El análisis por rubros refuerza realizado por la CAME muestra un diagnóstico recesivo: seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales.

El comercio minorista pyme cerró diciembre con una caída interanual del 5,2% a precios constantes, un dato que vuelve a poner en evidencia la persistente crisis del consumo y el deterioro del poder adquisitivo de los hogares. Aunque el índice anual acumuló una suba del 2,5%, impulsada por el fuerte arranque del año, el sector arrastra ocho meses consecutivos de retrocesos que confirman un escenario de debilidad estructural de la demanda.

En la comparación desestacionalizada frente a noviembre, las ventas mostraron un repunte del 5,2%, explicado principalmente por factores estacionales como las fiestas de fin de año y el cobro de aguinaldos. Sin embargo, este alivio coyuntural no alcanzó para revertir la tendencia descendente que atraviesa al comercio pyme desde hace meses.

El análisis por rubros refuerza el diagnóstico recesivo: seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales. Las contracciones más profundas se observaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%), rubros estrechamente ligados al consumo discrecional y particularmente afectados por la pérdida de ingresos reales. La única excepción fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con una leve suba del 0,8%.

En cuanto a la situación de los negocios, más de la mitad de los comerciantes (55%) señaló que su actividad se mantuvo estable en relación al año anterior, mientras que el 27,6% reportó un empeoramiento. Si bien este último dato muestra una mejora relativa frente a noviembre, cuando el deterioro alcanzaba al 37%, sigue reflejando un contexto de fragilidad para una porción significativa del sector.

Diciembre volvió a mostrar un consumo contenido y altamente racionalizado. Las familias priorizaron promociones y gastos esenciales, limitando las compras no indispensables ante la persistente pérdida de poder adquisitivo. Ni siquiera el impulso estacional logró modificar sustancialmente este comportamiento defensivo.

De cara a los próximos meses, prevalece una cautela optimista entre los comerciantes: aunque muchos esperan una mejora económica hacia 2026, la inversión continúa frenada por los altos costos, la baja rentabilidad y la debilidad de la demanda. El desafío central para el sector será dejar atrás los rebotes estacionales y lograr una recuperación genuina y sostenida del consumo.

Los datos oficiales correspondientes a noviembre de 2025 confirman que la economía argentina atraviesa una fase de marcada recesión y freno de la actividad, con fuertes caídas en dos sectores clave como la industria y la construcción, que registraron sus peores desempeños en más de un año.

La producción industrial manufacturera se desplomó 8,7% interanual, mientras que la actividad de la construcción retrocedió 4,7% frente a noviembre de 2024. En ambos casos, se trata de los mayores descensos desde mediados y fines del año pasado, lo que refuerza la señal de deterioro del nivel de actividad.

Según el informe del organismo estadístico, el índice de producción industrial también mostró una contracción mensual del 0,6% respecto de octubre, lo que evidencia que la caída no se limita a la comparación interanual sino que continúa profundizándose en el corto plazo. Aunque el acumulado de enero a noviembre todavía exhibe un crecimiento del 2%, este resultado responde en gran medida al arrastre estadístico de los primeros meses del año y no alcanza a revertir la dinámica contractiva reciente.

En el caso de la construcción, el retroceso mensual fue del 0,1%, confirmando un escenario de estancamiento que se suma a la caída interanual. Si bien el sector acumula un alza del 6,6% en los primeros once meses del año, noviembre marcó el mayor retroceso desde diciembre de 2024, cuando la actividad había caído más de 10%.

La magnitud del ajuste industrial queda en evidencia al observar la desagregación sectorial: quince de las dieciséis divisiones manufactureras registraron caídas interanuales. Entre las más relevantes se destacan “Alimentos y bebidas” (-7,8%), “Vehículos automotores y autopartes” (-23%), “Maquinaria y equipo” (-17,9%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-17,6%), “Productos de metal” (-18,6%) y “Productos textiles” (-36,7%). La única excepción fue la refinación de petróleo, con un incremento del 6,3%.

El deterioro industrial de noviembre constituye la caída más profunda desde junio de 2024, cuando el sector había retrocedido más de 20%, lo que refuerza la lectura de un nuevo ciclo de enfriamiento económico.

En este contexto, el mercado aguarda la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), prevista para el 21 de enero. Los datos de octubre ya habían anticipado señales de agotamiento: si bien mostraron una suba interanual del 3,2%, también reflejaron una contracción mensual del 0,4%, anticipo de la debilidad que se profundizó en noviembre.

Otros indicadores refuerzan el diagnóstico recesivo. Durante noviembre, la recaudación impositiva cayó 6% en términos reales y las ventas minoristas se contrajeron 4,8%, confirmando el impacto del freno económico sobre el consumo y los ingresos fiscales. El principal dato positivo provino del sector agropecuario, que creció 12,3% interanual, aunque sin capacidad suficiente para compensar la caída del resto de los sectores.

Desde la consultora ACM señalaron que, si bien en el acumulado anual algunos segmentos vinculados a bienes de capital y a la oferta mostraron un desempeño relativamente mejor, persisten fuertes rezagos en las ramas más dependientes de la demanda interna, como textiles y productos de metal, que siguen entre los principales focos de debilidad.

Así, el cierre de 2025 aparece marcado por un deterioro creciente de la actividad, con datos que confirman una economía que se encamina hacia una fase de estancamiento prolongado. De cara a 2026, el desempeño sectorial y las definiciones de política económica serán claves para determinar si el freno actual deriva en una recuperación gradual o en una recesión más profunda y extendida.

El gobierno nacional dio de baja el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), la fuerza que Patricia Bullrich había presentado como una suerte de “DEA argentina” para investigar a los narcos rosarinos.

La decisión quedó plasmada este miércoles en una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva, y expone el fracaso de una de las apuestas más promocionadas en materia de seguridad que intentaban emular a agencias foráneas.

El GEANRO había sido creado en mayo de 2024 y estaba integrado por agentes de inteligencia e investigación de las distintas fuerzas federales que operan en Rosario. Sin embargo, tras un año y medio de funcionamiento, los resultados estuvieron muy lejos de las expectativas. “Se les dio un año y medio y los resultados no fueron mucho mejores que lo que hace cada unidad de cada fuerza por separado”, admitió al portal La Política Online un funcionario nacional.

La falta de avances concretos terminó por sellar el destino de la brigada. “No tenía mucho sentido seguir trabajando de esa manera, entonces cada efectivo volverá a sus unidades para seguir trabajando en el Plan Bandera”, reconocieron desde el propio esquema de seguridad. En los hechos, la supuesta unidad de elite terminó siendo disuelta por ineficaz.

El GEANRO había sido pensado como una unidad investigativa antinarco al estilo de la DEA norteamericana, con actuación en las zonas más calientes de Rosario. Pero la coordinación entre distintas fuerzas volvió a demostrar ser un obstáculo difícil de superar, y la experiencia no logró romper las inercias ni mejorar el desempeño habitual de los organismos federales.

La disolución contrasta con el discurso oficial que acompañó su creación y se suma a una serie de anuncios rimbombantes que luego no se sostuvieron en la práctica. Mientras tanto, el gobierno busca despegarse del fracaso y remarcar la continuidad del Plan Bandera.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el GEANRO fue creado “en el marco de la emergencia” como un espacio acotado de coordinación investigativa entre cinco fuerzas federales y que ese objetivo “fue cumplido plenamente”. Según la versión oficial, su lógica de trabajo colaborativo fue absorbida por el Comando Unificado del Plan Bandera, que desde comienzos de 2025 concentra el intercambio de información criminal y las tareas investigativas.

La baja del GEANRO deja al descubierto otro retroceso en la política de seguridad del gobierno, que debió desactivar sin estridencias una estructura que había sido vendida como clave en la lucha contra el narcotráfico y terminó convertida en un nuevo papelón oficial.

La profunda retracción del mercado interno y la caída del consumo continúan golpeando al comercio argentino. En la Ciudad de Buenos Aires, esta crisis se vuelve cada vez más visible en las principales arterias comerciales, donde las persianas bajas y los locales desocupados se multiplican.

Durante el bimestre noviembre-diciembre de 2025, la cantidad de locales comerciales vacíos en CABA aumentó un 26,9% interanual, en comparación con el mismo período de 2024. El dato surge de un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que registró 198 locales en venta, alquiler o cerrados, en un contexto marcado por el estancamiento del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

Si bien frente al bimestre septiembre-octubre de 2025 se observó una baja del 20,5%, cuando el número de locales vacíos había trepado a 249, el retroceso no alcanza para revertir una tendencia estructural de debilitamiento del comercio minorista, directamente asociada a la contracción del mercado interno.

El informe de la CAC detalla que los locales en alquiler crecieron un 2,2% respecto del bimestre previo y un 9,5% en términos interanuales, mientras que los locales en venta registraron subas aún más pronunciadas: 26,3% frente al período anterior y 33,3% en la comparación interanual. Estos datos reflejan la dificultad creciente de los comercios para sostener su actividad en un escenario de consumo deprimido.

La desocupación comercial avanza de manera desigual según las zonas de la ciudad. El relevamiento —que la CAC realiza de forma sistemática desde 2014— registró descensos bimestrales en avenidas como Santa Fe, Avellaneda, Córdoba, Rivadavia, Corrientes y Cabildo. Sin embargo, la Avenida Pueyrredón y la peatonal Florida mostraron incrementos en la cantidad de locales sin actividad, evidenciando el impacto de la crisis incluso en áreas tradicionalmente dinámicas.

También en La Plata

La situación no es exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. En La Plata, el deterioro del mercado interno también se traduce en una fuerte suba de la vacancia comercial. Según datos de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), la cantidad de locales inactivos —en venta, alquiler, clausurados o cerrados— aumentó 160% interanual en el bimestre noviembre-diciembre de 2025. Aunque respecto a septiembre-octubre se registró una baja del 13,3%, el relevamiento identificó 13 locales desocupados en las principales zonas comerciales de la capital bonaerense.

Desde la CAC vinculan directamente el cierre de comercios con la retracción del consumo, que en noviembre cayó 2,8% interanual y 1,3% en términos desestacionalizados respecto de octubre. Si bien algunos indicadores muestran mejoras interanuales, estas se explican en gran medida por la baja base de comparación de 2024 y no logran traducirse en una recuperación sostenida del consumo cotidiano.

En este contexto, muchos comerciantes optan por cerrar sus locales ante la imposibilidad de sostener costos fijos y caída de ventas, mientras otros buscan reconvertirse hacia el comercio electrónico, un canal que sigue creciendo pero que no logra compensar plenamente el deterioro del entramado comercial tradicional.

La persistencia de locales vacíos en las calles porteñas funciona así como un indicador visible del agotamiento del mercado interno, una crisis que impacta no solo en la actividad económica sino también en el empleo, la vida urbana y el tejido social.

Se trata del ex presidente de la entidad, Javier González Fraga, y el entonces vicepresidente Lucas Llach, por el megafraude en perjuicio del Estado por 300 millones de dólares.

La Justicia Federal ordenó el embargo e inhibición de bienes contra Lucas Llach y otros 18 exdirectivos del Banco Nación y del Grupo Vicentín, acusados de haber participado en una estafa millonaria contra la entidad pública durante el gobierno de Mauricio Macri. El perjuicio investigado supera los 300 millones de dólares.

La medida fue dispuesta por el juez federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal N°10, en el marco de la causa que investiga el otorgamiento irregular de créditos al Grupo Vicentin en los últimos meses de la gestión de Cambiemos. Entre los imputados figuran el entonces presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, y su vicepresidente, Lucas Llach, junto a otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la cerealera.

Según consta en el expediente, entre agosto y diciembre de 2019, funcionarios del Banco Nación y directivos de Vicentin habrían actuado de manera coordinada para permitir que las firmas Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran al banco por un total de USD 304.328.665,75, una deuda que permanece impaga y de cobro incierto.

La resolución judicial detalla que, pese a que la deuda se encontraba vencida y exigible desde el 8 de agosto de 2019, los responsables omitieron intimar a las empresas y, por el contrario, autorizaron la liberación de fondos mediante múltiples transferencias, aun cuando el Banco Nación no estaba legalmente habilitado para hacerlo.

En ese período, se habrían realizado 125 transferencias por un total de $43.449.104.966 desde cuentas vinculadas a Vicentin. Además, el fallo menciona el otorgamiento irregular de 28 préstamos por USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, cuando la situación financiera del grupo empresario ya era crítica.

Ercolini sostuvo que el embargo tiene como objetivo asegurar un eventual decomiso, impedir que se consolide el beneficio del delito investigado y garantizar la reparación del daño causado al Estado, contemplando también la aplicación de multas y la responsabilidad solidaria de los imputados.

A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el magistrado citó a 26 exintegrantes de los directorios del Banco Nación y del Grupo Vicentin a prestar declaración indagatoria, acusados de haber participado en un fraude millonario contra la banca pública.

La causa vuelve a poner en el centro de la escena el vínculo entre el Grupo Vicentin y el gobierno de Cambiemos. Al respecto, el economista Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, afirmó que existió una connivencia política y empresarial que permitió a la compañía disponer de fondos que estaban depositados como garantía en la propia entidad, una maniobra que —según señaló— fue clave para consumar la estafa contra el Estado argentino.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, puso en marcha un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, puso en marcha un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de colectivos y evitar que el aumento de los costos operativos impacte directamente en el valor del boleto que pagan las y los usuarios.

La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, surge como respuesta a la eliminación de los subsidios nacionales al transporte en el interior del país y a la supresión del Fondo Compensador del Interior, decisión que obligó a las provincias a absorber desde 2024 una parte sustancial del financiamiento del sistema. Frente a este escenario, la administración bonaerense avanzó con un esquema propio para proteger a millones de usuarios del AMBA.

El nuevo régimen alcanza a las líneas de transporte urbano y suburbano de jurisdicción provincial y municipal que operan en el AMBA, y fue diseñado para evitar que los mayores costos operativos se trasladen automáticamente a las tarifas, en un contexto en el que el boleto de colectivo ya supera los $1.000 en algunos tramos, representando un fuerte impacto en la economía cotidiana de las familias bonaerenses.

La iniciativa se inscribe en un proceso que la Provincia viene desarrollando desde 2018, cuando comenzó a asumir parte del financiamiento del sistema de transporte tras sucesivos recortes en la política nacional de subsidios. Desde entonces, el gobierno bonaerense sostuvo mecanismos de compensación tarifaria y esquemas de gasoil a precio diferencial para contener el impacto de los costos sobre los usuarios, políticas que ahora se consolidan y amplían mediante un régimen con marco legal propio, criterios técnicos y herramientas de control.

Con la finalización del convenio vigente con el Estado nacional prevista para el 31 de diciembre de 2025, la Provincia decidió avanzar en una reglamentación que ordene y estabilice los mecanismos de financiamiento más allá de acuerdos transitorios. Para ello, el régimen se apoya en sistemas de información y control como el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el reporte electrónico de kilómetros recorridos y el monitoreo de la demanda real del servicio.

El decreto establece además que el Ministerio de Transporte bonaerense será la autoridad de aplicación, encargado de definir la metodología de cálculo, distribución y rendición de las compensaciones tarifarias, con el objetivo de transparentar el uso de los recursos públicos y evitar desequilibrios financieros que puedan poner en riesgo la prestación del servicio o presionar al alza las tarifas.

En el mismo marco, la Provincia aprobó un nuevo convenio con Nación Servicios S.A. para garantizar la continuidad del sistema SUBE, tanto como medio de pago como fuente central de información operativa. Su utilización permitirá un relevamiento más preciso de la cantidad de pasajeros, el uso del sistema y los costos reales de operación, datos clave para ajustar las compensaciones y evaluar el funcionamiento del régimen.

De esta manera, el Gobierno bonaerense busca asegurar la continuidad del transporte público en una región donde millones de personas dependen diariamente del colectivo para trabajar, estudiar y desplazarse, y ofrecer una respuesta concreta frente al retiro del Estado nacional, evitando que esa decisión derive en aumentos desmedidos del boleto o en una mayor carga sobre los bolsillos de los bonaerenses.

El anuncio fue realizado la noche del martes a través de la red social Truth Social, donde Trump detalló que el crudo venezolano será vendido a precio de mercado, pero con una condición clave: los fondos obtenidos quedarán bajo control directo de la administración estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país, un entendimiento que expone el trasfondo geopolítico de la intervención estadounidense en la nación sudamericana y que va más allá de las narrativas oficiales de defensa de la democracia o lucha contra el terrorismo.

El anuncio fue realizado la noche del martes a través de la red social Truth Social, donde Trump detalló que el crudo venezolano será vendido a precio de mercado, pero con una condición clave: los fondos obtenidos quedarán bajo control directo de la administración estadounidense. “Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó.

Trump informó además que ya instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para implementar el plan de manera inmediata. Según precisó, el petróleo será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses, consolidando un giro estratégico en la relación energética entre Washington y Caracas.

Negociaciones bajo presión y reconfiguración del mercado

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, funcionarios de ambos países mantienen conversaciones para reorganizar los flujos de exportación de crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses. El objetivo sería redirigir cargamentos originalmente destinados a China y, al mismo tiempo, evitar nuevos recortes en la producción de la estatal PDVSA, seriamente afectada por el bloqueo.

Las negociaciones se intensificaron luego de que Trump exigiera la apertura del sector petrolero venezolano a empresas estadounidenses y privadas, bajo la advertencia de una posible escalada militar en caso de negativa. En este contexto, Venezuela acumula millones de barriles sin poder exportar, tras el endurecimiento de las sanciones impuesto por Washington a mediados de diciembre.

Fuentes del sector energético citadas por Reuters señalaron que Trump busca concretar rápidamente el acuerdo para presentarlo como un logro político y estratégico, incluso a costa de desplazar a China, principal comprador del petróleo venezolano durante la última década.

Chevron, licencias especiales y control de ingresos

Actualmente, las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos se canalizan casi exclusivamente a través de Chevron, que opera bajo una licencia especial otorgada por el propio gobierno estadounidense. La compañía exporta entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, mientras el resto de las petroleras internacionales continúan limitadas.

El plan anunciado por Trump contempla que los ingresos por la venta del petróleo sean administrados directamente desde la presidencia de Estados Unidos, una medida que refuerza la dimensión política y estratégica del acuerdo. Paralelamente, Washington y Caracas analizan la posibilidad de realizar subastas para compradores estadounidenses y otorgar nuevas licencias a socios de PDVSA.

En el pasado, este esquema permitió la participación de empresas como Chevron, Eni, Repsol, CNPC y Reliance, algunas de las cuales ya se estarían preparando para recibir nuevos cargamentos.

PDVSA, sanciones y reordenamiento geopolítico

La estatal PDVSA se vio obligada a reducir su producción en los últimos meses debido a la saturación de sus depósitos. Según Reuters, si no logra exportar en el corto plazo, enfrentará nuevos recortes. En contraste, funcionarios estadounidenses celebraron la posibilidad de incrementar el suministro hacia refinerías del Golfo.

Antes del endurecimiento de las sanciones, Estados Unidos procesaba cerca de 500.000 barriles diarios de crudo venezolano, un volumen que Washington ahora busca recuperar en un escenario de reconfiguración energética y geopolítica regional, donde el control de los recursos y de los flujos financieros vuelve a ocupar un lugar central.

Los hospitales alcanzados por la medida son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela.

El Gobierno nacional avanza en un nuevo recorte estructural del sistema público de salud y estudia aplicar un esquema de gestión privada en cinco hospitales estratégicos de la provincia de Buenos Aires, cuatro ubicados en el Conurbano y uno en el interior. La iniciativa, impulsada bajo la lógica de la “motosierra” libertaria, implicaría tercerizar la administración y establecer el pago de cápitas para acceder a la atención, un cambio que encendió alarmas en el sector sanitario y desató un fuerte rechazo gremial.

Los hospitales alcanzados por la medida son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela. Todos integran el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), un sistema de gestión mixta entre Nación y Provincia que garantiza atención pública de alta complejidad a millones de bonaerenses.

Aunque no hubo un anuncio oficial, el propio Gobierno admitió que evalúa “opciones de administración” y que la alternativa más firme es la aplicación del denominado “modelo español”, que supone concesionar la gestión hospitalaria a privados, financiados a través de aportes de obras sociales, prepagas y un sistema de cápitas. En los hechos, se trata de un avance privatizador que pone en cuestión el principio de acceso universal y gratuito a la salud.

Un ajuste con impacto directo en la atención

La iniciativa responde al objetivo central del Gobierno de Javier Milei de reducir el gasto público, incluso en áreas sensibles. Actualmente, el financiamiento de estos hospitales recae mayoritariamente en Nación: aporta el 80% del presupuesto del hospital de Cañuelas y el 70% de los otros cuatro, mientras que la Provincia y, en un caso, el municipio de La Matanza, completan el esquema.

El ministro de Salud, Mario Lugones, no descarta otras salidas —como el traspaso total de los hospitales a la órbita provincial—, pero en el propio sector sanitario aseguran que la decisión política apunta a avanzar con la tercerización, bajo la premisa de que los hospitales podrían “autosustentarse” con fondos del sistema privado. Una visión que, advierten especialistas y trabajadores, desdibuja el rol del Estado y profundiza la segmentación del sistema de salud.

Persisten además dudas sobre el camino legal para implementar la medida. Dado que los hospitales SAMIC fueron creados por ley, cualquier cambio de este calibre debería pasar por el Congreso. Sin embargo, en la Casa Rosada no descartan un decreto presidencial para evitar un debate legislativo que podría resultar costoso, como ya ocurrió con el conflicto por el financiamiento del Hospital Garrahan.

Tensiones políticas y rechazo sindical

El trasfondo incluye además una fuerte disputa entre Nación y Provincia. Lugones reclama a la gestión de Axel Kicillof una deuda que, según el vocero presidencial Manuel Adorni, rondaría los 500 mil millones de pesos, cifra que el ministro bonaerense Nicolás Kreplak rechaza, aunque admite la existencia de desfasajes en partidas. En este escenario, también se evaluó la posibilidad de provincializar los cinco hospitales, una opción sobre la que el gobierno bonaerense aun no se pronuncio.

La reacción más contundente llegó desde el ámbito gremial. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) denunció que el plan oficial “representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud” y advirtió que pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad.

“El avance sobre los hospitales SAMIC se inscribe en una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento del sistema público”, alertó el secretario general de la Federación, Pablo Maciel, quien remarcó que la alta dependencia de estos centros del financiamiento nacional vuelve particularmente grave cualquier intento de privatización. “Las consecuencias de estas políticas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los hospitales”, concluyó.

El consumo de energía eléctrica en la Argentina volvió a retroceder en noviembre de 2025, reflejando con claridad el impacto de la recesión económica y la desaceleración de la actividad productiva.

La demanda nacional cayó 3,2% interanual y alcanzó los 10.712,3 GWh, el nivel más bajo para ese mes desde 2021, según datos oficiales de CAMMESA difundidos por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec).

Aunque las temperaturas más moderadas incidieron en el menor uso residencial, la caída del consumo se extendió también a los sectores comercial e industrial, lo que confirma que el descenso no responde solo a factores climáticos sino, principalmente, al enfriamiento general de la economía y al parate en amplios segmentos de la actividad fabril.

En términos mensuales, la demanda mostró una leve suba del 1,2% respecto de octubre, pero la comparación interanual evidencia un deterioro marcado frente a noviembre de 2024. El registro actual incluso se ubica por debajo del nivel de noviembre de 2021, consolidando una tendencia descendente que se profundiza en la segunda mitad del año.

El comportamiento acumulado refuerza este diagnóstico: en los primeros once meses de 2025, la demanda eléctrica total cayó 0,4%, mientras que el año móvil exhibe una retracción del 0,6%, configurando un escenario de consumo contenido de carácter estructural, asociado a la pérdida de dinamismo económico.

Retrocesos en todos los segmentos

La baja fue generalizada en todos los tipos de usuarios. El consumo residencial, que representó el 43% del total, cayó 2,8% interanual. El segmento comercial, directamente afectado por la contracción del consumo y los servicios, mostró el descenso más pronunciado, con una baja del 6,5%. En tanto, la demanda industrial retrocedió 0,4%, un dato que refleja la persistencia de niveles bajos de producción en el sector fabril.

Este desempeño confirma que la industria continúa operando por debajo de su capacidad, en un contexto de menor inversión, caída de ventas y dificultades para sostener el nivel de actividad.

AMBA y provincias: consumo en baja

En Capital Federal y el Gran Buenos Aires —que concentran cerca del 30% del consumo eléctrico del país— la demanda cayó 3,9% interanual. Edenor registró una baja del 3% y Edesur del 4,6%, en un escenario de menor consumo combinado con mayores tensiones operativas en la red.

A nivel nacional, el mapa del consumo también refleja el impacto de la recesión. En noviembre, 16 provincias registraron caídas interanuales, con fuertes descensos en el NEA y el Litoral. Misiones (-33%), Formosa (-12%), Chaco (-11%) y Corrientes (-10%) encabezaron las bajas, mientras que Santa Fe (-5%) y Mendoza (-4%) evidenciaron la retracción en regiones de peso productivo.

Si bien algunas provincias mostraron subas, en muchos casos asociadas a actividades específicas o a factores climáticos, el balance general confirma un consumo eléctrico estancado o en retroceso, en línea con una economía que continúa sin señales claras de recuperación.

En conjunto, la evolución de la demanda eléctrica se consolida como un indicador clave del actual escenario recesivo: menos consumo en hogares, comercios y, especialmente, en la industria, da cuenta de una actividad económica que sigue lejos de reactivarse.

“Vamos a estar a cargo del país hasta que esté salvo y seguro”, afirmó Trump mientras presiona por acceder a las riquezas petroleras de Venezuela.

Donald Trump volvió a exhibir sin matices una concepción imperial y extractivista de la política exterior estadounidense hacia América Latina. Tras la captura internacional de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos aseguró haber mantenido una conversación con la dirigente designada Delcy Rodríguez, a quien le exigió un “acceso total” al petróleo de Venezuela, condicionando la estabilidad del país al control de sus recursos estratégicos.

“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas que nos permitan reconstruir su país”, afirmó Trump, en una declaración que deja al descubierto el verdadero objetivo de la intervención: el control de la mayor reserva de crudo del planeta. Lejos de apelar a argumentos humanitarios o democráticos, el mandatario vinculó de manera directa la ocupación política con la apropiación de los bienes naturales venezolanos.

Luego de una operación militar que incluyó bombardeos y acciones de fuerzas especiales, Trump se autoproclamó líder de Venezuela. “Vamos a estar a cargo del país hasta que esté salvo y seguro”, sostuvo, para luego admitir que el trasfondo del conflicto es el manejo del petróleo. “Ellos nos arrebataron nuestro petróleo y pensaron que no haríamos nada”, declaró, en referencia a la nacionalización impulsada durante el gobierno de Hugo Chávez.

El presidente estadounidense también lanzó amenazas directas contra Delcy Rodríguez, a quien advirtió que enfrentaría consecuencias aún peores que Maduro si no accedía a las exigencias de Washington. “Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos necesario para hacer que Venezuela vuelva a ser grande”, afirmó, reforzando una narrativa colonial que subordina la soberanía venezolana a los intereses de Estados Unidos.

Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció que la agresión tiene como objetivo “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, especialmente su petróleo y sus minerales, y quebrar su independencia política”. En los últimos días, Trump reforzó esta línea al sostener que a las empresas estadounidenses se les negó el supuesto “derecho” a explotar el crudo venezolano. “Nos quitaron nuestro petróleo y lo queremos de vuelta”, insistió.

Amenazas a Colombia y México

La ofensiva discursiva no se limitó a Venezuela. Trump extendió sus amenazas a otros países y territorios, reafirmando una doctrina de seguridad nacional que coloca a América Latina como zona de intervención permanente. Colombia, México y Cuba fueron señalados como próximos focos de conflicto, mientras que el mandatario volvió a mencionar su interés estratégico en Groenlandia, aludiendo a la presencia de Rusia y China.

En el caso colombiano, Trump atacó al presidente Gustavo Petro y deslizó la posibilidad de una operación militar. Sobre México, reiteró su intención de enviar tropas para combatir al narcotráfico, pese al rechazo del gobierno de Claudia Sheinbaum, que insistió en la defensa de la soberanía nacional.

Las declaraciones de Trump no solo profundizan la tensión regional, sino que confirman una visión geopolítica basada en la fuerza, la apropiación de recursos y la negación de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, reeditando una lógica imperial que atraviesa la historia de la relación entre Estados Unidos y la región.