A través del Tesoro norteamericano, encabezado por Scott Bessent, Washington concretó la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por US$ 808 millones a la Argentina, una operación que permitirá cubrir casi en su totalidad el pago de intereses al FMI que vence este domingo 1 de febrero.

El gobierno de Estados Unidos volvió a salir al auxilio de Javier Milei para evitar tensiones inmediatas con el Fondo Monetario Internacional. A través del Tesoro norteamericano, encabezado por Scott Bessent, Washington concretó la venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) por US$ 808 millones a la Argentina, una operación que permitió cubrir casi en su totalidad el pago de intereses al FMI que vencían este domingo 1 de febrero.

El compromiso asciende a US$ 833 millones, por lo que la asistencia estadounidense resulta decisiva para afrontar el vencimiento sin un impacto significativo sobre las reservas internacionales acumuladas por el Banco Central durante enero.

La transferencia representa la tercera ayuda directa de Bessent en apenas tres meses, consolidando un respaldo financiero sostenido hacia la administración libertaria. En octubre, Argentina ya había recibido unos US$ 1.185 millones en DEGs, utilizados para cumplir con otro pago al Fondo el 1 de noviembre. Antes, durante la campaña electoral estadounidense, el funcionario también habilitó al Banco Central a activar US$ 2.500 millones del swap de monedas, una medida que permitió evitar una devaluación que parecía inminente y que luego fue cancelada mediante deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

El objetivo: apuntalar las reservas del Banco Central

El Banco Central logró acumular en enero cerca de US$ 1.100 millones, tras ajustes en la política cambiaria y un plan de compras en el mercado. Si el pago al FMI se hubiera realizado directamente con esas divisas, habría consumido aproximadamente el 75% de lo adquirido durante el mes.

El equipo económico además cuenta con un remanente de unos US$ 300 millones del préstamo REPO otorgado por bancos de Wall Street a comienzos de enero, recursos que ya se usaron parcialmente para cancelar un pago de US$ 4.200 millones a bonistas el pasado 9 de enero.

En las próximas semanas, el Banco Central enfrentará otro vencimiento relevante: a fines de febrero deberá afrontar US$ 990 millones vinculados a los bonos Bopreal colocados entre empresas. En este contexto, el respaldo de Estados Unidos aparece como un factor clave para sostener la estabilidad financiera del gobierno en el corto plazo.

Cómo funciona la venta de DEGs

Los Derechos Especiales de Giro son un activo de reserva internacional creado por el FMI en 1969, basado en una canasta de monedas integrada por el dólar, el euro, el yuan, el yen y la libra esterlina. Los países pueden utilizarlos para complementar reservas, obtener liquidez o cumplir pagos con el propio Fondo.

En este tipo de operaciones, un país con excedente de DEGs los transfiere a otro que los necesita, a cambio de monedas convertibles. De este modo, se facilita el acceso a divisas sin recurrir de inmediato al mercado o a nuevo endeudamiento, preservando las reservas netas.

Según datos del Tesoro estadounidense, Argentina fue el primer país en recibir fondos por esta vía en 2026, en lo que constituye apenas la cuarta venta realizada por Estados Unidos a otra nación en los últimos cinco años.

Farmacias de todo el país reclamaron al PAMI la regularización urgente de pagos atrasados y alertaron que las demoras ya ponen en riesgo la provisión de medicamentos para jubilados y pensionados.

Las principales entidades farmacéuticas nacionales enviaron una carta conjunta al Programa de Atención Médica Integral, dependiente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), en la que advirtieron que la falta de cumplimiento en los plazos de pago compromete la continuidad del convenio de dispensa de tratamientos.

El documento fue firmado por la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), la Federación Farmacéutica de la República Argentina (FEFARA), la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMSRA) y la Asociación de Farmacias Argentinas (ASOFAR).

Según detallaron, existen atrasos en anticipos y saldos correspondientes a noviembre y diciembre, mientras que algunos vencimientos de enero acumulan demoras cercanas a un mes, profundizando la incertidumbre en el sector.

Los referentes farmacéuticos remarcaron que el pago en tiempo y forma es indispensable para sostener la reposición permanente de medicamentos, ya que las farmacias deben comprar semanalmente en droguerías para garantizar que los afiliados accedan a sus tratamientos sin interrupciones.

“Todas las semanas tenemos que reponer medicamentos para que los jubilados del PAMI puedan seguir con sus tratamientos. Cuando los pagos no llegan, se resiente toda la cadena de atención”, sostuvo Alejandra Gómez, presidenta de COFA.

Las entidades señalaron además que la combinación de pagos demorados, costos en alza y alta demanda está afectando la estructura operativa de muchos establecimientos, en un contexto marcado por recortes y ajustes en el sistema sanitario.

En ese marco, recordaron el compromiso sostenido del sector farmacéutico durante años de inflación y desbalances económicos, incluso mediante acuerdos para reducir costos y garantizar el acceso de los adultos mayores a medicamentos esenciales.

Finalmente, reclamaron el pago inmediato de lo adeudado y exigieron previsibilidad hacia adelante por parte del gobierno de Javier Milei, al advertir que la regularización es indispensable para evitar un deterioro en un servicio clave para millones de jubilados.

Bullrich insistió en que el PAMI es un “gasto brutal” y habló de desmantelarlo

La polémica se intensificó luego de declaraciones de Patricia Bullrich, dirigente de La Libertad Avanza, quien cuestionó la existencia del PAMI y lo definió como un esquema “conceptualmente erróneo”.

“Cuando tenés todas personas grandes en un seguro de salud, no es un seguro: es un gasto brutal”, afirmó, comparando el sistema con “una compañía donde todos los autos chocan al mismo tiempo”.

Durante una entrevista en streaming, Bullrich sostuvo que el Estado debería discutir cómo desmantelar el organismo, al que describió como una estructura demasiado grande y difícil de reformar.

Si bien aclaró que esa posibilidad “no está en estudio” dentro de la administración de Javier Milei, reconoció que es una idea que le gustaría que se analice, en medio del ajuste que atraviesa el sistema previsional y sanitario.

Las declaraciones generaron rechazo y preocupación, mientras farmacéuticos y organizaciones advierten que la falta de pagos y los recortes podrían traducirse en una interrupción directa en la entrega de medicamentos para jubilados.

Luego de la fuerte presión ejercida por los gobernadores de la Patagonia, el presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea y zona de desastre en cuatro provincias afectadas por los incendios forestales: Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

La decisión fue tomada por el oficialismo tras una reunión de la Mesa Política y responde a un pedido especial de los mandatarios provinciales, quienes reclamaban desde hace semanas una herramienta inmediata para acelerar el envío de fondos y recursos ante el avance del fuego.

La medida habilita partidas extraordinarias, coordina acciones con provincias y municipios, y busca frenar los focos activos, asistir a las comunidades afectadas y avanzar en la restauración de las áreas dañadas.

Los gobernadores habían solicitado incluso que el tema fuera tratado en sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, remarcó la urgencia de contar con una respuesta nacional: “Necesitábamos una herramienta concreta y de aplicación inmediata para enfrentar una situación que no reconoce límites jurisdiccionales ni partidarios”.

Luego de más de dos meses de incendios en distintas zonas patagónicas, con un saldo crítico de más de 230.000 hectáreas afectadas, el Gobierno nacional firmó finalmente el decreto, en un contexto marcado también por la creciente preocupación social y la presión de la opinión pública.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó la decisión en la noche del jueves: “Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa”.

Con esta declaración, Nación garantiza mayores recursos para las provincias que enfrentan las consecuencias del fuego y refuerza el operativo federal para contener una de las emergencias ambientales más graves de los últimos años.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, denunció una intervención federal indirecta sobre toda la provincia a partir de la intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en el Puerto de Ushuaia.

El mandatario presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal para declarar inconstitucional la resolución de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) del pasado 21 de enero.

En el escrito, Melella advirtió que el Gobierno nacional intenta avanzar sobre competencias provinciales mediante “argucias administrativas” que encubren una intervención de hecho:

“La Nación no puede, por vía administrativa ni mediante un ente descentralizado, intervenir de hecho una provincia o una de sus instituciones bajo la apariencia de una intervención sectorial”.

El gobernador sostuvo que el Puerto de Ushuaia se encuentra bajo un régimen jurídico provincial propio y que cualquier intento de intervención afecta directamente a Tierra del Fuego como sujeto constitucional. En ese sentido, denunció una ocupación territorial y un ataque al federalismo.

Según Melella, la intervención no se limitó a cuestiones técnicas, sino que tuvo como principal objetivo tomar control de la recaudación y los ingresos portuarios:

“La Nación se apropia de recursos cuya titularidad corresponde a la provincia… encubierta bajo el ropaje de una supuesta potestad de control”, afirmó.

Los fueguinos tenemos que saber qué hay detrás de la intervención del puerto.

La falta de claridad en los argumentos y el hermetismo del Gobierno nacional ante el aterrizaje de un avión oficial norteamericano, sin aviso ni explicación, lo único que generan son más sospechas. pic.twitter.com/bijr8C9w2Z

— Gustavo Melella (@gustavomelella) January 28, 2026

La sombra de Estados Unidos

El episodio se produjo además en un contexto de sospechas por la llegada de congresistas estadounidenses a la provincia, lo que alimentó temores sobre una posible entrega futura de las instalaciones al Comando Sur de Estados Unidos que desde hace algún tiempo busca tener una mayor presencia en la provincia austral dada la ubicación estratégica de la misma.

En ese sentido, el gobernador también cuestionó el hermetismo del gobierno nacional sobre este asunto. “Argentina se ha alineado muy fuertemente con Estados Unidos y ha dado pasos de entrega de soberanía“, denunció.

La cautelar también incluyó denuncias de trabajadores portuarios que alertaron sobre la falta de controles en áreas sensibles, como sistemas de prevención de incendios, derrames de hidrocarburos y escaneo de vehículos, lo que podría generar graves riesgos operativos y ambientales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrieron las obras que se llevan adelante en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde avanza la construcción del cuarto carril en el tramo que une Avellaneda con Berazategui.

Durante la visita, de la que también participaron autoridades de AUBASA y funcionarios provinciales, ambos supervisaron el progreso de una intervención considerada estratégica para mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados del área metropolitana, utilizado diariamente por más de 200 mil vehículos.

En ese marco, Kicillof remarcó la importancia de la ampliación y sostuvo que quienes transitan habitualmente la autopista “conocen la relevancia del cuarto carril que se está construyendo”, una obra que permitirá agilizar los viajes hacia La Plata y reforzar la seguridad vial.

Quienes transitan por la Autopista Buenos Aires-La Plata saben la importancia que tiene el cuarto carril que estamos construyendo para que los más de 200 mil vehículos que circulan a diario lo hagan de manera más ágil y segura. https://t.co/ajAFQdeYWP pic.twitter.com/uq2jtkJMiG

— Axel Kicillof (@Kicillofok) January 28, 2026

La intervención contempla una extensión total de 20 kilómetros, desde el kilómetro 11 hasta el 30, y se ejecuta principalmente en horario nocturno para minimizar el impacto sobre el tránsito. Los trabajos se desarrollan de lunes a viernes entre las 20 y las 6 de la mañana, lo que permite mantener operativa la autopista durante el día.

La inversión prevista para esta etapa alcanza casi 26 mil millones de pesos, con un plazo de ejecución estimado en 15 meses. Desde el Gobierno bonaerense anticiparon que la obra podría finalizar en abril del próximo año, constituyéndose como una de las intervenciones viales más relevantes de las últimas dos décadas en este corredor.

Según informó AUBASA, la construcción del cuarto carril busca eliminar el denominado “efecto embudo” que se produce cuando la autopista pasa de cuatro a tres carriles, especialmente en el tramo comprendido entre el Acceso Sudeste y el peaje Hudson, donde suelen registrarse demoras tanto en horarios pico como durante fines de semana largos.

El proyecto forma parte del plan de obras 2024–2027 impulsado por la empresa estatal, que prevé una inversión de 21,4 millones de dólares en su primera etapa y una finalización proyectada para febrero de 2027. Además del nuevo carril, se incluyen tareas de repavimentación, renovación de la carpeta asfáltica y nueva demarcación, con el objetivo de mejorar la fluidez y la seguridad vial.

Los trabajos están a cargo de dos consorcios: Kavos SA–C&E Construcciones en el tramo del kilómetro 11,4 al 20, y Pelque SA–Briales SA en el sector que se extiende hasta el kilómetro 30,42.

Con la incorporación del cuarto carril, las autoridades esperan una mejora sustancial en el flujo vehicular, beneficiando tanto a automovilistas particulares como al transporte de carga que utiliza esta autopista clave para conectar puertos y centros productivos del sur bonaerense.

Obras recientes en la Autopista Buenos Aires–La Plata

En los últimos años, la autopista fue escenario de distintas intervenciones orientadas a modernizar su infraestructura. Entre las más destacadas se encuentra la construcción del distribuidor de Villa Elisa, que permitió ordenar el tránsito en una zona históricamente congestionada.

También se realizaron repavimentaciones integrales en varios tramos, con nueva demarcación e instalación de luminarias LED para reforzar la seguridad nocturna. A esto se sumaron mejoras en señalización, iluminación, cámaras de videovigilancia y trabajos de mantenimiento en peajes y zonas de descanso.

Estas acciones buscan consolidar una circulación más segura y eficiente en una vía estratégica que conecta la Ciudad de Buenos Aires, La Plata y numerosos distritos del sur de la provincia.

Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, decidió correrse del discurso libertario de libre mercado y reclamó al Gobierno que sancione a la plataforma china Temu por supuesta competencia desleal.

El fuerte crecimiento de las compras de argentinos en plataformas asiáticas, impulsado por la apertura de importaciones decretada por Javier Milei, encendió alarmas en el comercio electrónico local. En ese contexto, Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, decidió correrse del discurso libertario de libre mercado y reclamó al Gobierno que sancione a la plataforma china Temu por supuesta competencia desleal.

La empresa presentó una denuncia ante la Secretaría de Comercio por presunta publicidad engañosa. Según señalaron desde Mercado Libre, Temu ofrece descuentos extremos —de entre 80% y 100%— que no serían reales, ya que para acceder a ellos el usuario debe cumplir condiciones adicionales que no se informan desde el inicio.

El área que conduce Pablo Lavigne, bajo la órbita del Ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo, hizo lugar al planteo de Galperín y dispuso una medida preventiva para que Temu retire esos mensajes promocionales tanto en sus propios canales digitales como en los de terceros.

Sin embargo, la compañía china respondió rápidamente y recurrió a la Justicia para suspender la resolución oficial.

La irrupción de Temu y Shein representa el desafío más serio para Mercado Libre en años. Según un informe de la consultora Abeceb, las compras de argentinos en estas plataformas alcanzaron los 789 millones de dólares hasta noviembre pasado, con un crecimiento interanual de casi 292%.

Pese a este avance, Galperín había intentado minimizar públicamente el impacto. En noviembre aseguró que no le preocupaba la competencia china y que Mercado Libre podía enfrentarlos como lo hace en otros mercados de la región. Sin embargo, en paralelo avanzaba con la denuncia ante Comercio, buscando una intervención estatal que limite el crecimiento de los gigantes asiáticos.

El arribo se produjo mientras el Senado abrió un pedido formal de informes al Poder Ejecutivo para conocer los detalles del primer avión estadounidense que visitó sorpresivamente en Ushuaia durante el fin de semana.

Un segundo avión militar de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) aterrizó este martes en la Argentina, en un contexto atravesado por versiones y creciente atención política. El arribo se produjo mientras el Senado abrió un pedido formal de informes al Poder Ejecutivo para conocer los detalles del primer avión estadounidense que visitó Ushuaia durante el fin de semana.

La superposición temporal entre ambos movimientos elevó el episodio al plano institucional y amplificó las preguntas sobre el alcance y los objetivos de la presencia aérea militar estadounidense en el país.

La nueva aeronave tocó pista en el Aeroparque Jorge Newbery a las 13:38, según registros de seguimiento de vuelos. Se trata de un Boeing C-40C “Clipper”, identificado con el Modo S AE1167, un modelo utilizado habitualmente para el transporte de autoridades y misiones diplomáticas de alto nivel.

De acuerdo con su historial reciente, el avión había operado días atrás en Ginebra como apoyo logístico de la delegación presidencial estadounidense durante el Foro Económico Mundial de Davos. Posteriormente regresó a Joint Base Andrews y emprendió vuelo hacia Sudamérica, con una escala técnica en Lima, antes de arribar a Buenos Aires.

El aterrizaje del AE1167 ocurrió menos de 48 horas después del ingreso del primer C-40 de la USAF —matrícula 05-0730— que pasó por Aeroparque y luego voló hacia Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ese desplazamiento previo, por su localización geográfica y el perfil de la aeronave, concentró rápidamente la atención pública y parlamentaria.

El Senado exige precisiones al Poder Ejecutivo

En este contexto, el Senado de la Nación presentó un proyecto de comunicación para requerir al Poder Ejecutivo Nacional información detallada sobre el arribo y las actividades del primer avión que visitó Ushuaia.

La iniciativa fue impulsada por la senadora fueguina Cristina López y busca despejar dudas que, según el texto, persisten debido a la ausencia de comunicaciones oficiales.

El pedido solicita conocer qué organismos autorizaron el ingreso, permanencia y desplazamiento interno de la aeronave, qué actos administrativos respaldaron esos permisos y la identidad, cargos y funciones de la tripulación y los pasajeros.

Además, se requiere que el Ejecutivo informe si tenía conocimiento previo del vuelo —fecha, horario, itinerario y escalas— y cuál fue el motivo oficial de la visita y los objetivos de la delegación.

Dos C-40 en pocos días y una señal política

Desde el punto de vista operativo, la presencia de dos aeronaves C-40 de la USAF en territorio argentino en un lapso tan corto no es un dato menor.

El C-40, versión militar del Boeing 737, es utilizado para trasladar altos mandos militares, funcionarios del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado, delegaciones políticas y equipos de seguridad. Por su diseño, está asociado a misiones de jerarquía y no a rotaciones logísticas rutinarias.

En medio de la polémica, el canciller argentino Pablo Quirno difundió un mensaje poco convincente en redes sociales en el que afirmó que la aeronave trasladó a una delegación bipartidaria del Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se encuentra de visita oficial en la Argentina.

Quirno señaló que, “dado el interés que despierta el plan de gobierno de la Argentina en el mundo y, en este caso, la relación estratégica entre Argentina y Estados Unidos”, el Ejecutivo celebra la llegada de distintas comitivas interesadas en el país.

La aclaración aportó un primer encuadre político, aunque no precisó itinerarios internos ni el uso específico de medios militares estadounidenses.

Un escenario abierto y más preguntas que certezas

La llegada del segundo C-40, vinculado al entorno logístico de Davos, refuerza la percepción de que la Argentina quedó insertada en una agenda internacional de alto nivel en un momento particularmente sensible, con debates abiertos sobre recursos estratégicos, proyección antártica y alineamientos geopolíticos.

Al mismo tiempo, la falta de información oficial detallada alimenta un escenario donde las preguntas crecen más rápido que las certezas, mientras el Congreso exige explicaciones formales al Poder Ejecutivo.

Mientras la Patagonia atraviesa una catástrofe ambiental sin precedentes, con más de 35.000 hectáreas de bosques arrasadas por incendios intencionales, el presidente Javier Milei parece moverse en una dimensión completamente desconectada de la urgencia nacional.

En lugar de hacerse presente en el sur, coordinar acciones de emergencia o atender el reclamo de los gobernadores que exigen recursos y apoyo del Estado, el mandatario decidió subirse a un avión con destino a Mar del Plata. No para supervisar operativos ni reunirse con autoridades locales, sino para participar de una noche de teatro, música y actos partidarios.

Este martes, Milei asistió al Teatro Roxy para presenciar la obra de su expareja, la humorista Fátima Florez. Pero lejos de limitarse al rol de espectador, el Presidente se subió al escenario y ambos cantaron a dúo “El rock del gato”, de Los Ratones Paranoicos, como si se tratara de una estrella invitada en un show más.

Afuera del teatro, la escena reflejó la polarización: militantes lo ovacionaban al grito de “Presidente, Presidente”, mientras que los vecinos respondían con cánticos de repudio: “Qué se vaya, qué se vaya”.

La noche no terminó allí. Tras el espectáculo, Milei se dirigió directamente a La Derecha Fest, donde fue el orador principal ante militantes y seguidores del espacio liberal-conservador. En un clima de celebración ideológica, el mandatario volvió a insistir con su discurso de “batalla cultural”, asegurando que “se le está viniendo la noche a los zurdos” y que esta lucha es “la batalla por las almas”.

También defendió con vehemencia el capitalismo, atacó a sectores empresariales ligados al Estado y apuntó contra medios y periodistas, en un mensaje cargado de confrontación.

Pero el contraste resulta brutal: mientras el fuego avanza en el sur y miles de hectáreas se pierden, el Presidente elige los escenarios, los festivales y los discursos militantes. La falta de empatía y presencia frente a una tragedia nacional generó indignación y reacciones inmediatas en redes sociales.

Argentina arde. Milei canta.

En plena pulseada con el Gobierno, Techint perdió la licitación de los caños del GNL ante una firma india y contraataca con la carta del dumping acusando a la empresa India de hacer los caños “con chapas chinas”.

La definición de la licitación para los caños del gasoducto Vaca Muerta–Río Negro profundizó la confrontación entre el Grupo Techint y el Gobierno. En pleno reclamo por un “plan industrial” que frene el avance de las importaciones, el holding de Paolo Rocca quedó fuera de uno de los proyectos clave del esquema de exportación de GNL tras perder por precio frente a la india Welspun. La derrota activó un contraataque: denuncias de dumping, acusaciones de competencia desleal y un cuestionamiento directo a la estrategia oficial de priorizar costos por sobre el “compre nacional”.

El contrato fue adjudicado por el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa, Golar y Harbour, que resolvió avanzar con la oferta más competitiva en términos de precio, plazos y condiciones financieras. La propuesta inicial de Tenaris ascendía a unos US$ 280 millones, hasta un 45% más cara que la de Welspun. Aunque se abrieron rondas de mejora, la empresa de Techint apenas recortó su oferta y no logró ubicarse dentro del margen que habilitaba la preferencia para proveedores nacionales.

Tras la adjudicación, Techint intentó reabrir la negociación con contraofertas fuera de término, primero reduciendo el precio y luego afirmando que podía igualar la propuesta ganadora. El consorcio rechazó todos los intentos. Desde el holding sostienen que la oferta india tiene precios de dumping y que los tubos se fabrican con chapa china subsidiada, por lo que evalúan presentar una denuncia formal para “evitar el daño a la producción local y el empleo asociado”.

El episodio expone un punto de quiebre: Techint no logró competir con precios asiáticos en un contexto de caída de los valores internacionales de la energía y altos costos locales. Mientras el grupo advierte sobre el riesgo de cierre de la planta de Siat en Valentín Alsina y cuestiona la falta de una política industrial, en el sector relativizan el impacto y señalan que gran parte de los insumos de Tenaris son importados.

La derrota se suma a otros reveses frente a proveedores asiáticos y anticipa una nueva pulseada en la próxima licitación del megaproyecto Argentina LNG, donde Techint volverá a competir en un escenario marcado por la tensión entre apertura, costos y defensa de la industria nacional.

Las alarmas del sector industrial se multiplican ante un modelo económico que no reactiva la producción ni el empleo.

Las pymes industriales volvieron a encender señales de alerta sobre el rumbo económico del Gobierno y advirtieron que, de mantenerse el actual esquema, en 2026 podrían profundizarse los cierres de empresas y la pérdida de empleo registrado. El diagnóstico que emerge del sector describe un escenario preocupante: estabilidad macroeconómica sin recuperación productiva, con deterioro social y laboral creciente.

Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA), su presidente Daniel Rosato reclamó una redefinición del programa económico y alertó que la Argentina avanza hacia un equilibrio “bajo y socialmente regresivo”. Si bien reconoció cierta estabilización de variables macro, sostuvo que ese proceso no llegó a la industria. “La producción nacional está en el subsuelo”, afirmó, al remarcar que la recesión sigue golpeando de lleno a las pequeñas y medianas empresas.

Uno de los datos más sensibles que expuso el sector es la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo registrados desde el inicio de la actual gestión. Para las pymes industriales, la estabilidad que exhibe el Gobierno no se traduce en mayor actividad ni en generación de empleo, lo que consolida un escenario de estancamiento con alto costo social.

Las advertencias se apoyan en un informe del Observatorio IPA, que detectó una caída sostenida de las ventas, aumento de costos operativos y un fuerte freno de la producción fabril. A ello se suma la apertura de importaciones sin políticas de estímulo a la producción local, que presiona especialmente a sectores sensibles como textiles, calzado y metalmecánica. “Sin fábricas, la crisis no solo se profundiza: se vuelve permanente”, advirtió Rosato.

La falta de una estrategia industrial también aparece como una señal de alarma. Según IPA, la ausencia de incentivos productivos desalienta inversiones, limita el acceso al crédito y empuja a un mayor nivel de informalidad laboral. Sin recuperación del salario real ni mejora del consumo, el riesgo es quedar atrapados en un esquema de estancamiento prolongado.

Ese diagnóstico se ve reforzado por la debilidad del mercado interno. Datos de la CAME muestran que, aunque las ventas minoristas crecieron 2,5% en 2025, los últimos meses del año registraron fuertes caídas interanuales, reflejando ingresos reales presionados y un consumo cauteloso que frena cualquier intento de reactivación.

El impacto territorial también suma preocupación. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, aseguró que más de 5.300 pymes cerraron en la provincia de Buenos Aires desde diciembre de 2023, a un ritmo de ocho empresas por día. Según el funcionario, casi tres de cada diez cierres nacionales se produjeron en territorio bonaerense, como resultado de la apertura importadora y la caída del consumo interno.

La UIA volvió a alertar

Las advertencias coinciden con los últimos datos de la Unión Industrial Argentina (UIA), que confirmó un estancamiento de la actividad fabril. En diciembre, la industria mostró caídas interanuales cercanas al 3,5%, y el nivel general de producción se mantiene alrededor de un 9% por debajo de los registros de 2022. Los rebotes mensuales en algunos sectores no alcanzan para cambiar la tendencia.

Textiles, automotriz, metalmecánica y bienes durables concentran las mayores contracciones, mientras que solo sectores puntuales, como la refinación de petróleo, exhiben crecimiento. La UIA advierte que la combinación de demanda débil, costos elevados, crédito limitado y competencia importada mantiene a la industria lejos de una recuperación sostenida.

De cara a 2026, el panorama que trazan pymes, provincias y grandes industriales converge en una misma advertencia: sin cambios en la política económica y sin una estrategia productiva clara, la estabilidad actual aparece frágil y corre el riesgo de consolidar un ciclo de bajo crecimiento, menor empleo y mayor deterioro del entramado productivo.