Lejos de capitalizar la mayor disponibilidad de materias primas, el sector cerró noviembre de 2025 con fuertes caídas en producción, ventas internas y exportaciones.

Mientras Vaca Muerta consolida récords de producción de hidrocarburos y se posiciona como uno de los principales motores del sector energético, la industria química y petroquímica atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años. Lejos de capitalizar la mayor disponibilidad de materias primas, el sector cerró noviembre de 2025 con fuertes caídas en producción, ventas internas y exportaciones.

Un informe de la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP) revela que la producción total se desplomó 15% respecto de octubre y 18% en la comparación interanual. En el acumulado de los primeros once meses del año, la contracción alcanza el 6%, confirmando un deterioro sostenido que se profundizó hacia el final de 2025.

El mercado interno tampoco ofreció señales de alivio. Las ventas locales cayeron 9% en el mes, con un impacto especialmente severo en los subsectores vinculados a los agroquímicos finales. En términos interanuales, el retroceso fue del 21%, mientras que el acumulado anual muestra una baja del 17%, en un contexto de fuerte retracción de la demanda industrial y del consumo.

El frente externo, que históricamente funcionó como válvula de escape, tampoco logró compensar la caída doméstica. Las exportaciones retrocedieron 4% frente a octubre y 14% interanual. Entre enero y noviembre, el desempeño exportador quedó 1% por debajo del registrado en 2024, evidenciando un estancamiento que contrasta con el crecimiento de las ventas externas de hidrocarburos.

La crisis ya tiene impacto directo en el empleo. Tal como informó Ámbito, la petroquímica Sealed Air despidió a 65 trabajadores tras fracasar las negociaciones con el gremio, en el marco de un “proceso global de optimización de recursos”. La compañía aplicó una reducción cercana al 40% de su plantilla, combinando despidos y retiros voluntarios, lo que derivó en un paro por tiempo indeterminado y la paralización total de la planta.

En este escenario adverso, la Pequeña y Mediana Industria Química (PyMIQ) mostró señales mixtas. La producción cayó 9% mensual, aunque mantiene un crecimiento interanual del 9% y un avance acumulado del 7%. Las ventas locales descendieron 7% en noviembre, pero crecieron 9% frente al mismo mes del año pasado. El dato más destacado fue el salto mensual del 27% en exportaciones, aunque la comparación interanual sigue siendo negativa (-20%) y el acumulado anual refleja una caída del 30%.

El deterioro del comercio exterior se tradujo además en una balanza comercial deficitaria. En noviembre, las importaciones del sector bajaron 0,21%, pero las exportaciones medidas en dólares se contrajeron 27%, lo que arrojó un déficit estimado del 16,5%.

A esto se suma un uso de la capacidad instalada que permanece lejos de niveles óptimos. Según la CIQyP, en productos básicos e intermedios el promedio fue del 67%, mientras que los productos petroquímicos alcanzaron el 79%, dejando en evidencia un importante margen de capacidad ociosa en una industria que debería ser estratégica para agregar valor a los recursos de Vaca Muerta.

En términos de facturación, las ventas totales del sector alcanzaron los u$s261 millones en noviembre y sumaron u$s3.076 millones en los primeros once meses del año. Para Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la CIQyP, los datos reflejan “un cierre de año marcado por la desaceleración de la actividad industrial en general”. Si bien destacó la recuperación puntual de las exportaciones PyMIQ, advirtió que el escenario sigue siendo desafiante.

De cara a 2026, el principal interrogante es si el boom energético logrará finalmente derramar sobre la industria química y petroquímica. Por ahora, la paradoja es evidente: en un país que bate récords de producción de gas y petróleo, la industrialización de esos recursos continúa en retroceso.

En las últimas horas, Villarruel abrió un nuevo capítulo en la interna con la Casa Rosada al reclamar que no se recorten fondos para el combate del fuego y al advertir que la política de ajuste impulsada por el Ejecutivo impacta de lleno en la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias ambientales.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar distancia del presidente Javier Milei al cuestionar el ajuste en el área ambiental y exigir una mayor asignación de recursos para enfrentar los incendios que azotan a la Patagonia, en medio de un desastre ecológico de gran magnitud y de crecientes tensiones dentro del Gobierno nacional.

En las últimas horas, Villarruel abrió un nuevo capítulo en la interna con la Casa Rosada al reclamar que no se escatimen fondos para el combate del fuego y al advertir que la política de recorte impulsada por el Ejecutivo impacta de lleno en la capacidad de respuesta del Estado frente a emergencias ambientales. Su planteo fue leído como un desafío directo al esquema de ajuste que sostiene Milei sobre los organismos ambientales y de gestión de emergencias.

Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita.
Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a… pic.twitter.com/KdjHTfc06n

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 12, 2026

“Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, escribió la titular del Senado en sus redes sociales, en un mensaje que puso el acento en la necesidad de priorizar recursos públicos para preservar el ambiente, mientras los incendios —cuya intencionalidad ya fue confirmada— arrasan con parques nacionales, tierras fiscales y propiedades privadas.

A través de su cuenta en X, Villarruel describió la situación como una tragedia recurrente y sostuvo que “todos los años se repite esta catástrofe que nos duele a todos los argentinos”, al señalar que las tierras son devastadas por incendios provocados “con dolo, por negligencia o de manera fortuita”.

Además del reclamo presupuestario, la vicepresidenta adelantó que propondrá en el Senado una actualización del Código Penal para agravar las penas y establecer cárcel efectiva para quienes inicien incendios. “Quien delinque debe responder”, afirmó, y remarcó que las sanciones deben aplicarse “sin excepciones, sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología”.

En ese marco, Villarruel citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y obliga a las autoridades a protegerlo y recomponerlo cuando resulta dañado, reforzando el sustento legal de su postura en plena crisis ambiental.

El planteo de la vicepresidenta también incluyó un llamado a mejorar la articulación entre el Estado nacional y las provincias. Reclamó “una coordinación más eficiente y asertiva en el combate contra el fuego”, una definición que fue interpretada como una crítica indirecta a la reducción de recursos y al corrimiento del Estado nacional promovido por el Gobierno de Milei.

No es la primera vez que Villarruel, sin vínculos orgánicos con la Casa Rosada, expone diferencias con el Presidente. Sin mencionarlo de forma explícita, volvió a cuestionar decisiones del Ejecutivo y a profundizar una interna que se hace cada vez más visible, mientras la Patagonia atraviesa uno de los desastres ambientales más graves de los últimos años.

El ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco, advirtió que la temporada de verano está por debajo de 2025 y expuso el impacto de la crisis económica y el fracaso del modelo turístico nacional

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que la temporada de verano en la provincia de Buenos Aires muestra un desempeño aún peor que la de 2025, un año que ya había sido “flojo”, y puso en evidencia el fuerte golpe al poder adquisitivo de la población junto con el fracaso de las políticas turísticas impulsadas desde el Gobierno nacional.

Durante una recorrida por Mar del Plata y otros destinos de la Costa Atlántica, el funcionario señaló que los primeros indicadores del verano son preocupantes, con baja ocupación hotelera y un marcado retroceso en el consumo. “Es una temporada que, por ahora, viene un poco más abajo que el año pasado, que ya había sido una temporada floja”, afirmó tras mantener reuniones con intendentes y representantes del sector.

Bianco explicó que, aunque todavía no hay estadísticas consolidadas sobre la cantidad de visitantes, el principal problema detectado es la caída del consumo, una tendencia que ya se venía observando incluso antes del inicio formal de la temporada. En ese marco, remarcó que amplios sectores de la población enfrentan serias dificultades económicas, ya sea por la falta de empleo o por ingresos que no alcanzan, lo que impacta de lleno en la actividad turística.

En declaraciones al diario La Capital, el ministro advirtió además que la situación cambiaria favorece a los destinos internacionales en detrimento del turismo interno. “Hay temporada récord en Punta del Este y son argentinos. Lo mismo ocurre con Brasil y otros destinos de sol y playa”, señaló, y cuestionó con dureza la ausencia de políticas nacionales para sostener el turismo local.

Sin mencionarlo directamente, las críticas apuntaron al esquema promovido por el secretario de Turismo, Daniel Scioli, al que Bianco atribuyó la falta de incentivos, programas promocionales y acompañamiento al sector. “No hubo ningún tipo de aporte ni estrategia para fortalecer la temporada: hay cero preocupación y cero acompañamiento por parte de la Nación”, denunció.

Frente a ese escenario, el ministro destacó el esfuerzo del gobierno provincial para sostener la actividad turística, con el despliegue de 28.000 efectivos a través del Operativo Sol, la atención sanitaria al turista, el mantenimiento de rutas y una agenda cultural que incluye más de 600 eventos y la contratación de más de 1.000 artistas.

También mencionó herramientas de alivio económico como los descuentos con Cuenta DNI y líneas de préstamos personales de hasta $2.000.000 para vacaciones, accesibles desde el celular y con tasas subsidiadas.

En materia de obra pública, Bianco subrayó el avance de los trabajos en la Rambla de Mar del Plata y la transformación en autovía de la Ruta 11, y recordó que la Provincia continúa ejecutando obras pese a la falta de recursos, luego de que el Gobierno nacional abandonara más de 1.000 proyectos en territorio bonaerense. “Desde que comenzó esta gestión nacional nos recortaron $14,7 billones. Aun así, todo lo que queda después de pagar salarios, deuda y sostener hospitales y escuelas va directamente a la obra pública”, concluyó.

Se trata de casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a fortalecer la infraestructura, el equipamiento, la capacitación y las condiciones laborales de las y los brigadistas, en un escenario de incendios cada vez más frecuentes y devastadores.

Mientras los incendios forestales avanzan sin control en la Patagonia y ya arrasaron miles de hectáreas de bosques nativos, se conoció un dato que desató un fuerte escándalo: en 2025 el Gobierno nacional dejó sin ejecutar el 25% del presupuesto destinado al manejo del fuego, equivalente a casi $20.000 millones, y proyecta para este año un recorte histórico en los fondos para prevención y combate de incendios.

Actualmente hay al menos cinco focos de incendios activos en la región patagónica. El más grave es el de Puerto Patriada, en El Hoyo (Chubut), donde el fuego ya afectó unas 3.500 hectáreas de campo y bosque nativo, según datos oficiales. A este foco se suman los incendios en Puerto Café, en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut); en el Túnel Inferior del Parque Nacional Los Glaciares (Santa Cruz); y en Cerro Chañy y Polcahue Norquinco, en Aluminé (Neuquén), de acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias.

El incendio de El Hoyo comenzó el lunes 5 de enero y provocó la destrucción de viviendas y la evacuación de miles de personas. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que la investigación judicial comprobó que el fuego fue iniciado de manera intencional mediante el uso de acelerantes. “Es la peor tragedia ambiental en 20 años”, advirtió el secretario de Bosques provincial, Abel Nievas, mientras continuaban las evacuaciones en Epuyén y El Hoyo por el avance de las llamas.

En este contexto crítico, más de 20 organizaciones ambientales denunciaron que los incendios son “otro síntoma alarmante de la crisis climática global”, agravado por la inacción del Estado en materia de prevención.

Presupuesto sin ejecutar en medio de la emergencia

El principal programa nacional para el combate y la prevención de incendios es el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dependiente del Ministerio de Seguridad. Según un análisis de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2025 el organismo dejó sin ejecutar una cuarta parte de los recursos asignados.

De acuerdo con la organización, esos casi $20.000 millones “podrían haberse destinado a fortalecer la infraestructura, el equipamiento, la capacitación y las condiciones laborales de las y los brigadistas”, en un escenario de incendios cada vez más frecuentes y devastadores.

La subejecución presupuestaria no es un hecho aislado. En 2024 sólo se ejecutó el 22% del presupuesto anual del SNMF, año en el que se registraron más de 301.000 hectáreas afectadas por el fuego en todo el país, el peor registro de los últimos seis años. En términos reales, el presupuesto ejecutado en 2024 fue un 81% menor al de 2023.

Un ajuste aún más profundo para 2026

Lejos de revertir esta situación, el proyecto de Presupuesto 2026 profundiza el ajuste. Según FARN, se proyecta una caída real del 71,6% en los fondos destinados al manejo del fuego respecto de 2025, y del 68,9% en comparación con 2023. Además, la participación del SNMF dentro del presupuesto total nacional se reduciría más de un 50%.

“Los montos asignados y ejecutados muestran con claridad que el manejo del fuego no es una prioridad para el Gobierno”, advirtió Ariel Slipak, coordinador del área de Investigación de FARN. “La lógica sigue siendo actuar cuando los incendios ya están consumados, en lugar de invertir de manera sostenida en la prevención”, agregó.

Mientras el fuego avanza y las comunidades patagónicas enfrentan pérdidas ambientales, económicas y sociales irreparables, la combinación de subejecución presupuestaria y recortes futuros expone un escenario que ya genera fuertes cuestionamientos y reclamos por la responsabilidad del Estado frente a una de las peores crisis ambientales de los últimos años.

La actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) expone una realidad inflacionaria mucho más elevada durante la gestión de Javier Milei.

Con la entrada en vigencia del nuevo indicador elaborado por el INDEC, la inflación acumulada desde el inicio del actual gobierno se ubica en torno al 270%, unos diez puntos porcentuales por encima de lo que mostraba la medición anterior y muy por encima de las cifras que hasta ahora se sostenían en el discurso oficial.

A partir de enero de 2026, el INDEC comenzará a aplicar formalmente el nuevo IPC, basado en la actualización de los ponderadores de bienes y servicios según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). Sin embargo, estimaciones privadas que recalculan toda la serie con esta metodología ya permiten observar el impacto del cambio: mientras el esquema previo arrojaba una inflación acumulada cercana al 259% desde diciembre de 2023, el nuevo cálculo eleva esa cifra hasta aproximadamente el 270%.

El cambio metodológico no es menor. El nuevo índice otorga mayor peso a rubros como vivienda, servicios públicos, transporte y comunicaciones, sectores que registraron fuertes aumentos en los últimos años, y reduce la incidencia relativa de alimentos y vestimenta, cuyos precios mostraron una dinámica más contenida en el tramo reciente. De este modo, la medición se acerca más a la estructura real del gasto de los hogares argentinos, pero también deja al descubierto un proceso inflacionario más intenso del que reflejaban los indicadores oficiales anteriores.

En términos anuales, los datos oficiales disponibles hasta noviembre de 2025 muestran una inflación interanual del 27,9%, mientras que las proyecciones privadas estiman para diciembre un avance adicional de entre 2,3% y 2,5%, lo que llevaría el cierre del año a un nivel cercano al 31%. Recalculado con el nuevo IPC, ese desempeño anual se integra en un acumulado de gestión significativamente más alto, que reconfigura la evaluación del recorrido inflacionario del gobierno libertario.

Además de modificar ponderaciones, el nuevo índice amplía de manera sustantiva la base de información: se incrementa la cantidad de precios relevados —de 320.000 a 500.000— y se amplía el universo de informantes. Estas mejoras técnicas buscan mayor precisión estadística, aunque su efecto inmediato es mostrar con mayor crudeza el impacto de los aumentos de precios sobre el costo de vida.

¿Que esperar en 2026?

De cara a 2026, el cambio en la medición se da en un contexto de debate sobre la sostenibilidad de la desaceleración inflacionaria. Mientras el Gobierno confía en que el ajuste fiscal y la restricción monetaria permitirán continuar reduciendo la inflación, economistas y actores del sector privado advierten que, sin señales claras en materia cambiaria y de acumulación de reservas, el nuevo IPC podría seguir reflejando niveles elevados de inflación, incluso cuando el relato oficial apunte a una normalización más rápida.

El análisis por rubros refuerza realizado por la CAME muestra un diagnóstico recesivo: seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales.

El comercio minorista pyme cerró diciembre con una caída interanual del 5,2% a precios constantes, un dato que vuelve a poner en evidencia la persistente crisis del consumo y el deterioro del poder adquisitivo de los hogares. Aunque el índice anual acumuló una suba del 2,5%, impulsada por el fuerte arranque del año, el sector arrastra ocho meses consecutivos de retrocesos que confirman un escenario de debilidad estructural de la demanda.

En la comparación desestacionalizada frente a noviembre, las ventas mostraron un repunte del 5,2%, explicado principalmente por factores estacionales como las fiestas de fin de año y el cobro de aguinaldos. Sin embargo, este alivio coyuntural no alcanzó para revertir la tendencia descendente que atraviesa al comercio pyme desde hace meses.

El análisis por rubros refuerza el diagnóstico recesivo: seis de los siete sectores relevados registraron caídas interanuales. Las contracciones más profundas se observaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%), rubros estrechamente ligados al consumo discrecional y particularmente afectados por la pérdida de ingresos reales. La única excepción fue Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, con una leve suba del 0,8%.

En cuanto a la situación de los negocios, más de la mitad de los comerciantes (55%) señaló que su actividad se mantuvo estable en relación al año anterior, mientras que el 27,6% reportó un empeoramiento. Si bien este último dato muestra una mejora relativa frente a noviembre, cuando el deterioro alcanzaba al 37%, sigue reflejando un contexto de fragilidad para una porción significativa del sector.

Diciembre volvió a mostrar un consumo contenido y altamente racionalizado. Las familias priorizaron promociones y gastos esenciales, limitando las compras no indispensables ante la persistente pérdida de poder adquisitivo. Ni siquiera el impulso estacional logró modificar sustancialmente este comportamiento defensivo.

De cara a los próximos meses, prevalece una cautela optimista entre los comerciantes: aunque muchos esperan una mejora económica hacia 2026, la inversión continúa frenada por los altos costos, la baja rentabilidad y la debilidad de la demanda. El desafío central para el sector será dejar atrás los rebotes estacionales y lograr una recuperación genuina y sostenida del consumo.

Los datos oficiales correspondientes a noviembre de 2025 confirman que la economía argentina atraviesa una fase de marcada recesión y freno de la actividad, con fuertes caídas en dos sectores clave como la industria y la construcción, que registraron sus peores desempeños en más de un año.

La producción industrial manufacturera se desplomó 8,7% interanual, mientras que la actividad de la construcción retrocedió 4,7% frente a noviembre de 2024. En ambos casos, se trata de los mayores descensos desde mediados y fines del año pasado, lo que refuerza la señal de deterioro del nivel de actividad.

Según el informe del organismo estadístico, el índice de producción industrial también mostró una contracción mensual del 0,6% respecto de octubre, lo que evidencia que la caída no se limita a la comparación interanual sino que continúa profundizándose en el corto plazo. Aunque el acumulado de enero a noviembre todavía exhibe un crecimiento del 2%, este resultado responde en gran medida al arrastre estadístico de los primeros meses del año y no alcanza a revertir la dinámica contractiva reciente.

En el caso de la construcción, el retroceso mensual fue del 0,1%, confirmando un escenario de estancamiento que se suma a la caída interanual. Si bien el sector acumula un alza del 6,6% en los primeros once meses del año, noviembre marcó el mayor retroceso desde diciembre de 2024, cuando la actividad había caído más de 10%.

La magnitud del ajuste industrial queda en evidencia al observar la desagregación sectorial: quince de las dieciséis divisiones manufactureras registraron caídas interanuales. Entre las más relevantes se destacan “Alimentos y bebidas” (-7,8%), “Vehículos automotores y autopartes” (-23%), “Maquinaria y equipo” (-17,9%), “Prendas de vestir, cuero y calzado” (-17,6%), “Productos de metal” (-18,6%) y “Productos textiles” (-36,7%). La única excepción fue la refinación de petróleo, con un incremento del 6,3%.

El deterioro industrial de noviembre constituye la caída más profunda desde junio de 2024, cuando el sector había retrocedido más de 20%, lo que refuerza la lectura de un nuevo ciclo de enfriamiento económico.

En este contexto, el mercado aguarda la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), prevista para el 21 de enero. Los datos de octubre ya habían anticipado señales de agotamiento: si bien mostraron una suba interanual del 3,2%, también reflejaron una contracción mensual del 0,4%, anticipo de la debilidad que se profundizó en noviembre.

Otros indicadores refuerzan el diagnóstico recesivo. Durante noviembre, la recaudación impositiva cayó 6% en términos reales y las ventas minoristas se contrajeron 4,8%, confirmando el impacto del freno económico sobre el consumo y los ingresos fiscales. El principal dato positivo provino del sector agropecuario, que creció 12,3% interanual, aunque sin capacidad suficiente para compensar la caída del resto de los sectores.

Desde la consultora ACM señalaron que, si bien en el acumulado anual algunos segmentos vinculados a bienes de capital y a la oferta mostraron un desempeño relativamente mejor, persisten fuertes rezagos en las ramas más dependientes de la demanda interna, como textiles y productos de metal, que siguen entre los principales focos de debilidad.

Así, el cierre de 2025 aparece marcado por un deterioro creciente de la actividad, con datos que confirman una economía que se encamina hacia una fase de estancamiento prolongado. De cara a 2026, el desempeño sectorial y las definiciones de política económica serán claves para determinar si el freno actual deriva en una recuperación gradual o en una recesión más profunda y extendida.

El gobierno nacional dio de baja el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), la fuerza que Patricia Bullrich había presentado como una suerte de “DEA argentina” para investigar a los narcos rosarinos.

La decisión quedó plasmada este miércoles en una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva, y expone el fracaso de una de las apuestas más promocionadas en materia de seguridad que intentaban emular a agencias foráneas.

El GEANRO había sido creado en mayo de 2024 y estaba integrado por agentes de inteligencia e investigación de las distintas fuerzas federales que operan en Rosario. Sin embargo, tras un año y medio de funcionamiento, los resultados estuvieron muy lejos de las expectativas. “Se les dio un año y medio y los resultados no fueron mucho mejores que lo que hace cada unidad de cada fuerza por separado”, admitió al portal La Política Online un funcionario nacional.

La falta de avances concretos terminó por sellar el destino de la brigada. “No tenía mucho sentido seguir trabajando de esa manera, entonces cada efectivo volverá a sus unidades para seguir trabajando en el Plan Bandera”, reconocieron desde el propio esquema de seguridad. En los hechos, la supuesta unidad de elite terminó siendo disuelta por ineficaz.

El GEANRO había sido pensado como una unidad investigativa antinarco al estilo de la DEA norteamericana, con actuación en las zonas más calientes de Rosario. Pero la coordinación entre distintas fuerzas volvió a demostrar ser un obstáculo difícil de superar, y la experiencia no logró romper las inercias ni mejorar el desempeño habitual de los organismos federales.

La disolución contrasta con el discurso oficial que acompañó su creación y se suma a una serie de anuncios rimbombantes que luego no se sostuvieron en la práctica. Mientras tanto, el gobierno busca despegarse del fracaso y remarcar la continuidad del Plan Bandera.

Desde el Ministerio de Seguridad explicaron que el GEANRO fue creado “en el marco de la emergencia” como un espacio acotado de coordinación investigativa entre cinco fuerzas federales y que ese objetivo “fue cumplido plenamente”. Según la versión oficial, su lógica de trabajo colaborativo fue absorbida por el Comando Unificado del Plan Bandera, que desde comienzos de 2025 concentra el intercambio de información criminal y las tareas investigativas.

La baja del GEANRO deja al descubierto otro retroceso en la política de seguridad del gobierno, que debió desactivar sin estridencias una estructura que había sido vendida como clave en la lucha contra el narcotráfico y terminó convertida en un nuevo papelón oficial.

La profunda retracción del mercado interno y la caída del consumo continúan golpeando al comercio argentino. En la Ciudad de Buenos Aires, esta crisis se vuelve cada vez más visible en las principales arterias comerciales, donde las persianas bajas y los locales desocupados se multiplican.

Durante el bimestre noviembre-diciembre de 2025, la cantidad de locales comerciales vacíos en CABA aumentó un 26,9% interanual, en comparación con el mismo período de 2024. El dato surge de un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que registró 198 locales en venta, alquiler o cerrados, en un contexto marcado por el estancamiento del consumo y la pérdida de poder adquisitivo.

Si bien frente al bimestre septiembre-octubre de 2025 se observó una baja del 20,5%, cuando el número de locales vacíos había trepado a 249, el retroceso no alcanza para revertir una tendencia estructural de debilitamiento del comercio minorista, directamente asociada a la contracción del mercado interno.

El informe de la CAC detalla que los locales en alquiler crecieron un 2,2% respecto del bimestre previo y un 9,5% en términos interanuales, mientras que los locales en venta registraron subas aún más pronunciadas: 26,3% frente al período anterior y 33,3% en la comparación interanual. Estos datos reflejan la dificultad creciente de los comercios para sostener su actividad en un escenario de consumo deprimido.

La desocupación comercial avanza de manera desigual según las zonas de la ciudad. El relevamiento —que la CAC realiza de forma sistemática desde 2014— registró descensos bimestrales en avenidas como Santa Fe, Avellaneda, Córdoba, Rivadavia, Corrientes y Cabildo. Sin embargo, la Avenida Pueyrredón y la peatonal Florida mostraron incrementos en la cantidad de locales sin actividad, evidenciando el impacto de la crisis incluso en áreas tradicionalmente dinámicas.

También en La Plata

La situación no es exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires. En La Plata, el deterioro del mercado interno también se traduce en una fuerte suba de la vacancia comercial. Según datos de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), la cantidad de locales inactivos —en venta, alquiler, clausurados o cerrados— aumentó 160% interanual en el bimestre noviembre-diciembre de 2025. Aunque respecto a septiembre-octubre se registró una baja del 13,3%, el relevamiento identificó 13 locales desocupados en las principales zonas comerciales de la capital bonaerense.

Desde la CAC vinculan directamente el cierre de comercios con la retracción del consumo, que en noviembre cayó 2,8% interanual y 1,3% en términos desestacionalizados respecto de octubre. Si bien algunos indicadores muestran mejoras interanuales, estas se explican en gran medida por la baja base de comparación de 2024 y no logran traducirse en una recuperación sostenida del consumo cotidiano.

En este contexto, muchos comerciantes optan por cerrar sus locales ante la imposibilidad de sostener costos fijos y caída de ventas, mientras otros buscan reconvertirse hacia el comercio electrónico, un canal que sigue creciendo pero que no logra compensar plenamente el deterioro del entramado comercial tradicional.

La persistencia de locales vacíos en las calles porteñas funciona así como un indicador visible del agotamiento del mercado interno, una crisis que impacta no solo en la actividad económica sino también en el empleo, la vida urbana y el tejido social.

Se trata del ex presidente de la entidad, Javier González Fraga, y el entonces vicepresidente Lucas Llach, por el megafraude en perjuicio del Estado por 300 millones de dólares.

La Justicia Federal ordenó el embargo e inhibición de bienes contra Lucas Llach y otros 18 exdirectivos del Banco Nación y del Grupo Vicentín, acusados de haber participado en una estafa millonaria contra la entidad pública durante el gobierno de Mauricio Macri. El perjuicio investigado supera los 300 millones de dólares.

La medida fue dispuesta por el juez federal Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Federal N°10, en el marco de la causa que investiga el otorgamiento irregular de créditos al Grupo Vicentin en los últimos meses de la gestión de Cambiemos. Entre los imputados figuran el entonces presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, y su vicepresidente, Lucas Llach, junto a otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la cerealera.

Según consta en el expediente, entre agosto y diciembre de 2019, funcionarios del Banco Nación y directivos de Vicentin habrían actuado de manera coordinada para permitir que las firmas Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran al banco por un total de USD 304.328.665,75, una deuda que permanece impaga y de cobro incierto.

La resolución judicial detalla que, pese a que la deuda se encontraba vencida y exigible desde el 8 de agosto de 2019, los responsables omitieron intimar a las empresas y, por el contrario, autorizaron la liberación de fondos mediante múltiples transferencias, aun cuando el Banco Nación no estaba legalmente habilitado para hacerlo.

En ese período, se habrían realizado 125 transferencias por un total de $43.449.104.966 desde cuentas vinculadas a Vicentin. Además, el fallo menciona el otorgamiento irregular de 28 préstamos por USD 105.500.000, concedidos entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, cuando la situación financiera del grupo empresario ya era crítica.

Ercolini sostuvo que el embargo tiene como objetivo asegurar un eventual decomiso, impedir que se consolide el beneficio del delito investigado y garantizar la reparación del daño causado al Estado, contemplando también la aplicación de multas y la responsabilidad solidaria de los imputados.

A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el magistrado citó a 26 exintegrantes de los directorios del Banco Nación y del Grupo Vicentin a prestar declaración indagatoria, acusados de haber participado en un fraude millonario contra la banca pública.

La causa vuelve a poner en el centro de la escena el vínculo entre el Grupo Vicentin y el gobierno de Cambiemos. Al respecto, el economista Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, afirmó que existió una connivencia política y empresarial que permitió a la compañía disponer de fondos que estaban depositados como garantía en la propia entidad, una maniobra que —según señaló— fue clave para consumar la estafa contra el Estado argentino.