La ola de suspensiones se produjo en plena semana de fiestas, cuando miles de familias tenían previsto viajar para reencontrarse en Navidad y Año Nuevo.

La aerolínea low cost Flybondi protagonizó una de las mayores crisis operativas de la temporada alta al cancelar 165 vuelos entre el 21 y el 27 de diciembre, lo que afectó de manera directa a más de 31.000 pasajeros en todo el país. La ola de suspensiones se produjo en plena semana de fiestas, cuando miles de familias tenían previsto viajar para reencontrarse en Navidad y Año Nuevo.

Según datos surgidos de los sistemas de reservas y de la programación oficial presentada ante el sistema aeronáutico nacional, las cancelaciones se concentraron especialmente durante Nochebuena y Navidad, aunque se extendieron a lo largo de toda la semana. Solo entre el 24 y el 25 de diciembre se dieron de baja 32 vuelos, profundizando el colapso operativo y la bronca de los usuarios.

El malestar de los usuarios se trasladó rápidamente a redes sociales y a las terminales aéreas. Mensajes como “Desapareció mi vuelo de la reserva” o “Hasta Papá Noel se quedó sin viajar” se multiplicaron en los canales oficiales de la empresa, mientras cientos de pasajeros permanecían varados sin respuestas claras ni soluciones inmediatas.

Las cancelaciones alcanzaron tanto vuelos de cabotaje como internacionales y afectaron a los principales aeropuertos del país, Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, así como a destinos turísticos clave como Bariloche, Mendoza, Salta, Iguazú, Ushuaia y El Calafate, además de rutas regionales hacia Florianópolis y Río de Janeiro.

No se trata de un hecho aislado. Es el segundo año consecutivo en el que Flybondi enfrenta severas complicaciones operativas durante las fiestas de fin de año. La reiteración de estos episodios vuelve a poner en cuestión la capacidad técnica y de gestión de la compañía, dirigida por Mauricio Sana, cuya administración ya se encuentra bajo la observación de los organismos de control.

Con 165 servicios cancelados en apenas siete días, la crisis deja abierta una señal de alarma de cara a la temporada de verano. Los pasajeros afectados pueden exigir, según la normativa vigente, la devolución del dinero, la reprogramación del vuelo o la cobertura de alojamiento y gastos, aunque en la práctica muchos debieron pasar las fiestas lejos de su destino y sin soluciones inmediatas.

Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP), el 77,6% de los argentinos afirma que su salario quedó por detrás de la inflación, mientras que el 64% de la población se identifica hoy como clase media baja o baja.

Pese a que el Gobierno sostiene que los salarios comenzaron a ganarle a la inflación, un relevamiento de la consultora Zentrix muestra una realidad muy distinta en la percepción social. Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP), el 77,6% de los argentinos afirma que su salario quedó por detrás de la inflación, mientras que el 64% de la población se identifica hoy como clase media baja o baja.

El contraste con el discurso oficial es marcado. De acuerdo con el INDEC, en octubre los salarios crecieron en promedio 2,5% mensual y 43,1% interanual, superando a una inflación que habría avanzado 2,3% mensual y 31,1% interanual. Sin embargo, el propio desglose del organismo muestra que los salarios registrados —que representan el 70,07% del total— aumentaron por debajo de la inflación, con subas de apenas 2,0% mensual y 31,0% interanual. El promedio positivo se explica casi exclusivamente por los salarios no registrados, que representan solo el 19,93%, pero tuvieron incrementos muy superiores.

Más allá de los números oficiales, la encuesta de Zentrix revela un clima social claramente adverso. El 55,3% de los encuestados califica la situación económica general como negativa, una evaluación mucho peor que la de la situación personal, lo que —según el informe— confirma que “el clima macroeconómico es percibido como más crítico que la experiencia individual”.

Desconfianza creciente en los datos oficiales

El estudio también expone un fuerte deterioro en la credibilidad del INDEC. El 59,7% de los encuestados afirma no sentirse representado por el dato de inflación que publica el organismo, en un contexto atravesado por la polémica en torno al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y las revisiones retroactivas que modificaron la lectura de la tendencia económica.

Para Zentrix, estas correcciones contribuyeron a profundizar la desconfianza pública y a ensanchar la brecha entre los indicadores oficiales y la percepción cotidiana de los hogares.

Ajuste en el consumo y fin de año con restricciones

“El cierre del año encuentra a una porción creciente de la población ajustando consumos, postergando gastos y enfrentando mayores dificultades para llegar a fin de mes”, advierte el informe. En ese marco, el 48,5% de los encuestados señala que su gasto en las fiestas será inferior o muy inferior al del año pasado, con menor volumen de compras, sustitución de productos y conductas defensivas.

Las vacaciones también aparecen atravesadas por el ajuste: el 39,3% declara no contar con recursos para viajar este verano, mientras que entre quienes sí lo harán predominan escapadas cortas y turismo de cercanía, lo que la consultora define como “decisiones económicas forzadas”.

Al pedir una sola palabra para definir 2025, predominan términos como “desastre”, “destrucción”, “horrible” y “espantoso”, aunque “esperanza” aparece como la principal palabra positiva. Para Zentrix, esa convivencia refleja el balance social del año: salarios que no alcanzan, consumo recortado y una fragilidad generalizada, atenuada apenas por la expectativa de que el próximo año marque un punto de inflexión.

Tras romper con el Indec por no tolerar los datos oficiales que exponían el derrumbe del sector, Daniel Scioli logró ahora que el Banco Central modifique la metodología de medición y maquille los números rojos del turismo, uno de los fracasos más visibles de su gestión.

El Central dejó de contabilizar dentro del rubro turismo los consumos con tarjeta asociados a servicios digitales y las compras realizadas en plataformas internacionales como Amazon. El cambio metodológico permitió reducir artificialmente el déficit del sector y fue celebrado por el secretario de Turismo y Deportes.

Como reveló el portal LPO, Scioli había cortado el financiamiento de las mediciones del Indec luego de chocar con Marco Lavagna, molesto por los datos que mostraban una sangría constante de divisas. Sin embargo, encontró mayor receptividad en el titular del Banco Central, Santiago Bausili, a quien agradeció públicamente por las gestiones que derivaron en la “reclasificación” de consumos.

“Con base en esos resultados, nuestras estimaciones para todo 2025 indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología a US$10.241 millones con la metodología nueva, un 23% menos”, celebró Scioli, aunque el alivio es un dibujo puramente estadístico.

Incluso con la intervención del Central, el balance sigue siendo demoledor: el déficit entre el ingreso y el egreso de divisas por turismo pasó de US$9.983 millones a US$6.935 millones. Menos rojo en los papeles, pero rojo al fin.

En paralelo, Scioli también decidió dejar de financiar dos herramientas clave del sistema estadístico: la Encuesta de Ocupación Hotelera y la Encuesta de Turismo Internacional del Indec. En este último caso, los números eran imposibles de disimular.

Entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 11,19 millones de residentes y apenas ingresaron 4,78 millones de turistas extranjeros, lo que arrojó un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas. Un derrumbe histórico que explica por qué Scioli prefirió cambiar la metodología antes que cambiar la realidad.

Guerras arancelarias, intervenciones militares, revoluciones, y el auge representativo en occidente de una derecha que desafía la supuesta temporalidad en su condición reaccionaria, convirtieron al saliente año en uno cargado de fuertes cimbronazos en el plano geopolítico.

Por Joshua Lentulus Aivazian

El año 2025 estuvo representado en el zodiaco chino por el símbolo de la serpiente de madera. Su combinación con la madera, la dota de cualidades que trae una energía de evaluación silenciosa y ajustes precisos. Mientras que la serpiente está relacionado con la intuición, la sabiduría y el misterio, vinculado a su naturaleza de mudar cada cierto tiempo su piel. Esta “muda” simbólica, nos dio un año de desprendimientos de ilusiones e identidades como el descubrimiento de verdades ocultas que rompen con los convencimientos tradicionales. Fue en el plano geopolítico internacional donde hallamos con mayor elocuencia dicho simbolismo.

Guerras arancelarias, intervenciones militares, revoluciones, y el auge representativo en occidente de una derecha que desafía la supuesta temporalidad en su condición reaccionaria. Todo ello convirtió al 2025 en un año de desprendimientos sobre los ideales de una paz Kantiana fundada en el consenso internacional de las instituciones y el respeto por los derechos humanos, y del descubrimiento perenne del realismo internacional, con expresiones y demostraciones de poder en los campos diplomáticos y bélicos.

En el plano bélico tuvimos un relucir de escamas sobre acciones directas de intervención militar, siendo las más relevantes en el plano internacional aquellas que amenazaban una potencial escalada nuclear. La guerra llevada a cabo por Israel entre el 13 y 24 de junio tenía como objetivo proclamado evitar que Irán pudiera fabricar una bomba nuclear, pero la estrategia subyacente era la reorganización de Oriente Medio y el deseo de Israel de establecerse como fuerza hegemónica. El nombre israelí de esta operación militar fue el de “León Ascendente”, en una clara referencia a la restauración del Shah de Persia y la dinastía Pahlavi.

Si bien estos ataques contra Iran se planteaban en el contexto de la profundización de la limpieza étnica israeli en la franja de Gaza, y en el debilitamiento de los aliados de la defensa del pueblo palestino (Siria, Líbano, Yemen e Irán) declarando objetivos tanto militares como civiles (infraestructuras nucleares, dirigentes militares, y científicos iraníes en edificios residenciales), Israel no tardo en declarar abiertamente querer castigar a la población civil. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha advertido que los “residentes de Teherán pagarán el precio”. En total murieron 1.060 iraníes y más de 4.000 resultaron heridos, la mayoría de ellos civiles.

Mientras que en la reacción iraní al ataque, entre los objetivos militares alcanzados, se encuentran la sede del Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv e instalaciones energéticas en Haifa. Durante los 12 días de guerra, 28 israelíes han muerto en los ataques iraníes, y más de 3.000 han resultado heridos. Otra potencial escalada nuclear la tuvimos entre el 7 y el 10 de mayo en la región de Cachemira entre las fuerzas de India y Pakistán. En respuesta a un ataque terrorista ocurrido el 22 de abril en la Cachemira administrada por India, que India alega fue patrocinado por Pakistán, la Fuerza Aérea India realizó ataques aéreos no solo en la Cachemira administrada por Pakistán, sino también en el Punjab pakistaní. Esta última zona es el corazón del ejército pakistaní y el centro de gravedad económico, político y estratégico del país.

Pakistán respondió derribando cuatro aviones de la Fuerza Aérea India. Las tensiones se intensificaron aún más el 8 de mayo, cuando India realizó ataques con drones contra la infraestructura de radar de Pakistán, y Pakistán lanzó misiles y drones contra 36 ubicaciones en India. Fue principalmente una guerra de misiles y drones, siendo estos últimos el arma predilecta. India dependía de drones de fabricación israelí, como el IAI Searcher, el Herón, el Harpy y el Harop, así como de varios drones autóctonos. Mientras que el arsenal de Pakistán incluye el dron chino CH-4, el Bayraghtar Akinci turco y los drones Burraq y Shahpar, de desarrollo autóctono. El resultado estratégico del conflicto parece favorecer a la India. Si bien sufrió algunas pérdidas en la fase inicial, posteriormente neutralizó los sistemas de defensa aérea y radar de Pakistán y logró penetrar profundamente en territorio pakistaní.

Tras el fin de las hostilidades, el 12 de mayo, el primer ministro Narendra Modi anunció una nueva doctrina militar india, que señala una postura más agresiva contra el terrorismo transfronterizo y las amenazas nucleares implícitas. Según la nueva doctrina, India responderá al terrorismo en sus propios términos, tanto en la elección de los medios como en la ubicación de los ataques. Cada crisis refuerza la determinación de India de castigar aún más a Pakistán, y el conflicto de mayo de 2025 fue, sin duda, un paso cualitativo en esta dirección. Al lanzar ataques en territorio pakistaní, India pretendía demostrar que había abandonado cualquier idea de moderación estratégica, pero su comportamiento real demostró, de hecho, más cautela de la que se reconoció públicamente.

Entre la cautela bilateral y las demostraciones de fuerza, ha retornado una observación sobre los conflictos bélicos en clave de su contexto regional. Esta clave barre una unipolaridad teledirigida por occidente, quienes se enfrentan en tono declarado y abierto a una reacción belicista en contra de Rusia, tras la irresolución de la guerra en Ucrania. Puede pensarse esta guerra en tono civilizatoria, sin embargo, dicho tono solo persigue aferrarse a las escamas caídas de los universalismos de civilización y democracia, mientras Europa encuentra desgastado su rol moral ante el realismo piramidal del leviatán geopolítico norteamericano. Este se ha arrogado un rol “pacificador” partiendo de la coerción multilateral.

Las guerras acontecidas entre Israel e Irán, Camboya y Tailandia y Ruanda y el Congo, han pretendido ser frenadas por el arcaico hegemón del norte, significando únicamente una victoria tercerizada de uno de los actores en conflicto, con absoluta impunidad sobre sus crímenes humanitarios y persistencia colonialista. La “paz” en Gaza, es una complacencia con la ocupación ilegal de Israel sobre territorio Palestino, la “paz” entre Camboya y Tailandia fue un entretiempo entre la coordinación de los intereses domésticos de dichos países de dotarse de un respaldo simbólico territorial, con la recuperación de sus templos históricos, con los intereses internacionales de abrir un nuevo conflicto periférico a China. Mientras que la “no paz” entre Ruanda y el Congo, con el avance del grupo rebelde M23 con respaldo de Ruanda, solo ha demostrado la defraudación material en la tercerización de la paz regional, y por extensión, de una “pax mundis”.

Estos fracasos, hablan del fracaso de pretender que la paz fuera siempre el objetivo de las potencias a las cuales se le delegaba el rol de gendarme global, y no la firma extorsiva de convenios neocoloniales en los que, por ejemplo, el Congo y Ucrania transferían a Estados Unidos estratégicos recursos mineros, mientras que Nigeria y Venezuela ven declarado la intención de invasión y ocupación de sus reservas petroleras. Esto con el objetivo de evitar la devaluación monetaria del dólar, fijado por el precio del petróleo, y ampliar la extorsión energética a China a través de sus socios estratégicos, provocando a dicho país a una declarada intervención militar en defensa de uno de sus aliados, siendo la última provocación crítica, la de Japón sobre su intervención militar en la isla de Taiwán si se sienten amenazados por China.

La paz implícita tras la guerra arancelaria comercial entre ambos hegemones en disputa, ha forzado una paulatina mutación cutánea de una serpiente que ha revelado la realidad de un mundo poliédrico de intereses, alianzas y alineamientos. Tras este 2025, en febrero, en el calendario chino, se dará inicio al año del caballo de fuego. Un símbolo cargado de significado, augurando un año de aceleramiento de los distintos acontecimientos sembrados en el pasado proceso de ruptura institucional interna, con los descontentos generales que hubo hacia los gobiernos, con las marchas de la generación Z, quienes lograron el derrocamiento de gobiernos como los de Bulgaria, Nepal, Madagascar y Bangladesh, y de rupturas internacionales con un Estados Unidos abandonando los acuerdos por el cambio climático de París, la desfinanciación de la ONU y la OMS, y el abandono de los mecanismos internacionales de resolución de conflicto, confiando en su propia fuerza como medio de persuasión y de “pacificación”. ¿Consecuencias? un avispero agitado y prendido fuego que nos auspicia un 2026 turbulento de disputas entre el soberanismo y los imperialismos regionalistas.

La medida, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, establece que el incremento será trasladado de manera automática a los usuarios finales y comenzará a regir para los consumos desde enero de 2026.

El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento del precio mayorista del gas natural que tendrá un impacto directo en las facturas que pagan los hogares y los comercios. La medida, dispuesta por la administración de Javier Milei, establece que el incremento será trasladado de manera automática a los usuarios finales y comenzará a regir para los consumos desde enero de 2026.

La decisión fue formalizada por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, a través de la Resolución 605/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí se dispuso una suba del valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, el precio mayorista que abonan las distribuidoras antes de que se sumen los costos de transporte, distribución, impuestos y otros cargos que integran el monto final de la boleta.

El PIST es uno de los componentes clave de la tarifa del gas, por lo que su actualización tendrá un efecto inevitable sobre lo que pagan los usuarios residenciales. En ese marco, la resolución instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a incorporar el nuevo valor en los cuadros tarifarios vigentes y a garantizar que todas las distribuidoras del país apliquen el ajuste de manera uniforme. La suba autorizada es del 0,53% respecto del precio que regía hasta ahora.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que la medida se inscribe en el proceso de actualización de precios que impulsa el Ministerio de Economía, con el objetivo de avanzar en un sendero de adecuación tarifaria en un contexto de desaceleración inflacionaria. Según el organismo, la intención es evitar distorsiones entre los costos reales del servicio y los valores que abonan los usuarios.

El impacto concreto del aumento en las facturas dependerá del nivel de ingresos de cada hogar dentro del esquema de segmentación vigente. Los usuarios de Nivel 1, considerados de mayores ingresos, pagarán el costo pleno y absorberán en forma directa la totalidad del incremento. En tanto, los hogares de Nivel 2 y Nivel 3, correspondientes a sectores de bajos y medianos ingresos, mantendrán los subsidios y los topes de consumo bonificados, aunque el excedente se facturará a un precio más alto.

No obstante, el aumento del precio mayorista implica que incluso los usuarios subsidiados verán algún efecto en sus boletas, especialmente aquellos que superen los límites de consumo establecidos para conservar la bonificación. Según lo expuesto en la resolución, el esquema busca concentrar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables, mientras que los hogares con mayor capacidad contributiva afrontan el precio real del servicio.

La actualización del PIST se produce en un contexto de cambios más amplios en la política de subsidios energéticos. El Gobierno anticipó que a partir del próximo año avanzará hacia un régimen simplificado que dejará atrás la actual segmentación y programas específicos como la Tarifa Social de Gas o el Programa Hogar, para dar paso a un sistema con solo dos categorías: hogares con asistencia estatal y hogares que pagarán el costo pleno.

De acuerdo con el Ejecutivo, el objetivo de esta reconfiguración es “transparentar el precio real de la energía, incrementar la participación de los usuarios en el financiamiento del sistema y ordenar las cuentas públicas”. En ese marco, el aumento del gas mayorista aparece como un nuevo paso dentro del proceso de recomposición tarifaria que el Gobierno impulsa desde el inicio de la Emergencia del Sector Energético Nacional.

La resolución establece además que el ENARGAS y las empresas distribuidoras tendrán un plazo de cinco días desde la publicación de la norma para adecuar contratos y aplicar el nuevo valor en las facturas, mientras el ente regulador deberá supervisar el mantenimiento de las bonificaciones vigentes para los usuarios de bajos y medianos ingresos.

Al corregir distorsiones metodológicas clave, distintos estudios demuestran que la pobreza alcanzaría en realidad al 42% de la población, es decir, 11 puntos porcentuales más que la cifra oficial.

Aunque el INDEC informó una fuerte caída de la pobreza y la ubicó en 31,6% durante el primer semestre de 2025, distintos estudios académicos y estimaciones privadas advierten que el deterioro social es mas grave de que lo anuncia el gobierno. Al corregir distorsiones metodológicas clave, la pobreza alcanzaría en realidad al 42% de la población, es decir, 11 puntos porcentuales más que la cifra oficial.

La magnitud del contraste abre un debate central: no se discute que la pobreza haya bajado respecto del pico de 2024, sino cuánto bajó realmente y por qué. Para numerosos especialistas, la mejora difundida por el organismo estadístico responde en gran medida a cambios técnicos en la medición y no a una recuperación genuina de los ingresos ni de las condiciones de vida.

Según el INDEC, la pobreza se redujo más de 21 puntos porcentuales en apenas un año, un descenso inédito que no encuentra correlato en otros indicadores sociales, laborales o de consumo. En un contexto todavía marcado por salarios rezagados, alta informalidad y consumo masivo deprimido, la cifra oficial aparece desanclada de la experiencia cotidiana de los hogares.

Canasta desactualizada e ingresos “mejor medidos”

Uno de los principales problemas señalados es la línea de pobreza que utiliza el INDEC. La Canasta Básica Total se apoya en patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005, una metodología obsoleta tras dos décadas de cambios económicos y sociales. Las estimaciones que actualizan la canasta con ponderadores más recientes muestran que hoy el costo de vida real es más alto de lo que refleja la medición oficial, lo que tiende a subestimar la pobreza.

El segundo factor es la captación de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares. Desde fines de 2023, la mejora en los mecanismos de relevamiento y la desaceleración inflacionaria permitieron registrar ingresos más altos, especialmente en sectores informales. Ese “efecto estadístico” empujó a millones de personas por encima de la línea de pobreza en los registros, aunque su situación material no haya mejorado en la misma proporción.

Al corregir ambos elementos —actualización de la canasta y ajuste por subdeclaración de ingresos— la pobreza se ubica en torno al 42%, lo que implica una baja más moderada: entre 14 y 16 puntos desde el pico de 2024, muy lejos de los 21 puntos que muestra la serie oficial.

No hay una reducción genuina del flagelo

Un informe del Observatorio Universitario de Economía de la UNLPam y de la consultora Equilibra es contundente: la caída de la pobreza reportada por el INDEC no refleja una mejora estructural, sino deficiencias metodológicas. El estudio, elaborado por Lorenzo Sigaut Gravina, Sebastián Lastiri, Gonzalo Carrera y Micaela Bassi, señala que sin estas distorsiones la reducción durante la gestión de Javier Milei sería marginal.

Los investigadores concluyen que, frente al cierre del gobierno de Alberto Fernández, solo una fracción menor de la baja oficial puede considerarse “genuina”. El resto se explica por cambios en la medición. En términos históricos, el nivel actual de pobreza corregida es similar al de fines del macrismo y apenas inferior al del período anterior.

Mientras el empleo informal sigue elevado, el consumo continúa débil y la capacidad de ahorro permanece prácticamente anulada, la discusión sobre cómo se mide la pobreza deja de ser un tecnicismo: define el diagnóstico de la crisis social y la evaluación de las políticas económicas en curso. Actualizar la canasta básica y transparentar los efectos estadísticos resulta clave para contar con un termómetro social que refleje, sin maquillajes, la verdadera dimensión del problema.

Mientras avanza el ajuste presupuestario a la educación y las jubilaciones, Milei firmará un decreto para aumentar los abultados sueldos de los funcionarios de su gabinete.

Javier Milei firmará este martes un decreto que habilita el aumento de los sueldos de los funcionarios de mayor jerarquía del Estado, en un contexto marcado por un brutal ajuste sobre la educación pública, las jubilaciones y el gasto social. La medida será publicada el viernes 2 de enero en el Boletín Oficial y alcanzará a cargos como el presidente, la vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios.

Según reconocen en la Casa Rosada, el decreto contemplará la recomposición salarial correspondiente a todo el período sin aumentos, aunque aclaran que no superará la actualización percibida por los empleados estatales. Aun así, la decisión contrasta con la continuidad de políticas de recorte que impactan de lleno en jubilados, universidades y sistemas educativos de todo el país.

Desde Balcarce 50 argumentan que los salarios de los altos funcionarios perdieron cerca del 60% de su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión. La inflación acumulada durante 2024 fue del 117,8% y, con los últimos datos disponibles, el IPC registra un 27,9% adicional en 2025 hasta noviembre.

Actualmente, el esquema salarial establece sueldos brutos mensuales de alrededor de $4 millones para el presidente, $3,7 millones para la vicepresidenta, $3,58 millones para los ministros, $3,2 millones para los secretarios y $2,8 millones para los subsecretarios. En el Congreso, los diputados perciben cerca de $7 millones y los senadores alcanzan los $9,5 millones.

Las discusiones internas por la actualización salarial atravesaron todo 2025, con reclamos directos al Presidente. En el Gobierno evitaron avanzar con la medida antes de las elecciones de octubre y resolvieron postergarla hasta el inicio del nuevo año.

Desde el Ejecutivo sostienen que el congelamiento salarial afectó el funcionamiento interno de la gestión y la conformación de equipos técnicos, al ampliarse la brecha con el sector privado. Sin embargo, la firma del decreto se produce mientras continúan los recortes presupuestarios y la pérdida del poder adquisitivo de jubilaciones y salarios docentes, profundizando el impacto social del ajuste.

El texto final fue consensuado entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Un antecedente similar había sido revertido meses atrás tras el desplazamiento del exsecretario Armando Guibert y la derogación de la suba.

En el último año, el precio de la carne vacuna aumentó más del doble que la inflación minorista, consolidándose como uno de los principales factores de pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec acumuló un 31,4%, la carne vacuna trepó 72,8%, una dinámica que impacta de manera directa en el consumo y reconfigura de forma estructural la dieta familiar.

La persistencia de aumentos muy por encima de la inflación general empuja a las familias a optar por cortes más económicos o a reemplazar la carne vacuna por alternativas como el pollo o el cerdo, cuyos incrementos de precios se ubicaron más cerca del promedio inflacionario. En este contexto, los aumentos registrados en carnicerías de barrio fueron superiores a los observados en los supermercados.

En términos interanuales, los precios de la carne mostraron en noviembre un incremento del 53,2%, acelerándose respecto del 47,3% registrado en octubre. Entre los cortes que más subieron se destacan el asado (76,8%), cuadril (75,9%), nalga (73,7%), paleta (71,2%) y carne picada común (59,7%). En contraste, las hamburguesas congeladas aumentaron 42,7%, mientras que el pollo entero registró un alza anual del 21,1%.

En cuanto a la producción, durante los primeros once meses del año se mantuvo prácticamente estable, con un total de 2,881 millones de toneladas res con hueso. No obstante, en noviembre se verificó una caída del 6,3% respecto de octubre y del 6,7% en la comparación interanual.

Por su parte, las exportaciones de carne vacuna retrocedieron un 10% interanual, alcanzando 779,6 mil toneladas res con hueso en el mismo período. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), la baja se explica principalmente por la menor demanda de China durante el primer semestre del año. En noviembre, además, la caída estacional de los envíos a Israel (-71,6%) profundizó la contracción mensual. A nivel interanual, las menores ventas a China, Israel, México, Canadá, Chile e Italia superaron los aumentos registrados en los envíos a Países Bajos y Estados Unidos, mientras que Alemania, Brasil y España se mantuvieron estables.

La Unión Industrial Argentina (UIA) confirmó un desplome de seis puntos en la actividad industrial durante noviembre, un dato que consolida un escenario de estancamiento productivo y anticipa un impacto directo sobre el empleo.

La caída va de la mano con la contracción del consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales, que registró una baja del 5,8%, un indicador clave del freno en el ritmo de producción de las fábricas. A esto se suman otros datos contundentes: los despachos de cemento se redujeron un 7,7% y la producción automotriz se desplomó un 22%, reflejando la magnitud de la parálisis en sectores estratégicos.

La construcción continúa entre los rubros más golpeados. Desde la UIA advirtieron que la demanda interna sigue debilitada, mientras que los niveles de despacho de cemento se ubican más de un 20% por debajo de los registros de 2022 y 2023, profundizando el deterioro de una actividad con fuerte capacidad de generación de empleo.

La industria automotriz tampoco logra revertir la tendencia negativa. La fuerte caída de las ventas en el mercado interno obligó a frenar la producción durante más de un mes en plantas como la de Peugeot-Citroën, mientras que el complejo metalmecánico mostró una contracción adicional del 0,5%.

Desde la entidad que preside Martín Rappallini señalaron que “la actividad industrial aún se encuentra estancada”, con niveles similares a los del cuarto trimestre de 2024 y aproximadamente un 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023, lo que confirma que la recuperación no logra consolidarse.

Impacto en las Pymes

El impacto más preocupante se registra en el entramado pyme. Según el informe de coyuntura de la Fundación Observatorio PyME, durante el tercer trimestre de 2025 las pequeñas y medianas empresas atravesaron una “situación crítica”, con una caída acumulada de la producción del 4,1% y una reducción del empleo del 4,6%, una combinación que anticipa mayores tensiones laborales.

El 81% de las pymes reportó una fuerte presión de costos, mientras que el 37% denunció una pérdida de participación en el mercado interno frente al avance de productos importados, principalmente de origen chino. En este contexto, más de la mitad de las empresas informó retrasos en los pagos por parte de sus clientes y un 35% admitió dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.

El deterioro es transversal. Ya en octubre, once de los dieciséis sectores que componen el índice industrial registraron caídas interanuales. El sector textil encabezó el derrumbe, con una baja del 24%, consolidándose como uno de los focos más críticos de la crisis productiva.

Con estos indicadores, la industria argentina enfrenta un escenario de alta fragilidad que amenaza con traducirse en suspensiones, cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo, en un contexto donde la caída del consumo y el avance de las importaciones profundizan el riesgo de una nueva crisis de empleo.

La industria del juguete cerró la campaña navideña con una contracción del 6,9% en las ventas, un resultado que confirma el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y los cambios en los hábitos de consumo.

El retroceso se dio en un contexto de extrema cautela por parte de las familias y del avance de plataformas internacionales de compra.

Según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), la caída interanual en unidades vendidas evidenció un mercado marcado por presupuestos ajustados, decisiones de compra racionales y una fuerte sensibilidad al precio. Aun así, el sector subrayó como dato positivo la estabilidad de los precios y el mejor desempeño del juguete de producción nacional frente al importado.

El presidente de la entidad, Matías Furió, sostuvo que, pese al resultado negativo, el cierre de diciembre fue “mejor al esperado”, especialmente en comparación con noviembre, mes que había registrado una baja abrupta e inesperada. No obstante, aclaró que la aceleración de las compras en los días previos a la Nochebuena no logró compensar la fuerte caída del Día del Niño ni los retrocesos acumulados en los meses siguientes.

Cambios estructurales en el consumo y el financiamiento

El relevamiento de la cámara mostró una transformación profunda en las modalidades de pago y compra. El 95% de las operaciones se realizó a través de billeteras virtuales o tarjetas de crédito, mientras que el uso de efectivo fue prácticamente nulo. En este escenario, la posibilidad de ofrecer cuotas sin interés, favorecida por la normalización de las tasas, resultó clave para sostener el nivel de actividad.

En cuanto a los canales de venta, el comercio electrónico se mantuvo estancado, concentrando el 25% del mercado, mientras que los locales físicos fueron los más afectados, con una caída cercana al 10% en sus ventas.

Producción nacional firme y dificultades para el importado

Aunque los precios se mantuvieron estables a lo largo del año, el desempeño fue dispar según el origen del producto. El juguete nacional mostró resultados positivos, impulsado por una mejor relación precio-calidad y costos más previsibles. En contraste, el juguete importado registró un desempeño negativo, afectado por la sobreoferta y “precios distorsionados”, según definió la cámara.

El ticket promedio también reflejó diferencias según el canal de venta: alrededor de $10.000 en supermercados, $19.000 en jugueterías de barrio y hasta $45.000 en cadenas especializadas.