En una decisión que desata una nueva ola de indignación, el gobierno de Javier Milei formalizó la entrega de la represa hidroeléctrica de Lago Escondido a Hidden Lake SA, la firma que encubre los intereses del billonario británico Joe Lewis —socio de Mauricio Macri y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude.

Esta polémica adjudicación no solo legaliza el control de una fuente estratégica de energía por parte de un extranjero, sino que lo hace en favor de un empresario ampliamente cuestionado por la justicia argentina y condenado por fraude financiero en el exterior. La represa, ubicada dentro de las 12 mil hectáreas que Lewis se apropió de manera ilegal en la Patagonia, ahora queda bajo su control absoluto, consolidando un enclave privado en una zona estratégica y en abierta violación a la Ley de Seguridad de Fronteras.

Según el acta firmada por el Ejecutivo nacional, el contrato otorga a Hidden Lake —una sociedad denunciada por la IGJ como “ficticia” y usada para encubrir los negocios de Lewis— la operación y explotación de la represa. Dicha empresa lleva años resistiendo fallos judiciales que exigen la apertura del acceso público al Lago Escondido, en tierras adquiridas de forma irregular a través de una maniobra de triangulación societaria.

La IGJ había solicitado su intervención judicial en 2022, señalando que Hidden Lake es una pantalla para ocultar la verdadera titularidad del magnate. No obstante, el gobierno de Milei ignoró todas esas advertencias y avanzó con una adjudicación directa a una empresa que ni siquiera cumple con su objeto social declarado.

La central hidroeléctrica —que empezó a inyectar energía al sistema nacional durante el gobierno de Mauricio Macri bajo el Programa RenovAr, recibiendo tarifas preferenciales— produce 7,2 MW y le permite a Lewis facturar el megavatio a diez veces el valor que se paga a Salto Grande, una de las represas más grandes del país. Mientras tanto, el acceso al Lago Escondido sigue siendo bloqueado por su seguridad privada, con complicidad del poder político.

El prontuario de Lewis suma capítulos escandalosos: usurpación de tierras, cercamiento de bienes públicos, represión a manifestantes y hasta la financiación de un viaje secreto de jueces, fiscales y empresarios de medios que visitaron su mansión patagónica. El mismo Nicolás Van Ditmar, gerente de Hidden Lake y organizador de ese encuentro con magistrados cercanos a Macri, fue denunciado por piratería y privación de libertad.

Condenado en los Estados Unidos

En abril de 2024, la justicia de Manhattan condenó a Lewis a tres años de prisión en suspenso por fraude bursátil. El multimillonario admitió haber usado información confidencial para beneficiar a sus choferes, amantes y empleados, provocando un beneficio económico ilícito de millones de dólares.

A pesar de este prontuario, Javier Milei —que prometió combatir la “casta”— decide ahora entregar uno de los recursos estratégicos del país a este empresario extranjero, en un acto que muchos dirigentes políticos ya califican como una forma de financiar las campañas del oficialismo libertario.

“La están juntando para la campaña”, graficó un dirigente político al tanto de los movimientos del oficialismo. Lo que está en juego no es solo una represa, sino la soberanía, el acceso público a recursos naturales, y el control del territorio argentino por parte de intereses privados y extranjeros.

Con esta decisión, el gobierno de Milei consagra uno de los capítulos más oscuros de la entrega del patrimonio nacional, beneficiando a un empresario condenado y abiertamente vinculado al entramado judicial y mediático que protege sus intereses desde hace más de dos décadas.

Carlos Raimundi acusó al futuro embajador norteamericano Peter Lamelas de querer hacer negocios con los recursos naturales. “Vienen por el agua para el fracking y las cripto”, alerta, porque su verdadero objetivo es quedarse con ese recurso clave de la Argentina.

El exembajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, lanzó una fuerte advertencia sobre la llegada de Peter Lamelas, el futuro embajador estadounidense en Argentina. Según Raimundi, Lamelas no llega con fines diplomáticos sino con intereses económicos concretos: apropiarse de los recursos naturales clave del país, en especial el agua.

“Este hombre no es un diplomático, es un megamillonario cercano a Trump. Su verdadero objetivo es hacer negocios. Vienen por el agua para el fracking, los cultivos intensivos, la minería, la inteligencia artificial y las criptomonedas”, denunció Raimundi en declaraciones a Splendid AM 990.

El excanciller criticó duramente el discurso de Lamelas ante el Senado de EE.UU., donde el designado embajador aseguró que planea “viajar por las provincias, apoyar a Milei y asegurar que Cristina Kirchner reciba justicia”.

Para Raimundi, esas declaraciones son “coloniales e inaceptables”:

“Habla como si fuera el delegado de un rey. Viene a controlar con quién nos vinculamos, cómo se hace justicia e incluso a intervenir en nuestra soberanía”.

Un plan para balcanizar al Estado nacional

Raimundi también alertó sobre el riesgo de una “balcanización” del país, al promover relaciones directas entre Estados Unidos y las provincias, salteando al gobierno federal:

“Imagina que las provincias pueden negociar por su cuenta con China o cualquier otro, como si no existiera un proyecto de nación. Es un intento de desmembrar al Estado”.

El agua en la mira: la privatización de AySA y la llegada de empresas extranjeras

La advertencia cobra especial gravedad en el marco del posible avance en la privatización de AySA, la empresa estatal que administra el agua potable en el AMBA. Raimundi vinculó esta maniobra con los intereses de Lamelas y apuntó directamente a Mekorot, la empresa estatal israelí que controla el suministro de agua en los territorios ocupados de Palestina:

“Imaginen si eso pasa acá. Mekorot hoy le corta el agua al pueblo palestino. No es una fantasía, es un riesgo real para la soberanía argentina”.

El exembajador subrayó que hay herramientas legales para frenar este intento de privatización:

“Existe un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Ciudad que garantiza la mayoría estatal en AySA. Además, podría requerirse mayoría especial en el Congreso”.

Raimundi también responsabilizó al Congreso por su pasividad ante estos avances:

“Muchos legisladores aceptan estas cosas por miedo o conveniencia. Es consecuencia de una derrota cultural. Pero no podemos quedarnos en eso. Tenemos que reconstruir sentido y explicarle a cada argentino lo que está en juego”.

Finalmente, exigió una respuesta institucional clara y contundente ante las declaraciones del futuro embajador:

“Es inadmisible que un representante extranjero nos diga con quién comerciar o qué hacer con nuestra vicepresidenta. El Parlamento debe pronunciarse en bloque. Si no reaccionamos, la entrega será total”.

Y concluyó con un mensaje de esperanza:

“Esto va a cambiar cuando cambie el clima político. La gente va a volver a ver con claridad el desquicio que están haciendo con la Argentina. No tengo dudas de que va a reaccionar”.

Un informe de Argendata, la plataforma de datos de la organización Fundar, advierte que la informalidad laboral afecta al 42% de los ocupados en Argentina, lo que equivale a 8,8 millones de personas sobre un total de 21,1 millones.

Un nuevo informe de Argendata, la plataforma de datos de la organización Fundar dirigida por el analista Daniel Schteingart, advierte que la informalidad laboral afecta al 42% de los ocupados en Argentina, lo que equivale a 8,8 millones de personas sobre un total de 21,1 millones.

La situación es especialmente grave entre los asalariados: el 36% trabaja sin estar registrado, es decir, sin aportes a la seguridad social ni acceso a derechos laborales básicos como cobertura médica, jubilación o licencias. Si se suman los trabajadores independientes en situación informal (como feriantes, vendedores ambulantes o albañiles no inscriptos en el monotributo), el panorama es aún más preocupante.

Desigualdad regional: el Norte Grande, más afectado

La informalidad no impacta de forma homogénea en todo el país. Las provincias del Norte Grande, como Salta, Santiago del Estero y Tucumán, registran los peores indicadores, con más del 50% de los asalariados sin registrar. Estas regiones, con baja industrialización y economías centradas en el agro o el trabajo informal, enfrentan mayores obstáculos para la creación de empleo formal.

Por otro lado, la provincia de Buenos Aires se ubica en un punto intermedio dentro del ranking nacional.

El empleo formal, estancado; crecen las “changas” y el cuentapropismo informal

A pesar de ciertos indicadores positivos en materia salarial, el empleo formal en Argentina se encuentra estancado, según el especialista en mercado laboral Luis Campos, quien advirtió que “no se pierden puestos, pero tampoco se crean”.

Tras un 2024 marcado por la destrucción de miles de empleos, el mercado laboral muestra señales de precarización: aumentan las changas, los empleos informales y el cuentapropismo sin aportes previsionales, incluso entre personas que mantienen un empleo formal pero necesitan ingresos extra. Sin embargo, muchos de ellos ni siquiera logran cubrir el costo del monotributo.

Expertos coinciden en que sin crecimiento sostenido no habrá mejoras reales en la calidad del empleo, pero también subrayan que el crecimiento por sí solo no alcanza. Se requiere una reforma integral del sistema tributario, políticas activas que incentiven la registración laboral y fortalecimiento institucional para garantizar derechos y ampliar la cobertura de la seguridad social.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu está ultimando los detalles de su visita a nuestro pais para reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, seria hacia fines de agosto, según publicaron hoy distintos medios de Israel.

En un contexto de creciente indignación global frente a lo que múltiples organismos internacionales, gobiernos y organizaciones humanitarias —incluidas algunas israelíes— ya califican abiertamente como un genocidio en la Franja de Gaza, el presidente argentino Javier Milei se alista para recibir en Buenos Aires al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hacia fines de agosto.

La visita, según confirmaron medios israelíes como Times of Israel y la emisora pública Kan, estaría en proceso de organización avanzada y se presenta como una “devolución de gentilezas” tras el reciente viaje de Milei a Israel, donde ratificó su alineamiento incondicional con el gobierno israelí y anunció el traslado de la embajada argentina a Jerusalén.

El aliado de Milei con orden de arresto de la Corte Penal Internacional

Sin embargo, Netanyahu no llega como un líder cualquiera. Sobre él pesa una orden de captura internacional emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la actual ofensiva en Gaza, en la que, según informes recientes, más de 58 mil personas han muerto y más de 139 mil han resultado heridas desde octubre de 2023.

A esta tragedia se suma el colapso total del sistema de salud, la destrucción de infraestructura civil y la imposición de un bloqueo alimentario que, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y el Marco Integrado de Clasificación de Seguridad Alimentaria (IPC), ha colocado a Gaza en “el peor escenario de hambruna en este siglo”, comparable con los desastres humanitarios de Etiopía o Biafra.

Incluso dentro de Israel, organizaciones como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel acusan abiertamente a Netanyahu de liderar “acciones sistemáticas y deliberadas para destruir a la sociedad palestina” y califican la ofensiva como un acto de genocidio.

Pese a todo esto, y mientras 27 países —incluidos Francia, Italia y el Reino Unido— junto con Brasil y Sudáfrica exigen un alto al fuego y acusan formalmente a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el gobierno argentino ha optado por profundizar su alianza política con un mandatario señalado por la justicia internacional.

La visita de Netanyahu, de concretarse, lo convertiría en el primer jefe de Estado con orden de arresto por crímenes de guerra recibido oficialmente por la Casa Rosada en tiempos democráticos recientes.

En una región y un mundo cada vez más conmovidos por las imágenes de niños esqueléticos, periodistas muriendo de hambre y poblaciones enteras atrapadas bajo fuego, la recepción a Netanyahu por parte de Milei no sólo representa un alineamiento político: también implica una toma de posición frente a las normas del derecho internacional humanitario y los valores universales de los derechos humanos.

Mariano Cúneo Libarona presentó la declaración jurada del período fiscal 2024 ante la Oficina Anticorrupción. Los datos evidencian un incremento en su fortuna del 47,7%. 

El ministro de Justicia de Javier Milei, Mariano Cúneo Libarona, declaró un aumento patrimonial explosivo del 47,7% en apenas un año, alcanzando una fortuna oficial de $18.089 millones según su última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. Esto representa un incremento de casi $6 mil millones respecto a los $12.242 millones que había declarado en 2023.

El crecimiento es tan significativo como llamativo: $5.846 millones en doce meses, una cifra que no encuentra respaldo en sus ingresos laborales o rentas, que apenas alcanzaron los $975 millones. La evolución de su patrimonio se explica, en cambio, por la revaluación de inmuebles, la compra de nuevas propiedades en Buenos Aires, y un fuerte incremento de depósitos bancarios en el exterior, especialmente en Suiza y Estados Unidos.

Menos activos en el país, más dinero afuera

Mientras su riqueza global se disparó, sus activos en Argentina cayeron casi un 50%, marcando una clara tendencia a trasladar su capital fuera del país. También se redujeron notablemente sus tenencias en fondos comunes de inversión y fideicomisos. En contraste, sus depósitos en el extranjero crecieron en más de $1.000 millones, con una presencia destacada en bancos de Suiza, Puerto Rico, Estados Unidos y Uruguay.

Dos nuevas propiedades y 28 inmuebles en Argentina

Cúneo Libarona declaró en total 28 inmuebles en Argentina y sumó dos nuevas propiedades en 2024: un departamento de 60 m² por $72 millones y otro de 187 m² por más de $309 millones, ambos en Capital Federal. El valor de su cartera inmobiliaria subió de manera notable, pasando de $600 millones a más de $2.587 millones, gracias a una revalorización de bienes que cuadruplicó su valor.

Su vivienda personal también experimentó una fuerte revaluación: de $74 millones en 2023 pasó a casi $297 millones en 2024.

En el extranjero, el ministro es dueño de un departamento de 70 m² en Miami Beach, valuado en $336 millones, y posee el 25% de una casa de veraneo en Punta del Este, valuada en más de $20 millones.

Bancos en el exterior

El titular de la cartera de Justicia informó tener $14.123 millones en depósitos bancarios en el exterior, un salto respecto a los $13.124 millones del año anterior. En Suiza, su principal plaza financiera, declaró $6.746 millones. También posee una cuenta en Puerto Rico con $2.422 millones, depósitos en EE.UU. por $4.688 millones (más de $1.200 millones adicionales respecto a 2023) y una sorprendente alza en su cuenta uruguaya, que pasó de apenas $3,8 millones a $265 millones, un incremento del 6.800%.

Otros bienes y deudas

En paralelo, el ministro declaró más de $151 millones en bonos y títulos, una reducción en sus fondos comunes (de $63 millones a solo $3 millones) y una baja drástica en créditos declarados. También desapareció de su patrimonio el fideicomiso Lacroze, uno de sus activos más relevantes en 2023.

Llamativamente, los bienes del hogar también se multiplicaron, pasando de $51 millones a casi $167 millones. Sus deudas, por otro lado, crecieron a $4,7 millones, una cifra marginal si se la compara con su patrimonio total.

El rubro acumula dos años de fuertes caídas. Aumentos en insumos, tarifas y alquileres superan a la inflación y no pueden trasladarse a los precios.

El sector gastronómico atraviesa su peor momento en años. En lo que va de 2025, bares y restaurantes registran una caída del 20% al 30% en el consumo, duplicando la baja de 2024. La crisis golpea tanto al turismo como al público local, que ajustó sus hábitos y prioriza salidas más económicas o esporádicas.

La caída de ingresos se combina con un aumento sostenido en los costos fijos. Tarifas de servicios que se duplicaron, alquileres en alza y un costo laboral creciente deterioran la rentabilidad. A pesar de un contexto de menor inflación, los precios de mercadería, energía y alquileres siguen subiendo por encima del promedio y no pueden trasladarse al menú sin perder clientela.

“El consumo gastronómico está completamente deprimido. No se pueden subir los precios porque la demanda no los convalida”, señaló Carlos Yanelli, presidente de la Cámara de Restaurantes.

Daniel Prieto, titular de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), confirmó que la caída interanual ronda el 30% y remarcó que, a diferencia de otras crisis, el turismo tampoco actúa como amortiguador. “Antes bajaba el turismo, pero subía el consumo local. Hoy cayeron ambos”, advirtió.

Adaptación forzada y cambios en el consumo

Para sostenerse, los establecimientos ajustan sus estrategias: cartas reducidas, porciones para compartir, promociones con tarjetas y acuerdos con proveedores. Platos más accesibles reemplazan cortes premium y las propuestas tradicionales ganan terreno. Los bodegones, pizzerías y cafeterías también apuestan a combos promocionales y turnos rotativos para aumentar la rotación.

La pérdida de poder adquisitivo se refleja en cada decisión: el cliente que antes salía tres veces por semana, ahora lo hace una y con menor gasto. Incluso la merienda, opción antes considerada accesible, cayó en volumen.

Cierres, achique y empleo en riesgo

El sector acusa cierres de pequeños locales, sobre todo en barrios con baja circulación. Muchos debieron reducir personal o reemplazarlo por servicios tercerizados, afectando la calidad y estabilidad laboral. Otros consolidaron operaciones en una sola sede para evitar costos redundantes.

“La estructura anterior es inviable. Hay que achicar”, sentenció Yanelli.

Desde la Cámara advierten que se trata de uno de los rubros más vulnerables: de los primeros en sentir el impacto de la crisis y de los últimos en recuperarse. La pérdida de empleos ya es visible.

El turismo no alcanza y el gasto cae

Zonas como San Telmo, Recoleta o el Centro porteño se ven particularmente afectadas por la caída del turismo. “En La Boca o San Telmo no hay casi nada de turistas”, sostuvo Prieto. El déficit turístico alcanzó un récord en el primer cuatrimestre, con un saldo negativo de 5,1 millones de personas.

¿Qué se necesita para recuperarse?

Los referentes del sector coinciden en que es clave sostener la demanda —aunque sea a menor escala— y aliviar la presión sobre los costos. Proponen una desregulación impositiva que incluya la revisión de tasas locales, cargas laborales y habilitaciones, para permitir márgenes más sostenibles sin trasladar aumentos al consumidor.

Las expectativas están puestas en el repunte del turismo hacia la primavera, aunque sin una mejora en el ingreso real, la situación seguirá siendo crítica.

A pesar del panorama adverso, algunos locales exploran nuevas vías: venta de platos listos para terminar en casa, delivery reforzado o acciones conjuntas con marcas barriales. La visibilidad en redes también se volvió esencial para fidelizar al público.

“No se sale solo. El rubro no es una isla. Tiene que haber una reactivación general”, concluyó Yanelli.

Detrás de este fenómeno, empresarios, economistas y gremialistas advierten lo mismo: si no se revierte esta tendencia, se avecina una bomba de tiempo en el empleo.

La industria argentina atraviesa una ola de desindustrialización sin precedentes. Fábricas que cierran, líneas de producción que se mudan a Brasil y un creciente aluvión de productos importados desde China marcan el nuevo paisaje productivo del país. Detrás de este fenómeno, empresarios, economistas y gremialistas advierten lo mismo: si no se revierte esta tendencia, se avecina una bomba de tiempo en el empleo.

En el primer semestre de 2025, las importaciones crecieron un 34,6% en dólares, y solo en junio aumentaron un 53,2% en volumen. Esta avalancha responde a un patrón claro: empresas que abandonan la producción local y se transforman en simples importadoras, alimentadas por un escenario de apertura comercial extrema promovido por el gobierno de Javier Milei.

La apertura incluye la eliminación de controles a las importaciones, la baja de aranceles, la autorización de ingreso de productos sin cumplir normativas técnicas, y la posibilidad de importar maquinaria usada o mediante courier, entre otras medidas que, según expertos, desarman el entramado industrial nacional sin ofrecer alternativas de transición para los trabajadores.

Según el informe Abrir sin Paracaídas del Centro de Estudios Fundar, más de 430.000 puestos de trabajo están en riesgo por la sustitución de producción local con bienes importados. “La apertura fue brutal”, reconocen incluso industriales que aún siguen en pie, aunque cada vez más dependientes de insumos y productos fabricados en el exterior.

China y Brasil, los nuevos centros de producción

El sector autopartista es uno de los más golpeados. Firmas como SKF están trasladando producción a Brasil, mientras otras, como las integradas al grupo Mirgor, importan casi todo desde China y ensamblan localmente. El Proyecto Patagonia de Volkswagen, en alianza con Saic-Maxus, directamente importa vehículos en sistema CKD (completamente desarmados), para apenas armarlos en General Pacheco sin utilizar partes nacionales.

El empresario Aldo Lo Russo, del sector metalúrgico, lo resume así: “Pasé del 5% al 20% de producto importado en mi oferta. Hoy, muchos industriales viajan directamente a China para buscar precio”. De hecho, se duplicó la cantidad de empresarios argentinos que asistieron este año a la Feria de Cantón, reflejando el viraje estructural hacia el abastecimiento asiático.

Casos concretos: fábricas que bajan sus persianas

Empresas tradicionales como Lumilagro dejaron de fabricar en el país el 60% de su línea de termos, que ahora se producirán en China. La planta de Tortuguitas quedó reducida a unos pocos modelos y a solo 65 empleados, frente a un mercado saturado por termos importados, muchos de ellos de contrabando.

Kenvue, fabricante de toallitas femeninas, cerró su planta en Pilar y mudó la producción a Brasil y Colombia. Lo mismo hizo Clariant, que deja de operar en el Parque Industrial de Zárate para concentrar su producción en territorio brasileño, desde donde abastecerá al mercado argentino.

“El caso de Lumilagro no es aislado”, advierte la economista Agostina Monti Farías. “Muchos empresarios importan para sobrevivir, no porque lo prefieran, sino porque ya no pueden sostener los costos de producir en Argentina”.

Textiles: otra víctima del modelo

El sector textil, que emplea decenas de miles de trabajadores, también está en fuerte retroceso. Marco Meloni, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer, estima que ya se perdieron 13.000 empleos y que otros 15.000 trabajadores están con vacaciones forzadas o turnos reducidos. “Los que antes fabricaban todo acá, ahora compran 60% importado”, explicó.

En las grandes marcas, los productos nacionales desaparecen: en los shoppings, apenas el 15% de las prendas conserva contenido local.

La Argentina asiste a un éxodo empresarial que vacía fábricas, destruye empleos y transforma al país en un simple mercado consumidor de bienes extranjeros. Con una apertura comercial sin red de contención, miles de trabajadores enfrentan un futuro incierto. Las advertencias están sobre la mesa. La pregunta es si el gobierno decidirá actuar antes de que el daño sea irreversible.

El premio Nobel de Economía señaló la dependencia que el gobierno libertario tiene del FMI para sostener el tipo de cambio. Además destaco que Milei bajó la inflación quemando los miles de millones que le presta el organismo.

El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz lanzó duras críticas contra la política económica del presidente Javier Milei, a quien acusó de sostener artificialmente la estabilidad con fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Argentina está en la puerta de otra crisis”, advirtió durante su participación en el Festival Gabo de Periodismo, en Colombia.

En una entrevista con la periodista Juanita León, Stiglitz cuestionó el rumbo económico actual, al señalar que el gobierno libertario depende del permanente financiamiento externo para controlar variables clave como el tipo de cambio. “Bajaron la inflación, es cierto, pero porque han usado ese dinero para mantener el tipo de cambio”, dijo, en referencia al préstamo de 44.000 millones de dólares tomado en el gobierno macrista y al nuevo crédito de 20.000 millones que, según él, “tampoco podrán pagar”.

Críticas a Caputo y la continuidad del modelo de endeudamiento

El economista fue especialmente crítico con el rol de Luis Caputo, actual ministro de Economía, a quien responsabilizó por el endeudamiento con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri. “No solo pidieron más y más préstamos, sino que luego permitieron que los más ricos sacaran ese dinero del país”, sostuvo. Stiglitz subrayó la paradoja de que Caputo, clave en aquel acuerdo, ahora sea el encargado de implementar una política similar bajo la presidencia de Milei.

Un ajuste sin sustentabilidad

Stiglitz también cuestionó la narrativa libertaria del gobierno. Durante la presentación de su libro Camino de Libertad, afirmó que “el concepto de libertad ha sido cooptado por la derecha” y que, en la práctica, muchas de sus políticas restringen derechos en lugar de ampliarlos.

Si bien reconoció que el FMI es una institución necesaria para el orden financiero global, advirtió sobre su rol en las crisis económicas recurrentes, como la que, según él, se avecina nuevamente en Argentina.

Hasta el momento, ni el presidente Javier Milei ni sus funcionarios han respondido a las declaraciones del economista, aunque es habitual que el mandatario califique de “econochantas” a sus críticos. Las advertencias de Stiglitz se suman a una creciente preocupación internacional sobre la viabilidad del ajuste, el aumento del endeudamiento y la estabilidad macroeconómica del país.

“Lo más importante de esa reunioncita en La Rural es confirmar que Milei, que dice que no hay plata para los jubilados, ni para los discapacitados, ni para el Garrahan, ni para las universidades, le regala plata a uno de los sectores que más plata tiene en este país”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó una crítica frontal al presidente Javier Milei, a pocas horas del anuncio de la baja de retenciones al agro, al denunciar que mientras se aplica un brutal ajuste sobre jubilaciones, educación y salud, el Gobierno beneficia a “uno de los sectores que más plata tiene en este país”.

Desde San José 1111, en un mensaje enviado a la multitudinaria marcha de antorchas en homenaje a Eva Perón en Moreno, CFK desarmó uno de los principales dogmas del oficialismo: “Lo más importante de esa reunioncita en La Rural es confirmar que Milei, que dice que no hay plata para los jubilados, ni para los discapacitados, ni para el Garrahan, ni para las universidades, ahí no le importa el superávit fiscal. En La Rural no le importa. Y le regala plata a uno de los sectores más ricos de la Argentina”.

El mensaje llegó el mismo día en que Milei, desde el palco de la Sociedad Rural Argentina, atacó uno de los pilares históricos del peronismo: la justicia social, a la que calificó como un “parásito mental”. La respuesta de la exmandataria no se hizo esperar. “Si algo me faltaba para saber que estoy del lado correcto de la historia y de la vida es ver y oír cómo festejan que esté presa tanto en la Sociedad Rural como el embajador propuesto por Trump”, afirmó Cristina, en alusión al diplomático Peter Lamelas.

La líder del peronismo denunció también el “desgobierno para los ricos” y cuestionó duramente al Poder Judicial por la entrega de terrenos a la Sociedad Rural: “La frutilla del postre de este desgobierno para los ricos la tuvimos hoy a la mañana, en el predio que la Sociedad Rural le robó a los argentinos en una maniobra en serio de defraudación al Estado. Por eso el presidente de La Rural dice que en Argentina hay justicia independiente: se robaron un terreno impresionante y el Poder Judicial no hizo nada”.

En medio del plan de ajuste que Milei califica como “el más grande de la historia de la humanidad”, el Gobierno decidió beneficiar al sector agroexportador mientras bloquea en el Congreso cualquier intento de recomposición para los jubilados. Cristina volvió a poner el foco en la incoherencia del discurso libertario: “No hay plata para nadie porque hay que cuidar el superávit fiscal… Sin embargo, en La Rural no le importa el superávit fiscal y le regala plata a uno de los sectores más poderosos”.

“Patria o Lamelas”

Otro de los tramos más filosos de su intervención fue su denuncia sobre la subordinación de la política exterior argentina. Cristina advirtió que Peter Lamelas, el embajador estadounidense propuesto por Donald Trump, actúa como “interventor” en el país. “Su misión explícita es vigilar a los gobernadores, frenar acuerdos con China y asegurarse de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece”, ironizó.

“Hoy estamos transitando un intento de destrucción. Es un nuevo intento de destrucción de lo argentino y de subordinación total de nuestros intereses nacionales”, denunció la exmandataria, y remató: “Hace exactamente 80 años era Braden o Perón. Ahora es Patria o Lamelas. Lamelas. Casi, casi pornográfico”.

Máximo Kirchner, presidente del PJ bonaerense, acompañó el mensaje desde Hurlingham, donde encabezó un plenario de Fuerza Patria. En un tono igualmente combativo, señaló: “La Argentina es un territorio en disputa. ¿Quién carajo se cree que es ese señor? Acá el pueblo argentino vota. Acá, el pueblo argentino elige”.

Dólares al colchón y catástrofe económica

Finalmente, Cristina apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el fracaso de sus políticas: “Al Toto Caputo no le sale una. Nada de lo que dice se cumple. Iban a hacer que los argentinos sacaran los dólares del colchón. Sin embargo, los datos del BCRA muestran lo contrario: cada vez más argentinos compran dólares para guardarlos, no para invertir”.

Y advirtió sobre las consecuencias del modelo libertario: “Argentina cada vez debe más dólares y al mismo tiempo se fugan más dólares al colchón, a la caja de seguridad, al exterior. Dólares que se sustraen del crecimiento y desarrollo de la economía argentina. Una verdadera y auténtica catástrofe. Esto no termina bien”.

La postal que dejó la Exposición Rural de Palermo fue tan simbólica como brutal: el mismo público que ovacionó la baja de retenciones a productos del agro, estalló en aplausos cuando el presidente Javier Milei confirmó que vetará el aumento de $22.000 para jubilados.

El discurso del presidente Javier Milei en la Exposición Rural de Palermo dejó una imagen que sintetiza con crudeza el rumbo económico y político del actual gobierno: el mismo público que ovacionó la baja de retenciones para el sector agroexportador, celebró con igual entusiasmo que el Gobierno vete una ley que otorgaba un incremento de $22.000 a los jubilados y jubiladas del país.

Este doble aplauso —por el alivio fiscal al campo y por el ajuste a los sectores más vulnerables— es mucho más que una postal. Es una demostración contundente de hacia dónde se está reorientando el flujo de los recursos del Estado: desde los jubilados, pensionados, personas con discapacidad y trabajadores informales, hacia los sectores concentrados de la economía, particularmente los grandes productores del agro y los exportadores.

La ovación que delata prioridades

Durante su intervención en la Exposición Rural, Milei anunció la baja “permanente” de retenciones a productos clave del complejo agroexportador: soja, carne, maíz, sorgo y girasol. La medida fue recibida con una ovación por parte de los asistentes, representantes de uno de los sectores más privilegiados de la economía argentina.

Pero el segundo gran aplauso de la jornada fue aún más revelador: se produjo cuando el Presidente confirmó que vetará la ley sancionada por el Congreso que aumentaba el bono previsional de $70.000 a $110.000 y establecía un incremento del 7,2% en las jubilaciones mínimas, llevándolas de $309.000 a $331.000. Medidas urgentes en un contexto donde más del 70% de los jubilados no alcanza la canasta básica.

“El superávit fiscal es el ancla que nos lleva al futuro”, dijo Milei, y calificó la ley como un “tribuneo sensiblero financiado con el bolsillo ajeno”. Tildó a los legisladores que la impulsaron de “genocidas del futuro”, y nuevamente fue aplaudido de pie.

La números reales detrás del discurso oficial

La defensa del superávit fiscal como bandera del ajuste tiene, sin embargo, una lógica selectiva. El costo de la ley vetada, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), representaba un 0,2% del PBI para lo que queda del año y un 0,41% anualizado. El bono previsional, por su parte, implicaba un costo de 0,12% del PBI. En total, el paquete significaba menos del 0,5% del producto anual.

Por otro lado, la baja de retenciones al agro representa un sacrificio fiscal de entre 0,1% y 0,3% del PBI, de acuerdo a distintos analistas económicos. En otras palabras, lo que el Estado deja de recaudar para beneficiar al sector más rentable del país, es casi idéntico a lo que se niega a invertir para mejorar los ingresos de quienes viven con lo mínimo en condiciones de supervivencia.

Lo mismo ocurre con otras políticas vetadas o eliminadas: la moratoria previsional (0,2% del PBI), las iniciativas vinculadas a personas con discapacidad (entre 0,22% y 0,42% del PBI) y programas sociales ajustados en nombre de la “racionalidad fiscal”.

Una transferencia de abajo hacia arriba

Lo que se está ejecutando no es solo un ajuste fiscal, sino una transferencia directa de recursos desde los sectores más pobres y dependientes del Estado hacia los más poderosos y concentrados de la economía. No se trata de una cuestión técnica, sino profundamente política y moral.

Mientras se niega una suma de $22.000 a jubilados que cobran menos que la canasta de pobreza, se otorga un alivio millonario a productores agropecuarios que exportan con ganancias en dólares. Según cálculos de economistas del propio sector, la baja de retenciones implica un alivio de US$ 40 por hectárea para los productores de soja que alquilan campo (dos tercios del total), lo que multiplicado por las 17 millones de hectáreas sembradas equivale a unos US$ 700 millones de transferencia fiscal. Ese monto es comparable, por ejemplo, al reclamo que la provincia de Buenos Aires mantiene ante Nación por la deuda de coparticipación.

¿Estímulo productivo o gesto electoral?

Desde el oficialismo se argumenta que esta baja impositiva busca incentivar la liquidación de divisas del campo para asegurar la estabilidad cambiaria de cara a los próximos meses, especialmente en el período electoral. Sin embargo, productores como Néstor Roulet admiten que, aun con la baja, muchos seguirán perdiendo dinero. Y algunos referentes del agro ya advierten que prefieren “cautela” antes que entusiasmo frente al anuncio.

En la práctica, la medida funciona más como un gesto político hacia el electorado rural y empresarial, que como una solución estructural para el sector. Al mismo tiempo, sirve como mensaje de disciplina fiscal hacia los organismos internacionales y el establishment financiero, en detrimento del 70% de jubilados que cobra por debajo de la línea de pobreza.

La escena en Palermo no fue solo una foto: fue un símbolo. El Presidente defendiendo el ajuste, atacando a los más débiles y premiando a los más poderosos. Y un auditorio celebrándolo.

Mientras los sectores concentrados del agro se benefician con la baja de impuestos, los jubilados —quienes trabajaron toda su vida y hoy apenas sobreviven— reciben un veto como respuesta. La dirección es clara: se está consolidando un modelo de país que invierte menos en derechos sociales y más en ganancias privadas. Que aplaude el ajuste abajo y premia el privilegio arriba.

Una redistribución al revés. Y lo más preocupante: con aplausos.