Una nueva factura por el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este volvió a encender alarmas y profundiza una situación cada vez más comprometida para el jefe de Gabinete, en medio de inconsistencias, versiones cruzadas y crecientes dudas judiciales.

El comprobante, fechado el 9 de marzo, fue emitido por un broker aeronáutico a nombre del periodista Marcelo Grandio, quien ya había afrontado el costo del viaje de ida a través de una de sus empresas. El documento presenta irregularidades tanto en la fecha como en el monto, y se suma a una trama que no deja de complejizarse y que complica cada vez mas la situación del funcionario libertario.

La investigación judicial sobre los vuelos privados de Adorni incorpora así un nuevo elemento que pone el foco en su regreso desde Punta del Este y en el rol de su entorno cercano. El broker Agustín Ismel Issin, quien figura en documentación previa vinculada a paquetes de vuelos, aparece nuevamente como intermediario en la operación.

Según los registros, Issin —piloto y socio en Jag Aviation— adquiere paquetes de vuelos para su reventa a clientes privados. Una factura anterior, emitida en febrero por 42.250 dólares, incluía el tramo de regreso del funcionario. En paralelo, ya se había conocido otro comprobante por el vuelo de ida, por 4.830 dólares, emitido a una productora vinculada a Grandio, quien además habría alojado a Adorni durante su estadía en Uruguay.

El nuevo documento, emitido el mismo día en que el caso tomó estado público, consigna únicamente el tramo “vuelo 17/02/2026 PDP-FDO” por un valor de 3.000 dólares, una cifra inferior al trayecto inicial. En el sector aeronáutico no descartan que su emisión haya sido una reacción a la repercusión mediática del caso, lo que agrega más interrogantes.

En este contexto, la Justicia espera que Grandio presente los comprobantes de la transferencia que respalden ese pago, mientras crecen las dudas sobre la trazabilidad del dinero.

Las explicaciones brindadas hasta ahora no hicieron más que aumentar la confusión. Grandio ofreció versiones contradictorias: primero aseguró que Adorni había pagado el vuelo, luego que el gasto fue compartido y finalmente que se cubrió con fondos estatales. A pesar de afirmar que cuenta con documentación, aún no la presentó.

Por su parte, Adorni sostiene que se trató de un gasto personal, aunque tampoco exhibió comprobantes que respalden esa afirmación.

Issin, en tanto, confirmó su rol como intermediario y señaló que la empresa operadora fue AlphaCentauri, mientras que Jag Aviation comercializó los vuelos. La aeronave utilizada habría sido un Honda Jet matrícula LV-HWA, visible incluso en registros audiovisuales difundidos en medios.

La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo, avanza con pedidos de información a organismos públicos y privados. Sin embargo, algunas empresas ya advirtieron que no conservan registros de cámaras por más de 30 días, lo que podría dificultar la reconstrucción completa de los hechos.

Con cada nueva evidencia, el caso suma capas de complejidad y deja a Adorni en una posición cada vez más delicada, bajo la lupa judicial y con interrogantes aún sin respuesta.

La presión interna crece al ritmo de los escándalos por corrupción y desmanejo de recursos públicos, y en la Casa Rosada admiten que su permanencia se volvió insostenible. “Está destruyendo la imagen de Javier Milei”, reconocen incluso desde el círculo más cercano a Karina Milei.

En el karinismo, donde hasta hace poco lo sostenían, ahora aseguran que su salida es cuestión de tiempo. Golpeado en su imagen y sin respaldo político, Adorni quedó aislado tras las revelaciones sobre su crecimiento patrimonial, el uso de recursos públicos y los supuestos negocios triangulados a través de la consultora de su esposa, Betina Angeletti.

El impacto del escándalo ya no se limita a su figura: en el oficialismo preocupa el efecto directo sobre la imagen presidencial. Las encuestas muestran una caída sostenida en la aprobación de Milei, con números que en algunos casos lo ubican por debajo de los 40 puntos y una negativa en fuerte ascenso. Ese deterioro aceleró las discusiones en Olivos, donde este fin de semana se multiplicaron las versiones de reuniones para definir cambios tanto en la SIDE como en la Jefatura de Gabinete.

En paralelo, crecen los cuestionamientos internos por el estilo de vida de Adorni: vuelos privados, propiedades difíciles de justificar con su salario y versiones sobre nuevos episodios comprometedores que aún no salieron a la luz. En ese contexto, dentro del propio gobierno hablan de que ya entró en la fase final del “protocolo de crisis” libertario: el silencio público y las críticas en privado que suelen anticipar el desenlace.

Con su salida cada vez más cerca, en la cúpula del poder ya circulan nombres para reemplazarlo. Uno es el de Martín Menem, cuyo eventual desembarco abriría una reconfiguración en Diputados que podría beneficiar a Sebastián Pareja y alterar el equilibrio interno del oficialismo.

También aparece Diego Santilli, quien, pese a no generar plena confianza en el núcleo libertario, mantiene un alineamiento firme con Karina Milei. Su llegada lo posicionaría además en la carrera electoral bonaerense, lo que genera resistencias en otros sectores.

Entre los nombres del riñón libertario surgen Sandra Pettovello y Pilar Ramírez. Ramírez, de máxima confianza de Karina, implicaría una mayor concentración de poder en la hermana presidencial. Pettovello, en tanto, cuenta con el respaldo directo de Milei, aunque dentro del gobierno advierten que su estilo podría profundizar tensiones internas y complicar la coordinación del gabinete.

Mientras tanto, en los pasillos oficiales ya dan por hecho lo inevitable: la salida de Adorni dejó de ser una posibilidad y pasó a convertirse en una decisión en marcha.

Documentos contables oficiales confirman que el IOSFA contaba con un superávit cercano a los 25 mil millones de pesos al momento en que Luis Petri asumió al frente del Ministerio de Defensa.

Los informes, a los que se accedió de manera exclusiva, desmienten de forma categórica la narrativa libertaria que intenta atribuir la crisis actual a la herencia del gobierno de Alberto Fernández.

Lejos de un escenario de colapso, los números de 2023 reflejan una situación financiera robusta: el resultado del ejercicio creció un 5,4% hasta alcanzar los $13.289 millones, mientras que el patrimonio neto registró un incremento del 67,8%, cerrando en $32.260 millones. A su vez, el flujo de efectivo mostró un saldo positivo con un aumento de $4.327 millones, revirtiendo la caída registrada en 2022. La liquidez inmediata, en tanto, se disparó un 182,9%, alcanzando los $6.693 millones.

Este cuadro evidencia que Petri recibió una obra social con cuentas ordenadas, capacidad de ahorro y margen de maniobra frente a un contexto inflacionario adverso. Sin embargo, ese escenario se deterioró rápidamente hasta desembocar en una crisis que hoy se traduce en el corte de prestaciones de salud para militares activos y retirados.

Las decisiones adoptadas durante la gestión libertaria aparecen en el centro de las críticas. Darío Díaz Pérez, ex titular del IOSFA durante la administración anterior, había advertido que una de las medidas más graves fue la suspensión del pago de reintegros, afectando directamente a afiliados que deben afrontar gastos urgentes por fuera de la cobertura. “Estamos hablando de personal en actividad y retirados, muchos de los cuales están en situación de vulnerabilidad”, señaló.

Desde dentro del propio organismo, las denuncias son aún más contundentes. Fuentes actuales del IOSFA aseguran que no solo se consumió el superávit heredado, sino que además se contrajeron deudas millonarias: un crédito de $14 mil millones con el IAF durante la presidencia de Oscar Sagás, seguido por otro de $42 mil millones bajo la gestión de Roberto Fiocchi, ambos sin cancelar. La llegada posterior de Betina Surballe habría intentado contener las consecuencias de estas maniobras.

En este contexto, la crisis ya no se limita a los balances: se expresa en protestas de efectivos sin cobertura médica y en el plano judicial, tras la denuncia presentada por Lourdes Arrieta que quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas.

El contraste entre el superávit heredado y el actual descalabro financiero no solo pone en cuestión la gestión de Petri, sino que instala una sospecha cada vez más extendida: la crisis del IOSFA no fue inevitable, sino el resultado de decisiones que hoy están bajo la lupa por su posible impacto en el vaciamiento de la obra social.

El fuerte encarecimiento de la carne vacuna en Argentina ya tiene un impacto directo y visible en la mesa de los hogares: con aumentos que superan el 60% en los últimos 12 meses muy por encima del 33,1% de inflación interanual el consumo cayó al nivel más bajo de las últimas dos décadas.

Según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), esta dinámica expone una suba desproporcionada de los precios de los cortes, que prácticamente duplican la inflación general y erosionan de forma acelerada el poder de compra. Lejos de ser un ajuste menor, se trata de un salto que reconfigura el acceso a uno de los alimentos históricamente centrales en la dieta argentina.

El deterioro se refleja con claridad en el consumo per cápita, que descendió a 47,3 kilos anuales, con una caída interanual del 2,5%. En términos concretos, cada argentino consume hoy 1,2 kilos menos de carne vacuna por año, consolidando un piso histórico que queda muy lejos de los 68,4 kilos registrados en 2008. No se trata de un cambio cultural, sino de una restricción económica cada vez más extendida.

La contracción es aún más marcada en el arranque de 2026: el consumo aparente se desplomó 13,8% en el primer bimestre frente al mismo período del año anterior. Aunque parte de esta caída se vincula a una menor producción —que retrocedió 9,1% interanual—, el factor determinante sigue siendo el precio, que continúa acelerándose mes a mes.

Solo en febrero, los cortes vacunos aumentaron en promedio 7,4%, con subas destacadas en productos clave como el cuadril y la nalga (alrededor del 8%), mientras que incluso opciones más económicas como la carne picada subieron más del 7%. El asado, símbolo del consumo local, alcanzó valores que superan ampliamente los $16.000 por kilo, consolidando su transformación en un bien cada vez más inaccesible.

En la comparación interanual, la magnitud del problema se vuelve aún más evidente: el precio de los cortes vacunos trepó 63,6%, con picos como el asado (67,6%) y el cuadril (65,9%). Estos incrementos no solo lideran el rubro alimentos, sino que profundizan una brecha creciente entre ingresos y precios.

Si bien desde CICCRA atribuyen esta escalada a una recomposición de precios vinculada a restricciones de oferta —derivadas de factores climáticos previos—, lo cierto es que el resultado concreto es una caída sostenida del consumo. En este contexto, la carne vacuna deja de ser un componente cotidiano de la dieta para convertirse, progresivamente, en un consumo cada vez más limitado.

La decisión se da en un contexto complejo, con cuestionamientos al modelo operativo de la compañía, que enfrenta una crisis de confianza marcada por cancelaciones frecuentes y limitaciones en su flota.

La low cost Flybondi lanzó un plan de retiros voluntarios en medio de su crisis operativa, en una decisión clave para intentar reordenar su funcionamiento y sostener su actividad. La medida forma parte de un proceso de reorganización interna con el que la compañía busca reducir su estructura y mejorar su eficiencia.

Según fuentes empresarias, el programa apunta a adecuar la dimensión de la aerolínea a su capacidad real de operación. “La compañía puso en marcha un programa de retiros voluntarios como parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa”, indicaron.

Desde la empresa aclararon que la iniciativa es completamente voluntaria, se ajusta a la normativa vigente y ofrece condiciones acordes para quienes decidan adherir. También señalaron que no está directamente vinculada con los recientes problemas de demoras y cancelaciones.

La decisión se da en un contexto complejo, con cuestionamientos al modelo operativo de la compañía, que enfrenta una crisis de confianza marcada por cancelaciones frecuentes y limitaciones en su flota. Pese a que había proyectado una etapa de expansión tras su adquisición en 2025 por el empresario Leonardo Scatturice a través del fondo COC Global Enterprise, ese crecimiento aún no logró consolidarse.

Un modelo que no termina de despegar

Datos del sector aerocomercial reflejan la magnitud del problema: uno de cada cinco vuelos programados no se concreta. En ese marco, el gobierno de Neuquén aplicó una multa de 228 millones de pesos por incumplimientos en la atención a más de 22.000 pasajeros afectados.

Desde la conducción de la empresa sostienen que el plan de retiros es una herramienta para equilibrar costos y garantizar la continuidad del servicio en el largo plazo. No obstante, el futuro de la aerolínea dependerá de que esta reestructuración logre revertir los problemas estructurales y recuperar la confianza de los usuarios en un mercado cada vez más exigente.

Irán endureció su postura y lanzó una contundente respuesta contra las declaraciones belicosas del presidente Javier Milei, al condenar su “apoyo descarado” a la guerra y acusarlo de intentar desviar la atención del escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

En una jornada atravesada por fuertes tensiones internacionales, el gobierno argentino recibió señales opuestas desde Medio Oriente: mientras Israel respaldó su alineamiento en el conflicto, fue Irán quien redobló la presión diplomática y elevó el tono de las críticas.

La reacción de Teherán se da en el marco de una escalada que comenzó cuando Milei calificó a Irán como un país vinculado al terrorismo en su discurso ante el Congreso. Desde entonces, el mandatario no solo reafirmó su apoyo a Estados Unidos y a Israel, sino que incluso celebró un eventual cambio de régimen iraní, sugirió la posibilidad de envío de fuerzas argentinas a la guerra en curso y se definió como “el presidente más sionista del mundo”, tocando uno de los puntos más sensibles para la República Islámica.

El conflicto internacional —desatado tras la ofensiva militar ilegal y unilateral iniciada por Estados Unidos a fines de febrero— sigue sin un horizonte claro y ha generado repercusiones políticas incluso en Washington, donde la administración de Donald Trump enfrenta tensiones internas.

En este contexto, la respuesta iraní fue directa y sin matices. Zahra Ershadi, asesora del Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó los dichos del mandatario argentino como “insultantes, hostiles y antiiraníes” y sostuvo que su posicionamiento constituye una violación del derecho internacional.

“El apoyo descarado del Presidente de Argentina a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán constituye una violación de las obligaciones internacionales”, afirmó la funcionaria.

Pero el señalamiento no se limitó al plano externo. Desde Teherán también vincularon el discurso de Milei con la situación interna argentina, al advertir que busca “desviar la opinión pública” de los problemas económicos y de los resonantes casos de corrupción cercanos a su entorno.

En particular, mencionaron el impacto del caso $LIBRA, que volvió a tomar relevancia en los últimos días, y el deterioro de indicadores como la inflación y el empleo, en un escenario marcado por el ajuste y la caída de la actividad.

Finalmente, Irán introdujo un elemento adicional de presión al advertir sobre una posible “responsabilidad internacional” de la Argentina por su alineamiento con las acciones militares de Estados Unidos e Israel, a las que considera una “guerra de agresión” ilegal. La advertencia marca un nuevo capítulo en una crisis diplomática que ya impacta de lleno en la política exterior argentina.

Aunque en febrero las expensas en la Ciudad de Buenos Aires registraron una leve baja mensual, la tendencia de fondo sigue encendiendo señales de alerta: los costos se mantienen por encima de la inflación y están empujando un aumento sostenido de la morosidad.

Según un relevamiento privado, el valor promedio de las expensas se ubicó en $318.650, con una caída del 1,8% respecto de enero. Sin embargo, este descenso resulta apenas un alivio parcial frente a una dinámica más profunda: en los últimos 12 meses, las expensas aumentaron un 38,4%, superando el 33,1% de inflación interanual informada por el Indec.

Este desfasaje entre ingresos y gastos comienza a reflejarse con claridad en la capacidad de pago de los hogares. El dato más preocupante es el crecimiento de la morosidad: el porcentaje de unidades con deuda pasó del 17% al 19% en apenas un mes. Es decir, casi dos de cada diez departamentos en CABA ya no pueden afrontar las expensas en tiempo y forma.

El informe, elaborado por ConsorcioAbierto sobre más de 13.000 consorcios, muestra que la mora dejó de ser un fenómeno estable para transformarse en una tendencia en alza. Durante mucho tiempo se mantuvo cerca del 17%, pero el reciente incremento confirma que el sostenido encarecimiento de las expensas está empezando a impactar de lleno en la cadena de pagos.

“Las expensas no evolucionan igual que la inflación porque dependen del calendario del edificio. Enero suele concentrar ajustes de contratos, presupuestos y el impacto del aguinaldo”, explicó Albano Laiuppa, director de la plataforma. Aun así, la suba acumulada por encima del IPC evidencia una presión adicional sobre los consorcistas.

En este contexto, los consorcios comienzan a funcionar como un sistema de financiamiento interno: quienes pagan en término sostienen el funcionamiento cotidiano mientras crece la cantidad de vecinos que se atrasan y regularizan más adelante.

En cuanto a la estructura de costos, el mayor peso sigue siendo el personal, que representa el 33% del total. Le siguen el mantenimiento y los gastos operativos (28%), los servicios públicos (entre 13% y 15%), los gastos administrativos e impuestos (14%) y las obras o mantenimientos extraordinarios (entre 6% y 11%).

Pese a la leve baja de febrero, desde el sector advierten que no hay una reducción real de costos, sino una mayor estabilidad en su evolución. El resultado es un escenario cada vez más delicado: expensas en niveles altos, ingresos que no acompañan y una morosidad creciente que tensiona el funcionamiento de los consorcios.

Visiblemente molesto con el rumbo del Gobierno, Etchecopar aseguró estar “cansado” del Presidente y su entorno, y profundizó sus críticas al afirmar que Milei “sólo tiene corazón para sus perros” y volvió a insistir en que “le chupa un huevo la gente”.

El periodista Baby Etchecopar volvió a apuntar con extrema dureza contra el presidente Javier Milei, al asegurar sin rodeos que “le chupa un huevo la gente y no le importa el hambre”, en una de las críticas más explosivas que se escucharon en los últimos días.

Lejos de quedarse ahí, el conductor redobló la apuesta y desafió públicamente al mandatario a presentarse en su programa para sostener una entrevista sin condicionamientos, con repreguntas y sin acuerdos previos. “Sería interesante verlo con alguien que no tenga las preguntas pautadas ni compromisos económicos con la presidencia, pero eso no va a pasar”, lanzó, cuestionando el esquema de comunicación oficial.

Visiblemente molesto con el rumbo del Gobierno, Etchecopar aseguró estar “cansado” del Presidente y su entorno, y profundizó sus críticas al afirmar que Milei “sólo tiene corazón para sus perros” y volvió a insistir en que “le chupa un huevo la gente”. En uno de los pasajes más duros de su descargo, disparó: “Para los perros tenés corazón, dejate de joder”, poniendo en duda la sensibilidad del mandatario frente a la crisis social.

Criticas a Adorni

El periodista también extendió sus cuestionamientos al resto del gabinete y apuntó contra el vocero presidencial Manuel Adorni, al criticar que haya viajado a Punta del Este en un vuelo privado en lugar de enfocarse en la situación de los jubilados.

En su análisis, Etchecopar enmarcó sus declaraciones dentro de una crítica más amplia al modelo de gestión, al sostener que “no podés gobernar para un Excel mientras la gente la pasa mal”, en referencia al impacto del ajuste económico sobre los sectores más vulnerables.

Finalmente, también cuestionó el tono confrontativo del Presidente y su relación con la prensa: “No podés tratar a todo el que piensa distinto como enemigo”, advirtió. Y cerró con una frase que expone su decepción: “Yo te apoyé, pero esto no era lo que prometiste”

La provincia de Buenos Aires expresó un fuerte rechazo al proyecto del Gobierno nacional que busca modificar la Ley de Glaciares y pidió a los diputados que voten en contra. Desde el Ejecutivo bonaerense advirtieron que la iniciativa pone en riesgo reservas estratégicas de agua y, por lo tanto, el desarrollo productivo del país.

La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, sostuvo que la normativa vigente “no debe modificarse” y alertó que la reforma afectaría incluso a provincias sin glaciares, como Buenos Aires, debido a su impacto en el acceso al agua y en las cuencas interjurisdiccionales. En ese sentido, remarcó que “sin agua no hay condiciones para la producción”.

El gobierno provincial cuestionó que el proyecto flexibiliza la protección ambiental para habilitar actividades extractivas en zonas sensibles, lo que podría generar pérdida de reservas hídricas, contaminación y mayor variabilidad climática. Además, advirtió sobre una posible competencia entre provincias para atraer inversiones mediante menores controles ambientales.

También se señalaron objeciones legales, al considerar que la reforma vulnera principios constitucionales y acuerdos internacionales, y se criticó el limitado alcance de las audiencias públicas en el Congreso.

En síntesis, Buenos Aires se posiciona firmemente en contra de la modificación de la ley, defendiendo el esquema actual y planteando que el camino no es cambiar la norma, sino mejorar su implementación y control.

El Gobierno dejó trascender que estaría dispuesto a apoyar militarmente a Estados Unidos en el Golfo Pérsico si así lo solicitara, pero dentro de las propias Fuerzas Armadas y del área de Defensa crecen las dudas sobre la capacidad real del país para intervenir en un conflicto de esa magnitud.

El secretario de Comunicación, Javier Lanari, aseguró que ante un eventual pedido de Donald Trump “cualquier ayuda que ellos consideren se dará”, aunque reconoció que no existe actualmente una solicitud formal. En la misma línea, el canciller Pablo Quirno evitó confirmaciones y habló de “rumores”, mientras que otras fuentes oficiales aclararon que cualquier colaboración dependería de las posibilidades concretas de la Argentina.

El escenario se da en medio de la creciente tensión en Medio Oriente, donde no se descarta un eventual despliegue en el Estrecho de Ormuz frente a acciones de Irán. Sin embargo, desde el ámbito castrense fueron tajantes: el país no estaría en “condiciones” técnicas ni operativas para una misión de ese tipo. Incluso, desde el Edificio Libertador remarcaron que “no hay ninguna posibilidad” real de intervención.

Las limitaciones incluyen problemas estructurales como bajos salarios, falta de financiamiento y equipamiento insuficiente. Fuentes militares señalaron que, en el mejor de los casos, podría evaluarse un aporte simbólico o limitado, aunque advirtieron sobre los riesgos de involucrarse en un conflicto de alta intensidad, incluyendo posibles bajas y eventuales represalias.

A modo de ejemplo destacan la baja disposición operativa de buques de la Armada con solo algunas corbetas y un par de destructores desfazados tecnológicamente, los cuales deberían actuar bajo el paraguas de unidades más capaces que les proporcionen protección, con lo cual su participación seria sumar problemas en lugar de soluciones, en especial considerando la diversidad de amenazas a las cuales deberán hacer frente una vez arribados a la zona de operaciones. La Armada tampoco cuenta con submarinos, ni buques para desplegar tropas, el logístico ARA Patagonia un veterano petrolero de flota de origen francés, aunque podría ser un activo importante para reabastecer a otros buques, no esta plenamente operativo y apenas participa de las campañas antárticas. Mientras que los OPV de la armada están dedicados a la custodia de los propios espacios marítimos, retirarlos a otra región tan distante seria un absurdo ya que por un lado se perderían activos para la custodia del propio mar argentino contra la pesca ilegal por otra parte su aporte en Medio Oriente seria marginal ya que apenas cuentan con armamento.

Diferencias con la política de Menem en los 90s

También se marcó una diferencia clave con el antecedente de los años 90, cuando Argentina en el marco del denominado “operativo Alfil” se sumo a la coalición internacional en la operación “Escudo del Desierto” participando con unidades navales en la Guerra del Golfo bajo mandato y resolución de la ONU: en este caso, implicaría alinearse directamente en un conflicto sin ese respaldo legal internacional constituyendo un grave y peligroso antecedente para el país.

En paralelo, el alineamiento político del presidente Javier Milei con Estados Unidos e Israel refuerza la hipótesis de apoyo, aunque hacia adentro crecen las advertencias sobre los costos políticos, estratégicos y operativos.

Un antecedente reciente es la incorporación de Argentina a la Fuerza Marítima Combinada (CMF), firmado por la entonces canciller Diana Mondino y el Ministro Luis Petri, se trata de una coalición naval liderada por Estados Unidos en Medio Oriente a la cual finalmente el país no aporto nada. La decisión fue cuestionada en ese momento por implicar el uso de recursos limitados en una región lejana y de alta conflictividad, lo que —según especialistas— expone aún más las debilidades logísticas y operativas del país frente a escenarios bélicos complejos.