En plena votación de la reforma laboral, la legisladora apareció con unas gafas inteligentes modelo Ray-Ban Meta que incorporan funciones de inteligencia artificial, capaces de grabar, traducir y reproducir audio en tiempo real.

Lejos de tratarse de un detalle anecdótico, el episodio reavivó cuestionamientos sobre la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Diversos asistentes señalaron que la senadora habría utilizado el dispositivo como apoyo para leer o recibir indicaciones durante su exposición, lo que abrió un debate incómodo: ¿es compatible el uso de tecnología “asistida” con la responsabilidad de intervenir en un debate parlamentario de manera autónoma y transparente?

Más allá de la legalidad estricta —ya que no existe una prohibición expresa sobre este tipo de dispositivos— el hecho pone en discusión la coherencia entre el discurso político y la práctica. En un recinto donde se exige preparación, solvencia y claridad argumentativa, el recurso a herramientas que permiten “machetearse” en tiempo real debilita la credibilidad institucional y proyecta una imagen de improvisación encubierta por tecnología.

El episodio generó bromas y comentarios en redes sociales, pero también un trasfondo más serio: la falta de reglas claras sobre el uso de dispositivos con inteligencia artificial en espacios de deliberación pública. En un contexto donde la ciudadanía reclama mayor transparencia, la escena dejó una pregunta abierta sobre los límites éticos del uso de tecnología en la política y el ejemplo que ofrecen quienes ocupan cargos de representación.

Mientras el Gobierno sostiene un discurso enfático contra “la casta”, los privilegios y los vínculos entre política y negocios, un nuevo contrato estatal vuelve a poner en tensión esa narrativa con los hechos concretos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), equivalentes a unos USD 78.000 al tipo de cambio actual, para la capacitación en idioma inglés de su personal a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). La entidad tiene como directora ejecutiva a María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Rouillet se desempeña como Directora Ejecutiva de la AACI desde al menos septiembre de 2020 y, según consta en el expediente oficial, fue quien preparó la propuesta presentada al Ministerio. La contratación se realizó bajo la figura de Adjudicación Simple por Especialidad y, debido al vínculo matrimonial con un ministro nacional, se activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

En los considerandos de la disposición, Cancillería dejó asentado que la Declaración Jurada de Intereses arrojó un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un integrante del gabinete nacional. La OA encuadró formalmente la relación como “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet. Como “mecanismo adicional de transparencia”, se suscribió un Pacto de Integridad entre el Estado y la AACI.

Números polémicos

Sin embargo, más allá del cumplimiento formal de los pasos administrativos, los números también alimentan la controversia. El contrato prevé 594 horas presenciales de capacitación entre marzo y noviembre, lo que implica un costo de $191.993 por hora cátedra.

Al compararlo con valores oficiales de referencia, las diferencias son significativas:

• Una “Hora cátedra sin antigüedad” se abona actualmente $43.800,36, lo que implica que Cancillería pagará $148.193 adicionales por hora (un 338% más).
• Incluso frente a una “Hora cátedra con mayor antigüedad”, valuada en $64.289,67, la diferencia asciende a $127.703 por hora (198% por encima del salario tope docente).

La adjudicación quedó formalizada mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR. El contrato tendrá una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual.

Además, el portal oficial registra una contratación previa entre Cancillería y la AACI en 2024 por $55.388.180 para un curso de capacitación, lo que refuerza la continuidad del vínculo contractual entre el Ministerio y la institución dirigida por la esposa del ministro.

En el plano político, la senadora nacional Juliana di Tullio anunció que denunciará en Comodoro Py tanto a Sturzenegger como a Rouillet por considerar “irregular” la contratación.

El servicio fue solicitado por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027. En el expediente se argumentó que la AACI era el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa. Sin embargo, al momento de la apertura se registró una única oferta: la de la propia entidad dirigida por Rouillet.

Así, aunque el procedimiento incluyó controles formales y la firma de un Pacto de Integridad, la adjudicación expone una tensión evidente entre el discurso oficial de combate a los privilegios y la decisión de otorgar un contrato millonario a una institución conducida por la esposa de un ministro clave del gabinete. El contraste entre la retórica contra la “casta” y las prácticas de contratación pública vuelve a quedar bajo escrutinio.

En una fecha que históricamente significaba mesas llenas, brindis y turnos completos, este San Valentín encuentra a bares y restaurantes atravesando uno de sus peores momentos: el consumo cayó un 50% interanual y las reservas apenas alcanzan el 15%, aun cuando la celebración cae sábado.

Miguel Ángel Solís, dueño de dos bares y una cervecería en Florencio Varela, describe un panorama que dista mucho de otros años. “Se nota mucho que no sobra nada”, resume. Antes, las parejas pedían botellas de espumante; hoy eligen cervezas. Las salidas son más austeras y eso también impacta en los trabajadores: las propinas disminuyeron de manera notoria.

El golpe no viene solo por el lado de la demanda. Los costos siguen en alza y ahogan al sector. La boleta de luz de febrero llegó con un aumento del 30%, a lo que se suman subas en alquileres y en los precios de proveedores. La situación es tan delicada que 6 de los 20 locales gastronómicos de la zona están en venta.

La retracción del consumo no es exclusiva del rubro. Según datos del INDEC, las ventas en supermercados registraron en noviembre una caída interanual del 2,8% y una contracción mensual del 3,8%, la más fuerte desde diciembre de 2023. El ajuste en los presupuestos familiares se siente primero en el ocio, y la gastronomía es uno de los sectores más expuestos.

“La gente no tiene para gastar en el ocio y va cortando eso”, explica Solís. La baja cantidad de reservas para San Valentín, una de las fechas más fuertes del calendario comercial, es una señal clara de la profundidad de la crisis.

El panorama es preocupante. Con costos en aumento y consumo en retroceso, los empresarios gastronómicos advierten que se necesitan medidas urgentes para revertir la tendencia. Este año, ni siquiera el Día de los Enamorados logró escapar al impacto de la recesión.

El dato, informado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCRA), confirma una tendencia de deterioro sostenido que ya no puede explicarse solo por cambios culturales en la dieta, sino por una combinación de menor producción, precios en alza y una oferta interna cada vez más restringida.

Según la entidad, la producción de carne vacuna alcanzó en enero las 239 mil toneladas res con hueso, lo que implicó una contracción interanual del 10% (-26,6 mil toneladas), producto de un muy bajo nivel de faena. En paralelo, las exportaciones se mantuvieron prácticamente sin cambios: 57 mil toneladas res con hueso, apenas 1% más que en enero de 2025. En términos absolutos, fueron 560 toneladas más que un año atrás.

En este contexto, el consumo aparente en el mercado interno se desplomó 13% interanual, lo que equivale a 27,1 mil toneladas menos disponibles para los hogares argentinos. El promedio móvil de los últimos doce meses se ubicó también en 47,9 kilos por habitante al año, 0,5% por debajo del promedio registrado un año atrás, consolidando el piso más bajo en dos décadas.

El retroceso del consumo coincidió además con nuevas subas de precios. En enero, cuatro de los cinco cortes relevados por el INDEC aumentaron por encima de la inflación mensual (2,8%): el asado subió 5,6%; el cuadril y la nalga, 3,3%; la carne picada común, 3,1%. Solo la paleta quedó levemente por debajo, con un 2,6%. Es decir, en un escenario de ingresos erosionados, la carne volvió a encarecerse por encima del promedio general de precios.

Desde CICCRA explicaron que el bajo nivel de actividad en la industria frigorífica vacuna responde a una tendencia que se arrastra desde hace años. La faena de enero de 2026 ocupó el puesto 36 entre los últimos 47 eneros, un indicador elocuente del enfriamiento del sector. En total, se faenaron 1,014 millones de cabezas, 11,8% menos que en enero de 2025 y 16,1% por debajo del mes previo, ajustado por días laborables.

Las causas productivas también pesan: la fuerte sequía entre 2021/22 y 2023/24 y las inundaciones de 2024 y 2025 generaron ventas anticipadas de hacienda, reducción de existencias y deterioro del índice de preñez, con menores zafras de terneros. El resultado fue una tendencia contractiva de la faena durante los últimos dos años, con 20 bajas interanuales consecutivas.

Sin embargo, mientras la producción se retrae, las exportaciones se sostienen. En un escenario de menor oferta, esa decisión impacta directamente sobre el mercado interno, que absorbe el ajuste vía menor consumo y mayores precios. Así, la caída en el consumo per cápita no solo refleja problemas productivos o climáticos, sino también una estructura de prioridades donde el mercado externo mantiene su dinamismo mientras la mesa de los argentinos pierde protagonismo.

Detrás del dato oficial del INDEC se esconde una dinámica más profunda: el mercado laboral argentino terminó el año con una erosión generalizada en la capacidad de compra, que golpeó con mayor fuerza en el tramo final.

Según el organismo estadístico, los salarios registrados —tanto públicos como privados— aumentaron 28,8% en términos nominales, pero quedaron claramente rezagados frente a una inflación acumulada del 31,5%. El resultado fue una pérdida interanual del 2,1% real. Sin embargo, el impacto no fue homogéneo a lo largo del año: la mayor parte del deterioro se concentró en el último cuatrimestre, cuando el poder adquisitivo se contrajo un 2,5%. Solo en diciembre, los sueldos subieron 2%, mientras que el IPC marcó 2,8%, ampliando la brecha y profundizando la caída.

Como advirtió el economista Gabriel Caamaño, los ingresos del sector privado se retrotrajeron “a niveles de septiembre-octubre de 2024”, confirmando que la recuperación previa fue frágil y terminó diluyéndose ante el nuevo impulso inflacionario.

Un ajuste desigual: el Estado como principal variable

La fragmentación del impacto expone con claridad el peso del ajuste sobre el empleo público. En diciembre, los salarios estatales apenas aumentaron 1% nominal, lo que implicó una pérdida real mensual del 1,8%, convirtiendo al sector en el más castigado. En contraste, el sector privado registrado tuvo un incremento del 2,5% nominal y una caída real más acotada, del 0,3%.

La brecha se vuelve aún más significativa si se toma como punto de partida noviembre de 2023. Desde entonces, el salario real del sector público acumula un desplome del 17,03%, mientras que el sector privado registrado muestra una caída mucho menor, del 1,55%. El ajuste, así, no solo es profundo sino también selectivo.

La inercia inflacionaria y el desfase paritario

La aceleración de precios hacia fines de 2025 dejó en evidencia el desfasaje estructural de los acuerdos salariales. El sociólogo Daniel Schteingart explicó que los salarios suelen actualizarse en función de la inflación pasada, que en contextos de aceleración resulta inferior a la inflación corriente. “Por ese motivo caen los salarios reales. También cuando se desaceleran los precios suele ocurrir lo inverso”, señaló.

Esa “brecha de inercia” ayuda a entender por qué, pese a que durante buena parte de 2024 los salarios habían logrado cierta recomposición, el salto inflacionario de fines de 2023 y la devaluación inicial continúan condicionando la comparación histórica. Medido desde noviembre de 2023, el universo registrado todavía exhibe una caída real acumulada del 7,1%.

La controversia del IPC y el costo real de vida

A la pérdida efectiva de poder adquisitivo se suma una discusión metodológica que alimenta la percepción social de un deterioro mayor al que reflejan las cifras oficiales. La decisión de mantener el IPC con base 2004/05, en lugar de publicar el índice actualizado con la canasta 2017/18 (ENGHo), generó fuertes cuestionamientos técnicos e incluso derivó en la salida de Marco Lavagna del INDEC.

Especialistas advierten que la canasta actualizada otorgaría mayor ponderación a los servicios —particularmente afectados por aumentos tarifarios—, lo que elevaría la inflación medida y, por lo tanto, profundizaría la caída real de los salarios. Según la consultora Vectorial, con esa metodología la pérdida acumulada desde noviembre de 2023 sería mucho más severa: el sector público habría retrocedido un 22,6% (en lugar del 17%) y el privado un 8,1% (frente al 1,55% oficial).

En palabras del economista Pablo Ferrari: “Es necesario aclarar que esta pérdida de salario real sería mayor si el Gobierno no hubiera decidido continuar la estimación de la inflación minorista con el IPC de 2004/05”.

En medio del debate por la reforma laboral, un informe del propio Ministerio de Capital Humano encendió todas las alarmas: en apenas seis meses se perdieron 86.000 puestos de trabajo asalariados registrados y la tasa de despidos sin causa alcanzó en noviembre su nivel más alto en un año.

Los datos surgen del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y muestran que el empleo asalariado registrado cayó 0,2% en noviembre de 2025 respecto del mes anterior. La contracción no fue aislada: se verificó tanto en el sector privado (-0,2%) como en el sector público (-0,4%). Solo el trabajo en casas particulares mostró una variación mensual positiva (+0,6%), aunque en la comparación interanual también exhibe retrocesos.

En el sector privado, el empleo asalariado alcanzó los 6,189 millones de personas, con una baja de 13.100 trabajadores en un solo mes. Pero el dato más preocupante es la tendencia: entre junio y noviembre de 2025 se registraron variaciones mensuales negativas consecutivas, acumulando una pérdida total de 86.000 empleos formales.

Si la comparación es interanual, el deterioro resulta aún más evidente. El empleo asalariado cayó 1,1% frente a noviembre de 2024, lo que equivale a 114.800 trabajadores menos. La reducción abarcó a todas las categorías: el sector privado perdió 78.800 puestos (-1,3%), el trabajo en casas particulares cayó en 5.200 empleos (-1,2%) y el sector público se redujo en 30.900 cargos (-0,9%).

El trabajo independiente tampoco muestra señales sólidas de recuperación. En términos interanuales, el conjunto de trabajadores independientes se contrajo 10,2%, con 320.600 personas menos. Si bien el monotributo creció 4,2% (88.600 personas más), la caída del 61,9% en los monotributistas sociales —atribuida a cambios normativos específicos— fue determinante en el resultado general. Los autónomos, por su parte, retrocedieron 1,2%.

En paralelo, la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) reveló que la incidencia de despidos sin causa en el sector privado alcanzó en noviembre 0,8 cada 100 trabajadores, el valor más alto de los últimos doce meses. En términos interanuales, el indicador creció 60% respecto de diciembre de 2024, igualando los niveles de 2023 y retornando a los registros previos a la pandemia.

Aunque el informe señala que la remuneración nominal bruta promedio fue de $1.836.177 en noviembre, con un incremento interanual del 30,1%, el dato salarial queda relativizado frente al contexto de pérdida de empleo y mayor conflictividad laboral.

El panorama que dibuja el propio Gobierno es el de un mercado laboral formal en retroceso, con caída sostenida del empleo registrado y aumento de despidos en plena discusión de cambios estructurales en la legislación laboral. Más allá del discurso oficial, los números exponen una realidad que difícilmente pueda minimizarse.

La falta de pagos y la negativa a actualizar aranceles derivaron en la suspensión progresiva de prestaciones médicas en al menos cuatro provincias, mientras otras se mantienen en estado de alerta y podrían sumarse en las próximas horas.

Clínicas y sanatorios —principalmente en la Patagonia y el centro del país— confirmaron que comenzaron a restringir la atención a afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP). Aunque oficialmente no se trata de un “cierre total”, el impacto es profundo: miles de jubilados ya no pueden acceder a consultas en consultorios externos, cirugías programadas ni estudios ambulatorios.

Las urgencias y emergencias continúan atendiéndose bajo criterio médico, pero el recorte en la atención regular instala un escenario alarmante: controles postergados, tratamientos interrumpidos y diagnósticos demorados para una población que depende casi exclusivamente del PAMI para sostener su salud.

Provincias afectadas: la mecha ya está encendida

La medida de fuerza impacta con fuerza en:

• La Pampa, donde clínicas dejaron de atender consultorios y cirugías programadas.
• Neuquén, Río Negro y Chubut, que se sumaron al corte tras no recibir transferencias adeudadas.
• Córdoba, donde ACLISA declaró el estado de alerta por demoras en los pagos.

En la Patagonia, cerca de 30 sanatorios enviaron una nota formal al director del PAMI, Esteban Leguizamo, exigiendo respuestas urgentes. Advirtieron que, si no hay convocatoria a una mesa técnica y soluciones concretas en las próximas horas, la suspensión “progresiva” podría transformarse en un corte total de servicios.

En Río Negro ya son 15 los establecimientos que suspendieron prestaciones, entre ellos el Hospital Privado Regional, Sanatorio San Carlos, Clínica Roca, Clínica Viedma y Sanatorio Juan XXIII, entre otros. En Neuquén, la medida alcanza a ADOS, Clínica y Maternidad Eva Perón, Sanatorio Plaza Huincul y Clínica Pasteur. La lista crece y el temor es que el conflicto se expanda a otras jurisdicciones.

Deudas millonarias y sistema al borde del colapso

Los prestadores describen un panorama crítico:

• Deuda millonaria: solo en Neuquén se reportan compromisos impagos que superan los $1.000 millones.
• Atraso salarial: los pagos del PAMI representan hasta el 50% de los ingresos de muchas clínicas. Sin esos fondos, se demoran sueldos y se tensiona toda la estructura sanitaria.
• Aranceles congelados: los valores que paga la obra social quedaron muy por debajo de la inflación y de los costos reales, lo que vuelve inviable la prestación.

El conflicto ya no es solo financiero: es estructural. Las clínicas advierten que trabajan a pérdida y que el sistema se sostiene con parches mientras se acumulan deudas.

La respuesta oficial: auditorías y promesas

Desde el PAMI sostienen que los retrasos responden a auditorías internas para detectar irregularidades en facturaciones anteriores y “sanear las cuentas”. También aseguran que la atención “está garantizada” y que existen mesas de diálogo abiertas con las cámaras prestadoras.

Sin embargo, las transferencias parciales liberadas hasta ahora son consideradas insuficientes por los sanatorios, que aseguran que no cubren ni una fracción significativa de la deuda acumulada.

Este miércoles se realizará una reunión clave entre la Confederación de Clínicas y Sanatorios (CONFECLISA) y autoridades nacionales del organismo. De ese encuentro dependerá si la medida se desactiva o si el conflicto escala hacia provincias de peso como Buenos Aires o Santa Fe.

Jubilados en el medio de la disputa

En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo y aumento del costo de vida, la interrupción de prestaciones médicas agrava la vulnerabilidad de los adultos mayores. La incertidumbre crece y la pregunta es inevitable: ¿cuánto más puede tensarse el sistema antes de que el impacto sea irreversible?

La crisis del PAMI ya no es una discusión administrativa. Es una emergencia sanitaria en desarrollo.

Protesta policial en Santa Fe: escala la crisis por los reclamos de los uniformados mientras el Gobierno de Pullaro busca evitar un escenario de mayor confrontación.

La tensión entre el Gobierno de Santa Fe y la Policía provincial atraviesa uno de sus momentos más delicados. Lejos de descomprimirse, el conflicto salarial y laboral se agrava con denuncias de condiciones precarias en las comisarías y un creciente clima de temor entre los efectivos que participan de la protesta.

Mientras el Ejecutivo provincial intenta abrir canales de diálogo para encauzar la negociación y analiza posibles sanciones por el acuartelamiento, en las filas policiales se multiplican los testimonios que describen un escenario crítico, tanto en lo económico como en lo institucional.

Una subinspectora con 19 años de servicio, que aseguró percibir un salario de 1.322.000 pesos, expuso públicamente la situación que atraviesan en su dependencia. Según relató, los propios agentes deben realizar “vaquitas” para afrontar gastos básicos como el servicio de internet. “Somos 20 compañeros y cada uno tiene que pagar 670 pesos. Así lo pidió el jefe; la boleta viene a nombre del superior”, explicó, sin revelar su identidad por temor a represalias.

La agente describió además condiciones edilicias alarmantes: comisarías “muy precarias”, un único baño compartido entre hombres y mujeres, y calabozos diseñados para 12 personas que actualmente alojan hasta 45 detenidos. “Los compañeros están continuamente con miedo a que haya una evasión”, advirtió, dejando al descubierto el nivel de sobrepoblación y riesgo operativo.

En declaraciones televisivas, la subinspectora sostuvo que muchos efectivos ocultan su identidad durante la protesta por miedo a sanciones. “Si nos reconocen, nos ponen en disponibilidad, como les pasó a 20 compañeros a los que les retiraron el chaleco y el arma. Tenemos mucho miedo”, afirmó.

Visiblemente afectada, la mujer expresó entre lágrimas su conflicto personal: “Yo me siento mal de estar así, haciendo esto. No soy así. Desde el miércoles vengo con mi hija a protestar”. Sus palabras reflejan el impacto humano de una disputa que ya trasciende lo estrictamente salarial.

La agente también lanzó duras críticas contra el gobernador Maximiliano Pullaro, a quien acusó de “dividir” a la fuerza y de no atender los reclamos estructurales. “En 2013 también estábamos mal, pero ahora es peor. Tapan todo y nos maltratan”, sostuvo.

Los documentos revelan posibles víctimas, operaciones financieras fallidas y vínculos con nombres conocidos como el peluquero Roberto Giordano, el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado ex socio de Espert y el magnate británico Joe Lewis, con fuertes intereses en la Patagonia y de vinculos estrechos con el macrismo.

Más de 700 extractos de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos exponen con mayor claridad la conexión argentina del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Los archivos no solo mencionan al país en reiteradas oportunidades, sino que detallan negocios, intercambios y relaciones con figuras del ámbito empresarial y social argentino.

En total, al menos 711 referencias incluyen a la Argentina o a ciudadanos argentinos. Los documentos revelan posibles víctimas, operaciones financieras fallidas y vínculos con nombres conocidos como el peluquero Roberto Giordano, el empresario aeronáutico Federico “Fred” Machado y el magnate británico Joe Lewis, con fuertes intereses en la Patagonia.

Contactos, modelos y agencias locales

Entre los papeles aparecen “books” fotográficos enviados a Epstein con imágenes de tres modelos argentinas. Además, una agencia con sede en Buenos Aires le habría remitido newsletters de manera directa entre 2012 y 2013.

En un intercambio interno del FBI se menciona la necesidad de “comunicar avances a tus víctimas en la Argentina”, lo que evidencia que el país no solo figuraba como plaza de negocios, sino también dentro del entramado de víctimas investigado por las autoridades estadounidenses.

Roberto Giordano también aparece citado en los documentos. El reconocido estilista, fallecido en 2019, habría recibido pagos recurrentes de 500 dólares y organizaba desfiles en Punta del Este y Pinamar, eventos que formaban parte del circuito social frecuentado por empresarios y celebridades.

Negocios e inversiones con pérdidas millonarias

Epstein también realizó inversiones en Argentina. Según reportes de su agente financiero, Paul Barrett, el financista perdió aproximadamente 1,2 millones de dólares en bonos y operaciones cambiarias durante la crisis económica de 2018, en plena gestión de Mauricio Macri. Barrett llegó a calificar la incursión argentina como uno de los “tres peores negocios” de Epstein, junto con inversiones en General Electric.

Joe Lewis y “Fred” Machado en los correos

El nombre de Joe Lewis de estrechos vínculos con Mauricio Macri, surge en correos electrónicos de 2009 intercambiados con Jes Staley, exCEO de Barclays y figura cercana a Epstein. En esos mensajes, Staley confirma un encuentro con el magnate británico en Bariloche, donde Lewis posee extensas propiedades.

Por su parte, Federico “Fred” Machado, figura en los archivos por una negociación en 2015 para venderle a Epstein un avión Gulfstream por 10 millones de dólares. Machado fue posteriormente extraditado a Estados Unidos por otras causas judiciales. Su nombre también resonó en la política argentina por su vínculo con el economista José Luis Espert, relación que derivó en un fuerte impacto en la carrera pública del dirigente libertario.

¿Argentina, el último destino?

Según publicó La Nación, Argentina podría haber sido el último destino internacional planeado por Epstein antes de su arresto en julio de 2019. El 31 de diciembre de 2018, Julian Leese lo invitó a participar de una cacería en el país durante 2019. Epstein respondió afirmativamente, pero su detención frustró el viaje.

Los documentos refuerzan así la dimensión global del entramado de Epstein y colocan a la Argentina como una pieza relevante dentro de su red de contactos, negocios y relaciones, que hoy continúa bajo escrutinio público y judicial.

Argentina volvió a retroceder en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 elaborado por Transparencia Internacional, confirmando un deterioro que ya se había manifestado el año anterior.

El país descendió cinco posiciones y quedó en el puesto 104 sobre 182 naciones, con 36 puntos sobre 100. En 2024 había obtenido 37 puntos. La baja, aunque pueda parecer marginal en cifras, consolida una tendencia negativa durante el segundo año de gestión de Javier Milei.

El informe internacional es contundente: en los últimos dos años no se implementaron políticas eficaces para prevenir ni sancionar la corrupción. Lejos de materializar la promesa de una transformación ética del Estado y de lucha contra la “casta”, la gestión libertaria exhibe un vacío en materia de integridad pública que impacta directamente en la percepción institucional.

Críticas por la falta de políticas anticorrupción

Organizaciones especializadas vinculan el retroceso con la ausencia de una agenda activa en materia anticorrupción. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, fue categórico: “Nada se hizo en estos dos años para prevenir y sancionar la corrupción”. La declaración no solo apunta a la inacción, sino también a la falta de señales políticas claras en favor de la transparencia.

Casos como los vinculados a $LIBRA, el ingreso de valijas sin declarar en el aeropuerto, el reciente escandalo de sobreprecios en nucleoeléctrica y a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), más allá de las sospechas de irregularidades, no encontraron una respuesta institucional contundente por parte del Ejecutivo. Esa pasividad alimenta la percepción de opacidad y erosiona la credibilidad del discurso oficial.

Por debajo del promedio regional

Con 36 puntos, Argentina quedó por debajo del promedio del continente americano (42 puntos) y se ubicó en el puesto 19 entre 33 países de la región. Comparativamente, el país aparece cercano a Belice y la Ucrania del régimen de Zelensky, y es superado por Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana.

Mientras Canadá (75 puntos) y Uruguay (73) encabezan el desempeño regional con estándares sostenidos de transparencia, Argentina se aleja de esos parámetros y se aproxima a países con mayores debilidades institucionales. En el extremo más crítico del continente se encuentran Haití (16), Nicaragua (14) y Venezuela (10), que marcan el piso del ranking regional.

Liderazgos globales y contrastes

A nivel mundial, Dinamarca lidera el índice con 89 puntos, seguida por Finlandia con 88. En los últimos puestos figuran Sudán del Sur y Somalia, ambos con 9 puntos, mientras que Venezuela ocupa el lugar 180 con 10.

Para Martín D’Alessandro, presidente de Poder Ciudadano, la falta de políticas sostenidas de integridad sigue siendo una deuda estructural en Argentina. Sin una estrategia clara y consistente, advierte, el deterioro puede profundizarse.

Un retroceso que desmiente la narrativa oficial

El IPC se construye a partir de encuestas y evaluaciones de expertos y empresarios, utilizando múltiples fuentes independientes como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. La escala va de 0 (alta percepción de corrupción) a 100 (mayor transparencia).

La caída de Argentina no es solo un movimiento estadístico: implica que el país fue percibido en 2025 como más corrupto que el año anterior en comparación con otras naciones. En un gobierno que hizo de la lucha contra “la casta” su principal bandera política, el retroceso en transparencia expone una contradicción difícil de soslayar.

Más que un traspié circunstancial, el segundo año de Milei parece consolidar una preocupante deriva: sin políticas activas de control y rendición de cuentas, la promesa de limpieza institucional queda reducida a consigna, mientras los indicadores internacionales marcan un deterioro que afecta la credibilidad del país y profundiza la desconfianza pública.