La polémica por los viajes del Jefe de Gabinete libertario sumó un nuevo capítulo cuando la diputada nacional Marcela Pagano, integrante del mismo espacio político pero que decidió conformar un bloque propio en el congreso, presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

El escándalo por el presunto uso de recursos y gastos incompatibles con los ingresos declarados por Manuel Adorni comenzó a generar fuertes fricciones dentro del propio espacio libertario. La polémica sumó un nuevo capítulo cuando la diputada nacional Marcela Pagano, integrante del mismo universo político, presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

La legisladora tomó la decisión luego de que trascendieran detalles de un vuelo privado que el funcionario del gobierno de Javier Milei realizó junto a su familia hacia Punta del Este, durante el feriado de carnaval.

La presentación judicial se originó tras la difusión de documentos que revelaron que la familia del exvocero presidencial viajó a Uruguay a bordo de un avión Hondajet con matrícula LV-HWA. El vuelo despegó el jueves 12 de febrero a las 20.21 desde Buenos Aires y aterrizó en Punta del Este apenas 35 minutos después.

A partir de esa información, Pagano cuestionó el costo del traslado y planteó que el gasto no se correspondería con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete. La sospecha tomó fuerza luego de que un allegado al dirigente libertario confirmara públicamente que el propio Adorni habría pagado el viaje.

El propio funcionario había reconocido su presencia en Uruguay durante una entrevista televisiva e intentó desestimar las críticas. “Yo fui a Punta del Este, pero de mi vida privada no hablo. El viaje me lo pagué todo yo, de punta a punta”, aseguró.

En ese traslado, Adorni estuvo acompañado por su esposa Bettina Angeletti, dos menores de edad y el periodista Marcelo Grandio. El conductor de la TV Pública confirmó en televisión que el jefe de Gabinete pagó el vuelo privado y que él asistió como invitado.

Tras formalizar la denuncia, Pagano volvió a cuestionar al funcionario en sus redes sociales y dejó en evidencia las tensiones internas dentro del oficialismo. “Presenté una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco. ‘Porque en la Argentina que viene, el que las hace las paga’, ¿era así el eslogan, verdad?”, escribió la diputada del bloque Coherencia.

Ay ay ay @madorni de no tener para el café, de tu humilde programa grabado en un living de un departamento, sin escalas a comprar en Prada. Se ve que le estás sacando con tu familia un buen jugo al cargo, mientras los argentinos sufrimos el industricidio que vos militas, nos… pic.twitter.com/4r4MQUZwt7

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 11, 2026

La polémica se produce además en medio de otro foco de cuestionamientos contra el funcionario por el viaje de su pareja a Nueva York en el avión presidencial durante una gira oficial de Milei a Estados Unidos. Ese episodio motivó críticas de la oposición luego de que trascendiera que Angeletti integró la comitiva que acompañó al mandatario.

En ese contexto, diputados nacionales del bloque Unión por la Patria (UxP) presentaron un pedido de informes para que Adorni brinde explicaciones en el Congreso sobre el traslado, el alojamiento y los gastos vinculados al viaje de su cónyuge. La bancada opositora también solicitó que el jefe de Gabinete detalle el origen de los fondos utilizados para el vuelo privado a Uruguay y advirtió que la Cámara baja podría avanzar con mecanismos de interpelación previstos en la Constitución Nacional.

Mientras la oposición presiona por explicaciones, el dato político más sensible es que la denuncia partió desde el propio espacio libertario, una señal de que el escándalo ya empieza a abrir grietas internas dentro del oficialismo.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este martes seis nuevos edificios educativos en el municipio de Ezeiza y aprovechó la jornada para marcar fuertes diferencias con el presidente Javier Milei.

El mandatario recorrió las nuevas instalaciones junto a la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y el intendente local, Gastón Granados, en una serie de inauguraciones que incluyeron la puesta en marcha de la Escuela Secundaria Especializada en Arte N°1 —la primera de este tipo en el distrito— y el nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°16, que cuenta con una matrícula de 1.387 estudiantes. Ambas obras habían sido paralizadas por el Gobierno nacional y fueron retomadas por la Provincia.

Durante la jornada también se inauguraron la Escuela Técnica N°2 de Tristán Suárez y los edificios de las escuelas secundarias N°11 del barrio Santa Marta y N°14 de Carlos Spegazzini. Además, Kicillof puso en funcionamiento la ampliación de la Escuela Secundaria N°9, que sumó ocho aulas y un Salón de Usos Múltiples (SUM), y firmó un convenio para crear un Centro de Formación Profesional Integral en el distrito. La inversión total en infraestructura educativa alcanzó los 14.769 millones de pesos.

Los pibes y pibas bonaerenses cuentan con una escuela pública que los recibe y trabaja incansablemente para darles un destino y un futuro mejor. pic.twitter.com/pTf4XLhHsi

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 11, 2026

“Hoy es un día histórico para la provincia de Buenos Aires: inauguramos seis nuevas escuelas que van a mejorar los procesos de aprendizaje de miles de pibes y pibas de Ezeiza”, sostuvo el gobernador, y remarcó que la provincia está alcanzando “un récord en infraestructura educativa”, pese a que —según afirmó— el Gobierno nacional paralizó la construcción de 80 edificios escolares en territorio bonaerense.

En ese contexto, Kicillof cuestionó el modelo del Ejecutivo nacional y señaló que la idea de libertad que impulsa Milei “es terriblemente cruel en una sociedad donde la mayoría no cuenta con los recursos necesarios”. “Frente a ese modelo que excluye, nosotros respondemos con un Estado presente que se esfuerza el doble para terminar las obras que garantizan dignidad e igualdad de oportunidades”, afirmó.

Por su parte, Terigi destacó que la concreción de estas obras fue posible gracias a “la decisión política y el compromiso con la educación pública” del Gobierno bonaerense. “Estas nuevas instituciones no son solo edificios: son espacios donde se crean oportunidades y se construyen proyectos de futuro”, expresó.

El intendente Granados, en tanto, aseguró que las inauguraciones ratifican que la educación pública “es una prioridad” en el distrito y recordó que desde el inicio de la gestión de Kicillof ya se construyeron 18 nuevas escuelas en Ezeiza.

Al cierre de la jornada, el gobernador volvió a insistir con el eje de su mensaje: “Cada obra paralizada representa sueños truncos. En la Provincia tenemos una mirada distinta: la educación no es un negocio ni una mercancía, es un derecho que debe alcanzar a todos y todas”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó una denuncia penal contra el diputado y ex ministro de Defensa Luis Petri por calumnias, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión, en un nuevo episodio de enfrentamiento interno que expone la creciente distancia entre la titular del Senado y dirigentes cercanos al presidente Javier Milei.

La presentación judicial fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py, luego de que Petri afirmara en televisión que Villarruel “apostó por el fracaso del Gobierno” y que incluso se habría ofrecido como alternativa presidencial mientras integra la actual gestión.

El conflicto se originó tras el discurso de Milei durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación Argentina. En ese contexto, Petri sostuvo públicamente que la vicepresidenta “no ha estado a la altura de las circunstancias” y sugirió que el mandatario hacía referencia a ella cuando mencionó a quienes, desde dentro o fuera del Gobierno, esperarían un fracaso de su gestión.

“Claramente, cuando el presidente hablaba de quienes desde dentro o fuera del gobierno esperaban su caída, hacía referencia a una vicepresidenta que no ha estado a la altura”, afirmó el exministro, quien además insinuó que Villarruel podría haber aspirado a la presidencia.

La vicepresidenta respondió primero en redes sociales, donde calificó a Petri como un “cosplayer”. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, escribió.

El cruce escaló rápidamente. Petri respondió con dureza y acusó a la vicepresidenta de ser “golpista”, lo que terminó de tensar el enfrentamiento público.

Tras ese intercambio, Villarruel decidió avanzar en la vía judicial y radicó una denuncia penal por “calumnias o falsa imputación, injurias, infracción del artículo 213 bis del Código Penal y otros atentados contra el orden público”, además de una supuesta “amenaza de rebelión”.

El artículo citado prevé penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes integren agrupaciones que busquen imponer ideas o combatir las ajenas mediante la fuerza o el temor.

El episodio suma un nuevo capítulo a las fricciones entre Villarruel y dirigentes alineados con el núcleo político del presidente Milei, una relación que en los últimos meses se ha vuelto cada vez más tirante y que empieza a trasladarse con mayor frecuencia al terreno público y judicial.

La empresa registró una caída del 50% en sus ventas en los últimos dos años, lo que la llevó a apagar los hornos de su planta en Tortuguitas y reestructurar completamente su negocio.

La histórica fábrica de termos Lumilagro dejó de producir termos de vidrio en el país tras 83 años de actividad, en un contexto de fuerte crisis del mercado interno y creciente competencia de productos importados. La empresa registró una caída del 50% en sus ventas en los últimos dos años, lo que la llevó a apagar los hornos de su planta en Tortuguitas y reestructurar completamente su negocio.

Como consecuencia del derrumbe de la demanda y del ingreso masivo de termos importados —legales y de contrabando— la firma redujo su plantilla de 220 a 50 trabajadores directos, con 170 desvinculaciones mediante retiros voluntarios. El proceso implicó el cierre de la producción local de ampollas de vidrio y una fuerte reducción en la fabricación de termos de acero.

Ante este escenario, la compañía decidió trasladar gran parte de su producción al exterior: las ampollas de vidrio ahora se importan desde India y Vietnam, mientras que los termos de acero se fabrican en China. Según la empresa, producir en el exterior permite aprovechar economías de escala y reducir costos, aunque implica abandonar parte de la histórica producción nacional.

El caso refleja las dificultades que atraviesa la industria orientada al mercado interno, afectada por la caída del consumo y la presión de productos importados más baratos. La consecuencia directa es menos producción local, pérdida de empleo industrial y una mayor dependencia de bienes fabricados en el exterior.

En medio de la creciente escalada y ampliación del conflicto en Medio Oriente, fuertes trascendidos indican que el Gobierno argentino estaría evaluando la posibilidad de enviar tropas nacionales a la guerra en curso contra Irán para colaborar con las fuerzas de Estados Unidos e Israel.

La versión, que comenzó a circular en ámbitos políticos y periodísticos, implicaría un giro histórico en la diplomacia y en la estrategia internacional de la Argentina. El debate se da en un contexto marcado por la estrecha relación del presidente Javier Milei con su par estadounidense Donald Trump y por el alineamiento cada vez más explícito de la Casa Rosada con Washington y Tel Aviv.

Según informó este miércoles el periodista de El Destape Jonathan Heguier, fuentes de la Casa Rosada aseguraron que, en caso de que Estados Unidos lo solicitara formalmente, el Gobierno argentino “consideraría el pedido y avanzaría” con el eventual envío de escuadrones de las Fuerzas Armadas para participar del conflicto en Medio Oriente.

Las mismas fuentes aclararon que hasta el momento no existe un requerimiento oficial por parte de Washington. Sin embargo, la posibilidad comenzó a tomar fuerza luego de recientes declaraciones de Milei, quien se definió como “el presidente más sionista del mundo”, llamó a “defender el legado de Occidente” y afirmó: “Vamos a ganar la guerra” declarando de esta manera el estado de beligerancia a titulo personal.

Aquellas afirmaciones generaron un fuerte revuelo político y diplomático, lo que llevó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a matizar los dichos del mandatario. “No participamos de la guerra, pero sí de un apoyo, una filosofía y una alineación con Estados Unidos e Israel contra un régimen que amenaza la estabilidad internacional”, sostuvo entonces el funcionario.

Mientras tanto, desde el Gobierno evitan realizar declaraciones oficiales sobre la posibilidad de enviar tropas, aunque el tema ya comenzó a instalarse en el debate público ante las implicancias militares, políticas y diplomáticas que tendría una decisión de ese calibre para la Argentina.

El 20 de febrero, Ali Peralta, secretario político nacional de la OLA, recibió en su domicilio de la capital jujeña una notificación de la Policía Federal para presentarse en la fiscalía federal. La citación se debe a una investigación iniciada por una denuncia realizada en julio de 2025 por un soldado del ejército israelí de origen argentino que vive en territorios palestinos ocupados como reservista de las FDI.

Por Joshua Lentulus Aivazian.

La denuncia original imputaba a Peralta los delitos de “terrorismo, apología de la violencia y posible acción en banda”. A raíz de esta presentación, la organización denuncia que el dirigente fue objeto de “seguimiento y espionaje por parte de la Policía Federal durante meses en su trabajo, hogar y demás actividades”, lo que consideran una vulneración de su derecho a la intimidad. “Buscando pruebas ante tamaña denuncia encontraron que es un trabajador y padre de familia, que así como está comprometido con nuestro pueblo y la nación Argentina, también apoya la Causa Palestina y su lucha contra la ocupación”, afirma el comunicado oficial de la OLA el pasado martes 3 de marzo.

Sin embargo, lejos de archivar el caso, la organización señala que los fiscales intervinientes decidieron “dar curso a la persecución” modificando la carátula a “discriminación por antisemitismo”. El Secretariado Nacional de la OLA concluye afirmando su decisión de ir a juicio “con la convicción de sostener nuestros valores, nuestros principios, nuestras verdades, y nuestra posición histórica, política y cultural, intransigente e irreductible, de resistencia nacional popular contra el sionismo”.

El caso de Ali Peralta, se suma a la lista de personas víctimas de persecución y censura con la complicidad de las instituciones del Estado argentino. Vulneran derechos y garantías constitucionales en vísperas de conmemorarse 48 años del golpe cívico-militar de 1976. Lejos de ser un retroceso, reflejan una alarmante renovación del propósito en el uso represivo del aparato estatal, actualizando viejas prácticas con nuevos ropajes discursivos.

Para comprender la gravedad del momento, es menester mirar por el espejo retrovisor. Los fundamentos ideológicos de la dictadura de Videla operaban en dos dimensiones. Puertas adentro, el objetivo declarado era preservar la “organización nacional” y los “valores cristianos” frente a la amenaza subversiva. En el plano exterior, significaba una extensión del alineamiento internacional con Estados Unidos en el marco del Plan Cóndor.

El objetivo oficial de dicho plan era exterminar cualquier célula subversiva alineada con Moscú en el contexto de la Guerra Fría. Pero en la práctica, su misión fue la destrucción de los movimientos patriotas que luchaban por la soberanía y la justicia social, socavando la independencia y la libertad de nuestros pueblos. Fueron perseguidos sindicatos, organizaciones estudiantiles, artistas e intelectuales, instaurando un verdadero terrorismo de Estado sobre el conjunto de la sociedad.

Hoy nos encontramos con una inquietante reedición de aquel escenario. La bipolaridad Este-Oeste murió, pero la resurrección semántica del “enemigo” se perpetúa con violencia desde el discurso del movimiento libertario. Este discurso viene acompañado de alineamientos explícitos con un occidente supremacista y belicista, teniendo como ejes centrales a Estados Unidos e Israel.
No es casual. Los Acuerdos de Abraham, la reivindicación de una alianza evangélico-sionista, y la humillación y persecución pública de quienes critican los actos de genocidio cometidos por Israel sobre el pueblo palestino, son tan solo el espejo histórico de uno de los momentos más oscuros de la historia argentina.

Hoy, desde el Estado y sus instituciones, se persigue a quienes denuncian estos crímenes. Y, como complemento perverso, se impulsa el negacionismo sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura, llegando incluso a su reivindicación como un acto “necesario” y “positivo”. Este revisionismo grotesco corre en paralelo a los actuales discursos de simpatía hacia las políticas genocidas y belicistas de figuras como Trump y Netanyahu.

La denuncia contra Ali Peralta, orquestada desde el extranjero y validada por una fiscalía federal que cambió la carátula para sostener la acusación, es un ejemplo perverso de este retroceso histórico. Se persigue a quienes se oponen al discurso oficial, se quiere subordinar al país a los dictámenes de potencias hostiles a cambio de fotos y reconocimientos hacia el presidente, y se quiere reescribir la historia para justificar el presente.

Frente a esta renovación del propósito represivo del aparato del Estado, la respuesta no puede ser otra que la misma de siempre: una batalla tras otra en defensa de nuestras libertades, la soberanía y la justicia social. Porque, como ayer, hoy también es una batalla más. Y es necesario, hoy más que nunca, no dormir en los laureles de efemérides simbólicas, sino despertar en la realidad de la lucha por nuestros derechos.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del núcleo duro del Gobierno con una reacción cargada de ironía frente a la polémica por el viaje a Nueva York del jefe de Gabinete y vocero presidencial Manuel Adorni junto a su esposa.

En medio de una relación cada vez más deteriorada con el resto del oficialismo, Villarruel reposteó en su cuenta oficial de Instagram un mensaje crítico que apuntaba al funcionario por la controversia generada en torno a los viajes oficiales. El mensaje, acompañado por un fragmento de una entrevista a Adorni, incluía una frase irónica: “El ajuste lo va a pagar la política… jajajaja”.

El gesto fue leído en la Casa Rosada como un nuevo capítulo de la interna que enfrenta a la vicepresidenta con el armado político que responde al presidente Javier Milei. La tensión se da, además, en un momento particular: Villarruel ejerce de manera interina las funciones presidenciales mientras Milei se encuentra de gira internacional.

La polémica se desató luego de que se conociera que Adorni viajó a Nueva York acompañado por su esposa, Bettina Julieta Angeletti, como parte de la comitiva que acompañó al mandatario en el evento Argentina Week. La presencia de Angeletti generó cuestionamientos y críticas en redes y en la oposición, especialmente por el contraste con una de las principales consignas del oficialismo: la reducción del gasto estatal.

Ante los cuestionamientos, Adorni defendió la decisión. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, explicó.

El funcionario también señaló que Angeletti tenía previsto viajar previamente a Miami el 26 de febrero, pero que el cambio en su agenda motivó que finalmente lo acompañara en el vuelo oficial.

En ese contexto, la reacción de Villarruel volvió a evidenciar la distancia política dentro de La Libertad Avanza. Si bien la vicepresidenta no fue la autora original del mensaje —publicado por una cuenta llamada @Apoyoavictoria—, la decisión de republicarlo amplificó la crítica y sumó un nuevo round de chicanas dentro del oficialismo.

Un dato alarmante refleja con crudeza la profundidad de la crisis económica: seis de cada diez trabajadores asalariados en Argentina se ven obligados a saltearse comidas por falta de dinero, incluso durante su jornada laboral.

Así lo revela una encuesta difundida el 10 de marzo de 2026 por la Universidad Católica Argentina (UCA), realizada sobre 1.171 trabajadores de distintas ciudades del país, en el marco del debate sobre la reforma laboral.

El informe, elaborado para la empresa Edenred, indica que el 61,1% de los asalariados ha dejado de alimentarse durante su horario de trabajo debido a restricciones económicas. Dentro de ese universo, el 46,7% lo hace ocasionalmente y el 14,4% de manera habitual, lo que expone un deterioro profundo de las condiciones de vida incluso entre quienes tienen empleo registrado.

Trabajar y no poder comer

El estudio advierte que la crisis no solo impacta en la cantidad de alimentos, sino también en su calidad. El 78,5% de los trabajadores opta por comidas menos nutritivas para abaratar costos, una tendencia que se intensifica entre quienes perciben ingresos inferiores a $800.000 mensuales.

La problemática golpea con mayor fuerza a jóvenes de entre 18 y 29 años, a trabajadores de menores ingresos, a empleados no calificados y a quienes se desempeñan en pequeñas empresas, donde los beneficios corporativos vinculados a la alimentación son menos frecuentes.

Ianina Tuñón, investigadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, explicó que la economía personal determina directamente la calidad de la alimentación. Según el estudio, más de la mitad de los trabajadores ha debido saltearse comidas o elegir alimentos menos nutritivos por razones económicas, mientras que solo el 16,5% declara no sufrir ningún tipo de privación alimentaria.

La presión también se observa en el gasto cotidiano: el 43,9% de los asalariados destina entre $5.000 y $10.000 por día para alimentarse, mientras que un 36,1% debe arreglarse con menos de $5.000 diarios.

Desigualdad regional y diferencias entre sectores

La encuesta también revela fuertes disparidades geográficas. En el Nordeste argentino (NEA), el 50,1% de los trabajadores reconoce que no come durante su jornada laboral, uno de los niveles más altos del país.

Las diferencias también aparecen entre sectores: en el ámbito privado el 17% de los asalariados no ingiere alimentos durante el horario de trabajo, mientras que en el sector público la cifra se eleva al 33%.

Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos de Edenred, subrayó la gravedad del fenómeno: “Una cosa es comer mal o poco y otra es pasar entre ocho y doce horas sin comer nada. También sorprende que más de la mitad de los trabajadores no reciba ningún aporte de alimentación por parte de su empleador”.

Alimentación y reforma laboral

El informe también vincula la problemática con la reciente reforma laboral, que modificó un artículo para ampliar los beneficios alimentarios considerados como beneficios sociales.

La nueva normativa permite incluir comedores externos o tarjetas de alimentación para comercios cercanos, sin que esos montos formen parte del salario imponible.

Según Granatelli, garantizar la alimentación de los trabajadores no es solo una cuestión social, sino también productiva: “Un trabajador que come bien está más sano, tiene menos accidentes laborales, falta menos y es más productivo”.

El estudio deja al descubierto un dato inquietante de la coyuntura: en medio de la crisis, incluso tener empleo dejó de ser garantía de una alimentación adecuada.

El sistema universitario argentino comienza marzo atravesado por una crisis profunda. Un paro de personal docente y no docente posterga el inicio del ciclo lectivo hasta el próximo 16 de marzo y expone el creciente conflicto por el financiamiento de las universidades públicas y la pérdida salarial de sus trabajadores.

La medida de fuerza combina distintos niveles de protesta gremial. Mientras la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) convocaron a un cese de actividades de 24 horas, la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) resolvió iniciar una huelga por tiempo indeterminado hasta obtener una recomposición salarial. El gremio reclama un aumento del 51%, en contraste con la propuesta oficial del 12,3% a pagar en cuotas.

El retraso en el comienzo de clases refleja un conflicto más amplio que atraviesa a todo el sistema universitario nacional. Los sindicatos exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la apertura inmediata de paritarias, denunciando que el Gobierno nacional mantiene congelada la negociación salarial formal desde 2024.

Conflicto por financiamiento y salarios

El núcleo de la disputa se vincula con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, cuya implementación fue suspendida por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 795/2025. El Gobierno sostuvo que la norma no habilitaba gastos de manera explícita, lo que derivó en una presentación judicial colectiva del Consejo Interuniversitario Nacional para declarar la inconstitucionalidad de ese decreto.

Desde ADUBA advierten que la falta de negociación salarial agravó el deterioro de los ingresos en el sector. Su secretario general, Emiliano Cagnacci, señaló que la ausencia de paritarias desde 2024 provocó un retraso que hoy resulta insostenible para los trabajadores del sistema universitario.

Según explicó el dirigente, el reclamo involucra a todo el entramado laboral de las universidades públicas: docentes, no docentes, investigadores y personal de salud de los hospitales universitarios. En ese marco, el paro busca presionar al Gobierno para que convoque a paritarias y cumpla con la legislación vigente sobre financiamiento.

La postura de AGD-UBA es aún más contundente. El gremio condicionó el regreso a las aulas a una recomposición salarial que compense la pérdida acumulada frente a la inflación.

Su secretaria general, Laura Carboni, denunció que el Ejecutivo intenta evitar el cumplimiento de fallos judiciales favorables a los trabajadores mediante modificaciones legislativas. Según detalló, mientras el reclamo sindical plantea una actualización del 51%, el Gobierno propone un aumento del 12,3% dividido en tres cuotas, cuya última se abonaría recién en septiembre.

Además de la huelga, el plan de lucha incluye movilizaciones, cortes y permanencias en facultades y colegios universitarios de todo el país bajo la consigna de una “huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública”.

Escalada del conflicto

La paralización en la UBA comenzará formalmente el 16 de marzo, pero el desarrollo del conflicto tendrá un nuevo punto de evaluación el 20 de marzo, cuando se realice una asamblea para definir la continuidad o eventual profundización de la huelga.

Los gremios insisten en la plena aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley original, que establecen la actualización automática de salarios y becas estudiantiles de acuerdo con la inflación, con el objetivo de evitar la pérdida del poder adquisitivo dentro del sistema universitario.

Lo hizo durante la apertura de la Argentina Week en Nueva York, un evento orientado a atraer inversores internacionales, donde también apuntó directamente contra Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate.

“Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil”, afirmó el mandatario durante su exposición. En ese marco, rechazó las acusaciones de sectores que lo señalan como “antiempresa”. “Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, que fuera el ataque a un liberal”, sostuvo.

Durante su discurso en la sede de JP Morgan, Milei acusó a ambos empresarios de haberse beneficiado durante años de un sistema de protección estatal y los calificó como “empresarios prebendarios”. “Rocca y Madanes en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos, pero eso se terminó: se terminó la Argentina corrupta”, afirmó.

Las críticas más duras estuvieron dirigidas a Madanes Quintanilla, a quien el Presidente acusó de presionar al Gobierno para mantener barreras comerciales que favorecían a la producción de aluminio de Aluar. Según relató, el empresario habría advertido que despediría trabajadores si se modificaba ese esquema.

“Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral… y nos tiró 920 trabajadores a la calle. Esto no es un juego de niños”, aseguró Milei.

El jefe de Estado utilizó ese ejemplo para cuestionar los sistemas de protección comercial. “Si los neumáticos costaban 100 dólares y el político pone una pared enorme para que no se puedan importar y hay que pagarlos 400, eso es un problema”, explicó. Según el Presidente, la eliminación de esas barreras permitiría a los consumidores acceder a productos más baratos y destinar el dinero restante a otros sectores de la economía.

En esa línea, defendió la apertura comercial y cuestionó a quienes critican lo que denominan “apertura indiscriminada”. “Están reclamando por cazar en el zoológico”, sostuvo. Y remató con una frase que sintetizó su postura: “El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.

Además, Milei insistió en que su gobierno busca romper con el esquema histórico de relación entre política y empresas. “Nos estamos sacando de encima a los que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y empresarios prebendarios”, afirmó.

El “riesgo kuka” como chivo expiatorio

En otro tramo de su intervención, el mandatario volvió a responsabilizar al kirchnerismo por las dificultades para reducir el riesgo país. Según explicó, el denominado “riesgo kuka” —la posibilidad de un eventual regreso del kirchnerismo al poder— sigue afectando la percepción de los mercados.

“Cuando fue la elección el riesgo país estaba en 2500 puntos básicos. Hoy está en 550. Pero todavía el riesgo kuka, ese escenario catástrofe, ese cisne negro, sigue causando daño para lo que serían las colocaciones más allá de 2027”, afirmó.

Milei sostuvo que ese factor continúa influyendo en el costo del financiamiento internacional para la Argentina. “Estamos haciendo todo para terminar de una vez por todas con el populismo y en especial con el kirchnerismo”, agregó.

Según el Presidente, si el riesgo país se mantiene en torno a los 550 puntos básicos la economía podría crecer entre 4% y 5% anual. En cambio, si descendiera a niveles cercanos a los 220 puntos, el crecimiento podría ubicarse entre el 7% y el 8%.

“Eso implicaría que la Argentina podría estar duplicando el PBI cada nueve o diez años”, concluyó