La vicepresidenta cruzó fuerte a Milei y le reclamó que le pague a los jubilados lo que corresponde y reduzca los gastos “en viajes y en la SIDE”.
Tras la polémica sesión en el Senado que habilitó la aprobación de leyes claves en materia previsional y de discapacidad, la vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con durezaa las críticas del presidente Javier Milei, quien la tildó de “traidora” por permitir el avance de proyectos que, según el Ejecutivo, atentan contra el equilibrio fiscal.
A través de sus redes sociales, Villarruel no solodefendió su accionar institucional, sino que además lanzó una serie de mensajes directos hacia la Casa Rosada. En uno de ellos, fue categórica:
“Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorren en viajes y en la SIDE y listo”, escribió en su cuenta de Instagram.
La tensión escaló luego de que el Senado aprobara iniciativas impulsadas por la oposición: un aumento en las jubilaciones, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. Ante esto, Villarruel dejó en claro quepriorizó las urgencias sociales por sobre la disciplina partidaria.
Frente a los cuestionamientos sobre su supuesta deslealtad al presidente, Villarruel contraatacó:
“¿Un presidente que no puede ni saludar a la persona con la que llegó al poder? Hacelo reclamar a él, que yo la educación no la pierdo nunca”, escribió en respuesta a un seguidor.
Y agregó, con tono irónico:
“No sé por qué no puso a la hermana o a la ‘Limones’, que a ustedes les gusta tanto”, en alusión a Karina Milei y la diputada Lilia Lemoine.
Villarruel también criticó la falta de diálogo dentro del Ejecutivo:
“Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente, podré saber cuáles son sus políticas, dado que no habla”, sostuvo.
En cuanto a los proyectos votados, la vicepresidenta argumentó que las iniciativas ya contaban con media sanción de Diputados y fueron tratadas con mayoría simple, pese a la controversia sobre los dos tercios que exige el reglamento para determinados temas.
“No sé por qué se ponen así conmigo y no con los responsables”, sentenció, en alusión directa al bloque oficialista que no logró frenar el tratamiento.
Las leyes aprobadas incluyen un aumento real del 7,2% para jubilaciones y pensiones, un incremento del bono de $70 mil a $110 mil ajustado por inflación, la reactivación de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.
Con este cruce, la tensión entre Villarruel y Milei alcanzó su punto más álgido desde el inicio del gobierno. La vicepresidenta rompió el silencio con un mensaje claro: su rol institucional está al servicio de quienes más lo necesitan, aunque eso implique incomodar al propio presidente.
Según un estudio realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la cantidad de locales vacios en la Ciudad de Buenos Aires registró una suba de 40% en relación al mismo período de 2024.
Un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reveló un preocupante aumento en la cantidad de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por los elevados costos operativos y la fuerte caída del consumo interno. Según el informe, el número de locales en alquiler, venta o cerrados creció más del 40% en comparación con el mismo período de 2024.
Durante el tercer bimestre de 2025, se detectaron 238 locales vacíos en las principales áreas comerciales porteñas. Esto representa un incremento del12,3% con respecto a marzo-abril de este año, cuando se habían registrado 212 locales sin actividad. En la comparación interanual, la suba es aún más alarmante, con un salto del 40% frente a los datos de mayo-junio de 2024.
Este aumento refleja un escenario adverso para el comercio minorista, golpeado por alquileres cada vez más altos, gastos de mantenimiento en alza y una demanda que no repunta. En ese contexto, muchos comercios se ven obligados a cerrar o a abandonar sus espacios físicos.
El estudio, que se realiza de manera periódica desde 2014, relevó los principales corredores comerciales de la ciudad. Se observaron retrocesos significativos en arterias comoAv. Córdoba (4000-5300), Av. Rivadavia (en varios tramos) y la peatonal Florida, tradicionalmente zonas de alto tránsito y actividad comercial. Por otro lado, hubo mejoras leves en avenidas como Cabildo, Corrientes, Santa Fe, Avellaneda y Pueyrredón, aunque no compensan la tendencia general.
En cuanto a la modalidad de disponibilidad, los locales en alquiler mostraron un aumento interanual del 18,9%, mientras que los locales en venta subieron un 37,5% respecto a mayo-junio del año pasado, evidenciando una creciente dificultad para sostener emprendimientos en pie.
Este panorama pone en evidencia las consecuencias de un contexto económico crítico, que continúa afectando al comercio urbano y profundizando el proceso de vaciamiento de locales en una ciudad históricamente dinámica.
La Cámara Federal de San Martín anuló la resolución del Ministerio de Economía que afectaba la autonomía municipal, el fallo destacó que la resolución de Caputo impedía a los municipios realizar inversiones en áreas clave como la salud y la educación.
El Gobierno de Javier Milei sufrió una nueva derrota en los tribunales. La Cámara Federal de San Martín declaró la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Economía que restringía el cobro de tasas municipales, al considerar que atentaba contra la autonomía de los municipios y generaba ungrave perjuicio social.
El fallo representa un duro golpe para las ambiciones del oficialismo, que intentaba avanzar con una normativa que impedía a los municipios incluir ciertos conceptos en sus tasas si no estaban directamente vinculados con servicios contratados. Esto generó un fuerte rechazo por parte de intendentes, quienes advirtieron que la medida ponía en jaque el financiamiento de servicios esenciales como la recolección de residuos, obras públicas, salud, y mantenimiento de infraestructura.
Uno de los primeros en alzar la voz fue el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien denunció que la medida del Ministerio de Economía —bajo la conducción de Luis Caputo— desfinanciaba deliberadamente a los gobiernos locales. Gracias a la intervención judicial, se destraban ahora obras que estaban paralizadas en su distrito debido a la resolución anulada.
La sentencia judicial no solo reafirma el principio constitucional de la autonomía municipal, sino que también cuestiona el intento del Gobierno nacional de condicionar a los municipios mediante recortes que —según los intendentes— buscan forzarlos a adherir a las políticas de ajuste de La Libertad Avanza.
La Federación Argentina de Municipios (FAM), que agrupa a más de 500 jefes y jefas comunales de todo el país, había advertido con firmeza sobre el carácter inconstitucional de la resolución. En un documento conjunto, los intendentes señalaron que la medida del Ministerio de Economía evidenciaba un “profundo desconocimiento del federalismo y de la Constitución Nacional”, al intentar debilitar las potestades tributarias de los municipios.
“El ministro Caputo desconoce por completo la economía real de una comuna”, expresaron en el comunicado, y lo acusaron de“intentar desviar la atención con fake news económicas” para responsabilizar a las tasas municipales del aumento del costo de vida, cuando los verdaderos responsables —sostienen— son los tarifazos impulsados por el propio Gobierno.
Además, los intendentes advirtieron que eliminar las facultades tributarias de los municipios equivale a condenar a millones de vecinos y vecinas a un deterioro severo en servicios clave como salud, educación, seguridad y asistencia social.
Con este fallo, la Justicia vuelve a poner un freno a una política nacional que busca recentralizar recursos a costa de los gobiernos locales. Se trata de otra señal de advertencia al Ejecutivo, en un contexto de creciente conflictividad institucional y social.
Luego del duro informe emitido por JP Morgan sobre la situación económica y política en Argentina, ahora es Wells Fargo, otro actor relevante del sistema financiero internacional, quien prende una luz de alerta.
Durante una reciente visita al país, directivos del banco estadounidense advirtieron sobre un escenario local complejo, con “sacudones fuertes” en el horizonte, y redujeron en 15 puntos la probabilidad de que los libertarios ganen con contundencia en las elecciones legislativas de octubre.
Aunque el informe de Wells Fargo reconoce “los éxitos económicos” en favor del sector financiero logrados hasta ahora por el gobierno de Javier Milei y su agenda de reformas, también enfatiza los riesgos políticoscrecientes y una caída en el entusiasmo empresarial local. Antes de su visita, el banco estimaba un 80% de posibilidades de triunfo para los libertarios con más del 40% de los votos. Sin embargo, tras reunirse con empresarios y capitales nacionales, esa proyección se ajustó a un 65%, marcando un escenario más competitivode cara a los comicios.
Además, el banco estadounidense subraya que, incluso en caso de una victoria, Milei deberáconstruir alianzas políticas para poder sostener e impulsar reformas estructurales. “Aunque todos en el sector privado con quienes hablamos reconocieron los éxitos de la agenda de reformas de Milei hasta la fecha, la mayoría manifestó distintos grados de descontento, al menos con la percepción de su retórica conflictiva”, señala el reporte.
Wells Fargo también recoge una percepción compartida por varios entrevistados: el triunfo de Milei en 2023 respondió más a un voto de rechazo al establishment político que a un apoyo genuino a su figura o su programa.
Al igual que JP Morgan, Wells Fargo advierte sobre los riesgos asociados a la baja participación electoral, especialmente en distritos clave como la provincia de Buenos Aires. Este fenómeno —coinciden ambos bancos— podría debilitar el respaldo real del gobierno y comprometer su capacidad para avanzar con su proyecto económico.
En resumen, el mensaje de Wells Fargo es claro: aunque el oficialismo aún conserva chances de imponerse en octubre, el contexto se ha tornado más incierto, y el respaldo político ya no es tan firme como lo era hace solo unos meses.
La histórica fabricante de termos pasó de 200 a 70 empleados y se vio obligada a importar el 60% de sus productos desde China, para sobrevivir. Otra triste postal de la Argentina libertaria.
La histórica fábrica argentina Lumilagro, símbolo del mate y emblema de la industria nacional, atraviesa una crisis sin precedentes. Presionada por la apertura comercial sin restricciones y el avance del contrabando, la empresa se vio obligada a reducir su planta de 200 a solo 70 trabajadores y a importar el 60% de sus productos desde China para poder subsistir.
La situación de Lumilagro expone con crudeza el impacto de las actuales políticas económicas sobre el tejido productivo argentino. “La alternativa era adaptarse o desaparecer”, admitió el gerente comercial, Carlos Bender, en una entrevista con Infobae. Ante un mercado saturado por productos asiáticos de bajo costo —muchos de ellos ingresados de forma ilegal—, la firma decidió adoptar un modelo mixto: conservar parte de su producción nacional, pero resignarse a depender mayoritariamente de la importación.
De fabricar termos a importar para sobrevivir
La decisión de tercerizar el 60% de la producción en China, con control de diseño y calidad por parte de la marca, busca mantener a Lumilagro en el mercado ante un escenario cada vez más adverso. La producción local quedará reducida a su clásico termo con ampolla de vidrio y una pequeña línea de acero inoxidable, que hoy representa apenas el 40% del total.
Caída de ventas, pérdida de empleo y desindustrialización
En los últimos años, Lumilagro aplicó un plan de retiros voluntarios que llevó su dotación de personal de cerca de 200 empleados a poco más de 70. La caída del consumo interno, la pérdida de competitividad frente a importaciones baratas y la inundación de termos por contrabando dejaron sin margen de maniobra a la firma.
La situación se agravó con el recientelevantamiento de los aranceles antidumpingpara termos chinos, vigente desde 2001, que desprotegía a la producción nacional frente al dumping comercial. Según datos de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, entre 2021 y 2024 la industria sufrió caídas del 26,5% en producción, 32% en ventas internas, 31% en empleo y una reducción del uso de capacidad instalada del 51% al 21%.
Contrabando sin freno
El contrabando también golpea fuerte. Bender reveló que, según datos oficiales de Bolivia, ese país —sin una tradición matera— importó en un año más de 4 millones de termos de acero desde Chinaa precios extremadamente bajos. La sospecha es clara: gran parte de esos productos ingresaron ilegalmente a Argentina. “No hay controles reales en las fronteras y en las góndolas es imposible distinguir qué es legal y qué no”, advirtió el gerente.
Una transformación forzada
En medio de la desprotección y la falta de incentivos, Lumilagro optó por transformarse para no desaparecer. El giro en su modelo de negocio refleja una tendencia creciente en la industria nacional: abandonar la producción local y recurrir a la importación como única vía de supervivencia.
La empresa toma esta decisión mientras el Gobierno, a través de figuras como el ministro Federico Sturzenegger, profundiza su ofensiva contra los subsidios y las políticas de protección industrial. La tensión con los sectores fabriles crece, y los sindicatos advierten que la pérdida de empleos ya es crítica.
Lo que ocurre con Lumilagro no es un caso aislado. Es el síntoma de un proceso más amplio de desindustrialización, donde marcas emblemáticas se ven forzadas a renunciar a su identidad productiva para sobrevivir en un mercado sin reglas claras ni condiciones de competencia justa.
El exjuez de la Corte Suprema y exsenador Juan Carlos Maqueda brindó un análisis contundente sobre la sesión del Senado celebrada este jueves: “Fue perfectamente válida”, afirmó, refutando así los cuestionamientos esgrimidos por el presidente Javier Milei y otros referentes del oficialismo.
Maqueda sostuvo que no existe ningún motivo legal para judicializar lo ocurrido en el Congreso. “No sé por qué el Presidente habla de recurrir a la Justicia”, señaló, dejando en claro que la sesión respetó los procedimientos parlamentarios. Además, advirtió que la falta de diálogo del Ejecutivo fue un factor determinante en el conflicto legislativo: “Esto se veía venir. Es una situación provocada por la actitud del Gobierno”, dijo.
Las declaraciones de Maqueda en el programa La Voz En Vivo echan por tierra los argumentos del oficialismo, que tras la aprobación de una serie de leyes con alto impacto social –incluidas las referidas a jubilaciones y discapacidad–, insinuó la posibilidad de impugnarlas en la Justicia o revertirlas tras las elecciones legislativas de diciembre.
“El daño que pudieran causar sería mínimo, una mancha de dos meses, porque en diciembre se las vamos a revertir”, había dicho Milei, quien también adelantó la posibilidad de vetar las leyes aprobadas.
Sin embargo, para Maqueda, “en algún momento los legisladores se iban a tener que hacer cargo de tocar temas sociales”, reafirmando así el rol institucional del Congreso y deslegitimando cualquier intento de judicializar una acción legislativa válida y constitucional.
Un grupo de militantes libertarios que responden directamente al entorno presidencial, desplegaron una violenta narrativa en las redes sociales donde pidieron sacar “tanques a la calle” y crear “milicias populares armadas” para destruir al Congreso Nacional.
Tras sufrir una de las derrotas parlamentarias más contundentes desde el inicio de su gestión, el entorno de Javier Milei activó un preocupante operativo de deslegitimación del Congreso con llamados abiertos a la violencia política. Influencers y referentes libertarios cercanos al Presidente desplegaron en redes sociales un discurso de extrema agresividad que incluyó expresiones como “dinamitar el Congreso con diputados y senadores adentro”, “sacar tanques a la calle” y hasta convocar a la creación de “milicias populares armadas” para revocar la suba a las jubilaciones votada por el Legislativo.
Uno de los mensajes más escalofriantes fue publicado por el militante y autodenominado periodista “independiente” Fran Fijap, uno de los principales voceros digitales del oficialismo, quien exigió sin eufemismos: “Hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro”. Este tipo de declaraciones, lejos de ser aisladas, fueron replicadas por múltiples figuras cercanas a La Libertad Avanza, en una escalada que recuerda los peores pasajes de gobiernos autoritarios.
HAY QUE DINAMITAR TODO EL CONGRESO, CON DIPUTADOS Y SENADORES ADENTRO.
También se sumó Daniel Parisini, alias “El Gordo Dan”, líder de la agrupación oficialista Las Fuerzas del Cielo y creador del denominado “brazo armado” de La Libertad Avanza, estehabitual propagandista en redes del proyecto mileísta. En una serie de posteos incendiarios, pidió directamente la intervención militar: “Los tanques a la calle ya. Es ahora”, “Metan todos los tanques adentro del Congreso”, y “El momento ha llegado”. Parisini, que condujo el programa de streaming “La Misa” —espacio en el que el propio Milei dio su entrevista más extensa como presidente—, es una figura central en la maquinaria digital oficialista y que es señalado por financiarse de la caja del Estado.
Otro de los impulsores de este relato de ruptura institucional fue el troll libertario conocido como “El Trumpista”, quien propuso:“El Javo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”.
El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso.
Estos mensajes no sólo constituyen un ataque directo a las instituciones democráticas, sino que reproducen con inquietante similitud el discurso de movimientos extremistas y dictaduras del pasado, donde se glorificaba la violencia como forma de imponer un modelo político único y autoritario.
Un contexto peligroso y de consecuencias impredecibles
Frente a este escenario, se encienden alarmas sobre el rol del poder ejecutivo en la promoción o tolerancia de este tipo de expresiones, que ponen en riesgo la convivencia democrática y alimentan un clima de odio que podría derivar en hechos concretos de violencia política en un contexto en el que además el gobierno busca facilitar el acceso a las armas a ciertos sectores de la población y trata de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra un “enemigo interno”, reviviendo los peores fantasmas del pasado argentino.
Lo que comenzó como una reacción frente a una derrota legislativa, se ha transformado en una amenaza explícita contra las bases del sistema republicano.
Como parte de su alineamiento con los Estados Unidos, el gobierno libertario sigue adelante con su agenda de compras militares y busca ampliar la cobertura aérea del Ejército. Aprovecha la sintonía con EE.UU.
En un momento en que el presidente Javier Milei se alista para vetar el paquete de leyes aprobado por el Congreso —entre ellas, iniciativas clave para recomponer los ingresos de jubilados y sectores postergados—, el Gobierno nacional profundiza su política de rearme con nuevas adquisiciones millonarias. Esta vez, el objetivo es hacerse con una flota de helicópteros pesados CH-53G que Alemania planea dar de baja luego de intensas décadas de uso.
Tras la compra de blindados estadounidenses y cazas F-16 de segunda mano operados por Dinamarca, la administración libertaria apunta ahora a intensificar su alineamiento con Washington adquiriendo mas armas de ese origen aunque desarrolladas en los años 60.
El helicóptero pesado CH53
Si bien actualizadas hasta hace poco tiempo con mejoras que incluyeron tres actualizaciones principales: la incorporación de nuevos sistemas de alerta y defensa contra misiles enemigos; la posibilidad de añadir dos tanques de combustible externos para ampliar su autonomía hasta los 1.800 km, manteniendo la capacidad de transportar a 36 soldados armados o una carga de 5.500 kg; y la instalación de un sistema de visión nocturna en la cabina del piloto, lo que permite realizar vuelos furtivos a baja altitud durante la noche. Lo cierto es que se trata de helicópteros pesados con varias décadas de uso y cuya operatoria y mantenimiento advierten especialistas seria extremadamente oneroso considerando el magro presupuesto de defensa actualincluso muchos entendidos en el tema anticipan que podría desistirse de la comprapor su inconveniencia.
Alemania llego a operar más de 100 helicópteros de este tipo que utilizo en las campañas bajo mando de la OTAN en Kosovo y Afganistán, la gran mayoría ya fueron dados de baja.
El operativo de compra se enmarca en la reciente visita del ministro de Defensa, Luis Petri, al Pentágono y en el alineamiento geopolítico del gobierno de Milei con Estados Unidos, la OTAN y sectores ligados a Donald Trump. Este vínculo no solo habría facilitado acuerdos anteriores, sino que también abriría la puerta a futuras adquisiciones como submarinos franceses, actualmente en negociación y otros equipamientos excedentes de las fuerzas estadounidenses como ser vehículos M109 de artillería, M113 A3, Humvee, Oshkosh JLTV, embarcaciones y otras aeronaves de ala fija y rotatoria, etc.
Si bien el precio actual de los helicópteros no ha sido confirmado, su valor original rondaba los 25 millones de dólares por unidad hace una década. Aun con un costo reducido por tratarse de unidades usadas, la compra implicará una fuerte erogación de divisas en un contexto donde el mismo Gobierno impone recortes extremos al gasto social y frena, mediante vetos, medidas que podrían aliviar a los sectores más golpeados por la crisis.
Así, mientras se desfinancia el sistema de ciencia y tecnología, la educación y detiene la ayuda a jubilados y otras poblaciones vulnerables bajo el argumento del ajuste fiscal, se avanza sin demoras en una política de rearme de dudosa virtuosidad que no escatima en desembolsar millones y comprometer pagos futuros vía créditos.
Lo que comenzó como una derrota legislativa del oficialismo en el Senado terminó convirtiéndose en un escándalo político sin precedentes dentro del gobierno de Javier Milei.
Lo que comenzó como una derrota legislativa en el Senado terminó convirtiéndose en un escándalo político sin precedentes dentro del gobierno de Javier Milei. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich protagonizaron un violento intercambio de agravios en redes sociales, dejando al desnudo las profundas fisuras internas que atraviesan al oficialismo.
Todo se desató tras la sesión parlamentaria en la que el oficialismo sufrió un nuevo revés. Bullrich, visiblemente molesta, cargó contra Villarruel por haber habilitado el debate de proyectos impulsados por la oposición. Desde su cuenta en X, acusó a la vicepresidenta de ser “cómplice del kirchnerismo destructor” y la instó a no “denigrar la institución” que preside.
Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia.
La respuesta de Villarruel no solo fue fulminante, sino también cargada de insinuaciones personales y políticas. En su descargo, reivindicó su rol institucional y acusó a Bullrich de ignorar la Constitución. “Antes de hacerse la picante, repase la Constitución Nacional”, escribió, remarcando que su decisión de abrir la sesión fue “estrictamente reglamentaria, de legalidad e institucionalidad democrática”.
Pero la discusión no quedó en lo institucional. Villarruel fue más allá y desempolvó el pasado político de Bullrich: “Mientras usted pululaba de partido en partido, yo combatía al kirchnerismo”, lanzó, en una clara alusión al pasado montonero de la ministra en los años setenta.
Como si fuera poco, la vicepresidenta dejó entrever su malestar con la Casa Rosada: “No me votaron para levantarme cuando las papas queman o cuando el Ejecutivo recuerda que soy Vicepresidente”. Una frase que sonó a reproche directo hacia el presidente Milei, alimentando los rumores sobre su creciente aislamiento dentro del gobierno.
Aprovecho para aclarar que el H. Senado como Cuerpo es soberano conforme la Constitución Nacional y el sistema republicano de gobierno. El ejercicio de mi función no implica la convalidación de ningún acto ya que son los senadores, en representación de los intereses de sus…
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 10, 2025
Lejos de calmar las aguas, Bullrich volvió a la carga con tono sarcástico y acusatorio: “¿Qué pretende usted, Victoria? ¿Que la llamen para darle palmaditas en la espalda?”. Incluso llegó a insinuar que la decisión de Villarruel de habilitar la sesión respondía más a una herida personal que a un criterio institucional: “Le importa más su ego que el país”.
El bochornoso cruce entre dos de las principales figuras del oficialismo no solo desató una crisis política interna, sino que expuso con crudeza el nivel de descomposición y descoordinación en la cúpula del gobierno libertario. En lugar de cerrar filas tras un revés legislativo, el oficialismo quedó sumido en una pelea de alto voltaje, con reproches públicos, ataques personales y una grieta que ya no se puede disimular.
Mientras la oposición y el mundo observan con asombro el espectáculo, crece la preocupación dentro del propio oficialismo: la disputa no fue solo un malentendido ocasional, sino un síntoma evidente de un gobierno partido en dos y cada dia mas violento en su retorica.
El presidente del vecino país respondió al chantaje de Donald Trump y recalcó que “la soberanía, el respeto y la defensa intransigente de los intereses del pueblo brasileño son los valores que guían nuestra relación con el mundo”.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió con dureza y determinación al nuevo paquete de aranceles anunciados por Donald Trump, dejando en claro que su gobierno no permitirá amenazas ni chantajes económicos:
“Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán ser tuteladas por nadie”, afirmó categóricamente.
Las declaraciones de Lula llegaron poco después de que Trump anunciara un arancel del 50 % a todos los productos brasileños, como represalia por lo que calificó como una “caza de brujas” contra Jair Bolsonaro uno de los principales títeres de Trump en la región. El mandatario brasileño no tardó en responder:
“La soberanía, el respeto y la defensa intransigente de los intereses del pueblo brasileño son los valores que guían nuestra relación con el mundo”, sostuvo a través de su cuenta oficial en la red X.
En un comunicado oficial, Lula también rechazó la intromisión de Trump en los asuntos internos de Brasil, recordando que el proceso judicial contra Bolsonaro y los responsables del intento de golpe de Estado es competencia exclusiva del Poder Judicial brasileño:
“No está sujeto a ningún tipo de interferencia o amenaza que ponga en peligro la independencia de nuestras instituciones”.
Frente al arancel unilateral, Lula advirtió que su gobierno actuará con firmeza y reciprocidad. Invocó la Ley Brasileña de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso en abril, que habilita al Ejecutivo a aplicar contramedidas arancelarias a países que interfieran en la soberanía nacional o dañen la competitividad internacional de Brasil.
Además, desmontó el argumento de Trump sobre un supuesto déficit comercial de EE. UU. frente a Brasil:
“Esa narrativa es falsa. Las propias estadísticas del Gobierno norteamericano muestran un superávit de 410.000 millones de dólares en bienes y servicios con Brasil en los últimos 15 años”, puntualizó Lula.
Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump apresentada em uma rede social, na tarde desta-quarta (9), é importante ressaltar:
O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém.
La arremetida de Trump no solo alcanzó a Brasil: también impuso nuevos aranceles a Japón y Corea del Sur (25 %), y anunció tarifas adicionales —de entre el 25 % y el 40 %— para otros doce países. Sin embargo, la medida contra Brasil se destacó por ser la más severa en esta nueva escalada proteccionista.
Con su declaración, Lula marca un límite claro: Brasil no cederá ante presiones externas ni permitirá que decisiones soberanas sean condicionadas por amenazas económicas extranjeras.
