El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur abrió este miércoles un nuevo capítulo luego de que el Parlamento Europeo decidiera remitirlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una medida que retrasa su entrada en vigor y da inicio a una etapa de revisión jurídica.
La moción fue aprobada en una ajustada votación celebrada en Estrasburgo, con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, según informó el portal AFP.
Con esta decisión, el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el acuerdo firmado el pasado 17 de enero en Asunción se ajusta a los tratados del bloque comunitario. No obstante, la Comisión Europea mantiene abierta la posibilidad de aplicar el pacto de manera provisional mientras avanza el examen judicial.
Desde Bruselas, el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, cuestionó la resolución del Parlamento al afirmar que “las cuestiones planteadas en esta moción no están justificadas”.
La votación fue celebrada en paralelo por centenares de agricultores franceses que se manifestaron con tractores frente a la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. “Podemos estar orgullosos… llevamos meses y años trabajando en este tema”, señaló Quentin Le Guillous, secretario general de la organización Jóvenes Agricultores, citado por AFP.
Francia respalda el freno; Alemania pide avanzar
El ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noël Barrot, celebró la decisión de la Eurocámara y sostuvo que el Parlamento “se expresó en coherencia con la posición de Francia”, uno de los países que lideró la resistencia al acuerdo por su impacto en el sector agrícola.
En sentido opuesto, el canciller alemán Friedrich Merz afirmó en la red social X que el Parlamento Europeo “fracasó en reconocer la situación geopolítica” actual y reiteró su pedido de avanzar con la aplicación provisional del tratado.
Qué prevé el acuerdo UE–Mercosur
Tras más de 25 años de negociaciones, la Unión Europea y el Mercosur firmaron un acuerdo destinado a eliminar aranceles a más del 90 % del comercio bilateral y a conformar una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.
El pacto impulsa las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, vinos y licores hacia Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mientras facilita el ingreso al mercado europeo de productos sudamericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja.
De acuerdo con estimaciones citadas por AFP, las exportaciones de la UE al Mercosur podrían aumentar un 39 %, mientras que las ventas del bloque sudamericano hacia Europa crecerían un 17 %. Sin embargo, la revisión del Tribunal de Justicia introduce una cuota de incertidumbre sobre los plazos de implementación definitiva del acuerdo.
Toto Caputo no tuvo más alternativa que echar a Luis Pierrini luego de que saliera a la luz una denuncia por una presunta estafa en el sistema de subsidios al transporte que habría provocado un perjuicio al Estado de $30 mil millones.
El área de Transporte quedó envuelta en un escándalo de corrupción de dimensiones millonarias que terminó con la expulsión del secretario del área. Toto Caputo no tuvo más alternativa que echar a Luis Pierrini luego de que saliera a la luz una denuncia por una presunta estafa en el sistema de subsidios al transporte que habría provocado un perjuicio al Estado de$30 mil millones.
La denuncia apunta contra la empresa de colectivos La Nueva Metropol, propiedad de la familia Zbikoski, acusada de defraudar al Estado mediante la manipulación de datos del sistema SUBE para inflar artificialmente los subsidios que recibía. Según las estimaciones, la maniobra habría generado un desfalco cercano a los$3 mil millones mensualesdurante la gestión de Pierrini, quienno habría tomado ninguna medida pese a las advertencias formales.
Acorralado por la revelación del caso, el funcionario mendocino intentó disimular su salida alegando “motivos personales”, pero en el Ministerio de Economía nadie duda de que se trató de un despido forzado. Caputo decidió avanzar con la eyección de Pierrini tras la denuncia penal presentada por la Asociación Arco (Arco Social), que también alcanza al propio ministro por presuntas irregularidades en la supervisión del sistema de subsidios.
La maniobra denunciada consistía en un corrimiento artificial de validacionesen la tarjeta SUBE, trasladando viajes de tramos cortos a tramos largos. De ese modo, determinadas empresas cobraban mayores subsidios “sin correlato real en pasajeros transportados ni en kilómetros recorridos”, según detalla la presentación judicial.
Alejandro Sebastián Díaz Pascual, integrante de Arco Social, explicó que ya en diciembre de 2025existieron advertencias técnicas formales presentadas por cámaras empresarias ante la Secretaría de Transporte, pero no se activaron auditorías ni controles efectivos. La denuncia subraya la “responsabilidad por omisión funcional” de las autoridades encargadas de supervisar y ejecutar los subsidios, en especial dentro del Ministerio de Economía.
El caso fue revelado por La Nación, en una investigación de Diego Cabot que detalló cómo La Nueva Metropol alteraba los boletos para simular recorridos más extensos y así cobrar mayores compensaciones estatales. Desde la empresa negaron las acusaciones y aseguraron que la denuncia fue impulsada por el Grupo Dota, que controla cerca del 50% del transporte automotor del AMBA.
Con el aval de Karina Milei, Caputo avanzó en la remoción de Pierrini y ahora evalúa profundizar cambios en todo el sector del transporte, incluida el área aerocomercial, donde la pasividad oficial frente a la crisis de Flybondi ya resulta insostenible.
Como reemplazante fue designado el arquitecto Fernando Herrmann, sin experiencia en transporte y proveniente de la actividad privada, lo que refuerza la idea de que el despido de Pierrini no respondió a una transición ordenada, sino a la necesidad política de cortar de raíz un escándalo de corrupción que amenazaba con escalar.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aprovechó el masivo desembarco de autos chinos para reforzar su postura a favor de la apertura importadora y lanzó duras críticas contra la industria automotriz nacional, a la que comparó con tecnología “prehistórica”.
El arribo del primer buque de la automotriz china BYD a la Argentina no sólo marcó un hito comercial, sino que volvió a encender la polémica política e industrial. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aprovechó el desembarco para reforzar su postura a favor de la apertura importadora y lanzó duras críticas contra la industria automotriz nacional la que atraviesa un difícil momento con suspensiones y caída de producción, a la que comparó con tecnología “prehistórica”.
A través de su cuenta personal en X, el funcionario celebró la llegada de vehículos chinos y sostuvo que, frente a ellos, los autos producidos en el país “lucen como los de Pedro Picapiedras”. “Si pudiéramos ir a China veríamos que los autos son todos eléctricos y con dispositivos de seguridad que hacen a los nuestros parecer de la Edad de Piedra”, escribió, al tiempo que alentó explícitamente una mayor importación: “Deberíamos celebrar la llegada de estos autos. De hecho, pedir más”.
Sturzenegger enmarcó su defensa en argumentos vinculados a la seguridad vial, la tecnología y los costos. Señaló que los autos eléctricos chinos no sólo incorporan sistemas avanzados de asistencia a la conducción, sino que además resultan más económicos de mantener. “Si nos interesa la vida de los miles de argentinos que mueren en las rutas todos los años, deberíamos festejar esta llegada”, afirmó, y destacó que el cupo de importación fue “sobredemandado tres veces”.
El buque Ro-Ro de la empresa china BYD descargó casi 7,000 vehículos eléctricos e híbridos en el puerto de Zárate.
Las declaraciones del ministro se produjeron en respuesta a las críticas del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien advirtió que el ingreso masivo de vehículos chinos implica una pérdida de divisas y una amenaza directa al empleo local. Para Sturzenegger, sin embargo, esos cuestionamientos responden a una mirada “anti comercio” y desligada del interés de los consumidores argentinos. “Quizás quienes critican deberían empezar por querer un poco más a los argentinos”, remató.
La postura del funcionario profundizó el debate sobre el impacto de la apertura comercial frente a economías fuertemente subsidiadas, como la china, y reavivó las tensiones con sectores políticos y productivos que denuncian prácticas de dumping y advierten sobre la destrucción de la industria nacional. Mientras Sturzenegger celebra la electrificación importada como sinónimo de progreso, desde distintos espacios cuestionan que esa visión avance en detrimento de la producción local, la inversión y el trabajo argentino.
Moreno cruzó a Sturzenegger por los autos chinos y advirtió sobre la destrucción de la industria nacional
Uno de los cruces más duros llegó de la mano de Guillermo Moreno, quien acusó al funcionario de ignorar el funcionamiento real del comercio internacional y de avalar un proceso de destrucción del trabajo argentino.
A través de un mensaje publicado en la red social X y un video explicativo, el dirigente peronista calificó como “técnicamente incorrectos” los argumentos de Sturzenegger y sostuvo que los precios de los vehículos chinos, en especial los eléctricos, están fuertemente subsidiados por el Estado chino. “El precio de los autos chinos está subsidiado. Está técnicamente mal lo que decís”, escribió Moreno, en respaldo a las advertencias formuladas previamente por el diputado Miguel Ángel Pichetto.
El precio de los autos chinos está subsidiado. Está técnicamente mal lo que decís, @fedesturze.
Moreno explicó que, cuando se analizan los costos reales, los valores actuales de los autos chinos no guardan relación con sus costos de producción. “Cuando los fuimos a estudiar, la diferencia de precios era del 10 o 12 por ciento, algo que se resolvía con logística. Hoy los precios responden a una estrategia de depredación de mercados”, afirmó, y advirtió que ese mecanismo termina expulsando a la industria local del mercado.
En ese sentido, cuestionó la apertura comercial sin condiciones frente a una potencia que no compite con reglas de mercado. “Así se destruyen industrias”, señaló, y remarcó que la preocupación no se limita al sector automotriz, sino que atraviesa a todo el entramado productivo nacional.
Moreno también apuntó contra el enfoque ideológico del oficialismo y sostuvo que va a contramano de lo que ocurre en el mundo. “El comercio internacional se administra para preservar el trabajo de la propia población. Ningún país serio deja que le destruyan su industria”, afirmó, y vinculó la actual política económica con experiencias pasadas que, según dijo, terminaron en desindustrialización y pérdida de empleo.
Finalmente, dejó un mensaje directo al ministro: “La realidad es infinitamente superior a la teoría. Te aconsejo que revises la teoría y salgas a caminar la calle. Fuiste a estudiar a Estados Unidos, pero no trajiste lo que hacen, sino sólo lo que dicen”, concluyó, en un nuevo capítulo del debate sobre apertura comercial, industria y soberanía económica.
Su paso por la conducción de Nucleoeléctrica Argentina quedó marcado por denuncias internas, contratos bajo sospecha, despidos en áreas técnicas clave y un creciente cuestionamiento político y financiero a la gestión.
El ambicioso “Plan Nuclear” que Demián Reidel prometió como eje estratégico para reposicionar a la Argentina en el mapa energético mundial terminó envuelto en un escándalo de proporciones. Su paso por la conducción de Nucleoeléctrica Argentina quedó marcado por denuncias internas, contratos bajo sospecha, despidos en áreas técnicas clave y un creciente cuestionamiento político y financiero a la gestión.
La controversia estalló en plena avanzada del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional, cuando una licitación clave dejó al descubierto presuntas irregularidades graves. Un gerente de Atucha I–II presentó una denuncia formal ante el Comité de Integridad de la empresa en la que detalló maniobras que derivaron en un aumento del 140% en el contrato del servicio de limpieza: de 4.400 millones de pesos a 10.700 millones por 24 meses. La operación debió ser suspendida tras la repercusión interna del caso.
Según la denuncia, desde una gerencia ocupada por funcionarios de máxima confianza de Reidel se impartió una orden directa al área de compras para “justificar con urgencia la diferencia” de precios. El señalamiento más grave recayó sobre el gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, acusado de presionar de manera directa a personal de menor rango para avalar el monto cuestionado. El texto habla de un accionar intimidatorio y de un clima de disciplinamiento interno.
Los intentos por respaldar la contratación recurrieron a valores de referencia de la Sindicatura General de la Nación, pero técnicos de la propia empresa advirtieron que el monto superaba en casi un 60% esos parámetros. A esto se sumó la desconfianza generada por la designación de un ex gerente de Nucleoeléctrica como síndico, lo que puso en duda la independencia del organismo de control.
El escándalo por los sobreprecios no fue un hecho aislado. La licitación coincidió con una reestructuración interna que incluyó despidos en áreas técnicas estratégicas. Dentro de la empresa crecieron las sospechas de que esos desplazamientos buscaban remover obstáculos a contrataciones direccionadas. Varias fuentes señalaron que algunos de los despedidos se habían negado a convalidar procedimientos irregulares o a incumplir normas internas.
A ese cuadro se sumaron otros contratos polémicos, como el de la migración del sistema SAP, cuyo presupuesto inicial de 600 mil dólares terminó escalando hasta los 7 millones. También se registraron fuertes críticas por el incremento de gastos en viajes, representación y el uso de tarjetas corporativas para pasajes en primera clase, además de reclamos de proveedores por pagos demorados.
Mientras el escándalo crecía puertas adentro, el perfil público de Reidel agravó la situación. En una exposición ante inversores afirmó que “Argentina es un gran país, el problema es que está poblada por argentinos”, una frase que generó rechazo y reforzó las críticas sobre su rol al frente de una empresa estratégica del Estado.
Desde el ámbito financiero también aparecieron cuestionamientos. Analistas recordaron la conocida máxima atribuida a Warren Buffett —“nunca pierdas plata”— y señalaron que ese principio no parece haberse reflejado ni en los antecedentes privados de Reidel ni en su gestión actual en Nucleoeléctrica.
El escándalo por los sobreprecios en Atucha dejó a Reidel en la cuerda floja. En el propio gobierno trascendió que el directorio de la empresa evaluó forzar su salida, aunque el funcionario logró sostenerse gracias a respaldos políticos de peso. Sin embargo, la crisis expuso con crudeza el contraste entre los anuncios grandilocuentes del “Plan Nuclear” y una realidad atravesada por proyectos paralizados, como el CAREM, el congelamiento de Atucha III (donde se reconocen presiones directas de los Estados Unidos) y promesas de inversiones internacionales que nunca se concretaron.
Lejos de consolidar una política nuclear sólida, la gestión de Reidel terminó bajo una lupa cada vez más intensa. El “Plan Nuclear” que prometía modernización y liderazgo tecnológico quedó asociado a denuncias de corrupción, contratos inflados y un escándalo que golpea de lleno la credibilidad de Nucleoeléctrica y del proceso de privatización impulsado por el Gobierno.
El mecanismo, impulsado por el Gobierno Nacional, tiene como objetivo explícito eliminar de manera definitiva los subsidios estatales y avanzar hacia una llamada “tarifa técnica”, cuyo costo ya recae casi por completo sobre los usuarios.
Febrero de 2026 traerá un nuevo incremento en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el marco del esquema de actualización automática que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un adicional del 1%. El mecanismo, impulsado por el Gobierno, tiene como objetivo explícito eliminar de manera definitiva los subsidios estatales y avanzar hacia una llamada “tarifa técnica”, cuyo costo ya recae casi por completo sobre los usuarios.
La medida impactará de forma directa en millones de personas que utilizan a diario colectivos, trenes y subtes, en un contexto social marcado por la pérdida de poder adquisitivo y salarios que continúan corriendo por detrás de la inflación.
Desde marzo de 2025, el sistema tarifario del transporte funciona bajo un régimen de aumentos automáticos mensuales atados al IPC del INDEC. Si bien el argumento oficial apunta a evitar el atraso tarifario frente a los costos operativos de las empresas, en la práctica este esquema se traduce en subas consecutivas que no dan respiro al bolsillo.
Brecha tarifaria entre Ciudad y Provincia
Uno de los rasgos más notorios del nuevo cuadro tarifario es la creciente fragmentación de precios según la jurisdicción, una brecha que se profundizó tras la transferencia de competencias y subsidios a los gobiernos locales durante 2025.
Con una inflación de diciembre del 2,8%, los aumentos de febrero se aplicarán de manera desigual. En la Ciudad de Buenos Aires, las tarifas se ajustarán en línea con el IPC, mientras que en el conurbano bonaerense los colectivos registrarán una suba del 4,8%, producto de la fórmula que suma a la inflación un adicional porcentual.
Colectivos: cuánto costará viajar
En las líneas de jurisdicción porteña, el boleto mínimo (0 a 3 km) pasará a costar $637,58, mientras que los trayectos más largos alcanzarán los $817,67.
En la Provincia de Buenos Aires, el impacto es aún mayor: el viaje mínimo subirá a $721,08 y los recorridos de más de 27 kilómetros llegarán a $988,63 por tramo.
Las líneas nacionales que conectan la Ciudad con el Gran Buenos Aires mantienen, por ahora, valores más bajos gracias a los subsidios nacionales remanentes, con tarifas que oscilan entre $494,83 y $678,42.
Trenes y subtes: aumentos y penalizaciones
El sistema ferroviario conservará una estructura tarifaria segmentada, con valores que irán de $280 a $450 según el recorrido. Sin embargo, el subte porteño concentrará uno de los aumentos más fuertes.
El boleto plano pasará de $1.260 a $1.336 para quienes tengan la tarjeta SUBE nominalizada. Para los usuarios que no hayan registrado su tarjeta, el aumento es claramente punitivo: el pasaje ascenderá a $2.124,24. En el caso del Premetro, la tarifa con SUBE registrada será de $467,60.
Un ajuste permanente que redefine la movilidad
A diferencia de años anteriores, cuando los incrementos eran esporádicos y discrecionales, 2026 consolida un esquema de subas previsibles pero constantes. Aunque el Gobierno destaca que el adicional sobre la inflación se redujo del 2% al 1% respecto de 2025, el mecanismo garantiza que las tarifas del transporte nunca queden por detrás de los precios.
Especialistas en consumo advierten que esta dinámica genera una inercia inflacionaria difícil de revertir. Mientras el objetivo fiscal de reducir subsidios se cumple, la carga económica se traslada casi por completo a los usuarios, obligando a reconfigurar hábitos de movilidad en una metrópolis donde trasladarse se vuelve, mes a mes, un lujo cada vez más caro.
El secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de Javier Milei, Darío Genua, fue desmentido por exfuncionarios y por el propio expresidente Alberto Fernández luego de asegurar que el acuerdo para que Argentina integre un nanosatélite a la misión ARTEMIS II de la NASA se concretó en 2025.
Documentación oficial prueba que el entendimiento científico y diplomático fue cerrado en 2023, durante la gestión del Frente de Todos.
El exministro de Ciencia y Tecnología y actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza, acusó a Genua de “mentir” y de “colgarse de un logro que no le pertenece”. A través de sus redes sociales, difundió un documento oficial de la NASA que confirma que el acuerdo entre la agencia estadounidense y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue firmado antes de la asunción de Milei.
“El acuerdo es de 2023, no de 2025 como afirma Genua”, señaló Salvarezza, y remarcó que se trató de un proceso de cooperación internacional iniciado y consolidado durante el gobierno anterior.
Argentina tiene capacidades en CyT, pero para competir debe aumentar la inversión. La ley 27.614, que Milei quiere derogar, buscaba llegar al 2032 con una inversión del 1% del PBI. Milei invierte menos del 0.25%. https://t.co/6F1qvtN3Kc
A las críticas se sumó el expresidente Alberto Fernández, quien también aclaró públicamente que el convenio con la NASA fue cerrado en 2023 como parte de una política de Estado destinada a fortalecer el desarrollo científico nacional y la inserción internacional de la Argentina en proyectos estratégicos de alta complejidad tecnológica.
Un funcionario sin logros propios, colgado de un sistema sometido a la motosierra libertaria
El eje de los cuestionamientos apunta a que el secretario de Ciencia libertario intentó presentar como un logro de la gestión Milei la participación argentina en la misión tripulada que orbitará la Luna, pese a que el actual gobierno aplica el ajuste más profundo de las últimas décadas sobre el sistema científico.
“Argentina tiene capacidades en ciencia y tecnología, pero para competir necesita aumentar la inversión”, sostuvo Salvarezza, quien denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27.614), aprobada por el Congreso en 2021 y virtualmente desactivada tras la llegada de Milei al poder. La norma establecía alcanzar en 2032 una inversión del 1% del PBI, mientras que el actual gobierno destina menos del 0,25%, con una inversión real que hoy ronda el 0,17%, la más baja de los últimos 50 años.
Argentina se sumo oficialmente al programa Artemis en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, consolidando una larga trayectoria de cooperación con la NASA.
Las críticas apuntaron directamente a Genua, cuya gestión está marcada por despidos masivos, cierre de programas de investigación, cancelación de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y la paralización de proyectos estratégicos como los reactores nucleares CAREM y RA-10, además de planes satelitales como el desmantelamiento de CEATSA (empresa clave donde se testean los satélites antes de su lanzamiento) y el desfinanciamiento de proyectos satelitales como SAOCOM, SARE y SABIA-Mar. También se denunció el avance para vender tierras del INTA y el cierre de programas clave del INTI, entre otros retrocesos.
Según datos del sector, la inversión en organismos científicos y centros del CONICET cayó un 44,5%, mientras que los salarios de investigadores e investigadoras se desplomaron un 38,5%.
El Gobierno celebra un logro de un sistema que está desmantelando
Pese a este contexto, el Ejecutivo difundió un comunicado celebrando como propio el hito tecnológico de la integración del microsatélite ATENEA a la misión ARTEMIS II, un proyecto desarrollado por la CONAE junto a organismos y universidades nacionales.
¿Qué es ATENEA?
ATENEA es un CubeSat de clase 12U, diseñado y construido en la Argentina, que será lanzado como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, el vehículo de lanzamiento más potente desarrollado hasta la fecha por esa agencia.
El microsatélite ya fue integrado al sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos, listo para su lanzamiento. Durante la primera etapa de la misión, ATENEA será liberado a una distancia superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra, estableciendo un récord para un satélite argentino.
El objetivo principal de ATENEA es validar tecnologías críticas destinadas a futuras misiones espaciales, incrementando el nivel de madurez tecnológica de subsistemas desarrollados en el país.
A lo largo de su misión, el satélite permitirá medir dosis de radiación en órbitas profundas, evaluar el desempeño de componentes comerciales en el ambiente espacial, recopilar datos de posicionamiento GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validar enlaces de comunicación de largo alcance, fundamentales para la exploración del espacio profundo.
Rol clave de las Universidades Públicas
En el desarrollo de ATENEA participaron la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), VENG S.A. (Vehículo Espacial Nueva Generación), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
La selección de ATENEA para esta misión de la NASA constituye un reconocimiento al alto nivel de las capacidades técnicas y operativas de la Argentina en el ámbito espacial. La participación en vuelos con tripulación humana requiere estándares particularmente elevados de confiabilidad, seguridad y validación tecnológica, y refuerza la inserción del país en programas internacionales de exploración lunar.
Lo llamativo, remarcan desde el sector científico, es que mientras el gobierno desfinancia y paraliza el sistema que hizo posible este desarrollo, el secretario Genua intenta capitalizar políticamente un proyecto que nació, creció y fue acordado internacionalmente antes de la llegada de Milei, y que hoy sobrevive pese al ajuste libertario.
Lejos del discurso del “fin de los planes”, la asistencia directa a los sectores más pobres se consolidó como el principal amortiguador del ajuste.
Mientras el empleo formal y las jubilaciones pierden sistemáticamente frente a la inflación, la ayuda social fue la única variable de ingresos que creció en términos reales durante el gobierno de Javier Milei. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar no solo se mantuvieron, sino que se expandieron por encima del aumento de los precios, convirtiéndose en el principal amortiguador social de un ajuste que golpeó con fuerza a la clase media y al trabajo registrado.
En los primeros dos años de gestión libertaria, el salario mínimo cayó mes tras mes en términos reales y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total. Las jubilaciones siguieron el mismo camino. En contraste, la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que lograron sostener —e incluso mejorar— su poder adquisitivo, según los informes del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) y de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI).
Conteniendo el estallido
Lejos del relato oficial sobre el “fin de los planes”, los números del presupuesto social muestran que la asistencia directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante el gobierno de Milei, tanto en cantidad de beneficiarios como en términos reales. De hecho, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH se registró en 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández, un dato que ayuda a explicar la derrota electoral del peronismo.
Según confirmaron fuentes oficiales, a diciembre de 2025 la AUH alcanza a 4.114.513 titulares —incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad—, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En total, más de seis millones de planes sociales: un récord histórico que refleja el avance de un proceso de “latinoamericanización” de la Argentina, cada vez más lejos del país de amplia clase media que fue hasta la década del setenta.
Los cuadros de evolución real muestran con claridad que AUH y Alimentar corrieron por encima de la inflación de manera consistente, mientras los salarios y las jubilaciones fueron licuados. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100% en términos reales, luego de una suba interanual del 47%. Hoy, el monto de la AUH es 23% superior al vigente durante el gobierno de Alberto Fernández e incluso 10% más alto que durante la presidencia de Cristina Kirchner, creadora del programa.
Este refuerzo de la política social ayuda a explicar un dato político clave: pese a la magnitud del ajuste y a la devaluación del 120% de diciembre de 2023 —que nunca fue compensada en los salarios—, no hubo un estallido social masivo. Milei ejecutó dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones piqueteras de la intermediación y fortaleció las transferencias directas del Estado.
Empleo formal en retroceso
La contracara del modelo fue la destrucción de empleo formal. En los primeros dos años de gestión libertaria se perdieron cerca de 180 mil puestos de trabajo registrados, con una aceleración preocupante: solo en octubre pasado se eliminaron 70 mil empleos. El ajuste no se descargó sobre la asistencia, sino sobre el trabajo.
La paradoja libertaria se vuelve evidente: mientras el discurso oficial insiste en el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se consolidó como la principal ancla de estabilidad en un contexto de salarios en caída libre y jubilaciones deterioradas.
A esto se sumó el esfuerzo de las provincias, también golpeadas por el ajuste fiscal. En Santa Fe, por ejemplo, la demanda alimentaria creció cerca del 30% durante 2025. Los programas provinciales alcanzan a más de 246 mil personas en 177 localidades, con una inversión mensual superior a los 3.800 millones de pesos, reforzada con partidas extraordinarias durante las fiestas.
Los informes de la FDHI muestran que, aunque AUH y Tarjeta Alimentar no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total y sacar a un hogar de la pobreza, sí lograron sostener el umbral alimentario. Ese dato resulta clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.
En síntesis, Milei ajustó con dureza sobre salarios, jubilaciones y empleo formal, pero blindó la asistencia directa. Así, los planes sociales se consolidaron como el principal sostén del modelo libertario y como el costo político necesario para administrar un proceso de empobrecimiento acelerado del trabajo registrado y de la clase media.
Entre diciembre y enero, nueve compañías oficializaron reducciones, suspensiones y despidos de personal, medidas que en varios casos ya se hicieron efectivas.
La profundización de la crisis de producción y la fuerte contracción del mercado interno ya tienen un impacto concreto sobre el empleo. Al menos 2.292 puestos de trabajo están hoy en riesgo como consecuencia de los planes de achique implementados por distintas empresas de sectores clave de la economía. Entre diciembre y enero, nueve compañías oficializaron reducciones, suspensiones y despidos de personal, medidas que en varios casos ya se hicieron efectivas.
El cierre de 2025 y el inicio de 2026 resultaron particularmente duros para el entramado productivo. Empresas textiles, alimenticias, tecnológicas, fabricantes de maquinaria agrícola, firmas vinculadas al comercio y proveedores de insumos comenzaron a evidenciar las dificultades crecientes para sostener sus planteles en un contexto marcado por la caída del consumo, la retracción de la actividad y el deterioro de las condiciones macroeconómicas.
La pérdida del poder adquisitivo de los salarios aparece como uno de los principales factores detrás del derrumbe del mercado interno. La caída en la demanda obligó a las empresas a reducir gastos, suspender inversiones y, en muchos casos, cerrar líneas de producción completas, lo que derivó directamente en despidos y suspensiones. A este escenario se suma la apertura de importaciones, que presiona sobre la producción local, y problemas financieros internos que agravaron la situación de varias compañías.
De los nueve casos relevados, el 60% de los anuncios de ajuste se concentraron en enero, mientras que el 40% restante corresponde a procesos que comenzaron a gestarse a fines de diciembre pero se ejecutaron ya en los primeros días de 2026. En todos los casos, el denominador común es la caída de la actividad y la imposibilidad de sostener niveles de producción acordes a la estructura de costos vigente.
Entre los casos más relevantes se encuentra el de Lácteos Verónica, con cerca de 700 trabajadores en riesgo y sus tres plantas completamente paralizadas por la falta de materia prima y una abultada deuda salarial. En el sector textil, TN & Platex profundizó su proceso de ajuste con el cierre de líneas productivas en varias provincias, dejando más de 360 trabajadores sin empleo. Vassalli Fabril, en tanto, atraviesa una situación crítica en su planta de Firmat, con 280 empleados afectados y una empresa que dejó de dar respuestas.
También se registraron recortes en firmas de consumo masivo e insumos industriales. Georgalos implementó suspensiones rotativas y reducciones salariales ante la baja de ventas; Sealed Air despidió trabajadores por la menor demanda de la industria alimenticia; y Lustramax, proveedora de grandes empresas, avanzó con despidos y un Proceso Preventivo de Crisis.
El derrumbe del mercado interno también golpeó al sector comercial. Farmacias del Dr. Ahorro cerró más de una decena de sucursales y dejó en la calle a más de un centenar de trabajadores tras pedir concurso de acreedores, mientras que Mercado Libre, en el marco de una reestructuración regional, desvinculó personal en áreas vinculadas a experiencia de usuario y contenidos.
En conjunto, los datos configuran un panorama preocupante: la combinación de caída del consumo, apertura importadora y parálisis productiva está erosionando el empleo formal y poniendo en jaque a amplios sectores de la industria nacional. De no revertirse esta tendencia, el impacto social de la crisis podría profundizarse en los próximos meses.
El último censo del Gobierno porteño sobre personas en situación de calle volvió a marcar un récord histórico, con un aumento sostenido tanto de quienes duermen en la vía pública como sobre todo de quienes necesitan asistencia estatal en los paradores.
Pese a los discursos oficiales que destacan una supuesta disminución de la pobreza, la realidad social en la Ciudad de Buenos Aires parece ir en sentido contrario. El último censo del Gobierno porteño sobre personas en situación de calle volvió a marcar un récord histórico, con un aumento sostenido tanto de quienes duermen en la vía pública como —sobre todo— de quienes necesitan asistencia estatal en los paradores.
El relevamiento, difundido por la gestión de Jorge Macri y realizado en noviembre pasado por 85 equipos oficiales, mostró un crecimiento general de la población en situación de calle respecto de la medición de mayo. Lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural, los datos exponen un deterioro social persistente en uno de los distritos más ricos del país.
Según el informe, la cantidad de personas que pernoctan en la vía pública aumentó un 3% en el último semestre. Sin embargo, el salto más pronunciado se dio en los Centros de Inclusión Social (CIS): la población alojada en estos paradores creció un 20% en el mismo período. De hecho, el 94% del incremento total de personas en situación de calle se explica por el aumento de quienes requieren alojamiento estatal, mientras que solo el 6% corresponde a nuevas personas registradas directamente en la calle.
La comparación histórica refuerza la dimensión del problema. En noviembre de 2017, cuando se realizó el primer censo con esta metodología, se habían contabilizado 636 personas durmiendo en la vía pública y 966 en paradores. Ocho años después, las cifras se multiplicaron: 1.613 personas pasan la noche en la calle y 3.563 dependen de los CIS, un crecimiento que contradice los relatos oficiales de mejora social.
Desde el Gobierno porteño explican parte de este aumento por la incorporación de diez nuevos Centros de Inclusión Social durante 2025, que ampliaron la capacidad del sistema en más de 4.900 plazas. No obstante, aun con mayor infraestructura, los números revelan que la demanda de asistencia no deja de crecer, en un contexto de creciente vulnerabilidad económica y social, según consignó la agencia Noticias Argentinas.
El censo también evidencia una fuerte concentración territorial: la mitad de las personas en situación de calle se encuentra en las comunas 1 y 3, que incluyen barrios como Constitución, Monserrat, San Telmo, Retiro, Balvanera y San Cristóbal. En cuanto al perfil etario, el 80% tiene entre 19 y 59 años y un 8% supera los 60, lo que refuerza la preocupación por el impacto del fenómeno en adultos mayores. Además, el 67,1% de las personas relevadas nació fuera de la Ciudad, mientras que el 31,9% es oriundo del distrito.
Así, mientras los indicadores macroeconómicos y los anuncios oficiales intentan instalar una narrativa de recuperación, la expansión de la población en situación de calle expone una realidad cotidiana que desmiente esa lectura y vuelve a poner en el centro el alcance real de la crisis social.
En pleno debate por la polémica Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el conflicto en la empresa Lustramax dejó de ser un caso puntual para convertirse en una pieza funcional del discurso oficialista de flexibilización.
La crisis declarada por la compañía, los despidos y la escalada del enfrentamiento gremial son presentados como ejemplo paradigmático de los “excesos sindicales” que, según el Gobierno y sus aliados, justificarían una flexibilización de los derechos laborales.
La empresa, dedicada a la distribución de papelería y productos de limpieza y ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, inició un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) tras despedir al menos a 15 trabajadores, entre ellos delegados y activistas gremiales. Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación inmediata de los despedidos, resolución que la compañía se negó a acatar.
La negativa empresarial derivó en protestas, asambleas permanentes y medidas de fuerza que incluyeron cortes en la Autopista Panamericana. Sin embargo, el foco del debate público rápidamente se desplazó del incumplimiento patronal hacia la criminalización de la protesta sindical, un corrimiento que fue amplificado por funcionarios, legisladores oficialistas y medios afines al Gobierno nacional.
El dueño de Lustramax, Ezequiel Sosa, sostuvo públicamente que la empresa se encuentra “al borde del cierre” y denunció amenazas, extorsiones y una supuesta “toma política” de la planta. “Estamos en un proceso de crisis y necesitamos reestructurarnos para que 200 personas no se queden sin trabajo”, afirmó en declaraciones radiales, al tiempo que insistió en que no permitirá el ingreso de los delegados despedidos por razones de “seguridad”.
Desde el sector gremial y la izquierda, en cambio, rechazan la existencia de una crisis real y denuncian una maniobra de persecución sindical. La diputada Myriam Bregman advirtió que la empresa se encuentra en la ilegalidad al desconocer una resolución del Ministerio de Trabajo y sostuvo que el conflicto está siendo deliberadamente escalado para habilitar un escenario de desalojo y disciplinamiento. “Se busca construir un clima de violencia para responsabilizar a los trabajadores y desviar la atención del incumplimiento patronal”, señaló.
El caso tomó aún mayor visibilidad tras la intervención pública de la senadora libertaria Florencia Arietto, quien acusó a un grupo de trabajadores “aparateados por la izquierda” de bloquear la planta y violar la conciliación obligatoria. En sus redes sociales, la legisladora vinculó directamente (aunque sin pruebas) el conflicto con los cortes en Panamericana y alertó sobre la posible pérdida de 200 puestos de trabajo, reforzando el relato que presenta a la protesta sindical como una amenaza al empleo y a la “libertad de trabajar”.
Este encuadre no es casual. Para los delegados y organizaciones que acompañan la protesta, Lustramax funciona como un caso testigo utilizado por el oficialismo para instalar la idea de que los derechos laborales vigentes impiden la actividad empresarial y ponen en riesgo la continuidad de las empresas. En ese sentido, el conflicto es leído como parte de una estrategia más amplia para legitimar una Reforma Laboral que busca debilitar la organización sindical, limitar el derecho a huelga y flexibilizar las condiciones de despido.
Mientras la empresa insiste en judicializar el conflicto y obtuvo una orden de desalojo, los trabajadores mantienen el estado de asamblea permanente y denuncian una ofensiva política y mediática que intenta convertir un reclamo laboral concreto en una demostración pública de por qué, según el Gobierno, “hay que cambiar las reglas del trabajo”.
Así, lo que comenzó como un conflicto por despidos y condiciones laborales en una fábrica del conurbano bonaerense terminó transformándose en un símbolo funcional al relato oficial: un chivo expiatorio que busca justificar, en nombre del orden y la productividad, una reforma que redefine el equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo.
