En un fallo histórico, la Justicia invalidó el DNU 340/2025, que restringía derechos fundamentales como la libertad sindical y el derecho de huelga. La CGT celebró la decisión que refuerza la división de poderes y marca un límite claro al Ejecutivo libertario.

En un fallo categórico y definitivo, la Justicia laboral propinó un durísimo revés al gobierno de Javier Milei: declaró la inconstitucionalidad del DNU 340/2025, que intentaba restringir el derecho a huelga y la libertad sindical. La sentencia, dictada el 30 de junio por la jueza Moira Fullana, constituye un golpazo judicial que refuerza los límites constitucionales del Poder Ejecutivo y blinda los derechos laborales.

El fallo invalida los artículos 2 y 3 del decreto que pretendía imponer severas restricciones al derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales”. Según la Justicia, el gobierno libertario violó no solo la Constitución Nacional sino también tratados internacionales que protegen la libertad sindical y los derechos de los trabajadores.

Un decreto inconstitucional y sin justificación

La acción fue impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), que denunció que el DNU avanzaba sobre facultades exclusivas del Congreso –en pleno funcionamiento– y atacaba de forma directa el derecho a huelga garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución, el Convenio 87 de la OIT y otros instrumentos internacionales.

La jueza Fullana remarcó que el Ejecutivo no justificó la supuesta urgencia ni las condiciones excepcionales requeridas para legislar por decreto, lo que dejó al DNU sin sustento legal. “El artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional no deja margen de interpretación: el Poder Ejecutivo no puede legislar por decreto salvo en situaciones extraordinarias, y este no fue el caso”, expresó en los fundamentos.

Además, el decreto imponía servicios mínimos del 50% al 75% en sectores como la Marina Mercante y actividades conexas, lo cual fue considerado una “avanzada regresiva” por parte de la CGT y una clara erosión de la libertad sindical.

Impacto político y laboral

El fallo es más que una resolución judicial: es un freno institucional al autoritarismo normativo del gobierno de Milei, que busca concentrar poder mediante decretos sin aval legislativo. La CGT celebró el fallo como una victoria en defensa de los derechos laborales y la división de poderes. “Este fallo no solo derriba el DNU, sino que deja en claro que no todo vale en nombre del ajuste o la emergencia”, declaró un vocero sindical.

La jueza también señaló que la ampliación de más de 60 sectores como “esenciales” desbordaba tanto la legislación nacional como los estándares internacionales. “La libertad sindical no puede ser erosionada bajo pretextos de emergencia económica o sectorial”, sentenció.

Próximos pasos y tensión institucional

El gobierno aún no reaccionó oficialmente, pero se prevé que apelará ante la Corte Suprema, que ya tiene pendiente pronunciarse sobre otro decreto clave del oficialismo: el controvertido DNU 70/2023.

Mientras tanto, la Justicia impuso costas al Estado y fijó honorarios legales elevados, en lo que constituye también una sanción económica al intento del Ejecutivo de legislar por decreto en detrimento de los derechos sociales.

El fallo de Fullana representa una alerta temprana frente a los intentos del gobierno de gobernar por fuera del Congreso. La sentencia deja un mensaje claro: ni la urgencia autodeclarada ni la ideología de mercado justifican la vulneración de derechos constitucionales.

El banco más influyente de Wall Street encendió una señal de alarma sobre el rumbo económico de la Argentina. En un giro respecto de su postura previa, JP Morgan recomendó a los inversores desarmar posiciones en bonos en pesos y refugiarse en dólares, citando preocupaciones por la fragilidad cambiaria y el incierto panorama político.

El informe, titulado “Tomándose un respiro”, refleja un volantazo en la estrategia del banco, que hasta hace pocas semanas mantenía una posición favorable al carry trade argentino, alentado por la estabilidad del tipo de cambio y la promesa de desinflación.

“Preferimos dar un paso atrás y esperar mejores niveles de entrada para volver a posicionarnos”, señalaron los economistas de JP Morgan, aludiendo a factores como el fin del pico de ingresos del agro, la presión por la salida de dólares vía turismo, y señales de intervención en el mercado de futuros.

En abril, tras el levantamiento parcial del cepo y la implementación de un nuevo régimen cambiario, el banco había apostado por instrumentos en pesos a corto plazo, anticipando una brecha cambiaria acotada y un escenario más predecible. Esa apuesta ahora parece haberse agotado.

Aunque la entidad mantiene una mirada optimista para el mediano plazo —destacando avances fiscales y desaceleración inflacionaria—, considera que el contexto actual amerita cautela. “Estamos tomando ganancias y reduciendo exposición”, concluyó el informe.

La recomendación de JP Morgan marca un fuerte cambio de clima entre los grandes jugadores financieros y pone en duda la estabilidad del esquema económico argentino a corto plazo.

Lejos de disipar las dudas, colocan en el centro de la escena al presidente argentino Javier Milei, a quien Davis responsabilizó por el derrumbe del proyecto y la pérdida de millones de dólares de pequeños inversores.

La investigación judicial por el colapso de la criptomoneda $LIBRA dio un giro decisivo en las últimas horas, luego de que Hayden Davis, el empresario estadounidense sindicado como el creador del proyecto, declarara ante la Justicia federal de Nueva York. En una comparecencia esperada, Davis apuntó directamente al presidente argentino Javier Milei, a quien responsabilizó por el derrumbe del token y las millonarias pérdidas sufridas por miles de pequeños inversores.

“La eliminación del posteo alimentó las sospechas de fraude y destruyó la confianza en $LIBRA”, afirmó Davis ante el tribunal, en referencia al mensaje que Milei había publicado —y luego borrado— en la red social X, donde inicialmente promocionó el proyecto.

En su testimonio, Davis negó que $LIBRA haya sido una estafa. Aseguró que la criptomoneda nació como una iniciativa legítima, destinada a impulsar a pequeñas empresas y financiar proyectos educativos en Argentina. Según su relato, la caída fue consecuencia directa del retiro público del respaldo presidencial y de la posterior intervención judicial, que paralizó el desarrollo del token.

Además, el empresario se desligó de los llamados “snipers”, inversores que compraron masivamente en el lanzamiento del token para luego vender con ganancias rápidas. “No tenía conocimiento previo de su existencia ni vínculo alguno con ellos”, declaró, en un intento por desmarcarse de las acusaciones de manipulación del mercado.

Davis también buscó limitar el alcance territorial del caso. Sostuvo que no participó en la administración del sitio web del proyecto desde Nueva York ni dirigió campañas promocionales en ese estado.

Aunque Javier Milei no figura como imputado en la causa, su nombre quedó en el centro de la escena judicial y mediática. Las declaraciones de Davis abren un debate profundo sobre la responsabilidad política y ética del mandatario frente a un escándalo que afectó a miles de ahorristas.

Mientras tanto, la Justicia de EE.UU. mantiene congelados cerca de 60 millones de dólares en criptoactivos vinculados al caso. La investigación continúa para determinar si hubo delitos financieros, manipulación del mercado o uso de información privilegiada en la operatoria de $LIBRA.

Gildo Insfrán, ratificó su dominio electoral bajo el sello del Partido Justicialista, sacando casi el 67% de los votos. Cristina celebró el triunfo del PJ y felicitó al gobernador formoseño en las redes sociales. 

El gobernador Gildo Insfrán volvió a demostrar su indiscutido liderazgo político en Formosa. En unas elecciones legislativas donde por primera vez se aplicó la Ley de Lemas, el Partido Justicialista logró un abrumador respaldo popular al alcanzar el 66,88% de los votos válidos, con el 75% de las mesas escrutadas.

Bajo el lema Frente de la Victoria, el justicialismo se impuso con claridad y ratificó su hegemonía electoral en la provincia del norte, consolidando el mandato de Insfrán y asegurando la renovación de 9 de sus 20 bancas legislativas. La fuerza oficialista compitió con una estructura amplia de 56 sublemas, en una muestra de organización y territorialidad que volvió a dar frutos en las urnas.

Hace unos minutos me comuniqué con el compañero gobernador @insfran_gildo para felicitarlo por el excelente resultado del peronismo en la elección de Convencionales Constituyentes y de legisladores provinciales. Un abrazo grande a todos los formoseños y formoseñas.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 30, 2025

Muy por detrás, en segundo lugar, quedó la Confederación Frente Amplio Formoseño —una alianza de partidos opositores como la UCR, el PRO y el MID—, que obtuvo el 21,55% de los votos, con Francisco Paoltroni como su principal figura. En tercer lugar se ubicó La Libertad Avanza, con un 10,65%, mientras que Libres del Sur cosechó apenas el 0,92%.

Aunque los comicios estuvieron marcados por una baja participación, el resultado no dejó dudas: el electorado formoseño volvió a respaldar masivamente al peronismo local y a la figura del gobernador Gildo Insfrán, quien reafirma su condición de referente central del justicialismo en el norte argentino.

En un marco de importante abstención, este domingo 29 de junio se desarrollaron las elecciones en la provincia de Santa Fe para votar intendentes, presidentes comunales y concejales en más de 300 localidades.

El mapa político de Santa Fe se tiñó de celeste y blanco tras las elecciones municipales del domingo. El gobernador Maximiliano Pullaro celebró el amplio triunfo de su fuerza, Unidos para Cambiar Santa Fe, que se impuso en el 80% de las localidades de la provincia. “La bota quedó pintada de un solo color”, destacó el mandatario, al remarcar que su espacio ganó en 247 de las 304 localidades computadas hasta ese momento.

¡Una muy buena elección de Unidos en toda la provincia de Santa Fe! Más del 80% de los santafesinos tendrán gobiernos locales de la coalición oficialista, consolidando un proyecto de gestión que avanza con orden, trabajo y resultados.

Que la bota se haya pintado del color de… pic.twitter.com/iXPQ769q1Z

— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) June 30, 2025

Sin embargo, la gran sorpresa llegó desde Rosario, donde el peronismo logró una resonante victoria de la mano de Juan Monteverde, quien derrotó al candidato de La Libertad Avanza, Juan Pedro Aleart, en la principal ciudad santafesina. Este resultado le amargó la jornada al espacio libertario, que había salido a festejar anticipadamente con el respaldo directo de Karina Milei y la diputada nacional Romina Diez.

Rosario concentró la mayor atención política, no sólo por su peso electoral sino por la expectativa de una posible polarización entre el PJ y los libertarios. Contra todos los pronósticos, Monteverde —referente del espacio progresista Ciudad Futura en alianza con sectores del PJ— logró consolidar el voto opositor y alzarse con una victoria que revitaliza al peronismo local.

El traspié fue especialmente duro para La Libertad Avanza. Aleart, ex periodista con alto nivel de conocimiento público, debutaba en la arena política con el impulso de los referentes nacionales del espacio, pero sufrió el impacto de un voto dividido en el campo no peronista. El repunte de la candidata oficialista, Valeria Labayru, impulsado por Pullaro y el intendente Pablo Javkin, terminó quitándole terreno clave al libertario.

Ganamos Rosario !! #MasParaSantaFe
Ganó la lista encabezada por Juan Monteverde y el peronismo pasa a ser la fuerza política más votada de la ciudad.

Un triunfo de la construcción colectiva y la unidad del campo nacional y popular.

Enormes felicitaciones a Juan y toda la… pic.twitter.com/sKuPfrMIQX

— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) June 29, 2025

A pesar del dominio oficialista a nivel provincial, la derrota en Rosario dejó un sabor amargo en el oficialismo provincial y fue capitalizada por figuras peronistas como Agustín Rossi y el diputado Eduardo Toniolli. “Ganó la lista encabezada por Juan Monteverde y el peronismo pasa a ser la fuerza política más votada de la ciudad”, afirmó Rossi.

Monteverde, por su parte, agradeció a los rosarinos y destacó que “este triunfo es el espaldarazo que necesitábamos para seguir adelante”. En tanto, Toniolli remarcó que cumplieron tres objetivos: tender puentes, construir unidad y ganar Rosario. Y fue más allá: “¡Derrotamos a Milei y a Pullaro! Ahora vamos por un octubre victorioso en toda la Argentina”.

El organismo cuenta con una caja millonaria, en menos de un año, el compañero de teatro del Presidente recibió alrededor de $ 17 mil millones. Una cifra superior al último aumento de partidas para el Hospital Garrahan.

En plena aplicación del “ajuste más grande de la historia”, el Gobierno destina más recursos públicos a un organismo conducido por un amigo personal del presidente Javier Milei y de su hermana Karina, que al Hospital Garrahan, uno de los centros médicos pediátricos más emblemáticos del país.

La Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), presidida por el actor y conductor Diego Sucalesca —compañero de teatro y allegado al presidente— recibió en los últimos nueve meses más de $17.200 millones, superando así el último aumento otorgado al Garrahan, que fue de $16.651 millones.

Sucalesca asumió en julio de 2024, y desde entonces ha manejado una caja millonaria con fondos provenientes de la Secretaría General de la Presidencia, liderada por Karina Milei. Sólo en 2025, la Agencia ya recibió $4.322 millones, con un presupuesto proyectado de más de $13.000 millones para este año. Si se suman los montos de 2024 y los previstos para 2025, el total asciende a casi $26.000 millones.

Los giros hacia la AAICI se distribuyeron en varias entregas:

• 14 de agosto de 2024: $2.831 millones
• 24 de octubre de 2024: $5.041 millones
• 26 de diciembre de 2024: $5.007 millones
• 20 de febrero de 2025: $1.795 millones
• 21 de abril de 2025: $2.526 millones

Todo esto en un contexto donde el Hospital Garrahan —símbolo de la salud pública de alta complejidad infantil— mantuvo su presupuesto congelado durante meses, pese a las denuncias de bajos sueldos, protestas del personal y condiciones laborales precarias. Hasta hace semanas, había residentes que cobraban menos de $800 mil mensuales.

La contradicción es aún más marcada si se considera que la función principal de la AAICI supuestamente es atraer inversiones extranjeras, un objetivo que no ha mostrado avances concretos: según datos del Banco Central, la inversión extranjera directa tuvo un saldo negativo de US$ 356 millones en el último trimestre de 2024.

Pese a los recursos disponibles, la Agencia destinó millones a participación en ferias internacionales. Por ejemplo, gastó más de $52 millones en la Offshore Technology Conference en EE.UU., $41 millones adicionales en la misma feria, otros $17 millones en una exposición minera en Chile, y más de $3 millones en una feria de literatura infantil en Italia.

Consultada sobre el salario de su titular, el Gobierno no respondió, argumentando que se trata de una entidad de “naturaleza jurídica privada”, aunque funciona con fondos estatales, es decir de los contribuyentes.

En un gesto que generó polémica, el propio presidente anunció que prepara una obra teatral llamada “Juicio al capitalismo”, en la que participará Sucalesca y que, según Milei, donará lo recaudado al Hospital Garrahan. La declaración fue calificada de “pavada” por trabajadores del hospital, quienes cuestionaron que la salud pública de los niños dependa de una obra de teatro, mientras se destinan cifras multimillonarias a organismos sin resultados comprobables.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este viernes que es “sano y hasta absolutamente razonable” que haya un déficit en la cuenta corriente de dólares de la Argentina, respondiendo de esta forma a las críticas que recibe por el saldo negativo en la cuenta corriente, que superó los 5 mil millones de dólares en el primer trimestre del año.

En una declaración que marca un giro discursivo respecto a la narrativa oficial del Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, al que definió como “sano y hasta absolutamente razonable”. La afirmación sorprendió por venir del mismo funcionario que, durante meses, insistió en la necesidad de un ajuste fiscal severo y en la urgencia de equilibrar las cuentas públicas.

Durante el congreso Somos Pymes, realizado en La Rural, Caputo relativizó la magnitud del desequilibrio externo —que alcanzó más de 5.000 millones de dólares en el primer trimestre del año, según el INDEC— al señalar que responde a un “cambio de modelo” económico impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Según el ministro, este déficit refleja una recuperación de la inversión y una mayor demanda externa, elementos que, a su entender, acompañan el “crecimiento” de la actividad económica.

“No es que no le prestamos atención al rojo de dólares, pero hago esta explicación para que no se dejen engañar por gente que no entiende o tiene otros objetivos”, sostuvo Caputo ante una audiencia de empresarios pymes. Aseguró, además, que el déficit ya no se debe al gasto del Estado sino que corresponde al sector privado, y calificó como “obvio” que esto ocurriría en un país “totalmente descapitalizado”.

El giro en su mensaje —pasando de la austeridad estricta a una visión más permisiva del déficit— busca desactivar las crecientes críticas al rumbo económico. Caputo aprovechó la ocasión para exhortar al empresariado a “cambiar el chip” y adaptarse al nuevo modelo, que, según explicó, promoverá la inversión, reducirá impuestos y avanzará hacia una apertura comercial gradual.

Finalmente, el ministro reconoció que el proceso será “duro” y no dará frutos inmediatos, pero insistió en que “es el único camino”. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas y reavivaron el debate sobre la coherencia del plan económico y las tensiones entre el discurso del ajuste y la realidad de los indicadores macroeconómicos.

La empresa suiza Clariant con mas de 60 años en el mercado nacional, anunció el cierre definitivo de su planta en Zárate para empezar a importar desde Brasil los productos que hasta ahora elaboraba en la Argentina.

En el marco de las políticas económicas impulsadas por el gobierno nacional, que promueven la liberalización comercial y la apertura indiscriminada a las importaciones, la multinacional química suiza Clariant anunció el cierre definitivo de su planta en Zárate, provincia de Buenos Aires. La empresa informó que reemplazará la producción local por productos importados desde su filial en Brasil, dejando a 50 trabajadores sin empleo.

La planta, que funcionaba desde 1958 y que fue símbolo del desarrollo químico argentino, dejará de operar tras más de seis décadas de actividad. En sus instalaciones se elaboraban colorantes, aditivos y especialidades químicas para diversas industrias. Ahora, en lugar de producir localmente, Clariant importará esos productos desde el exterior, aprovechando el escenario favorable para las compras externas generado por el modelo económico actual.

En un comunicado oficial, la compañía justificó la decisión tras un “análisis exhaustivo de la capacidad de producción, la viabilidad financiera y las alternativas del sector químico y petroquímico en Argentina”. No obstante, para el Sindicato de Trabajadores Químicos y la Federación Festiqypra, se trata de un accionar unilateral, sin diálogo ni respeto por la negociación colectiva, que vulnera derechos laborales.

“El cierre de Clariant no es solo una tragedia para los 50 trabajadores despedidos, sino un golpe fuerte para toda la comunidad de Zárate, cuya economía local depende en gran parte de la actividad industrial”, expresó Emilio Di Serio, secretario general de la federación. Comercios, servicios y proveedores también sentirán el impacto del cierre.

Clariant aseguró que mantendrá una presencia comercial en el país, aunque sin producción nacional. Así, otro caso se suma a la creciente lista de industrias que bajan sus persianas y reemplazan empleo argentino por productos importados, en un contexto de desindustrialización acentuado por las actuales políticas económicas.

Mientras el gobierno celebra con entusiasmo los recientes datos de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), las estadísticas oficiales muestran una realidad menos alentadora: la desigualdad en la distribución del ingreso se agravó durante el primer trimestre de 2025.

Los datos publicados por el INDEC confirman que el repunte de la economía no se traduce en un desarrollo más justo ni inclusivo.

El ingreso medio per cápita familiar del 10% más rico de la población fue 15 veces mayor que el del 10% más pobre, según la mediana, ampliando la brecha respecto del trimestre anterior, cuando era de 13 veces. Si se toma el ingreso promedio, la diferencia asciende a 19 veces, acercándose nuevamente a los niveles récord de desigualdad registrados en el pasado reciente.

El Coeficiente de Gini, índice que mide la desigualdad del ingreso (donde 0 representa igualdad total y 1 desigualdad absoluta), subió a 0,435, consolidando una tendencia ascendente desde el mínimo registrado en 2022. La concentración del ingreso también es alarmante: el 10% más rico concentra el 32% del ingreso total, mientras que el 10% más pobre apenas accede al 1,7%. Los tres deciles más pobres (el 30% de la población) reúnen apenas el 9% del ingreso, en contraste con el 50% que acaparan los dos deciles más altos (20% de la población).

Estos números desmienten cualquier lectura optimista que equipare crecimiento económico con mejora social. El modelo actual permite que el PBI crezca, pero lo hace profundizando las asimetrías estructurales. Lejos de distribuirse, la riqueza se concentra cada vez más en pocas manos.

A esta fractura social se suma una persistente desigualdad de género. En el primer trimestre de 2025, las mujeres percibieron en promedio un 27,8% menos que los varones por su ocupación principal, marcando el valor más alto desde 2023. En términos absolutos, el ingreso medio de las mujeres fue de $668.738, frente a los $926.671 de los varones. La brecha no solo persiste: se amplía trimestre tras trimestre.

Pese a los discursos oficiales, estos datos muestran que la economía argentina no camina hacia un modelo de desarrollo inclusivo. El crecimiento del PBI, sin mecanismos claros de redistribución y sin políticas sostenidas de equidad, solo consolida un país con más riqueza, pero también con más desigualdad.

El Gobierno informó al Fondo Monetario Internacional que la balanza de pagos tendrá un fuerte desequilibrio mayor al previsto lo que implicara un déficit cinco veces mayor al acordado para 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó al Fondo Monetario Internacional que la Argentina no podrá cumplir con una de las metas clave del acuerdo: el equilibrio en la cuenta corriente de la balanza de pagos. La proyección oficial revela que el déficit externo será cinco veces superior al límite acordado, lo que representa un fuerte revés en el frente externo para el programa económico del Gobierno.

La información fue transmitida por el viceministro José Luis Daza durante una presentación ante empresarios y analistas en un foro del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), realizado en el Banco Galicia. Allí, Daza confirmó que el desequilibrio externo alcanzará aproximadamente el 2% del Producto Bruto Interno en 2025, muy por encima del 0,4% comprometido con el FMI.

Este desvío del 400% respecto a lo pactado agrava el escenario de incumplimientos con el Fondo, que ya había sido advertido sobre las dificultades para acumular reservas internacionales. Ahora, el frente externo se suma como otro factor crítico para el cumplimiento del programa.

El Gobierno atribuyó el aumento del déficit a una mayor expansión económica. Según Daza, “un déficit del 2% en un país que crece al 6% es esperable”, y explicó que el resultado refleja una brecha entre el ingreso nacional y el gasto, impulsada por una recuperación del consumo interno y condiciones externas menos favorables.

No obstante, el incremento del desequilibrio externo genera preocupación por su magnitud y por el impacto que puede tener sobre la sostenibilidad macroeconómica, especialmente en un contexto en el que el respaldo del FMI resulta clave para sostener el esquema financiero.