El sistema universitario argentino comienza marzo atravesado por una crisis profunda. Un paro de personal docente y no docente posterga el inicio del ciclo lectivo hasta el próximo 16 de marzo y expone el creciente conflicto por el financiamiento de las universidades públicas y la pérdida salarial de sus trabajadores.

La medida de fuerza combina distintos niveles de protesta gremial. Mientras la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) convocaron a un cese de actividades de 24 horas, la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) resolvió iniciar una huelga por tiempo indeterminado hasta obtener una recomposición salarial. El gremio reclama un aumento del 51%, en contraste con la propuesta oficial del 12,3% a pagar en cuotas.

El retraso en el comienzo de clases refleja un conflicto más amplio que atraviesa a todo el sistema universitario nacional. Los sindicatos exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la apertura inmediata de paritarias, denunciando que el Gobierno nacional mantiene congelada la negociación salarial formal desde 2024.

Conflicto por financiamiento y salarios

El núcleo de la disputa se vincula con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, cuya implementación fue suspendida por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 795/2025. El Gobierno sostuvo que la norma no habilitaba gastos de manera explícita, lo que derivó en una presentación judicial colectiva del Consejo Interuniversitario Nacional para declarar la inconstitucionalidad de ese decreto.

Desde ADUBA advierten que la falta de negociación salarial agravó el deterioro de los ingresos en el sector. Su secretario general, Emiliano Cagnacci, señaló que la ausencia de paritarias desde 2024 provocó un retraso que hoy resulta insostenible para los trabajadores del sistema universitario.

Según explicó el dirigente, el reclamo involucra a todo el entramado laboral de las universidades públicas: docentes, no docentes, investigadores y personal de salud de los hospitales universitarios. En ese marco, el paro busca presionar al Gobierno para que convoque a paritarias y cumpla con la legislación vigente sobre financiamiento.

La postura de AGD-UBA es aún más contundente. El gremio condicionó el regreso a las aulas a una recomposición salarial que compense la pérdida acumulada frente a la inflación.

Su secretaria general, Laura Carboni, denunció que el Ejecutivo intenta evitar el cumplimiento de fallos judiciales favorables a los trabajadores mediante modificaciones legislativas. Según detalló, mientras el reclamo sindical plantea una actualización del 51%, el Gobierno propone un aumento del 12,3% dividido en tres cuotas, cuya última se abonaría recién en septiembre.

Además de la huelga, el plan de lucha incluye movilizaciones, cortes y permanencias en facultades y colegios universitarios de todo el país bajo la consigna de una “huelga general universitaria en defensa del salario y la universidad pública”.

Escalada del conflicto

La paralización en la UBA comenzará formalmente el 16 de marzo, pero el desarrollo del conflicto tendrá un nuevo punto de evaluación el 20 de marzo, cuando se realice una asamblea para definir la continuidad o eventual profundización de la huelga.

Los gremios insisten en la plena aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley original, que establecen la actualización automática de salarios y becas estudiantiles de acuerdo con la inflación, con el objetivo de evitar la pérdida del poder adquisitivo dentro del sistema universitario.

Lo hizo durante la apertura de la Argentina Week en Nueva York, un evento orientado a atraer inversores internacionales, donde también apuntó directamente contra Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de Aluar y Fate.

“Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil”, afirmó el mandatario durante su exposición. En ese marco, rechazó las acusaciones de sectores que lo señalan como “antiempresa”. “Algún trasnochado quiso mostrar como que nosotros somos antiempresa. Verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido, que fuera el ataque a un liberal”, sostuvo.

Durante su discurso en la sede de JP Morgan, Milei acusó a ambos empresarios de haberse beneficiado durante años de un sistema de protección estatal y los calificó como “empresarios prebendarios”. “Rocca y Madanes en connivencia con políticos ladrones atacaron a los argentinos, pero eso se terminó: se terminó la Argentina corrupta”, afirmó.

Las críticas más duras estuvieron dirigidas a Madanes Quintanilla, a quien el Presidente acusó de presionar al Gobierno para mantener barreras comerciales que favorecían a la producción de aluminio de Aluar. Según relató, el empresario habría advertido que despediría trabajadores si se modificaba ese esquema.

“Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral… y nos tiró 920 trabajadores a la calle. Esto no es un juego de niños”, aseguró Milei.

El jefe de Estado utilizó ese ejemplo para cuestionar los sistemas de protección comercial. “Si los neumáticos costaban 100 dólares y el político pone una pared enorme para que no se puedan importar y hay que pagarlos 400, eso es un problema”, explicó. Según el Presidente, la eliminación de esas barreras permitiría a los consumidores acceder a productos más baratos y destinar el dinero restante a otros sectores de la economía.

En esa línea, defendió la apertura comercial y cuestionó a quienes critican lo que denominan “apertura indiscriminada”. “Están reclamando por cazar en el zoológico”, sostuvo. Y remató con una frase que sintetizó su postura: “El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”.

Además, Milei insistió en que su gobierno busca romper con el esquema histórico de relación entre política y empresas. “Nos estamos sacando de encima a los que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo de políticos y empresarios prebendarios”, afirmó.

El “riesgo kuka” como chivo expiatorio

En otro tramo de su intervención, el mandatario volvió a responsabilizar al kirchnerismo por las dificultades para reducir el riesgo país. Según explicó, el denominado “riesgo kuka” —la posibilidad de un eventual regreso del kirchnerismo al poder— sigue afectando la percepción de los mercados.

“Cuando fue la elección el riesgo país estaba en 2500 puntos básicos. Hoy está en 550. Pero todavía el riesgo kuka, ese escenario catástrofe, ese cisne negro, sigue causando daño para lo que serían las colocaciones más allá de 2027”, afirmó.

Milei sostuvo que ese factor continúa influyendo en el costo del financiamiento internacional para la Argentina. “Estamos haciendo todo para terminar de una vez por todas con el populismo y en especial con el kirchnerismo”, agregó.

Según el Presidente, si el riesgo país se mantiene en torno a los 550 puntos básicos la economía podría crecer entre 4% y 5% anual. En cambio, si descendiera a niveles cercanos a los 220 puntos, el crecimiento podría ubicarse entre el 7% y el 8%.

“Eso implicaría que la Argentina podría estar duplicando el PBI cada nueve o diez años”, concluyó

El presidente Javier Milei profundizó su alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel al declararse públicamente “el presidente más sionista del mundo” durante una exposición en la Yeshiva University, una institución académica judía de orientación ortodoxa ubicada en Nueva York.

En ese marco, el mandatario argentino calificó a Irán como “enemigo” y expresó su apoyo a la escalada militar impulsada por el gobierno estadounidense en Medio Oriente.

La intervención de Milei se produjo en el auditorio Lamport de la universidad, ante cerca de 500 asistentes, en su mayoría estudiantes. Durante más de una hora, el presidente argentino defendió su alianza estratégica con Washington y Tel Aviv, y vinculó esa relación con la confrontación en curso contra la República Islámica. “Estoy orgulloso de ser el presidente más sionista del mundo”, afirmó, en un discurso que fue celebrado con aplausos por el público presente.

El mandatario justificó su posicionamiento al señalar que Irán es un “enemigo” de Argentina, aludiendo a los atentados contra la AMIA en 1994 y contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992. “Vamos a ganar. No me caen bien Irán. Nos han metido dos bombas… por lo tanto son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron en el contexto de la creciente escalada en Medio Oriente que enfrenta a Israel, Estados Unidos y Irán, un conflicto que amenaza con ampliarse hacia un enfrentamiento regional. En ese marco, Milei respaldó explícitamente la política internacional del presidente estadounidense Donald Trump, a quien atribuyó haber “salvado al mundo” al sobrevivir a un intento de asesinato durante la campaña electoral.

Más allá del tono celebratorio del acto, el discurso dejó en evidencia el giro en la política exterior argentina. La definición de Irán como “enemigo” y la reivindicación de una alianza estratégica con Washington y Tel Aviv ubican a Argentina dentro del esquema de seguridad promovido por Estados Unidos, una posición que rompe con la tradición diplomática del país basada en el multilateralismo y la autonomía relativa frente a las grandes potencias.

Durante su exposición, Milei también enmarcó el conflicto de Medio Oriente en una disputa geopolítica de mayor escala. Según el presidente, la guerra no se explica únicamente por los recursos energéticos sino por una competencia estratégica global que podría alterar el equilibrio de poder internacional.

En ese análisis, el mandatario vinculó la crisis con la rivalidad entre Estados Unidos y China, al sugerir que el nuevo escenario internacional podría dejar a Beijing más aislado si algunos de sus socios estratégicos pierden influencia o se debilitan a partir del conflicto.

La gira de Milei por Estados Unidos incluyó además su participación en la gala anual organizada por The Algemeiner, un evento que reúne a dirigentes políticos y figuras influyentes de la comunidad judía internacional. También mantendrá reuniones con representantes del sistema financiero global, entre ellos el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, y encabezará la apertura de Argentina Week 2026 en Wall Street.

Tras su paso por Nueva York, el presidente viajará a Chile para asistir a la asunción del mandatario electo José Antonio Kast en el Congreso Nacional de Valparaíso.

En conjunto, la agenda internacional del gobierno argentino refleja una inserción externa cada vez más definida por alineamientos políticos e ideológicos con el bloque encabezado por Estados Unidos e Israel. Para diversos analistas, esta orientación implica el riesgo de involucrar al país en tensiones geopolíticas globales —desde el conflicto con Irán hasta la disputa estratégica con China— que exceden los intereses históricos de la política exterior argentina.

Según la presentación anual realizada ante la Oficina Anticorrupción el 31 de julio de 2025, el funcionario declaró $1.402.292.739,22 al inicio del período y $2.371.733.030,08 al cierre, lo que representa un aumento de $969.440.290,86 en apenas doce meses.

El ministro de Desregulación del Estado del gobierno de Javier Milei, Federico Sturzenegger, registró un fuerte incremento en su patrimonio durante 2024. Según su declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, el funcionario informó bienes por $2.371 millones al cierre del año, lo que implica un aumento cercano a los $970 millones en apenas doce meses.

La documentación oficial muestra que Sturzenegger declaró $1.402 millones al inicio del período y $2.371 millones al final, una diferencia de $969 millones. El propio formulario indica que buena parte de la suba se explica por revaluaciones de activos y por ingresos laborales y rentas, aunque el resultado final es un salto patrimonial significativo en un solo año.

Entre los bienes informados aparecen depósitos de dinero en el exterior que superan los $1.447 millones, además de inversiones financieras en títulos públicos, fondos de inversión y otros activos. También figuran inmuebles en distintas localidades, un departamento incorporado durante 2024 en la ciudad de Buenos Aires, y vehículos entre los que se incluyen una Toyota Corolla Cross híbrida modelo 2024 y una Chevrolet Trailblazer 2020.

El patrimonio del ministro muestra además un perfil fuertemente financiero, con participaciones en bonos soberanos como GD35, GD29 y GD38, junto con otros instrumentos y créditos fiscales.

El crecimiento patrimonial adquiere especial relevancia política en el contexto del discurso de austeridad que promueve el gobierno libertario. Mientras la administración de Milei impulsa un fuerte ajuste del gasto público y reclama sacrificios económicos a la población, el incremento de los bienes de uno de sus ministros más influyentes vuelve a poner en debate la distancia entre el relato oficial y la situación real de los funcionarios de alto rango.

La situación se vuelve aún más sensible porque Sturzenegger ya se encuentra envuelto en una polémica por contratos millonarios adjudicados a su esposa en la Cancillería, un episodio que generó cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el manejo de recursos públicos.

De esta manera, la declaración jurada 2024 del ministro deja una imagen que contrasta con el discurso de austeridad del gobierno: un funcionario clave del gabinete que incrementó su patrimonio en casi mil millones de pesos en un año, en un contexto de ajuste económico que impacta de lleno en el poder adquisitivo y las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad argentina.

El estudio advierte que, en apenas dos años, el peso de la industria nacional en la economía cayó a niveles que no se registraban desde antes de la Segunda Guerra Mundial.

Según el documento, la participación del sector industrial en el Producto Interno Bruto descendió del 16,5% en 2023 al 13,7% en 2025, un retroceso que devuelve a la estructura productiva del país a cifras de hace casi 90 años.

El informe vincula este deterioro con la fuerte caída de la actividad manufacturera, que en el período 2023-2025 acumuló una contracción del 8,3%. Este desplome se refleja también en un aumento de la capacidad instalada ociosa, que ya supera el 40%, y en un proceso acelerado de pérdida de empleo en el sector. Desde noviembre de 2023 se habrían perdido cerca de 100 mil puestos de trabajo industriales, lo que equivale a unos 160 empleos menos por día.

Los investigadores señalan que la recesión, impulsada por el atraso cambiario y la caída del consumo interno, golpeó con fuerza a la mayoría de las ramas manufactureras: 22 de las 24 actividades industriales redujeron su producción entre 2023 y 2025. Solo los sectores de alimentos y energía mostraron dinamismo, una señal que, según el informe, se vincula con un proceso de reprimarización de la economía.

Esa tendencia también se refleja en la composición de las exportaciones. Las manufacturas de origen industrial (MOI) pasaron de representar el 35% de las ventas externas argentinas en 2011 al 28% en 2024, mientras que las manufacturas de origen agropecuario (MOA) se mantuvieron en una franja de entre el 33% y el 37% en ese mismo período.

El trabajo también advierte sobre el impacto de la apertura de importaciones, que se profundizó desde 2024. Uno de los sectores más afectados es el de bienes de capital, cuya producción cayó cerca de un 24% entre 2023 y 2025, al mismo tiempo que las importaciones del rubro crecieron un 77%.

En la industria metalúrgica, el incremento de las importaciones también genera preocupación. “Las importaciones aumentaron un 60%. Es muchísimo, es un crecimiento del 5% mensual. Es imposible de controlar para nosotros”, señaló Luis Manini, presidente de la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital (Cipibic). El dirigente advirtió además que “no se puede pretender que el empresario pyme pueda sostener este proceso de pérdida de competitividad”.

Otro indicador del impacto de la apertura comercial aparece en el mercado de maquinaria agrícola. Entre mayo y octubre de 2025, las importaciones de maquinaria usada se multiplicaron por ocho, lo que golpeó de lleno al entramado nacional de fabricantes.

En este contexto, varias industrias atraviesan situaciones críticas. De acuerdo con el informe de la UBA, los sectores más afectados —como curtiembres, marroquinería y calzado, la metalurgia y la producción de minerales no metálicos vinculados a la construcción— registraron caídas de entre el 20% y el 25%.

También se observaron retrocesos de entre el 15% y el 20% en la fabricación de maquinaria de uso general, especial y doméstico, así como en la industria del plástico y el caucho. Otros sectores, como la industria editorial, el papel, los muebles, la electrónica de consumo y el textil, mostraron caídas de entre el 10% y el 15%.

El panorama que describe el estudio vuelve a poner en debate el rumbo de la estructura productiva argentina y el lugar que ocupa la industria en el modelo económico actual.

El consumo en el sector pyme continúa profundizando su deterioro y se consolida como uno de los indicadores más claros de la fase recesiva que atraviesa la economía argentina.

Las ventas minoristas de pequeñas y medianas empresas registraron en febrero una caída interanual del 5,6% a precios constantes, acumulando un retroceso del 5,2% en el primer bimestre de 2026.

De acuerdo con el último informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), si bien durante febrero se observó un leve repunte mensual del 2,6%, impulsado por factores estacionales como el inicio del ciclo lectivo y una mayor demanda en alimentos, la mejora no alcanza para revertir la tendencia contractiva que domina la actividad comercial.

El dato confirma que el consumo interno continúa debilitado, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los costos operativos y una demanda cada vez más restringida.

Un deterioro generalizado en la actividad

La retracción del consumo se manifestó en seis de los siete rubros relevados, evidenciando el carácter extendido de la desaceleración comercial.

Entre los sectores más afectados se destacan:

• Bazar y decoración: -14,4%
• Perfumería: -10,7%
• Alimentos y bebidas: -8,7%

El único segmento que logró escapar a la tendencia negativa fue Farmacia, que registró una leve suba interanual del 0,3%, sostenida principalmente por la naturaleza esencial de sus productos.

La percepción de los comerciantes también refleja el deterioro de la actividad. Mientras en enero predominaban las opiniones de estabilidad, en febrero ese indicador cayó seis puntos y se ubicó en 52,6%. En paralelo, el 38,8% de los empresarios consultados afirmó que su nivel de ventas se deterioró directamente durante el último mes, lo que marca un aumento en la sensación de crisis dentro del sector minorista.

Inversión frenada y presión de costos

Las expectativas para los próximos doce meses muestran un panorama dividido. Un 46,6% de los comerciantes cree que su situación se mantendrá estable, mientras que un 42,9% confía en una eventual mejora. Solo el 10,5% anticipa un escenario peor.

Sin embargo, este moderado optimismo no se traduce en decisiones de expansión. El 57,6% de los empresarios considera que el contexto actual no es propicio para realizar inversiones, frente a apenas un 15,5% que visualiza oportunidades.

El principal obstáculo para la recuperación sigue siendo la combinación de costos operativos en aumento, presión tributaria y caída del poder de compra, factores que erosionan los márgenes y mantienen al sector en una situación de contracción técnica.

En este escenario, la demanda se vuelve cada vez más selectiva. Los consumidores priorizan estrictamente promociones, descuentos y planes de financiamiento para sostener sus compras, incluso en productos de primera necesidad, reflejando el impacto directo del ajuste del ingreso sobre el consumo cotidiano.

El gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia que genera fuerte preocupación en América Latina: Washington aseguró que está dispuesto a emprender “acciones militares unilaterales” contra los “cárteles del narcotráfico” en la región, incluso sin el respaldo de los países involucrados.

La declaración fue realizada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante la apertura de la conferencia Américas contra los cárteles, celebrada en Miami en la sede del Comando Sur de Estados Unidos. Allí advirtió que su país está preparado para pasar a la ofensiva si considera que las amenazas vinculadas al narcotráfico lo requieren.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario. Sin embargo, nuestra preferencia es hacerlo con ustedes, con nuestros vecinos y aliados”, afirmó el funcionario ante representantes militares y de seguridad de distintos países del continente.

Las declaraciones encendieron alarmas en la región, ya que implican la posibilidad de operaciones militares de dudosos objetivos sin el consentimiento de los Estados latinoamericanos, lo que representaría un serio riesgo para la soberanía de los países de América Latina.

Durante su intervención, Hegseth defendió la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Donald Trump, que contempla ampliar el uso de herramientas militares para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico (etiqueta lo suficientemente flexible que EEUU podría aplicar a cualquier gobierno que no sea funcional a sus intereses). Bajo esa lógica, el funcionario instó a los gobiernos del continente a “ir a la ofensiva” contra lo que denominó “narcoterroristas”.

El encuentro contó con la presencia de delegaciones de seguridad de diversos países latinoamericanos, aunque se registraron ausencias significativas como las de México, Colombia y Brasil, tres actores clave en cualquier estrategia regional contra el narcotráfico.

El jefe del Pentágono también justificó el endurecimiento de la política estadounidense señalando que, durante la presidencia de Joe Biden (2021-2025), más de un millón de estadounidenses murieron por sobredosis de drogas como el fentanilo o la cocaína. Asimismo, afirmó que el negocio del tráfico de personas alcanzó en 2022 un valor de 13.000 millones de dólares.

Para Washington, el continente americano —que concentra apenas una octava parte de la población mundial— registra cerca de un tercio de los crímenes violentos del planeta, un argumento utilizado por la administración estadounidense para impulsar una estrategia más agresiva.

Sin embargo, especialistas advierten que la retórica de “guerra contra las drogas” ha sido históricamente utilizada por Estados Unidos para justificar intervenciones directas en América Latina como en el pasado se utilizo la de la lucha contra el comunismo y el terrorismo pos 2001. En ese contexto, la advertencia sobre posibles “batallas unilaterales” vuelve a poner en debate los límites del derecho internacional y el respeto a las soberanías nacionales en la región.

Más de 630 argentinos que quedaron atrapados en Medio Oriente lanzaron un desesperado pedido de ayuda para poder salir de la zona de guerra. Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, algunos de ellos decidieron recurrir directamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con la esperanza de que pueda interceder para facilitar su regreso al país.

La mayoría de los argentinos varados se encuentra en Israel, Qatar y Emiratos Árabes, donde el cierre parcial del espacio aéreo y la cancelación masiva de vuelos complicaron la posibilidad de regresar a la Argentina. Según confirmaron fuentes oficiales, más de 630 personas ya se contactaron con sedes diplomáticas para solicitar asistencia.

Sin embargo, varios de los afectados aseguran que la respuesta de la Cancillería y de las embajadas ha sido insuficiente, lo que generó incertidumbre y desesperación entre quienes permanecen en la región. En ese contexto, algunos argentinos decidieron enviar una carta abierta a Tapia, recordando el antecedente reciente en el que el titular de la AFA tras una serie de hábiles gestiones intervino para colaborar en la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela, la que se dio de manera exitosa.

Una de las varadas es Virginia Luca, quien se encuentra en Sharjah, en Emiratos Árabes, junto a su pareja. La mujer contó que su vuelo de regreso fue cancelado cuando comenzaron los bombardeos y relató que desde entonces viven una situación de total incertidumbre.

Según explicó, desde la embajada argentina les recomendaron que quienes no tengan un pasaje directo a la Argentina intenten trasladarse por sus propios medios a Omán o Arabia Saudita, desde donde todavía salen algunos vuelos. Sin embargo, las autoridades locales les indicaron que no se movilicen, lo que los deja sin saber qué decisión tomar.

“No tenemos nada. El planteo es esperar a ver si se abre el espacio aéreo o arriesgarnos a cruzar la ruta solos hacia Omán, sin saber cuánto tiempo nos va a llevar conseguir un vuelo que podamos pagar”, relató Luca.

La mujer también denunció la falta de coordinación oficial. “No hay un registro de cuántos somos ni dónde estamos. Al no tener respuestas empezó un poco el sálvese quien pueda”, advirtió.

En ese marco, explicó por qué decidieron recurrir al presidente de la AFA:

“Siento que se me agotaron todos los caminos diplomáticos. Por eso sacamos una carta abierta a Chiqui Tapia. Sabemos que quizás tenga contactos que puedan ayudarnos al menos a viajar juntos y protegidos hasta Omán, donde salen algunos aviones”.

Los argentinos varados aseguran que no piden que el Estado vaya a rescatarlos, sino que solicitan ayuda para organizar una salida segura de la región y evitar tener que desplazarse solos por rutas desconocidas en medio de un contexto de guerra. Mientras tanto, el reclamo continúa creciendo a la espera de una solución que les permita regresar al país.

La industria argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ubicó al país como el segundo con peor desempeño industrial del mundo.

La industria argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Un informe basado en datos de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) ubicó al país como el segundo con peor desempeño industrial del mundo, en medio de un fuerte retroceso del aparato productivo durante la gestión de Javier Milei.

De acuerdo con el Informe Sectorial #41 de la consultora Audemus, la industria argentina cerró el segundo año del actual gobierno en una “recesión profunda”, acumulando una caída promedio del 7,9% entre 2024 y 2025 respecto a los niveles de 2023.

El deterioro fue tan pronunciado que, entre 56 países relevados por la ONUDI, Argentina quedó solo por detrás de Hungría en términos de desplome industrial, consolidándose como uno de los casos más severos de contracción productiva a nivel global.

El contraste con la región es contundente. Mientras la industria argentina se hundía, economías vecinas como Brasil (+3,5%) y Chile (+5,2%) registraron expansiones sostenidas de su actividad manufacturera.

Derrumbe del tejido empresarial

Uno de los datos más preocupantes del informe es el desmantelamiento del entramado industrial. En apenas dos años 2.436 empresas manufactureras dejaron de operar, lo que equivale a la desaparición del 5% del total de firmas del sector.

La pérdida es particularmente grave por su carácter estructural: el estudio advierte que la cantidad de unidades productivas activas se encamina a perforar los mínimos históricos registrados durante la pandemia de COVID-19 en 2020.

Según el análisis de Audemus, el fenómeno no puede interpretarse como un simple proceso de depuración empresarial.

“No se trata de una limpieza de ineficiencias, sino de un colapso productivo que afectó incluso a empresas con décadas de trayectoria”, señala el documento.

Entre los factores que explican este escenario aparecen la caída del consumo interno, el encarecimiento de costos en dólares y la apertura comercial sin mecanismos de protección para la producción local.

Una sangría laboral que golpea a miles de familias

El derrumbe industrial tuvo un impacto directo sobre el empleo formal.

Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la industria expulsó 72.955 trabajadores registrados, lo que implica una reducción del 6% de la plantilla total del sector.

El informe destaca además que el empleo industrial cayó en 16 de los 24 meses de la actual gestión, evidenciando un proceso sostenido de destrucción de puestos de trabajo.

Incluso en los meses donde la actividad mostró leves rebotes técnicos, la contratación no se recuperó, reflejando que muchas empresas entraron en un modo de supervivencia, priorizando recortes de costos laborales para evitar el cierre definitivo.

Fábricas semivacías y sectores en alerta roja

La crisis también se refleja en la Utilización de la Capacidad Instalada Industrial, que en 2025 promedió apenas 57,9%, el nivel más bajo de la última década si se excluye el año de confinamiento por la situación excepcional de la pandemia.

Algunos sectores registraron cifras históricamente críticas:

• Metalmecánica y textil, con niveles mínimos de actividad.
• Tabaco, químicos, caucho y plástico, con tasas inferiores incluso a las registradas en 2020.

Entre las ramas más afectadas se destaca la industria de cuero y calzado, donde la cantidad de empresas activas cayó 16,4% en el bienio analizado.

También sufrieron fuertes retrocesos confecciones y productos metálicos, golpeados por la caída del poder adquisitivo y el ingreso creciente de bienes importados.

En contraste, solo algunos sectores vinculados a exportaciones primarias lograron sostenerse, como la molienda de cereales y oleaginosas —que se recuperó tras la sequía— y la industria farmacéutica, cuya demanda suele ser menos sensible a las crisis económicas.

Señales de crisis productiva

El informe también advierte que la caída reciente de las importaciones de bienes de capital y de insumos industriales no responde a una sustitución productiva, sino a una falta de inversión y de actividad fabril.

Sin maquinaria nueva ni piezas intermedias para producir, los analistas señalan que la industria enfrenta un techo estructural dentro del actual esquema macroeconómico, marcado por un tipo de cambio que favorece el consumo de bienes externos pero debilita la competitividad de la producción local.

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) refuerzan este diagnóstico: la industria manufacturera lideró la pérdida de puestos laborales en noviembre de 2025, con una caída mensual del 0,3% desestacionalizado.

La advertencia sobre la falta de política industrial

Para los analistas de Audemus, el factor que más preocupa hacia el futuro es la ausencia de una estrategia industrial activa.

Mientras muchas potencias mundiales volvieron a implementar subsidios, incentivos productivos y protección de sectores estratégicos, el modelo económico vigente en Argentina apuesta por una desregulación amplia del mercado.

El riesgo, advierte el informe, es que la pérdida de capital humano calificado —operarios que migran hacia la informalidad u otras actividades— vuelva mucho más lenta y costosa cualquier eventual reconstrucción del aparato productivo.

En ese escenario, la industria argentina enfrenta no solo una crisis coyuntural, sino también un proceso de desindustrialización que podría marcar el rumbo económico del país durante los próximos años.

El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, admitió que la baja del riesgo país está siendo más lenta de lo que esperaba el Gobierno y atribuyó esa situación a factores políticos y a la percepción de los mercados. “Bajar el riesgo país es más difícil de lo que se cree”, afirmó el funcionario.

Durante una disertación en un evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba, Caputo explicó que, a pesar de las medidas económicas adoptadas por la gestión de Javier Milei, el indicador que elabora JPMorgan Chase no cayó como se esperaba.

Las declaraciones se dieron en una jornada marcada por la volatilidad en los mercados internacionales en medio de tensiones por la guerra en Medio Oriente. En ese contexto, el riesgo país argentino subió 3,7% y cerró en 588 puntos básicos.

“El mercado sigue priceando un riesgo kuka”

Caputo sostuvo que el comportamiento del indicador no responde únicamente a variables económicas. Según explicó, los inversores aún incorporan en sus cálculos la posibilidad de cambios políticos en el país.

“Sacamos un bono hace dos semanas que vence dentro del mandato de Javier Milei y salió al 5,89%, unos 230 puntos básicos por encima del Tesoro estadounidense. El mercado implícitamente sigue priceando un ‘riesgo kuka’ de casi 300 puntos básicos”, afirmó.

Para el ministro, esa percepción política explica por qué el riesgo país se mantiene elevado aun cuando el Gobierno asegura haber mejorado los indicadores macroeconómicos.

“Es más difícil de lo que vos creés”

Caputo también cuestionó a economistas y analistas que, según dijo, fueron cambiando sus críticas a medida que el Gobierno fue cumpliendo metas económicas.

“Antes decían que el problema era que no comprábamos reservas. Ahora que compramos, dicen que tenemos que hacer una colocación internacional. No, esas son cosas coyunturales que no cambian nada”, sostuvo.

Y agregó: “Lo que pasó es que es más difícil de lo que vos creés”.

El ministro remarcó que el Ejecutivo superó metas de acumulación de divisas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. “Habíamos quedado en comprar alrededor del 5% del volumen diario y estamos comprando más del 30%, sin afectar el precio”, aseguró.

Resultados económicos y desconfianza política

Caputo insistió en que la gestión económica ya mostró resultados, pero que el mercado todavía no refleja plenamente esos cambios en el riesgo país.

“Después de dos años podemos mostrar resultados. Este Gobierno, sin violar la propiedad privada, sin default ni planes Bonex, bajó el gasto 30% en términos reales y terminó con cinco puntos de déficit fiscal”, afirmó.

Sin embargo, reconoció que los mercados no reaccionan únicamente a los fundamentos económicos. “Ojalá los activos financieros se guíen solo por los fundamentos. En el corto plazo influye más la posición técnica y, en países como el nuestro, también el factor político”, explicó.

Por eso, concluyó, la percepción de los inversores sigue incorporando ese componente: “El ‘riesgo kuka’ está y sigue estando”.