Argentina de remate: el Gobierno busca modificar la Ley de Tierras para que los extranjeros compren sin límites

El gobierno avanza en un esquema que elimina los límites de posesión vigentes desde 2011 y flexibiliza la Ley de Manejo del Fuego, consolidando un modelo de entrega del territorio al capital trasnacional.

En una nueva ofensiva contra la soberanía nacional, el Gobierno impulsa una profunda modificación de la Ley de Tierras con el objetivo de habilitar la compra irrestricta de tierras rurales por parte de extranjeros. A través del Consejo de Mayo, la administración avanza en un esquema que elimina los límites de posesión vigentes desde 2011 y flexibiliza la Ley de Manejo del Fuego, consolidando un modelo de entrega del territorio al capital trasnacional.

La iniciativa, presentada como un incentivo a las inversiones, apunta a profundizar el negocio inmobiliario, energético y minero en vastas regiones del país. Desde el oficialismo aseguran que la apertura podría atraer inversiones por unos 5.000 millones de dólares, aunque el costo real sería la pérdida de control sobre tierras estratégicas y recursos naturales clave.

El informe del Consejo de Mayo propone derogar la Ley N.º 26.737, que establece topes a la propiedad extranjera de tierras rurales y fija un límite de mil hectáreas productivas por persona o empresa extranjera. Según el documento oficial, estas restricciones “obstaculizan la inversión internacional”, un argumento que omite deliberadamente el objetivo central de la norma: resguardar la soberanía territorial y evitar la especulación.

En la misma línea, el Gobierno busca desmantelar las restricciones incorporadas en 2020 a la Ley de Manejo del Fuego, que impiden modificar el destino productivo de los campos incendiados durante un período de entre 30 y 60 años. Estas normas fueron creadas para frenar incendios intencionales vinculados al negocio inmobiliario, especialmente en la Patagonia. Sin embargo, La Libertad Avanza propone eliminarlas por completo, abriendo la puerta a la especulación sobre tierras devastadas por el fuego.

La reforma también pretende eliminar el límite del 15 por ciento de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal, así como el tope del 30 por ciento por nacionalidad. Incluso quedarían habilitadas zonas estratégicas como la Zona Núcleo del agronegocio, hoy protegidas de la extranjerización masiva.

Actualmente, más del 5 por ciento del territorio argentino ya se encuentra en manos extranjeras, con picos superiores al 10 por ciento en provincias como Salta, Misiones y San Juan. Lejos de fortalecer la producción nacional o el desarrollo federal, la propuesta oficial profundiza un modelo de saqueo y dependencia, en el que la tierra deja de ser un bien estratégico para convertirse en mercancía al servicio de intereses externos.

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Denuncian a Patricia Bullrich y a su hijo por lavado de dinero en el manejo de la cadena “Tostado”

La acusación apunta contra Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el fundador de la cadena Tostado Café, Fernando Goijman, por los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita.

El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal de extrema gravedad ante la Justicia Federal contra Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el fundador de la cadena Tostado Café, Fernando Goijman, por los presuntos delitos de lavado de activos, evasión tributaria y asociación ilícita. La acusación apunta a un complejo entramado empresarial diseñado para ocultar el verdadero origen del dinero que habría financiado la vertiginosa expansión del grupo gastronómico.

La presentación judicial sostiene que detrás de la cadena de cafeterías —que ya supera los 70 locales en el país y el exterior— existiría una estructura societaria fragmentada y opaca, creada deliberadamente para dificultar los controles fiscales, contables y patrimoniales. Según la denuncia, el crecimiento económico del holding no encuentra ninguna explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial declarado ni financiamiento bancario verificable.

Dalbón señala que Francisco Langeri Bullrich figura como socio clave de Tostado Franquicia S.A. y Tostado Branding S.A., empresas que habrían alcanzado en pocos años un valor de varios millones de dólares, sin que existan registros públicos que expliquen de manera transparente semejante expansión. La acusación se apoya además en investigaciones periodísticas que detectaron domicilios coincidentes entre varias sociedades, algunos de ellos vinculados directamente a inmuebles asociados a Patricia Bullrich, como una propiedad ubicada en la calle Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia advierte que esta atomización de empresas, con socios repetidos y direcciones compartidas, podría constituir una maniobra clásica para disimular flujos financieros irregulares. A esto se suma un dato llamativo: varias de las firmas vinculadas al grupo registran cheques rechazados por montos ínfimos, una situación que —según Dalbón— resulta incompatible con un conglomerado que declara facturaciones millonarias y podría ser indicio de subfacturación, simulación de solvencia o desmanejos financieros.

El escrito judicial también pone el foco en la proyección internacional del grupo, con locales en España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que obliga a investigar posibles transferencias transfronterizas de fondos y eventuales maniobras de lavado a escala internacional. En ese sentido, el abogado sostiene que la actividad gastronómica podría haber sido utilizada como una “pantalla” para legitimar capitales de origen ilícito.

El rol de Patricia Bullrich bajo la lupa judicial

Si bien la denuncia aclara que el vínculo familiar no constituye por sí mismo un delito, remarca un elemento de altísima sensibilidad institucional: la posible conexión directa entre el entramado empresarial y una funcionaria que ocupa —y ocupó— posiciones centrales en el poder político. Según Dalbón, esta circunstancia exige extremar los recaudos investigativos para descartar conflictos de intereses, uso de influencias, favorecimientos indebidos o tolerancia estatal frente a irregularidades económicas de gran magnitud.

Entre las medidas de prueba solicitadas se incluyen allanamientos, secuestro de documentación societaria y contable, informes de la UIF, la IGJ y organismos fiscales, además de la citación a declaración indagatoria de los denunciados. La causa quedó radicada por sorteo en el juzgado federal de Ariel Lijo, con intervención de la fiscal Alejandra Mángano.

Un patrimonio millonario de origen inexplicable

La denuncia también reconstruye el abrupto salto patrimonial de Francisco Langeri Bullrich. De ocupar un cargo técnico en la administración pública a partir de 2016, pasó en pocos años a presidir un holding que declara más de 63 millones de dólares anuales. La velocidad del ascenso económico, la falta de antecedentes empresariales relevantes y la existencia de cheques impagos por sumas insignificantes para la escala del negocio refuerzan las sospechas sobre el origen del capital.

A esto se suma un dato revelador: Patricia Bullrich promocionaba públicamente la marca Tostado en redes sociales antes incluso de que existiera la sociedad que hoy la explota comercialmente, lo que alimenta las dudas sobre el verdadero inicio del emprendimiento.

Entre sociedades cruzadas, domicilios compartidos, expansión internacional acelerada y un crecimiento económico que desafía toda lógica comercial, la denuncia plantea un escenario que coloca a Patricia Bullrich y a su hijo en el centro de una investigación por presunto lavado de dinero, con implicancias políticas e institucionales de enorme gravedad.

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El FMI alerta por la falta de reservas y prepara más desembolsos para apuntalar al Gobierno

El FMI otorgará un nuevo “waiver” al Gobierno de Javier Milei y desembolsará u$s1.050 millones correspondientes al programa que el país mantiene con el organismo.

En Washington ya se da por hecho que el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzará en las próximas semanas con la aprobación de un segundo waiver consecutivo para la Argentina por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas netas internacionales (RIN), una señal que enciende alertas tanto dentro del organismo como en el sistema financiero internacional. Así lo confirmaron al portal Ámbito dos fuentes de la burocracia interna del Fondo.

La dispensa se aprobaría en simultáneo con la próxima revisión del programa de Facilidades Extendidas, lo que habilitaría un desembolso cercano a u$s1.050 millones (763 millones de DEG), previsto para el 23 de enero de 2026. En los hechos, el staff técnico ya asume que el Banco Central no alcanzará las metas pactadas, incluso luego de haber sido flexibilizadas en evaluaciones previas.

La propia portavoz del FMI, Julie Kozack, reconoció la semana pasada que cumplir el objetivo de reservas de fin de año “será un desafío”, aunque evitó confirmar explícitamente un nuevo waiver. Sin embargo, puertas adentro del organismo el diagnóstico es compartido: la autoridad monetaria argentina volverá a incumplir y el staff recomienda para 2026 un sendero de acumulación “más ambicioso”, apoyado en políticas monetarias y cambiarias más consistentes.

De concretarse, se trataría del segundo perdón consecutivo por la misma meta clave, luego del otorgado a mediados de 2025, cuando el FMI redujo sustancialmente el objetivo anual de reservas. Para el organismo, el problema es doble y estructural: por un lado, una política monetaria con desvíos recurrentes en los agregados clave —M2 privado transaccional y activos domésticos netos del BCRA—; por el otro, proyecciones persistentemente insuficientes de acumulación de divisas.

En términos más directos, el Fondo no está dispuesto a convalidar un esquema de déficit crónico de cuenta corriente ni una apreciación cambiaria sostenida artificialmente por flujos financieros, en detrimento de la competitividad externa.

Promesas, deuda y fragilidad externa

El programa aprobado en abril de 2025 estableció un régimen de control de agregados monetarios, con el M2 privado transaccional como variable objetivo y un sendero restrictivo en torno a los $65,8 billones para diciembre. El objetivo era sostener la demanda de dinero, reducir la presión cambiaria y consolidar la desinflación bajo un esquema de mayor flexibilidad del tipo de cambio. Sin embargo, las expansiones monetarias por encima de lo previsto y las intervenciones inconsistentes terminaron debilitando el frente externo y frustrando la acumulación genuina de reservas.

La fragilidad externa tampoco logró compensarse con instrumentos alternativos. Tal como se señaló en notas previas, el swap de monedas con Estados Unidos por hasta u$s20.000 millones presenta serias dudas de viabilidad jurídica. El acuerdo firmado entre el BCRA y el Tesoro estadounidense a través del Exchange Stabilization Fund carece de autorización explícita del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), condición necesaria para que el mecanismo sea plenamente operativo. Esto deja a la Reserva Federal con la potestad de rechazar giros de manera unilateral, tornando el compromiso potencialmente revocable. Hasta ahora, solo se activaron u$s2.500 millones.

En Wall Street y en el propio equipo económico argentino predomina la percepción de que el remanente del swap no será utilizado y que funciona más como una línea contingente testimonial que como un respaldo efectivo. Incluso el presidente Javier Milei reconoció recientemente los riesgos del endeudamiento al cuestionar la experiencia del período macrista, una admisión implícita de que el actual esquema de financiamiento no es sostenible sin dólares genuinos.

El límite informal de los waivers y el fantasma de 2001

Si bien el estatuto del FMI no prohíbe explícitamente más de dos waivers consecutivos por la misma meta cuantitativa, en la práctica institucional existe un límite informal: conceder dispensas reiteradas sin correcciones profundas erosiona la credibilidad del programa. El antecedente más citado es el de diciembre de 2001, cuando el Fondo decidió frenar un desembolso clave para la Argentina tras incumplimientos persistentes, acelerando el colapso del régimen económico.

Fuentes del organismo y analistas financieros advierten que un tercer waiver consecutivo podría marcar un punto de quiebre y obligar a ajustes abruptos, como una devaluación significativa. Modelos econométricos utilizados en Washington y por brokers de Wall Street ubican el tipo de cambio nominal de equilibrio en un rango de $1.750 a $2.000, con altos niveles de confianza estadística.

A esta tensión se suma el vencimiento, el 9 de enero, de bonos globales y bonares por cerca de u$s4.300 millones. El Ministerio de Economía trabaja en una ingeniería financiera que incluye nuevas colocaciones, repos con bancos internacionales y posibles canjes, mientras el staff del FMI observa con cautela pero sin anticipar, por ahora, un evento disruptivo.

Panorama critico

Sin embargo, el verdadero desafío se concentra en 2026, cuando la Argentina enfrentará vencimientos de deuda externa por u$s17.800 millones, según advirtió UBS. Con reservas aún frágiles y un acceso limitado al crédito voluntario, la presión para acumular dólares se vuelve crítica.

En síntesis, el FMI reconoce los avances en materia fiscal y desinflación, pero considera que sin acumulación sostenida de reservas y con una política monetaria aún inconsistente, el programa transita una zona de riesgo creciente. El segundo waiver en marcha es, al mismo tiempo, un alivio de corto plazo y una señal de alarma de fondo.

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Inédito: por primera vez en 22 años se desploma la inversión extranjera directa

Entre enero y noviembre de 2025, el flujo neto de capitales productivos provenientes del exterior registró una salida de 1.521 millones de dólares, un fenómeno que no se observaba desde 2003 y que pone en cuestión el relato oficial del gobierno de Javier Milei sobre la supuesta “lluvia de inversiones”.

Por primera vez en más de dos décadas, la economía argentina exhibe un dato tan contundente como inquietante: la inversión extranjera directa (IED) cerró con saldo negativo. Entre enero y noviembre de 2025, el flujo neto de capitales productivos provenientes del exterior registró una salida de 1.521 millones de dólares, un fenómeno que no se observaba desde 2003 y que pone en cuestión el relato oficial del gobierno de Javier Milei sobre la supuesta “lluvia de inversiones”.

Las cifras del Banco Central confirman un quiebre estadístico de magnitud. En los últimos veinte años, aun en contextos de crisis y volatilidad, la IED había logrado sostener un balance positivo. En 2025, en cambio, el capital extranjero no solo dejó de ingresar: se fue. El contraste resulta aún más elocuente si se lo compara con otros países de la región, donde la inversión extranjera continúa mostrando saldos favorables.

Lejos de tratarse de un episodio aislado, el dato refleja un proceso extendido de desinversión. Según información del BCRA y reportes periodísticos, la salida neta de divisas responde a la venta de empresas y activos locales por parte de compañías controladas por capitales foráneos, que transfirieron sus operaciones a firmas nacionales o directamente abandonaron el mercado argentino. Se trata de un cambio estructural en el comportamiento del capital corporativo que atraviesa distintos sectores de la economía.

La dimensión del retroceso se vuelve aún más clara al observar la serie histórica. Entre 2016 y 2019, la inversión extranjera directa promedió 3.235 millones de dólares anuales. En el período 2020-2023, ese monto se redujo a 953 millones. En 2025, la tendencia se quebró por completo: el saldo pasó a terreno negativo, un resultado inédito en más de 22 años.

El sector energético fue uno de los primeros en mostrar señales de este éxodo. A fines de 2024, grandes petroleras internacionales comenzaron a desprenderse de sus activos en Vaca Muerta. ExxonMobil vendió la totalidad de sus participaciones a Pluspetrol por unos 1.700 millones de dólares. Petronas abandonó su proyecto de gas natural licuado con YPF y evaluó retirarse de La Amarga Chica. TotalEnergies y Equinor siguieron el mismo camino, buscando transferir o vender sus concesiones en Neuquén.

Si bien las empresas aluden a reacomodamientos globales y estrategias de eficiencia, los informes de consultoras privadas señalan factores locales decisivos: alta incertidumbre económica, restricciones cambiarias aún vigentes, dificultades para girar utilidades y una marcada inestabilidad en las reglas de juego. En el propio mundo empresario, el diagnóstico es directo: el marco institucional argentino desalienta la permanencia.

El resultado final expone una paradoja difícil de ocultar. Mientras el Gobierno se presenta como el más ortodoxo y pro-capitalista de la historia reciente, los números muestran que el capital extranjero se retira. El saldo negativo de la inversión extranjera directa no solo es un dato técnico: es una señal política y económica de peso, que revela que la retórica de mercado no alcanza cuando la realidad espanta a los inversores.

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Por decreto: el Gobierno autorizó suba del 1.000% en gastos reservados para la Fuerza Aérea

Aunque la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) concentra la mayor parte de estos fondos, también existen partidas de este tipo en organismos dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad, como es el caso de la Fuerza Aérea.

El presupuesto destinado a gastos reservados de la Fuerza Aérea Argentina registró un incremento inédito: pasó de $15 millones vigentes hasta el 1° de diciembre a $166 millones tras una actualización publicada ese mismo día en el Boletín Oficial. La ampliación, dispuesta por decreto, rige para el último mes del año e impactó en el presupuesto abierto a partir del 3 de diciembre, según pudo constatar PERFIL. Desde 2023, los recursos asignados a partidas sin rendición pública crecieron un 3.970%.

La Ley 25.520 define a la inteligencia nacional como el conjunto de actividades orientadas a la obtención y análisis de información vinculada a amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad interior y exterior del país. Estas tareas pueden financiarse mediante gastos reservados, cuyo detalle solo es conocido por las autoridades competentes y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. Aunque la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) concentra la mayor parte de estos fondos, también existen partidas de este tipo en organismos dependientes de los ministerios de Defensa y Seguridad, como es el caso de la Fuerza Aérea.

El 1° de diciembre, a través del decreto 849/2025, el Poder Ejecutivo reasignó recursos y amplió partidas presupuestarias en distintos organismos. Entre ellos, el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea incorporó $151 millones adicionales para gastos reservados. Hasta ese momento, el organismo contaba con $15,34 millones para ese concepto, por lo que la ampliación representa un aumento del 985%, a ejecutarse además en menos de un mes.

Los datos de ejecución reflejan la magnitud del salto: hasta el 3 de diciembre se habían devengado $15,18 millones en gastos reservados, prácticamente el total asignado para todo el año. Para el 8 de diciembre, en apenas cinco días, se sumaron otros $20 millones, superando lo ejecutado durante los once meses previos.

La comparación histórica refuerza el carácter excepcional del aumento. En 2016, primer año con registros disponibles, el presupuesto para gastos reservados de la Fuerza Aérea era de $1,25 millones y se mantuvo por debajo de los $2 millones durante varios años. En 2023 ascendió a $4,09 millones y, entre diciembre de ese año y diciembre de 2025, el incremento acumulado alcanza el 3.970%.

El refuerzo presupuestario se produjo además en un contexto político particular: en vísperas de la asunción de un militar al frente del Ministerio de Defensa. Carlos Andrés Presti, hasta entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, reemplazó esta semana a Luis Petri. El aumento también coincide con la llegada de los aviones de combate adquiridos a Dinamarca, enmarcada en el plan oficial de “modernización” del sistema de defensa.

En términos generales, según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el Ministerio de Defensa incrementó su presupuesto vigente en $123.044 millones. La mayor parte se destinó al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares ($59.634 millones), mientras que también se ampliaron partidas para gastos de personal y funcionamiento en los estados mayores de la Fuerza Aérea ($24.761 millones), el Ejército ($15.966 millones) y la Armada ($15.398 millones), entre otros.

Dentro del refuerzo asignado a la Fuerza Aérea, $8.198 millones se destinarán en diciembre al programa de “Alistamiento operacional”, que creció un 2,6%. Allí se incorporan los $151 millones de gastos reservados, un monto muy superior al que regía previamente para ese concepto.

El portal PERFIL consultó al Ministerio de Defensa sobre los motivos de este aumento en gastos reservados, que no fue postergado hasta 2026, pero no obtuvo respuestas hasta el cierre de esta nota.

SIDE: otro salto en fondos sin control público

La Secretaría de Inteligencia de Estado también registró una fuerte expansión presupuestaria. Durante 2025, el organismo pasó de contar con $48 mil millones a $106 mil millones, un aumento del 32,3%, luego de que el Congreso rechazara en 2024 un DNU que buscaba otorgarle $100 mil millones en gastos reservados. Del total actual, $26 mil millones se sumaron mediante el último decreto.

Hasta el momento, la SIDE ejecutó $75 mil millones: $41 mil millones en personal y $13 mil millones en gastos reservados. Si bien la ampliación incluyó $19 mil millones adicionales para salarios, los mayores cuestionamientos se concentraron en otros rubros, como textiles y vestuario ($320 millones), productos de cuero y caucho ($350 millones), cubiertas y cámaras de aire ($350 millones) y mantenimiento, reparación y limpieza ($900 millones).

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“Es un gasto brutal”: Bullrich pidió desmantelar el PAMI

En declaraciones realizadas en un canal de streaming, la exministra de Seguridad sostuvo que el organismo representa “un gasto brutal acumulado” y planteó que los fondos destinados a la salud de los jubilados deberían ser transferidos a los sindicatos.

Bullrich comparó al PAMI con “una compañía de seguros donde todos los autos chocan” y argumentó que “cuando tenés a todas las personas grandes en un seguro de salud, eso no es un seguro, es un gasto”. En ese marco, cuestionó el origen del organismo y afirmó que fue creado en 1971 por una decisión improvisada del entonces ministro de Bienestar Social, Francisco Manrique, y que “nunca nadie lo desarmó”, pese a que hoy atiende a cerca de cinco millones de jubilados, pensionados y familiares.

La senadora aseguró que sería “mucho más barato” destinar los aportes directamente a los sindicatos, que —según explicó— dejan de cubrir a los trabajadores una vez que alcanzan la edad jubilatoria. “El sindicato se saca de encima a los afiliados a los 65 años y no los tiene nunca más”, sostuvo, al defender su idea de reemplazar el PAMI por un esquema administrado por las organizaciones gremiales.

Si bien esta propuesta no fue presentada explícitamente durante la campaña electoral de La Libertad Avanza, espacio político al que hoy responde, el planteo se inscribe en la lógica de reducción del Estado y desmantelamiento de sistemas públicos que promueve ese sector.

Bullrich también cuestionó la calidad de la atención del PAMI y señaló que “no tiene una atención demasiado buena”, aunque reconoció que su tamaño lo vuelve difícil de reformar. No obstante, fue categórica al concluir que “conceptualmente el PAMI es un error”, minimizando el rol que cumple en la cobertura sanitaria de los sectores más vulnerables.

La exministra volvió al centro de la escena política tras asumir su banca en el Congreso. En las últimas horas también se viralizaron sus declaraciones en defensa de la reforma laboral, realizadas junto al CEO de Techint, Paolo Rocca, en un seminario para pymes, donde afirmó que en la Argentina “hay 500 mil trabajadores de plataformas” que prefieren no estar en relación de dependencia y que sean ellos mismos quienes paguen los seguros por eventuales accidentes laborales.

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La Provincia lanza un fondo de $3.000 millones para investigación, pymes y cooperativas

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, anunció este jueves la puesta en marcha de un fondo de $3.000 millones destinado a financiar proyectos de investigación científica con impacto directo en pymes y cooperativas bonaerenses.

La medida, presentada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, corresponde a la cuarta convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

Durante el acto, Kicillof subrayó la decisión provincial de sostener e incrementar la inversión en ciencia y tecnología frente al recorte nacional. “Mientras a nivel nacional asistimos a un proceso de destrucción sistemático de nuestro sistema universitario, científico y tecnológico, en la provincia estamos convencidos de que hay que redoblar los esfuerzos: invertimos porque sabemos que sin investigación no hay posibilidades de desarrollo”, afirmó.

Una inversión estratégica y la consolidación del FITBA

El gobernador advirtió que el sistema científico “está en emergencia” tras dos años de ajuste presupuestario a nivel nacional y señaló que la paralización de proyectos “condena a nuestra sociedad a la dependencia tecnológica y económica”. En esta nueva edición del FITBA —que desde 2024 se consolidó como la principal política de financiamiento científico del país—, se financiarán 98 proyectos de instituciones bonaerenses, involucrando a más de 900 investigadores, con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El ministro Costa destacó que esta herramienta “ha permitido acompañar al sistema científico-tecnológico, con el objetivo de brindar soluciones innovadoras a pymes y cooperativas bonaerenses y responder a problemáticas de interés provincial”.

Energías renovables: nuevos proyectos y financiamiento

Además del lanzamiento del fondo principal, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) y el Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (PROINGED) presentaron los nueve proyectos seleccionados en la convocatoria “2025 Ciencia y Tecnología en Energías Bonaerenses”, orientados al desarrollo de soluciones experimentales en energías renovables, especialmente solar y eólica.

El presidente de la CIC, Roberto Salvarezza, destacó la relevancia estratégica de estas iniciativas: “En este contexto de transformación energética que atraviesa el mundo, contar con este tipo de proyectos es fundamental para construir el futuro de la provincia”. Por su parte, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni, anunció que la Provincia destinará $400 millones adicionales para fortalecer estas líneas de investigación y las cadenas productivas del sector energético.

“Seguimos invirtiendo todos los días”

Al cerrar el acto, Kicillof reafirmó la continuidad de la política científica provincial pese al contexto económico nacional: “Aunque es imposible compensar el daño que originan las políticas de Milei, seguimos adelante con un programa totalmente distinto, articulando con municipios, universidades y el sector productivo”. Y concluyó: “Vamos a seguir invirtiendo todos los días en apoyo de nuestro sistema científico y tecnológico”.

Del anuncio participaron ministros provinciales, intendentes y autoridades del sistema científico bonaerense.

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Cristina Kirchner cruzó al Gobierno por la inflación: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”

La dirigente justicialista remarcó que ese nivel de precios es más alto que el que registraba su administración al finalizar su mandato en 2015 y lanzó una pregunta retórica dirigida al Presidente y a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.

La exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntar con dureza contra el gobierno de Javier Milei luego de que el INDEC informara que la inflación de noviembre alcanzó el 2,5%. La dirigente justicialista remarcó que ese nivel de precios es más alto que el que registraba su administración al finalizar su mandato en 2015 y lanzó una pregunta retórica dirigida al Presidente y a su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”

En un extenso mensaje publicado en redes, CFK subrayó que la cifra se conoció “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”, al que sumó “un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares, la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares”, en un contexto de “consumo en caída libre y cierre de fábricas y comercios”.

Kirchner comparó el dato informado por el INDEC de Milei con el índice que exhibía su gobierno en noviembre de 2015. Recordó que en aquel momento la oposición impulsaba el “IPC Congreso”, que –según señaló– era “la repetición del índice de precios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Mauricio Macri”. Con esa referencia, apuntó que la inflación que denunciaban entonces “era más baja que la de Milei”, a pesar de que “no le debíamos ni un dólar al Fondo” y de que su administración “había pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado”.

La expresidenta también reivindicó logros de sus gestiones: “Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y poníamos satélites en el espacio”.

El mensaje fue rematado con ironía, al sostener que para enumerar esos programas “no alcanzan los caracteres de X”.
En su crítica central, volvió a insistir en su interrogante: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, poniendo en duda la estrategia económica del actual gobierno pese a los severos ajustes aplicados.

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Milei dijo que negocia “flexibilizar el embargo militar” de Gran Bretaña, pero en Londres lo niegan

El presidente Javier Milei aseguró que su gobierno inició contactos con el Reino Unido para avanzar en el levantamiento del veto a la venta de armamento impuesto después de la guerra de Malvinas, pero Londres lo niega y advierte que mantendrá su postura inflexible.

El presidente argentino Javier Milei aseguró que su gobierno inició contactos con el Reino Unido para avanzar en el levantamiento del veto a la venta de armamento impuesto después de la guerra de Malvinas. Según declaró al diario británico The Telegraph, Buenos Aires y Washington estarían presionando para que Londres revise las restricciones que rigen desde 1982.

Milei sostuvo que el país necesita recomponer sus capacidades militares y justificó su postura con un mensaje directo: “No hay potencias mundiales sin poder militar. Ningún país cuenta en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”. Al ser consultado por el medio inglés sobre si habían comenzado las negociaciones para revisar el embargo, respondió de manera categórica: “Absolutamente”.

Sin embargo, desde Londres rechazaron de plano esa versión. Un portavoz del gobierno británico afirmó que “no hay conversaciones específicas con Argentina sobre la flexibilización de los controles a la exportación de armas” y reiteró que la soberanía de las islas “no es negociable”, recordando además el referéndum de 2013 en el que los habitantes de las Malvinas optaron masivamente por seguir siendo parte del Reino Unido.

Pese a la negativa británica, Milei insistió en que la recuperación de las Malvinas será exclusivamente por vías diplomáticas. Consideró que la Argentina debe mostrar una relación “madura” con el Reino Unido y fortalecer los vínculos comerciales como señal de buena voluntad.

Posible viaje de Milei a Gran Bretaña

El Telegraph también informó que Milei analiza realizar en 2026 la primera visita de un presidente argentino a Londres en 27 años ―la última fue la de Carlos Menem en 1998―, donde buscaría reunirse con el primer ministro Keir Starmer e incluso con Nigel Farage, a quien elogió por su rol en el Brexit. Hasta ahora, no hay confirmación oficial del gobierno argentino.

La publicación británica agrega que el mandatario reiteró su intención de que el Reino Unido alivie el actual embargo militar, mientras fuentes oficiales inglesas sostienen que tal diálogo no existe. Este contraste vuelve a colocar en el centro del debate la política exterior argentina hacia Londres y la estrategia de Milei respecto de Malvinas, un tema en el que ya ha recibido críticas por su acercamiento al Reino Unido y su admiración por Margaret Thatcher.

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Trump ahora amenaza con atacar a México y a Colombia

En una entrevista con el medio estadounidense Politico, publicada este martes 9 de diciembre, el presidente Donald Trump volvió a encender la retórica imperialista de Washington al afirmar que consideraría expandir acciones militares a países como Colombia y México, usando como pretexto la lucha contra el narcotráfico.

Sus declaraciones se producen en un contexto de creciente presión militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico oriental, donde su gobierno ha desplegado recursos navales y ha intensificado operaciones contra lo que denomina “narcolanchas” vinculadas a Venezuela. Trump insiste en asociar estas acciones al combate contra el llamado Cartel de los Soles, organización con la que relaciona directamente al presidente venezolano Nicolás Maduro aunque sin evidencias concretas.

Consultado sobre si estaría dispuesto a llevar una ofensiva militar más allá de Venezuela y apuntar hacia Colombia y México, Trump respondió sin titubeos: “Claro que lo haría”, dejando ver su disposición a intervenir en territorio latinoamericano bajo la bandera de la seguridad nacional estadounidense.

A pesar de decir que impulsa una “agenda de paz”, el mandatario subrayó que no descarta el uso de la fuerza para atacar presuntos objetivos vinculados al narcotráfico en la región, lo que reaviva los temores históricos de intervencionismo militar estadounidense en América Latina.

Las recientes declaraciones han generado preocupación entre los gobiernos latinoamericanos, particularmente ante un despliegue naval estadounidense que se ha fortalecido desde el 19 de agosto, acompañado de operaciones en aguas cercanas a Venezuela durante septiembre. Todo esto ocurre mientras Washington mantiene abierta la amenaza de una intervención directa contra Maduro, por cuya captura ofrece una recompensa de 50 millones de dólares.

Aunque Trump se negó a confirmar si ordenaría un despliegue terrestre en Venezuela, evitó descartar dicha posibilidad. “No quiero hablar de estrategia militar”, dijo, pero al ser presionado sobre hasta dónde estaría dispuesto a llegar para sacar a Maduro del poder, se limitó a advertir que “sus días están contados”.

Maduro responde ante la presión estadounidense

En contraste con la escalada retórica de Trump, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció nuevas metas de su llamado “Plan 2026”, enfocado en la defensa nacional y la construcción de una “patria pacífica y próspera”.

Durante un encuentro con su gabinete, Maduro recalcó la necesidad de fortalecer la seguridad, reforzar la defensa territorial y consolidar la “batalla comunicacional” frente a lo que el Gobierno chavista describe como amenazas militares y campañas de desinformación provenientes de Estados Unidos.

Según Maduro, el fortalecimiento de equipos de comunicación y defensa en las más de 5.000 zonas comunales del país será clave para contrarrestar lo que considera una guerra psicológica impulsada desde el exterior.

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