La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas minoristas de las pymes sufrieron en junio una caída del 6,7% respecto a mayo, lo que marca un retroceso significativo en un contexto de enfriamiento del consumo.

En la comparación interanual, la baja fue más leve, del 0,5%, aunque también refleja una tendencia preocupante.

El informe de CAME advierte que la situación económica de los comercios sigue siendo delicada: el 58,3% de los empresarios pyme considera que su actividad se mantuvo igual que el año pasado, mientras que un 27,5% afirmó que empeoró. Sin embargo, hay expectativas moderadamente positivas: el 50% cree que su situación mejorará en los próximos doce meses, frente a un 7,8% que espera un escenario más negativo.

Entre los rubros más afectados, se destacan calzado y marroquinería, con una caída del 5,2%, y textil e indumentaria, que retrocedieron 4,7% en ventas.

Feriados de junio: 30% menos de gasto turístico real

El turismo tampoco logró traccionar el consumo. Según CAME, durante los dos fines de semana largos de junio se movilizaron 2.162.750 turistas que gastaron $412.372 millones, pero a precios constantes eso implicó una caída del 30% frente a los mismos feriados del año pasado.

“El turista fue más austero”, señala el informe, destacando una reducción en el gasto en servicios recreativos, compras y, sobre todo, en la duración del viaje. La estadía promedio bajó de 2,9 noches en 2023 a 2,2 en 2024.

A pesar de los esfuerzos de las 24 provincias por atraer visitantes con eventos culturales, festivales regionales y propuestas gastronómicas, los números reflejan el impacto del deterioro del poder adquisitivo en el comportamiento del consumidor.

Desde que asumió, Milei suspendió obras clave que permitirían transportar ese gas a los centros de consumo. Esto no solo redujo la disponibilidad interna, sino que obligó al Estado a importar combustibles a precios tres veces superiores y en dólares, en un contexto de escasez de divisas.

Con temperaturas bajo cero en gran parte del país y una demanda energética en alza, la Argentina quedó esta semana sin gas. Industrias paralizadas, estaciones de GNC cerradas y hogares con suministro limitado. Pero lo más grave no es la emergencia actual, sino la causa estructural: el freno a obras de infraestructura fundamentales que el gobierno de Javier Milei paralizó deliberadamente al asumir.

Gas de sobra, infraestructura abandonada

En Vaca Muerta hay gas para más de 30 años de autoabastecimiento, con un excedente que podría generar saldos exportables millonarios. Sin embargo, la crisis de abastecimiento revela el profundo desacople entre una producción hidrocarburífera en niveles récord y una infraestructura inconclusa. El motivo es claro: el ajuste libertario y el freno total a la obra pública.

Desde que asumió, Milei suspendió obras clave que permitirían transportar ese gas a los centros de consumo. Esto no solo redujo la disponibilidad interna, sino que obligó al Estado a importar combustibles a precios tres veces superiores y en dólares, justo en un contexto de escasez de divisas.

Las obras paralizadas por Milei que agravaron la crisis

1. Finalización de las Plantas Compresoras del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK)
   Estas instalaciones permitirían duplicar la capacidad de transporte del gasoducto desde Vaca Muerta. Con un avance del 80% al final del gobierno anterior, fueron abandonadas por Milei pese a que su finalización costaba unos 50 millones de dólares. Hoy, por no terminarlas, el Estado deberá gastar más de 500 millones en importaciones de GNL.
2. Segundo Tramo del GPNK hasta San Jerónimo, Santa Fe
   La obra ampliaría significativamente el alcance del gas patagónico al centro y norte del país. Su paralización impide expandir la red nacional de gas natural y restringe tanto el consumo interno como las exportaciones.
3. Reversión del Gasoducto Norte
   Esta obra permitiría llevar gas de Vaca Muerta al noroeste argentino, reemplazando el suministro boliviano, que hoy cubre apenas una sexta parte del consumo de esa región. Aunque el gobierno anunció su reactivación, las obras avanzan con extrema lentitud. El proyecto contempla:
   • 123 km de nuevo tendido entre Tío Pujio y La Carlota
   • 62 km de ampliación del Gasoducto Norte
   • Adaptación de plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta
   A pesar de su urgencia, nada de esto estará operativo en el invierno de 2025.

¿Privados al rescate? Un modelo inviable

El modelo libertario que propone Milei —obra pública financiada 100% por privados— no tiene sustento real. Ni siquiera en Chile, país que el presidente usa como ejemplo, esto ocurre: solo el 15% de la obra pública es financiada por el sector privado. En Argentina, intentos anteriores como los PPP impulsados por Mauricio Macri fracasaron. Recién con intervención estatal, y gracias a fondos como el impuesto a las grandes fortunas de 2021, se avanzó con el GPNK.

Hoy, ningún actor privado quiere asumir el riesgo de financiar obras de semejante envergadura, menos aún con tarifas congeladas o inciertas y una economía en recesión.

El costo del ajuste: frío, parálisis y dependencia

Mientras se proclama un ajuste “heroico”, el freno a estas obras estratégicas no solo paraliza la economía, sino que incrementa la dependencia energética externa, desperdicia el potencial exportador de Vaca Muerta y deja sin gas a miles de argentinos. La pregunta es inevitable: ¿a dónde va la plata del ajuste y de la motosierra libertaria, si no se invierte en lo esencial?

El Gobierno de Javier Milei oficializó en las últimas horas dos medidas que van en línea con su agenda de ajuste fiscal y desregulación del mercado energético, en medio de la crisis de abastecimiento inédita de gas natural que golpea a buena parte del país.

En medio de una de las crisis más severas de abastecimiento de gas en años y con una ola de frío polar que afecta a buena parte del país, el Gobierno nacional decidió aplicar un nuevo aumento en el recargo que pagan los usuarios residenciales, una medida que impactará directamente en las facturas del servicio y en el precio de las garrafas en un momento extremadamente delicado para buena parte de la población.

El Ministerio de Economía, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), elevó del 6,2% al 6,4% la sobretasa que pagan más de la mitad de los hogares del país para financiar los subsidios del régimen de “zona fría”. Esta suba, que se oficializó mediante la Resolución 444/2025, se convierte en el tercer incremento consecutivo del año y se da en un contexto de fuerte presión sobre los usuarios que ya enfrentan inexplicables interrupciones en el suministro y aumentos acumulados.

También aumentan las garrafas

Además, el Gobierno eliminó los precios de referencia para las garrafas de gas licuado, que hasta ahora servían para contener los valores en zonas sin acceso a la red. Esto significa que el precio quedará totalmente liberado al mercado, una medida que, según especialistas, podría generar fuertes aumentos en regiones aisladas y con menor competencia golpeando especialmente a los sectores mas humildes que utilizan este tipo de suministro.

Ambas decisiones se enmarcan en el plan oficial de ajuste fiscal y desregulación del sector energético, que busca reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas. Sin embargo, el efecto directo es un mayor costo para millones de familias que dependen del gas para cocinar y calefaccionarse en pleno invierno.

La sobretasa por zona fría fue creada para reducir el impacto tarifario en regiones con climas más hostiles, pero su financiamiento proviene de un recargo sobre el resto de los usuarios del país. El actual Gobierno considera que el régimen, ampliado en 2021 para incluir a más provincias, es insostenible y está motivado por razones políticas más que climáticas. Por eso, analiza una posible reforma que podría dejar fuera del beneficio a numerosas localidades.

En paralelo, también se redujo el beneficio a usuarios que tenían más de un medidor bajo el régimen de zona fría: sólo el domicilio principal mantendrá el 50% de descuento, mientras que los adicionales recibirán un recorte al 30%.

La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) advirtió que la demanda de garrafas se disparó por las bajas temperaturas, y que el sector está trabajando al límite para sostener el abastecimiento. Según el Censo 2022, el 46,3% de la población argentina utiliza garrafas o cilindros como fuente principal de energía, lo que pone en evidencia la gravedad del impacto que podría tener la liberalización de precios en este segmento.

Así, mientras gran parte del país soporta temperaturas bajo cero y cortes de gas, las decisiones oficiales en nombre del ajuste fiscal trasladan más presión a los hogares, especialmente a los más vulnerables y a quienes viven fuera del sistema de redes.

La Fundación atiende a 3800 personas con hemofilia, casi el 80% de las personas que tienen esa patología en el país.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, sumó un nuevo capítulo al desmantelamiento del sistema sanitario. En una decisión que generó indignación generalizada, se eliminó un subsidio histórico que sostenía entre el 50% y el 70% del funcionamiento de la Fundación de la Hemofilia, una institución de referencia con más de 80 años de trayectoria en el país.

La medida, tomada de forma abrupta y sin alternativas de transición, pone en riesgo la continuidad de esta organización pionera en la atención, investigación y acompañamiento de personas que viven con hemofilia, una enfermedad crónica que requiere tratamientos especializados e interdisciplinarios.

Desde la Fundación lanzaron una “carta abierta a la comunidad” en la que advierten que la situación es crítica: “Hoy nos encontramos con la enorme limitación económica que nos trae la incertidumbre de si podremos continuar”. Denuncian que el Estado nacional les negó el subsidio sin previo aviso, impidiéndoles adaptarse o buscar soluciones sostenibles. “Este aporte hoy nos fue negado en forma abrupta, lo que no nos permite reinventarnos al ritmo que necesitaríamos”, lamenta el comunicado.

El impacto de la decisión se hizo sentir rápidamente en redes sociales, donde la frase “La crueldad avanza” se volvió eco del repudio generalizado. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, también se pronunció con dureza: “El gobierno nacional sigue todos los caminos posibles para continuar el desguace y desfinanciamiento del sistema de salud. Ahora, el turno de organizaciones de la sociedad civil que hace décadas trabajan en la atención, cuidado e investigación de pacientes con hemofilia”.

María Belén Robert, presidenta de la Fundación, expresó en diálogo con Radio 10: “Estamos pidiendo ayuda y una reconsideración por parte del Estado. Sabemos que podemos colaborar, pero exigimos que en salud se manejen otros conceptos, no es la suma ni la resta”.

Mientras tanto, la Fundación lanzó una campaña de emergencia para recibir donaciones individuales que les permitan seguir operando. “Hoy estamos en peligro”, advierten. El alias bancario para colaborar es SOMOS.FUNDACION.FH (Banco Nación).

Este nuevo acto de insensibilidad del gobierno de Javier Milei no solo ataca una institución fundamental para la salud pública, sino que expone el avance de una lógica despiadada que deja a miles de personas en una situación de extrema vulnerabilidad. La salud, nuevamente, es víctima del ajuste.

Se prevén desembolsos iniciales por algo más de 380 millones de dólares para la compra de vehículos blindados y otros equipamientos.

En medio de un contexto nacional marcado por recortes presupuestarios en áreas sensibles como la salud, la educación y la ciencia, el gobierno de Javier Milei avanza sin reparos en importantes desembolsos de fondos y endeudamiento para la compra de armas. Esta semana, el ministro de Defensa, Luis Petri, viajará a Washington para mantener una reunión de alto nivel con el jefe del Pentágono, Peter Hegseth, donde se discutirán nuevas compras de armamento que comprometerán cientos de millones de dólares.

El encuentro forma parte de la actualización del llamado “diálogo estratégico” entre Argentina y Estados Unidos, en el que se profundizará la cooperación en materia de defensa, ciberseguridad y ejercicios militares conjuntos. Sin embargo, uno de los ejes centrales de la visita será la negociación para la adquisición de vehículos blindados a rueda Stryker 8×8, fabricados por la empresa General Dynamics. La operación, según lo planteado por el propio gobierno en el presupuesto 2025, implicaría un desembolso inicial de más de 380 millones de dólares.

Esta compra se suma a la reciente incorporación de 24 cazas supersónicos F-16 adquiridos de segunda mano a Dinamarca, pero de origen estadounidense, en una operación que Petri calificó como “la más importante en décadas”. Ahora, Defensa planea adquirir 209 vehículos blindados en distintas versiones, incluyendo caza tanques, transportes de tropas y otras versiones especializadas, a través del programa estadounidense FMS (Foreign Military Sales), reservado para países aliados.

Mientras se afianzan los vínculos militares con Estados Unidos, el gobierno de La Libertad Avanza justifica internamente la necesidad de estas adquisiciones en nombre de la modernización del Ejército. Sin embargo, el contraste es evidente: mientras se ajustan partidas esenciales y se promueven discursos de “austeridad” y “sacrificio” hacia la ciudadanía, se destinan recursos públicos millonarios a la compra de armamento en el exterior y en desconexión con la propia industria de defensa.

El viaje de Petri al Pentágono, acompañado por el secretario de Asuntos Internacionales Juan Battaleme, se da además en un momento propicio para fortalecer los lazos geopolíticos con Washington. Allí también se avanzará en acuerdos sobre ciberdefensa, en base a un memorándum firmado en marzo, y en la participación de Argentina en ejercicios combinados como UNITAS, maniobras con fuerzas especiales estadounidenses en regiones extremas del país y la posible instalación de una base militar estadounidense en la Isla de Tierra del Fuego.

El plan de “rearme nacional”, diseñado y defendido por el gobierno de Milei, se presenta como un avance estratégico. Pero para vastos sectores de la sociedad, golpeados por el ajuste, representa una clara señal de prioridades invertidas: se congelan fondos para la salud pública, se desfinancia la investigación científica y se limita el acceso a la educación superior verdaderos multiplicadores de la soberanía nacional, mientras se destinan cientos de millones de dólares a equipamientos de dudosa utilidad ya que responden mas a los alineamientos geopolíticos de turno que a las reales necesidades del instrumento militar del país.

La empresa Molinos Río de la Plata no acató la conciliación obligatoria, y procederá a nuevos despidos, además presiona para aplicar una rebaja salarial.

El conflicto laboral en la planta de Molinos Río de la Plata, ubicada en Esteban Echeverría, atraviesa su momento más crítico. La empresa no solo continúa con el despido de trabajadores, sino que también desconoce abiertamente la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, mientras presiona para imponer una rebaja salarial bajo amenaza de cierre.

Según denunció el delegado sindical Luciano Greco, la empresa impide el reingreso del personal cesanteado y avanza en una ofensiva que combina ajuste de plantilla, deterioro de condiciones laborales y un intento de disciplinamiento gremial. “Desde el 18 de junio, Molinos no acata la conciliación obligatoria y continúa con los despidos. Ahora, además, buscan aplicar una baja salarial extorsiva: nos dicen que si no aceptamos, pueden cerrar la planta”, advirtió.

El conflicto comenzó el 9 de mayo con un primer recorte de personal. Sin embargo, la situación se agravó con seis nuevos despidos el pasado 17 de junio, lo que desencadenó un paro por tiempo indeterminado impulsado por la filial Buenos Aires del Sindicato de la Alimentación (STIA).

A la pérdida de puestos de trabajo se suma la intensificación de ritmos de producción con menos personal, lo que, según Greco, compromete la seguridad e higiene en la planta y pone en riesgo la salud de los trabajadores, al violar normativas vigentes.

Desde la Comisión Interna denuncian además que la empresa está llevando adelante una “segunda etapa de reforma laboral y sindical de hecho”, en sintonía con el clima político nacional. Entre sus objetivos estarían el desmantelamiento de la negociación colectiva, la eliminación de derechos adquiridos y el reemplazo de personal sindicalizado por mano de obra precarizada.

El conflicto sigue sin solución a la vista. Con trabajadores en estado de alerta y movilización permanente, el reclamo central sigue siendo claro: cumplimiento inmediato de la conciliación obligatoria y reincorporación de los despedidos.

El hecho, que fue registrado por un peatón y difundido en redes sociales, muestra a varios policías de la Ciudad y agentes rodeando al trabajador, mientras se escucha la indignación de testigos: “A los laburantes les hacen eso, vergüenza les tiene que dar“.

Un nuevo episodio de violencia institucional tuvo lugar en pleno corazón de Balvanera, frente a la estación Once del tren Sarmiento. Efectivos de la Policía de la Ciudad, junto a inspectores de Espacio Público, protagonizaron un operativo que terminó con el descarte intencional de los termos de café de un vendedor ambulante en una alcantarilla. Además, le incautaron una caja con facturas, dejándolo sin su fuente de ingreso.

El hecho, que fue registrado por un peatón y difundido en redes sociales, muestra a varios policías y agentes rodeando al trabajador, mientras se escucha la indignación de testigos: “A los laburantes les hacen eso, vergüenza les tiene que dar”.

Policía CABA y el Cafetero

Le tiraron los termos con leche, café, agua caliente y mate cocido a la alcantarilla.
Este hombre no robaba, trabajaba dignamente, para q otros laburantes pudieran tomar algo calentito por unas monedas.
Parece q ser pobre fuera un delito.
VERGÜENZA… pic.twitter.com/zNuXM1RAm8

— Juan Carlos (@27juancarlos27) July 1, 2025

Este tipo de escenas se repiten cada vez con más frecuencia desde que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzó su política de persecución hacia la venta ambulante, tras el desalojo de los manteros en octubre de 2024. En nombre del orden, se persigue y humilla a quienes solo intentan ganarse la vida en un contexto de profunda crisis económica.

La actitud de los efectivos no solo es injustificable, sino profundamente vergonzosa. Tirar a la basura el trabajo de un vendedor ambulante no es “hacer cumplir la ley”, es ejercer violencia contra los más vulnerables. Es criminalizar la necesidad de miles de personas que buscan sobrevivir en el dia a dia.

Estos operativos ya no sorprenden, pero siguen indignando. Urge una respuesta social y política que ponga freno a estas prácticas represivas. Porque la pobreza no se combate con uniformes, se enfrenta con justicia, dignidad y trabajo.

El régimen de incentivo sobre las exportaciones incrementales no se renovó como en años anteriores. Las automotrices hablan de perjuicio a la competitividad y riesgo de perder mercados

En una medida tan insólita como perjudicial para la industria nacional, el Gobierno decidió no renovar el régimen de exención de retenciones a las exportaciones incrementales del sector automotriz. A partir de julio, las terminales comenzarán a pagar derechos de exportación por los vehículos que superen el umbral establecido, afectando directamente a las empresas que más producen y más dólares generan para el país.

Desde 2021, se había implementado un esquema que liberaba del pago de retenciones a las exportaciones que superaran las 137.000 unidades anuales, con el objetivo de incentivar la producción nacional y fortalecer el ingreso de divisas. Este incentivo clave, que cada año se renovaba hacia mayo, quedó este 2025 en un limbo: el tope se alcanzó, pero la prórroga nunca llegó.

Una medida contra el que más produce

En lugar de premiar a quienes más exportan y generan empleo, esta decisión castiga precisamente a las automotrices más competitivas. “No sólo es un pésimo impuesto, sino un pésimo mensaje”, denuncian desde una terminal. El sistema, además, penaliza a quienes integran más componentes nacionales en sus vehículos, encareciendo aún más su producto final en los mercados externos. “Una locura que no se entiende”, lamentan en el sector.

Las retenciones, con una alícuota nominal del 4,5%, afectan desigualmente según el nivel de integración nacional de los vehículos. Aquellos con mayor contenido local terminan pagando más. En promedio, la carga efectiva ronda el 2,5%, pero puede llegar al 3,1% en los modelos con mayor producción nacional.

Riesgo real de perder mercados

Solo en mayo se exportaron más de 26.000 vehículos, y en lo que va del año ya se superaron las 130.000 unidades. Con el ritmo actual, el umbral de las 137.000 será sobrepasado justo al comenzar julio, obligando a las empresas a pagar retenciones por cada unidad adicional. “Esto nos pone en desventaja frente a competidores de otros países y amenaza nuestra posición en mercados clave. Recuperar un cliente perdido puede llevar años, si es que se recupera”, advierten desde una automotriz, recordando el caso de Ford y la Ranger en México.

Retroceso en plena crisis

Lo más preocupante es que esta medida contradice los esfuerzos recientes por mejorar la competitividad del sector exportador, en un contexto de estancamiento del mercado interno y necesidad de divisas. “Estuvimos trabajando con el Gobierno para bajar impuestos distorsivos. Esto es un paso atrás que tira por la borda todo lo avanzado”, afirman con frustración.

Lejos de promover la producción nacional y el agregado de valor, la falta de renovación del incentivo envía un mensaje desalentador: es más rentable importar componentes que desarrollarlos en el país. Y peor aún, se penaliza precisamente a las automotrices que más invierten, más integran proveedores locales y más exportan.

En un momento en el que la economía argentina necesita crecer y exportar más, el Gobierno da un golpe inesperado a una de las pocas industrias que aún genera empleo, tecnología y dólares genuinos. La falta de continuidad en una política que funcionaba no solo genera incertidumbre, sino que mina la competitividad de la industria automotriz nacional y pone en juego su presencia en el mundo.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, remarcó la gravedad de permitir que el destino del sector energético nacional quede en manos de tribunales extranjeros.

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, lanzó duras críticas al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, quien ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los demandantes por la nacionalización de la empresa realizada en 2012. En diálogo con El Destape 1070, Rucci reclamó una defensa firme de la soberanía energética y de los recursos naturales del país:

“Argentina puede apelar el fallo o directamente desconocerlo”, sostuvo.

Rucci remarcó la gravedad de permitir que el destino del sector energético nacional quede en manos de tribunales extranjeros, en especial en un contexto en el que el país busca potenciar su producción en Vaca Muerta.

“Las cortes extranjeras nunca van a fallar a favor de nuestro país. Poner un recurso estratégico como el energético en manos de un juez extranjero es inadmisible”, advirtió.
Y fue aún más categórico:
“Vivir de los fondos buitres es poner a la Argentina de rodillas ante los norteamericanos”.

El dirigente sindical, con amplia experiencia en el sector, advirtió sobre el modus operandi de los fondos especulativos:

🗨️ Marcelo Rucci se opinó sobre la noticia de la entrega del 51% de las acciones de YPF: "Esta dependencia de las Cortes extranjeras nunca van a favor de nuestro país porque históricamente nunca lo han hecho" pic.twitter.com/8eDE0xWn9C

— eldestape1070 (@eldestape_radio) June 30, 2025

“Ya sabemos cómo actúan los fondos buitres. Por eso, hay que litigar en la Argentina y defender nuestra soberanía jurídica”.

Críticas a la gestión energética y advertencia por el gasoducto

Además del reclamo geopolítico, Rucci apuntó contra el Gobierno por no avanzar en decisiones clave para el desarrollo energético del país. En ese sentido, expresó su preocupación por el estancamiento de la infraestructura de transporte de gas y petróleo.

“El gobierno no ha dado pasos para la reversión del gasoducto”, señaló.

“Las inversiones están puestas en los caños que van hacia Río Negro, pero estamos en un cuello de botella y no se puede sacar toda la producción”, agregó.

Para Rucci, el desarrollo de los hidrocarburos representa una de las principales salidas económicas para la Argentina:

“Una de las grandes salidas para este país es el gas y el petróleo. No creo que haya un gobierno que quiera desaprovechar esa posibilidad, pero hoy se lo está ignorando”.

Con sus declaraciones, Rucci no solo dejó en claro su rechazo al fallo judicial extranjero, sino que también llamó a una defensa activa de los intereses nacionales frente a presiones externas, en especial en el ámbito de los recursos estratégicos como el petróleo y el gas.

El gobernador encabezó este lunes en Berazategui la apertura de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses y aprovechó el acto para cuestionar al gobierno nacional por los recortes en deporte, cultura y educación.

Durante el lanzamiento oficial de los Juegos Bonaerenses 2025, el gobernador Axel Kicillof encabezó un acto cargado de contenido político, donde arremetió con fuerza contra los recortes impulsados por la administración de Javier Milei. Ante un auditorio colmado en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”, el mandatario bonaerense denunció el desfinanciamiento en áreas clave como el deporte, la cultura y la educación.

“Estamos en una época donde gobierna Javier Milei. Desfinanció a las universidades, al INCAA, al Instituto del Teatro. La motosierra se la están poniendo a la cultura argentina”, disparó Kicillof, elevando el tono frente a intendentes, funcionarios, deportistas y docentes presentes en el evento.

Sin escatimar en críticas, el gobernador también apuntó contra la lógica de gobierno del presidente: “El otro día lo escuché decir que el Estado no está para cumplirle los sueños a nadie. Eso se lo puede decir a un millonario, pero no a los millones de pibes y pibas de esta provincia que esperan estos Juegos para competir, disfrutar y tener más oportunidades”.

Una de sus frases más contundentes resonó con fuerza en la jornada:
“Plata hay, de a montones. Nada más que se la están dando a los que más tienen, a los que viven afuera, a los grandes empresarios. Yo tengo una regla: los recursos bonaerenses son para el pueblo de la Provincia”.

Kicillof también criticó el desmantelamiento de programas nacionales, como los Juegos Evita, y reivindicó la continuidad de los Juegos Bonaerenses como una política activa de inclusión y acceso. En sintonía, el ministro Andrés “Cuervo” Larroque denunció que “de 25 mil finalistas de la provincia, solo llevaron 8 mil. Gobernar para un tercio de la población es lo que tienen en la cabeza”.

El evento también tuvo espacio para reconocimientos: Tornquist recibió la Copa Comunidad, Lomas de Zamora la Copa Desafío Bonaerense, y se homenajeó a trabajadores históricos de la competencia. Kicillof celebró en sus redes sociales: “¡Felicitaciones por llevar en alto #LaPasiónDeLaProvincia!”.

Para cerrar, Kicillof recordó que esta competencia nació en 1992 y que, pese a los vaivenes políticos, la Provincia sigue apostando a la cultura y el deporte como políticas de Estado. “Que no les digan que no hay plata. El problema es que no quieren invertir en el pueblo”, remató.