Colectivos: La Provincia creó un régimen propio para evitar el traslado de costos a usuarios

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, puso en marcha un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, puso en marcha un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de colectivos y evitar que el aumento de los costos operativos impacte directamente en el valor del boleto que pagan las y los usuarios.

La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, surge como respuesta a la eliminación de los subsidios nacionales al transporte en el interior del país y a la supresión del Fondo Compensador del Interior, decisión que obligó a las provincias a absorber desde 2024 una parte sustancial del financiamiento del sistema. Frente a este escenario, la administración bonaerense avanzó con un esquema propio para proteger a millones de usuarios del AMBA.

El nuevo régimen alcanza a las líneas de transporte urbano y suburbano de jurisdicción provincial y municipal que operan en el AMBA, y fue diseñado para evitar que los mayores costos operativos se trasladen automáticamente a las tarifas, en un contexto en el que el boleto de colectivo ya supera los $1.000 en algunos tramos, representando un fuerte impacto en la economía cotidiana de las familias bonaerenses.

La iniciativa se inscribe en un proceso que la Provincia viene desarrollando desde 2018, cuando comenzó a asumir parte del financiamiento del sistema de transporte tras sucesivos recortes en la política nacional de subsidios. Desde entonces, el gobierno bonaerense sostuvo mecanismos de compensación tarifaria y esquemas de gasoil a precio diferencial para contener el impacto de los costos sobre los usuarios, políticas que ahora se consolidan y amplían mediante un régimen con marco legal propio, criterios técnicos y herramientas de control.

Con la finalización del convenio vigente con el Estado nacional prevista para el 31 de diciembre de 2025, la Provincia decidió avanzar en una reglamentación que ordene y estabilice los mecanismos de financiamiento más allá de acuerdos transitorios. Para ello, el régimen se apoya en sistemas de información y control como el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el reporte electrónico de kilómetros recorridos y el monitoreo de la demanda real del servicio.

El decreto establece además que el Ministerio de Transporte bonaerense será la autoridad de aplicación, encargado de definir la metodología de cálculo, distribución y rendición de las compensaciones tarifarias, con el objetivo de transparentar el uso de los recursos públicos y evitar desequilibrios financieros que puedan poner en riesgo la prestación del servicio o presionar al alza las tarifas.

En el mismo marco, la Provincia aprobó un nuevo convenio con Nación Servicios S.A. para garantizar la continuidad del sistema SUBE, tanto como medio de pago como fuente central de información operativa. Su utilización permitirá un relevamiento más preciso de la cantidad de pasajeros, el uso del sistema y los costos reales de operación, datos clave para ajustar las compensaciones y evaluar el funcionamiento del régimen.

De esta manera, el Gobierno bonaerense busca asegurar la continuidad del transporte público en una región donde millones de personas dependen diariamente del colectivo para trabajar, estudiar y desplazarse, y ofrecer una respuesta concreta frente al retiro del Estado nacional, evitando que esa decisión derive en aumentos desmedidos del boleto o en una mayor carga sobre los bolsillos de los bonaerenses.

Read More

Saqueo en marcha: Trump anunció que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

El anuncio fue realizado la noche del martes a través de la red social Truth Social, donde Trump detalló que el crudo venezolano será vendido a precio de mercado, pero con una condición clave: los fondos obtenidos quedarán bajo control directo de la administración estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela acordó entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a su país, un entendimiento que expone el trasfondo geopolítico de la intervención estadounidense en la nación sudamericana y que va más allá de las narrativas oficiales de defensa de la democracia o lucha contra el terrorismo.

El anuncio fue realizado la noche del martes a través de la red social Truth Social, donde Trump detalló que el crudo venezolano será vendido a precio de mercado, pero con una condición clave: los fondos obtenidos quedarán bajo control directo de la administración estadounidense. “Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para asegurar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, afirmó.

Trump informó además que ya instruyó al secretario de Energía, Chris Wright, para implementar el plan de manera inmediata. Según precisó, el petróleo será transportado en buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses, consolidando un giro estratégico en la relación energética entre Washington y Caracas.

Negociaciones bajo presión y reconfiguración del mercado

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, funcionarios de ambos países mantienen conversaciones para reorganizar los flujos de exportación de crudo venezolano hacia refinerías estadounidenses. El objetivo sería redirigir cargamentos originalmente destinados a China y, al mismo tiempo, evitar nuevos recortes en la producción de la estatal PDVSA, seriamente afectada por el bloqueo.

Las negociaciones se intensificaron luego de que Trump exigiera la apertura del sector petrolero venezolano a empresas estadounidenses y privadas, bajo la advertencia de una posible escalada militar en caso de negativa. En este contexto, Venezuela acumula millones de barriles sin poder exportar, tras el endurecimiento de las sanciones impuesto por Washington a mediados de diciembre.

Fuentes del sector energético citadas por Reuters señalaron que Trump busca concretar rápidamente el acuerdo para presentarlo como un logro político y estratégico, incluso a costa de desplazar a China, principal comprador del petróleo venezolano durante la última década.

Chevron, licencias especiales y control de ingresos

Actualmente, las exportaciones de crudo venezolano a Estados Unidos se canalizan casi exclusivamente a través de Chevron, que opera bajo una licencia especial otorgada por el propio gobierno estadounidense. La compañía exporta entre 100.000 y 150.000 barriles diarios, mientras el resto de las petroleras internacionales continúan limitadas.

El plan anunciado por Trump contempla que los ingresos por la venta del petróleo sean administrados directamente desde la presidencia de Estados Unidos, una medida que refuerza la dimensión política y estratégica del acuerdo. Paralelamente, Washington y Caracas analizan la posibilidad de realizar subastas para compradores estadounidenses y otorgar nuevas licencias a socios de PDVSA.

En el pasado, este esquema permitió la participación de empresas como Chevron, Eni, Repsol, CNPC y Reliance, algunas de las cuales ya se estarían preparando para recibir nuevos cargamentos.

PDVSA, sanciones y reordenamiento geopolítico

La estatal PDVSA se vio obligada a reducir su producción en los últimos meses debido a la saturación de sus depósitos. Según Reuters, si no logra exportar en el corto plazo, enfrentará nuevos recortes. En contraste, funcionarios estadounidenses celebraron la posibilidad de incrementar el suministro hacia refinerías del Golfo.

Antes del endurecimiento de las sanciones, Estados Unidos procesaba cerca de 500.000 barriles diarios de crudo venezolano, un volumen que Washington ahora busca recuperar en un escenario de reconfiguración energética y geopolítica regional, donde el control de los recursos y de los flujos financieros vuelve a ocupar un lugar central.

Read More

Motosierra: el Gobierno Nacional va por la privatización de cinco hospitales bonaerenses

Los hospitales alcanzados por la medida son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela.

El Gobierno nacional avanza en un nuevo recorte estructural del sistema público de salud y estudia aplicar un esquema de gestión privada en cinco hospitales estratégicos de la provincia de Buenos Aires, cuatro ubicados en el Conurbano y uno en el interior. La iniciativa, impulsada bajo la lógica de la “motosierra” libertaria, implicaría tercerizar la administración y establecer el pago de cápitas para acceder a la atención, un cambio que encendió alarmas en el sector sanitario y desató un fuerte rechazo gremial.

Los hospitales alcanzados por la medida son el “Néstor Kirchner” de Cañuelas; el “René Favaloro” y el “Presidente Néstor Kirchner” de La Matanza; el “Bicentenario” de Esteban Echeverría; y “El Cruce Dr. Néstor Kirchner” de Florencio Varela. Todos integran el Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), un sistema de gestión mixta entre Nación y Provincia que garantiza atención pública de alta complejidad a millones de bonaerenses.

Aunque no hubo un anuncio oficial, el propio Gobierno admitió que evalúa “opciones de administración” y que la alternativa más firme es la aplicación del denominado “modelo español”, que supone concesionar la gestión hospitalaria a privados, financiados a través de aportes de obras sociales, prepagas y un sistema de cápitas. En los hechos, se trata de un avance privatizador que pone en cuestión el principio de acceso universal y gratuito a la salud.

Un ajuste con impacto directo en la atención

La iniciativa responde al objetivo central del Gobierno de Javier Milei de reducir el gasto público, incluso en áreas sensibles. Actualmente, el financiamiento de estos hospitales recae mayoritariamente en Nación: aporta el 80% del presupuesto del hospital de Cañuelas y el 70% de los otros cuatro, mientras que la Provincia y, en un caso, el municipio de La Matanza, completan el esquema.

El ministro de Salud, Mario Lugones, no descarta otras salidas —como el traspaso total de los hospitales a la órbita provincial—, pero en el propio sector sanitario aseguran que la decisión política apunta a avanzar con la tercerización, bajo la premisa de que los hospitales podrían “autosustentarse” con fondos del sistema privado. Una visión que, advierten especialistas y trabajadores, desdibuja el rol del Estado y profundiza la segmentación del sistema de salud.

Persisten además dudas sobre el camino legal para implementar la medida. Dado que los hospitales SAMIC fueron creados por ley, cualquier cambio de este calibre debería pasar por el Congreso. Sin embargo, en la Casa Rosada no descartan un decreto presidencial para evitar un debate legislativo que podría resultar costoso, como ya ocurrió con el conflicto por el financiamiento del Hospital Garrahan.

Tensiones políticas y rechazo sindical

El trasfondo incluye además una fuerte disputa entre Nación y Provincia. Lugones reclama a la gestión de Axel Kicillof una deuda que, según el vocero presidencial Manuel Adorni, rondaría los 500 mil millones de pesos, cifra que el ministro bonaerense Nicolás Kreplak rechaza, aunque admite la existencia de desfasajes en partidas. En este escenario, también se evaluó la posibilidad de provincializar los cinco hospitales, una opción sobre la que el gobierno bonaerense aun no se pronuncio.

La reacción más contundente llegó desde el ámbito gremial. La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) denunció que el plan oficial “representa una seria amenaza al carácter público, estatal e integral del sistema de salud” y advirtió que pone en riesgo el derecho de la población a una atención universal, gratuita y de calidad.

“El avance sobre los hospitales SAMIC se inscribe en una política sostenida de desfinanciamiento y vaciamiento del sistema público”, alertó el secretario general de la Federación, Pablo Maciel, quien remarcó que la alta dependencia de estos centros del financiamiento nacional vuelve particularmente grave cualquier intento de privatización. “Las consecuencias de estas políticas ya se sienten en el funcionamiento cotidiano de los hospitales”, concluyó.

Read More

Un país que se apaga: Argentina consume cada vez menos energía

El consumo de energía eléctrica en la Argentina volvió a retroceder en noviembre de 2025, reflejando con claridad el impacto de la recesión económica y la desaceleración de la actividad productiva.

La demanda nacional cayó 3,2% interanual y alcanzó los 10.712,3 GWh, el nivel más bajo para ese mes desde 2021, según datos oficiales de CAMMESA difundidos por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec).

Aunque las temperaturas más moderadas incidieron en el menor uso residencial, la caída del consumo se extendió también a los sectores comercial e industrial, lo que confirma que el descenso no responde solo a factores climáticos sino, principalmente, al enfriamiento general de la economía y al parate en amplios segmentos de la actividad fabril.

En términos mensuales, la demanda mostró una leve suba del 1,2% respecto de octubre, pero la comparación interanual evidencia un deterioro marcado frente a noviembre de 2024. El registro actual incluso se ubica por debajo del nivel de noviembre de 2021, consolidando una tendencia descendente que se profundiza en la segunda mitad del año.

El comportamiento acumulado refuerza este diagnóstico: en los primeros once meses de 2025, la demanda eléctrica total cayó 0,4%, mientras que el año móvil exhibe una retracción del 0,6%, configurando un escenario de consumo contenido de carácter estructural, asociado a la pérdida de dinamismo económico.

Retrocesos en todos los segmentos

La baja fue generalizada en todos los tipos de usuarios. El consumo residencial, que representó el 43% del total, cayó 2,8% interanual. El segmento comercial, directamente afectado por la contracción del consumo y los servicios, mostró el descenso más pronunciado, con una baja del 6,5%. En tanto, la demanda industrial retrocedió 0,4%, un dato que refleja la persistencia de niveles bajos de producción en el sector fabril.

Este desempeño confirma que la industria continúa operando por debajo de su capacidad, en un contexto de menor inversión, caída de ventas y dificultades para sostener el nivel de actividad.

AMBA y provincias: consumo en baja

En Capital Federal y el Gran Buenos Aires —que concentran cerca del 30% del consumo eléctrico del país— la demanda cayó 3,9% interanual. Edenor registró una baja del 3% y Edesur del 4,6%, en un escenario de menor consumo combinado con mayores tensiones operativas en la red.

A nivel nacional, el mapa del consumo también refleja el impacto de la recesión. En noviembre, 16 provincias registraron caídas interanuales, con fuertes descensos en el NEA y el Litoral. Misiones (-33%), Formosa (-12%), Chaco (-11%) y Corrientes (-10%) encabezaron las bajas, mientras que Santa Fe (-5%) y Mendoza (-4%) evidenciaron la retracción en regiones de peso productivo.

Si bien algunas provincias mostraron subas, en muchos casos asociadas a actividades específicas o a factores climáticos, el balance general confirma un consumo eléctrico estancado o en retroceso, en línea con una economía que continúa sin señales claras de recuperación.

En conjunto, la evolución de la demanda eléctrica se consolida como un indicador clave del actual escenario recesivo: menos consumo en hogares, comercios y, especialmente, en la industria, da cuenta de una actividad económica que sigue lejos de reactivarse.

Read More

Trump le exigió a Venezuela “acceso total al petróleo y otros recursos naturales”

“Vamos a estar a cargo del país hasta que esté salvo y seguro”, afirmó Trump mientras presiona por acceder a las riquezas petroleras de Venezuela.

Donald Trump volvió a exhibir sin matices una concepción imperial y extractivista de la política exterior estadounidense hacia América Latina. Tras la captura internacional de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos aseguró haber mantenido una conversación con la dirigente designada Delcy Rodríguez, a quien le exigió un “acceso total” al petróleo de Venezuela, condicionando la estabilidad del país al control de sus recursos estratégicos.

“Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y a otras cosas que nos permitan reconstruir su país”, afirmó Trump, en una declaración que deja al descubierto el verdadero objetivo de la intervención: el control de la mayor reserva de crudo del planeta. Lejos de apelar a argumentos humanitarios o democráticos, el mandatario vinculó de manera directa la ocupación política con la apropiación de los bienes naturales venezolanos.

Luego de una operación militar que incluyó bombardeos y acciones de fuerzas especiales, Trump se autoproclamó líder de Venezuela. “Vamos a estar a cargo del país hasta que esté salvo y seguro”, sostuvo, para luego admitir que el trasfondo del conflicto es el manejo del petróleo. “Ellos nos arrebataron nuestro petróleo y pensaron que no haríamos nada”, declaró, en referencia a la nacionalización impulsada durante el gobierno de Hugo Chávez.

El presidente estadounidense también lanzó amenazas directas contra Delcy Rodríguez, a quien advirtió que enfrentaría consecuencias aún peores que Maduro si no accedía a las exigencias de Washington. “Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos necesario para hacer que Venezuela vuelva a ser grande”, afirmó, reforzando una narrativa colonial que subordina la soberanía venezolana a los intereses de Estados Unidos.

Desde Caracas, el gobierno venezolano denunció que la agresión tiene como objetivo “apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, especialmente su petróleo y sus minerales, y quebrar su independencia política”. En los últimos días, Trump reforzó esta línea al sostener que a las empresas estadounidenses se les negó el supuesto “derecho” a explotar el crudo venezolano. “Nos quitaron nuestro petróleo y lo queremos de vuelta”, insistió.

Amenazas a Colombia y México

La ofensiva discursiva no se limitó a Venezuela. Trump extendió sus amenazas a otros países y territorios, reafirmando una doctrina de seguridad nacional que coloca a América Latina como zona de intervención permanente. Colombia, México y Cuba fueron señalados como próximos focos de conflicto, mientras que el mandatario volvió a mencionar su interés estratégico en Groenlandia, aludiendo a la presencia de Rusia y China.

En el caso colombiano, Trump atacó al presidente Gustavo Petro y deslizó la posibilidad de una operación militar. Sobre México, reiteró su intención de enviar tropas para combatir al narcotráfico, pese al rechazo del gobierno de Claudia Sheinbaum, que insistió en la defensa de la soberanía nacional.

Las declaraciones de Trump no solo profundizan la tensión regional, sino que confirman una visión geopolítica basada en la fuerza, la apropiación de recursos y la negación de la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, reeditando una lógica imperial que atraviesa la historia de la relación entre Estados Unidos y la región.

Read More

Papelón: Flybondi canceló 165 vuelos en una semana y afectó a más de 31.000 pasajeros

La ola de suspensiones se produjo en plena semana de fiestas, cuando miles de familias tenían previsto viajar para reencontrarse en Navidad y Año Nuevo.

La aerolínea low cost Flybondi protagonizó una de las mayores crisis operativas de la temporada alta al cancelar 165 vuelos entre el 21 y el 27 de diciembre, lo que afectó de manera directa a más de 31.000 pasajeros en todo el país. La ola de suspensiones se produjo en plena semana de fiestas, cuando miles de familias tenían previsto viajar para reencontrarse en Navidad y Año Nuevo.

Según datos surgidos de los sistemas de reservas y de la programación oficial presentada ante el sistema aeronáutico nacional, las cancelaciones se concentraron especialmente durante Nochebuena y Navidad, aunque se extendieron a lo largo de toda la semana. Solo entre el 24 y el 25 de diciembre se dieron de baja 32 vuelos, profundizando el colapso operativo y la bronca de los usuarios.

El malestar de los usuarios se trasladó rápidamente a redes sociales y a las terminales aéreas. Mensajes como “Desapareció mi vuelo de la reserva” o “Hasta Papá Noel se quedó sin viajar” se multiplicaron en los canales oficiales de la empresa, mientras cientos de pasajeros permanecían varados sin respuestas claras ni soluciones inmediatas.

Las cancelaciones alcanzaron tanto vuelos de cabotaje como internacionales y afectaron a los principales aeropuertos del país, Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, así como a destinos turísticos clave como Bariloche, Mendoza, Salta, Iguazú, Ushuaia y El Calafate, además de rutas regionales hacia Florianópolis y Río de Janeiro.

No se trata de un hecho aislado. Es el segundo año consecutivo en el que Flybondi enfrenta severas complicaciones operativas durante las fiestas de fin de año. La reiteración de estos episodios vuelve a poner en cuestión la capacidad técnica y de gestión de la compañía, dirigida por Mauricio Sana, cuya administración ya se encuentra bajo la observación de los organismos de control.

Con 165 servicios cancelados en apenas siete días, la crisis deja abierta una señal de alarma de cara a la temporada de verano. Los pasajeros afectados pueden exigir, según la normativa vigente, la devolución del dinero, la reprogramación del vuelo o la cobertura de alojamiento y gastos, aunque en la práctica muchos debieron pasar las fiestas lejos de su destino y sin soluciones inmediatas.

Read More

Encuesta: el 77,6% de los argentinos asegura que su salario perdió frente a la inflación y crece la desconfianza en el INDEC

Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP), el 77,6% de los argentinos afirma que su salario quedó por detrás de la inflación, mientras que el 64% de la población se identifica hoy como clase media baja o baja.

Pese a que el Gobierno sostiene que los salarios comenzaron a ganarle a la inflación, un relevamiento de la consultora Zentrix muestra una realidad muy distinta en la percepción social. Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP), el 77,6% de los argentinos afirma que su salario quedó por detrás de la inflación, mientras que el 64% de la población se identifica hoy como clase media baja o baja.

El contraste con el discurso oficial es marcado. De acuerdo con el INDEC, en octubre los salarios crecieron en promedio 2,5% mensual y 43,1% interanual, superando a una inflación que habría avanzado 2,3% mensual y 31,1% interanual. Sin embargo, el propio desglose del organismo muestra que los salarios registrados —que representan el 70,07% del total— aumentaron por debajo de la inflación, con subas de apenas 2,0% mensual y 31,0% interanual. El promedio positivo se explica casi exclusivamente por los salarios no registrados, que representan solo el 19,93%, pero tuvieron incrementos muy superiores.

Más allá de los números oficiales, la encuesta de Zentrix revela un clima social claramente adverso. El 55,3% de los encuestados califica la situación económica general como negativa, una evaluación mucho peor que la de la situación personal, lo que —según el informe— confirma que “el clima macroeconómico es percibido como más crítico que la experiencia individual”.

Desconfianza creciente en los datos oficiales

El estudio también expone un fuerte deterioro en la credibilidad del INDEC. El 59,7% de los encuestados afirma no sentirse representado por el dato de inflación que publica el organismo, en un contexto atravesado por la polémica en torno al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y las revisiones retroactivas que modificaron la lectura de la tendencia económica.

Para Zentrix, estas correcciones contribuyeron a profundizar la desconfianza pública y a ensanchar la brecha entre los indicadores oficiales y la percepción cotidiana de los hogares.

Ajuste en el consumo y fin de año con restricciones

“El cierre del año encuentra a una porción creciente de la población ajustando consumos, postergando gastos y enfrentando mayores dificultades para llegar a fin de mes”, advierte el informe. En ese marco, el 48,5% de los encuestados señala que su gasto en las fiestas será inferior o muy inferior al del año pasado, con menor volumen de compras, sustitución de productos y conductas defensivas.

Las vacaciones también aparecen atravesadas por el ajuste: el 39,3% declara no contar con recursos para viajar este verano, mientras que entre quienes sí lo harán predominan escapadas cortas y turismo de cercanía, lo que la consultora define como “decisiones económicas forzadas”.

Al pedir una sola palabra para definir 2025, predominan términos como “desastre”, “destrucción”, “horrible” y “espantoso”, aunque “esperanza” aparece como la principal palabra positiva. Para Zentrix, esa convivencia refleja el balance social del año: salarios que no alcanzan, consumo recortado y una fragilidad generalizada, atenuada apenas por la expectativa de que el próximo año marque un punto de inflexión.

Read More

Turismo en caída: con ayuda del Banco Central, Scioli salió a maquillar la dura realidad del sector

Tras romper con el Indec por no tolerar los datos oficiales que exponían el derrumbe del sector, Daniel Scioli logró ahora que el Banco Central modifique la metodología de medición y maquille los números rojos del turismo, uno de los fracasos más visibles de su gestión.

El Central dejó de contabilizar dentro del rubro turismo los consumos con tarjeta asociados a servicios digitales y las compras realizadas en plataformas internacionales como Amazon. El cambio metodológico permitió reducir artificialmente el déficit del sector y fue celebrado por el secretario de Turismo y Deportes.

Como reveló el portal LPO, Scioli había cortado el financiamiento de las mediciones del Indec luego de chocar con Marco Lavagna, molesto por los datos que mostraban una sangría constante de divisas. Sin embargo, encontró mayor receptividad en el titular del Banco Central, Santiago Bausili, a quien agradeció públicamente por las gestiones que derivaron en la “reclasificación” de consumos.

“Con base en esos resultados, nuestras estimaciones para todo 2025 indican que los egresos pasarían de ser US$13.350 millones con la vieja metodología a US$10.241 millones con la metodología nueva, un 23% menos”, celebró Scioli, aunque el alivio es un dibujo puramente estadístico.

Incluso con la intervención del Central, el balance sigue siendo demoledor: el déficit entre el ingreso y el egreso de divisas por turismo pasó de US$9.983 millones a US$6.935 millones. Menos rojo en los papeles, pero rojo al fin.

En paralelo, Scioli también decidió dejar de financiar dos herramientas clave del sistema estadístico: la Encuesta de Ocupación Hotelera y la Encuesta de Turismo Internacional del Indec. En este último caso, los números eran imposibles de disimular.

Entre enero y noviembre de 2025 salieron del país 11,19 millones de residentes y apenas ingresaron 4,78 millones de turistas extranjeros, lo que arrojó un saldo neto negativo de 6,41 millones de personas. Un derrumbe histórico que explica por qué Scioli prefirió cambiar la metodología antes que cambiar la realidad.

Read More

2025: un año de mutaciones geopolíticas

Guerras arancelarias, intervenciones militares, revoluciones, y el auge representativo en occidente de una derecha que desafía la supuesta temporalidad en su condición reaccionaria, convirtieron al saliente año en uno cargado de fuertes cimbronazos en el plano geopolítico.

Por Joshua Lentulus Aivazian

El año 2025 estuvo representado en el zodiaco chino por el símbolo de la serpiente de madera. Su combinación con la madera, la dota de cualidades que trae una energía de evaluación silenciosa y ajustes precisos. Mientras que la serpiente está relacionado con la intuición, la sabiduría y el misterio, vinculado a su naturaleza de mudar cada cierto tiempo su piel. Esta “muda” simbólica, nos dio un año de desprendimientos de ilusiones e identidades como el descubrimiento de verdades ocultas que rompen con los convencimientos tradicionales. Fue en el plano geopolítico internacional donde hallamos con mayor elocuencia dicho simbolismo.

Guerras arancelarias, intervenciones militares, revoluciones, y el auge representativo en occidente de una derecha que desafía la supuesta temporalidad en su condición reaccionaria. Todo ello convirtió al 2025 en un año de desprendimientos sobre los ideales de una paz Kantiana fundada en el consenso internacional de las instituciones y el respeto por los derechos humanos, y del descubrimiento perenne del realismo internacional, con expresiones y demostraciones de poder en los campos diplomáticos y bélicos.

En el plano bélico tuvimos un relucir de escamas sobre acciones directas de intervención militar, siendo las más relevantes en el plano internacional aquellas que amenazaban una potencial escalada nuclear. La guerra llevada a cabo por Israel entre el 13 y 24 de junio tenía como objetivo proclamado evitar que Irán pudiera fabricar una bomba nuclear, pero la estrategia subyacente era la reorganización de Oriente Medio y el deseo de Israel de establecerse como fuerza hegemónica. El nombre israelí de esta operación militar fue el de “León Ascendente”, en una clara referencia a la restauración del Shah de Persia y la dinastía Pahlavi.

Si bien estos ataques contra Iran se planteaban en el contexto de la profundización de la limpieza étnica israeli en la franja de Gaza, y en el debilitamiento de los aliados de la defensa del pueblo palestino (Siria, Líbano, Yemen e Irán) declarando objetivos tanto militares como civiles (infraestructuras nucleares, dirigentes militares, y científicos iraníes en edificios residenciales), Israel no tardo en declarar abiertamente querer castigar a la población civil. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha advertido que los “residentes de Teherán pagarán el precio”. En total murieron 1.060 iraníes y más de 4.000 resultaron heridos, la mayoría de ellos civiles.

Mientras que en la reacción iraní al ataque, entre los objetivos militares alcanzados, se encuentran la sede del Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv e instalaciones energéticas en Haifa. Durante los 12 días de guerra, 28 israelíes han muerto en los ataques iraníes, y más de 3.000 han resultado heridos. Otra potencial escalada nuclear la tuvimos entre el 7 y el 10 de mayo en la región de Cachemira entre las fuerzas de India y Pakistán. En respuesta a un ataque terrorista ocurrido el 22 de abril en la Cachemira administrada por India, que India alega fue patrocinado por Pakistán, la Fuerza Aérea India realizó ataques aéreos no solo en la Cachemira administrada por Pakistán, sino también en el Punjab pakistaní. Esta última zona es el corazón del ejército pakistaní y el centro de gravedad económico, político y estratégico del país.

Pakistán respondió derribando cuatro aviones de la Fuerza Aérea India. Las tensiones se intensificaron aún más el 8 de mayo, cuando India realizó ataques con drones contra la infraestructura de radar de Pakistán, y Pakistán lanzó misiles y drones contra 36 ubicaciones en India. Fue principalmente una guerra de misiles y drones, siendo estos últimos el arma predilecta. India dependía de drones de fabricación israelí, como el IAI Searcher, el Herón, el Harpy y el Harop, así como de varios drones autóctonos. Mientras que el arsenal de Pakistán incluye el dron chino CH-4, el Bayraghtar Akinci turco y los drones Burraq y Shahpar, de desarrollo autóctono. El resultado estratégico del conflicto parece favorecer a la India. Si bien sufrió algunas pérdidas en la fase inicial, posteriormente neutralizó los sistemas de defensa aérea y radar de Pakistán y logró penetrar profundamente en territorio pakistaní.

Tras el fin de las hostilidades, el 12 de mayo, el primer ministro Narendra Modi anunció una nueva doctrina militar india, que señala una postura más agresiva contra el terrorismo transfronterizo y las amenazas nucleares implícitas. Según la nueva doctrina, India responderá al terrorismo en sus propios términos, tanto en la elección de los medios como en la ubicación de los ataques. Cada crisis refuerza la determinación de India de castigar aún más a Pakistán, y el conflicto de mayo de 2025 fue, sin duda, un paso cualitativo en esta dirección. Al lanzar ataques en territorio pakistaní, India pretendía demostrar que había abandonado cualquier idea de moderación estratégica, pero su comportamiento real demostró, de hecho, más cautela de la que se reconoció públicamente.

Entre la cautela bilateral y las demostraciones de fuerza, ha retornado una observación sobre los conflictos bélicos en clave de su contexto regional. Esta clave barre una unipolaridad teledirigida por occidente, quienes se enfrentan en tono declarado y abierto a una reacción belicista en contra de Rusia, tras la irresolución de la guerra en Ucrania. Puede pensarse esta guerra en tono civilizatoria, sin embargo, dicho tono solo persigue aferrarse a las escamas caídas de los universalismos de civilización y democracia, mientras Europa encuentra desgastado su rol moral ante el realismo piramidal del leviatán geopolítico norteamericano. Este se ha arrogado un rol “pacificador” partiendo de la coerción multilateral.

Las guerras acontecidas entre Israel e Irán, Camboya y Tailandia y Ruanda y el Congo, han pretendido ser frenadas por el arcaico hegemón del norte, significando únicamente una victoria tercerizada de uno de los actores en conflicto, con absoluta impunidad sobre sus crímenes humanitarios y persistencia colonialista. La “paz” en Gaza, es una complacencia con la ocupación ilegal de Israel sobre territorio Palestino, la “paz” entre Camboya y Tailandia fue un entretiempo entre la coordinación de los intereses domésticos de dichos países de dotarse de un respaldo simbólico territorial, con la recuperación de sus templos históricos, con los intereses internacionales de abrir un nuevo conflicto periférico a China. Mientras que la “no paz” entre Ruanda y el Congo, con el avance del grupo rebelde M23 con respaldo de Ruanda, solo ha demostrado la defraudación material en la tercerización de la paz regional, y por extensión, de una “pax mundis”.

Estos fracasos, hablan del fracaso de pretender que la paz fuera siempre el objetivo de las potencias a las cuales se le delegaba el rol de gendarme global, y no la firma extorsiva de convenios neocoloniales en los que, por ejemplo, el Congo y Ucrania transferían a Estados Unidos estratégicos recursos mineros, mientras que Nigeria y Venezuela ven declarado la intención de invasión y ocupación de sus reservas petroleras. Esto con el objetivo de evitar la devaluación monetaria del dólar, fijado por el precio del petróleo, y ampliar la extorsión energética a China a través de sus socios estratégicos, provocando a dicho país a una declarada intervención militar en defensa de uno de sus aliados, siendo la última provocación crítica, la de Japón sobre su intervención militar en la isla de Taiwán si se sienten amenazados por China.

La paz implícita tras la guerra arancelaria comercial entre ambos hegemones en disputa, ha forzado una paulatina mutación cutánea de una serpiente que ha revelado la realidad de un mundo poliédrico de intereses, alianzas y alineamientos. Tras este 2025, en febrero, en el calendario chino, se dará inicio al año del caballo de fuego. Un símbolo cargado de significado, augurando un año de aceleramiento de los distintos acontecimientos sembrados en el pasado proceso de ruptura institucional interna, con los descontentos generales que hubo hacia los gobiernos, con las marchas de la generación Z, quienes lograron el derrocamiento de gobiernos como los de Bulgaria, Nepal, Madagascar y Bangladesh, y de rupturas internacionales con un Estados Unidos abandonando los acuerdos por el cambio climático de París, la desfinanciación de la ONU y la OMS, y el abandono de los mecanismos internacionales de resolución de conflicto, confiando en su propia fuerza como medio de persuasión y de “pacificación”. ¿Consecuencias? un avispero agitado y prendido fuego que nos auspicia un 2026 turbulento de disputas entre el soberanismo y los imperialismos regionalistas.

Read More

El Gobierno autorizó un aumento del precio mayorista del gas que impactará en los hogares

La medida, dispuesta por el gobierno de Javier Milei, establece que el incremento será trasladado de manera automática a los usuarios finales y comenzará a regir para los consumos desde enero de 2026.

El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento del precio mayorista del gas natural que tendrá un impacto directo en las facturas que pagan los hogares y los comercios. La medida, dispuesta por la administración de Javier Milei, establece que el incremento será trasladado de manera automática a los usuarios finales y comenzará a regir para los consumos desde enero de 2026.

La decisión fue formalizada por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, a través de la Resolución 605/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí se dispuso una suba del valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, el precio mayorista que abonan las distribuidoras antes de que se sumen los costos de transporte, distribución, impuestos y otros cargos que integran el monto final de la boleta.

El PIST es uno de los componentes clave de la tarifa del gas, por lo que su actualización tendrá un efecto inevitable sobre lo que pagan los usuarios residenciales. En ese marco, la resolución instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a incorporar el nuevo valor en los cuadros tarifarios vigentes y a garantizar que todas las distribuidoras del país apliquen el ajuste de manera uniforme. La suba autorizada es del 0,53% respecto del precio que regía hasta ahora.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que la medida se inscribe en el proceso de actualización de precios que impulsa el Ministerio de Economía, con el objetivo de avanzar en un sendero de adecuación tarifaria en un contexto de desaceleración inflacionaria. Según el organismo, la intención es evitar distorsiones entre los costos reales del servicio y los valores que abonan los usuarios.

El impacto concreto del aumento en las facturas dependerá del nivel de ingresos de cada hogar dentro del esquema de segmentación vigente. Los usuarios de Nivel 1, considerados de mayores ingresos, pagarán el costo pleno y absorberán en forma directa la totalidad del incremento. En tanto, los hogares de Nivel 2 y Nivel 3, correspondientes a sectores de bajos y medianos ingresos, mantendrán los subsidios y los topes de consumo bonificados, aunque el excedente se facturará a un precio más alto.

No obstante, el aumento del precio mayorista implica que incluso los usuarios subsidiados verán algún efecto en sus boletas, especialmente aquellos que superen los límites de consumo establecidos para conservar la bonificación. Según lo expuesto en la resolución, el esquema busca concentrar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables, mientras que los hogares con mayor capacidad contributiva afrontan el precio real del servicio.

La actualización del PIST se produce en un contexto de cambios más amplios en la política de subsidios energéticos. El Gobierno anticipó que a partir del próximo año avanzará hacia un régimen simplificado que dejará atrás la actual segmentación y programas específicos como la Tarifa Social de Gas o el Programa Hogar, para dar paso a un sistema con solo dos categorías: hogares con asistencia estatal y hogares que pagarán el costo pleno.

De acuerdo con el Ejecutivo, el objetivo de esta reconfiguración es “transparentar el precio real de la energía, incrementar la participación de los usuarios en el financiamiento del sistema y ordenar las cuentas públicas”. En ese marco, el aumento del gas mayorista aparece como un nuevo paso dentro del proceso de recomposición tarifaria que el Gobierno impulsa desde el inicio de la Emergencia del Sector Energético Nacional.

La resolución establece además que el ENARGAS y las empresas distribuidoras tendrán un plazo de cinco días desde la publicación de la norma para adecuar contratos y aplicar el nuevo valor en las facturas, mientras el ente regulador deberá supervisar el mantenimiento de las bonificaciones vigentes para los usuarios de bajos y medianos ingresos.

Read More