, sino de las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Convocamos a las y los intendentes para renovar el reclamo ante los incumplimientos del Gobierno nacional con la Provincia de Buenos Aires. Las finanzas municipales y provinciales, a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina, están atravesando una crisis originada por tres… pic.twitter.com/Uibvr0XhLO

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

Como respuesta, Kicillof anunció que la Provincia avanzará en la coparticipación de los fondos obtenidos a través del recupero de deudas que la Nación mantiene con Buenos Aires. “A pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables, convocamos a los intendentes a adherir a una normativa que nos permita distribuir lo recaudado”, señaló. La iniciativa busca reforzar las finanzas municipales y amortiguar el impacto del ajuste nacional.

Según detalló el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, la deuda acumulada de la Nación con la Provincia asciende a 15 billones de pesos, cifra que se eleva a 22 billones si se suma la caída de la recaudación. El monto representa cerca del 50% del presupuesto anual bonaerense, lo que configura —según el gobierno provincial— un escenario crítico.

Ante esta realidad, proponemos a los 135 municipios adherir a una normativa que permitirá coparticipar lo recuperado de las deudas del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires, a pesar de que no se trata de recursos originalmente coparticipables.

En este momento tenemos… pic.twitter.com/WDhLabZQT4

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

En paralelo, la Provincia confirmó que abonará el próximo 30 de abril la primera cuota del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con el objetivo de evitar que los distritos frenen obras y servicios. Además, Kicillof adelantó una nueva reunión con autoridades nacionales el 21 de abril para insistir con los reclamos por los recursos adeudados.

El encuentro cerró con una fuerte señal de unidad política entre intendentes de distintos espacios, quienes respaldaron las medidas y coincidieron en la necesidad de articular respuestas frente a la crisis. Para Kicillof, el camino es sostener el reclamo en la Justicia y defender los recursos provinciales para evitar que el ajuste impacte de lleno en la vida cotidiana de los bonaerenses.

El incremento quedó formalizado mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional.

En medio de un escándalo que no deja de crecer, Manuel Adorni recibió un aumento salarial que ya lo ubica en torno a los $7 millones mensuales, una decisión que desató fuertes cuestionamientos por su timing y falta de sensibilidad política ante los recientes escándalos que involucran al jefe de gabinete libertario.

El incremento quedó formalizado mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La medida alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos sueldos estaban congelados desde diciembre de 2023, aunque excluyó al presidente y a la vicepresidenta.

Sin embargo, el caso de Adorni concentra la polémica. En plena controversia por su viaje a Punta del Este y en el marco de una investigación judicial en curso, el jefe de Gabinete terminó beneficiado con una suba cercana al 100%, lo que duplicó su salario, mientras millones de argentinos están con serias dificultades para llegar a fin de mes y mientras desde distintos sectores luchan por paritarias justas que equilibren la cancha ante la difícil situación inflacionaria.

Antes del decreto, los ministros percibían poco más de $3,5 millones y los secretarios alrededor de $3,2 millones. Con la actualización, los ingresos de los ministros treparon a casi $7 millones brutos, mientras que Adorni —por su jerarquía superior— quedó incluso por encima de esa cifra.

En los días previos a la firma ya se hablaba de una recomposición de entre el 60% y el 100%, aunque el texto oficial evitó detallar los nuevos montos. También se incluyó una cláusula que prevé el congelamiento automático de salarios en caso de déficit fiscal financiero acumulado.

Desde el Gobierno justificaron la medida al sostener que es necesario garantizar remuneraciones “adecuadas y competitivas” para quienes ocupan cargos de conducción. No obstante, la explicación no logró disipar las críticas, especialmente por el contexto en el que se produjo.

La confirmación del nuevo salario llega en el peor momento para Adorni, bajo la lupa por su viaje y con la causa judicial avanzando. De hecho, en las últimas horas un testigo clave se presentó a declarar en Comodoro Py, profundizando un escenario que combina cuestionamientos éticos, políticos y ahora también judiciales.

El caso del escandaloso vuelo privado a Punta del Este sumó un giro clave este jueves, cuando el piloto de la aeronave contradijo la versión oficial de Manuel Adorni y complicó aún más su situación judicial y política.

Agustín Issin, el broker que facturó el vuelo de regreso, declaró ante la Justicia que el viaje fue abonado por el periodista Marcelo Grandío, amigo cercano del jefe de Gabinete y vinculado a la TV Pública. Según precisó, no solo el tramo de vuelta formaba parte de un paquete de vuelos facturado a Grandío, sino que también la productora del periodista se hizo cargo del vuelo de ida.

Estas declaraciones desmienten de forma directa lo que había afirmado Adorni apenas un día antes. En una conferencia marcada por la tensión, el funcionario había insistido: “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué, ya no sé cómo explicárselos. Es un tema de investigación judicial”. Sin embargo, el testimonio del piloto ante el juez Ariel Lijo desarma esa versión y pone en duda la transparencia del financiamiento del viaje.

El impacto fue inmediato. La estrategia oficial para cerrar el tema terminó generando el efecto contrario: lejos de despejar dudas, profundizó las sospechas. Incluso, el propio Adorni quedó expuesto tras admitir la existencia de un departamento que no figuraba en su declaración jurada.

En este contexto, la situación del jefe de Gabinete se volvió aún más delicada. El hecho de que Grandío tuviera contratos con la TV Pública —organismo que dependía del área de Adorni— abre la puerta a una posible figura de dádivas. Por ese motivo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria avanzó con un allanamiento en la TV Pública en busca de documentación sobre esos vínculos.

Así, lo que comenzó como una explicación oficial para dar por cerrado el tema derivó en un nuevo foco de conflicto, con declaraciones que comprometen directamente al funcionario y lo dejan, una vez más, en el centro de la escena judicial y política.

Manuel Adorni intentó defenderse públicamente, pero su descargo terminó convirtiéndose en un verdadero enredo que lo dejó aún más expuesto.

En la conferencia de prensa que organizó para despejar las denuncias en su contra, el propio Manuel Adorni terminó complicándose solo: en medio de su explicación, reveló casi al pasar que posee otro departamento en Caballito, un dato que no había sido mencionado previamente.

Lejos de aclarar la situación, la admisión generó más dudas que certezas. Mientras buscaba desmentir la existencia de una supuesta mansión en Martínez, terminó reconociendo la propiedad de un inmueble en la calle Miró al 500. Según información confirmada posteriormente, ese departamento fue adquirido sin haber vendido la vivienda en la que residía al ingresar al Gobierno, en Parque Chacabuco.

Los registros oficiales muestran que Adorni figura como copropietario, junto a su esposa Bettina Angeletti, de ambas propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. Así, su intento de aclaración derivó en una situación más compleja: no solo no logró ordenar su versión, sino que dejó expuesta una acumulación de bienes difícil de explicar con su ingreso como funcionario.

A esto se suman otras decisiones que alimentan la polémica, como gastos en dólares para viajes —incluyendo un pasaje en clase ejecutiva para su esposa y vuelos privados—, lo que refuerza los cuestionamientos sobre su patrimonio.

Dentro del oficialismo, incluso, algunos lo vinculan con el estilo del presidente Javier Milei, recordando su autodefinición previa como “especialista en crecimiento económico con o sin dinero”.

En ese contexto, lo que debía ser una defensa terminó funcionando como una pieza que agravó el cuadro: Adorni no solo no despejó las sospechas, sino que, con sus propias palabras, profundizó el laberinto en el que quedó atrapado.

En una decisión que generó fuerte polémica y críticas, Argentina protagonizó un episodio controvertido en la Organización de las Naciones Unidas al rechazar una resolución que califica la esclavitud y la trata transatlántica de personas africanas como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia.

La iniciativa, aprobada por una amplia mayoría en la Asamblea General, obtuvo 123 votos a favor, solo tres en contra y 52 abstenciones. Sin embargo, el gobierno argentino decidió ubicarse una vez más en el reducido grupo que rechazó el texto, junto a Estados Unidos e Israel, en una postura que lo dejó aislado frente al consenso internacional.

La votación coincidió con el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Durban, un marco clave en la lucha global contra el racismo, lo que profundizó el impacto simbólico de la decisión.

Un sistema de explotación sin precedentes

El documento aprobado sostiene que la esclavitud racializada y la trata de africanos constituyeron un sistema de explotación único en la historia, extendido durante más de cuatro siglos, en el que millones de personas fueron reducidas a la condición de propiedad hereditaria.

Según la resolución, este sistema no solo implicó violencia extrema, sino que también estableció estructuras legales, económicas y sociales basadas en jerarquías raciales cuyos efectos persisten hasta la actualidad.

Uno de los puntos centrales del texto es que los crímenes vinculados a la esclavitud no prescriben, por lo que los Estados tienen la responsabilidad de reparar sus consecuencias. Entre las medidas propuestas se incluyen disculpas oficiales, indemnizaciones, restitución de bienes culturales y políticas activas contra el racismo estructural.

Además, se impulsa el fortalecimiento de la educación, la investigación histórica y la preservación de la memoria colectiva sobre este período.

Argentina, en el centro de la controversia

El dato político más resonante fue el voto negativo de Argentina, que contrastó con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional. La decisión generó cuestionamientos por alejar al país de una postura ampliamente consensuada en torno a la condena de uno de los sistemas de opresión más brutales de la historia.

La resolución se aprobó en el marco del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes, una iniciativa impulsada por la ONU para promover la igualdad, combatir el racismo y avanzar en la reparación histórica. En ese contexto, la posición argentina no solo resultó llamativa, sino que también intensificó el debate político y diplomático sobre su alineamiento internacional.

La crisis económica alcanza niveles alarmantes: casi 6 de cada 10 familias (56,4%) tuvieron que endeudarse en los últimos meses para cubrir gastos básicos como comida, servicios o alquiler. Pero el dato más grave es otro: 9 de cada 10 hogares ya tienen dificultades para pagar esas deudas, evidenciando una situación al límite.

El relevamiento de la consultora Zentrix confirma un deterioro generalizado: los ingresos no alcanzan y la deuda dejó de ser una herramienta financiera para convertirse en un mecanismo de subsistencia. Hoy, la mayoría de los créditos se destinan a cubrir gastos cotidianos, no a invertir ni a generar ingresos futuros.

La raíz del problema es clara: el 83,9% asegura que su salario pierde contra la inflación, mientras más de la mitad de la población ni siquiera logra llegar al día 20 de cada mes. Este desfasaje empuja a los hogares a una espiral crítica: caída del poder adquisitivo, endeudamiento para cubrir lo básico y creciente incapacidad de pago.

El impacto ya se siente en todo el sistema: aumenta la morosidad en bancos y billeteras virtuales, y las entidades endurecen el acceso al crédito ante el riesgo de incumplimientos masivos.

El malestar también se refleja en lo social y político. Más de la mitad de la población (53,3%) desaprueba la gestión del Gobierno, con una suba significativa respecto a mediciones anteriores, en un contexto donde crece la percepción de que los datos oficiales no reflejan la realidad cotidiana.

El diagnóstico es contundente: el ajuste ya no es una variable macroeconómica, sino una crisis directa en los hogares, donde cada vez más familias dependen de la deuda para comer y, al mismo tiempo, quedan atrapadas en una situación cada vez más difícil de sostener.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, centró su mensaje en el carácter económico del último golpe de Estado en la Argentina, al cumplirse medio siglo del quiebre institucional.

A través de sus redes sociales, remarcó que la dictadura no puede analizarse únicamente por su faceta represiva, sino también por el modelo económico que buscó imponer.

“A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico”, afirmó. En ese sentido, explicó que el régimen tuvo como objetivo transformar la estructura productiva del país: “Se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar la economía y precarizar el trabajo”.

Kicillof sostuvo además que ese programa económico requirió un profundo debilitamiento del tejido social. “Además de quebrar la Democracia, se buscó quebrar a las organizaciones, la solidaridad y sofocar cualquier esperanza colectiva de una sociedad más justa”, señaló.

El mandatario también puso el acento en el sentido actual de la memoria histórica. “No recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la Democracia, defender el futuro y no naturalizar nunca la violencia contra la Constitución y la dignidad de nuestro pueblo”, expresó.

Finalmente, destacó el papel clave de los organismos de derechos humanos en la reconstrucción democrática: “Esta etapa fue posible por la valentía de las Madres, las Abuelas y de todo un pueblo que luchó por la memoria, la verdad y la justicia. 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas, presentes. Ahora y siempre”.

La publicación estuvo acompañada por un video alusivo que repasa hechos de la última dictadura cívico-militar.

A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico. La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro… pic.twitter.com/nqXBakQyWy

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 24, 2026

Una nueva encuesta nacional revela un cuadro crítico para el gobierno de Javier Milei, con indicadores que muestran un deterioro simultáneo en la confianza pública, la economía y la credibilidad institucional.

La desaprobación a la gestión trepó al 64% —con fuertes subas en apenas un mes— y la imagen negativa del Gobierno ya alcanza el 62%, configurando el peor registro desde el inicio de la administración. Este rechazo no aparece aislado: se combina con una caída sostenida en la intención de voto y un desplome de las expectativas a futuro.

El dato más contundente surge del frente económico. Ocho de cada diez argentinos no logran cubrir sus gastos mensuales o apenas llegan con lo justo, consolidando un escenario de ajuste permanente. A esto se suma una percepción mayoritariamente negativa: el 61% cree que el país está peor que hace un año y el 65% duda de la capacidad oficial para sostener la baja de la inflación.

En paralelo, emerge un factor especialmente sensible para el discurso oficial: la pérdida de credibilidad. El 71% desconfía de los datos del INDEC, erosionando uno de los principales pilares del relato económico del gobierno. Sin confianza en las estadísticas, incluso los logros que el oficialismo intenta mostrar pierden impacto político.

La imagen presidencial también acusa el desgaste: predomina la valoración negativa y cae el apoyo electoral, mientras que la evaluación de la gestión es desfavorable en áreas clave como lo social, lo económico y la política exterior.

Finalmente, otro dato enciende alarmas: la corrupción e impunidad aparece como la principal preocupación social. Esto tensiona directamente la narrativa fundacional del oficialismo, basada en la promesa de combatir a “la casta” y sanear el Estado.

En conjunto, los números no solo reflejan malestar, sino un escenario de desconfianza creciente y fragilidad política, donde el desafío para el gobierno ya no es solo económico, sino reconstruir legitimidad en una sociedad que muestra signos claros de ruptura con sus expectativas iniciales.