En su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook), el organismo corrigió a la baja todas sus proyecciones para la Argentina, reflejando el deterioro del escenario económico tras el último trimestre de crisis bajo el gobierno de Javier Milei.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó un mensaje claro y preocupante para la economía argentina: el país crecerá menos, tendrá menos dólares y enfrentará una inflación más alta en 2025. En su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales (World Economic Outlook), el organismo corrigió a la baja todas sus proyecciones para la Argentina, reflejando el deterioro del escenario económico tras el último trimestre de crisis bajo el gobierno de Javier Milei.

Según las nuevas estimaciones, el Producto Bruto Interno (PBI) argentino crecerá solo 4,5% en 2025, un punto menos que el 5,5% proyectado en julio pasado. Para 2026, el crecimiento también se ajustó a la baja, del 4,5% al 4%. La revisión implica que, en apenas tres meses, el FMI redujo sensiblemente su confianza en la recuperación de la economía local.

Pero el golpe más fuerte llega por el lado de los dólares. El balance de la cuenta corriente, que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones, se hunde en terreno negativo: el FMI espera ahora un déficit del 1,2% del PBI en 2025, tres veces mayor al previsto en abril (-0,4%). Esto significa que el país tendrá menos divisas disponibles para sostener el comercio exterior y la estabilidad cambiaria, en un contexto de reservas frágiles y presiones sobre el tipo de cambio.

En paralelo, el Fondo prevé una inflación del 28% para 2025, ocho puntos más que su estimación anterior (20%), y un mayor desempleo, que sube del 6,3% proyectado en abril al 7,5%. El panorama, según el organismo, muestra una economía golpeada, con menor crecimiento, más precios y menos empleo.

Una crisis que no da tregua

Estas cifras reflejan el impacto de un cierre de año convulsionado. El último trimestre de 2024 estuvo marcado por la desaceleración de la actividad, las tensiones cambiarias y la persistencia de la inflación. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central anticipa incluso una caída del 0,6% del PBI entre julio y septiembre, con una proyección de crecimiento del 3,9% para 2025, aún más pesimista que la del propio FMI.

En los hechos, el repunte que se espera para 2025 responde más a un “efecto arrastre” estadístico que a una verdadera reactivación: el bajo nivel de actividad de 2024 genera un punto de partida que mejora los promedios, aunque la economía siga estancada.

Menos dólares, más incertidumbre

La pérdida de competitividad del tipo de cambio también preocupa. Pese a la volatilidad del dólar y a la intervención de Estados Unidos en los mercados financieros, el peso argentino mantiene prácticamente el mismo nivel de competitividad que en julio. Esto deja a la economía con poco margen para recuperar reservas o impulsar exportaciones.

En suma, el diagnóstico del FMI es contundente: Argentina enfrentará en 2025 un escenario más adverso que el previsto, con menos crecimiento, más inflación, más desempleo y una mayor escasez de dólares. Un cuadro que anticipa que la estabilidad y el crecimiento prometidos por el Gobierno seguirán lejos de concretarse.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires expresó un duro rechazo y fuerte preocupación ante la inminente llegada de tropas de Estados Unidos a distintos puntos estratégicos del territorio bonaerense, en el marco de los ejercicios conjuntos conocidos como “Operación Tridente“.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, señaló que la medida carece de la autorización del Congreso Nacional, tal como exige la Constitución, y denunció que el presidente Javier Milei habilitó el ingreso de tropas extranjeras por decreto, un procedimiento que calificó como “totalmente irregular”.

“El presidente autorizó por decreto la realización de ejercicios militares por parte del ejército de Estados Unidos en nuestro territorio. Es una habilitación inconstitucional, porque el ingreso y egreso de tropas extranjeras solo puede aprobarlo el Congreso Nacional”, advirtió Bianco.

#POLEMICA 🪖 Carlos Bianco denunció la polémica “Operación Tridente”, que fue autorizada por decreto por la administración de Javier Milei y que implica la realización de ejercicios militares por parte del Ejército de los Estados Unidos en nuestro territorio.

💬 “Se trata de una… pic.twitter.com/Bg9C1cOu24

— ANDigital (@ANDigitalOK) October 13, 2025

El funcionario —uno de los principales colaboradores del gobernador Axel Kicillof— destacó además que dos de las tres bases elegidas para el operativo se encuentran en la provincia de Buenos Aires, específicamente Puerto Belgrano y Mar del Plata, lo que podría generar impactos ambientales, logísticos y de seguridad. “Hemos presentado un pedido de informes al Ministerio de Defensa y todavía no obtuvimos respuesta”, agregó.

El decreto presidencial, fechado el 30 de septiembre, incluye también una tercera locación en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego. Según Bianco, la decisión sienta un precedente riesgoso, al habilitar la presencia de fuerzas extranjeras “sin el debido control parlamentario y con argumentos excepcionales que no se sostienen”.

La Operación Tridente se llevará a cabo entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, y fue justificada por el Ejecutivo nacional como una medida “estratégica” y de “naturaleza excepcional” que, según el texto oficial, “hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución”.

El momento elegido para firmar el decreto generó suspicacias políticas, ya que coincidió con la antesala de la visita de Milei a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump, quien días antes había anunciado un salvataje financiero al gobierno de Javier Milei.

El decreto, rubricado además por los ministros Luis Petri (Defensa), Lisandro Catalán (Interior) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), sostiene que el ejercicio con tropas estadounidenses representa “una oportunidad estratégica” y “un recurso invaluable para potenciar las capacidades nacionales”.

Sin embargo, desde el gobierno bonaerense insisten en que la decisión vulnera las competencias constitucionales y pone en riesgo la soberanía y la institucionalidad democrática.

Mientras el gobierno de Javier Milei predica aplica un ajuste feroz que recorta fondos a la educación, la ciencia y la defensa nacional, destinará más de 60 millones de pesos para cubrir los gastos de las fuerzas militares de Estados Unidos durante su polémico despliegue en territorio argentino.

El dato, revelado en un documento oficial al que accedió el portal En Orsai, encendió la indignación: el Estado argentino pagará por la presencia de tropas extranjeras en tres enclaves estratégicos —Mar del Plata, Puerto Belgrano y Ushuaia—, puntos clave para el control marítimo y antártico.
El colmo del cipayismo: Argentina financia su propia ocupación.

Un desembolso que hiere la soberanía

Según el documento, el operativo asciende a $60.211.157, cubiertos con fondos del presupuesto de la Armada. El objetivo declarado del ejercicio conjunto sería “intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre fuerzas especiales para operar en escenarios complejos”.

En la práctica, esto significa que el Estado argentino financiará la estadía, la logística y las operaciones de las tropas estadounidenses que desembarcarán en bases nacionales para “entrenar” a nuestras fuerzas.
Tres puntos neurálgicos —Mar del Plata, la base naval de Puerto Belgrano y Ushuaia, en el extremo sur ,serán escenario de esta “cooperación” que deja más dudas que beneficios.

Cooperación o subordinación

El texto oficial habla de “potenciar las capacidades nacionales” mediante el “aporte doctrinario y técnico novedoso” de la Armada estadounidense. Sin embargo, más que una instancia de intercambio, el planteo suena a subordinación: las fuerzas argentinas asumen el rol de aprendices frente a una potencia que ha intervenido una y otra vez en América Latina bajo el pretexto de la “asistencia técnica”, “seguridad hemisférica” y la “coordinación multinacional”.

Paradójicamente, el documento destaca como “recurso invaluable” la experiencia militar de Estados Unidos, sin mencionar que buena parte de esa experiencia proviene de invasiones, golpes de Estado y operaciones encubiertas en países del continente y la comisión de delitos de lesa humanidad en distintas partes del mundo.

La retórica de la “asistencia humanitaria” junto con la de la “lucha contra el terrorismo” vuelven a funcionar como pantalla para justificar la presencia de tropas extranjeras, mientras el gobierno argentino no solo la legitima, sino que además la financia con dinero público.

Subordinación absoluta con Washington

Lejos de ser un hecho aislado, esta decisión se inscribe en la línea de alineamiento absoluto del gobierno de Milei con los Estados Unidos.
Desde el respaldo a la OTAN y a Israel hasta el abandono de los vínculos con el BRICS y el relajamiento del reclamo por Malvinas, la política exterior argentina muestra un giro drástico hacia la dependencia.

Mientras se paralizan proyectos estratégicos de INVAP y Fabricaciones Militares, y se desmantelan programas de defensa nacional, el Ministerio de Defensa —a través de la Armada— destina recursos públicos a sostener la presencia militar extranjera en nuestras bases.

Ejercicios combinados o ensayo de control regional

Estos llamados “ejercicios combinados” no son nuevos, pero en el contexto actual adquieren otra lectura: son mecanismos de inserción operativa de fuerzas extranjeras, con acceso a información sensible y control sobre zonas estratégicas.

La inclusión de Ushuaia en el operativo es especialmente significativa.
Posicionada como puerta de ingreso privilegiada a la Antártida, la base naval del extremo sur argentino es una puerta de acceso a recursos naturales y rutas marítimas de enorme valor geopolítico.
El desembarco de tropas estadounidenses allí no puede entenderse como un simple entrenamiento, sino como un gesto de control y monitoreo del Atlántico Sur.

Un país convertido en protectorado militar extranjero

Que el propio Estado argentino pague la estadía de las fuerzas estadounidenses es más que un gesto diplomático: es una decisión política que expone un modelo de país subordinado y semicolonial.
Un país donde la soberanía se terceriza, los recursos se entregan y la defensa nacional se convierte en un apéndice del Pentágono con un disfraz discursivo de engañosa defensa de la soberanía.

Mientras los salarios de las Fuerzas Armadas locales permanecen congelados y los institutos de formación padecen recortes, la cúpula militar destina más de 60 millones de pesos para hospedar y entrenar a soldados extranjeros de una potencia militar que gasta miles de millones de dólares todos los días en mantener su brutal maquinaria militar a la largo y ancho del mundo.

La “libertad” que pregona el gobierno se traduce, en los hechos, en la entrega de los resortes estratégicos del Estado. En el mientras tanto Argentina paga su propia ocupación.
Y lo hace en medio de un ajuste brutal, con fondos públicos, y a costa de su propia soberanía.

Con esta decisión, el máximo tribunal electoral evitó un desembolso de miles de millones de pesos que hubiera implicado volver a imprimir y distribuir todo el material electoral en el distrito más grande del país.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió rechazar la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, luego del pedido surgido tras el narcoescándalo que involucra al economista José Luis Espert. Con esta decisión, el máximo tribunal electoral evitó un desembolso de miles de millones de pesos que hubiera implicado volver a imprimir y distribuir todo el material electoral en el distrito más grande del país.

En su fallo, emitido este lunes, la CNE fue categórica: “En esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Buenos Aires”. De esta manera, la imagen de Espert continuará apareciendo en las boletas de La Libertad Avanza (LLA), pese a los intentos desesperados de sectores que buscaban retirarla tras su incorporación al oficialismo.

El tribunal recordó que el proceso de diseño, aprobación e impresión de las BUP está estrictamente regulado por el Código Electoral Nacional, y que los plazos ya se encontraban “precluidos”, según informó la Junta Electoral Nacional del distrito bonaerense.

Un informe técnico del Correo Argentino fue determinante en la decisión: el organismo había fijado el 16 de octubre como fecha límite para iniciar la distribución del material electoral, y estimó que la reimpresión demandaría al menos cinco días. Con los plazos ya vencidos —el viernes 10 era la última fecha posible—, el pedido de reedición fue presentado fuera de término y sólo pudo ser tratado el domingo 12, tras la opinión del fiscal electoral.

La resolución de la CNE no solo marca un límite procedimental, sino que también impide un gasto multimillonario de recursos públicos en plena etapa electoral, reafirmando la vigencia de las normas y los plazos establecidos.

La contracción del consumo se consolida como una tendencia persistente. En septiembre, las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas volvieron a registrar una baja, marcando el sexto mes consecutivo de retroceso, según el último informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En un escenario signado por bolsillos ajustados, incertidumbre cambiaria y pérdida de poder adquisitivo, el sector pyme enfrenta crecientes dificultades para sostener sus niveles de actividad. El relevamiento —realizado entre más de 1.100 comercios de todo el país— muestra que en septiembre las ventas, medidas a precios constantes, cayeron 4,2% interanual y 2% frente a agosto. El último registro positivo data de marzo de 2025, cuando se había observado una mínima suba del 0,1%.

Desde CAME señalaron que “septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes”, atribuido a la debilidad del consumo interno, la incertidumbre económica y política, y la falta de estímulos comerciales. A esto se suma el endeudamiento de los hogares y la erosión del ingreso real, que sigue limitando la capacidad de compra de los consumidores.

El pesimismo se refleja también en las expectativas empresarias: seis de cada diez pymes consideran que no es momento para invertir, y más de la mitad proyecta que 2026 será igual o peor que el año actual.

Caídas en todos los rubros, con pocos sectores a salvo

El deterioro del consumo impactó en la mayoría de los rubros relevados por CAME, con descensos generalizados que consolidan una tendencia negativa.

• Alimentos y bebidas: retrocedió 3,1% interanual, afectado por el aumento de costos operativos y la pérdida del poder adquisitivo. Las promociones y descuentos apenas lograron amortiguar la baja.
• Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles: fue uno de los sectores más golpeados, con una caída del 6,2% interanual. El encarecimiento del financiamiento y la postergación de compras mayores marcaron el pulso del mes.
• Calzado y marroquinería: descendió 4,3% interanual. El crédito limitado y la baja disponibilidad de efectivo redujeron la demanda, concentrada en ofertas y liquidaciones.
• Farmacia: registró una baja del 1,4%, afectada por la suba sostenida de precios de medicamentos y la menor cobertura de obras sociales y prepagas.
• Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: cayó 0,5% interanual. La incertidumbre económica y las tasas de interés altas limitaron la demanda de obras menores.
• Perfumería: mostró una leve mejora mensual (+1,4%) gracias al inicio de la temporada alta, aunque el balance interanual siguió siendo negativo (-6%).
• Textil e indumentaria: volvió a ser el rubro más castigado, con una fuerte caída del 10,9% interanual. El cambio de temporada, los precios altos y la competencia con importados acentuaron la retracción.

Una crisis que se prolonga

Con seis meses consecutivos de baja y sin señales de reactivación a corto plazo, la crisis del consumo se consolida como el principal desafío para el entramado pyme argentino. La caída sostenida en las ventas refleja no solo el impacto de la inflación y la incertidumbre macroeconómica, sino también un cambio en los hábitos de consumo y una creciente restricción en el poder de compra de los hogares.

Mientras tanto, el sector comercial transita el cierre del año con expectativas contenidas y la mirada puesta en un 2026 que, para muchos, podría profundizar el escenario recesivo actual.

El gobierno libertario vuelve a quedar envuelto en una controversia, esta vez por la concesión de un nuevo préstamo irregular del Banco Nación a Marcos Patiño Brizuela, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en Córdoba y socio del legislador Gabriel Bornoroni.

Según la denuncia, Patiño Brizuela habría recibido un crédito por $164 millones pese a no cumplir con los requisitos de antigüedad exigidos para la categoría de “contratado”, condición necesaria para acceder a ese tipo de financiamiento.
La operación fue aprobada en plena etapa preelectoral, lo que despertó sospechas de un posible financiamiento de campaña encubierto con la complicidad de funcionarios libertarios del Banco Nación.

El caso apunta directamente al presidente de la entidad, Daniel Tillard, quien ya había sido señalado en situaciones similares. En particular, por haber autorizado un préstamo de $225 millones a la diputada rionegrina Lorena Villaverde, también perteneciente al espacio libertario.
Villaverde cobró notoriedad recientemente por su presunta vinculación con el narcotráfico, escándalo que terminó forzando la renuncia de José Luis Espert a su candidatura nacional. La diputada mantiene, además, una causa por tráfico de drogas en Estados Unidos y vínculos con Claudio Ciccarelli, primo del empresario Fred Machado, involucrado en un episodio de violencia narco tras el ataque a una camioneta Jeep que había sido puesta a disposición de Espert.

Banco Nación: una caja política de La Libertad Avanza

No es la primera vez que el Banco Nación aparece en el centro de acusaciones de manejos irregulares. Meses atrás, la institución fue cuestionada por adjudicar una licitación de $400 millones a Tech Security S.R.L., empresa que contaba entre sus accionistas a los hermanos del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quienes se desprendieron de sus acciones poco antes de su asunción.

La nueva denuncia golpea de lleno la campaña de Patiño Brizuela y profundiza el desgaste de la narrativa “anticasta” que el oficialismo había convertido en bandera. Los reiterados casos de presuntos favores, nepotismo y corrupción comienzan a erosionar la credibilidad del discurso libertario.
Cabe recordar que Patiño Brizuela ya enfrenta una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Es una de las figuras más cercanas a Patricia Bullrich dentro de La Libertad Avanza, busca renovar su banca por la Ciudad de Buenos Aires. Este fin de semana volvió al centro de la escena, cuando distintas cuentas difundieron antiguos tuits suyos en los que se leen frases provocadoras sobre la Argentina, el catolicismo y, sobre todo, la causa Malvinas.

El senador bonaerense del PRO, Marcelo Leguizamón, fue uno de los primeros en reaccionar al recuperar un mensaje de 2018 en el que Ajmechet le escribía a Mauricio Macri: “Nos hacés felices con poco, sacá el feriado del día de la Virgen y poné uno por el día de la democracia. De paso, ocupate del temita de la economía. Y estamos”. Muchos de esos tuits hoy aparecen eliminados o con la etiqueta de “página inexistente”, pero los registros de sus palabras permanecen.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Ajmechet eligió la estrategia que mejor domina: la victimización. “Me juzgan por cosas que escribí hace diez años”, dijo. Pero en aquel entonces tenía 35, no 15. Y nunca pidió perdón. No se retractó. No reflexionó. Solo buscó empatía mediática, apelando a la distancia del tiempo como si diez años bastaran para borrar una convicción ideológica.

Ahora mandaron a victimizarse a la basura humana y anti-Argentina de Ajmechet
"Me juzgan por unos tuits de hace 10 años"
Hija de puta, 35 años tenía ya. Dijiste que querés ser colonia, eliminar el Día de los Veteranos de Malvinas y que odiás la bandera Argentina pic.twitter.com/5jJuOg8oVs

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 13, 2025

Uno de sus mensajes más recordados, escrito en 2014, lo deja claro:

“Ojalá pronto el 2 de abril sea simplemente el 2 de abril, un día que la gente va a trabajar y los chicos al colegio.”

No fue una frase ingenua ni un exabrupto. Fue una declaración de principios. Lo que Ajmechet propone —y sigue sosteniendo al no retractarse— es un vaciamiento simbólico: borrar del calendario el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, despojar de sentido el duelo colectivo y relativizar la soberanía.

Infame traidora a la Patria pic.twitter.com/z1Sy9IbSoa

— 𝑭𝒆𝒓𝒏𝒂𝒏𝒅𝒐 (@ComodoroJN) October 12, 2025

Paradójicamente, Ajmechet se presenta como “doctora en historia”, pero su discurso niega la historia misma. Desconoce que la causa Malvinas no es un capricho nacionalista, sino un reclamo de soberanía reconocido por la ONU y sostenido por el consenso democrático desde 1983.

Su falta de arrepentimiento no es un detalle. Es una posición política coherente con el mileísmo, que hoy busca institucionalizar la desmemoria: recortar cultura, eliminar feriados históricos, y transformar la educación y la historia en mercancías. La diputada libertaria encarna esa doctrina desde su banca, con la elegancia académica del negacionismo disfrazado de “opinión personal”.

Ajmechet no está sola. Forma parte de una corriente que reivindica a Margaret Thatcher y que considera la memoria colectiva un obstáculo para el “progreso”. Su tuit “Queremos ser colonia” no fue un lapsus: fue la síntesis perfecta del proyecto político que integra.

Durante la entrevista, nunca pronunció un “me equivoqué” ni un “pido perdón”. No hubo una sola palabra hacia los excombatientes, sus familias o el pueblo argentino. Solo habló de sí misma, de su malestar por ser cuestionada, de su derecho a no rendir cuentas. Pero las palabras importan, sobre todo cuando provienen de una funcionaria pública que debería representar y defender los intereses de la nación.

Olvidar sus dichos sería concederle lo que más desea: que el 2 de abril “sea un día cualquiera”. Recordarlos, en cambio, es una forma de resistencia. Porque la memoria no se negocia, y la soberanía no se terceriza.

Sabrina Ajmechet representa una cara pulida del negacionismo y cipayismo libertario: académica, mediática, políticamente correcta. Pero detrás de esa fachada se esconde el mismo mensaje que su espacio lleva al poder: un desprecio profundo por la historia argentina y por los valores que sostienen su independencia.

En menos de dos años de gestión, el gobierno de Javier Milei acumula casi 300 mil nuevos trabajadores desocupados del sector privado, según un informe elaborado por el economista y editor José Calero.

Desde diciembre de 2023, 286.391 personas solicitaron la Prestación por Desempleo tras haber sido despedidas sin causa, en la mayoría de los casos por falta de trabajo o recortes empresariales. El dato no contempla a los cerca de 70 mil empleados estatales que también perdieron sus puestos durante el mismo período.

El desempleo golpea con fuerza al sector privado

En los primeros 21 meses de gestión libertaria, la pérdida de empleo se concentró principalmente en la industria manufacturera (26.060 casos), el comercio (23.098) y la construcción (18.776), tres de los sectores más sensibles de la economía real.

De los casi 300 mil despidos, 174.335 ocurrieron durante 2024 y 112.056 en los primeros nueve meses de 2025, reflejando una tendencia sostenida de destrucción de empleo privado.

Mientras tanto, el gobierno sólo difunde los datos vinculados al empleo público, sin reconocer el impacto del ajuste en el mercado laboral privado, donde se concentran las mayores pérdidas.

Prestación por Desempleo: cifras y condiciones

El seguro de desempleo tiene una duración de entre 2 y 12 meses (hasta 18 meses para mayores de 45 años) y equivale al 75% del mejor salario de los últimos seis meses trabajados. En octubre de 2025, el beneficio osciló entre un mínimo de $161.100 y un máximo de $322.200, montos actualizados por la ANSES.

Durante septiembre de 2025, 100.344 personas cobraron esta prestación, con un promedio de $274.324, concentradas mayormente en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La prestación puede solicitarse ante ANSES dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido o finalización de contrato, de forma presencial o en línea a través de www.anses.gob.ar.

El caso que involucra a Federico “Fred” Machado acusado en Estados Unidos por fraude y vínculos con el narcotráfico, y recordado por haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019,comienza a generar ecos dentro del gobierno libertario.

Según pudo confirmar La Nación, Hernán Núñez, amigo y socio de Claudio “Lechuga” Ciccarelli, primo hermano de Machado, ocupa hoy un cargo en el Ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de la ministra Sandra Pettovello. Núñez fue designado en junio de 2024 al frente de la Agencia Territorial de Viedma, dependiente de la Secretaría de Trabajo, y su contrato continúa vigente tras sucesivas renovaciones semestrales.

La relación entre Núñez y Ciccarelli se remonta a los años en que ambos compartían la liga de básquet local. La amistad derivó, tiempo después, en negocios conjuntos: en 2023 crearon Gold and Sand SRL, una empresa minera registrada en el Boletín Oficial de Río Negro y habilitada para desarrollar todo tipo de actividades vinculadas a la explotación de minas y canteras.

Ciccarelli, por su parte, es un personaje clave en el entramado que une al narcoescándalo de Machado con figuras políticas y empresariales. En abril de 2019, fue uno de los anfitriones del acto en el que Espert presentó su libro en un hotel de Viedma, junto a Machado y el empresario Nicolás Tellic, impulsor de La Libertad Avanza en la zona y con vínculos con el gobierno provincial de Alberto Weretilneck.

En ese mismo evento, Ciccarelli habría puesto a disposición de Espert una camioneta Jeep Grand Cherokee para la campaña. El vehículo, según documentación oficial, había sido transferido a su nombre apenas dos semanas antes del acto, aunque la operación de compraventa se habría realizado meses antes en Buenos Aires. Todo indica que el traspaso se hizo por pedido directo de su primo, “Fred” Machado.

El primo del empresario, que actualmente percibe un salario del Ministerio de Turismo de Río Negro pero depende de la Legislatura provincial, mantiene todavía una relación laboral activa con el bloque Juntos Somos Río Negro, la fuerza de Weretilneck.

De origen humilde y exprofesor de básquet, Ciccarelli se reinventó como empresario de la construcción y la minería, exhibiendo en redes sociales un estilo de vida de lujo y ostentación. Su entorno, hoy, vuelve a quedar bajo la lupa: uno de sus socios cercanos trabaja dentro del gobierno nacional, en un área sensible del gabinete libertario.

El avance de las causas judiciales contra Machado y los vínculos que comienzan a emerger entre sus allegados y funcionarios actuales vuelven a poner el foco sobre los nexos entre política, negocios y narcotráfico, un entramado que parece extender sus raíces más allá del caso Espert.

La Policía Federal allanó este mediodía la casa del diputado José Luis Espert en el marco de una causa por presunto lavado de dinero, vinculada a las transferencias realizadas por el empresario Federico “Fred” Machado, señalado por sus nexos con el narcotráfico.

El operativo fue ordenado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien investiga movimientos financieros sospechosos entre Espert y Machado. La pesquisa ya había revelado una transferencia por 200 mil dólares que el legislador primero negó en varias ocasiones, pero luego terminó admitiendo.

Durante otro procedimiento en la vivienda de Machado, en Viedma, efectivos hallaron un contrato de un millón de dólares firmado en 2019 entre el empresario y el diputado. El documento, encontrado roto y manchado, fue reconstruido por la Policía y detalla pagos en cuotas de 100 mil dólares mensuales por supuestos servicios prestados por Espert.

El texto establece que, en caso de incumplimiento, el empresario podría exigir la devolución del dinero y someter cualquier controversia a la justicia ordinaria de Nueva York (EE.UU.). Según justifico el propio Espert, no devolvió los fondos pese a no haber concluido el trabajo, alegando como motivo la pandemia.

Escándalo político y judicial

El escándalo ya provocó que Espert renunciara a su candidatura y pidiera licencia en la Cámara baja, aunque con goce de sueldo. Ayer, el Congreso aprobó por amplia mayoría (215 votos) la solicitud del juez Mirabelli para profundizar las medidas de prueba, incluyendo un eventual allanamiento en el despacho del legislador.

En paralelo, Espert enfrenta otra causa en Comodoro Py, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscala Alejandra Mángano, por los vuelos que realizó en aeronaves pertenecientes a Machado.

La situación de Machado

Sobre Machado pesa un pedido de extradición de Estados Unidos, donde es requerido por lavado de dinero, estafas y narcotráfico. Esta semana, la Corte Suprema argentina autorizó finalmente la medida tras más de dos años de demora. El presidente Javier Milei anunció que firmará la extradición.