El secretario de Ciencia y Tecnología del gobierno de Javier Milei, Darío Genua, fue desmentido por exfuncionarios y por el propio expresidente Alberto Fernández luego de asegurar que el acuerdo para que Argentina integre un nanosatélite a la misión ARTEMIS II de la NASA se concretó en 2025.

Documentación oficial prueba que el entendimiento científico y diplomático fue cerrado en 2023, durante la gestión del Frente de Todos.

El exministro de Ciencia y Tecnología y actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, Roberto Salvarezza, acusó a Genua de “mentir” y de “colgarse de un logro que no le pertenece”. A través de sus redes sociales, difundió un documento oficial de la NASA que confirma que el acuerdo entre la agencia estadounidense y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue firmado antes de la asunción de Milei.

“El acuerdo es de 2023, no de 2025 como afirma Genua”, señaló Salvarezza, y remarcó que se trató de un proceso de cooperación internacional iniciado y consolidado durante el gobierno anterior.

Miente sobre el acuerdo. Pág. de la NASA: https://t.co/xUNDygIpvB

Argentina tiene capacidades en CyT, pero para competir debe aumentar la inversión. La ley 27.614, que Milei quiere derogar, buscaba llegar al 2032 con una inversión del 1% del PBI. Milei invierte menos del 0.25%. https://t.co/6F1qvtN3Kc

— Roberto Salvarezza (@RCSalvarezza) January 18, 2026

A continuación el comunicado oficial del Gobierno donde se atribuye el logro diplomático y tecnológico:

pic.twitter.com/7ksJwruLJR

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 16, 2026

A las críticas se sumó el expresidente Alberto Fernández, quien también aclaró públicamente que el convenio con la NASA fue cerrado en 2023 como parte de una política de Estado destinada a fortalecer el desarrollo científico nacional y la inserción internacional de la Argentina en proyectos estratégicos de alta complejidad tecnológica.

Un funcionario sin logros propios, colgado de un sistema sometido a la motosierra libertaria

El eje de los cuestionamientos apunta a que el secretario de Ciencia libertario intentó presentar como un logro de la gestión Milei la participación argentina en la misión tripulada que orbitará la Luna, pese a que el actual gobierno aplica el ajuste más profundo de las últimas décadas sobre el sistema científico.

“Argentina tiene capacidades en ciencia y tecnología, pero para competir necesita aumentar la inversión”, sostuvo Salvarezza, quien denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27.614), aprobada por el Congreso en 2021 y virtualmente desactivada tras la llegada de Milei al poder. La norma establecía alcanzar en 2032 una inversión del 1% del PBI, mientras que el actual gobierno destina menos del 0,25%, con una inversión real que hoy ronda el 0,17%, la más baja de los últimos 50 años.

Las críticas apuntaron directamente a Genua, cuya gestión está marcada por despidos masivos, cierre de programas de investigación, cancelación de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) y la paralización de proyectos estratégicos como los reactores nucleares CAREM y RA-10, además de planes satelitales como el desmantelamiento de CEATSA (empresa clave donde se testean los satélites antes de su lanzamiento) y el desfinanciamiento de proyectos satelitales como SAOCOM, SARE y SABIA-Mar. También se denunció el avance para vender tierras del INTA y el cierre de programas clave del INTI, entre otros retrocesos.

Según datos del sector, la inversión en organismos científicos y centros del CONICET cayó un 44,5%, mientras que los salarios de investigadores e investigadoras se desplomaron un 38,5%.

El Gobierno celebra un logro de un sistema que está desmantelando

Pese a este contexto, el Ejecutivo difundió un comunicado celebrando como propio el hito tecnológico de la integración del microsatélite ATENEA a la misión ARTEMIS II, un proyecto desarrollado por la CONAE junto a organismos y universidades nacionales.

¿Qué es ATENEA?

ATENEA es un CubeSat de clase 12U, diseñado y construido en la Argentina, que será lanzado como carga secundaria a bordo del cohete Space Launch System (SLS) de la NASA, el vehículo de lanzamiento más potente desarrollado hasta la fecha por esa agencia.

El microsatélite ya fue integrado al sistema de despliegue y se encuentra en Estados Unidos, listo para su lanzamiento. Durante la primera etapa de la misión, ATENEA será liberado a una distancia superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra, estableciendo un récord para un satélite argentino.

El objetivo principal de ATENEA es validar tecnologías críticas destinadas a futuras misiones espaciales, incrementando el nivel de madurez tecnológica de subsistemas desarrollados en el país.

A lo largo de su misión, el satélite permitirá medir dosis de radiación en órbitas profundas, evaluar el desempeño de componentes comerciales en el ambiente espacial, recopilar datos de posicionamiento GPS en órbitas de transferencia geoestacionaria y validar enlaces de comunicación de largo alcance, fundamentales para la exploración del espacio profundo.

Rol clave de las Universidades Públicas

En el desarrollo de ATENEA participaron la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), VENG S.A. (Vehículo Espacial Nueva Generación), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Instituto Argentino de Radioastronomía, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

La selección de ATENEA para esta misión de la NASA constituye un reconocimiento al alto nivel de las capacidades técnicas y operativas de la Argentina en el ámbito espacial. La participación en vuelos con tripulación humana requiere estándares particularmente elevados de confiabilidad, seguridad y validación tecnológica, y refuerza la inserción del país en programas internacionales de exploración lunar.

Lo llamativo, remarcan desde el sector científico, es que mientras el gobierno desfinancia y paraliza el sistema que hizo posible este desarrollo, el secretario Genua intenta capitalizar políticamente un proyecto que nació, creció y fue acordado internacionalmente antes de la llegada de Milei, y que hoy sobrevive pese al ajuste libertario.

Lejos del discurso del “fin de los planes”, la asistencia directa a los sectores más pobres se consolidó como el principal amortiguador del ajuste.

Mientras el empleo formal y las jubilaciones pierden sistemáticamente frente a la inflación, la ayuda social fue la única variable de ingresos que creció en términos reales durante el gobierno de Javier Milei. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar no solo se mantuvieron, sino que se expandieron por encima del aumento de los precios, convirtiéndose en el principal amortiguador social de un ajuste que golpeó con fuerza a la clase media y al trabajo registrado.

En los primeros dos años de gestión libertaria, el salario mínimo cayó mes tras mes en términos reales y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total. Las jubilaciones siguieron el mismo camino. En contraste, la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que lograron sostener —e incluso mejorar— su poder adquisitivo, según los informes del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) y de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI).

Conteniendo el estallido

Lejos del relato oficial sobre el “fin de los planes”, los números del presupuesto social muestran que la asistencia directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante el gobierno de Milei, tanto en cantidad de beneficiarios como en términos reales. De hecho, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH se registró en 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández, un dato que ayuda a explicar la derrota electoral del peronismo.

Según confirmaron fuentes oficiales, a diciembre de 2025 la AUH alcanza a 4.114.513 titulares —incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad—, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En total, más de seis millones de planes sociales: un récord histórico que refleja el avance de un proceso de “latinoamericanización” de la Argentina, cada vez más lejos del país de amplia clase media que fue hasta la década del setenta.

Los cuadros de evolución real muestran con claridad que AUH y Alimentar corrieron por encima de la inflación de manera consistente, mientras los salarios y las jubilaciones fueron licuados. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100% en términos reales, luego de una suba interanual del 47%. Hoy, el monto de la AUH es 23% superior al vigente durante el gobierno de Alberto Fernández e incluso 10% más alto que durante la presidencia de Cristina Kirchner, creadora del programa.

Este refuerzo de la política social ayuda a explicar un dato político clave: pese a la magnitud del ajuste y a la devaluación del 120% de diciembre de 2023 —que nunca fue compensada en los salarios—, no hubo un estallido social masivo. Milei ejecutó dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones piqueteras de la intermediación y fortaleció las transferencias directas del Estado.

Empleo formal en retroceso

La contracara del modelo fue la destrucción de empleo formal. En los primeros dos años de gestión libertaria se perdieron cerca de 180 mil puestos de trabajo registrados, con una aceleración preocupante: solo en octubre pasado se eliminaron 70 mil empleos. El ajuste no se descargó sobre la asistencia, sino sobre el trabajo.

La paradoja libertaria se vuelve evidente: mientras el discurso oficial insiste en el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se consolidó como la principal ancla de estabilidad en un contexto de salarios en caída libre y jubilaciones deterioradas.

A esto se sumó el esfuerzo de las provincias, también golpeadas por el ajuste fiscal. En Santa Fe, por ejemplo, la demanda alimentaria creció cerca del 30% durante 2025. Los programas provinciales alcanzan a más de 246 mil personas en 177 localidades, con una inversión mensual superior a los 3.800 millones de pesos, reforzada con partidas extraordinarias durante las fiestas.

Los informes de la FDHI muestran que, aunque AUH y Tarjeta Alimentar no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total y sacar a un hogar de la pobreza, sí lograron sostener el umbral alimentario. Ese dato resulta clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.

En síntesis, Milei ajustó con dureza sobre salarios, jubilaciones y empleo formal, pero blindó la asistencia directa. Así, los planes sociales se consolidaron como el principal sostén del modelo libertario y como el costo político necesario para administrar un proceso de empobrecimiento acelerado del trabajo registrado y de la clase media.

Entre diciembre y enero, nueve compañías oficializaron reducciones, suspensiones y despidos de personal, medidas que en varios casos ya se hicieron efectivas.

La profundización de la crisis de producción y la fuerte contracción del mercado interno ya tienen un impacto concreto sobre el empleo. Al menos 2.292 puestos de trabajo están hoy en riesgo como consecuencia de los planes de achique implementados por distintas empresas de sectores clave de la economía. Entre diciembre y enero, nueve compañías oficializaron reducciones, suspensiones y despidos de personal, medidas que en varios casos ya se hicieron efectivas.

El cierre de 2025 y el inicio de 2026 resultaron particularmente duros para el entramado productivo. Empresas textiles, alimenticias, tecnológicas, fabricantes de maquinaria agrícola, firmas vinculadas al comercio y proveedores de insumos comenzaron a evidenciar las dificultades crecientes para sostener sus planteles en un contexto marcado por la caída del consumo, la retracción de la actividad y el deterioro de las condiciones macroeconómicas.

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios aparece como uno de los principales factores detrás del derrumbe del mercado interno. La caída en la demanda obligó a las empresas a reducir gastos, suspender inversiones y, en muchos casos, cerrar líneas de producción completas, lo que derivó directamente en despidos y suspensiones. A este escenario se suma la apertura de importaciones, que presiona sobre la producción local, y problemas financieros internos que agravaron la situación de varias compañías.

De los nueve casos relevados, el 60% de los anuncios de ajuste se concentraron en enero, mientras que el 40% restante corresponde a procesos que comenzaron a gestarse a fines de diciembre pero se ejecutaron ya en los primeros días de 2026. En todos los casos, el denominador común es la caída de la actividad y la imposibilidad de sostener niveles de producción acordes a la estructura de costos vigente.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de Lácteos Verónica, con cerca de 700 trabajadores en riesgo y sus tres plantas completamente paralizadas por la falta de materia prima y una abultada deuda salarial. En el sector textil, TN & Platex profundizó su proceso de ajuste con el cierre de líneas productivas en varias provincias, dejando más de 360 trabajadores sin empleo. Vassalli Fabril, en tanto, atraviesa una situación crítica en su planta de Firmat, con 280 empleados afectados y una empresa que dejó de dar respuestas.

También se registraron recortes en firmas de consumo masivo e insumos industriales. Georgalos implementó suspensiones rotativas y reducciones salariales ante la baja de ventas; Sealed Air despidió trabajadores por la menor demanda de la industria alimenticia; y Lustramax, proveedora de grandes empresas, avanzó con despidos y un Proceso Preventivo de Crisis.

El derrumbe del mercado interno también golpeó al sector comercial. Farmacias del Dr. Ahorro cerró más de una decena de sucursales y dejó en la calle a más de un centenar de trabajadores tras pedir concurso de acreedores, mientras que Mercado Libre, en el marco de una reestructuración regional, desvinculó personal en áreas vinculadas a experiencia de usuario y contenidos.

En conjunto, los datos configuran un panorama preocupante: la combinación de caída del consumo, apertura importadora y parálisis productiva está erosionando el empleo formal y poniendo en jaque a amplios sectores de la industria nacional. De no revertirse esta tendencia, el impacto social de la crisis podría profundizarse en los próximos meses.

El último censo del Gobierno porteño sobre personas en situación de calle volvió a marcar un récord histórico, con un aumento sostenido tanto de quienes duermen en la vía pública como sobre todo de quienes necesitan asistencia estatal en los paradores.

Pese a los discursos oficiales que destacan una supuesta disminución de la pobreza, la realidad social en la Ciudad de Buenos Aires parece ir en sentido contrario. El último censo del Gobierno porteño sobre personas en situación de calle volvió a marcar un récord histórico, con un aumento sostenido tanto de quienes duermen en la vía pública como —sobre todo— de quienes necesitan asistencia estatal en los paradores.

El relevamiento, difundido por la gestión de Jorge Macri y realizado en noviembre pasado por 85 equipos oficiales, mostró un crecimiento general de la población en situación de calle respecto de la medición de mayo. Lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural, los datos exponen un deterioro social persistente en uno de los distritos más ricos del país.

Según el informe, la cantidad de personas que pernoctan en la vía pública aumentó un 3% en el último semestre. Sin embargo, el salto más pronunciado se dio en los Centros de Inclusión Social (CIS): la población alojada en estos paradores creció un 20% en el mismo período. De hecho, el 94% del incremento total de personas en situación de calle se explica por el aumento de quienes requieren alojamiento estatal, mientras que solo el 6% corresponde a nuevas personas registradas directamente en la calle.

La comparación histórica refuerza la dimensión del problema. En noviembre de 2017, cuando se realizó el primer censo con esta metodología, se habían contabilizado 636 personas durmiendo en la vía pública y 966 en paradores. Ocho años después, las cifras se multiplicaron: 1.613 personas pasan la noche en la calle y 3.563 dependen de los CIS, un crecimiento que contradice los relatos oficiales de mejora social.

Desde el Gobierno porteño explican parte de este aumento por la incorporación de diez nuevos Centros de Inclusión Social durante 2025, que ampliaron la capacidad del sistema en más de 4.900 plazas. No obstante, aun con mayor infraestructura, los números revelan que la demanda de asistencia no deja de crecer, en un contexto de creciente vulnerabilidad económica y social, según consignó la agencia Noticias Argentinas.

El censo también evidencia una fuerte concentración territorial: la mitad de las personas en situación de calle se encuentra en las comunas 1 y 3, que incluyen barrios como Constitución, Monserrat, San Telmo, Retiro, Balvanera y San Cristóbal. En cuanto al perfil etario, el 80% tiene entre 19 y 59 años y un 8% supera los 60, lo que refuerza la preocupación por el impacto del fenómeno en adultos mayores. Además, el 67,1% de las personas relevadas nació fuera de la Ciudad, mientras que el 31,9% es oriundo del distrito.

Así, mientras los indicadores macroeconómicos y los anuncios oficiales intentan instalar una narrativa de recuperación, la expansión de la población en situación de calle expone una realidad cotidiana que desmiente esa lectura y vuelve a poner en el centro el alcance real de la crisis social.

En pleno debate por la polémica Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el conflicto en la empresa Lustramax dejó de ser un caso puntual para convertirse en una pieza funcional del discurso oficialista de flexibilización.

La crisis declarada por la compañía, los despidos y la escalada del enfrentamiento gremial son presentados como ejemplo paradigmático de los “excesos sindicales” que, según el Gobierno y sus aliados, justificarían una flexibilización de los derechos laborales.

La empresa, dedicada a la distribución de papelería y productos de limpieza y ubicada en el Parque Industrial de Tortuguitas, inició un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) tras despedir al menos a 15 trabajadores, entre ellos delegados y activistas gremiales. Frente a esta situación, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria y ordenó la reincorporación inmediata de los despedidos, resolución que la compañía se negó a acatar.

La negativa empresarial derivó en protestas, asambleas permanentes y medidas de fuerza que incluyeron cortes en la Autopista Panamericana. Sin embargo, el foco del debate público rápidamente se desplazó del incumplimiento patronal hacia la criminalización de la protesta sindical, un corrimiento que fue amplificado por funcionarios, legisladores oficialistas y medios afines al Gobierno nacional.

El dueño de Lustramax, Ezequiel Sosa, sostuvo públicamente que la empresa se encuentra “al borde del cierre” y denunció amenazas, extorsiones y una supuesta “toma política” de la planta. “Estamos en un proceso de crisis y necesitamos reestructurarnos para que 200 personas no se queden sin trabajo”, afirmó en declaraciones radiales, al tiempo que insistió en que no permitirá el ingreso de los delegados despedidos por razones de “seguridad”.

Desde el sector gremial y la izquierda, en cambio, rechazan la existencia de una crisis real y denuncian una maniobra de persecución sindical. La diputada Myriam Bregman advirtió que la empresa se encuentra en la ilegalidad al desconocer una resolución del Ministerio de Trabajo y sostuvo que el conflicto está siendo deliberadamente escalado para habilitar un escenario de desalojo y disciplinamiento. “Se busca construir un clima de violencia para responsabilizar a los trabajadores y desviar la atención del incumplimiento patronal”, señaló.

El caso tomó aún mayor visibilidad tras la intervención pública de la senadora libertaria Florencia Arietto, quien acusó a un grupo de trabajadores “aparateados por la izquierda” de bloquear la planta y violar la conciliación obligatoria. En sus redes sociales, la legisladora vinculó directamente (aunque sin pruebas) el conflicto con los cortes en Panamericana y alertó sobre la posible pérdida de 200 puestos de trabajo, reforzando el relato que presenta a la protesta sindical como una amenaza al empleo y a la “libertad de trabajar”.

Este encuadre no es casual. Para los delegados y organizaciones que acompañan la protesta, Lustramax funciona como un caso testigo utilizado por el oficialismo para instalar la idea de que los derechos laborales vigentes impiden la actividad empresarial y ponen en riesgo la continuidad de las empresas. En ese sentido, el conflicto es leído como parte de una estrategia más amplia para legitimar una Reforma Laboral que busca debilitar la organización sindical, limitar el derecho a huelga y flexibilizar las condiciones de despido.

Mientras la empresa insiste en judicializar el conflicto y obtuvo una orden de desalojo, los trabajadores mantienen el estado de asamblea permanente y denuncian una ofensiva política y mediática que intenta convertir un reclamo laboral concreto en una demostración pública de por qué, según el Gobierno, “hay que cambiar las reglas del trabajo”.

Así, lo que comenzó como un conflicto por despidos y condiciones laborales en una fábrica del conurbano bonaerense terminó transformándose en un símbolo funcional al relato oficial: un chivo expiatorio que busca justificar, en nombre del orden y la productividad, una reforma que redefine el equilibrio de fuerzas entre capital y trabajo.

Un apagón eléctrico de gran magnitud afecta a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), e impactó en el funcionamiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable, por lo que podrían registrarse faltantes o baja presión en el servicio.

Un apagón eléctrico de gran magnitud que afectó a amplias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) impactó en el funcionamiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable, por lo que podrían registrarse faltantes o baja presión en el servicio, informó este jueves la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la compañía explicó que el corte de energía, ajeno a la empresa, afectó a varias instalaciones clave que dependen del suministro eléctrico para operar con normalidad. Se trata de plantas y sistemas de bombeo que demandan una gran cantidad de energía para garantizar el abastecimiento de agua potable.

AySA aclaró que, aun cuando el servicio eléctrico sea restablecido, la normalización del suministro de agua no es inmediata, ya que los sistemas de bombeo deben atravesar un proceso de arranque secuencial. Por ese motivo, la recuperación del servicio y la presurización de la red se dará de manera gradual a lo largo de la jornada.

Como consecuencia del apagón, la empresa advirtió que podría haber baja presión y/o falta de agua en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades de los partidos de Escobar, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

Ante la masividad del corte eléctrico y las altas temperaturas, AySA solicitó a los usuarios extremar los cuidados y hacer un uso responsable del agua potable, priorizando su consumo para actividades esenciales.

Según datos del Indec, en noviembre la industria utilizó apenas el 57,7% de su capacidad productiva instalada, un retroceso significativo frente al 62,3% registrado un año atrás.

Un indicador difundido por el Indec encendió nuevas señales de alerta sobre el estado de la economía real: casi la mitad de las máquinas de las fábricas argentinas permanecen paralizadas. Según el organismo oficial, en noviembre la industria utilizó apenas el 57,7% de su capacidad productiva instalada, un retroceso significativo frente al 62,3% registrado un año atrás.

El dato no solo confirma que el derrumbe industrial continúa, sino que muestra una profundización del proceso recesivo. A lo largo de 2025, el uso de la capacidad instalada se mantuvo sistemáticamente en niveles críticos: entre enero y agosto nunca alcanzó el 60%, apenas lo superó de forma marginal en septiembre y octubre, y volvió a caer en noviembre.

Estos niveles de actividad son comparables con momentos excepcionales de crisis, como los meses más duros de la pandemia. También remiten al inicio de 2024, cuando la economía se contrajo abruptamente tras la implementación de medidas económicas de fuerte impacto, entre ellas una devaluación del 53%, un ajuste fiscal severo y una apertura comercial sin restricciones.

#DatoINDEC
La industria utilizó 57,7% de su capacidad instalada durante noviembre de 2025 https://t.co/q1TE7djiTc pic.twitter.com/w4uk79ujuL

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 14, 2026

El deterioro industrial se produjo, además, en el mes posterior al triunfo electoral de Javier Milei. Mientras los mercados financieros reaccionaron con subas en las acciones del Merval, ese impulso especulativo no se tradujo en mayor actividad productiva, que siguió en retroceso.

El parate no afecta por igual a todos los sectores. De las doce ramas industriales que releva el Indec, la textil fue la más golpeada: en noviembre utilizó apenas el 29,2% de su capacidad, lo que implica que siete de cada diez máquinas estuvieron detenidas. La combinación de caída del consumo interno y una fuerte presión de importaciones —incluso de ropa usada— profundizó la crisis del sector.

En una situación apenas menos crítica se ubicó la industria metalmecánica (excluida la automotriz), con un uso de capacidad del 39,9%, afectada por la misma dinámica de desplome de la demanda y sustitución por productos importados. Dentro de este rubro, la fabricación de electrodomésticos mostró un derrumbe del 39,7% interanual, en un contexto marcado por el cierre definitivo de la planta de Whirlpool en Pilar y el giro hacia la importación.

La industria automotriz completó el podio de los sectores más castigados, con un uso efectivo del 46,3%, muy por debajo del 64,7% de un año atrás. El contraste es elocuente: mientras las ventas de vehículos crecieron en 2025, la producción local quedó relegada, desplazada por autos y autopartes importadas.

En conjunto, el dato oficial del Indec deja una conclusión inquietante: la recesión industrial no solo persiste, sino que se consolida, con un entramado productivo que opera muy por debajo de su potencial y un impacto directo sobre el empleo, la inversión y el desarrollo económico.

Las desvinculaciones fueron comunicadas de manera abrupta, sin previo aviso y a través de reuniones por Zoom, y según denunciaron los propios empleados, los puestos eliminados serán reemplazados por sistemas de inteligencia artificial.

A días del inicio de 2026, Mercado Libre ejecutó un despido masivo que alcanzó a 119 trabajadores del área tecnológica en América Latina, de los cuales 32 se desempeñaban en Argentina. Las desvinculaciones fueron comunicadas de manera abrupta, sin previo aviso y a través de reuniones por Zoom, y según denunciaron los propios empleados, los puestos eliminados serán reemplazados por sistemas de inteligencia artificial.

La medida fue adoptada por la empresa fundada por Marcos Galperín, empresario que se identifica públicamente con las ideas libertarias del presidente Javier Milei, y comenzó a trascender en redes sociales pocos días después del cierre de 2025. Frente a la repercusión pública, el medio El Destape se contactó con voceros de la compañía, quienes confirmaron los despidos.

Desde Mercado Libre intentaron presentar la decisión como una acción “puntual”, enmarcada en una supuesta “transformación” organizacional. En un comunicado oficial, la empresa señaló que se encuentra “evolucionando la organización de los equipos de Experiencia de Usuario (UX) para integrar de manera más efectiva las áreas de Diseño y Contenido”, y precisó que “como parte de este proceso, 32 personas dejaron la compañía en Argentina”. También aclaró que la medida, según su versión, “no modifica la estrategia de crecimiento en el país ni en la región”.

No obstante, el relato de los trabajadores despedidos contradice el discurso empresarial. De acuerdo con testimonios recogidos, los empleados fueron convocados a reuniones virtuales sin información previa y, al conectarse, se encontraron con decenas de compañeros en la misma situación. En esos encuentros —realizados incluso en dos idiomas por la participación de personal de Brasil— se les comunicó la desvinculación inmediata, el pago de la indemnización y la obligación de entregar las computadoras y cerrar el vínculo laboral en el acto.

Una trabajadora consultada señaló que este tipo de recortes viene avanzando desde hace tiempo en áreas como Atención al Cliente y Experiencia de Usuario, donde la empresa estaría reduciendo personal humano para avanzar en procesos de automatización.

Según indicaron los propios empleados, Mercado Libre se encuentra probando bots y agentes de inteligencia artificial para asumir tareas que hasta ahora eran realizadas por trabajadores especializados. El caso vuelve a encender el debate sobre el impacto de la IA en el empleo, especialmente en el sector tecnológico, y pone en cuestión el rol de las grandes corporaciones en un contexto regional atravesado por el ajuste, la recesión y la pérdida de puestos de trabajo.

El volumen proyectado implica un consumo mensual que rondaría los $50 millones solo en medialunas, a valores actuales de mercado.

Mientras el Gobierno profundiza un severo ajuste que golpea a jubilados, trabajadores informales y beneficiarios de programas sociales, la Casa Rosada prevé destinar más de $1,7 millones por día a la compra de panes, medialunas y otros productos de panadería para el funcionamiento interno del Poder Ejecutivo.

El gasto surge de una licitación impulsada por la Secretaría General de la Presidencia que, según informó el medio Realpolitik, contempla un contrato inicial de seis meses con opción de prórroga. De concretarse en su totalidad, el desembolso superaría los $311 millones, una cifra que contrasta con los recortes aplicados en áreas sensibles y con la caída generalizada del consumo en los hogares.

De acuerdo al pliego licitatorio, se adquirirán miles de unidades de pan miñón, pan árabe, panes para hamburguesas y medialunas —tanto de manteca como de grasa— en volúmenes que implican un gasto mensual cercano a los $50 millones solo en medialunas, a precios actuales de mercado.

La magnitud del gasto genera cuestionamientos en un contexto económico atravesado por el deterioro del poder adquisitivo y la retracción del consumo básico. Datos oficiales y mediciones privadas coinciden en señalar una disminución en la compra de alimentos, menos concurrencia a supermercados y un aumento de la morosidad en créditos y tarjetas, signos de un ajuste que impacta con mayor fuerza en los sectores de menores ingresos.

El contraste entre el discurso oficial de austeridad y la decisión de garantizar un costoso servicio de panadería en la sede del Gobierno nacional vuelve a poner en discusión las prioridades del gasto público, en un escenario donde millones de personas enfrentan dificultades crecientes para cubrir necesidades básicas.

El presidente designó al primo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, como nuevo Director Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), profundizando la lógica de convertir los activos estratégicos del Estado en un negocio familiar de la casta que dice combatir.

Tras la renuncia de Alfonso Peña, quien ocupaba el cargo desde febrero de 2024, el Gobierno nombró a Diego Luis Adúriz como máxima autoridad ejecutiva de Yacyretá. Adúriz, hasta la semana pasada consejero del organismo, es primo de Toto Caputo y sobrino del empresario Nicolás “Nicki” Caputo, histórico beneficiario del poder político y socio recurrente del Estado argentino.

La designación quedó formalizada mediante el decreto 15/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. Junto con Peña, también presentó su renuncia el consejero José Antonio López.

Adúriz ya formaba parte del entramado económico del Gobierno: había sido designado como representante de CAMMESA y se desempeñó como asesor del Ministerio de Economía durante 2024. Desde febrero del año pasado integraba el Consejo de la Central Hidroeléctrica y ahora asumirá la conducción de la represa binacional por un período que se extenderá hasta enero de 2031.

La actual composición del organismo fue definida directamente por Milei, quien designó a los representantes argentinos Ana Clara Almirón, Facundo Palma y Rodrigo de Arrechea, estos últimos aún en funciones.

Además, el Ejecutivo completó el organigrama local de Yacyretá con el nombramiento de Manuel Ignacio Chavarría Bertolami como consejero hasta el 31 de agosto de este año, en reemplazo del licenciado López.

Mientras el discurso oficial insiste en la lucha contra “la casta”, la conducción de una de las principales represas hidroeléctricas del país queda en manos del círculo íntimo del poder económico, confirmando que, lejos de achicarse, el Estado se reparte entre familiares y socios del Gobierno.