La decisión del Gobierno nacional de trasladar el sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo desató una fuerte controversia política, cultural e institucional.

La medida provocó la renuncia indeclinable de la directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar, y motivó además una presentación judicial de los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero, quienes solicitaron que se suspenda el traspaso.

El traslado fue oficializado mediante el Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La norma establece que la histórica reliquia pasará a quedar bajo custodia del Regimiento de Granaderos “General San Martín”, con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Aguilar, historiadora especializada en patrimonio, confirmó su salida en declaraciones periodísticas y cuestionó la interpretación del Ejecutivo sobre la donación del sable. “Este conflicto no es nuevo. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, sostuvo. Había asumido al frente del museo en agosto de 2025, luego de desempeñarse como directora nacional de Museos.

En paralelo, los descendientes de los donantes originales del sable presentaron una medida cautelar ante la Justicia para impedir que la pieza abandone el Museo Histórico Nacional, donde fue depositada en 1897. “Queremos que se respete la voluntad de nuestros antepasados”, afirmó Mercedes Terrero, integrante de la familia Rosas-Terrero.

El amparo solicita la prohibición inmediata del traslado y argumenta que el sable fue entregado con destino final explícito al museo, tal como lo expresan cartas históricas de Manuela Rosas al entonces director Adolfo Carranza. Los familiares denunciaron que ninguna autoridad del Gobierno se comunicó con ellos antes de avanzar con la medida.

La causa quedó en manos del Juzgado Contencioso Administrativo N°12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez. Si se dicta una medida de no innovar antes del sábado, podría suspenderse el acto previsto para el traspaso, que se realizará en San Lorenzo, Santa Fe, durante una ceremonia en el Campo de Gloria donde se especula que participaría el propio Milei disfrazado de granadero.

Mientras el Gobierno sostiene que se trata de un “acto histórico de restitución”, sectores patrimoniales e historiadores advierten que el traslado podría sentar un precedente negativo, desalentando futuras donaciones privadas y debilitando el rol institucional del Museo Histórico Nacional como depositario de piezas fundacionales.

Diputados de la oposición advirtieron que la reciente declaración de emergencia ígnea dispuesta por el Gobierno nacional de Javier Milei no asegura la asignación de recursos económicos a las provincias golpeadas por los incendios que continúan devastando la Patagonia.

Según señalaron distintos legisladores, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el Ejecutivo no crea un fondo específico ni establece partidas presupuestarias destinadas a asistir a las jurisdicciones afectadas, por lo que calificaron la medida como insuficiente frente a la magnitud de la crisis.

“El DNU es puro humo: no asigna fondos concretos para paliar los efectos del fuego. Apenas facilita procesos de licitación y habilita al Ejecutivo a reasignar partidas”, sostuvo el diputado de la Coalición Cívica, Esteban Paulón.

En la misma línea, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, remarcó que la emergencia “no asigna un solo peso ni a las provincias, ni a los municipios, ni a la gente”. Además, criticó que la medida no contempla apoyo para la reconstrucción de viviendas, la compensación de pérdidas productivas ni recursos para la recuperación de bosques nativos.

“No hay un solo peso para quienes combatieron el fuego ni para reparar el daño ambiental”, subrayó Selva.

Los fondos anunciados para bomberos, bajo cuestionamiento

En paralelo, el Gobierno anunció el envío de $100 millones para bomberos voluntarios que trabajan en el combate de los incendios. Sin embargo, desde la oposición advirtieron que se trata del pago de fondos que Nación debe transferir anualmente por ley, y no de una asistencia extraordinaria.

El titular de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, Rubén Oliva, aclaró que los recursos girados “no constituyen un aporte adicional vinculado a los incendios”, sino el cumplimiento de una deuda correspondiente a 2025.

Desde la federación explicaron que se trata de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 25.054, vigente desde 1998, que establece el financiamiento del sistema bomberil a través de un porcentaje de las primas de seguros.

Ante este escenario, legisladores opositores reclamaron que el Congreso trate la emergencia ígnea durante las sesiones extraordinarias, pero incorporando fondos específicos que permitan asistir a los pobladores, sectores productivos y reparar la infraestructura dañada.

Milei decretó la emergencia en cuatro provincias

El Ejecutivo nacional declaró la emergencia ígnea y zona de desastre en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año, tras los incendios registrados desde principios de 2025, que ya afectaron más de 200.000 hectáreas.

El DNU tiene como objetivo “adoptar medidas necesarias para la prevención y combate de incendios, la restauración de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, será la encargada de coordinar el combate del fuego, la atención de familias afectadas y el apoyo a los gobiernos provinciales.

Gobernadores también exigen fondos

En el marco de un encuentro regional, los gobernadores Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Sergio Ziliotto, Rolando Figueroa, Claudio Vidal y otros mandatarios provinciales reclamaron que la Ley de Emergencia Ígnea sea incorporada al temario del Congreso.

Los mandatarios alertaron sobre el impacto de los incendios: 168 mil hectáreas quemadas en La Pampa, 45 mil en Chubut, 10 mil en Río Negro, 6 mil en Neuquén y 700 en Santa Cruz, sumando más de 230 mil hectáreas devastadas.

El derrumbe financiero se da en un contexto de creciente desconfianza de los inversores tras el escándalo en el Indec, luego de que el Gobierno interviniera para frenar la implementación de un nuevo índice de precios al consumidor (IPC).

Las acciones de empresas argentinas sufrieron un fuerte golpe este martes en Wall Street, con desplomes de hasta el 32%, en una jornada marcada por la caída de los bonos soberanos y un Riesgo País que volvió a superar los 500 puntos básicos.

El derrumbe financiero se da en un contexto de creciente desconfianza de los inversores tras el escándalo en el Indec, luego de que el Gobierno interviniera para frenar la implementación de un nuevo índice de precios al consumidor (IPC). La crisis derivó en la salida del entonces titular del organismo, Marco Lavagna, y encendió alarmas en los mercados ante el temor de una posible manipulación de los datos inflacionarios.

La incertidumbre se profundizó además después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que el Ejecutivo no planea acudir al mercado internacional de deuda en el corto plazo. A esto se sumaron declaraciones del presidente Javier Milei sobre su estrategia de vender activos estatales para cancelar pasivos, lo que generó mayor inquietud sobre el rumbo económico.

En Wall Street, Bioceres Crop alcanzó un mínimo histórico de US$1,14, golpeada por el conflicto judicial que enfrenta el grupo tras la pérdida de control de activos de ProFarm Group en Estados Unidos. En los últimos días, acreedores de Bioceres SA avanzaron con ejecuciones sobre subsidiarias vinculadas a su unidad tecnológica, luego de un fallo adverso en la Corte de Nueva York que habilitó restricciones sobre activos dados en garantía.

En el segmento de renta fija, los bonos Bonares registraron bajas generalizadas, empujando el Riesgo País hasta los 506 puntos básicos.

Los ADRs argentinos también mostraron caídas extendidas. Edenor lideró las pérdidas con un retroceso de 4,6%, mientras que Globant se desplomó 12,3% y Vista cayó 6,7%.

En el plano local, el índice S&P Merval no logró sostener el impulso inicial y cerró con una baja del 1,3% en pesos, finalizando en 3.067.662 puntos. Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Aluar (-2,3%) encabezaron las caídas en la Bolsa porteña, en una jornada que analistas interpretaron como una toma de ganancias tras el fuerte rally de enero.

La reacción del mercado refleja que, tras la crisis en el Indec, la credibilidad del Gobierno y de su equipo económico quedó seriamente golpeada.

Un verdadero terremoto político sacude a La Libertad Avanza en Salta. El diputado provincial Nicolás Arce confirmó que fue despedido con justa causa de la petrolera Refinor en medio de un escándalo explosivo.

La política salteña quedó sacudida por un escándalo que golpea de lleno a La Libertad Avanza. El diputado provincial Nicolás Arce confirmó que fue despedido con justa causa de la empresa petrolera Refinor, en medio de una denuncia interna de extrema gravedad.

De acuerdo al acta de despido, la compañía lo responsabilizó por la desaparición de 76.000 litros de combustible, un faltante millonario que la firma consideró inadmisible. El documento también señala que no se trató de un hecho aislado: Arce contaba con tres suspensiones previas, lo que habría llevado a Refinor a cortar el vínculo de manera inmediata.

Pese a la contundencia de la acusación, el legislador libertario se defendió públicamente y anunció que inició un juicio contra la empresa para exigir una indemnización, buscando revertir la decisión.

El caso genera un fuerte impacto político, ya que el espacio libertario salteño que se presenta como abanderado del “orden” y la “honestidad” queda ahora envuelto en una polémica difícil de explicar.

El Gobierno nacional volvió a quedar bajo la lupa tras nuevas contrataciones a la droguería Suizo Argentina, firma vinculada a las presuntas coimas investigadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

A pesar de que su nombre permanece en el centro de una causa judicial por sobreprecios, licitaciones direccionadas y desvío de fondos, la empresa de la familia Kovalivker reapareció en procesos de compra oficiales impulsados por el Ministerio de Salud.

La reaparición se conoció a través del portal estatal Comprar, donde figuran dos licitaciones recientes en las que Suizo Argentina presentó ofertas junto a otros proveedores. La situación cobra especial relevancia luego de los audios atribuidos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que advertía sobre un esquema interno de “discrecionalidad, direccionamiento, cartelización y sobreprecios”.

Una causa que sigue abierta

El caso estalló en agosto pasado, cuando se difundieron grabaciones adjudicadas a Spagnuolo —entonces funcionario nacional y representante legal del presidente Javier Milei— describiendo un presunto sistema de corrupción con licitaciones diseñadas a medida y desvío de fondos públicos. Suizo Argentina fue señalada como una de las principales beneficiarias.

Tras la difusión, el Gobierno mantuvo un cerrojo de casi tres meses sobre la firma: durante 89 días, desde el 22 de agosto, el CUIT de la empresa no volvió a figurar en el sistema Comprar. Sin embargo, la suspensión terminó y su regreso generó nuevas sospechas, especialmente considerando que en poco más de un año y medio de gestión libertaria la droguería acumuló contrataciones por más de 100 mil millones de pesos.

Según relevamientos oficiales, Suizo Argentina firmó acuerdos millonarios no solo con Salud, sino también con los ministerios de Seguridad y Defensa, además de PAMI y el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), consolidando su peso dentro del entramado de compras públicas.

Nuevas licitaciones bajo cuestionamiento

De acuerdo con información oficial, la droguería volvió a presentarse en una licitación abierta el 15 de noviembre para la provisión de insumos de hemodinamia infantil destinados al Hospital Posadas. En ese proceso, Suizo Argentina fue una de las dos firmas que superaron el primer filtro técnico y su oferta, por 250 millones de pesos, figura como “disponible para adjudicar”.

En paralelo, su nombre también aparece en otra licitación impulsada el 26 de diciembre para la adquisición de insumos de neurocirugía con aparatología a préstamo. Allí ofertó casi 37 millones de pesos, logrando superar la primera instancia de evaluación entre diez oferentes.

Estas nuevas contrataciones se producen pese a que el fiscal Franco Picardi detalló en su dictamen irregularidades en la ANDIS, describiendo un funcionamiento atravesado por decisiones discrecionales, direccionamiento de licitaciones y sobreprecios sistemáticos, con participación central de determinados proveedores, entre ellos Suizo Argentina.

La decisión oficial de habilitar nuevamente a la empresa mientras la causa judicial sigue en curso vuelve a encender alarmas sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos.

La Justicia frenó el ajuste en la ANDIS

En otro frente, en octubre pasado la ANDIS quedó obligada a restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en los últimos meses, tras una medida cautelar de alcance nacional.

La orden fue formalizada mediante la Resolución 12621/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.

El fallo fue dictado por el Juzgado Federal N°2 de Catamarca, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, quien hizo lugar a un amparo presentado por el Defensor del Pueblo provincial, Dalmacio Mera. La resolución exige reactivar en 24 horas todos los pagos interrumpidos desde 2024 y prohíbe avanzar con nuevas auditorías o suspensiones hasta una sentencia definitiva.

La ANDIS deberá notificar a los beneficiarios, asignar los fondos necesarios y comunicar la medida a la ANSES para garantizar la restitución inmediata. El magistrado consideró que la suspensión afectó de manera homogénea a miles de personas con discapacidad y aplicó la doctrina del caso “Halabi”, al tratarse de un derecho de incidencia colectiva.

La cautelar se dictó además en un contexto de creciente conflictividad social, con protestas de familiares y prestadores frente a la sede del organismo, denunciando recortes, demoras en los pagos y falta de respuestas oficiales.

La difusión de los últimos datos de inflación desató un fuerte escándalo en el INDEC y expuso una crisis interna sin precedentes en el organismo estadístico nacional.

En medio de tensiones crecientes por la implementación de una nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes el recambio en la cúpula del instituto la cual fue descabezada y anunció la postergación del índice renovado que debía estrenarse con el dato de enero.

Caputo blanqueó la injerencia directa del Gobierno en el organismo y admitió que la renuncia de Marco Lavagna estuvo vinculada al desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei de frenar la actualización del sistema de medición. Pedro Lines quedará al frente del INDEC tras la salida de Lavagna, en un contexto marcado por fuertes cuestionamientos sobre la transparencia de las estadísticas oficiales.

El nuevo modelo buscaba actualizar la canasta de consumo, incorporando con mayor peso los servicios —que hoy representan una porción creciente del gasto de los hogares— y corrigiendo distorsiones del esquema vigente, basado en ponderaciones de 2008. Entre los ejemplos más citados aparece la permanencia de la telefonía fija en la canasta, mientras quedan relegados consumos actuales como las plataformas de streaming.

La metodología descartada por Milei y Caputo contaba incluso con el aval del FMI, ya que se apoyaba en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018 y permitía reflejar con mayor precisión los patrones reales de consumo de la población. Además, el índice actualizado se asemeja al que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, que suele arrojar valores más elevados debido al mayor peso de los servicios en la Canasta Básica Total.

Sin embargo, Caputo justificó la postergación asegurando que el cambio podría “opacar” el proceso de desinflación que el Gobierno intenta consolidar. “No hay necesidad de cambiar el índice ahora, da prácticamente lo mismo”, afirmó, aunque reconoció que se mantendrá la medición actual “hasta que el proceso esté consolidado”.

La decisión oficial de intervenir en el INDEC y frenar un cambio metodológico ya preparado reavivó temores históricos: economistas y sectores de la oposición advierten que el Gobierno busca evitar el riesgo de que la inflación arroje cifras más altas en los próximos meses, aun al costo de erosionar la credibilidad política y técnica del organismo con impacto en otros datos cruciales como los de la pobreza.

Con el desplazamiento de Lavagna y la suspensión del nuevo IPC, el escándalo vuelve a instalar una pregunta sensible: ¿se trata de una decisión técnica o de un intento de control político sobre un dato clave para millones de argentinos?

El gobierno bonaerense salió con dureza a cuestionar al jefe de gabinete Manuel Adorni, luego de que el funcionario libertario celebrara como un “hito” la habilitación para que clínicas y hospitales puedan importar equipamiento médico usado.

Desde la Provincia advirtieron que la medida no sólo implica un retroceso, sino que refleja la falta de inversiones reales en el sistema sanitario argentino.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, fue uno de los primeros en responder públicamente y acusó al Ejecutivo nacional de abandonar la salud pública en lugar de fortalecerla con recursos genuinos. A través de un mensaje en su cuenta de X, ironizó sobre las prioridades del Gobierno:

“¿Qué estás haciendo por la salud del pueblo? ¿Inversión? ¿Hospitales?”, escribió, para luego rematar: “No, algo mucho mejor: se puede traer la chatarra médica que descartan en otros países, pero sin control”.

Kreplak alertó que permitir el ingreso de equipamiento usado sin regulaciones estrictas puede poner en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores, además de profundizar el deterioro del sistema sanitario.

La crítica llegó después de que Adorni anunciara la medida como un avance. “A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento usado”, publicó el vocero, defendiendo la iniciativa al afirmar que reducirá “costos y burocracia” y mejorará la calidad del servicio.

Sin embargo, desde el Ejecutivo bonaerense sostienen que el anuncio expone el rumbo del Gobierno nacional: reemplazar políticas de inversión y fortalecimiento del sistema de salud por medidas que habilitan la llegada de descartes médicos del exterior. El cruce volvió a marcar la tensión creciente entre Nación y Provincia en torno al futuro de la política sanitaria.

El indicador, que mide el número de niños y niñas que mueren antes de cumplir un año, pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Después de más de dos décadas de descenso sostenido, la Argentina registró en 2024 un aumento en la tasa de mortalidad infantil. El indicador, que mide el número de niños y niñas que mueren antes de cumplir un año, pasó de 8 a 8,5 muertes cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024, según datos oficiales del Ministerio de Salud.

Se trata de un incremento de 0,5 puntos, el más alto desde 2002, de acuerdo con un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, organización dedicada a la promoción y prevención en salud. “En 2024 se da el mayor aumento de la tasa de mortalidad infantil desde 2002”, advirtió el documento.

Los especialistas vinculan este retroceso al deterioro de las condiciones socioeconómicas y sanitarias, agravadas por el avance de la pobreza. Señalan que la crisis comenzó durante la pandemia, en el gobierno de Alberto Fernández, y se profundizó durante el primer año de gestión de Javier Milei.

En números absolutos, durante 2024 se contabilizaron 3.513 fallecimientos de bebés menores de un año, lo que interrumpió una tendencia de mejora que se mantenía desde comienzos de los 2000, cuando la tasa alcanzaba los 16,6 puntos.

Entre las principales causas del aumento figuran las afecciones originadas en el período perinatal y las malformaciones congénitas.

Desigualdad entre provincias

El informe también expone fuertes diferencias regionales. Corrientes encabezó los registros con una tasa de 14 muertes infantiles, seguida por Chaco (11,8) y La Rioja (11,7). También se ubicaron por encima del promedio nacional provincias como Formosa y Santiago del Estero, con 10,7 decesos cada 1.000 nacidos vivos.

La tasa de mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles del estado de salud de una población, ya que refleja el acceso a controles médicos, condiciones de vida y calidad del sistema sanitario.

La tensión en el sistema ferroviario volvió a escalar este sábado tras una fuerte advertencia del sindicato La Fraternidad, que evalúa convocar a un paro nacional de trenes el próximo jueves 5 de febrero si no se alcanza un acuerdo salarial satisfactorio en las próximas horas.

El conflicto se profundizó luego de la última reunión paritaria, en la que las empresas del sector ofrecieron una recomposición de solo un 1% para los haberes de enero, una propuesta que el gremio calificó como insuficiente e inaceptable frente al impacto de la inflación.

Aunque la posibilidad de la huelga ya está planteada, la decisión final quedó en suspenso por 48 horas. Desde el sindicato señalaron que la concreción del paro dependerá de las nuevas ofertas salariales que puedan surgir en la mesa de negociación, prevista para este lunes.

En caso de no registrarse avances, La Fraternidad podría formalizar ese mismo día la convocatoria a un paro general ferroviario, lo que afectaría los servicios en todo el país a partir del jueves.

El conflicto se inscribe además en un clima de creciente tensión entre los gremios del transporte y el Gobierno nacional. El líder sindical Omar Maturano ya había expresado su rechazo a aspectos de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei.

Según el prestigioso medio estadounidense The Washington Post, Argentina se encuentra en un estado avanzado de conversaciones para aceptar migrantes deportados por Estados Unidos, tanto argentinos como extranjeros, expulsados por haber ingresado de manera irregular a territorio norteamericano.

Un informe publicado por The New York Times volvió a encender las alarmas sobre las negociaciones entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump. Según el prestigioso medio estadounidense, Argentina se encuentra en un estado avanzado de conversaciones para aceptar migrantes deportados por Estados Unidos, tanto argentinos como extranjeros, expulsados por haber ingresado de manera irregular a territorio norteamericano.

Lo más grave es que fuentes estadounidenses confirmaron que estas tratativas existen desde enero de 2025, como parte de un paquete de acuerdos que Washington viene impulsando con gobiernos subordinados de la región. De concretarse, el país podría transformarse en un verdadero “vertedero de personas descartadas por Washington”, recibiendo deportados que Estados Unidos busca expulsar, entre ellos potencialmente criminales peligrosos, con un impacto directo sobre la seguridad ciudadana interna argentina.

Ante consultas periodísticas, los voceros oficiales del Gobierno evitaron brindar precisiones. Incluso, un alto funcionario se limitó a minimizar el contenido del artículo, señalando que el acuerdo “no es tan así”. Sin embargo, desde EEUU reconocen que las conversaciones llevan más de un año en marcha, aunque todavía no hay una fecha definida para su oficialización.

La nota del diario norteamericano apunta a que el canciller Pablo Quirno y el vicecanciller Juan Navarro estarían involucrados en los detalles del entendimiento. Desde Cancillería respondieron con evasivas: “No realizamos comentarios sobre conversaciones o eventuales negociaciones diplomáticas”.

Desde la asunción de Trump, uno de los primeros pedidos a los países aliados fue la cooperación con su política migratoria. El Salvador fue el caso pionero: aceptó recibir deportados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde fueron encerradas 256 personas, muchas de ellas con antecedentes penales. Posteriormente, el gobierno de Nayib Bukele aceptó otros 200 deportados a cambio de 4,76 millones de dólares.

Ecuador también confirmó en septiembre de 2025 negociaciones avanzadas para recibir migrantes en condición de refugiados, aunque sin el alcance del modelo salvadoreño, que incluye delincuentes y personas con prontuario.

En el caso argentino, aún no se conocen las condiciones exactas que se estarían negociando. Pero lo que ya resulta inquietante es que Estados Unidos confirma que las conversaciones existen desde enero de 2025, lo que abre la puerta a que Argentina termine funcionando como un destino para deportados no deseados por Washington, con el consiguiente riesgo de importar problemas de seguridad y criminalidad que podrían poner en jaque la propia soberanía nacional.