La crisis del consumo y el freno de la actividad siguen profundizando una ola de despidos que se expande por todo el país y golpea con fuerza al sector del comercio y la industria alimenticia.

ChangoMás acelera el ajuste: estiman hasta 300 despidos

La cadena de supermercados controlada por Dorinka, del grupo del empresario Francisco de Narváez, inició un nuevo plan de ajuste que podría alcanzar entre 200 y 300 despidos en todo el país, según estimaciones de fuentes mercantiles.

El viernes pasado fueron notificados 11 trabajadores de la sucursal de la capital de San Juan, mientras que en La Pampa también hubo cesantías, incluso entre personal jerárquico. Los gremios provinciales ya intervienen para verificar las condiciones de las desvinculaciones y exigir precisiones sobre el pago de indemnizaciones.

Desde los sindicatos advierten que el recorte “llegará a todo el país” y que la cifra final podría superar ampliamente las primeras estimaciones. “Como mínimo fueron tres empleados por tienda y la empresa tiene más de 90 sucursales”, señalaron fuentes del sector. Muchos de los despedidos serían trabajadores con poca antigüedad, especialmente de líneas de cajas.

Desde la Casa Rosada no se ve. San Juan, capital: entre los supermercados Libertad y Changomás hubo 50 despidos, desde diciembre último. Los más recientes fueron el pasado viernes 27/2, cuando Changomás despidió a 11 empleados. Motivo? Caída del consumo. pic.twitter.com/OjKYabsACL

— David Correa (@davidcorreatv) March 3, 2026

El antecedente inmediato no es alentador: en mayo de 2024 la firma ya había despedido al menos 152 empleados en ocho sucursales, también bajo el argumento de la caída de ventas. Hoy, con 93 sucursales y unos 8.600 trabajadores, la compañía vuelve a aplicar un ajuste más profundo, en un contexto de retracción del consumo que afecta a todo el rubro supermercadista.

Cierre del frigorífico San Roque en Morón: 140 familias sin trabajo

La crisis también impacta con fuerza en la industria cárnica. El frigorífico Ganadera San Roque cerró definitivamente su planta en Morón y despidió a sus 140 trabajadores, alegando caída del consumo interno y un fuerte incremento de las importaciones.

La empresa encuadró las desvinculaciones en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas. Los telegramas comenzaron a llegar mientras se desarrollan audiencias en el Ministerio de Trabajo para intentar amortiguar el impacto social.

El establecimiento era considerado uno de los históricos del distrito y su clausura profundiza la preocupación en el conurbano bonaerense, donde el sector ya venía golpeado por suspensiones y conflictos.

La Anónima y otras cadenas, en alerta

La situación también genera inquietud en La Anónima, cadena con fuerte presencia en la Patagonia, que enfrenta una caída de ventas de hasta el 25% y problemas financieros vinculados al aumento de la morosidad en su tarjeta propia. En los últimos meses redujo decenas de puestos de trabajo y no se descartan nuevas medidas.

En paralelo, otras firmas del sector como Cencosud —propietaria de Vea y Easy en Argentina— avanzaron con cierres de sucursales y despidos en distintas provincias. También se registran recortes en Libertad y ajustes en distintas plazas del interior.

El panorama general muestra un escenario de ajuste extendido, con empresas que reducen estructuras, aplican “dotaciones mínimas” y avanzan en despidos como respuesta a la caída del consumo. La preocupación crece entre los trabajadores y sus representantes gremiales, que advierten que el costo de la crisis vuelve a recaer, una vez más, sobre el empleo formal en todo el país.

El argentino Rafael Grossi, actual titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y candidato impulsado por Javier Milei para conducir la Organización de las Naciones Unidas, puso en jaque el argumento con el que Donald Trump justificó el reciente ataque coordinado con Israel contra Irán.

En recientes declaraciones a la cadena NBC News y a la Española RTVE, Grossi fue categórico: el organismo dependiente de la ONU no había identificado “elementos de un programa sistemático y estructurado para fabricar armas nucleares” en Irán. Incluso recordó que el año pasado la AIEA ya había afirmado que no existían indicios en ese sentido.

“Nunca tuvimos información que indicara que existiera un programa sistemático y estructurado para fabricar o construir un arma nuclear”, remarcó el diplomático argentino.

Las afirmaciones chocan de frente con el discurso de Trump, quien tras el ataque aseguró: “Querían fabricar un arma nuclear, así que los destruimos completamente”, y sostuvo además que el régimen iraní estaba a punto de contar con misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense.

Las palabras de Grossi no son menores: al provenir del jefe del organismo encargado de supervisar el uso pacífico de la tecnología atómica, debilitan el fundamento técnico de la ofensiva militar y tensan el relato de la Casa Blanca, ya que la mera sospecha no constituye validación formal por parte del sistema de verificación internacional.

El impacto político también alcanza a Milei. El Presidente argentino celebró el ataque y la “eliminación” del ayatola Jamenei —a quien calificó como “una de las personas más malvadas, violentas y crueles de la historia”— y mantiene un alineamiento sin matices con Trump. En ese contexto, la posición técnica de su propio candidato a la ONU lo deja en una situación incómoda.

El respaldo oficial a la candidatura de Grossi fue formalizado en noviembre pasado, cuando el Gobierno destacó su “capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”. El diplomático, que asumió al frente de la AIEA en 2019 tras la muerte de Yukiya Amano, se convirtió entonces en el primer latinoamericano en dirigir el organismo.

Ahora, sus declaraciones vuelven a colocar en el centro del debate la diferencia entre evaluación técnica y narrativa política, justo cuando Milei profundiza su sintonía con la Casa Blanca y se prepara para nuevos encuentros con la administración estadounidense.

¿El gobierno de Javier Milei busca arrastrar al país al conflicto de Medio Oriente?

Mientras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán se intensifica con consecuencias aún inciertas con miles de civiles afectados, el precio del petróleo al alza y amplias repercusiones globales, la mayoría de las naciones del mundo han adoptado posturas de cautela o llamado a la diplomacia ante esta guerra. Muchos gobiernos optaron por condenar los ataques o pedir soluciones negociadas; incluso dentro de América Latina varios mandatarios expresaron distancia de la ofensiva impulsada por Washington y Tel Aviv.

En contraste con este enfoque mayoritario, Argentina rompió con la postura regional y su tradición diplomática. La cancillería del gobierno de Milei emitió un comunicado oficial respaldando públicamente las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, afirmando que esas acciones buscan “neutralizar la amenaza que Irán representa para la estabilidad internacional”. A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, que optaron por la prudencia o por enfatizar soluciones políticas, Argentina se destacó como el único país de la región en adoptar esta posición de apoyo explícito a la campaña bélica.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 28, 2026

Horas después, la propia Oficina del presidente ratificó y amplió ese respaldo, celebrando la eliminación del líder iraní Alí Jamenei con términos moralizadores y confrontativos que subrayan una identificación ideológica con Estados Unidos e Israel más allá de intereses tradicionales de política exterior.

Este alineamiento de Buenos Aires con la Casa Blanca y Tel Aviv no es un hecho aislado, sino parte de un giro estratégico desde la llegada de Milei al poder que lo ha llevado a convertir a Argentina en uno de los pocos países del mundo que se coloca tan abiertamente junto a Washington e Israel en el conflicto, en sintonía con figuras como el expresidente Donald Trump y enfrentando así no solo a Irán sino también a las posturas diplomáticas mayoritarias en América Latina y el mundo.

En un contexto donde la mayoría de gobiernos aboga por la desescalada, el rechazo a la violencia y el respeto al derecho internacional, la decisión argentina —única en la región— de respaldar estos ataques militares refleja una política exterior que muchos críticos ven como un intento de arrastrar al país hacia una guerra ajena, alineándose con potencias globales y apartándose de la tradición diplomática latinoamericana centrada en la neutralidad y la resolución pacífica de conflictos

La Fiscalía General solicitó ante la Cámara Federal porteña la reapertura de la causa que investiga el acuerdo firmado en 2018 entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el préstamo de u$s57.100 millones y el posible destino irregular de esos fondos.

El pedido fue formulado por el fiscal general José Agüero Iturbe, quien ratificó la apelación presentada por el fiscal de primera instancia, Franco Picardi, contra el archivo del expediente dispuesto semanas atrás.

En la causa están imputados el expresidente Macri; sus exfuncionarios Luis Caputo y Federico Sturzenegger, actuales ministros de Economía y de Desregulación del gobierno de Javier Milei; además del exministro Nicolás Dujovne y el exjefe de Gabinete Marcos Peña. Todos están bajo sospecha por presuntas irregularidades en el trámite administrativo del préstamo y en el manejo posterior de las divisas.

La definición ahora quedó en manos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal.

En su planteo, Picardi sostuvo que la investigación se encuentra lo suficientemente avanzada como para citar a indagatoria a los imputados y señaló la posible existencia de una “plataforma criminal que ha podido ser acreditada”.

El conflicto judicial se originó tras la decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti de archivar la causa, al considerar que el acuerdo con el organismo internacional constituyó una decisión de naturaleza política no judicializable. En su resolución, la magistrada afirmó que no se advierte, hasta el momento, la acreditación de un deliberado propósito orientado a defraudar al erario público.

En contraposición, la fiscalía sostiene que podrían haberse cometido delitos de abuso de autoridad y administración fraudulenta. Con este nuevo paso procesal, el fiscal general solicitó formalmente que se revoque el archivo para avanzar hacia nuevas instancias en la investigación.

La interna en el oficialismo volvió a escalar con un duro cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el diputado nacional libertario Luis Petri, en medio de fuertes acusaciones cruzadas y reproches públicos.

A través de un posteo en la red social X, Villarruel acusó al ex ministro de Defensa de haber dejado un “vacío” en la obra social de militares y fuerzas de seguridad, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), y deslizó la existencia de un presunto desfalco que estaría bajo investigación judicial.

“Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país”, escribió la vicepresidenta. En el mismo mensaje, redobló la apuesta y sugirió una posible responsabilidad penal: “Creo que antes de divagar y comentar como una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial”.

Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver…

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 3, 2026

El descargo fue en respuesta a declaraciones previas de Petri, quien la había acusado de “apostar al fracaso del gobierno” y de ser “funcional a la oposición”, en un contexto de crecientes tensiones dentro del espacio gobernante. Además, el diputado cuestionó la actitud de Villarruel durante la apertura de sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei, y aseguró que se mostró desatenta mientras el mandatario brindaba su discurso ante la Asamblea Legislativa

El intercambio marca un nuevo y áspero capítulo en la disputa interna del oficialismo, ahora atravesado por acusaciones de gravedad vinculadas a la gestión del IOSFA, la obra social que brinda cobertura médica a cientos de miles de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad federales en todo el país.

Aunque en el último mes de 2025 se registró un leve repunte y el costo de construir edificios aumentó por debajo de la inflación, el panorama general sigue siendo crítico y sin señales claras de recuperación.

El sector de la construcción continúa sumido en un escenario sombrío, atravesado por una fuerte contracción de la actividad y una pérdida masiva de empleo. Aunque en el último mes de 2025 se registró un leve repunte y el costo de construir edificios aumentó por debajo de la inflación, el panorama general sigue siendo crítico y sin señales claras de recuperación.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, describió una “crisis profunda” que ya provocó la eliminación de 120.000 puestos de trabajo directos y una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024. Según advirtió, el sector perdió cerca del 30% de su mano de obra en medio del ajuste.

“El Estado puede querer el equilibrio fiscal para que no haya inflación, pero en el medio perdieron el 30% de la mano de obra”, sintetizó Weiss, al cuestionar el impacto del freno en la inversión pública nacional. Si bien reconoció cierto dinamismo en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, sostuvo que el estancamiento es generalizado debido a la “casi total ausencia” de obras impulsadas por el Estado nacional.

El dirigente también alertó sobre los efectos de la apertura de importaciones y la necesidad de resguardar a las empresas locales. “Si nuestra idea es que los consumidores argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo”, afirmó. En esa línea, remarcó que, aunque las compañías ineficientes podrían no subsistir en un esquema macroeconómico ordenado, “es imperativo proteger a las que sí lo son”.

A este cuadro se suma un mercado inmobiliario privado que continúa “tranquilo” y una recuperación del crédito hipotecario que, según Weiss, todavía no alcanza el volumen necesario para reactivar con fuerza la actividad. Así, pese a algunos indicios aislados de movimiento, la construcción sigue atrapada en un ciclo recesivo que profundiza la incertidumbre y el pesimismo en uno de los sectores históricamente más dinámicos de la economía.

El senador libertario Francisco Paoltroni volvió a quedar en el centro de la polémica tras asegurar que “comer carne es como andar en un Ferrari, es un lujo”, una frase que generó fuertes reacciones en el país históricamente identificado con la producción y el consumo de carne vacuna.

En la Argentina —donde durante décadas el consumo per cápita llegó a rozar los 100 kilos anuales y donde la carne formó parte habitual de la dieta semanal de millones de familias— la comparación con un auto de superlujo fue leída como una provocación y como un síntoma del cambio de época que atraviesa el mercado interno.

Las críticas se potenciaron por el propio perfil del senador: productor agropecuario y vinculado a la actividad ganadera, un sector tradicionalmente asociado al abastecimiento local además de la exportación. Para muchos, resulta llamativo que alguien con ese recorrido sostenga que hoy consumir carne sea equiparable a un lujo inaccesible.

En ese marco, la discusión de fondo gira en torno al destino de la producción vacuna, con un volumen creciente orientado a la exportación, y al impacto de los precios internos frente a salarios que no acompañan la inflación. Mientras desde el oficialismo se insiste en una mejora de los ingresos en términos de dólares, amplios sectores de la población señalan que el poder adquisitivo en el mercado local continúa deteriorado.

La frase de Paoltroni no solo reavivó el debate sobre el costo de vida, sino también sobre el modelo productivo y el acceso de los argentinos a uno de los alimentos más emblemáticos de su identidad cultural.

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Producción bonaerense Augusto Costa presentaron el balance oficial de la temporada, que dejó los peores resultados desde la salida de la pandemia en términos de movimiento turístico e impacto económico en la Provincia de Buenos Aires.

Costa detalló que los datos relevados hasta el 22 de febrero confirman una caída generalizada en los principales indicadores del sector. Entre el 1° de diciembre y esa fecha ingresaron al territorio bonaerense 8,2 millones de turistas, lo que representa una baja del 1,2% respecto del año pasado. Sin embargo, el contraste más fuerte se observa frente a la temporada 2022/2023, cuando se había registrado un millón más de visitantes.

El deterioro no solo se reflejó en la cantidad de turistas, sino también en la duración de las estadías. Hasta la primera quincena de febrero, el promedio fue de cinco noches, un 4% menos que en la temporada anterior y un 6% por debajo de los niveles de 2022/2023. “Vino menos gente, estuvo menos tiempo y gastó muchísimo menos que en temporadas anteriores”, sintetizó el ministro.

El dato más crítico surgió del análisis del consumo. A partir de un relevamiento en 28 centros turísticos, realizado junto al Banco Provincia mediante el estudio de transacciones, se determinó que el gasto promedio de los turistas cayó un 25% interanual. Si la comparación se realiza contra la temporada 2022/2023, la contracción alcanza el 35%, lo que implica una fuerte pérdida de ingresos para hoteles, comercios, gastronomía y actividades recreativas.

Según Costa, el desplome del poder adquisitivo fue determinante en este resultado. El funcionario advirtió que “los ingresos para el sector turístico se desplomaron en estos dos años” y que la actividad queda “muy mal parada” de cara al resto del año.

Entre los factores explicativos, el ministro apuntó al encarecimiento relativo de los destinos locales frente a los internacionales. Aseguró que viajar al exterior llegó a resultar hasta un 50% más barato que vacacionar en la provincia o en otros puntos del país, situación que desde el Gobierno bonaerense atribuyen a la política cambiaria nacional y a la pérdida de competitividad del turismo interno.

Por su parte, Kicillof vinculó el balance negativo con el contexto económico nacional y cuestionó la gestión del presidente Javier Milei. “En la Argentina de Milei cerraron 22 mil empresas y hay un despido cada 4 minutos: estamos asistiendo a un plan de exterminio deliberado del sistema productivo y del sector turístico local, interno y nacional”, afirmó.

Con estos números oficiales, la temporada de verano cerró con un panorama crítico para uno de los motores económicos clave de la provincia, afectado de lleno por la caída del consumo y el deterioro del ingreso real de la población.

El último informe de la consultora Zuban Cordoba advierte que el 51% de la población se encuentra en “alerta roja” como consecuencia del deterioro de sus ingresos y su situación de empleo.

El estudio refleja un nivel creciente de preocupación social frente al impacto de la crisis en la vida cotidiana. Más de la mitad de los encuestados manifestó atravesar un escenario de fragilidad económica, con dificultades para sostener sus ingresos y perspectivas laborales inciertas.

La situación es aún más delicada entre los jóvenes de 18 a 30 años. En ese segmento, la falta de empleo aparece como la principal inquietud, señalada por el 34,5% de los consultados, lo que expone las barreras que enfrentan las nuevas generaciones para ingresar y mantenerse en el mercado de trabajo.

La economía real desplazó la "agenda política".
En nuestro último informe nacional, los bajos salarios y la falta de empleo consolidan el podio del malestar social frente a la inseguridad y la inflación.
Vamos con un informe express👇

— Zuban Cordoba (@Zuban_Cordoba) February 28, 2026

El relevamiento se realizó sobre 1.500 casos en todo el país, con trabajo de campo desarrollado entre el 23 y el 26 de febrero de 2026. Los resultados describen un escenario atravesado por la incertidumbre y la vulnerabilidad económica, con un fuerte impacto en las expectativas de futuro.

Transporte público, alquileres, medicina prepaga, luz y agua subirán en simultáneo, configurando un escenario de fuerte presión sobre los ingresos en un contexto en el que la inflación mensual ronda el 2%–3%, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Lejos de tratarse de ajustes aislados, se trata de subas acumulativas que se suman a los incrementos ya aplicados en los primeros meses del año y que afectan rubros esenciales de la vida cotidiana.

Transporte público: otro salto tras el 31% de febrero

El transporte vuelve a encabezar la lista de aumentos. Las líneas nacionales que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense tendrán un incremento del 7,7% desde el 16 de marzo, tras el fuerte salto del 31% aplicado en febrero.

Con SUBE registrada, las tarifas quedarán así:

• 0 a 3 km: $700
• 3 a 6 km: $779,78
• 6 a 12 km: $839,86
• 12 a 27 km: $899,99
• Más de 27 km: $959,71

Sin SUBE registrada, los valores prácticamente se disparan:

• Hasta 3 km: $1.113
• 3 a 6 km: $1.239,85
• 6 a 12 km: $1.335,38
• 12 a 27 km: $1.430,98
• Más de 27 km: $1.525,94

En paralelo, los colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires aumentarán 4,9%, llevando el boleto mínimo a $681,85. Para quienes viajan todos los días, el impacto mensual se vuelve significativo y erosiona aún más el salario.

Alquileres: subas que superan el 100%

El mercado inmobiliario presenta uno de los escenarios más duros. Según el Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), los incrementos varían según el tipo de contrato, pero en muchos casos resultan abrumadores:

• Contratos bajo la derogada Ley de Alquileres: +33,89% (ICL).
• Contratos firmados en marzo de 2023: +149,34%.
• Actualización trimestral: +7,3%.
• Ley 27.737 con fórmula “Casa Propia”: +16,61% semestral.

La dispersión de regímenes convive con aumentos que, en algunos casos, multiplican varias veces la inflación mensual, profundizando la dificultad para sostener una vivienda en alquiler.

Prepagas: subas de hasta 3,2% y más presión en salud

Las empresas de medicina prepaga aplicarán en marzo aumentos de entre 2,9% y 3,2%, en línea con la inflación de enero (2,9% según el INDEC). El ajuste también alcanza a los copagos.

Si bien el porcentaje parece menor frente a otros rubros, se suma a una cadena de incrementos previos y consolida a la salud privada como uno de los gastos fijos más pesados para la clase media.

Luz: aumentos de hasta 17%

En la provincia de Buenos Aires, las tarifas eléctricas subirán desde el 1° de marzo para usuarios de EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y cooperativas:

• Usuarios sin subsidios: +17%.
• Usuarios con subsidios: +12%.

El ajuste responde a la actualización de precios mayoristas y al Valor Agregado de Distribución (VAD), además del nuevo esquema de subsidios. En el AMBA aún se aguarda la confirmación de los incrementos para Edenor y Edesur.

Agua: actualización mensual del 4%

AySA continuará con su esquema de actualización mensual con tope del 4%, aprobado por el ERAS mediante la Resolución N° 53/25. El mecanismo combina el Índice de Salarios, el IPIM y el IPC.

Con esta suba, el valor promedio del servicio aumentará en $22.739, sumando otro ajuste a la lista de gastos fijos que deben afrontar los hogares.

Un marzo cargado de presión económica

El tercer mes del año llega así con un combo de incrementos simultáneos en servicios esenciales. Transporte, vivienda, salud y tarifas básicas vuelven a ajustarse en porcentajes que, en muchos casos, superan ampliamente la evolución de los salarios.

La acumulación de subas configura un escenario complejo para millones de familias, que deberán reorganizar sus presupuestos para absorber un nuevo y contundente golpe al bolsillo en marzo de 2026.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó duras críticas al ex presidente Mauricio Macri y reconoció públicamente que se equivocó al no haber condicionado el acuerdo político de 2015 en materia judicial.

Entrevistada por Jonatan Viale en ¿La ves?, por la señal Todo Noticias, Carrió fue contundente: “Cometí un grave error. Tendría que haber condicionado en el acuerdo con Mauricio el tema de la Justicia. Yo pacté que íbamos a luchar contra la corrupción, pero no acordé el tema de la Justicia. Me arrepiento”.

La exdiputada sostuvo que durante el gobierno de Macri se consolidó un esquema de influencia sobre los tribunales. “Él se quedó con la Justicia”, afirmó, en referencia a la designación de operadores y alfiles cercanos al entonces mandatario.

Críticas al entramado político-judicial

Carrió también cuestionó con dureza al sistema político en general. “En Argentina, por abajo, todos se juntan con todos. Existe un entramado mafioso que ya se veía en la época menemista: los jueces jugaban junto con los políticos al pádel”, señaló.

Recordó además supuestos vínculos y encuentros entre miembros del poder político y judicial en los años 90. “Desde entonces veo a fiscales y jueces viviendo en grandes quintas, veraneando con motos de agua y enormes piletas. Las reuniones famosas en el Sheraton de Pilar siempre fueron para que los miembros del poder se juntaran. Era el centro mismo de la mafia”, denunció.

En ese marco, apuntó contra la comisión de Reforma del Código Penal durante la gestión de Juntos por el Cambio. “A mí me da vergüenza todo ese juego desde esa vieja comisión donde estaba Mahiques. Era ese pequeño grupo que tenía Macri con Mahiques y Angelici”, afirmó, en referencia a Juan Bautista Mahiques y Daniel Angelici.

Debate por la ley de Glaciares

Finalmente, amplió sus críticas al debate por la reforma de la ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción en el Senado y propone reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras. “Tenemos que decidir si el bien más valioso de la humanidad va a ser el agua dulce o la explotación minera a gran escala. Hay un lobby minero impresionante acá. Esto es grave”, advirtió.