Según especialistas se pierde un actor estratégico en momentos donde proliferan productos ultraprocesados, aditivos cuestionados y falsas promesas nutricionales en las góndolas.
En una nueva ofensiva contra los organismos técnicos y participativos del Estado, el gobierno de Javier Milei disolvió la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), una institución clave para la seguridad alimentaria en el país. Lo que antes se decidía en un espacio federal, científico y plural, ahora queda en manos de unos pocos funcionarios y empresas, sin instancias de debate ni control ciudadano.
El desmantelamiento de la CONAL fue formalizado a través del decreto 538/2025, que modifica el Código Alimentario Argentino y transfiere la toma de decisiones al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de ANMAT, y al SENASA. Aunque estos organismos cuentan con experiencia técnica, lo que desaparece con esta medida es la arquitectura participativa y federal que aseguraba una regulación equilibrada y orientada al bien público.
Durante décadas, la CONAL funcionó como un ámbito de construcción colectiva entre el Estado nacional, las provincias, la academia, sectores científicos y la industria. Allí se definían normas esenciales: qué puede considerarse alimento, bajo qué condiciones se produce y qué parámetros sanitarios debe cumplir para garantizar la salud de la población.
La eliminación de este espacio implica mucho más que una reestructuración administrativa: representa un retroceso en términos de transparencia, control social y resguardo del interés público frente a los intereses del mercado. El argumento oficial —”agilizar procesos” mediante plataformas como el SIFEGA— esconde el verdadero impacto: sin deliberación plural, el sistema alimentario argentino queda más expuesto a presiones corporativas y decisiones discrecionales.
Expertos y referentes del sector ya advierten las consecuencias: debilitamiento de los consensos sanitarios, pérdida de participación ciudadana y federal, y mayor opacidad en las decisiones regulatorias. Todo esto ocurre en un contexto donde proliferan alimentos ultraprocesados, aditivos controvertidos y estrategias publicitarias engañosas, especialmente dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
La decisión de eliminar la CONAL no fortalece la protección de los consumidores. Al contrario: desarma uno de los pocos espacios donde confluyen ciencia, salud pública, producción y territorio para garantizar que lo que llega a nuestras mesas sea seguro. En nombre de la eficiencia, el gobierno está sacrificando derechos fundamentales.
Golpe a la ley de etiquetado frontal: más marketing, menos salud
Este ataque a la seguridad alimentaria no es aislado. En paralelo, el gobierno de Milei avanzó en la flexibilización de la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021 con amplio consenso social y científico. La norma establecía sellos de advertencia para alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías, y regulaba la publicidad dirigida a niñas y niños, así como la oferta de productos en entornos escolares.
La modificación de su reglamentación —pese a las advertencias de organizaciones especializadas como la Fundación Interamericana del Corazón— debilitó varios puntos clave de la ley. Se redujo la información disponible para los consumidores y se flexibilizaron las estrategias de marketing, incluyendo el uso de personajes y técnicas de manipulación visual que apelan especialmente a la infancia.
“Con estos cambios, retrocedemos en políticas diseñadas para prevenir enfermedades crónicas y combatir la obesidad infantil, que en Argentina alcanza niveles alarmantes”, alertan desde el sector sanitario.
¿Quién define ahora qué es seguro comer?
La eliminación de la CONAL y el vaciamiento de la Ley de Etiquetado Frontal responden a una misma lógica: debilitar el rol del Estado como garante de derechos, en beneficio de un mercado cada vez menos regulado. En lugar de fortalecer los controles, se desmantelan. En lugar de escuchar a la ciencia, se prioriza la rentabilidad.
Lo que está en juego no es solo un modelo de gestión pública, sino la salud de millones de personas. Sin una regulación sólida, transparente y participativa, el acceso a alimentos seguros y de calidad deja de ser un derecho para convertirse en una cuestión de suerte.
