Un peritaje judicial sobre el teléfono del lobista Mauricio Novelli aportó nuevas revelaciones en la causa por la megaestafa cripto vinculada a $Libra, al exponer una presunta relación económica sostenida con el entorno del presidente Javier Milei desde al menos 2021.

Los datos extraídos muestran que Novelli habría realizado pagos mensuales en dólares —mediante transferencias y efectivo— tanto a Milei como a su hermana Karina Milei. Inicialmente, durante la etapa en que Milei era diputado, los montos rondaban los 2.000 dólares y eran justificados formalmente como tareas de capacitación, aunque los audios sugieren pagos regulares que excedían ese marco.

La investigación también detectó que, ya con Milei en la presidencia, los pagos no solo continuaron sino que habrían aumentado. Registros y mensajes mencionan montos de hasta 4.000 dólares destinados a Karina Milei, lo que refuerza la hipótesis de un esquema sistemático.

Caso $LIBRA | Los pagos que exponen cómo Mauricio Novelli forjó su relación con los hermanos Milei en el camino al poder.

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— Hugo Alconada Mon (@halconada) March 17, 2026

Estas revelaciones agravan las sospechas sobre la posible vinculación directa entre el entorno presidencial y el entramado de $Libra. Además, se señala que, mientras se realizaban estos pagos, Novelli accedía a ámbitos oficiales y utilizaba la imagen presidencial para promocionar iniciativas como el Tech Forum, donde se impulsó la criptomoneda luego asociada al fraude.

La Justicia investiga si estos movimientos configuran delitos como cohecho o dádivas, en una causa que suma presión sobre el Gobierno y amplía el alcance del escándalo.

La presentación de Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales de Comodoro Py no solo tuvo impacto en el plano judicial y mediático, sino que despertó un fuerte respaldo en redes sociales, donde predominó un clima favorable hacia la ex mandataria.

Durante su declaración ante el Tribunal Oral Federal N° 7 en la causa Cuadernos, la conversación digital se intensificó rápidamente. Según un informe flash de la consultora INGOB, actualizado a las 12:30 del martes 17 de marzo, se registraron más de 60 mil menciones, con más de 20 mil usuarios participando activamente entre posteos y retweets, y un alcance superior a las 3,7 millones de visualizaciones.

El dato más significativo fue el nivel de aprobación: el 58% de las interacciones en redes resultaron positivas hacia CFK. Este respaldo se dio en un contexto en el que la conversación aún se encontraba en ascenso, impulsada principalmente por dirigentes del peronismo e influencers afines, que desde el día previo promovían activamente el apoyo a CFK logrando en parte romper el cerco mediático impuesto por los grandes medios y su narrativa contraria a la ex presidenta.

El perfil de quienes participaron también refleja una base activa: el 51% de los usuarios fueron hombres y 7 de cada 10 tenían entre 25 y 44 años, una franja etaria particularmente dinámica en la discusión política digital.

Si bien el respaldo fue mayoritario, la conversación no fue homogénea. Sectores opositores, incluidas cuentas y trolls vinculados al espacio libertario y al PRO, promovieron críticas hacia Kirchner y sus declaraciones. Entre las voces más destacadas del contrapunto apareció Patricia Bullrich, quien se sumó al debate desde una posición crítica.

En medio de una llamativa seguidilla de salidas en puestos clave, el Gobierno suma una nueva renuncia: Fernando Bearzi dejó este martes su cargo como director ejecutivo de la ANSES, apenas semanas después de haber asumido en febrero de 2025.

Con su salida, Bearzi se convierte en el tercer funcionario en abandonar la conducción del organismo previsional desde el inicio de la gestión de Milei, consolidando un patrón de alta rotación en una de las áreas más sensibles del Estado.

Según fuentes oficiales, la dimisión fue presentada ante el Ministerio de Capital Humano, que rápidamente anunció a su reemplazante: Guillermo Arancibia. El recambio exprés refuerza la dinámica de cambios constantes dentro del Gobierno.

La ANSES ya había sido escenario de otras salidas resonantes. Antes de Bearzi, dejaron el cargo Mariano de los Heros —quien fue desplazado tras una polémica por la edad jubilatoria— y Osvaldo Giordano, apartado por decisión presidencial en medio de tensiones políticas vinculadas a la votación de la Ley Bases.

La nueva renuncia se da, además, en un contexto de medidas sensibles dentro del organismo. Días atrás se oficializó un plan de retiros voluntarios para reducir personal, impulsado en línea con la política de desregulación que encabeza Federico Sturzenegger. A esto se suma el reciente anuncio del Gobierno de dar de baja 900.000 planes Volver al Trabajo, que serán reemplazados por vouchers de capacitación laboral.

Bearzi, de perfil técnico y cercano al ministro de Economía Luis Caputo, había llegado desde el Fondo de Sustentabilidad de la ANSES. Su salida profundiza la percepción de inestabilidad en la conducción del organismo.

En este escenario, la designación de Arancibia —quien ya formaba parte de la estructura y tuvo un rol central en la implementación de cambios como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria— busca sostener la continuidad de las reformas, aunque en un clima atravesado por conflictos sindicales y reestructuraciones internas.

La sucesión de renuncias en la cúpula de la ANSES se inscribe así en una tendencia más amplia dentro del Gobierno, donde los cambios de funcionarios en áreas estratégicas se han vuelto una constante.

El escándalo por la criptoestafa vinculada a la moneda $LIBRA volvió a escalar con la reactivación de la comisión investigadora del Congreso, que ahora busca profundizar en base a las nuevas revelaciones que comprometen al presidente Javier Milei.

La decisión fue impulsada este lunes por el diputado opositor Maximiliano Ferraro, quien anunció la creación de una comisión “ad hoc” para analizar información reciente difundida por la prensa. Según el legislador, el lanzamiento y la promoción de la criptomoneda LIBRA “no fue improvisado”, sino una operación planificada y coordinada.

El caso se remonta a febrero de 2025, cuando Milei difundió en la red X el proyecto de esta criptomoneda, cuyo valor se disparó brevemente antes de desplomarse, generando pérdidas estimadas en más de 100 millones de dólares para inversores. En ese momento, el mandatario negó haberla promovido y sostuvo que desconocía los detalles del proyecto.

Sin embargo, la investigación parlamentaria retomada ahora se apoya en nuevas pruebas, entre ellas un peritaje judicial al teléfono del empresario cripto Mauricio Novelli, señalado como cercano al oficialismo. De acuerdo con estas revelaciones, existirían comunicaciones directas entre el entorno presidencial —incluida Karina Milei— y los impulsores del proyecto, incluso en los minutos previos al lanzamiento.

También trascendió un supuesto borrador de acuerdo con Hayden Davis que contemplaría pagos millonarios a cambio de la promoción de la criptomoneda, lo que agrava las implicancias sobre el caso.

En paralelo, el foco de la comisión no solo apunta a las responsabilidades políticas, sino también al accionar judicial. Ferraro anunció que denunciará al fiscal Eduardo Taiano por presunto “entorpecimiento de la investigación” y posible encubrimiento, lo que añade una nueva dimensión al conflicto.

Con la comisión nuevamente en marcha, el Congreso reabre una investigación que combina denuncias de estafa, posibles conflictos de interés y cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia, en un escenario que podría tener fuertes repercusiones políticas para el gobierno.

Dos recientes informes, uno de Zuban Córdoba y otro de Pulso Research coinciden en que la opinión pública muestra un saldo negativo para el Gobierno nacional.

Según los estudios, este deterioro está impulsado por la crisis económica y por los escándalos de corrupción, entre ellos la causa ANDIS —con las presuntas coimas del 3%— y la polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA.

El informe advierte que los resultados “consolidan un saldo negativo” en la opinión pública, con una brecha cercana a los 20 puntos entre rechazo y apoyo. Apenas el 35,4% respalda al oficialismo a nivel nacional, lo que refleja una caída sostenida tras el breve repunte registrado luego de las elecciones legislativas de 2025.

Tras las elecciones legislativas del 25, el gobierno registró un repunte en su evaluación pública y llegó a un escenario cercano al 50%-50%
En los últimos meses la desaprobación volvió a crecer y amplía la distancia en un contexto de crisis económica y nuevos casos de corrupción. pic.twitter.com/B7Twoa4w9c

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) March 16, 2026

Según las consultoras, en los últimos meses la desaprobación volvió a crecer con fuerza, impulsada por el deterioro económico y una serie de causas que erosionaron la credibilidad del Gobierno. Entre ellas, se destacan la investigación por la criptomoneda $LIBRA —difundida por el propio Presidente y que derivó en pérdidas para inversores— y la causa ANDIS, donde se investigan presuntas coimas del 3% que habrían involucrado a Karina Milei.

El desgaste también se refleja en otros sondeos. Un relevamiento de Pulso Research mostró que, por primera vez, más argentinos responsabilizan al actual Gobierno por la crisis económica (46,9%) que a la gestión anterior de Alberto Fernández (41,6%). Además, la aprobación de la gestión cayó a 37,2%, mientras que el rechazo alcanzó el 54,8%, el nivel más alto desde que se mide.

En paralelo, el malestar social también impacta en la imagen de los principales dirigentes. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof aparecen con mejor imagen que Milei, en un contexto donde incluso figuras del oficialismo como Patricia Bullrich o el expresidente Mauricio Macri registran altos niveles de rechazo.

Así, entre la crisis económica y las denuncias de corrupción, la gestión de Milei atraviesa uno de sus momentos más críticos, con indicadores en caída y una opinión pública cada vez más adversa.

El Gobierno de Javier Milei aplicó un nuevo aumento en el boleto de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una medida que comenzó a regir este lunes y que impacta directamente en los gastos cotidianos de miles de trabajadores que viajan entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

La suba alcanza a 104 líneas de colectivos que conectan distintos municipios de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Con el nuevo esquema tarifario, el boleto mínimo pasó de $650 a $700, lo que representa un incremento del 7,6% y encarece uno de los gastos diarios más importantes para quienes dependen del transporte público para ir a trabajar, estudiar o realizar otras actividades.

La actualización ya había sido anticipada por el Gobierno nacional en febrero, cuando se definió un nuevo cuadro tarifario que reemplazó al establecido por la Resolución 1017/2022. En ese momento, la administración de Milei dispuso que el aumento se aplicaría en dos etapas: la primera comenzó a regir el 18 de febrero y la segunda entró en vigencia este lunes 16 de marzo de 2026.

El incremento afecta específicamente a las líneas que realizan recorridos interjurisdiccionales entre la provincia de Buenos Aires y CABA, por lo que impacta de lleno en millones de pasajeros que utilizan estos servicios para trasladarse diariamente dentro del principal conglomerado urbano del país.

Desde el Gobierno nacional señalaron que el aumento forma parte de la política de reducción de subsidios al transporte, en el marco del denominado “sinceramiento tarifario”. Según la administración de Milei, el objetivo es acercar gradualmente el precio del boleto al costo real del servicio y evitar lo que consideran un retraso tarifario acumulado en los últimos años.

En ese contexto, el Ejecutivo viene aplicando subas periódicas en distintas tarifas reguladas, con el argumento de que los precios deben acompañar la evolución de la inflación.

Actualmente, el sistema de transporte del AMBA mantiene distintos valores según la jurisdicción. En las líneas que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires el boleto mínimo cuesta $681,85, mientras que en los servicios que dependen de la provincia de Buenos Aires el pasaje más económico asciende a $832,57. De esta manera, las líneas nacionales quedan con una tarifa intermedia dentro del esquema del transporte metropolitano.

Cómo quedaron los precios del boleto de colectivo

Con SUBE registrada

• Boleto mínimo (0 a 3 km): $700
• De 3 a 6 km: $779,78
• De 6 a 12 km: $839,86
• De 12 a 27 km: $899,99
• Más de 27 km: $959,71

Sin SUBE registrada

• 0 a 3 km: $1.113
• 3 a 6 km: $1.239,85
• 6 a 12 km: $1.335,38
• 12 a 27 km: $1.430,98
• Más de 27 km: $1.525,94

Así, el nuevo aumento del transporte vuelve a presionar sobre el presupuesto de los trabajadores del AMBA, que destinan una parte creciente de sus ingresos a cubrir los costos de movilidad en medio de la suba generalizada de tarifas.

Durante su participación en el Argentina Week en Nueva York, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, relativizó el entusiasmo que el Gobierno nacional buscó transmitir ante inversores y advirtió que el proceso de recuperación económica será desigual y atravesará tensiones sociales en el corto plazo.

“El crecimiento va a ser asimétrico”, sostuvo el mandatario mendocino al analizar el escenario productivo argentino. Según explicó, algunos sectores explicarán buena parte de la expansión económica, pero no tendrán impacto homogéneo en todo el país. “Si crecemos al cuatro por ciento, algunos de esos puntos los explica Vaca Muerta, que no está en todas las provincias; otro tanto la pampa húmeda, que tampoco está en todas”, señaló.

En ese contexto, Cornejo lanzó una advertencia sobre el clima social que podría generarse durante el proceso de estabilización: “La economía y el humor popular van a crujir este año”.

El gobernador también se refirió a las expectativas de inversión tras las reuniones con empresarios y fondos internacionales en Estados Unidos. Si bien reconoció que percibe un mayor interés por el país, aclaró que ese optimismo todavía no se traduce plenamente en decisiones concretas de inversión. “Yo percibo que hay entusiasmo, ahora, de ese entusiasmo a tomar la decisión de invertir, hay un paso todavía”, admitió.

En relación con el marco de incentivos que impulsa el Gobierno, Cornejo consideró que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ha funcionado como una herramienta excepcional para brindar garantías a los proyectos de gran escala. Sin embargo, advirtió que los inversores de largo plazo —especialmente en sectores como la minería y el petróleo— demandan previsibilidad que vaya más allá de un ciclo electoral.

“El mercado financiero ya refleja esa incertidumbre”, sostuvo el mandatario al analizar el comportamiento de los capitales. “Las que vencen antes de 2027 ofrecen mucho dinero los inversores financieros. Las que quieren pasar al otro año, al 2028, al 2029 o al 2030, ya no se animan a ofrecer dinero”, explicó.

Por eso insistió en que el país debe consolidar señales de estabilidad duraderas. “Para dar certidumbre a la inversión y a proyectos de largo aliento se necesita mucho más que el RIGI. Se necesita certidumbre”, remarcó.

Finalmente, Cornejo señaló que el desafío no recae únicamente en el Gobierno, sino también en el sector privado, que deberá adaptarse a un nuevo escenario económico. En esa línea, sostuvo que el oficialismo deberá fortalecer su base política para sostener el rumbo. “El Gobierno tiene que enfrentar esta situación con mayor fortaleza política, cuidar a sus aliados y trabajar en conjunto para que no se frustre el proyecto, como se frustró el de Mauricio Macri en 2018”, concluyó.

La escalada militar en el Golfo Pérsico ya impacta de lleno en el mercado energético mundial y obliga a Washington a tomar decisiones que evidencian la dificultad de sostener el conflicto sin provocar una crisis económica global.

En un movimiento excepcional, el gobierno estadounidense autorizó de manera temporal la compra de petróleo ruso que estaba sancionado y actualmente se encuentra cargado en buques en alta mar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la medida busca “promover la estabilidad en los mercados energéticos mundiales” en medio de la guerra. La autorización estará vigente hasta el 11 de abril y, según Washington, se limita únicamente al crudo que ya está en tránsito para evitar beneficios financieros significativos para Vladimir Putin.

La decisión refleja la presión que enfrenta la Casa Blanca ante el aumento del precio del petróleo. Tras varios ataques contra buques en el Golfo Pérsico, el crudo volvió a superar los 100 dólares por barril, generando turbulencias en los mercados internacionales.

La tensión se agravó después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, anunciara que su país continuará bloqueando el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, por donde normalmente circula cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. El dirigente iraní también prometió vengar a los ciudadanos iraníes muertos en los ataques de Estados Unidos e Israel.

El cierre de facto del estrecho ya provoca fuertes perturbaciones en el comercio energético global y obligó a los países industrializados a tomar medidas extraordinarias. La Agencia Internacional de la Energía anunció la liberación de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas —la mayor operación de este tipo en su historia— mientras que Estados Unidos aportará otros 172 millones de barriles desde su propia reserva.

Sin embargo, la flexibilización de las sanciones al petróleo ruso generó fuertes críticas en Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sostuvo que el cierre del estrecho “de ninguna manera” justifica aliviar las sanciones contra Moscú. En la misma línea se expresó el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, quien advirtió que la medida podría debilitar los esfuerzos para presionar al Kremlin en la guerra de Ucrania.

Desde Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky también criticó la decisión, calificándola como “un duro golpe” para su país y para la credibilidad de las sanciones occidentales contra Rusia.

Mientras tanto, en Moscú celebraron la decisión. El negociador ruso Kirill Dmitriev afirmó que Washington está reconociendo en los hechos que el mercado energético global no puede mantenerse estable sin el petróleo ruso. Según estimaciones del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, Rusia ya obtuvo unos 6.800 millones de dólares adicionales por la venta de hidrocarburos desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, Washington evalúa escoltar militarmente a los petroleros que atraviesen el estrecho de Ormuz, una operación que podría ampliar aún más el alcance del conflicto. Sin embargo, el llamado de Trump para que otros países envíen buques de guerra a la zona ha recibido una respuesta fría.

Países como el Reino Unido, Japón, Corea del Sur y China han señalado que todavía están evaluando sus opciones, mientras que Francia descartó por ahora desplegar buques militares en la zona.

La falta de un respaldo militar claro de sus aliados subraya las crecientes dificultades que enfrenta la Casa Blanca. Lo que comenzó como una ofensiva militar contra Irán se está transformando rápidamente en una crisis energética y diplomática global, donde el costo económico y político de la guerra empieza a pesar cada vez más sobre la estrategia de Trump.

El fallido del ministro de Economía Luis Caputo tras su participación en la “Argentina Week” dejó al descubierto, quizás sin proponérselo, la lógica que guía al gobierno libertario en su política económica.

“Gran trabajo vendiendo la Argentina”, celebró Caputo al felicitar a los gobernadores que participaron del encuentro con empresarios en Estados Unidos. La frase, lejos de pasar desapercibida, terminó funcionando como una admisión involuntaria de la estrategia oficial: presentar al país como una oportunidad de negocios para capitales extranjeros.

El ministro destacó que durante las reuniones “todos apoyaron el rumbo” del gobierno y elogió el rol de los mandatarios provinciales en la promoción del país ante inversores. Según Caputo, el clima que se percibe en el exterior es de entusiasmo y anticipa “un impresionante clima de inversiones” en los próximos meses.

Sin embargo, el comentario sobre “vender la Argentina” generó críticas porque resume con crudeza la orientación del programa libertario: la idea de convertir al país en una plataforma abierta a los grandes capitales internacionales, promoviendo la entrega de activos, recursos y generando oportunidades de negocio ante el sector privado global a expensas del patrimonio publico nacional.

El lapsus del titular de Economía terminó, así, exponiendo de manera transparente lo que para muchos analistas constituye el núcleo del proyecto económico oficial: la promoción de la Argentina como mercancía barata en el mercado global de inversiones.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, lanzó una fuerte advertencia sobre el presente del entramado productivo nacional y cuestionó las críticas del presidente Javier Milei hacia el empresariado.

Según el dirigente industrial, la economía atraviesa una crisis profunda que ya provocó el cierre de miles de compañías y que podría agravarse durante 2026 si no cambian las condiciones económicas actuales.

“Sin industria nacional no hay futuro para la Argentina”, afirmó Rosato al responder a recientes declaraciones del mandatario realizadas en Nueva York, donde volvió a cuestionar a empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

Desde el sector pyme sostienen que el debate público debería enfocarse en cómo sostener la producción y el empleo en un contexto cada vez más complejo para las pequeñas y medianas empresas.

Rosato aseguró que el panorama actual es crítico. De acuerdo con datos del Observatorio IPA, en los últimos dos años cerraron cerca de 30.000 empresas, una cifra que ya supera el número de fábricas que bajaron sus persianas entre 2019 y 2023.

El dirigente advirtió que lo peor aún podría estar por venir. “Muchas fábricas resistieron esperando que mejorara la situación económica, pero ya no tienen margen frente a la caída del consumo, la apertura indiscriminada de importaciones y la presión impositiva”, sostuvo.

Según el empresario, el sector productivo enfrenta una combinación de factores que complica la continuidad de la actividad: costos elevados, demanda interna debilitada y mayor competencia externa.

“Las pymes industriales estamos atravesando un momento muy difícil. Hay empresas que están reduciendo producción, otras aplicando suspensiones y muchas que luchan día a día para no cerrar sus puertas”, explicó.

El informe elaborado por el Observatorio IPA también revela que la capacidad instalada de la industria cayó al 53,8%, un nivel de utilización similar al registrado durante la cuarentena de 2020. Para la entidad, este dato refleja un escenario de fuerte subutilización de las plantas industriales.

El economista Federico Vaccarezza, responsable del estudio, señaló que este fenómeno anticipa un riesgo creciente de cierres definitivos. “La escala de producción actual resulta insuficiente para sostener estructuras industriales intensivas en capital frente a la competencia importada”, indicó.

A este escenario se suma un mercado interno debilitado. Según el análisis del Observatorio IPA, el consumo se ubica alrededor de un 9% por debajo de sus niveles históricos, lo que limita la capacidad de recuperación del sector productivo.

Para Rosato, el problema excede los números de la economía. “Para el dueño de una pyme cerrar la empresa no es un simple balance financiero. Es perder un proyecto de vida, el trabajo de años y el esfuerzo de familias enteras”, afirmó.

El dirigente también cuestionó lo que definió como un modelo económico que perjudica al entramado industrial local. “Estamos frente a una etapa superior al industricidio que ya habíamos denunciado. Si no hay cambios, se consolidará una destrucción sistemática de pymes para reemplazarlas por producción extranjera”, advirtió.

En ese contexto, Rosato reclamó abrir un diálogo con el Gobierno para discutir medidas que permitan mejorar la competitividad de la industria y sostener el empleo.

“El desafío de la Argentina no es atacar a quienes producen, sino generar condiciones para que la industria crezca, invierta y genere trabajo”, sostuvo.

Finalmente, el titular de IPA insistió en que las pymes son uno de los principales motores del empleo en el país y advirtió que su deterioro podría tener consecuencias estructurales para la economía.

“Sin pymes, sin industria y sin producción, es imposible pensar en un desarrollo sostenido para la Argentina”, concluyó.