El fuerte aumento del gasoil ya tiene consecuencias concretas en el transporte público del AMBA: las empresas de colectivos anunciaron que desde este miércoles 1 de abril reducirán la frecuencia de los servicios, una medida que impactará directamente en los pasajeros con mayores tiempos de espera y menor disponibilidad de unidades.

La decisión afecta a líneas de jurisdicción nacional y provincial, y responde a la imposibilidad de sostener los niveles habituales de operación frente al encarecimiento del combustible y la falta de actualización de esos costos por parte de las autoridades. Según advirtieron las cámaras empresarias, el incremento del gasoil deterioró de forma crítica la ecuación económica del sector.

En las últimas semanas, los combustibles registraron subas de entre el 18% y el 20%, lo que elevó significativamente los costos operativos. Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires, el gasoil supera los $2.000 por litro, presionando aún más sobre un sistema que depende en gran medida de subsidios y tarifas reguladas.

Como consecuencia, las empresas comenzarán a ajustar la oferta de servicios, principalmente en horarios de menor demanda, aunque no descartan que la situación se profundice si no hay una respuesta oficial. Desde el sector alertaron que la operación del sistema “se encuentra en serio riesgo” y que podría volverse insostenible en el corto plazo.

La reducción de frecuencias no solo complica la movilidad diaria de millones de usuarios, sino que también expone el deterioro estructural del transporte público en el AMBA. Las empresas, que aseguran haber advertido con anticipación sobre esta situación, reiteraron el pedido urgente de medidas que compensen el aumento de costos y eviten una crisis mayor en el servicio.

El escenario se da en medio de una nueva escalada de costos y aumentos en las tarifas del boleto, factores que tensan aún más el esquema de financiamiento del sistema y profundizan la incertidumbre sobre su sostenibilidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió poner fin a la intervención militar en Irán tras considerar que las operaciones “ya cumplieron sus objetivos”, pero también ante la falta de resultados concretos, el aumento de los costos y las crecientes pérdidas en el conflicto.

En ese marco, anunció que el retiro de las tropas estadounidenses se concretaría en un plazo de “dos o tres semanas”.

El mandatario volvió a expresar su frustración con los aliados de Washington por no haber contribuido a la reapertura del estrecho de Ormuz a pesar de reiterar públicamente que no los necesitaba, el estrecho es una vía marítima clave que permanece en gran parte cerrada desde el inicio de las hostilidades. En línea con su decisión de reducir la implicación directa de Estados Unidos, Trump dejó claro que su país se desentenderá de la seguridad en la zona.

«Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro (…) podrán abastecerse y arreglárselas por su cuenta», afirmó durante una comparecencia en la Casa Blanca, señalando a potencias como China y Francia como posibles responsables de asumir ese rol.

El anuncio se produce en un contexto de máxima tensión regional. Irán ha intensificado su presión sobre el tránsito marítimo mediante ataques a petroleros, afectando el paso de buques y condicionando el suministro global de crudo aunque desde Teherán destacan que solo se ataca a buques cuyo origen esta vinculado a los países agresores. En ese escenario, un petrolero kuwaití fue alcanzado por un proyectil lanzado desde territorio iraní mientras se encontraba en el puerto de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, según reportes oficiales.

Un día antes, Trump ya había instado a los países que se mantuvieron al margen de su ofensiva a actuar con “coraje” y hacerse cargo del control del estrecho. «Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo», escribió en sus redes sociales.

El presidente defendió además la contundencia de la ofensiva militar, asegurando que el impacto sobre Teherán ha sido significativo y que al régimen iraní le tomaría entre 15 y 20 años recuperar sus capacidades.

Con esta decisión, Estados Unidos da un giro hacia una menor implicación en uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial, buscando una salida ordenada a un conflicto que se mostraba estancado, pero que abre interrogantes sobre el futuro equilibrio de poder en la región y la seguridad del suministro internacional de petróleo.

Aunque el organismo informó que la pobreza bajó por tercer semestre consecutivo hasta el 28,2%, los analistas señalan que la medición se realiza con precios desactualizados y que existen factores metodológicos que “sobrerrepresentan” la mejora.

De acuerdo con el informe oficial, más de 13 millones de personas continúan por debajo de la línea de pobreza en el país, de las cuales casi 3 millones son indigentes. La baja se explica, en parte, por el aumento real de programas sociales como la AUH y la Tarjeta Alimentar, junto con una canasta básica que evolucionó por debajo de la inflación general.

Sin embargo, distintas consultoras coinciden en que la tendencia podría revertirse. Desde LCG indicaron que, si bien en el último año una cantidad significativa de personas salió de la pobreza, en los primeros meses de 2026 se observa un freno en esa dinámica, producto de una inflación que se mantiene en torno al 3% mensual, salarios que crecen por debajo de ese nivel y una actividad económica débil en sectores intensivos en empleo.

La consultora LCG además destacó los problemas metodológicos de una medición de pobreza que se realiza a partir de una canasta básica que el Gobierno decidió no actualizar y que subestima el impacto de la suba de tarifas en el gasto de los hogares. En este sentido los analistas señalan que la medición se realiza con precios desactualizados y que existen factores metodológicos que “sobrerrepresentan” la mejora

En la misma línea, Fernando Marull, de FMyA, sostuvo que “el primer semestre pinta para rebote”. Ese deterioro ya habría comenzado a evidenciarse hacia fines de 2025. Según el Nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella, la tasa habría trepado al 29,5% en el cuarto trimestre, lo que ubica el promedio móvil entre septiembre y febrero en torno al 29,1%, con un techo posible cercano al 30,6%.

Así, pese a la mejora que muestran los datos oficiales, las consultoras advierten que el escenario es más frágil de lo que sugieren las cifras y que la pobreza podría volver a aumentar en el corto plazo.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal volvió a fallar contra el Gobierno y confirmó que debe aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, en un nuevo revés judicial para el Ejecutivo.

El tribunal no solo rechazó la apelación oficial, sino que cuestionó con dureza sus argumentos, al calificarlos como “poco serios”, y confirmó la medida cautelar que obliga a aplicar los artículos centrales de la norma. En concreto, la resolución exige actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025, y recomponer los programas de becas estudiantiles.

Los jueces también desestimaron uno de los principales planteos del Gobierno —que la cautelar implicaba una sentencia definitiva encubierta— y remarcaron que el impacto fiscal de la medida es bajo, por lo que no compromete el equilibrio de las cuentas públicas. Por el contrario, señalaron que está en juego un derecho constitucional clave como el acceso a la educación superior pública.

El fallo ratifica así la decisión previa que había declarado arbitrario el intento del Ejecutivo de suspender la ley mediante un decreto, y vuelve a desautorizar su postura de que la aplicación depende de la definición de recursos en el Congreso. En este contexto, la Justicia insiste en que la norma debe cumplirse sin demoras, profundizando el frente judicial abierto entre el Gobierno y el sistema universitario.

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó un pedido clave: relevar todos los viajes realizados por el funcionario desde 2023 y cruzar esos datos con registros migratorios oficiales para reconstruir sus movimientos dentro y fuera del país.

El requerimiento, presentado ante el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, apunta a obtener un detalle exhaustivo de cada desplazamiento: fechas, horarios, destinos, pasos fronterizos y medios de transporte utilizados. La medida también alcanza al periodista Marcelo Grandío, quien figura en el expediente.

Uno de los ejes más relevantes es el cruce de información para detectar coincidencias. La fiscalía busca determinar si los involucrados realizaron viajes en conjunto o hacia los mismos destinos en fechas cercanas, lo que podría aportar indicios sobre vínculos con los hechos bajo investigación.

Además, se solicitó incorporar los registros migratorios de Bettina Julieta Angeletti y de cualquier otra persona que haya integrado los vuelos analizados, con especial atención a los realizados entre el 12 y el 17 de febrero de 2026.

La investigación también pone el foco en la trazabilidad de los datos: se pidió identificar a los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones que intervinieron en la carga y validación de los movimientos, incluyendo información técnica como usuario, horario, IP y terminal utilizada.

En paralelo, se dio intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y se requirió información a la empresa JAG Executive Aviation S.A. sobre comunicaciones y facturación vinculadas a los vuelos investigados.

La causa se originó a partir de un viaje a Punta del Este en vuelo privado durante el feriado de Carnaval, pero ahora se amplía con el objetivo de reconstruir todos los desplazamientos recientes y determinar si existieron irregularidades en el uso de recursos públicos.

En 2026, el presupuesto de viáticos y pasajes de la Presidencia —administrado por Karina Milei— pasó de $2.531 millones ejecutados en 2025 a una proyección de $4.112 millones, un aumento del 62,5%.

A pesar de sostener un discurso centrado en el ajuste del gasto público y la crítica a “la casta”, el gobierno de Javier Milei incrementó de manera significativa el presupuesto destinado a viajes oficiales. En 2026, el ítem de viáticos y pasajes de la Presidencia —bajo la órbita de Karina Milei— asciende a $4.112 millones, frente a los $2.531 millones ejecutados en 2025, lo que representa un aumento del 62,5%.

Este crecimiento se explica en parte por la intensa agenda internacional del mandatario: en lo que va de su gestión ya realizó 37 viajes al exterior y acumuló 116 días fuera del país, es decir, cerca del 14% de su tiempo en el cargo. Estados Unidos encabeza la lista de destinos con 16 visitas, seguido por Italia, España y otros países europeos y latinoamericanos.

Sin embargo, varios de estos viajes fueron cuestionados por su carácter no institucional. Algunas giras incluyeron participación en eventos privados o encuentros políticos, como foros ideológicos o reuniones con referentes de la derecha internacional, sin agendas bilaterales formales con otros jefes de Estado. Incluso hubo viajes con resultados fallidos, como el intento de encuentro en Noruega con la activista Corina Machado.

Las críticas también apuntan a contradicciones en las medidas de austeridad. Aunque una norma oficial limitaba las comitivas a un funcionario por evento para reducir gastos, se registraron excepciones y situaciones irregulares, como la presencia de personas no autorizadas en vuelos oficiales. Además, se señalaron gastos elevados en alojamiento y logística, incluyendo estadías en hoteles de lujo.

La decisión respondió a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, que cuestionó la constitucionalidad de los cambios.

El gobierno sufrió un fuerte revés judicial luego de que el juez Raúl Ojeda suspendiera más de 80 artículos clave de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. La decisión respondió a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, que cuestionó la constitucionalidad de los cambios.

El fallo deja en pausa 82 artículos de la ley al considerar que podrían vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución, al implicar una posible regresión de derechos laborales. Como consecuencia, el sistema laboral vuelve, por ahora, al régimen anterior, incluyendo indemnizaciones y normas de protección al trabajador.

La resolución afecta el núcleo de la reforma: quedan suspendidos cambios en indemnizaciones, condiciones laborales, negociación colectiva, derecho a huelga y regulación del teletrabajo, entre otros puntos. Además, el juez advirtió que aplicar estas medidas podría generar “daños irreparables” en millones de relaciones laborales si luego fueran declaradas inconstitucionales.

Aunque se trata de una medida provisoria, el Gobierno puede apelar. El fallo representa la primera gran victoria judicial de la CGT frente a la reforma y marca un freno significativo a uno de los ejes centrales del plan laboral de Milei.

Luego del fallo en Estados Unidos favorable a la Argentina en el juicio por YPF, el diputado nacional Máximo Kirchner impulsó un proyecto de ley que busca blindar la expropiación de la petrolera, en un contexto marcado por las señales privatizadoras del presidente Javier Milei.

La iniciativa, acompañada por otros diputados de Unión por la Patria, apunta a que el Congreso reafirme la expropiación como una política estratégica de “soberanía hidrocarburífera”, con el objetivo de fortalecer la posición jurídica del país frente a futuros reclamos internacionales.

De este modo, el proyecto traslada el debate al ámbito legislativo y fuerza una definición política en un escenario de creciente tensión, especialmente porque Milei ya había planteado la posibilidad de privatizar la compañía tanto en la primera versión de la Ley Bases como en reiteradas declaraciones públicas.

En ese marco, Kirchner interpretó el fallo como una “validación internacional de la soberanía jurídica” argentina y cuestionó con dureza la postura del oficialismo: “Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que sólo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional”, sostuvo.

Una nueva denuncia judicial complica aun más la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación, realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, señala presuntos contratos millonarios de la consultora de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, con empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado.

El expediente, que recayó en el Juzgado Federal N°11 a cargo de Ariel Lijo, plantea la posible existencia de un conflicto de intereses y describe un supuesto entramado de relaciones entre firmas privadas y organismos públicos en la órbita del funcionario.

El eje de la denuncia sostiene que podría existir un “circuito triangular de flujos económicos” entre una petrolera estatal, la empresa National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti. Según la presentación, la naviera —que mantiene contratos históricos con la petrolera— habría contratado servicios de capacitación de +BE en tres oportunidades entre 2024 y 2025 por un total de 6,37 millones de pesos.

De acuerdo con la denunciante, este vínculo podría implicar un retorno indirecto de fondos al entorno familiar de Adorni, quien actualmente integra el directorio de la petrolera como representante del Estado. Desde la empresa naviera, sin embargo, señalaron que su relación contractual con la petrolera lleva casi tres décadas y que la designación del funcionario fue posterior a las capacitaciones.

LA ESPOSA DE ADORNI HABRÍA FACTURADO $6,3 MILLONES EN 3 DÍAS DE COACHING A UNA NAVIERA DE YPF

+BE, la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cobró $ 6.370.000 pesos a National Shipping S.A. por 3 jornadas de coaching entre noviembre de 2024 y… pic.twitter.com/mxKWwnsL3p

— Martín Carrizo (@martincarrizo_) March 29, 2026

Tecnópolis y nuevas conexiones empresariales

La denuncia también apunta a la licitación del predio de Tecnópolis, un contrato estimado en 183.000 millones de pesos a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Entre las firmas preseleccionadas aparece DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, que —según la presentación— sería cliente de la consultora +BE. Para Pagano, este vínculo podría configurar otro posible conflicto de intereses dentro del esquema denunciado.

Además, se menciona la relación de una asesora de la Secretaría General de la Presidencia con el grupo empresario, lo que amplía el entramado de conexiones bajo análisis.

Empresas proveedoras del Estado y otras licitaciones

El escrito también señala que la consultora habría trabajado con el Grupo Datco, compañía que presta servicios a distintos organismos estatales como AySA, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, entre otros.

A su vez, la denuncia incorpora supuestas irregularidades en licitaciones para servicios de mensajería oficial, por más de 3.650 millones de pesos, en las que habrían participado empresas con vínculos entre sí, lo que podría sugerir un esquema de simulación de competencia.

Pedido de investigación patrimonial

Finalmente, Pagano solicitó investigar la evolución patrimonial de Adorni, al advertir un presunto incremento que no se correspondería con sus ingresos como funcionario, además de mencionar deudas con acreedores privados.

La Justicia federal deberá determinar ahora si los vínculos comerciales señalados corresponden a actividades privadas legítimas o si podrían constituir conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas y el Estado.

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la deuda externa bruta del país se incrementó en 34.354 millones de dólares, evidenciando una aceleración del endeudamiento en su gobierno.

Argentina registró a finales de 2025 un nuevo máximo histórico en su deuda externa bruta, que alcanzó los 320.305 millones de dólares, consolidando un fuerte incremento del endeudamiento durante la actual gestión.

De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el ‘stock’ de deuda aumentó en 1.709 millones de dólares respecto al trimestre anterior. El principal factor detrás de esta suba fue el mayor endeudamiento del Gobierno general —que incluye al Estado nacional y las provincias—, con un incremento de 3.647 millones de dólares.

Otros sectores también contribuyeron a la dinámica del endeudamiento: las sociedades captadoras de depósitos sumaron 2.777 millones de dólares en el cuarto trimestre, mientras que la deuda del Banco Central registró una leve baja de 310 millones.

En la comparación interanual, el aumento es aún más significativo: el stock de deuda externa bruta a valor nominal creció en 44.168 millones de dólares respecto al mismo período de 2024.

El nivel alcanzado a diciembre de 2025 representa el más alto desde que el Indec inició la serie en 1994. Además, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, la deuda externa bruta del país se incrementó en 34.354 millones de dólares, evidenciando una aceleración del endeudamiento en su gobierno.