Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, decidió correrse del discurso libertario de libre mercado y reclamó al Gobierno que sancione a la plataforma china Temu por supuesta competencia desleal.

El fuerte crecimiento de las compras de argentinos en plataformas asiáticas, impulsado por la apertura de importaciones decretada por Javier Milei, encendió alarmas en el comercio electrónico local. En ese contexto, Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, decidió correrse del discurso libertario de libre mercado y reclamó al Gobierno que sancione a la plataforma china Temu por supuesta competencia desleal.

La empresa presentó una denuncia ante la Secretaría de Comercio por presunta publicidad engañosa. Según señalaron desde Mercado Libre, Temu ofrece descuentos extremos —de entre 80% y 100%— que no serían reales, ya que para acceder a ellos el usuario debe cumplir condiciones adicionales que no se informan desde el inicio.

El área que conduce Pablo Lavigne, bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo, hizo lugar al planteo de Galperín y dispuso una medida preventiva para que Temu retire esos mensajes promocionales tanto en sus propios canales digitales como en los de terceros.

Sin embargo, la compañía china respondió rápidamente y recurrió a la Justicia para suspender la resolución oficial.

La irrupción de Temu y Shein representa el desafío más serio para Mercado Libre en años. Según un informe de la consultora Abeceb, las compras de argentinos en estas plataformas alcanzaron los 789 millones de dólares hasta noviembre pasado, con un crecimiento interanual de casi 292%.

Pese a este avance, Galperín había intentado minimizar públicamente el impacto. En noviembre aseguró que no le preocupaba la competencia china y que Mercado Libre podía enfrentarlos como lo hace en otros mercados de la región. Sin embargo, en paralelo avanzaba con la denuncia ante Comercio, buscando una intervención estatal que limite el crecimiento de los gigantes asiáticos.

El arribo se produjo mientras el Senado abrió un pedido formal de informes al Poder Ejecutivo para conocer los detalles del primer avión estadounidense que visitó sorpresivamente en Ushuaia durante el fin de semana.

Un segundo avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) aterrizó este martes en la Argentina, en un contexto atravesado por versiones y creciente atención política. El arribo se produjo mientras el Senado abrió un pedido formal de informes al Poder Ejecutivo para conocer los detalles del primer avión estadounidense que visitó Ushuaia durante el fin de semana.

La superposición temporal entre ambos movimientos elevó el episodio al plano institucional y amplificó las preguntas sobre el alcance y los objetivos de la presencia aérea militar estadounidense en el país.

La nueva aeronave tocó pista en el Aeroparque Jorge Newbery a las 13:38, según registros de seguimiento de vuelos. Se trata de un Boeing C-40C “Clipper”, identificado con el Modo S AE1167, un modelo utilizado habitualmente para el transporte de autoridades y misiones diplomáticas de alto nivel.

De acuerdo con su historial reciente, el avión había operado días atrás en Ginebra como apoyo logístico de la delegación presidencial estadounidense durante el Foro Económico Mundial de Davos. Posteriormente regresó a Joint Base Andrews y emprendió vuelo hacia Sudamérica, con una escala técnica en Lima, antes de arribar a Buenos Aires.

El aterrizaje del AE1167 ocurrió menos de 48 horas después del ingreso del primer C-40 de la USAF —matrícula 05-0730— que pasó por Aeroparque y luego voló hacia Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ese desplazamiento previo, por su localización geográfica y el perfil de la aeronave, concentró rápidamente la atención pública y parlamentaria.

El Senado exige precisiones al Poder Ejecutivo

En este contexto, el Senado de la Nación presentó un proyecto de comunicación para requerir al Poder Ejecutivo Nacional información detallada sobre el arribo y las actividades del primer avión que visitó Ushuaia.

La iniciativa fue impulsada por la senadora fueguina Cristina López y busca despejar dudas que, según el texto, persisten debido a la ausencia de comunicaciones oficiales.

El pedido solicita conocer qué organismos autorizaron el ingreso, permanencia y desplazamiento interno de la aeronave, qué actos administrativos respaldaron esos permisos y la identidad, cargos y funciones de la tripulación y los pasajeros.

Además, se requiere que el Ejecutivo informe si tenía conocimiento previo del vuelo —fecha, horario, itinerario y escalas— y cuál fue el motivo oficial de la visita y los objetivos de la delegación.

Dos C-40 en pocos días y una señal política

Desde el punto de vista operativo, la presencia de dos aeronaves C-40 de la USAF en territorio argentino en un lapso tan corto no es un dato menor.

El C-40, versión militar del Boeing 737, es utilizado para trasladar altos mandos militares, funcionarios del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado, delegaciones políticas y equipos de seguridad. Por su diseño, está asociado a misiones de jerarquía y no a rotaciones logísticas rutinarias.

En medio de la polémica, el canciller argentino Pablo Quirno difundió un mensaje poco convincente en redes sociales en el que afirmó que la aeronave trasladó a una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se encuentra de visita oficial en la Argentina.

Quirno señaló que, “dado el interés que despierta el plan de gobierno de la Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y Estados Unidos”, el Ejecutivo celebra la llegada de distintas comitivas interesadas en el país.

La aclaración aportó un primer encuadre político, aunque no precisó itinerarios internos ni el uso específico de medios militares estadounidenses.

Un escenario abierto y más preguntas que certezas

La llegada del segundo C-40, vinculado al entorno logístico de Davos, refuerza la percepción de que la Argentina quedó insertada en una agenda internacional de alto nivel en un momento particularmente sensible, con debates abiertos sobre recursos estratégicos, proyección antártica y alineamientos geopolíticos.

Al mismo tiempo, la falta de información oficial detallada alimenta un escenario donde las preguntas crecen más rápido que las certezas, mientras el Congreso exige explicaciones formales al Poder Ejecutivo.

Mientras la Patagonia atraviesa una catástrofe ambiental sin precedentes, con más de 35.000 hectáreas de bosques arrasadas por incendios intencionales, el presidente Javier Milei parece moverse en una dimensión completamente desconectada de la urgencia nacional.

En lugar de hacerse presente en el sur, coordinar acciones de emergencia o atender el reclamo de los gobernadores que exigen recursos y apoyo del Estado, el mandatario decidió subirse a un avión con destino a Mar del Plata. No para supervisar operativos ni reunirse con autoridades locales, sino para participar de una noche de teatro, música y actos partidarios.

Este martes, Milei asistió al Teatro Roxy para presenciar la obra de su expareja, la humorista Fátima Florez. Pero lejos de limitarse al rol de espectador, el Presidente se subió al escenario y ambos cantaron a dúo “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos, como si se tratara de una estrella invitada en un show más.

Afuera del teatro, la escena reflejó la polarización: militantes lo ovacionaban al grito de “Presidente, Presidente”, mientras que los vecinos respondían con cánticos de repudio: “Qué se vaya, qué se vaya”.

La noche no terminó allí. Tras el espectáculo, Milei se dirigió directamente a La Derecha Fest, donde fue el orador principal ante militantes y seguidores del espacio liberal-conservador. En un clima de celebración ideológica, el mandatario volvió a insistir con su discurso de “batalla cultural”, asegurando que “se le está viniendo la noche a los zurdos” y que esta lucha es “la batalla por las almas”.

También defendió con vehemencia el capitalismo, atacó a sectores empresariales ligados al Estado y apuntó contra medios y periodistas, en un mensaje cargado de confrontación.

Pero el contraste resulta brutal: mientras el fuego avanza en el sur y miles de hectáreas se pierden, el Presidente elige los escenarios, los festivales y los discursos militantes. La falta de empatía y presencia frente a una tragedia nacional generó indignación y reacciones inmediatas en redes sociales.

Argentina arde. Milei canta.

En plena pulseada con el Gobierno, Techint perdió la licitación de los caños del GNL ante una firma india y contraataca con la carta del dumping acusando a la empresa India de hacer los caños “con chapas chinas”.

La definición de la licitación para los caños del gasoducto Vaca Muerta–Río Negro profundizó la confrontación entre el Grupo Techint y el Gobierno. En pleno reclamo por un “plan industrial” que frene el avance de las importaciones, el holding de Paolo Rocca quedó fuera de uno de los proyectos clave del esquema de exportación de GNL tras perder por precio frente a la india Welspun. La derrota activó un contraataque: denuncias de dumping, acusaciones de competencia desleal y un cuestionamiento directo a la estrategia oficial de priorizar costos por sobre el “compre nacional”.

El contrato fue adjudicado por el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa, Golar y Harbour, que resolvió avanzar con la oferta más competitiva en términos de precio, plazos y condiciones financieras. La propuesta inicial de Tenaris ascendía a unos US$ 280 millones, hasta un 45% más cara que la de Welspun. Aunque se abrieron rondas de mejora, la empresa de Techint apenas recortó su oferta y no logró ubicarse dentro del margen que habilitaba la preferencia para proveedores nacionales.

Tras la adjudicación, Techint intentó reabrir la negociación con contraofertas fuera de término, primero reduciendo el precio y luego afirmando que podía igualar la propuesta ganadora. El consorcio rechazó todos los intentos. Desde el holding sostienen que la oferta india tiene precios de dumping y que los tubos se fabrican con chapa china subsidiada, por lo que evalúan presentar una denuncia formal para “evitar el daño a la producción local y el empleo asociado”.

El episodio expone un punto de quiebre: Techint no logró competir con precios asiáticos en un contexto de caída de los valores internacionales de la energía y altos costos locales. Mientras el grupo advierte sobre el riesgo de cierre de la planta de Siat en Valentín Alsina y cuestiona la falta de una política industrial, en el sector relativizan el impacto y señalan que gran parte de los insumos de Tenaris son importados.

La derrota se suma a otros reveses frente a proveedores asiáticos y anticipa una nueva pulseada en la próxima licitación del megaproyecto Argentina LNG, donde Techint volverá a competir en un escenario marcado por la tensión entre apertura, costos y defensa de la industria nacional.

Las alarmas del sector industrial se multiplican ante un modelo económico que no reactiva la producción ni el empleo.

Las pymes industriales volvieron a encender señales de alerta sobre el rumbo económico del Gobierno y advirtieron que, de mantenerse el actual esquema, en 2026 podrían profundizarse los cierres de empresas y la pérdida de empleo registrado. El diagnóstico que emerge del sector describe un escenario preocupante: estabilidad macroeconómica sin recuperación productiva, con deterioro social y laboral creciente.

Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA), su presidente Daniel Rosato reclamó una redefinición del programa económico y alertó que la Argentina avanza hacia un equilibrio “bajo y socialmente regresivo”. Si bien reconoció cierta estabilización de variables macro, sostuvo que ese proceso no llegó a la industria. “La producción nacional está en el subsuelo”, afirmó, al remarcar que la recesión sigue golpeando de lleno a las pequeñas y medianas empresas.

Uno de los datos más sensibles que expuso el sector es la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo registrados desde el inicio de la actual gestión. Para las pymes industriales, la estabilidad que exhibe el Gobierno no se traduce en mayor actividad ni en generación de empleo, lo que consolida un escenario de estancamiento con alto costo social.

Las advertencias se apoyan en un informe del Observatorio IPA, que detectó una caída sostenida de las ventas, aumento de costos operativos y un fuerte freno de la producción fabril. A ello se suma la apertura de importaciones sin políticas de estímulo a la producción local, que presiona especialmente a sectores sensibles como textiles, calzado y metalmecánica. “Sin fábricas, la crisis no solo se profundiza: se vuelve permanente”, advirtió Rosato.

La falta de una estrategia industrial también aparece como una señal de alarma. Según IPA, la ausencia de incentivos productivos desalienta inversiones, limita el acceso al crédito y empuja a un mayor nivel de informalidad laboral. Sin recuperación del salario real ni mejora del consumo, el riesgo es quedar atrapados en un esquema de estancamiento prolongado.

Ese diagnóstico se ve reforzado por la debilidad del mercado interno. Datos de la CAME muestran que, aunque las ventas minoristas crecieron 2,5% en 2025, los últimos meses del año registraron fuertes caídas interanuales, reflejando ingresos reales presionados y un consumo cauteloso que frena cualquier intento de reactivación.

El impacto territorial también suma preocupación. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, aseguró que más de 5.300 pymes cerraron en la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2023, a un ritmo de ocho empresas por día. Según el funcionario, casi tres de cada diez cierres nacionales se produjeron en territorio bonaerense, como resultado de la apertura importadora y la caída del consumo interno.

La UIA volvió a alertar

Las advertencias coinciden con los últimos datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), que confirmó un estancamiento de la actividad fabril. En diciembre, la industria mostró caídas interanuales cercanas al 3,5%, y el nivel general de producción se mantiene alrededor de un 9% por debajo de los registros de 2022. Los rebotes mensuales en algunos sectores no alcanzan para cambiar la tendencia.

Textiles, automotriz, metalmecánica y bienes durables concentran las mayores contracciones, mientras que solo sectores puntuales, como la refinación de petróleo, exhiben crecimiento. La UIA advierte que la combinación de demanda débil, costos elevados, crédito limitado y competencia importada mantiene a la industria lejos de una recuperación sostenida.

De cara a 2026, el panorama que trazan pymes, provincias y grandes industriales converge en una misma advertencia: sin cambios en la política económica y sin una estrategia productiva clara, la estabilidad actual aparece frágil y corre el riesgo de consolidar un ciclo de bajo crecimiento, menor empleo y mayor deterioro del entramado productivo.

Trabajadores metalúrgicos advirtieron que podrían perderse al menos 300 puestos de trabajo a partir de la decisión de importar tubos desde la India para un nuevo gasoducto, en lugar de adquirirlos a la empresa nacional Techint, que los fabrica en la ciudad bonaerense de Campana.

La alerta fue realizada por Ángel Derosso, candidato a la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, quien señaló que la liberalización de importaciones promovida por el Ejecutivo no solo afecta a una empresa en particular, sino que golpea de lleno a la mano de obra argentina y al entramado productivo industrial. “Toda importación, más allá de los tubos, es perjudicial para el trabajo local”, sostuvo.

La controversia se da en un contexto de fuerte ofensiva del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contra distintos grupos empresarios nacionales. En este caso, volvió a confrontar con Paolo Rocca, titular de Techint, luego de que la compañía quedara afuera de la licitación privada para el proyecto Southern Energy, destinado a exportar gas de Vaca Muerta por la costa de Río Negro. El consorcio decidió comprar los ductos a la siderúrgica india Welspun, en línea con la política oficial de apertura comercial irrestricta.

Derosso recordó que la construcción del anterior gasoducto —impulsado por el gobierno previo y originalmente denominado Néstor Kirchner, hoy rebautizado Perito Moreno— generó alrededor de 400 puestos de trabajo adicionales, además de los empleos permanentes, y fue clave para revertir el déficit energético. “En este caso, se dejan de generar 300 puestos de trabajo”, advirtió, marcando el contraste entre un modelo de desarrollo industrial y el actual esquema de importaciones.

Mientras Sturzenegger celebra públicamente la decisión empresaria y la presenta como un triunfo de la competencia y la desregulación, los trabajadores alertan que la apertura importadora sin políticas de protección ni estímulo a la producción nacional acelera la desindustrialización, debilita capacidades estratégicas y traslada el costo del ajuste al empleo. El conflicto expone, una vez más, las tensiones entre el discurso oficial a favor del “libre mercado” y sus efectos concretos sobre la industria y el trabajo argentino.

En los últimos dos meses, la empresa avanzó con al menos 140 despidos, en un escenario que los delegados gremiales atribuyen directamente al ingreso masivo de productos importados, principalmente desde China, que reemplazan a la producción local.

Trabajadores de la histórica marca de lencería Cocot realizaron una protesta frente a la planta ubicada en el barrio porteño de Parque Chas para denunciar despidos masivos, el fraccionamiento de salarios y el impacto devastador de la apertura importadora sobre la producción nacional.

En los últimos dos meses, la empresa avanzó con al menos 140 despidos, en un escenario que los delegados gremiales atribuyen directamente al ingreso masivo de productos importados, principalmente desde China, que reemplazan a la producción local. La firma, que emplea a unas 500 personas, también comenzó a pagar sueldos, aguinaldos y vacaciones en cuotas y sin fechas ciertas, alegando falta de liquidez.

El conflicto escaló en las últimas horas con una manifestación que contó con presencia policial para evitar cortes totales de calle. “Dicen que no hay plata, pero la fábrica sigue funcionando las 24 horas”, denunció uno de los trabajadores. Los salarios rondan los 700 mil pesos por jornadas de nueve horas, ingresos que resultan insuficientes frente al aumento del costo de vida y se deterioran aún más con los pagos fraccionados y bonos adeudados.

Ajuste, importaciones y vaciamiento productivo

Además de los despidos ya concretados, los empleados alertan sobre la oferta de retiros voluntarios como mecanismo para profundizar el achicamiento del plantel. Según denuncian, se trata de una estrategia para desarmar la estructura productiva y avanzar hacia un modelo basado en la importación de productos terminados, en detrimento del trabajo argentino.

“El problema no es solo Cocot, es toda la industria textil”, advirtió una trabajadora con más de 20 años de antigüedad. “Las cuentas no esperan: en marzo empiezan los gastos escolares y no sabemos si vamos a cobrar ni cuándo”.

La situación de Cocot y Dufour expone con crudeza el impacto de la apertura importadora y la caída del consumo interno sobre la industria nacional en el actual contexto económico. Los trabajadores reclaman la intervención urgente de las autoridades laborales para garantizar los puestos de trabajo y la regularización salarial, y no descartan profundizar las medidas de fuerza si no hay respuestas concretas.

La industria textil en caída libre: la era Milei ya destruyó el 13% del empleo del sector

La cadena textil, de indumentaria y actividades afines atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas. Desde la asunción de Javier Milei a la Presidencia, el sector perdió el 13% de sus puestos de trabajo y el 8% de sus empresas, convirtiéndose en la rama industrial más golpeada por la política de apertura comercial y desregulación impulsada por el Gobierno.

De acuerdo con un relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se destruyeron más de 16.000 empleos registrados y cerraron 466 empresas en toda la cadena productiva. El retroceso combina caída del consumo interno, aumento de costos y un fuerte avance de las importaciones, que desplazan a la producción nacional.

El impacto más severo, en términos absolutos, se registró en la actividad de confección, donde se perdieron 4.650 puestos de trabajo y 203 empresas dejaron de operar. Se trata de un eslabón intensivo en mano de obra, particularmente vulnerable a la competencia externa y a la contracción del mercado interno.

Los rubros más castigados por el ajuste y las importaciones

En términos relativos, los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo muestran un derrumbe especialmente pronunciado en segmentos clave del entramado textil:

• Ropa interior y medias: -21% de empleo (-1.487 puestos)
• Ropa deportiva: -19% (-642)
• Confección de tejidos de punto: -19% (-277)
• Confección de tejidos planos: -10% (-1.969)
• Ropa de trabajo: -6% (-379)

Los indicadores de endeudamiento de los hogares volvieron a mostrar un fuerte deterioro. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central (BCRA), la mora en las financiaciones a las familias trepó al 8,8% en noviembre, el nivel más alto desde 2010 y más de tres veces superior al registrado un año atrás.

El nuevo dato oficial confirmó un incremento mensual que llevó el incumplimiento de los créditos a hogares a un récord de 14 años, reflejando un creciente estrés financiero. El deterioro estuvo explicado principalmente por el desempeño de los préstamos destinados al consumo, en un contexto de mayores dificultades para cumplir con las obligaciones financieras.

De acuerdo con el informe del BCRA, “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”. En noviembre de 2024, la irregularidad financiera de las familias era de 2,6%, lo que evidencia que el indicador se más que triplicó en el último año.

El deterioro no se limitó al segmento de los hogares. El ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto también aumentó y se ubicó en 5,2%, con un alza de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre.

Empresas: la mora también aumenta

El informe del Banco Central señaló que la mora en el segmento de las empresas también mostró un avance en noviembre y alcanzó el 2,3%, con incrementos en todos los sectores económicos relevados. No obstante, el nivel de incumplimiento corporativo continuó siendo significativamente inferior al observado en los hogares.

En este contexto, el BCRA destacó que “el nivel de previsiones totales constituidas por el agregado del sector representó el 97% de la cartera en situación irregular”. En términos del total del crédito al sector privado, las previsiones alcanzaron el 5,1%, con un aumento mensual de 0,5 puntos porcentuales, como respuesta al mayor riesgo crediticio.

Las condiciones para acceder al crédito son cada vez más duras

El organismo también vinculó la evolución de estos indicadores con un endurecimiento de los estándares crediticios. Según consignó, “en los dos últimos trimestres de 2025 se registró un ajuste más restrictivo en la originación del crédito”, especialmente en el segmento de las familias y las pequeñas y medianas empresas, en línea con una estrategia prudencial frente al aumento del riesgo.

En paralelo, el informe señaló que en los últimos doce meses se incorporaron 44.000 nuevos deudores hipotecarios, llevando el total estimado a casi 177.600 personas, con un crecimiento interanual del 20,9%. No obstante, el desempeño de estos préstamos se dio “en un escenario de condiciones ligeramente más restrictivas en la oferta crediticia y con una menor demanda percibida por las entidades”, según la Encuesta de Condiciones Crediticias del cuarto trimestre de 2025.

El hecho ocurrió apenas tres días después de la controvertida intervención del puerto local dispuesta por el Gobierno nacional, y reavivó las alertas sobre el creciente involucramiento estadounidense en una zona estratégica del Atlántico Sur

Un avión militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos aterrizó este domingo, poco después de las 11 de la mañana, en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia. El hecho ocurrió apenas tres días después de la controvertida intervención del puerto local dispuesta por el Gobierno nacional, y reavivó las alertas sobre el creciente involucramiento estadounidense en una zona estratégica del Atlántico Sur.

La aeronave, un Boeing C-40 Clipper operado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, había permanecido previamente dos días en Buenos Aires antes de dirigirse a la capital fueguina. Hasta el momento, ninguna autoridad argentina ni estadounidense brindó explicaciones oficiales sobre los motivos del vuelo ni sobre la identidad de sus tripulantes o pasajeros. Se trata de un tipo de avión habitualmente utilizado para traslados de altos funcionarios civiles o mandos militares.

De Maryland a Ushuaia: un vuelo en sincronía con la intervención del puerto

De acuerdo con datos obtenidos de portales de seguimiento satelital, la aeronave despegó el jueves 22 de enero desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el mismo día en que el Gobierno nacional intervino el puerto de Ushuaia. Al día siguiente realizó una escala de más de dos horas en San Juan de Puerto Rico y luego voló directamente al Aeroparque Jorge Newbery, donde arribó el sábado por la mañana. Ushuaia fue su siguiente y última escala.

El avión opera bajo el indicativo RCH del Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos y es conocido como una verdadera “oficina en el aire”, ya que cuenta con sistemas de comunicaciones encriptadas y comodidades destinadas a pasajeros de alto rango.

Ushuaia, un chokepoint bajo creciente tutela externa

El aterrizaje del avión militar se suma a un clima de fuerte inquietud en Tierra del Fuego. El puerto de Ushuaia —clave para la logística antártica, el control del paso bioceánico, el comercio marítimo y la proyección soberana argentina en el Atlántico Sur — fue sospechosamente intervenido el jueves pasado, con el desplazamiento de autoridades y la desvinculación de decenas de trabajadores, lo que desató un amplio rechazo social y político.

Desde el gobierno provincial calificaron la medida como un atropello al federalismo y cuestionaron las verdaderas motivaciones del Ejecutivo nacional. El gobernador Gustavo Melella, junto a los senadores Cristina López y Pablo Blanco, advirtieron sobre posibles concesiones estratégicas a Estados Unidos, en particular en relación con el proyecto de base naval integrada que se construye en la ciudad y que Washington busca tutelar tal como lo demuestran numerosas visitas de funcionarios militares estadounidenses y embajadores de ese país.

La secuencia —intervención del puerto y arribo de una aeronave militar estadounidense sin explicaciones oficiales— refuerza las sospechas sobre un esquema de supervisión y control de puntos estratégicos (chokepoints), similar al que ya se observa en la hidrovía Paraná, donde el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos tiene presencia. Ahora, esa lógica parece extenderse al extremo sur del país, en una de las regiones más sensibles del mapa geopolítico argentino.

En los últimos 24 meses, el sector perdió cerca de 17.000 puestos de trabajo, en un contexto marcado por la apertura irrestricta de importaciones, la caída del consumo interno y la paralización de la obra pública.

La industria metalúrgica atraviesa una de sus crisis más profundas en años como consecuencia directa de las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. En los últimos 24 meses, el sector perdió cerca de 17.000 puestos de trabajo, en un contexto marcado por la apertura irrestricta de importaciones, la caída del consumo interno y la paralización de la obra pública.

Así lo advirtió Elio del Re, presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), quien señaló que las importaciones de productos metalúrgicos crecieron casi un 70% interanual, desplazando producción nacional y afectando a uno de los sectores que más empleo calificado genera. Actualmente, la metalurgia emplea a 300.000 trabajadores directos y más de un millón de manera indirecta.

Según datos del propio sector, el nivel de actividad cayó 7,1% en diciembre respecto del mismo mes del año anterior, con subsectores clave —como fundición, forja y laminación— registrando derrumbes de hasta 18%. El balance anual también es negativo: la actividad metalúrgica retrocedió casi dos puntos en 2025, luego de un 2024 que ya había sido “muy malo”, con una caída promedio del 13%.

Del Re remarcó que los despidos no responden a una decisión empresaria sino a un escenario económico adverso: “La metalurgia requiere mucha capacitación; despedir es lo último que quiere hacer un empresario”. Sin embargo, la combinación de recesión, ausencia de política industrial y liberalización comercial está destruyendo empleo incluso en sectores históricamente estables.

Desde ADIMRA cuestionan la orientación del gobierno nacional, que considera a la política industrial como un obstáculo y apuesta a un modelo basado en sectores extractivos, mientras la industria y el empleo formal quedan relegados. “No hay país desarrollado sin una industria fuerte, y mucho menos sin una metalurgia sólida”, advirtió el dirigente.

La pérdida de empleo industrial, alertan, no solo impacta en los trabajadores despedidos, sino que profundiza la caída del consumo y agrava la recesión, generando un efecto dominó sobre el conjunto de la economía.