El gobierno sigue empecinado en involucrar al país en la tragedia de Medio Oriente, ahora ordeno activar un “plan integral de defensa” ante “posibles ataques” y gastará una fortuna en la seguridad de Javier Milei.

En una nueva muestra de su alineamiento irrestricto con potencias extranjeras, el gobierno de Javier Milei activó un “plan integral de defensa” supuestamente ante posibles amenazas derivadas de las tensiones en Medio Oriente. Sin que exista evidencia concreta de riesgos para el país, la medida vuelve a poner a la Argentina en el centro de una narrativa belicista que poco tiene que ver con los intereses y urgencias nacionales.

El operativo, presentado como una acción “anticipatoria” frente a un eventual conflicto más amplio entre Irán, Israel y Estados Unidos, activa una serie de dispositivos entre los ministerios de Defensa, Seguridad, Cancillería e Inteligencia. Desde refuerzo en zonas sensibles como la Triple Frontera hasta simulacros en ciudades como Rosario o Córdoba, el plan se despliega con una intensidad desproporcionada e innecesaria, mientras millones de argentinos enfrentan una crisis económica sin precedentes.

Detrás de esta estrategia supuestamente preventiva, lo que asoma es una preocupación central: blindar al presidente Milei. Según confirmó el propio Ejecutivo, el mandatario pasará a tener un nivel de custodia superior en todos sus viajes al exterior. La razón: su abierta adhesión al gobierno israelí y a Estados Unidos, y sus recientes declaraciones en las que calificó a Irán como “enemigo”.

El operativo de seguridad incluirá más agentes, protocolos especiales en hoteles, vuelos y coordinación con agencias internacionales. Además, las embajadas argentinas reforzarán su custodia ante el nuevo “riesgo medio” que, según fuentes oficiales, pesa sobre Milei. Todo este despliegue representa un gasto millonario que se suma a los privilegios presidenciales en medio del ajuste feroz que se impone a la mayoría de la población.

Como si fuera poco, este lunes se recibió una amenaza de bomba en la Quinta de Olivos. Aunque se trató de una falsa alarma, el gobierno la usó para justificar el estado de alerta y profundizar el discurso del peligro inminente.

Lejos de resguardar la soberanía o la paz, el gobierno parece decidido a importar conflictos y sumergir al país en lógicas de confrontación global que no le pertenecen. Mientras tanto, Milei refuerza su burbuja de seguridad a costa del bolsillo de los argentinos.

La medida incluyó la suspensión de todo su personal, quien cobrará únicamente el 75 % de su salario bruto durante el cese de actividades.

La ya delicada situación de la industria argentina vuelve a agravarse. Scania anunció la paralización por una semana de su planta de Colombres, en Tucumán, donde se fabrican cajas de cambio, ejes y otros componentes clave. La medida incluyó la suspensión de todo su personal, quien cobrará únicamente el 75 % de su salario bruto durante el cese de actividades.

Según explicó Luis Diarte, titular de la filial local de SMATA, la falta de pedidos de Brasil y Europa obligó a frenar la línea de producción. “En Brasil dejaron de fabricar 5.000 chasis y no se solicitaron ejes ni cajas de cambio”, señaló en diálogo con La Gaceta.

Desde la automotriz, en tanto, se emitió un comunicado en el que se califica la maniobra como un “esquema de suspensiones laborales” destinado a “resguardar el equilibrio productivo y preservar las fuentes de trabajo” ante la “disminución temporal en la demanda de producción” en el contexto internacional. La empresa recordó que las exportaciones de su planta de Tucumán representan hasta el 15 % del total de envíos provinciales al exterior y anunció una compensación no remunerativa para mitigar el impacto salarial de los operarios.

Sin embargo, el sindicato no oculta su inquietud. “Actividades como la nuestra y la metalúrgica están cayendo, y se prevé pérdida de trabajo. No estamos protegiendo a la industria nacional”, advirtió Diarte, enfatizando que sin un plan de estímulo y límites a las importaciones, el sector corre serio riesgo de desintegrarse.

La finalización de la suspensión estaba prevista para este lunes, pero el pronóstico no es alentador: “Tenemos que tener una Argentina que produzca para que empiece a girar la economía”, concluyó el dirigente de SMATA. Mientras tanto, miles de familias tucumanas siguen en vilo, reflejo de la profunda crisis que atraviesa el entramado industrial del país.

En medio de un marcado deterioro del mercado interno y un aumento sostenido de la desocupación, el Gobierno nacional calificó de “marginal” la suba del desempleo registrada en el primer trimestre de 2025, minimizando así una tendencia alarmante que afecta cada vez a más argentinos.

“El 0,2% (comparando con el primer trimestre de 2024) es una suba marginal, porque hay más argentinos que buscan trabajar, por cuestiones salariales”, argumentó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa. Según el Gobierno, el incremento responde a una mayor participación laboral y no a la destrucción de empleo, una afirmación que contrasta con los datos oficiales.

El INDEC reveló que la desocupación trepó al 7,9% en los primeros tres meses del año, afectando a 1,1 millones de personas. Este es el nivel más alto desde que Javier Milei asumió la presidencia, y representa un salto de 1,5 puntos porcentuales respecto al último trimestre de 2024. Además, en tan solo tres meses, más de 300.000 personas perdieron su empleo, según las estadísticas oficiales.

Pese a ello, el Gobierno insiste en que se trata de una “cuestión técnica” derivada de una mayor cantidad de personas en búsqueda activa de empleo. Adorni incluso sugirió que la comparación adecuada es la interanual para evitar “distorsiones estacionales”, ignorando el fuerte impacto que las políticas económicas del oficialismo han tenido en el empleo formal.

El informe del INDEC también advierte sobre el aumento de la subocupación y la informalidad. La presión total sobre el mercado laboral —que incluye desocupados, subocupados y trabajadores que buscan cambiar de empleo— alcanza ya al 29,7% de la población activa. En tanto, el 42% de los trabajadores se desempeñan en condiciones informales, sin aportes jubilatorios ni derechos laborales básicos.

Las mujeres continúan siendo las más afectadas, con una tasa de desocupación del 9% frente al 7% de los varones. Las regiones más golpeadas son el Gran Buenos Aires y la región Pampeana, con tasas del 9,1% y 7,4% respectivamente. También se observa una clara desigualdad según el tamaño de los aglomerados urbanos: las ciudades de más de 500.000 habitantes registran una desocupación del 8,5%, frente al 5% de los centros urbanos más pequeños.

A pesar de este panorama, el discurso oficial se enfoca en tecnicismos para relativizar los datos. Mientras tanto, el mercado interno continúa en franco retroceso, golpeado por la caída del consumo, el cierre de empresas y una economía que aún no encuentra señales claras de recuperación.

Los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se disparan por encima de la inflación y ya representan el 60% del salario promedio de un trabajador formal, profundizando la crisis habitacional que golpea de lleno a la clase media, cada vez más lejos de acceder a una vivienda propia.

Los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se disparan por encima de la inflación y ya representan el 60% del salario promedio de un trabajador formal, profundizando la crisis habitacional que golpea de lleno a la clase media, cada vez más lejos de acceder a una vivienda propia. Así lo advierte un reciente informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).

Según el Monitor de Acceso a la Vivienda, en lo que va de 2025 los alquileres acumulan una suba del 16,9%, por encima de la inflación general (12,9%) y del índice del rubro vivienda (14,1%). Esto demuestra una presión persistente sobre los hogares inquilinos, aun en un contexto de desaceleración inflacionaria.

Para mayo, se necesitaron 2,7 salarios mínimos (equivalente a $832.140) para alquilar un departamento de dos ambientes en CABA, mientras que el salario mínimo se ubicaba en $308.200. En el caso de los adultos mayores, tampoco la situación es más favorable: el costo de un alquiler representó 2,3 jubilaciones mínimas con bono, lo que refleja un escenario de alta vulnerabilidad para quienes perciben ingresos fijos y limitados.

La situación no mejora siquiera entre los trabajadores formales. Según datos del RIPTE, en abril el costo de alquilar un departamento de dos ambientes consumía el 60% del salario promedio. Y esto sin considerar expensas ni servicios, lo que pone en evidencia que incluso quienes cuentan con empleos registrados enfrentan serias dificultades para sostener un alquiler en el mercado formal.

Las expensas también continúan en alza. En mayo alcanzaron un promedio de $140.108, lo que implicó un incremento mensual del 2,35% y representa un 16,85% adicional sobre el valor del alquiler. En los primeros cinco meses del año ya acumulan una suba cercana al 5%, pero si se compara con el mismo mes de 2024, el aumento supera el 88%, arrastrado por costos de mantenimiento, servicios e impuestos.

La escasez de unidades disponibles en alquiler también complica el panorama. La oferta continúa en niveles bajos, con una caída interanual del 20%. Si bien en mayo se contabilizaron 17.287 unidades en alquiler permanente, ese leve repunte mensual del 4,4% no alcanza a revertir la tendencia general.

Otro factor que agrega presión es la dolarización parcial del mercado. Aunque en mayo se redujo al 38,7% la proporción de publicaciones en dólares —el nivel más bajo desde octubre de 2024—, desde el CEM advierten que no se trata de una desdolarización estructural, sino de una estrategia circunstancial en un contexto de incertidumbre económica.

Finalmente, la distribución territorial de la oferta también revela una desigualdad creciente. Las unidades se concentran mayoritariamente en barrios del norte de la ciudad como Palermo, Recoleta, Belgrano y Caballito, donde el valor del metro cuadrado es más alto. Esto limita gravemente las posibilidades de acceso a una vivienda en condiciones dignas para amplios sectores de la clase media y trabajadora.

El gobierno de Javier Milei ha decidido vivir de prestado, confiando en el endeudamiento sistemático como tabla de salvación para sostener reservas y cumplir con exigencias externas.

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia y Luis Caputo al Ministerio de Economía, la deuda pública argentina se incrementó en más de USD 35.463 millones, según datos del Instituto de Análisis de Gobierno (IAG). Este aumento refleja una estrategia oficial centrada en endeudarse para cumplir con metas del FMI, a costa de comprometer aún más la estabilidad financiera del país.

El aumento incluye tanto deuda en moneda extranjera como en pesos. A mayo de 2025, el stock de deuda bruta nacional ascendió a USD 461.019 millones, sin contar mecanismos adicionales implementados para engrosar reservas como: emisiones de deuda en dólares por hasta USD 1.000 millones mensuales, un nuevo REPO con bancos extranjeros por USD 2.000 millones, y la reactivación del BOPREAL, todo lo cual supone aún más deuda.

Más deuda para cumplir con el FMI

El nuevo programa con el FMI implicó una suba en los compromisos de pago por USD 17.000 millones adicionales respecto al acuerdo de 2022, según explicó el investigador Hernán Herrera. La baja en el stock de deuda registrada entre abril y mayo fue solo aparente: se trató del pago de Letras Intransferibles al BCRA, lo que cambió deuda intraestatal por deuda con el FMI, mucho más exigente en términos de soberanía y condiciones.

En el último año, la deuda bruta en situación de pago normal creció USD 25.273 millones, debido principalmente al aumento de deuda en pesos (equivalente a USD 25.105 millones), mientras que la deuda en dólares apenas bajó USD 90 millones, según estimaciones privadas.

El riesgo detrás de la estrategia

Aunque algunos indicadores de deuda sobre PBI y reservas mejoraron levemente (por ejemplo, la deuda como porcentaje del PBI bajó del 100% al 70%), esto se logró mediante ingresos de divisas del FMI que inflaron artificialmente las reservas. De hecho, la deuda en moneda extranjera llegó a superar el 1.100% del nivel de reservas antes de caer a menos de 700%, aún una cifra alarmante.

El intento de reforzar reservas mediante licitaciones en dólares y flexibilización de restricciones a inversores externos tiene un costo elevado: más deuda, y mayor exposición a flujos volátiles de capital. A ello se suma un nuevo REPO de USD 2.000 millones con siete bancos internacionales, y la emisión de bonos en pesos suscribibles en dólares.

El aval del FMI y un déjà vu con el pasado

El FMI celebró estas medidas, calificándolas como “importantes avances” para la desinflación y la reconstrucción de reservas. Sin embargo, lo que desde Washington se aplaude, en Argentina revive recuerdos del pasado. La estrategia de Caputo hoy remite a su propio rol durante el gobierno de Mauricio Macri: en ambos casos, se recurrió al FMI para sostener reservas, sin controles de capital firmes y con mayor exposición al endeudamiento.

Antes del nuevo acuerdo con el FMI, el cronograma de pagos para los próximos 10 años era de USD 55.363 millones. Con el nuevo programa, la cifra asciende a USD 72.487 millones, incluyendo pagos por capital, intereses y sobrecargos, con vencimientos especialmente abultados desde 2028.

El gobierno de Milei ha decidido vivir de prestado, confiando en el endeudamiento como tabla de salvación para sostener reservas y cumplir con exigencias externas. Pero esta política, lejos de resolver los desequilibrios de fondo, profundiza la dependencia financiera y posterga soluciones estructurales, al tiempo que Argentina se hunde en un espiral de deuda que amenaza su futuro económico constituyendo una pesada herencia para gobiernos futuros y para el país en su conjunto.

Bajo el título “Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”, el PJ bonaerense acusó al presidente Javier Milei de abandonar a los damnificados y de priorizar una agenda ajena a las necesidades del pueblo.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires lanzó un contundente comunicado en repudio al veto presidencial a la ley que declaraba zona de emergencia y catástrofe a Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectadas por las inundaciones de marzo pasado. Bajo el título “Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”, el PJ bonaerense acusó al presidente Javier Milei de abandonar a los damnificados y de priorizar su alineamiento con agendas internacionales ajenas a la realidad nacional y las necesidades del pueblo.

La crítica se desató luego de que Milei vetara la Ley 27.790, aprobada con una amplia mayoría en el Congreso (153 votos a favor y solo 32 en contra, todos de La Libertad Avanza), que preveía la creación de un fondo de emergencia de $200.000 millones para asistir a las zonas afectadas por el temporal.

El Ejecutivo justificó el veto a través del Decreto 424/2025 —publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado también por Guillermo Francos y Patricia Bullrich— argumentando que ya se habían tomado medidas similares mediante el Decreto 238/25, que habilitó un fondo de asistencia y el pago del “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”. Según el gobierno, más del 85% de los beneficiarios ya recibieron ese subsidio.

Sin embargo, el PJ bonaerense respondió con dureza. Señalaron que el nuevo proyecto contemplaba también créditos para reconstrucción de viviendas y edificios públicos, y que el veto presidencial “deja a miles de vecinos sin la asistencia que necesitan para recomponerse de una tragedia”.

“El fondo especial vetado por Milei y sus secuaces estaba destinado a reparar los daños que dejó una catástrofe. Pero una vez más, el gobierno nacional elige mirar para otro lado cuando se trata de asistir a los sectores más vulnerables”, sentenciaron desde el peronismo bonaerense.

Además, cuestionaron los argumentos técnicos del gobierno para excluir a Coronel Rosales de la ayuda: “Según ellos, como el Servicio Meteorológico Nacional indicó que Bahía Blanca fue la más afectada, los otros municipios quedan fuera. Una lógica perversa que desconoce la dimensión humana de una catástrofe”, expresaron.

El comunicado culmina con un mensaje especialmente crítico hacia el ministro de Economía, Luis Caputo:
“La ayuda por una emergencia es un gasto para el gobierno nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera. El mismo día que el endeudador de Caputo se alista para recibir al FMI con sus mejores galas, Milei le niega a los bonaerenses la asistencia necesaria para reconstruir sus vidas”.

YPF incrementó un 55% su presupuesto publicitario en los primeros tres meses de 2025, gastando más de $32.600 millones, según confirmó el sitio Chequeado tras una demanda judicial que obligó a la petrolera estatal a transparentar sus números.

Mientras el gobierno nacional insiste en un relato de austeridad extrema, recorte del gasto público y combate contra los privilegios de “la casta”, puertas adentro opera una lógica muy distinta. Bajo la coordinación de Santiago Caputo, el principal operador comunicacional de Javier Milei, YPF —la petrolera estatal más importante del país— se ha transformado en el principal sostén económico de la maquinaria mediática oficialista.

En lo que va del año, YPF ejecutó el mayor presupuesto publicitario desde su reestatización en 2012. Se trata de un gasto multimillonario destinado no a promover productos, ni a mejorar la eficiencia empresarial ni su posicionamiento en el mercado energético, sino a financiar una red de periodistas, portales digitales, cuentas en redes sociales y tuiteros militantes que operan como voceros del gobierno. La pauta oficial se concentra en medios y perfiles afines al oficialismo, muchos de ellos sin mayor alcance ni trayectoria, pero con un rol proselitista claro en la defensa del presidente y el ataque sistemático a cualquier crítica o sector opositor.

El contraste no podría ser más evidente: mientras se desfinancia la educación, la salud, la cultura y la ciencia en nombre de la eficiencia fiscal, se multiplican los recursos para sostener una red de propaganda informal pero bien aceitada, financiada con dinero público. Lejos de eliminar los vicios del pasado, el gobierno los recicla y los adapta a su lógica, con un nivel de cinismo preocupante.

La pauta no es transparente, no se rige por criterios técnicos ni por resultados medibles. Se distribuye discrecionalmente, por afinidad política, y busca condicionar la agenda pública a través de un blindaje mediático que maquille los costos del ajuste. Santiago Caputo, que no ocupa ningún cargo formal pero toma decisiones clave, administra estos fondos con total opacidad, convirtiendo a YPF en una suerte de “caja negra” al servicio del marketing libertario, un temor que se replica en otras áreas del Estado como ser la SIDE donde Santiago Caputo también tiene amplia influencia.

Paradójicamente, mientras se acusa a los periodistas críticos de ser “ensobrados”, el gobierno construye su propio sistema de favores mediáticos, donde la fidelidad política es premiada con pauta y visibilidad. Esta práctica no solo desmiente el discurso oficial, sino que reinstala uno de los peores hábitos de la política argentina: usar los recursos del Estado para sostener el poder, manipular la opinión pública y castigar la disidencia.

La crisis en las universidades nacionales no se detiene y alcanza niveles alarmantes. Ya son 10 mil los docentes que abandonaron sus cargos debido al colapso salarial y a la falta de presupuesto que atraviesa el sistema universitario público argentino desde la asunción de Javier Milei.

Desde diciembre de 2023, los salarios universitarios perdieron casi el 100% de su poder adquisitivo frente a la inflación. Hoy, un docente con dedicación simple que recién inicia cobra apenas 150 mil pesos, mientras que un investigador ronda los 300 mil pesos, cifras muy por debajo del costo de vida.

La infrafinanciación golpea en todos los frentes. La inversión en universidades no llega ni al 1% del PBI, y los recortes presupuestarios impactan de lleno en el funcionamiento básico: luz, gas, comedores, becas, bibliotecas y transporte. Las autoridades universitarias advierten que se está perdiendo al cuerpo docente, especialmente a quienes tienen dedicación simple, porque directamente “no les conviene seguir dando clases”.

Ante esta situación crítica, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó este lunes una conferencia de prensa en la que se anunciaron medidas frente al ahogo presupuestario. En paralelo, las ocho universidades públicas de Córdoba invitaron a los 21 legisladores nacionales por la provincia para pedir su respaldo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, impulsado por el CIN.

“Nos están mandando apenas dos tercios de lo que enviaban en 2023. No hay presupuesto aprobado y tampoco convocatoria a paritaria salarial”, denunciaron los rectores.

La falta de fondos pone a las universidades al borde del colapso. Desde enero, muchas instituciones están recibiendo apenas el 30% del presupuesto necesario para funcionar.

“Estamos en una crisis profunda. Este 2025 nos encuentra aún peor. Necesitamos una nueva ley de financiamiento que garantice la continuidad del sistema universitario público y, al mismo tiempo, repensarnos. Iniciamos el camino hacia una segunda reforma universitaria”, sostuvieron desde el CIN.

A pesar del panorama sombrío, las universidades renovaron su compromiso con la educación pública y gratuita, y buscan el respaldo político necesario para evitar su desmantelamiento.

La polémica se desató tras la publicación del decreto 383/2025, que amplía por decreto las facultades de la Policía Federal y le otorga atribuciones para realizar ciberpatrullajes, requisas y tareas de inteligencia criminal sin orden judicial.

Diputados de distintos bloques opositores redoblaron la presión sobre el Congreso Nacional para que intervenga con urgencia ante lo que definen como un nuevo capítulo de la deriva autoritaria del gobierno de Javier Milei, en tándem con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La polémica se desató tras la publicación del decreto 383/2025, que amplía por decreto las facultades de la Policía Federal y le otorga atribuciones para realizar ciberpatrullajes, requisas y tareas de inteligencia criminal sin orden judicial.

El proyecto para anular el decreto fue impulsado por legisladores de Unión por la Patria (UxP), quienes alertan sobre el grave retroceso institucional que implica esta medida, incompatible —según afirman— con los principios del Estado de derecho. “Este decreto otorga facultades a la Policía propias de un gobierno dictatorial y no de uno democrático”, advirtió la diputada Mónica Macha, quien denunció que la norma permite requisas sin orden judicial ni sospecha de delito, configurando “una carta de impunidad muy fuerte”.

Macha vinculó el contenido y el momento de la publicación del decreto con la movilización en apoyo a Cristina Kirchner tras el fallo adverso de la Corte Suprema en la causa Vialidad. “Es coherente en la lógica del Gobierno que esto se publique el mismo día de la manifestación en Plaza de Mayo”, afirmó, y recordó que varios manifestantes fueron demorados por la Policía Federal. “Estas prácticas nos remiten a los peores recuerdos de la dictadura”, advirtió.

La diputada también destacó que el rechazo al decreto no se limita a su bloque: “Este atropello generó ruido en varios espacios parlamentarios, lo que abre la posibilidad de articular una respuesta legislativa más amplia”. Para Macha, se trata de “otro ataque a la democracia en un contexto de creciente debilitamiento institucional”.

Desde otros sectores, también se alzaron voces críticas. El diputado Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, confirmó que su espacio presentó un proyecto de derogación y alertó: “Está en juego la vigencia del sistema democrático”. Carbajal aseguró que el Gobierno está avanzando hacia la construcción de un “Estado policial” y señaló que el decreto contradice compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.

Además de impulsar la vía legislativa, el bloque de Carbajal también elevó un reclamo a instancias internacionales, dada la preocupación que genera el impacto del decreto en el sistema de garantías constitucionales.

Qué establece el decreto 383/2025

La norma firmada por Milei, Francos y Bullrich reformula las funciones de la Policía Federal, redefiniéndola como una fuerza de prevención e inteligencia criminal orientada a delitos federales y complejos. Entre otros puntos polémicos, permite el ciberpatrullaje en redes sociales sin autorización judicial, autoriza requisas personales y vehiculares sin orden judicial, y formaliza tareas de inteligencia en el marco de políticas del Ministerio de Seguridad. También propone cambios en el sistema de formación de agentes, incorporando perfiles universitarios y adoptando “estándares del FBI”, según detalla el texto oficial.

Frente a este escenario, la oposición busca acelerar el tratamiento del proyecto de nulidad, con el objetivo de contener lo que consideran un avance autoritario sin precedentes desde el retorno de la democracia. “Podemos tener diferencias en muchos temas, pero coincidimos en defender la democracia”, concluyó Macha, confiada en que el Congreso podrá revertir la medida.

Fue presentado en el Vaticano el “Informe Jubilar: un programa para abordar las crisis de la deuda y el desarrollo”, elaborado a pedido del pontífice con el objetivo de enfrentar el endeudamiento estructural que ahoga a los países más vulnerables.

Aunque falleció en abril de 2025, el Papa Francisco dejó como uno de sus últimos legados un llamado firme y urgente a transformar el sistema financiero global. Este lunes fue presentado en el Vaticano el “Informe Jubilar: un programa para abordar las crisis de la deuda y el desarrollo”, elaborado a pedido del pontífice con el objetivo de enfrentar el endeudamiento estructural que ahoga a los países más vulnerables.

El informe, redactado por la Comisión del Jubileo, convocada por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y la Iniciativa para el Diálogo Político de la Universidad de Columbia, reúne el trabajo de más de 30 economistas y académicos de renombre internacional, bajo la dirección de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, y Martín Guzmán, exministro argentino. El documento traza un camino para una reestructuración profunda de la arquitectura financiera internacional, y cuestiona el rol de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la perpetuación de modelos de deuda insostenibles.

El secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, transmitió un mensaje de respaldo “en nombre del Pontífice”, reafirmando el pedido de Francisco de reducir —e incluso cancelar— la deuda de los países que nunca podrían pagarla. “Es una cuestión de justicia, no solo de magnanimidad”, remarcó.

Informe Jubilar sobre la deuda: replantearse la arquitectura financiera – Vatican News https://t.co/ciQCIHz5PF

— Vatican News (@vaticannews_es) June 20, 2025

El informe denuncia que más de 3.300 millones de personas viven en países donde el pago de la deuda supera la inversión en salud, y 2.100 millones donde es mayor que el gasto en educación. En 2023, los países en desarrollo destinaron 1,4 billones de dólares solo al servicio de la deuda. Además de proponer mecanismos concretos de alivio y reestructuración, el informe pide normas éticas para guiar el diálogo entre acreedores y deudores.

“El sistema financiero debe estar al servicio de las personas y de la Creación”, recordó el cardenal Peter Turkson, mientras que sor Helen Alford, presidenta de la PASS, subrayó la necesidad de combatir también la “deuda ecológica” entre el Norte y el Sur global.

Stiglitz señaló que el informe combina “valores morales con propuestas técnicas viables”, y será presentado en foros clave como la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (junio, Sevilla), la Asamblea General de la ONU y la cumbre del G20 en Johannesburgo.

“Es hora de actuar con responsabilidad”, concluyó Guzmán. El llamado del Papa Francisco —ahora convertido en hoja de ruta— busca construir una economía centrada en el bien común y en la dignidad de los más excluidos.