En una decisión que vuelve a poner bajo la lupa judicial al jefe de Gobierno porteño, la Corte Suprema revocó el sobreseimiento de Jorge Macri en la causa que investiga un presunto lavado de activos vinculado a la adquisición de un departamento en Miami en 2011 por más de US$400.000.

Con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Guillermo Sánchez, el máximo tribunal dejó sin efecto el cierre del expediente —que había sido confirmado en tres instancias— y ordenó a la Cámara Federal de Casación Penal dictar un nuevo fallo contemplando los planteos del Ministerio Público Fiscal. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La investigación se centra en la compra de un inmueble en el edificio Icon, ubicado en Brickell Avenue, por US$402.963,62. La operación se realizó a través de la sociedad ICON UNIT 1704 LLC, constituida en Florida un mes antes de la adquisición. Según el expediente, los fondos provinieron de dos préstamos: uno del BAC Florida Bank por US$219.000 y otro de US$184.000 otorgado por la firma uruguaya Fawsley S.A.

En primera instancia, la jueza Sandra Arroyo Salgado, del Juzgado Federal de San Isidro, dictó el sobreseimiento al considerar acreditado el origen y la documentación de los préstamos. Esa decisión fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín y luego por Casación, que entendió que los cuestionamientos de la fiscalía no justificaban reabrir la investigación.

Maniobras sospechosas

Sin embargo, el fiscal ante Casación, Mario Villar, recurrió a la Corte al sostener que no se había profundizado adecuadamente en medidas de prueba clave. Cuestionó especialmente la naturaleza del préstamo proveniente de la sociedad uruguaya, al sugerir que podría tratarse de una maniobra simulada y que no se acreditó de manera suficiente su cancelación. También señaló la cesión parcial del crédito a una firma panameña vinculada a un familiar del funcionario.

La mayoría del tribunal consideró que la sentencia de Casación no respondió de manera suficiente a esos argumentos y que algunos planteos fueron “dogmáticamente soslayados”. Si bien la Corte recordó que no le corresponde revisar cuestiones de hecho y prueba en un recurso extraordinario, afirmó que puede intervenir cuando detecta arbitrariedad o falta de fundamentación adecuada.

En disidencia, Rosenkrantz sostuvo que el recurso del fiscal carecía de fundamentación autónoma y defendió el criterio de las instancias anteriores, que descartaron la hipótesis delictiva tras analizar la prueba documental y pericial. También señaló que los fondos fueron declarados ante la AFIP y en el marco del sinceramiento fiscal previsto por la Ley 27.260.

Con esta resolución, el sobreseimiento pierde efecto y la Cámara de Casación deberá emitir un nuevo pronunciamiento. La causa, iniciada hace más de una década tras una denuncia de la Procelac, vuelve así al centro de la escena judicial y política, reabriendo el debate sobre el alcance de la investigación en casos de presunto lavado de activos que involucran a funcionarios públicos.

Los industriales santafecinos aseguran que las alarmas “pasaron de amarillo a rojo” en los últimos meses, en medio de un combo que combina tasas de interés elevadas, apreciación cambiaria que abarata importaciones y un mercado interno debilitado por la caída del poder adquisitivo.

La crisis industrial en Santa Fe suma nuevos indicadores que confirman el paso de una situación de alerta a un escenario crítico. Los industriales aseguran que las alarmas “pasaron de amarillo a rojo” en los últimos meses, en medio de un combo que combina tasas de interés elevadas, apreciación cambiaria que abarata importaciones y un mercado interno debilitado por la caída del poder adquisitivo.

Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), en diciembre de 2025 la actividad manufacturera provincial registró una caída interanual del 9,8%, con más de dos tercios de las ramas mostrando bajas en su producción. El retroceso no es coyuntural: entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representa una contracción del 4,9% en el entramado empresarial y del 5,6% en el empleo sectorial.

El deterioro impacta en un territorio históricamente industrializado y fuertemente vinculado a la producción metalmecánica, textil, plástica y papelera, rubros que hoy aparecen entre los más afectados por la competencia importada. Desde la asunción de Javier Milei, el sector denuncia un cambio en las condiciones macroeconómicas que tensiona al máximo la estructura productiva local.

En este contexto, la FISFE remarcó “la urgente necesidad de implementar una política industrial a nivel nacional” que promueva una inserción inteligente en los mercados globales, proteja a los sectores transables de la competencia desleal y corrija los principales factores de pérdida de competitividad: costos logísticos, financiamiento productivo, presión impositiva y costos laborales no salariales, además de impulsar la recuperación del mercado interno.

Javier Martín, presidente de la entidad, advirtió en diálogo con PERFIL que la industria santafesina enfrenta “un mercado interno que no reacciona; las cadenas de pago se estresan, muchas empresas están endeudadas y tienen que bajar su producción o cerrar”. Si bien señaló que no hubo grandes conflictos laborales porque los despidos se realizaron con indemnizaciones conforme a convenio, alertó que el empleo industrial es difícil de recomponer: “Por cada puesto directo hay tres indirectos vinculados a servicios como catering, limpieza o seguridad”.

Las perspectivas tampoco son alentadoras. “Enero pinta mal y la mayoría de las regionales nos dio un panorama muy sombrío por lo que va de febrero”, sostuvo Martín al proyectar el inicio de 2026.

Uno de los focos más críticos es la cadena de pagos. El informe de la FISFE señala que en diciembre la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos creció un 205% interanual, mientras que el monto nominal involucrado se disparó un 311%. Además, el 23,7% de las empresas industriales considera que su situación financiera actual es mala.

Con empresas que cierran, producción en retroceso y un sistema financiero cada vez más tensionado, la crisis industrial golpea con fuerza a Santa Fe y profundiza el deterioro de uno de los principales motores productivos del país.

Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria impulsaron un proyecto de resolución para exigir información detallada y precisa sobre las implicancias y alcances del acuerdo de comercio e inversión firmado recientemente entre Argentina y Estados Unidos, y solicitaron la presencia del canciller Pablo Quirno en el Congreso.

La iniciativa fue presentada por el diputado Eduardo Valdés, acompañado por Jorge Taiana y Santiago Cafiero, entre otros legisladores del espacio opositor. El eje central del proyecto es que el funcionario explique en detalle el contenido del entendimiento bilateral, los compromisos asumidos por el Estado argentino y sus eventuales consecuencias económicas, regulatorias y estratégicas.

Pedido de información y advertencias legales

En los fundamentos, Valdés sostuvo que el contexto jurídico en Estados Unidos genera interrogantes sobre la solidez del acuerdo. Citó un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró inválidas medidas arancelarias adoptadas durante la presidencia de Donald Trump, al considerar que la política comercial en materia de aranceles es una atribución del Poder Legislativo y no puede ser ejercida unilateralmente por el Ejecutivo.

Según el diputado, al momento de la firma del tratado —el 5 de febrero— ya existían decisiones judiciales que cuestionaban la legalidad de esas políticas, lo que, a su entender, podría modificar el marco legal del acuerdo bilateral. En ese sentido, reclamó saber si la Cancillería advirtió oportunamente al ministro sobre esa situación y qué evaluaciones jurídicas se realizaron antes de avanzar con la firma.

El proyecto solicita formalmente que el Ministerio de Relaciones Exteriores remita al Congreso el texto completo del acuerdo y sus anexos, así como informes pormenorizados sobre su posible impacto arancelario, productivo, laboral, regulatorio y ambiental.

Desde Unión por la Patria advirtieron que el entendimiento podría afectar sectores sensibles de la economía argentina —como la industria nacional y las economías regionales— y limitar la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas propias. Por ello, remarcaron que el Congreso debe ejercer sus facultades constitucionales de control sobre los tratados internacionales y evaluar si los compromisos asumidos podrían colocar al país en una posición de desventaja ante eventuales cambios en la política comercial estadounidense.

Apoyos al proyecto

La iniciativa cuenta con el respaldo de otros diputados del bloque, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Carlos Castagneto, Hilda Aguirre, Ana María Ianni, Nancy Sand y Aldo Leiva, quienes acompañaron el pedido de interpelación al canciller.

La medida de fuerza tendrá alcance nacional y alcanzará tanto a escuelas públicas como privadas, en medio de un fuerte conflicto con el Gobierno por la falta de acuerdo salarial y la ausencia de convocatoria formal a la paritaria nacional docente.

A pocos días del comienzo del ciclo lectivo, el arranque de clases del próximo 2 de marzo enfrenta un escenario cada vez más incierto y con altas probabilidades de verse afectado a nivel nacional. La confirmación de que los gremios docentes de la CGT se sumarán al paro convocado por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) profundizó la tensión y dejó al sistema educativo al borde de una paralización masiva.

Reclamo salarial y paritaria nacional

La adhesión fue anunciada por la Unión Docentes Argentinos (UDA), conducida por Sergio Romero, y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), liderada por Fabián Felman, ambos sindicatos enrolados en la CGT. Desde hace semanas venían advirtiendo que el conflicto podía escalar si no había respuestas concretas.

Romero sostuvo que “los docentes de la CGT venimos reclamando respuestas concretas hacia el sector docente, pero no las encontramos”, mientras que Felman fue más tajante al afirmar que el 2 de marzo “se paraliza la educación en todo el país”, al considerar que el Gobierno obliga a los gremios a reaccionar en defensa de los derechos laborales y salariales.

El eje del reclamo es la falta de convocatoria a una paritaria nacional que establezca un salario mínimo docente y condiciones laborales comunes para todas las jurisdicciones, un punto que los sindicatos consideran clave para garantizar previsibilidad en el sistema.

Financiamiento, FONID y conflicto abierto

El paro fue definido días atrás en un congreso extraordinario de CTERA, encabezada por Sonia Alesso. Además de la cuestión salarial, el gremio exige una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y mayor presupuesto para el sector.

Desde los sindicatos advierten que el sistema educativo atraviesa uno de los ajustes más severos de las últimas décadas y cuestionan el retiro del Estado nacional de compromisos que, aseguran, impactan directamente en salarios, infraestructura y calidad educativa.

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) también anticipó su adhesión a la medida. Mientras continúan las negociaciones con la gestión de Axel Kicillof, los gremios rechazaron una propuesta de aumento del 3% y mantienen el diálogo en cuarto intermedio.

De concretarse el paro con el nivel de adhesión previsto, el inicio de clases podría verse seriamente afectado en gran parte del país, y solo en territorio bonaerense cerca de un millón de alumnos podrían no comenzar el ciclo lectivo el lunes, en un escenario que mantiene en vilo a familias y autoridades educativas.

En medio de la profunda crisis que atraviesa el mercado interno y que sigue dejando víctimas en el entramado productivo, cerró una histórica fábrica de yogures y flanes y 400 trabajadores quedaron en la calle.

Tras el fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024, la Justicia confirmó en noviembre de 2025 la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). La firma, que había sido adquirida por el grupo Grupo Vicentin, estaba a cargo de la elaboración de reconocidos yogures y postres de SanCor, una marca emblemática de la tradición láctea argentina.

A pesar de sus inicios prometedores, la empresa acumuló importantes deudas con proveedores, transportistas y empleados. Desde 2023 arrastraba atrasos salariales y había aplicado suspensiones masivas, en un contexto de caída del consumo y fuerte retracción de la actividad.

ARSA operaba dos plantas clave: una en Arenaza (partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires), donde trabajaban 180 empleados, y otra en Monte Cristo, Córdoba, con alrededor de 200 trabajadores. Ambas eran el núcleo de la producción de postres lácteos refrigerados para SanCor.

Entre los productos más destacados que salían de sus líneas de producción se encontraban los yogures Yogs y Primeros Sabores, orientados al consumo familiar, y una amplia gama de flanes y postres como los tradicionales flanes caseros SanCor, Shimy, Sancorito, Sublime y Vida, que durante décadas formaron parte de la mesa de millones de argentinos.

El cierre de ARSA no solo implica la pérdida de 400 puestos de trabajo, sino que vuelve a evidenciar el impacto de la crisis sobre la industria alimenticia y el mercado interno, con empresas que no logran sostener su actividad frente al derrumbe del consumo, la oleada importadora y el aumento de los costos.

En el distrito más rico del país, los propios datos oficiales muestran que la pobreza sería al menos seis puntos más alta que la informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), una brecha difícil de atribuir únicamente a diferencias técnicas.

Impulsada por aumentos en alimentos como carne, frutas y verduras, la canasta de indigencia trepó 5,6% en enero y alcanzó los 767 mil pesos. La canasta de pobreza también subió —3,7%— y en ambos casos los incrementos superaron la inflación mensual de la Ciudad (3,1%). Es decir, mientras los precios de los consumos básicos avanzan por encima del promedio general, las mediciones nacionales no reflejan con la misma intensidad ese deterioro.

Para Eduardo Chávez Molina, investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, la diferencia no es menor y responde a la metodología utilizada. Según explicó, la Ciudad realiza un relevamiento directo del gasto de los hogares: el encuestador consulta cuánto se destina efectivamente a alimentos, ropa y otros consumos esenciales. El INDEC, en cambio, estima los gastos no alimentarios mediante un coeficiente, un mecanismo que —según cuestiona— mantiene rezagados rubros sensibles como tarifas, medicina prepaga y educación privada.

La utilización de esta metodología indirecta no es exclusiva del organismo nacional: también la emplean las provincias, lo que dificulta dimensionar con precisión la magnitud real de la pobreza y la indigencia en el país. En ese contexto, la distancia entre lo que muestran las estadísticas y lo que se percibe en la vida cotidiana se amplía.

“En el resto del país no lo vas a ver reflejado en términos estadísticos, lo vas a ver reflejado en la situación social”, advirtió Chávez Molina, quien consideró probable que los niveles reales de pobreza e indigencia sean más altos que los publicados, aunque la metodología vigente impide comprobarlo con exactitud.

Paradójicamente, incluso con criterios distintos, la medición porteña no enfrenta cuestionamientos de legitimidad en la captación de hogares bajo la línea de pobreza. El contraste deja expuesta una tensión de fondo: mientras el costo de vida golpea con más fuerza a los sectores vulnerables, las cifras oficiales nacionales parecen amortiguar ese impacto en los papeles, pero no en la realidad.

La norma, sancionada junto al Presupuesto 2026, comenzó a regir el primer día hábil de enero y, con la reanudación de la actividad judicial en febrero, empezó a mostrar su impacto concreto: expedientes que se caen a un ritmo de entre 15 y 20 por día o incluso más según un relevamiento periodístico.

La entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) desató una fuerte controversia tras el cierre masivo de causas por evasión tributaria en los tribunales penales económicos. La norma, sancionada junto al Presupuesto 2026, comenzó a regir el primer día hábil de enero y, con la reanudación de la actividad judicial en febrero, empezó a mostrar su impacto concreto: expedientes que se caen a un ritmo de entre 15 y 20 por día —o incluso más— según un relevamiento periodístico.

El núcleo de la polémica radica en la actualización extraordinaria de los montos mínimos para configurar delitos tributarios. La evasión simple pasó de $1.500.000 a $100.000.000 y la agravada, de $15.000.000 a $1.000.000.000, lo que implica incrementos superiores al 6500%. En el caso de la evasión a través de terceros, el umbral subió de $2.000.000 a $200.000.000, un alza cercana al 9900%. En términos generales, la ley elevó en torno al 3000% los pisos a partir de los cuales una conducta se considera delito penal.

Como consecuencia, la enorme mayoría de las causas en trámite quedaron fuera del ámbito penal. Según fuentes judiciales, son muy pocos los expedientes que superan los nuevos montos. El cierre se produce por dos vías: pedidos de las defensas para acogerse a la nueva norma o decisiones de los jueces que, aplicando el principio constitucional de la ley penal más benigna, extinguen las acciones de oficio. En muchos casos, los fiscales no apelan o retiran la acusación.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dirigida por Andrés Vázquez, respaldó formalmente este criterio. En su primer instructivo de 2026 ordenó la aplicación “universal e irrestricta” del principio de la ley penal más benigna y el reconocimiento de los nuevos montos en causas ya iniciadas.

¿Una ley hecha a medida de la delincuencia?

El debate jurídico y político es intenso. Para los críticos, la ley funciona como una amnistía encubierta que beneficia a evasores y debilita la capacidad del Estado para investigar el origen de los fondos. El tributarista Marcos Sequeira sostuvo que la norma “beneficia a los grandes evasores” y modifica el paradigma histórico del derecho tributario al abandonar la lógica de control sobre la procedencia del patrimonio. Según su interpretación, el Estado prioriza que los fondos ingresen al mercado —ya sea para consumo o adquisición de bienes— por encima de la verificación de su origen.

En la misma línea, el excanciller Jorge Taiana cuestionó duramente la iniciativa y afirmó que la “hipócritamente llamada ley de inocencia fiscal” podría convertir al país en un paraíso para el lavado de dinero, en contradicción con compromisos internacionales asumidos por la Argentina, entre ellos los vinculados al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Los defensores de la norma, en cambio, argumentan que el objetivo es concentrar los recursos del sistema penal en los grandes evasores y descomprimir los tribunales, trasladando los casos menores al ámbito administrativo, donde continuarían bajo sanciones y multas.

Mientras tanto, el efecto inmediato es tangible: centenares de expedientes cerrados y un cambio profundo en el alcance del derecho penal tributario, cuya dimensión institucional y económica sigue generando fuertes interrogantes.

La polémica por el millonario contrato del gobierno de Javier Milei con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), que dirige María Josefina Rouillet (esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger) sumó nuevos datos que agravan el escándalo.

Según una investigación del periodista Sebastián Lacunza publicada en Diario.ar, basada en información oficial del portal Compr.AR, apenas iniciado el mandato libertario la Cancillería renovó el convenio con la AACI con un incremento del 398%. La adjudicación firmada en febrero de 2024 ascendió a $55,3 millones, cuando la última renovación bajo la gestión de Alberto Fernández había sido por $11 millones en marzo de 2023.

El salto supera ampliamente la inflación acumulada desde entonces (276%), lo que implica un aumento real del 32%. El dato resulta particularmente sensible en el contexto del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno bajo la consigna “no hay plata”.

El contrato con la AACI se remonta a la gestión de Mauricio Macri. La primera adjudicación directa fue el 9 de marzo de 2018 por $1,8 millones. En noviembre de 2019 se elevó a $2,7 millones, por debajo de la inflación acumulada en ese período. Durante el mandato de Alberto Fernández, las renovaciones continuaron con aumentos que también quedaron por debajo o apenas en línea con la inflación: $4 millones en noviembre de 2020, $5,7 millones en marzo de 2022 y $11 millones en marzo de 2023.

El quiebre se produjo con la llegada de Milei. Tras el incremento del 398% en febrero de 2024, el 23 de diciembre de 2025 se adjudicó un nuevo contrato por $114 millones, otra vez con una suba superior a la inflación del período (82% en 22 meses).

En total, desde la última firma de la gestión anterior hasta la más reciente adjudicación bajo Milei, el contrato acumuló un aumento del 936%, frente a una inflación del 688% en el mismo lapso.

Mientras el Ejecutivo profundiza el ajuste en áreas sociales, culturales y presupuestarias, el crecimiento exponencial del convenio con la institución que dirige la esposa del ministro de Desregulación alimenta cuestionamientos políticos y judiciales. Para muchos críticos, el mensaje parece contradictorio: para algunas partidas “no hay plata”, pero para otras, sí.

La imagen del Gobierno nacional volvió a deteriorarse en febrero y consolida una tendencia que golpea de lleno a la figura presidencial, en un escenario marcado por la crisis económica y la persistente presión inflacionaria.

Así lo revela el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador cayó 0,6% respecto de enero y acumula una baja interanual de 6,8%, profundizando el desgaste en la opinión pública.

Según el relevamiento, el ICG se ubicó en 2,38 puntos en febrero sobre una escala de 0 a 5. Aunque el nivel aún se mantiene cerca del promedio de la gestión de Javier Milei (2,44 puntos), la dinámica de los últimos meses confirma un deterioro sostenido en la evaluación social del Gobierno.

El informe señala que, si bien el índice se movió dentro de un rango acotado —entre 1,94 y 2,86 puntos durante la actual administración—, la tendencia reciente muestra oscilaciones negativas que evidencian un progresivo debilitamiento de la confianza.

El desempeño fue dispar entre los cinco componentes que integran el ICG. Dos subíndices registraron mejoras: Honestidad (2,76 puntos; +2,6%) y Eficiencia en la administración del gasto público (2,29; +2,7%).

Sin embargo, los retrocesos se concentraron en dimensiones centrales para la imagen presidencial. La Capacidad para resolver los problemas del país cayó 4,9% (2,70 puntos), la Evaluación general del Gobierno descendió 1,8% (2,18 puntos) y la Preocupación por el interés general retrocedió 1% (1,99 puntos).

En plena crisis económica, el principal deterioro se observa en la percepción sobre la capacidad de gestión y en la evaluación global de la administración, dos variables clave que impactan directamente en la imagen del Presidente y refuerzan la sensación de desgaste acumulado.

La crisis industrial que atraviesa la Argentina suma nuevos episodios que exponen el deterioro productivo y el creciente conflicto laboral en las economías regionales. Los casos de San Luis y Tierra del Fuego reflejan un escenario de cierres, deudas salariales y plantas paralizadas que golpea con fuerza al empleo.

San Luis: cierre, despidos y conflicto abierto

En la localidad de Juana Koslay, provincia de San Luis, la empresa Master Lajas, propiedad del grupo inglés SSQ Group, anunció el cierre definitivo de su planta y dejó sin trabajo a 54 operarios. La firma, dedicada a la extracción y comercialización de laja, comunicó que sus accionistas resolvieron dejar de invertir en el país y avanzar con la clausura del establecimiento ubicado sobre la avenida José Santos Ortiz.

El conflicto venía gestándose desde hace meses. Los trabajadores denuncian salarios adeudados desde octubre de 2025, incluyendo haberes de diciembre y enero, el medio aguinaldo, horas extras, aportes sociales y la interrupción de la obra social. Desde fines de enero mantienen tomada la planta tras detectar presuntos intentos de la patronal de retirar maquinarias y herramientas, en lo que interpretaron como un posible vaciamiento.

Como salida, la empresa ofreció pagar solo el 60% de las indemnizaciones en 12 cuotas, propuesta que fue rechazada por los operarios por considerarla insuficiente y dilatoria. La situación impacta de lleno en Juana Koslay, una ciudad de menos de 20.000 habitantes donde la planta representaba una de las principales fuentes de empleo privado. Desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) advirtieron además que el efecto se extiende a trabajadores indirectos y proveedores, en un contexto de retracción de la actividad minera.

Tierra del Fuego: fábrica tomada por salarios impagos

El panorama es igualmente crítico en Tierra del Fuego. En la ciudad de Río Grande, los trabajadores de la empresa Aires del Sur, dedicada a la producción de aires acondicionados, tomaron la planta ante la falta de pago de salarios desde enero.

La fábrica, que emplea a 140 operarios, permanece paralizada desde fines de diciembre, cuando cerró por el período vacacional y no retomó la actividad. La compañía atraviesa un concurso de acreedores y cambió de manos a fines de 2025, sin que hasta el momento los nuevos propietarios hayan dado respuestas concretas a los reclamos sindicales.

La medida fue impulsada por la conducción provincial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyo secretario general en la provincia, Oscar Martínez, denunció la acumulación de deuda salarial y la falta de diálogo con los responsables de la firma. El sindicato solicitó la intervención urgente de los ministerios de Trabajo e Industria para garantizar la continuidad operativa y el pago de los haberes adeudados.

Los trabajadores de la firma Aires del Sur, situada en la ciudad de Río Grande de la provincia de Tierra del Fuego, tomaron la planta de la industria este lunes por la mañana tras la falta de pago de salarios desde el mes de enero. La empresa, que atraviesa un concurso de… pic.twitter.com/mTB9ctaMLC

— Conclusión (@ConclusionRos) February 23, 2026

Un panorama que se agrava

Ambos conflictos muestran una tendencia preocupante: empresas que reducen inversiones o cierran, salarios impagos, indemnizaciones recortadas y trabajadores que recurren a la toma de plantas como último recurso para defender sus derechos. En provincias donde el entramado industrial es clave para la economía local, cada cierre no solo implica pérdida de empleos directos, sino también un fuerte efecto multiplicador sobre comercios, proveedores y servicios.

La combinación de retracción productiva, incertidumbre empresarial y deterioro del poder adquisitivo configura una crisis industrial que se profundiza y amenaza con seguir expandiéndose si no aparecen respuestas estructurales que contengan el impacto social y laboral en las regiones más vulnerables del país.