Un apagón eléctrico de gran magnitud afecta a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), e impactó en el funcionamiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable, por lo que podrían registrarse faltantes o baja presión en el servicio.

Un apagón eléctrico de gran magnitud que afectó a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) impactó en el funcionamiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable, por lo que podrían registrarse faltantes o baja presión en el servicio, informó este jueves la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la compañía explicó que el corte de energía, ajeno a la empresa, afectó a varias instalaciones clave que dependen del suministro eléctrico para operar con normalidad. Se trata de plantas y sistemas de bombeo que demandan una gran cantidad de energía para garantizar el abastecimiento de agua potable.

AySA aclaró que, aun cuando el servicio eléctrico sea restablecido, la normalización del suministro de agua no es inmediata, ya que los sistemas de bombeo deben atravesar un proceso de arranque secuencial. Por ese motivo, la recuperación del servicio y la presurización de la red se dará de manera gradual a lo largo de la jornada.

Como consecuencia del apagón, la empresa advirtió que podría haber baja presión y/o falta de agua en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades de los partidos de Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Ante la masividad del corte eléctrico y las altas temperaturas, AySA solicitó a los usuarios extremar los cuidados y hacer un uso responsable del agua potable, priorizando su consumo para actividades esenciales.

Según datos del Indec, en noviembre la industria utilizó apenas el 57,7% de su capacidad productiva instalada, un retroceso significativo frente al 62,3% registrado un año atrás.

Un indicador difundido por el Indec encendió nuevas señales de alerta sobre el estado de la economía real: casi la mitad de las máquinas de las fábricas argentinas permanecen paralizadas. Según el organismo oficial, en noviembre la industria utilizó apenas el 57,7% de su capacidad productiva instalada, un retroceso significativo frente al 62,3% registrado un año atrás.

El dato no solo confirma que el derrumbe industrial continúa, sino que muestra una profundización del proceso recesivo. A lo largo de 2025, el uso de la capacidad instalada se mantuvo sistemáticamente en niveles críticos: entre enero y agosto nunca alcanzó el 60%, apenas lo superó de forma marginal en septiembre y octubre, y volvió a caer en noviembre.

Estos niveles de actividad son comparables con momentos excepcionales de crisis, como los meses más duros de la pandemia. También remiten al inicio de 2024, cuando la economía se contrajo abruptamente tras la implementación de medidas económicas de fuerte impacto, entre ellas una devaluación del 53%, un ajuste fiscal severo y una apertura comercial sin restricciones.

El deterioro industrial se produjo, además, en el mes posterior al triunfo electoral de Javier Milei. Mientras los mercados financieros reaccionaron con subas en las acciones del Merval, ese impulso especulativo no se tradujo en mayor actividad productiva, que siguió en retroceso.

El parate no afecta por igual a todos los sectores. De las doce ramas industriales que releva el Indec, la textil fue la más golpeada: en noviembre utilizó apenas el 29,2% de su capacidad, lo que implica que siete de cada diez máquinas estuvieron detenidas. La combinación de caída del consumo interno y una fuerte presión de importaciones —incluso de ropa usada— profundizó la crisis del sector.

En una situación apenas menos crítica se ubicó la industria metalmecánica (excluida la automotriz), con un uso de capacidad del 39,9%, afectada por la misma dinámica de desplome de la demanda y sustitución por productos importados. Dentro de este rubro, la fabricación de electrodomésticos mostró un derrumbe del 39,7% interanual, en un contexto marcado por el cierre definitivo de la planta de Whirlpool en Pilar y el giro hacia la importación.

La industria automotriz completó el podio de los sectores más castigados, con un uso efectivo del 46,3%, muy por debajo del 64,7% de un año atrás. El contraste es elocuente: mientras las ventas de vehículos crecieron en 2025, la producción local quedó relegada, desplazada por autos y autopartes importadas.

En conjunto, el dato oficial del Indec deja una conclusión inquietante: la recesión industrial no solo persiste, sino que se consolida, con un entramado productivo que opera muy por debajo de su potencial y un impacto directo sobre el empleo, la inversión y el desarrollo económico.

Las desvinculaciones fueron comunicadas de manera abrupta, sin previo aviso y a través de reuniones por Zoom, y según denunciaron los propios empleados, los puestos eliminados serán reemplazados por sistemas de inteligencia artificial.

A días del inicio de 2026, Mercado Libre ejecutó un despido masivo que alcanzó a 119 trabajadores del área tecnológica en América Latina, de los cuales 32 se desempeñaban en Argentina. Las desvinculaciones fueron comunicadas de manera abrupta, sin previo aviso y a través de reuniones por Zoom, y según denunciaron los propios empleados, los puestos eliminados serán reemplazados por sistemas de inteligencia artificial.

La medida fue adoptada por la empresa fundada por Marcos Galperín, empresario que se identifica públicamente con las ideas libertarias del presidente Javier Milei, y comenzó a trascender en redes sociales pocos días después del cierre de 2025. Frente a la repercusión pública, el medio El Destape se contactó con voceros de la compañía, quienes confirmaron los despidos.

Desde Mercado Libre intentaron presentar la decisión como una acción “puntual”, enmarcada en una supuesta “transformación” organizacional. En un comunicado oficial, la empresa señaló que se encuentra “evolucionando la organización de los equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido”, y precisó que “como parte de este proceso, 32 personas dejaron la compañía en Argentina”. También aclaró que la medida, según su versión, “no modifica la estrategia de crecimiento en el país ni en la región”.

No obstante, el relato de los trabajadores despedidos contradice el discurso empresarial. De acuerdo con testimonios recogidos, los empleados fueron convocados a reuniones virtuales sin información previa y, al conectarse, se encontraron con decenas de compañeros en la misma situación. En esos encuentros —realizados incluso en dos idiomas por la participación de personal de Brasil— se les comunicó la desvinculación inmediata, el pago de la indemnización y la obligación de entregar las computadoras y cerrar el vínculo laboral en el acto.

Una trabajadora consultada señaló que este tipo de recortes viene avanzando desde hace tiempo en áreas como Atención al Cliente y Experiencia de Usuario, donde la empresa estaría reduciendo personal humano para avanzar en procesos de automatización.

Según indicaron los propios empleados, Mercado Libre se encuentra probando bots y agentes de inteligencia artificial para asumir tareas que hasta ahora eran realizadas por trabajadores especializados. El caso vuelve a encender el debate sobre el impacto de la IA en el empleo, especialmente en el sector tecnológico, y pone en cuestión el rol de las grandes corporaciones en un contexto regional atravesado por el ajuste, la recesión y la pérdida de puestos de trabajo.

El volumen proyectado implica un consumo mensual que rondaría los $50 millones solo en medialunas, a valores actuales de mercado.

Mientras el Gobierno profundiza un severo ajuste que golpea a jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales, la Casa Rosada prevé destinar más de $1,7 millones por día a la compra de panes, medialunas y otros productos de panadería para el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo.

El gasto surge de una licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia que, según informó el medio Realpolitik, contempla un contrato inicial de seis meses con opción de prórroga. De concretarse en su totalidad, el desembolso superaría los $311 millones, una cifra que contrasta con los recortes aplicados en áreas sensibles y con la caída generalizada del consumo en los hogares.

De acuerdo al pliego licitatorio, se adquirirán miles de unidades de pan miñón, pan árabe, panes para hamburguesas y medialunas —tanto de manteca como de grasa— en volúmenes que implican un gasto mensual cercano a los $50 millones solo en medialunas, a precios actuales de mercado.

La magnitud del gasto genera cuestionamientos en un contexto económico atravesado por el deterioro del poder adquisitivo y la retracción del consumo básico. Datos oficiales y mediciones privadas coinciden en señalar una disminución en la compra de alimentos, menos concurrencia a supermercados y un aumento de la morosidad en créditos y tarjetas, signos de un ajuste que impacta con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos.

El contraste entre el discurso oficial de austeridad y la decisión de garantizar un costoso servicio de panadería en la sede del Gobierno nacional vuelve a poner en discusión las prioridades del gasto público, en un escenario donde millones de personas enfrentan dificultades crecientes para cubrir necesidades básicas.

El presidente designó al primo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como nuevo Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), profundizando la lógica de convertir los activos estratégicos del Estado en un negocio familiar de la casta que dice combatir.

Tras la renuncia de Alfonso Peña, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2024, el Gobierno nombró a Diego Luis Adúriz como máxima autoridad ejecutiva de Yacyretá. Adúriz, hasta la semana pasada consejero del organismo, es primo de Toto Caputo y sobrino del empresario Nicolás “Nicki” Caputo, histórico beneficiario del poder político y socio recurrente del Estado argentino.

La designación quedó formalizada mediante el decreto 15/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Junto con Peña, también presentó su renuncia el consejero José Antonio López.

Adúriz ya formaba parte del entramado económico del Gobierno: había sido designado como representante de CAMMESA y se desempeñó como asesor del Ministerio de Economía durante 2024. Desde febrero del año pasado integraba el Consejo de la Central Hidroeléctrica y ahora asumirá la conducción de la represa binacional por un período que se extenderá hasta enero de 2031.

La actual composición del organismo fue definida directamente por Milei, quien designó a los representantes argentinos Ana Clara Almirón, Facundo Palma y Rodrigo de Arrechea, estos últimos aún en funciones.

Además, el Ejecutivo completó el organigrama local de Yacyretá con el nombramiento de Manuel Ignacio Chavarría Bertolami como consejero hasta el 31 de agosto de este año, en reemplazo del licenciado López.

Mientras el discurso oficial insiste en la lucha contra “la casta”, la conducción de una de las principales represas hidroeléctricas del país queda en manos del círculo íntimo del poder económico, confirmando que, lejos de achicarse, el Estado se reparte entre familiares y socios del Gobierno.

Lejos de capitalizar la mayor disponibilidad de materias primas, el sector cerró noviembre de 2025 con fuertes caídas en producción, ventas internas y exportaciones.

Mientras Vaca Muerta consolida récords de producción de hidrocarburos y se posiciona como uno de los principales motores del sector energético, la industria química y petroquímica atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. Lejos de capitalizar la mayor disponibilidad de materias primas, el sector cerró noviembre de 2025 con fuertes caídas en producción, ventas internas y exportaciones.

Un informe de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) revela que la producción total se desplomó 15% respecto de octubre y 18% en la comparación interanual. En el acumulado de los primeros once meses del año, la contracción alcanza el 6%, confirmando un deterioro sostenido que se profundizó hacia el final de 2025.

El mercado interno tampoco ofreció señales de alivio. Las ventas locales cayeron 9% en el mes, con un impacto especialmente severo en los subsectores vinculados a los agroquímicos finales. En términos interanuales, el retroceso fue del 21%, mientras que el acumulado anual muestra una baja del 17%, en un contexto de fuerte retracción de la demanda industrial y del consumo.

El frente externo, que históricamente funcionó como válvula de escape, tampoco logró compensar la caída doméstica. Las exportaciones retrocedieron 4% frente a octubre y 14% interanual. Entre enero y noviembre, el desempeño exportador quedó 1% por debajo del registrado en 2024, evidenciando un estancamiento que contrasta con el crecimiento de las ventas externas de hidrocarburos.

La crisis ya tiene impacto directo en el empleo. Tal como informó Ámbito, la petroquímica Sealed Air despidió a 65 trabajadores tras fracasar las negociaciones con el gremio, en el marco de un “proceso global de optimización de recursos”. La compañía aplicó una reducción cercana al 40% de su plantilla, combinando despidos y retiros voluntarios, lo que derivó en un paro por tiempo indeterminado y la paralización total de la planta.

En este escenario adverso, la Pequeña y Mediana Industria Química (PyMIQ) mostró señales mixtas. La producción cayó 9% mensual, aunque mantiene un crecimiento interanual del 9% y un avance acumulado del 7%. Las ventas locales descendieron 7% en noviembre, pero crecieron 9% frente al mismo mes del año pasado. El dato más destacado fue el salto mensual del 27% en exportaciones, aunque la comparación interanual sigue siendo negativa (-20%) y el acumulado anual refleja una caída del 30%.

El deterioro del comercio exterior se tradujo además en una balanza comercial deficitaria. En noviembre, las importaciones del sector bajaron 0,21%, pero las exportaciones medidas en dólares se contrajeron 27%, lo que arrojó un déficit estimado del 16,5%.

A esto se suma un uso de la capacidad instalada que permanece lejos de niveles óptimos. Según la CIQyP, en productos básicos e intermedios el promedio fue del 67%, mientras que los productos petroquímicos alcanzaron el 79%, dejando en evidencia un importante margen de capacidad ociosa en una industria que debería ser estratégica para agregar valor a los recursos de Vaca Muerta.

En términos de facturación, las ventas totales del sector alcanzaron los u$s261 millones en noviembre y sumaron u$s3.076 millones en los primeros once meses del año. Para Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la CIQyP, los datos reflejan “un cierre de año marcado por la desaceleración de la actividad industrial en general”. Si bien destacó la recuperación puntual de las exportaciones PyMIQ, advirtió que el escenario sigue siendo desafiante.

De cara a 2026, el principal interrogante es si el boom energético logrará finalmente derramar sobre la industria química y petroquímica. Por ahora, la paradoja es evidente: en un país que bate récords de producción de gas y petróleo, la industrialización de esos recursos continúa en retroceso.

En las últimas horas, Villarruel abrió un nuevo capítulo en la interna con la Casa Rosada al reclamar que no se recorten fondos para el combate del fuego y al advertir que la política de ajuste impulsada por el Ejecutivo impacta de lleno en la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias ambientales.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del presidente Javier Milei al cuestionar el ajuste en el área ambiental y exigir una mayor asignación de recursos para enfrentar los incendios que azotan a la Patagonia, en medio de un desastre ecológico de gran magnitud y de crecientes tensiones dentro del Gobierno nacional.

En las últimas horas, Villarruel abrió un nuevo capítulo en la interna con la Casa Rosada al reclamar que no se escatimen fondos para el combate del fuego y al advertir que la política de recorte impulsada por el Ejecutivo impacta de lleno en la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias ambientales. Su planteo fue leído como un desafío directo al esquema de ajuste que sostiene Milei sobre los organismos ambientales y de gestión de emergencias.

Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita.
Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a… pic.twitter.com/KdjHTfc06n

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 12, 2026

“Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, escribió la titular del Senado en sus redes sociales, en un mensaje que puso el acento en la necesidad de priorizar recursos públicos para preservar el ambiente, mientras los incendios —cuya intencionalidad ya fue confirmada— arrasan con parques nacionales, tierras fiscales y propiedades privadas.

A través de su cuenta en X, Villarruel describió la situación como una tragedia recurrente y sostuvo que “todos los años se repite esta catástrofe que nos duele a todos los argentinos”, al señalar que las tierras son devastadas por incendios provocados “con dolo, por negligencia o de manera fortuita”.

Además del reclamo presupuestario, la vicepresidenta adelantó que propondrá en el Senado una actualización del Código Penal para agravar las penas y establecer cárcel efectiva para quienes inicien incendios. “Quien delinque debe responder”, afirmó, y remarcó que las sanciones deben aplicarse “sin excepciones, sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología”.

En ese marco, Villarruel citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga a las autoridades a protegerlo y recomponerlo cuando resulta dañado, reforzando el sustento legal de su postura en plena crisis ambiental.

El planteo de la vicepresidenta también incluyó un llamado a mejorar la articulación entre el Estado nacional y las provincias. Reclamó “una coordinación más eficiente y asertiva en el combate contra el fuego”, una definición que fue interpretada como una crítica indirecta a la reducción de recursos y al corrimiento del Estado nacional promovido por el Gobierno de Milei.

No es la primera vez que Villarruel, sin vínculos orgánicos con la Casa Rosada, expone diferencias con el Presidente. Sin mencionarlo de forma explícita, volvió a cuestionar decisiones del Ejecutivo y a profundizar una interna que se hace cada vez más visible, mientras la Patagonia atraviesa uno de los desastres ambientales más graves de los últimos años.

El ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, advirtió que la temporada de verano está por debajo de 2025 y expuso el impacto de la crisis económica y el fracaso del modelo turístico nacional

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires muestra un desempeño aún peor que la de 2025, un año que ya había sido “flojo”, y puso en evidencia el fuerte golpe al poder adquisitivo de la población junto con el fracaso de las políticas turísticas impulsadas desde el Gobierno nacional.

Durante una recorrida por Mar del Plata y otros destinos de la Costa Atlántica, el funcionario señaló que los primeros indicadores del verano son preocupantes, con baja ocupación hotelera y un marcado retroceso en el consumo. “Es una temporada que, por ahora, viene un poco más abajo que el año pasado, que ya había sido una temporada floja”, afirmó tras mantener reuniones con intendentes y representantes del sector.

Bianco explicó que, aunque todavía no hay estadísticas consolidadas sobre la cantidad de visitantes, el principal problema detectado es la caída del consumo, una tendencia que ya se venía observando incluso antes del inicio formal de la temporada. En ese marco, remarcó que amplios sectores de la población enfrentan serias dificultades económicas, ya sea por la falta de empleo o por ingresos que no alcanzan, lo que impacta de lleno en la actividad turística.

En declaraciones al diario La Capital, el ministro advirtió además que la situación cambiaria favorece a los destinos internacionales en detrimento del turismo interno. “Hay temporada récord en Punta del Este y son argentinos. Lo mismo ocurre con Brasil y otros destinos de sol y playa”, señaló, y cuestionó con dureza la ausencia de políticas nacionales para sostener el turismo local.

Sin mencionarlo directamente, las críticas apuntaron al esquema promovido por el secretario de Turismo, Daniel Scioli, al que Bianco atribuyó la falta de incentivos, programas promocionales y acompañamiento al sector. “No hubo ningún tipo de aporte ni estrategia para fortalecer la temporada: hay cero preocupación y cero acompañamiento por parte de la Nación”, denunció.

Frente a ese escenario, el ministro destacó el esfuerzo del gobierno provincial para sostener la actividad turística, con el despliegue de 28.000 efectivos a través del Operativo Sol, la atención sanitaria al turista, el mantenimiento de rutas y una agenda cultural que incluye más de 600 eventos y la contratación de más de 1.000 artistas.

También mencionó herramientas de alivio económico como los descuentos con Cuenta DNI y líneas de préstamos personales de hasta $2.000.000 para vacaciones, accesibles desde el celular y con tasas subsidiadas.

En materia de obra pública, Bianco subrayó el avance de los trabajos en la Rambla de Mar del Plata y la transformación en autovía de la Ruta 11, y recordó que la Provincia continúa ejecutando obras pese a la falta de recursos, luego de que el Gobierno nacional abandonara más de 1.000 proyectos en territorio bonaerense. “Desde que comenzó esta gestión nacional nos recortaron $14,7 billones. Aun así, todo lo que queda después de pagar salarios, deuda y sostener hospitales y escuelas va directamente a la obra pública”, concluyó.

Se trata de casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a fortalecer la infraestructura, el equipamiento, la capacitación y las condiciones laborales de las y los brigadistas, en un escenario de incendios cada vez más frecuentes y devastadores.

Mientras los incendios forestales avanzan sin control en la Patagonia y ya arrasaron miles de hectáreas de bosques nativos, se conoció un dato que desató un fuerte escándalo: en 2025 el Gobierno nacional dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto destinado al manejo del fuego, equivalente a casi $20.000 millones, y proyecta para este año un recorte histórico en los fondos para prevención y combate de incendios.

Actualmente hay al menos cinco focos de incendios activos en la región patagónica. El más grave es el de Puerto Patriada, en El Hoyo (Chubut), donde el fuego ya afectó unas 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo, según datos oficiales. A este foco se suman los incendios en Puerto Café, en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut); en el Túnel Inferior del Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz); y en Cerro Chañy y Polcahue Norquinco, en Aluminé (Neuquén), de acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias.

El incendio de El Hoyo comenzó el lunes 5 de enero y provocó la destrucción de viviendas y la evacuación de miles de personas. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que la investigación judicial comprobó que el fuego fue iniciado de manera intencional mediante el uso de acelerantes. “Es la peor tragedia ambiental en 20 años”, advirtió el secretario de Bosques provincial, Abel Nievas, mientras continuaban las evacuaciones en Epuyén y El Hoyo por el avance de las llamas.

En este contexto crítico, más de 20 organizaciones ambientales denunciaron que los incendios son “otro síntoma alarmante de la crisis climática global”, agravado por la inacción del Estado en materia de prevención.

Presupuesto sin ejecutar en medio de la emergencia

El principal programa nacional para el combate y la prevención de incendios es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dependiente del Ministerio de Seguridad. Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2025 el organismo dejó sin ejecutar una cuarta parte de los recursos asignados.

De acuerdo con la organización, esos casi $20.000 millones “podrían haberse destinado a fortalecer la infraestructura, el equipamiento, la capacitación y las condiciones laborales de las y los brigadistas”, en un escenario de incendios cada vez más frecuentes y devastadores.

La subejecución presupuestaria no es un hecho aislado. En 2024 sólo se ejecutó el 22% del presupuesto anual del SNMF, año en el que se registraron más de 301.000 hectáreas afectadas por el fuego en todo el país, el peor registro de los últimos seis años. En términos reales, el presupuesto ejecutado en 2024 fue un 81% menor al de 2023.

Un ajuste aún más profundo para 2026

Lejos de revertir esta situación, el proyecto de Presupuesto 2026 profundiza el ajuste. Según FARN, se proyecta una caída real del 71,6% en los fondos destinados al manejo del fuego respecto de 2025, y del 68,9% en comparación con 2023. Además, la participación del SNMF dentro del presupuesto total nacional se reduciría más de un 50%.

“Los montos asignados y ejecutados muestran con claridad que el manejo del fuego no es una prioridad para el Gobierno”, advirtió Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN. “La lógica sigue siendo actuar cuando los incendios ya están consumados, en lugar de invertir de manera sostenida en la prevención”, agregó.

Mientras el fuego avanza y las comunidades patagónicas enfrentan pérdidas ambientales, económicas y sociales irreparables, la combinación de subejecución presupuestaria y recortes futuros expone un escenario que ya genera fuertes cuestionamientos y reclamos por la responsabilidad del Estado frente a una de las peores crisis ambientales de los últimos años.

La actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) expone una realidad inflacionaria mucho más elevada durante la gestión de Javier Milei.

Con la entrada en vigencia del nuevo indicador elaborado por el INDEC, la inflación acumulada desde el inicio del actual gobierno se ubica en torno al 270%, unos diez puntos porcentuales por encima de lo que mostraba la medición anterior y muy por encima de las cifras que hasta ahora se sostenían en el discurso oficial.

A partir de enero de 2026, el INDEC comenzará a aplicar formalmente el nuevo IPC, basado en la actualización de los ponderadores de bienes y servicios según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). Sin embargo, estimaciones privadas que recalculan toda la serie con esta metodología ya permiten observar el impacto del cambio: mientras el esquema previo arrojaba una inflación acumulada cercana al 259% desde diciembre de 2023, el nuevo cálculo eleva esa cifra hasta aproximadamente el 270%.

El cambio metodológico no es menor. El nuevo índice otorga mayor peso a rubros como vivienda, servicios públicos, transporte y comunicaciones, sectores que registraron fuertes aumentos en los últimos años, y reduce la incidencia relativa de alimentos y vestimenta, cuyos precios mostraron una dinámica más contenida en el tramo reciente. De este modo, la medición se acerca más a la estructura real del gasto de los hogares argentinos, pero también deja al descubierto un proceso inflacionario más intenso del que reflejaban los indicadores oficiales anteriores.

En términos anuales, los datos oficiales disponibles hasta noviembre de 2025 muestran una inflación interanual del 27,9%, mientras que las proyecciones privadas estiman para diciembre un avance adicional de entre 2,3% y 2,5%, lo que llevaría el cierre del año a un nivel cercano al 31%. Recalculado con el nuevo IPC, ese desempeño anual se integra en un acumulado de gestión significativamente más alto, que reconfigura la evaluación del recorrido inflacionario del gobierno libertario.

Además de modificar ponderaciones, el nuevo índice amplía de manera sustantiva la base de información: se incrementa la cantidad de precios relevados —de 320.000 a 500.000— y se amplía el universo de informantes. Estas mejoras técnicas buscan mayor precisión estadística, aunque su efecto inmediato es mostrar con mayor crudeza el impacto de los aumentos de precios sobre el costo de vida.

¿Que esperar en 2026?

De cara a 2026, el cambio en la medición se da en un contexto de debate sobre la sostenibilidad de la desaceleración inflacionaria. Mientras el Gobierno confía en que el ajuste fiscal y la restricción monetaria permitirán continuar reduciendo la inflación, economistas y actores del sector privado advierten que, sin señales claras en materia cambiaria y de acumulación de reservas, el nuevo IPC podría seguir reflejando niveles elevados de inflación, incluso cuando el relato oficial apunte a una normalización más rápida.