La Fiscalía General solicitó ante la Cámara Federal porteña la reapertura de la causa que investiga el acuerdo firmado en 2018 entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo de u$s57.100 millones y el posible destino irregular de esos fondos.

El pedido fue formulado por el fiscal general José Agüero Iturbe, quien ratificó la apelación presentada por el fiscal de primera instancia, Franco Picardi, contra el archivo del expediente dispuesto semanas atrás.

En la causa están imputados el expresidente Macri; sus exfuncionarios Luis Caputo y Federico Sturzenegger, actuales ministros de Economía y de Desregulación del gobierno de Javier Milei; además del exministro Nicolás Dujovne y el exjefe de Gabinete Marcos Peña. Todos están bajo sospecha por presuntas irregularidades en el trámite administrativo del préstamo y en el manejo posterior de las divisas.

La definición ahora quedó en manos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal.

En su planteo, Picardi sostuvo que la investigación se encuentra lo suficientemente avanzada como para citar a indagatoria a los imputados y señaló la posible existencia de una “plataforma criminal que ha podido ser acreditada”.

El conflicto judicial se originó tras la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa, al considerar que el acuerdo con el organismo internacional constituyó una decisión de naturaleza política no judicializable. En su resolución, la magistrada afirmó que no se advierte, hasta el momento, la acreditación de un deliberado propósito orientado a defraudar al erario público.

En contraposición, la fiscalía sostiene que podrían haberse cometido delitos de abuso de autoridad y administración fraudulenta. Con este nuevo paso procesal, el fiscal general solicitó formalmente que se revoque el archivo para avanzar hacia nuevas instancias en la investigación.

La interna en el oficialismo volvió a escalar con un duro cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el diputado nacional libertario Luis Petri, en medio de fuertes acusaciones cruzadas y reproches públicos.

A través de un posteo en la red social X, Villarruel acusó al ex ministro de Defensa de haber dejado un “vacío” en la obra social de militares y fuerzas de seguridad, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), y deslizó la existencia de un presunto desfalco que estaría bajo investigación judicial.

“Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país”, escribió la vicepresidenta. En el mismo mensaje, redobló la apuesta y sugirió una posible responsabilidad penal: “Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”.

Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 3, 2026

El descargo fue en respuesta a declaraciones previas de Petri, quien la había acusado de “apostar al fracaso del gobierno” y de ser “funcional a la oposición”, en un contexto de crecientes tensiones dentro del espacio gobernante. Además, el diputado cuestionó la actitud de Villarruel durante la apertura de sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei, y aseguró que se mostró desatenta mientras el mandatario brindaba su discurso ante la Asamblea Legislativa

El intercambio marca un nuevo y áspero capítulo en la disputa interna del oficialismo, ahora atravesado por acusaciones de gravedad vinculadas a la gestión del IOSFA, la obra social que brinda cobertura médica a cientos de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad federales en todo el país.

Aunque en el último mes de 2025 se registró un leve repunte y el costo de construir edificios aumentó por debajo de la inflación, el panorama general sigue siendo crítico y sin señales claras de recuperación.

El sector de la construcción continúa sumido en un escenario sombrío, atravesado por una fuerte contracción de la actividad y una pérdida masiva de empleo. Aunque en el último mes de 2025 se registró un leve repunte y el costo de construir edificios aumentó por debajo de la inflación, el panorama general sigue siendo crítico y sin señales claras de recuperación.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, describió una “crisis profunda” que ya provocó la eliminación de 120.000 puestos de trabajo directos y una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024. Según advirtió, el sector perdió cerca del 30% de su mano de obra en medio del ajuste.

“El Estado puede querer el equilibrio fiscal para que no haya inflación, pero en el medio perdieron el 30% de la mano de obra”, sintetizó Weiss, al cuestionar el impacto del freno en la inversión pública nacional. Si bien reconoció cierto dinamismo en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, sostuvo que el estancamiento es generalizado debido a la “casi total ausencia” de obras impulsadas por el Estado nacional.

El dirigente también alertó sobre los efectos de la apertura de importaciones y la necesidad de resguardar a las empresas locales. “Si nuestra idea es que los consumidores argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo”, afirmó. En esa línea, remarcó que, aunque las compañías ineficientes podrían no subsistir en un esquema macroeconómico ordenado, “es imperativo proteger a las que sí lo son”.

A este cuadro se suma un mercado inmobiliario privado que continúa “tranquilo” y una recuperación del crédito hipotecario que, según Weiss, todavía no alcanza el volumen necesario para reactivar con fuerza la actividad. Así, pese a algunos indicios aislados de movimiento, la construcción sigue atrapada en un ciclo recesivo que profundiza la incertidumbre y el pesimismo en uno de los sectores históricamente más dinámicos de la economía.

El senador libertario Francisco Paoltroni volvió a quedar en el centro de la polémica tras asegurar que “comer carne es como andar en un Ferrari, es un lujo”, una frase que generó fuertes reacciones en el país históricamente identificado con la producción y el consumo de carne vacuna.

En la Argentina —donde durante décadas el consumo per cápita llegó a rozar los 100 kilos anuales y donde la carne formó parte habitual de la dieta semanal de millones de familias— la comparación con un auto de superlujo fue leída como una provocación y como un síntoma del cambio de época que atraviesa el mercado interno.

Las críticas se potenciaron por el propio perfil del senador: productor agropecuario y vinculado a la actividad ganadera, un sector tradicionalmente asociado al abastecimiento local además de la exportación. Para muchos, resulta llamativo que alguien con ese recorrido sostenga que hoy consumir carne sea equiparable a un lujo inaccesible.

En ese marco, la discusión de fondo gira en torno al destino de la producción vacuna, con un volumen creciente orientado a la exportación, y al impacto de los precios internos frente a salarios que no acompañan la inflación. Mientras desde el oficialismo se insiste en una mejora de los ingresos en términos de dólares, amplios sectores de la población señalan que el poder adquisitivo en el mercado local continúa deteriorado.

La frase de Paoltroni no solo reavivó el debate sobre el costo de vida, sino también sobre el modelo productivo y el acceso de los argentinos a uno de los alimentos más emblemáticos de su identidad cultural.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción bonaerense Augusto Costa presentaron el balance oficial de la temporada, que dejó los peores resultados desde la salida de la pandemia en términos de movimiento turístico e impacto económico en la Provincia de Buenos Aires.

Costa detalló que los datos relevados hasta el 22 de febrero confirman una caída generalizada en los principales indicadores del sector. Entre el 1° de diciembre y esa fecha ingresaron al territorio bonaerense 8,2 millones de turistas, lo que representa una baja del 1,2% respecto del año pasado. Sin embargo, el contraste más fuerte se observa frente a la temporada 2022/2023, cuando se había registrado un millón más de visitantes.

El deterioro no solo se reflejó en la cantidad de turistas, sino también en la duración de las estadías. Hasta la primera quincena de febrero, el promedio fue de cinco noches, un 4% menos que en la temporada anterior y un 6% por debajo de los niveles de 2022/2023. “Vino menos gente, estuvo menos tiempo y gastó muchísimo menos que en temporadas anteriores”, sintetizó el ministro.

El dato más crítico surgió del análisis del consumo. A partir de un relevamiento en 28 centros turísticos, realizado junto al Banco Provincia mediante el estudio de transacciones, se determinó que el gasto promedio de los turistas cayó un 25% interanual. Si la comparación se realiza contra la temporada 2022/2023, la contracción alcanza el 35%, lo que implica una fuerte pérdida de ingresos para hoteles, comercios, gastronomía y actividades recreativas.

Según Costa, el desplome del poder adquisitivo fue determinante en este resultado. El funcionario advirtió que “los ingresos para el sector turístico se desplomaron en estos dos años” y que la actividad queda “muy mal parada” de cara al resto del año.

Entre los factores explicativos, el ministro apuntó al encarecimiento relativo de los destinos locales frente a los internacionales. Aseguró que viajar al exterior llegó a resultar hasta un 50% más barato que vacacionar en la provincia o en otros puntos del país, situación que desde el Gobierno bonaerense atribuyen a la política cambiaria nacional y a la pérdida de competitividad del turismo interno.

Por su parte, Kicillof vinculó el balance negativo con el contexto económico nacional y cuestionó la gestión del presidente Javier Milei. “En la Argentina de Milei cerraron 22 mil empresas y hay un despido cada 4 minutos: estamos asistiendo a un plan de exterminio deliberado del sistema productivo y del sector turístico local, interno y nacional”, afirmó.

Con estos números oficiales, la temporada de verano cerró con un panorama crítico para uno de los motores económicos clave de la provincia, afectado de lleno por la caída del consumo y el deterioro del ingreso real de la población.

El último informe de la consultora Zuban Cordoba advierte que el 51% de la población se encuentra en “alerta roja” como consecuencia del deterioro de sus ingresos y su situación de empleo.

El estudio refleja un nivel creciente de preocupación social frente al impacto de la crisis en la vida cotidiana. Más de la mitad de los encuestados manifestó atravesar un escenario de fragilidad económica, con dificultades para sostener sus ingresos y perspectivas laborales inciertas.

La situación es aún más delicada entre los jóvenes de 18 a 30 años. En ese segmento, la falta de empleo aparece como la principal inquietud, señalada por el 34,5% de los consultados, lo que expone las barreras que enfrentan las nuevas generaciones para ingresar y mantenerse en el mercado de trabajo.

La economía real desplazó la "agenda política".
En nuestro último informe nacional, los bajos salarios y la falta de empleo consolidan el podio del malestar social frente a la inseguridad y la inflación.
Vamos con un informe express👇

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) February 28, 2026

El relevamiento se realizó sobre 1.500 casos en todo el país, con trabajo de campo desarrollado entre el 23 y el 26 de febrero de 2026. Los resultados describen un escenario atravesado por la incertidumbre y la vulnerabilidad económica, con un fuerte impacto en las expectativas de futuro.

Transporte público, alquileres, medicina prepaga, luz y agua subirán en simultáneo, configurando un escenario de fuerte presión sobre los ingresos en un contexto en el que la inflación mensual ronda el 2%–3%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Lejos de tratarse de ajustes aislados, se trata de subas acumulativas que se suman a los incrementos ya aplicados en los primeros meses del año y que afectan rubros esenciales de la vida cotidiana.

Transporte público: otro salto tras el 31% de febrero

El transporte vuelve a encabezar la lista de aumentos. Las líneas nacionales que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrán un incremento del 7,7% desde el 16 de marzo, tras el fuerte salto del 31% aplicado en febrero.

Con SUBE registrada, las tarifas quedarán así:

• 0 a 3 km: $700
• 3 a 6 km: $779,78
• 6 a 12 km: $839,86
• 12 a 27 km: $899,99
• Más de 27 km: $959,71

Sin SUBE registrada, los valores prácticamente se disparan:

• Hasta 3 km: $1.113
• 3 a 6 km: $1.239,85
• 6 a 12 km: $1.335,38
• 12 a 27 km: $1.430,98
• Más de 27 km: $1.525,94

En paralelo, los colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,9%, llevando el boleto mínimo a $681,85. Para quienes viajan todos los días, el impacto mensual se vuelve significativo y erosiona aún más el salario.

Alquileres: subas que superan el 100%

El mercado inmobiliario presenta uno de los escenarios más duros. Según el Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), los incrementos varían según el tipo de contrato, pero en muchos casos resultan abrumadores:

• Contratos bajo la derogada Ley de Alquileres: +33,89% (ICL).
• Contratos firmados en marzo de 2023: +149,34%.
• Actualización trimestral: +7,3%.
• Ley 27.737 con fórmula “Casa Propia”: +16,61% semestral.

La dispersión de regímenes convive con aumentos que, en algunos casos, multiplican varias veces la inflación mensual, profundizando la dificultad para sostener una vivienda en alquiler.

Prepagas: subas de hasta 3,2% y más presión en salud

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en marzo aumentos de entre 2,9% y 3,2%, en línea con la inflación de enero (2,9% según el INDEC). El ajuste también alcanza a los copagos.

Si bien el porcentaje parece menor frente a otros rubros, se suma a una cadena de incrementos previos y consolida a la salud privada como uno de los gastos fijos más pesados para la clase media.

Luz: aumentos de hasta 17%

En la provincia de Buenos Aires, las tarifas eléctricas subirán desde el 1° de marzo para usuarios de EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y cooperativas:

• Usuarios sin subsidios: +17%.
• Usuarios con subsidios: +12%.

El ajuste responde a la actualización de precios mayoristas y al Valor Agregado de Distribución (VAD), además del nuevo esquema de subsidios. En el AMBA aún se aguarda la confirmación de los incrementos para Edenor y Edesur.

Agua: actualización mensual del 4%

AySA continuará con su esquema de actualización mensual con tope del 4%, aprobado por el ERAS mediante la Resolución N° 53/25. El mecanismo combina el Índice de Salarios, el IPIM y el IPC.

Con esta suba, el valor promedio del servicio aumentará en $22.739, sumando otro ajuste a la lista de gastos fijos que deben afrontar los hogares.

Un marzo cargado de presión económica

El tercer mes del año llega así con un combo de incrementos simultáneos en servicios esenciales. Transporte, vivienda, salud y tarifas básicas vuelven a ajustarse en porcentajes que, en muchos casos, superan ampliamente la evolución de los salarios.

La acumulación de subas configura un escenario complejo para millones de familias, que deberán reorganizar sus presupuestos para absorber un nuevo y contundente golpe al bolsillo en marzo de 2026.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó duras críticas al ex presidente Mauricio Macri y reconoció públicamente que se equivocó al no haber condicionado el acuerdo político de 2015 en materia judicial.

Entrevistada por Jonatan Viale en ¿La ves?, por la señal Todo Noticias, Carrió fue contundente: “Cometí un grave error. Tendría que haber condicionado en el acuerdo con Mauricio el tema de la Justicia. Yo pacté que íbamos a luchar contra la corrupción, pero no acordé el tema de la Justicia. Me arrepiento”.

La exdiputada sostuvo que durante el gobierno de Macri se consolidó un esquema de influencia sobre los tribunales. “Él se quedó con la Justicia”, afirmó, en referencia a la designación de operadores y alfiles cercanos al entonces mandatario.

Críticas al entramado político-judicial

Carrió también cuestionó con dureza al sistema político en general. “En Argentina, por abajo, todos se juntan con todos. Existe un entramado mafioso que ya se veía en la época menemista: los jueces jugaban junto con los políticos al pádel”, señaló.

Recordó además supuestos vínculos y encuentros entre miembros del poder político y judicial en los años 90. “Desde entonces veo a fiscales y jueces viviendo en grandes quintas, veraneando con motos de agua y enormes piletas. Las reuniones famosas en el Sheraton de Pilar siempre fueron para que los miembros del poder se juntaran. Era el centro mismo de la mafia”, denunció.

En ese marco, apuntó contra la comisión de Reforma del Código Penal durante la gestión de Juntos por el Cambio. “A mí me da vergüenza todo ese juego desde esa vieja comisión donde estaba Mahiques. Era ese pequeño grupo que tenía Macri con Mahiques y Angelici”, afirmó, en referencia a Juan Bautista Mahiques y Daniel Angelici.

Debate por la ley de Glaciares

Finalmente, amplió sus críticas al debate por la reforma de la ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción en el Senado y propone reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras. “Tenemos que decidir si el bien más valioso de la humanidad va a ser el agua dulce o la explotación minera a gran escala. Hay un lobby minero impresionante acá. Esto es grave”, advirtió.

En una decisión que vuelve a poner bajo la lupa judicial al jefe de Gobierno porteño, la Corte Suprema revocó el sobreseimiento de Jorge Macri en la causa que investiga un presunto lavado de activos vinculado a la adquisición de un departamento en Miami en 2011 por más de US$400.000.

Con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Guillermo Sánchez, el máximo tribunal dejó sin efecto el cierre del expediente —que había sido confirmado en tres instancias— y ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal dictar un nuevo fallo contemplando los planteos del Ministerio Público Fiscal. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La investigación se centra en la compra de un inmueble en el edificio Icon, ubicado en Brickell Avenue, por US$402.963,62. La operación se realizó a través de la sociedad ICON UNIT 1704 LLC, constituida en Florida un mes antes de la adquisición. Según el expediente, los fondos provinieron de dos préstamos: uno del BAC Florida Bank por US$219.000 y otro de US$184.000 otorgado por la firma uruguaya Fawsley S.A.

En primera instancia, la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal de San Isidro, dictó el sobreseimiento al considerar acreditado el origen y la documentación de los préstamos. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín y luego por Casación, que entendió que los cuestionamientos de la fiscalía no justificaban reabrir la investigación.

Maniobras sospechosas

Sin embargo, el fiscal ante Casación, Mario Villar, recurrió a la Corte al sostener que no se había profundizado adecuadamente en medidas de prueba clave. Cuestionó especialmente la naturaleza del préstamo proveniente de la sociedad uruguaya, al sugerir que podría tratarse de una maniobra simulada y que no se acreditó de manera suficiente su cancelación. También señaló la cesión parcial del crédito a una firma panameña vinculada a un familiar del funcionario.

La mayoría del tribunal consideró que la sentencia de Casación no respondió de manera suficiente a esos argumentos y que algunos planteos fueron “dogmáticamente soslayados”. Si bien la Corte recordó que no le corresponde revisar cuestiones de hecho y prueba en un recurso extraordinario, afirmó que puede intervenir cuando detecta arbitrariedad o falta de fundamentación adecuada.

En disidencia, Rosenkrantz sostuvo que el recurso del fiscal carecía de fundamentación autónoma y defendió el criterio de las instancias anteriores, que descartaron la hipótesis delictiva tras analizar la prueba documental y pericial. También señaló que los fondos fueron declarados ante la AFIP y en el marco del sinceramiento fiscal previsto por la Ley 27.260.

Con esta resolución, el sobreseimiento pierde efecto y la Cámara de Casación deberá emitir un nuevo pronunciamiento. La causa, iniciada hace más de una década tras una denuncia de la Procelac, vuelve así al centro de la escena judicial y política, reabriendo el debate sobre el alcance de la investigación en casos de presunto lavado de activos que involucran a funcionarios públicos.

Los industriales santafecinos aseguran que las alarmas “pasaron de amarillo a rojo” en los últimos meses, en medio de un combo que combina tasas de interés elevadas, apreciación cambiaria que abarata importaciones y un mercado interno debilitado por la caída del poder adquisitivo.

La crisis industrial en Santa Fe suma nuevos indicadores que confirman el paso de una situación de alerta a un escenario crítico. Los industriales aseguran que las alarmas “pasaron de amarillo a rojo” en los últimos meses, en medio de un combo que combina tasas de interés elevadas, apreciación cambiaria que abarata importaciones y un mercado interno debilitado por la caída del poder adquisitivo.

Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), en diciembre de 2025 la actividad manufacturera provincial registró una caída interanual del 9,8%, con más de dos tercios de las ramas mostrando bajas en su producción. El retroceso no es coyuntural: entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representa una contracción del 4,9% en el entramado empresarial y del 5,6% en el empleo sectorial.

El deterioro impacta en un territorio históricamente industrializado y fuertemente vinculado a la producción metalmecánica, textil, plástica y papelera, rubros que hoy aparecen entre los más afectados por la competencia importada. Desde la asunción de Javier Milei, el sector denuncia un cambio en las condiciones macroeconómicas que tensiona al máximo la estructura productiva local.

En este contexto, la FISFE remarcó “la urgente necesidad de implementar una política industrial a nivel nacional” que promueva una inserción inteligente en los mercados globales, proteja a los sectores transables de la competencia desleal y corrija los principales factores de pérdida de competitividad: costos logísticos, financiamiento productivo, presión impositiva y costos laborales no salariales, además de impulsar la recuperación del mercado interno.

Javier Martín, presidente de la entidad, advirtió en diálogo con PERFIL que la industria santafesina enfrenta “un mercado interno que no reacciona; las cadenas de pago se estresan, muchas empresas están endeudadas y tienen que bajar su producción o cerrar”. Si bien señaló que no hubo grandes conflictos laborales porque los despidos se realizaron con indemnizaciones conforme a convenio, alertó que el empleo industrial es difícil de recomponer: “Por cada puesto directo hay tres indirectos vinculados a servicios como catering, limpieza o seguridad”.

Las perspectivas tampoco son alentadoras. “Enero pinta mal y la mayoría de las regionales nos dio un panorama muy sombrío por lo que va de febrero”, sostuvo Martín al proyectar el inicio de 2026.

Uno de los focos más críticos es la cadena de pagos. El informe de la FISFE señala que en diciembre la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos creció un 205% interanual, mientras que el monto nominal involucrado se disparó un 311%. Además, el 23,7% de las empresas industriales considera que su situación financiera actual es mala.

Con empresas que cierran, producción en retroceso y un sistema financiero cada vez más tensionado, la crisis industrial golpea con fuerza a Santa Fe y profundiza el deterioro de uno de los principales motores productivos del país.