En medio de un clima de creciente confrontación entre el Gobierno y buena parte del empresariado industrial, el Ministerio de Economía conducido por Luis Toto Caputo oficializó la eliminación de las restricciones antidumping al aluminio chino

En medio de un clima de creciente confrontación entre el Gobierno y parte del empresariado industrial, el Ministerio de Economía conducido por Luis Caputo oficializó la eliminación de las restricciones antidumping al aluminio chino, una decisión que impacta de lleno en el mercado local y golpea directamente a Aluar, uno de los principales jugadores del sector.

La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 172/2026, dispuso el cierre del examen por expiración de plazo de la sanción antidumping que regía desde 2020. Aquella resolución —la 88/2020 del ex Ministerio de Desarrollo Productivo— había impuesto un arancel del 28% sobre el valor FOB para determinadas exportaciones de hojas de aluminio provenientes de China, ante sospechas de maniobras de dumping y el ingreso de stock excedente a precios artificialmente bajos.

Con el vencimiento del plazo de cinco años en febrero, el Gobierno optó por no prorrogar la medida. En la práctica, se levantó el “tapón” que protegía al mercado interno frente a la competencia de uno de los mayores productores globales, habilitando el ingreso de aluminio chino sin el recargo adicional que encarecía su comercialización en el país.

La sombra del conflicto por Fate

La decisión no pasó desapercibida en los pasillos de la Casa Rosada. Llega apenas días después del cierre de Fate, la histórica fábrica de neumáticos propiedad de Javier Madanes Quintanilla, quien también controla Aluar. El cierre, que se produjo en plena discusión por la reforma laboral, generó ruido político y económico.

Incluso el presidente Javier Milei dejó entrever en redes sociales la existencia de tensiones con sectores del empresariado nacional, en un contexto en el que el oficialismo defiende la apertura importadora y cuestiona a las industrias que, según su visión, no resisten la competencia externa.

En ese marco, la eliminación del esquema antidumping sobre el aluminio chino fue interpretada por distintos actores como un mensaje directo hacia el grupo empresario. Más aún cuando el traspaso de los terrenos de Fate a Aluar —una operación interna entre compañías de Madanes— alimentó sospechas en el entorno oficial sobre un movimiento coordinado detrás del cierre de la planta.

Exportaciones en jaque y tensión con EE.UU.

Más allá de la pulseada política, en el sector industrial crece el malestar por la pérdida de competitividad. En el caso de Aluar, buena parte de su producción estaba orientada a mercados externos como Estados Unidos. Sin embargo, el tipo de cambio considerado “bajo” y el encarecimiento de los costos internos complican la ecuación exportadora.

A eso se suma que el Gobierno no logró destrabar con la Casa Blanca un cupo para exportar aluminio y acero argentino sin aranceles a Estados Unidos. Esa negociación quedó en “stand by”, agregando presión a un escenario donde el mercado interno tampoco absorbe excedentes por la caída del consumo.

Así, mientras promueve una apertura comercial amplia, la administración nacional avanza con decisiones que impactan de lleno en uno de los complejos industriales más relevantes del país, en un contexto de tensión política y económica que excede lo estrictamente comercial.

Con el objetivo de fortalecer la producción local y ampliar sus canales de comercialización, el Gobierno bonaerense encabezó una ronda de negocios destinada a consolidar la presencia de productos PyME en los supermercados chinos, uno de los formatos comerciales de mayor alcance territorial en los barrios.

La iniciativa, promovida desde la Provincia como herramienta estratégica para dinamizar el mercado interno, reunió a 273 empresas que elaboran bienes finales destinados a góndola. El encuentro apuntó a generar vínculos comerciales directos entre productores bonaerenses y autoservicios chinos, facilitando su incorporación a nuevos puntos de venta de cercanía.

La actividad se desarrolló en el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata y fue encabezada por el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; el intendente Julio Alak; y el presidente de la Asociación de Comerciantes Chinos de La Plata, Chen Xing.

Participaron empresas de los rubros alimentos y bebidas, higiene personal, limpieza, textil, calzado, artículos del hogar y ferretería. Cerca de dos tercios correspondieron al sector alimentario, lo que refleja el peso estratégico de esta actividad en la economía provincial. Además, el 40% de las firmas estuvo liderado por mujeres y más del 65% fueron pequeñas unidades productivas con menos de 20 personas empleadas, consolidando el protagonismo PyME.

Durante la apertura, Rodríguez destacó que la Provincia promueve estos ámbitos para garantizar “la interacción directa entre el sector productivo y el sector comercial”, y remarcó que se trata de “una herramienta concreta para fortalecer el mercado interno y cuidar la producción y el trabajo bonaerense”. También subrayó que para los comercios representa la oportunidad de conocer nuevos proveedores, ampliar su oferta y sumar productos con identidad bonaerense a sus góndolas.

Desde la perspectiva empresarial, la ronda significó la posibilidad de abrir un canal adicional de comercialización en un contexto complejo, ampliando mercados y fortaleciendo emprendimientos locales. La iniciativa se enmarca en una política provincial más amplia impulsada por el gobernador Axel Kicillof, orientada a acompañar a la producción y sostener el entramado PyME bonaerense.

El cierre de la empresa Fate generó un fuerte cimbronazo en el ámbito político, económico y mediático. En ese contexto, la conductora Mirtha Legrand decidió pronunciarse al aire y lanzó duras reflexiones sobre el presente de la industria nacional y el impacto social de la medida.

Durante su programa en El Trece, Legrand se hizo eco de la información publicada en distintos medios sobre la decisión empresarial y la situación de los trabajadores afectados. Con visible preocupación, advirtió: “Según los diarios, van a pagar a sus empleados, pero no vuelven a producir… Es una empresa muy antigua”.

“Si fuera autoridad, estaría muy preocupada”

Lejos de limitarse a un comentario aislado, la conductora fue más allá y apuntó directamente al contexto general. “Yo, si fuera autoridad, estaría muy preocupada con la cantidad de fábricas que cierran, es preocupante”, expresó con contundencia, dejando en claro su alarma ante el panorama industrial.

Además, calificó como “muy triste” la situación que atraviesan los 920 empleados afectados por el cierre, remarcando el costado humano de una decisión que, según informó la compañía, responde a “cambios en las condiciones de mercado”.

En la mesa también se analizó el escenario económico actual. El periodista Diego Sehinkman, del canal Todo Noticias, mencionó la necesidad de avanzar en acuerdos comerciales internacionales y destacó el vínculo con China como socio estratégico.

Sin embargo, las palabras de Legrand marcaron el tono del debate: su preocupación no solo apuntó al caso puntual de Fate, sino a lo que considera una señal de alarma sobre el presente y el futuro de la producción nacional. El cierre reaviva así una discusión más amplia sobre la actividad manufacturera, el empleo y el rumbo económico del país.

El pago de más de 720 millones de pesos en alquileres, un contrato por 114 millones adjudicado sin licitación a la institución que dirige su esposa y presunto tráfico de influencias son los ejes de una denuncia penal que vuelve a exponer la opacidad en el manejo de fondos públicos

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, continúa sin ofrecer explicaciones públicas sobre las decisiones administrativas que lo colocaron en el centro de un nuevo escándalo. Esta semana, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio presentó una denuncia ante la Justicia Federal no solo contra el ministro, sino también contra su esposa, Josefina Rouillet —titular de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI)—, contra el canciller Pablo Quirno y otros funcionarios, por los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública y encubrimiento”.

Según la presentación judicial, Sturzenegger autorizó el alquiler de cuatro pisos de oficinas en el microcentro porteño y 24 cocheras para su cartera por un total superior a 720 millones de pesos. La cifra resulta particularmente sensible en un contexto de ajuste fiscal y recortes presupuestarios promovidos por el propio gobierno.

A ese monto se suma un contrato por 114 millones de pesos que la Cancillería adjudicó de manera directa —sin licitación pública— a la AACI, institución dirigida por Rouillet, para el dictado de cursos de inglés destinados a diplomáticos. La denuncia señala que la contratación se realizó mediante la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, firmada por la Subsecretaría de Coordinación y Administración de la Cancillería, lo que refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades administrativas y conflictos de interés.

El escrito judicial identifica a Rouillet como presunta coautora del delito de defraudación por su rol como directora ejecutiva de la entidad beneficiada y por su vínculo con el ministro. También apunta contra funcionarios de la Cancillería que habrían intervenido en la adjudicación directa y contra Quirno, a quien se acusa de presunto encubrimiento por “omisión de denuncia”, al haber defendido públicamente la contratación en redes sociales en lugar de impulsar una investigación interna.

En cuanto a Sturzenegger, la denuncia sostiene que no puede descartarse su intervención para favorecer a la entidad dirigida por su cónyuge, lo que configuraría un caso de tráfico de influencias. Además, se pidió investigar como “partícipes necesarios” a responsables de áreas técnicas y jurídicas que habrían avalado el procedimiento, así como a funcionarios vinculados a políticas de transparencia y ética pública.

El caso estalló luego de que el ministro promoviera y defendiera en medios el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que habilita descuentos salariales en casos de enfermedad, lo que profundizó la controversia al contrastar su discurso de austeridad con los millonarios gastos cuestionados.

Durante el fin de semana largo, la AACI envió un comunicado interno a sus trabajadores intentando justificar la contratación directa, argumentando, entre otros puntos, la cercanía geográfica de sus oficinas con la sede de la Cancillería. También señalaron que, aunque mantienen vínculos contractuales con el Estado desde 2018, en 2025 no habían prestado servicios. Sin embargo, trascendió que ese año sí se habrían dictado cursos para un reducido grupo de agentes, mientras que para 2026 el esquema se amplió significativamente.

Desde la Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei respalda “plenamente” al ministro, a quien suele elogiar públicamente. No obstante, cerca del mandatario evitan responder por qué no se abrió una licitación pública ni explicar el alcance de los alquileres millonarios, decisiones que contradicen el discurso oficial de austeridad y el programa de “alquiler cero” promovido por el propio Gobierno.

La falta de respuestas claras y la sucesión de contrataciones directas bajo sospecha vuelven a instalar un interrogante central: ¿cómo se compatibiliza el discurso de transparencia y ajuste con prácticas que, al menos en apariencia, eluden los mecanismos básicos de control y competencia pública?

La iniciativa, impulsada por Javier Milei, obtuvo media sanción con modificaciones y ahora deberá regresar al Senado para su revisión definitiva antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1° de marzo.

Con el respaldo de gobernadores y bloques provinciales, el oficialismo consiguió aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral y dio un paso clave en su estrategia parlamentaria. La iniciativa, impulsada por el gobierno de Javier Milei, obtuvo media sanción modificada y ahora deberá regresar al Senado para su revisión definitiva antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1° de marzo.

El texto fue aprobado en general por 135 votos afirmativos contra 115 negativos. A los 95 diputados de La Libertad Avanza se sumaron el PRO, la UCR, el MID y una serie de espacios provinciales que resultaron determinantes tanto para alcanzar el quórum como para sostener los artículos más controvertidos. El acompañamiento de legisladores alineados con mandatarios provinciales fue decisivo para garantizar el avance del proyecto.

El rol de los gobernadores

El oficialismo contó con el respaldo de diputados vinculados a los gobernadores Mario Pasalacqua, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, Marcelo Orrego y Claudio Vidal, entre otros. Su intervención fue central para habilitar el debate y asegurar los números necesarios.

No obstante, hubo tensiones: algunos diputados que dieron quórum luego votaron en contra. Desde Unión por la Patria cuestionaron esa conducta. Máximo Kirchner criticó a legisladores que, pese a rechazar la ley en sus discursos, facilitaron el inicio de la sesión. También el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, adelantó que el peronismo impulsará su derogación si vuelve al poder.

El cambio clave: eliminación del artículo 44

Para asegurar los votos aliados, el oficialismo tuvo que acepar la eliminación del polémico artículo 44, que reducía plazos y porcentajes de las licencias pagas por accidentes o enfermedades inculpables. Ese punto había generado polémica pública tras declaraciones del ministro Federico Sturzenegger, lo que llevó a bloques dialoguistas a exigir su retiro.

La supresión de ese artículo obligará a que el proyecto vuelva al Senado, ya que Diputados introdujo modificaciones sobre el texto que había recibido media sanción.

Principales ejes de la reforma

Pese a la eliminación del artículo 44, el proyecto mantiene puntos centrales:

• Convenios colectivos: prioridad de acuerdos por empresa o región por sobre los sectoriales y eliminación de la ultraactividad.
• Fondo de Asistencia Laboral (FAL): mecanismo para financiar indemnizaciones con aportes empresariales.
• Indemnizaciones por despido: mantiene un mes por año trabajado, pero excluye conceptos como aguinaldo y premios extraordinarios del cálculo y establece topes.
• Vacaciones: habilita el fraccionamiento en períodos no menores a siete días.
• Banco de horas: permite compensar horas extras mediante acuerdos escritos.
• Trabajadores de plataformas: crea la figura del repartidor independiente, estableciendo que no constituye relación laboral.
• Derecho a huelga: amplía el listado de servicios esenciales y fija niveles mínimos de prestación.
• Blanqueo laboral: contempla quitas de hasta 70% en deudas previsionales y reducción de cargas para nuevos trabajadores registrados.

Con la media sanción modificada, el oficialismo apuesta a que el Senado convalide rápidamente los cambios para convertir la reforma en ley y consolidar una victoria legislativa antes del discurso presidencial de apertura de sesiones.

En un contexto de caída sostenida y señales cada vez más preocupantes para el sector, Stellantis anunció que frenará nuevamente las operaciones de su planta de El Palomar hasta marzo, profundizando el cuadro de crisis que atraviesa la industria automotriz argentina.

La automotriz —la única que mantiene dos fábricas en el país— justificó la medida en “tareas de mantenimiento y readecuación operativa”. Sin embargo, el parate vuelve a exponer el delicado momento productivo. En la planta bonaerense se fabrican los modelos Peugeot 208, Peugeot 2008, Peugeot Partner y Citroën Berlingo.

Las operaciones estarán suspendidas entre el 18 y el 27 de febrero, con regreso previsto para el lunes 2 de marzo. Durante ese lapso, la empresa realizará tareas de mantenimiento y buscará “agilizar las gestiones necesarias para asegurar la llegada de insumos”, en un escenario atravesado por dificultades logísticas y tensiones en la cadena de abastecimiento.

El impacto sobre los trabajadores vuelve a ser significativo. Según informó la compañía, durante los días sin actividad “el personal bajo convenio recibirá el equivalente al 70% de sus haberes habituales”, en el marco del acuerdo colectivo vigente firmado el 3 de febrero con la Unión Obrera Metalúrgica. La reducción salarial parcial se suma a un esquema de suspensiones que ya se había aplicado en diciembre, cuando la planta adelantó vacaciones para todo el personal y permaneció paralizada hasta el 5 de enero.

Stellantis también opera otra fábrica en Córdoba, donde produce el Fiat Cronos y las pick-ups Fiat Titano y RAM Dakota. Allí el receso fue de 15 días en diciembre, confirmando que el freno productivo no es aislado sino parte de un ajuste más amplio.

Siete meses de caída y el peor inicio desde 2020

El parate se produce en medio de un deterioro persistente. Según el último informe de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), en enero de 2026 se fabricaron 20.998 vehículos, un 20,7% menos que en diciembre y 30,1% por debajo de enero de 2025, cuando se habían producido 30.058 unidades.

La industria acumula siete meses consecutivos de caída y registró el peor comienzo de año desde 2020. Si bien desde la entidad atribuyeron parte del retroceso a factores logísticos, menor cantidad de días hábiles y concentración de vacaciones en enero, los números reflejan una contracción más profunda.

El 2025 cerró con 490.876 vehículos producidos, un 3,1% menos que el año anterior. Las exportaciones, con 280.589 unidades, cayeron 10,8%, afectando uno de los principales motores del sector. En contraste, la venta de autos importados se disparó 47,8% interanual, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, evidenciando la creciente presión competitiva sobre la producción local.

En este escenario, las nuevas suspensiones en El Palomar no aparecen como un hecho aislado ni meramente “estacional”, sino como un síntoma más del agravamiento de la crisis automotriz, que combina caída de producción, retroceso exportador, mayor penetración de importados y un impacto directo sobre el empleo y los salarios del sector.

La crisis del consumo golpea con fuerza a una de las marcas más tradicionales del rubro escolar. Ángel Estrada y Compañía, propietaria de los cuadernos y hojas Rivadavia, cerró el primer semestre del ejercicio 2025/2026 con una pérdida neta de $1.418 millones, un giro drástico frente a la ganancia de $2.236 millones que había registrado un año antes.

Facturación en caída libre

Los ingresos alcanzaron $23.497 millones, muy por debajo de los $33.932 millones del mismo período anterior. La contracción fue del 31%. En su presentación ante la Comisión Nacional de Valores, la empresa reconoció un contexto de “retracción del consumo” que afectó de lleno sus resultados.

Ventas y producción en retroceso

El freno no solo se sintió en la facturación. En volumen, la compañía vendió 8,5 millones de unidades, 2,5 millones menos que las 11 millones comercializadas un año atrás.

La producción también se ajustó con fuerza: pasó de 13,2 millones de unidades a 8,06 millones. El desplome productivo fue del 39%, reflejo de una demanda debilitada que obligó a reducir el ritmo industrial.

En el plano operativo, la empresa logró un resultado positivo de $1.948 millones antes de resultados financieros e impuestos. Sin embargo, el frente financiero revirtió ese margen: el resultado por posición monetaria y financiera arrojó una pérdida de $3.961 millones, absorbiendo la ganancia operativa y empujando el balance final a terreno negativo.

Más deuda para sostener la actividad

Para financiar capital de trabajo, la compañía emitió obligaciones negociables por más de $6.391 millones. El pasivo total escaló a $42.367 millones, mientras que el índice de liquidez cayó de 3,83 a 1,98, mostrando un menor margen para afrontar compromisos de corto plazo.

El caso refleja con claridad cómo la caída del consumo no solo reduce ventas y producción, sino que también obliga a las empresas históricas del sector escolar a endeudarse más para sostener su funcionamiento en un escenario cada vez más desafiante.

La Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió que el cierre de FATE es consecuencia directa del actual esquema económico y alertó que la crisis que atraviesa el sector manufacturero “no es un hecho aislado”, sino parte de un proceso que ya provocó la pérdida de 65.000 puestos de trabajo industriales en el país.

En un comunicado público, la entidad empresaria expresó que “lamenta profundamente” la decisión de la histórica fabricante de neumáticos y subrayó que su salida del mercado implica la pérdida de empleo, conocimiento y entramado productivo. Pero el eje del mensaje apuntó más allá de la empresa: “El cierre de Fate no puede analizarse como un episodio aislado, sino como parte de un fenómeno integral donde sectores industriales enteros enfrentan situaciones de competencia internacional fuertemente distorsionada”, señaló la UIA.

La central fabril puso el foco en la sobrecapacidad global y en prácticas comerciales desleales —especialmente provenientes de Asia— que, combinadas con la apertura importadora local, generan una presión creciente sobre la producción nacional. En ese contexto, el caso de la industria del neumático aparece como uno de los más afectados por la caída de precios y el aumento de las importaciones.

La planta de San Fernando producía cerca de cinco millones de neumáticos al año y empleaba a más de 900 trabajadores. Su cierre deja el mercado en manos de multinacionales como Bridgestone y Pirelli, marcando la salida del principal fabricante nacional del sector tras más de ocho décadas de actividad.

El impacto político y empresarial es aún mayor por el peso de su propietario, Javier Madanes Quintanilla, también titular de Aluar, única productora de aluminio primario del país. En el mundo industrial, la decisión fue interpretada como un punto de inflexión: cuando un empresario de esa magnitud deja de producir, el mensaje alcanza a todo el entramado fabril.

El trasfondo del conflicto también se vincula con la reciente eliminación del arancel del 80,14% a las chapas de aluminio provenientes de China, una medida que impacta de lleno en Aluar y que fue leída como otra señal de apertura en sectores considerados estratégicos. Para los industriales, la baja de barreras puede abaratar insumos aguas abajo, pero debilita al único productor nacional aguas arriba.

Días antes del comunicado, el ministro de Economía, Luis Caputo, había recibido a la conducción de la UIA, encabezada por su presidente, Martín Rappallini. La entidad planteó medidas para sostener la actividad —como la reactivación del programa Ahora 12 y esquemas de alivio fiscal—, pero no hubo anuncios concretos. El mensaje oficial apuntó a la necesidad de avanzar con la reforma laboral.

Aunque el tono del comunicado fue moderado, puertas adentro el diagnóstico es más severo: la apertura importadora funciona como ancla de precios, pero con efectos contractivos sobre la producción. Entre 2023 y 2025 las importaciones crecieron con fuerza mientras el índice de producción industrial acumuló una caída cercana al 4%. En el caso de los neumáticos, las compras externas subieron 34,8%, mientras los precios retrocedieron con fuerza, reflejando la presión competitiva sobre la industria local.

Para la UIA, el cierre de FATE sintetiza un cambio de etapa. La discusión ya no gira solo en torno a la competitividad o los costos, sino al sentido del modelo económico y a la viabilidad misma de la producción nacional bajo el actual esquema.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó duras críticas contra la gestión del presidente Javier Milei y advirtió que “las empresas y los puestos de trabajo caen como moscas”, al encabezar la reapertura del Museo Casa de Perón en Lobos.

Durante el acto en el histórico espacio dedicado a Juan Domingo Perón, Kicillof definió el lugar como “cargado de símbolos, de historia y también de injusticias históricas”, y aprovechó la ocasión para cuestionar con firmeza el rumbo económico nacional.

El mandatario provincial se refirió especialmente al cierre de FATE y lo calificó como “un día doloroso para nuestra provincia y para el país”. “Hoy amanecimos viendo el cierre de una empresa emblemática, FATE. Es un día doloroso”, sostuvo, al tiempo que vinculó la situación con las políticas implementadas por el Gobierno nacional.

“Tenemos un Gobierno nacional enfermo. Cada familia que pierde su trabajo y cada empresa que cierra es un dolor para nosotros”, afirmó con contundencia. Y remarcó: “FATE es una empresa histórica que resistió todas las políticas económicas y momentos difíciles, pero no sobrevivió a Milei”.

En su discurso, Kicillof insistió en que el actual modelo económico impacta de lleno en la producción y el empleo, especialmente en la provincia de Buenos Aires, y planteó que el cierre de industrias emblemáticas es una señal alarmante del deterioro del entramado productivo nacional.

Según la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), el sector registró una caída interanual del 6,2% y opera con apenas 40,6% de utilización de su capacidad instalada, el nivel más bajo de los últimos cuatro años.

El dato resulta especialmente alarmante porque la metalurgia funciona como uno de los principales termómetros del entramado productivo nacional. Su retroceso no sólo evidencia el freno de la producción, sino que anticipa mayores dificultades para rubros estratégicos como la construcción, la industria automotriz y la maquinaria agrícola. Actualmente, la actividad se ubica 17,9% por debajo de sus máximos recientes y en niveles similares a los registrados durante la pandemia.

La caída del uso de la capacidad instalada —que descendió cuatro puntos respecto de diciembre, cuando se ubicaba en 44%— confirma la magnitud del deterioro. “Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”, advirtió la entidad empresaria.

El derrumbe del sector se produce en un contexto crítico para la industria nacional. Esta semana la crisis quedó expuesta con el cierre de Fate, uno de los principales fabricantes de neumáticos del país, que cesó sus operaciones y dejó sin empleo a 920 trabajadores en medio de la caída de ventas y el avance de las importaciones chinas.

En enero ningún subsector logró escapar a la contracción. Fundición encabezó las bajas con un desplome del 17,8%, seguida por Autopartes (-8,5%), Carrocerías y Remolques (-6,8%), Equipo eléctrico (-5,5%) y Maquinaria Agrícola (-3,4%). El retroceso generalizado confirma que la crisis no es sectorial sino estructural.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, alertó que “la actividad metalúrgica inicia el año en niveles históricamente bajos, con capacidad ociosa elevada, caída en todos los sectores y sin señales claras de reactivación”. También advirtió que el elevado nivel de importaciones, combinado con un consumo interno en retroceso, configura un escenario “nocivo y preocupante” para la producción nacional y el empleo.

El impacto ya se refleja en el mercado laboral: en enero el empleo metalúrgico cayó 2,7% interanual y 0,3% respecto de diciembre. Así, el derrumbe de la metalurgia se consolida como otro duro indicador de la recesión general que golpea a la industria argentina y profundiza la incertidumbre sobre la recuperación del aparato productivo.