El Banco Central informó que no existen contratos que sustenten el envío del oro argentino a Londres lo que arroja un manto de dudas sobre la operación impulsada por Toto Caputo.

El Banco Central admitió oficialmente que no existen contratos que respalden el envío de los lingotes de oro argentinos al exterior, una confesión que deja a las autoridades económicas al borde de una investigación penal. En una respuesta formal a la Auditoría General de la Nación (AGN), la entidad fue categórica: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior no existen”. La inexistencia de respaldo contractual abre un flanco judicial de enorme gravedad.

La historia no comenzó esta semana. En julio del año pasado, cuando se reveló que Luis Caputo y Santiago Bausili habían sacado las reservas de oro del país en un operativo reservado, se inició una secuencia de silencios, evasivas y negativas oficiales. Hoy, esa estrategia quedó desmentida por el propio Banco Central.

Durante la madrugada, en un procedimiento sin precedentes, el Central cargó lingotes de oro valuados en cerca de USD 5.000 millones en un avión comercial y los envió al exterior sin dejar rastro documental: sin contratos, sin informes jurídicos, sin registros administrativos y sin posibilidad de auditoría. Una escena más propia de una novela policial que de la gestión de activos estratégicos del Estado. Pero ocurrió.

¿Donde está el oro?

Lo más grave es que el Banco Central reconoció ante la AGN que durante todo 2024 no existieron contratos registrados por el envío del oro. Ni al momento de la operatoria ni al cierre del ejercicio. La respuesta oficial fue aún más extrema: no se elaboraron dictámenes legales porque, directamente, “no hay contratos”. Este punto deberá ahora ser evaluado en sede judicial, donde ya se exigen explicaciones.

La admisión deja sin sustento cualquier intento de auditoría sobre una operación valuada en USD 4.981 millones. Sin contratos, no hay nada que auditar. Como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado.

La presunción de delito se apoya en hechos concretos. Los funcionarios del Banco Central no administran bienes privados: custodian activos públicos. La falta de respaldo contractual no es un error administrativo menor, sino un elemento que puede configurar responsabilidad penal. Cuando un activo estratégico pierde trazabilidad, la responsabilidad deja de ser institucional y pasa a ser personal.

El expediente ya escaló al plano judicial y el margen para seguir ocultando información se reduce. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Central entregar información precisa y fue explícita en su reproche: las excepciones al acceso a la información pública no pueden depender de una decisión unilateral del funcionario obligado. Si el Estado invoca confidencialidad, debe demostrar un daño concreto. No alcanza con alegar riesgos genéricos.

En paralelo, la AGN quedó habilitada para avanzar con acciones legales por entorpecimiento de auditoría tras la jura de los nuevos auditores.

El contexto internacional vuelve todo aún más sensible. El oro cotiza cerca de los USD 4.400 la onza, un récord histórico que funciona como salvavidas contable para un Banco Central con reservas líquidas en rojo. Según estimaciones de LCG, las reservas netas reales rondarían los USD 18.000 millones negativos. Sin el efecto precio del oro, el agujero sería todavía mayor.

La paradoja es evidente: los lingotes siguen computando como reservas aunque nadie diga dónde están. No se sabe si están en Londres, en Basilea, si generan algún rendimiento o si fueron entregados como garantía para obtener dólares frescos.

Carlos Rodríguez, uno de los arquitectos del programa económico de Javier Milei durante la campaña y desplazado al asumir el gobierno, calificó el episodio como “simplemente insólito”. Advirtió que el oro podría haber sido usado como garantía de un préstamo ya consumido y reclamó conocer la ubicación exacta de todos los activos y pasivos del Central.

Rodríguez fue más allá: además del oro, exigió información sobre los dólares de los encajes bancarios y la publicación de la serie semanal de reservas internacionales netas según la metodología del FMI.

En ese marco, crece la sospecha del mercado sobre el pago del vencimiento de USD 1.000 millones de Bopreal con depósitos de los ahorristas. Con reservas netas negativas por USD 18.000 millones, la única caja líquida disponible serían los encajes bancarios. El resto —swap con China y créditos del Fondo— no se puede usar.

El nuevo sistema divide a la población únicamente en “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”, lo que impactará fuertemente en la clase media y en regiones de alto consumo como la Patagonia.

El Gobierno nacional confirmó el fin del esquema de segmentación en las tarifas de luz y gas y avanzó hacia un nuevo sistema que reducirá drásticamente el alcance de los subsidios energéticos a partir de 2026. Con la eliminación de los niveles N1, N2 y N3, la asistencia estatal quedará limitada a una clasificación binaria: “hogares con subsidio” y “hogares sin subsidio”, una modificación que tendrá un fuerte impacto en la clase media y en regiones de alto consumo, como la Patagonia.

La decisión quedó formalizada tras el cierre de la consulta pública dispuesto por la Resolución 592/2025, que habilita la implementación del nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). La Secretaría de Energía confirmó que el proceso de participación ciudadana concluyó el 20 de diciembre y que el nuevo esquema comenzará a regir el 1 de enero de 2026.

A diferencia del sistema vigente, que contemplaba una categoría intermedia para ingresos medios, el nuevo modelo elimina cualquier gradación. De este modo, miles de usuarios que actualmente reciben subsidios parciales pasarán a pagar la tarifa plena. El cambio afectará especialmente a hogares de clase media y a zonas con mayor demanda energética, donde los incrementos en las facturas serán más pronunciados.

El rediseño responde según el gobierno a un objetivo fiscal: reducir el gasto público y trasladar progresivamente el costo real de la energía a los usuarios. Para ello, el Gobierno estableció criterios de elegibilidad más estrictos que los actuales, lo que dejará fuera del beneficio a una parte significativa de quienes hoy integran el Nivel 3.

El principal requisito para conservar el subsidio será el ingreso total del grupo familiar, que no podrá superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT). A valores estimados de diciembre de 2025, ese límite ronda los $3.640.000 mensuales. Hasta ahora, el tope permitido era de 3,5 canastas, por lo que la reducción del umbral implicará la exclusión automática de numerosos hogares del sistema de asistencia estatal.

La Justicia federal ordenó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que informe el destino de los lingotes de oro enviados al exterior durante la gestión de Luis Caputo, luego de que el organismo se negara de manera reiterada a brindar esa información y alegara una “reserva total” sin fundamentos suficientes.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó este lunes un fallo de primera instancia y dio lugar al amparo presentado por la Asociación Bancaria en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. El tribunal consideró que el BCRA vulneró los principios de transparencia y máxima divulgación al negar sistemáticamente los datos requeridos.

En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V sostuvo que la autoridad monetaria no logró justificar de manera concreta por qué ocultó información clave sobre el envío de lingotes de oro fuera del país. Según el fallo, la negativa oficial se apoyó en “meras afirmaciones genéricas” que impidieron verificar si la reserva invocada era legítima.

“La forma en que la demandada respondió a los requerimientos resulta incompatible con los principios de publicidad, máxima divulgación y transparencia”, afirmaron los magistrados. La Cámara recordó además que el Banco Central también se había negado a informar a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el destino del oro.

El reclamo judicial se originó a partir de varios pedidos de acceso a la información presentados en julio y agosto de 2024, en los que se solicitaban precisiones sobre los envíos de lingotes al exterior, las decisiones administrativas que los autorizaron, los funcionarios intervinientes, los expedientes correspondientes, la contratación de seguros y la eventual intervención de la sindicatura del BCRA.

En primera instancia, el amparo había sido rechazado bajo el argumento de que la difusión de esa información podía afectar la seguridad de las reservas y el funcionamiento del sistema financiero. Sin embargo, la Cámara rechazó ese razonamiento y advirtió que “la configuración de alguna de las excepciones legales no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado”.

El tribunal remarcó que es el Estado quien debe demostrar de forma concreta que la divulgación de los datos solicitados podría causar un daño real a un interés protegido, algo que el Banco Central no hizo. También subrayó que la información reclamada está vinculada a “un asunto de indudable interés público”, como es la administración de las reservas internacionales.

En línea con el dictamen del fiscal general, la Cámara ordenó al BCRA que entregue la información solicitada o que, en su defecto, explique “circunstanciadamente y punto por punto” qué datos no pueden divulgarse, dónde se encuentra actualmente el oro y de qué manera su difusión podría afectar al sistema financiero. Las costas del proceso fueron impuestas al Banco Central.

El dato marca un giro contundente respecto de 2024 y expone la fragilidad de los ingresos, especialmente en los hogares de clase media.

Un relevamiento privado revela un fuerte deterioro del poder adquisitivo: casi tres de cada diez trabajadores usarán el aguinaldo de diciembre para cancelar obligaciones financieras. El dato marca un giro contundente respecto de 2024 y expone la fragilidad de los ingresos, especialmente en los hogares de clase media.

La proporción de argentinos que este año destinará el aguinaldo al pago de deudas ascendió al 29%, un salto de 16 puntos porcentuales frente al 13% registrado en 2024, según un informe de la consultora Focus Market. Se trata del cambio más significativo detectado en el estudio y refleja un mayor nivel de endeudamiento de los hogares, junto con la presión persistente de los gastos básicos.

El pago de deudas pasó así a liderar el destino del aguinaldo, desplazando al consumo, el ahorro y la inversión. La tendencia refuerza lo observado a mediados de 2025, cuando una porción creciente de trabajadores ya había priorizado cubrir necesidades esenciales por sobre gastos discrecionales.

Desde Focus Market señalaron que, en un contexto de salarios que muestran cierta estabilidad nominal pero resultan insuficientes frente al costo de vida, el aguinaldo dejó de funcionar como un ingreso extraordinario y se convirtió en un recurso clave para “llegar a fin de mes”. El impacto es particularmente visible en la clase media, que durante el año recurrió en mayor medida al financiamiento con tarjetas y al uso de ahorros para sostener su nivel de consumo.

“El salto del 13% al 29% en el uso del aguinaldo para pagar deudas es el dato más elocuente del relevamiento. El aguinaldo dejó de ser un extra y pasó a ser un parche para cerrar el mes. Mientras la macro muestra señales de mejora, el salario real todavía no acompaña y las tarjetas de crédito siguen siendo el oxígeno de muchos hogares”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora.

El informe también evidencia un retroceso en los destinos vinculados al disfrute y la inversión. Las vacaciones caen del 26% al 19%, mientras que la inversión en acciones baja del 23% al 19%, lo que refleja una mayor cautela y menor tolerancia al riesgo. En paralelo, disminuye la compra de dólares (del 16% al 12%) y pierden peso alternativas tradicionales como el plazo fijo y el stockeo en supermercados.

Según la consultora, este comportamiento responde a expectativas de inflación más contenida y tasas de interés más bajas hacia 2026, en línea con proyecciones del Banco Central. Sin embargo, en el corto plazo, la prioridad de los hogares pasa por ordenar las finanzas personales antes que recomponer ahorro o patrimonio.

De acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, en el país hay más de 10 millones de asalariados registrados que perciben aguinaldo: 6,2 millones en el sector privado, 3,4 millones en el sector público y cerca de 441 mil en casas particulares, en un contexto donde el ingreso adicional de diciembre resulta insuficiente para recomponer el poder de compra perdido.

El consumo masivo registró en noviembre un nuevo retroceso, con una marcada caída en las ventas de supermercados que volvió a poner en evidencia la debilidad del poder de compra de los hogares.

La baja se verificó tanto en la comparación mensual como interanual, aunque el acumulado anual aún se sostuvo en terreno positivo. En contraste, el e-commerce fue el único canal que mostró crecimiento sostenido y generalizado en todos los rubros.

Según el informe de Scentia, las ventas de consumo masivo cayeron 1,8% respecto de octubre y retrocedieron 0,1% en la comparación interanual. Pese a este desempeño negativo, el acumulado de los primeros once meses del año mostró un crecimiento del 2,2%.

La medición mensual volvió a señalar un freno en el consumo, mientras que la comparación interanual mostró un escenario de virtual estancamiento. En términos de volumen, noviembre se ubicó en torno al 85,3% del nivel de enero de 2023, lo que da cuenta de la magnitud del ajuste acumulado en los últimos dos años y de las persistentes dificultades para recuperar los niveles previos.

El informe indicó además que la caída se produjo en un contexto de desaceleración de los aumentos de precios, aunque esta mejora inflacionaria no alcanzó para recomponer las cantidades vendidas. La dinámica volvió a mostrar que la moderación de la inflación todavía no se traduce en una recuperación efectiva del consumo de los hogares.

Canastas con fuertes contrastes

En la comparación interanual de noviembre, la canasta total mostró una leve variación negativa de 0,1%, aunque el comportamiento por rubros fue muy dispar. Alimentación creció 2% y perecederos 2,5%, mientras que bebidas sin alcohol retrocedieron 3,2%, al igual que limpieza de ropa y hogar. En sentido contrario, bebidas con alcohol avanzaron 1,4%, lo mismo que higiene y cosmética, mientras que desayuno y merienda registró una suba marginal del 0,1%.

En el acumulado del año, la canasta total exhibió un crecimiento del 2,2%, con subas en perecederos (6,7%), alimentación (4,9%), impulsivos (4,6%), cosmética e higiene (2,7%), desayuno y merienda (1,5%), limpieza de ropa y hogar (1,5%) y bebidas con alcohol (1,7%). En contraste, bebidas sin alcohol acumuló una caída del 2,5%.

Desempeño dispar

El desempeño del consumo mostró diferencias marcadas según el canal de venta. En los autoservicios self service, las ventas cayeron 2,4% interanual en noviembre y acumularon una baja del 2,8% en el año.

La situación fue más severa en los supermercados de cadena, donde la canasta total se desplomó 7,2% interanual en noviembre. Las mayores caídas se registraron en bebidas con alcohol (-19,1%), bebidas sin alcohol (-8,9%), limpieza de ropa y hogar (-8,1%), impulsivos (-7,6%) y alimentación (-7,4%). En el acumulado de 2025, la baja fue del 5,3%, con descensos especialmente pronunciados en bebidas con alcohol (-16,9%) y bebidas sin alcohol (-13,4%).

Los autoservicios independientes mostraron un comportamiento diferente: en noviembre crecieron 2,8% interanual, aunque acumularon una leve caída del 0,2% en el año. En tanto, el canal mayorista volvió a mostrar un fuerte deterioro, con un desplome del 7,6% interanual y una baja acumulada del 5,5%.

El e-commerce volvió a destacarse como el canal de mejor desempeño. En noviembre, la canasta total creció 13,2% interanual y acumuló una suba del 12,3% en lo que va de 2025, con incrementos en todos los rubros relevados.

En medio del ajuste a la educación, las jubilaciones y la ciencia, el Gobierno destina casi $10.000 millones a remodelar la casa del embajador en Estados Unidos.

Mientras el Gobierno nacional profundiza un severo ajuste sobre áreas sensibles como la educación pública, el sistema previsional y el financiamiento científico, el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 incorpora una partida cercana a los $10.000 millones destinada a la remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial argentina en Washington.

La iniciativa presupuestaria, presentada por el Poder Ejecutivo como una hoja de ruta basada en el equilibrio fiscal y la reducción del gasto estatal, incluye dentro del artículo 11 un proyecto bajo la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Según el texto oficial, el costo total de la obra asciende a 9.429 millones de pesos, equivalentes a unos 6,4 millones de dólares al tipo de cambio actual.

El gasto se ejecutará bajo un esquema plurianual que comenzará en 2026. Para ese ejercicio se prevé una asignación de 5.388 millones de pesos, lo que representa un avance físico proyectado del 57,14% del total. En 2027 se sumarán otros 3.852,4 millones de pesos, alcanzando un progreso acumulado del 98%, mientras que la finalización de los trabajos está prevista para 2028, con una última partida de 188,6 millones.

El detalle figura en la planilla anexa denominada “Contratación de Obras de Inversión con Incidencia en Ejercicios Futuros”, bajo el proyecto 40 —Remodelación y mantenimiento de la Residencia oficial en Washington— y el Programa 2 de Acciones Diplomáticas y Relaciones Internacionales. Este artículo habilita la contratación de obras cuya ejecución excede el ejercicio financiero 2026.

La decisión convive con recortes y congelamientos presupuestarios en otras áreas del Estado, en un contexto donde el propio Gobierno justifica el ajuste como inevitable para “ordenar las cuentas”. No se trata de una sede consular ni de un espacio de atención a la comunidad argentina en el exterior, sino de una vivienda destinada exclusivamente a la representación política.

En los fundamentos del Presupuesto no se detallan los alcances específicos de la obra ni se desagrega el destino de los fondos. Tampoco se explicitan informes técnicos que den cuenta de riesgos estructurales, incumplimientos normativos o situaciones de emergencia edilicia que justifiquen una inversión de semejante magnitud. Desde la Cancillería no se difundió información pública sobre el estado del inmueble ni sobre la urgencia de la intervención, lo que sugiere que se trata mayormente de gastos de carácter estético.

El proyecto también plantea interrogantes en materia de control y transparencia. Las obras realizadas en el exterior presentan mayores dificultades para el seguimiento administrativo y la auditoría, ya que combinan normativa argentina con regulaciones locales. En un escenario de ajuste generalizado, los organismos encargados del control también operan con recursos limitados.

No es la primera vez que la residencia diplomática en Washington aparece en el Presupuesto. En 2016 durante la gestión macrista se incluyó una remodelación de la embajada y la residencia oficial por un monto de 3,5 millones de dólares. La propiedad se encuentra en el exclusivo barrio de Dupont Circle, una zona donde viviendas de características similares se comercializan hoy entre 1,7 y 1,9 millones de dólares, un dato que vuelve a poner en discusión la razonabilidad del gasto.

Así, mientras se recortan recursos destinados a políticas sociales, educativas y científicas, el Presupuesto 2026 prioriza una inversión millonaria en la residencia del embajador argentino en Estados Unidos, dejando expuesta una vez más la distancia entre el discurso del ajuste y las decisiones concretas de gasto.

El anuncio se da luego de que en el lapso de una semana se registraran tres presuntos suicidios de efectivos del Ejército en distintas provincias del país incluyendo un caso en la propia quinta presidencial de Olivos.

El Gobierno nacional anticipó que avanzará en un refuerzo de los controles psicológicos para los integrantes de las Fuerzas Armadas, luego de que en el lapso de una semana se registraran tres presuntos suicidios de efectivos del Ejército en distintas provincias del país. La decisión se conoce en un contexto atravesado por el malestar salarial, la crisis de la obra social militar y crecientes cuestionamientos sobre los mecanismos de contención emocional dentro de las fuerzas.

Según confirmaron altas fuentes del Ejecutivo, la medida contempla una revisión amplia de los protocolos de evaluación, seguimiento y acompañamiento del personal, con especial foco en aquellos efectivos que cumplen funciones armadas en entornos de alta sensibilidad, como tareas de seguridad permanente y custodia presidencial. Desde el Gobierno aclararon que no se trata de reemplazar los controles vigentes, sino de profundizarlos y complementarlos con instancias adicionales de seguimiento psicológico continuo y detección temprana de situaciones de riesgo.

El anuncio oficial se produjo tras la muerte de Rodrigo Gómez, soldado voluntario de 21 años que prestaba servicio de vigilancia en la Quinta Presidencial de Olivos. El joven fue hallado sin vida dentro del predio donde reside el Presidente de la Nación y la investigación, a cargo de la Justicia Federal de San Isidro, apunta a un disparo autoinfligido, sin intervención de terceros. El hecho generó una fuerte conmoción interna y encendió alertas en la mesa chica del Ejecutivo.

Sin embargo, el caso de Olivos no fue un episodio aislado. Días después, en Monte Caseros, Corrientes, fue encontrado muerto Juan Javier Pereyra, suboficial principal del Ejército, de 48 años y con más de dos décadas de servicio. El cuerpo fue hallado dentro del Casino de Suboficiales de una dependencia militar, con signos compatibles con ahorcamiento. La Justicia también descartó la participación de terceros.

El tercer caso ocurrió en la madrugada del jueves en Las Heras, Mendoza, donde Facundo Gabriel Lima, soldado voluntario de 22 años perteneciente a la Guarnición Ejército Mendoza, fue hallado sin vida en su vivienda por sus familiares. La causa quedó en manos de la Justicia provincial y de la Policía Científica, que avanzan bajo la hipótesis de suicidio. El Ejército emitió un comunicado breve y protocolar, sin mayores precisiones.

Tres muertes en menos de siete días, en tres jurisdicciones distintas, expusieron una problemática que distintos sectores consideran estructural. Jóvenes soldados voluntarios —muchos provenientes de sectores populares— cumplen jornadas extensas, tareas de alta exigencia emocional y funciones de seguridad sensibles, en un escenario de ajuste presupuestario, atraso salarial y dificultades crecientes en el acceso a la salud a través del IOSFA.

Actualmente, las tres fuerzas cuentan con exámenes psicofísicos periódicos y obligatorios que incluyen evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. En el Ministerio de Defensa analizan ahora reforzar la intervención de los servicios de sanidad militar, actualizar criterios de aptitud para destinos de alta exigencia y mejorar el acompañamiento profesional del personal. Desde el entorno del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, remarcan que el enfoque es integral y que no puede analizarse la situación del personal sin considerar variables operativas, sanitarias y económicas.

En paralelo, el Gobierno evalúa avanzar con un aumento salarial para las Fuerzas Armadas, en medio de reclamos por la falta de definición sobre las dos últimas cuotas del esquema de recomposición dispuesto durante la gestión anterior. En la Casa Rosada advierten que aún no hay fechas confirmadas y que cualquier incremento deberá contar con aval presupuestario del Ministerio de Economía. También se analiza una reestructuración del IOSFA, cuya crisis financiera impacta de manera directa en el bienestar del personal y sus familias.

Mientras las investigaciones judiciales continúan en paralelo, crecen las preguntas hacia el poder político y militar. Para distintos sectores, cuando las muertes se acumulan, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional. La alarma está encendida y el desafío, señalan, es si las medidas anunciadas lograrán traducirse en cambios concretos antes de que la estadística vuelva a repetirse.

Un estudio elaborado por equipos de investigación de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) junto al CONICET encendió una señal de alarma: la demanda de alimentos en comedores, merenderos y ollas populares de la región continúa en fuerte crecimiento, impulsada por el deterioro de la situación socioeconómica.

El informe, titulado “Situación de comedores, merenderos y ollas populares en la región”, fue presentado en la Sala del Consejo Superior de la UNLP y da cuenta de un aumento sostenido de personas que recurren a estos espacios para cubrir necesidades básicas de alimentación, en un contexto de creciente vulnerabilidad social.

El relevamiento se realizó en barrios populares del Gran La Plata a partir de entrevistas a 61 servicios de asistencia directa (SDA), y estuvo a cargo de equipos UNLP-CONICET, docentes y estudiantes de la carrera de Nutrición y residentes hospitalarios.

Los datos muestran que casi el 40% de los comedores y ollas populares asiste regularmente a más de 180 personas, mientras que otro 27% recibe a más de 120, cifras que reflejan la presión creciente sobre estos dispositivos comunitarios. Además, el informe advierte que la cantidad de personas asistentes aumentó en todos los grupos etarios en comparación con el año pasado, con un impacto particularmente fuerte en niños, niñas y adolescentes: más del 70% de los espacios reportó un incremento en este grupo. Entre personas mayores, el aumento alcanzó a casi el 64% de los comedores.

En cuanto a la modalidad de atención, el 90% de los SDA entrega viandas para consumo domiciliario, más de un tercio distribuye alimentos sin elaborar y solo el 16% ofrece comida para consumir en el lugar. La merienda es el servicio más extendido (75,4%), seguida por la cena (49,2%), aunque muchos espacios combinan más de una prestación diaria.

Más personas, menos recursos

El informe subraya una contradicción crítica: mientras la demanda de alimentos crece, la disponibilidad de insumos básicos disminuye. Los productos que más escasean son aceite, azúcar, carnes, verduras, arroz y harina, alimentos centrales para garantizar una dieta mínima adecuada. Esta situación profundiza las limitaciones ya detectadas en el relevamiento anterior y pone en riesgo la sostenibilidad de la asistencia alimentaria comunitaria.

Más del 76% de los referentes de los espacios consultados señaló que la calidad de la comida ofrecida empeoró respecto de 2024, principalmente por la reducción en la cantidad y variedad de alimentos, especialmente carnes y verduras, en un contexto de demanda en aumento.

En relación con el rol del Estado, el estudio indica que el 64% de los SDA recibe alimentos del gobierno provincial, aunque la asistencia del Estado nacional se redujo de manera drástica: solo el 5% recibe alimentos y apenas el 3% algún tipo de apoyo económico. Ante este escenario, más de la mitad de los comedores y ollas populares debió recurrir a actividades adicionales para sostener su funcionamiento.

El relevamiento advierte que la falta de una alimentación adecuada ya genera consecuencias graves en infancias, juventudes, adultos y personas mayores, como anemia, problemas de crecimiento, dificultades de aprendizaje, pérdida de masa muscular y mayor riesgo de enfermedades crónicas.

Finalmente, el informe concluye que las organizaciones sociales y comunitarias siguen siendo el principal sostén alimentario y emocional en los barrios, pero alerta que no cuentan con los recursos ni la responsabilidad de resolver una crisis estructural. “El retiro de la asistencia del Estado Nacional y las políticas macroeconómicas vigentes están vulnerando el derecho humano fundamental a una alimentación adecuada”, subrayan los investigadores.

En un comunicado difundido luego de su última Junta Directiva del año, la entidad advirtió sobre una actividad industrial amesetada, dificultades para sostener la producción y una sostenida destrucción de puestos de trabajo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) encendió señales de alerta sobre la situación del sector manufacturero y el mercado laboral tras la reunión que mantuvo su cúpula con el ministro de Economía, Luis Caputo. En un comunicado difundido luego de su última Junta Directiva del año, la entidad advirtió sobre una actividad industrial amesetada, dificultades para sostener la producción y una sostenida destrucción de puestos de trabajo.

El documento, que analiza el desempeño de la industria y el empleo al cierre de 2025, describe un escenario complejo, atravesado por una dinámica productiva débil y dispar entre sectores, con impacto directo en el empleo formal. Solo en septiembre se perdieron 4.303 puestos de trabajo y, en los primeros nueve meses del año, la caída acumulada alcanzó los 21.190 empleos industriales.

La advertencia se produjo luego del encuentro que el presidente de la UIA, Martín Rappallini, junto a integrantes del Consejo Directivo, mantuvo con Caputo y el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, en el que intercambiaron diagnósticos sobre los principales problemas que enfrenta la industria y analizaron posibles medidas para afrontar un escenario desafiante de cara a 2026. Las partes acordaron, además, sostener una agenda de trabajo conjunta. Días antes, Rappallini también se había reunido con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Más allá del intercambio con el Gobierno, la UIA volvió a poner el foco en los problemas estructurales que atraviesa el sector. Si bien valoró como avances la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal, advirtió que esos logros aún no se traducen en una reactivación productiva. En ese sentido, reclamó medidas que faciliten el acceso al crédito y reduzcan la elevada presión tributaria que enfrentan las empresas, en particular las PyMEs, que compiten en condiciones desiguales con la producción externa en medio de una fuerte apertura importadora.

Finalmente, la entidad subrayó la relevancia del inminente debate parlamentario sobre la modernización de las leyes laborales, al considerar que se trata de una herramienta clave para comenzar a revertir más de una década de estancamiento en la generación de empleo registrado. Según la UIA, la iniciativa apunta a reducir la litigiosidad, otorgar mayor previsibilidad a las empresas y sentar las bases para la recuperación del empleo formal y del entramado industrial.

A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, advirtió que “la economía está en caída libre” y sostuvo que el Ejecutivo cambia de política monetaria todos los años sin lograr resultados.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una dura crítica al gobierno de Javier Milei y al rumbo económico encabezado por el ministro Luis Caputo. A través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales, advirtió que “la economía está en caída libre” y sostuvo que el Ejecutivo cambia de política monetaria todos los años sin lograr resultados.

Cristina cuestionó los recientes anuncios del Banco Central sobre el nuevo esquema de bandas cambiarias y la indexación del dólar, al señalar que se trata de otra muestra de la inconsistencia del plan económico. “Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por promesas grandilocuentes que nunca se concretaron”, remarcó.

En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario.

En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos.

En el 2025…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 17, 2025

En ese sentido, recordó que primero se prometió la dolarización de salarios, luego una “dolarización endógena” con dólares que “iban a salir de los colchones” y más tarde un esquema de crawling peg. Ahora, sostuvo, el Gobierno presenta un “dólar indexado” que solo confirma el desorden económico.

“La economía está en caída libre porque el consumo no repunta”, afirmó la exmandataria, y desmintió uno de los principales argumentos oficiales: “Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país”. Según detalló, la salida de divisas se explica por el aumento de importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios en plataformas digitales, el pago de intereses de la deuda y una Inversión Extranjera Directa negativa.

Cristina Kirchner subrayó que, por primera vez desde 2003, la IED registra saldo negativo y precisó que desde la asunción de Milei hasta octubre de 2025 alcanza los USD 1.327 millones en rojo. “Empresas extranjeras se van”, advirtió, y citó como ejemplo la salida de PETRONAS, clave para el proyecto de GNL en Bahía Blanca.

En uno de los pasajes más filosos de su mensaje, la expresidenta ironizó sobre la insistencia del Presidente en el dogma monetarista: “En los hechos ya se dio cuenta de que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate”. Y concluyó: “Una cosa es hablar en la tele y otra muy distinta es gobernar el país con la gente adentro”.

Por último, Cristina recordó que los mayores niveles de inversión extranjera directa desde 2003 se dieron durante sus gobiernos, con saldos positivos de USD 16.213 millones entre 2007 y 2011, y de USD 13.487 millones entre 2011 y 2015, en contraste con el escenario actual.