Advierten que la falta de campañas de vacunación esta generando un retroceso sin precedentes en materia de salud publica generando la reaparición de enfermedades que estaban prácticamente erradicadas.

Argentina atraviesa una profunda crisis sanitaria provocada por el repliegue del Estado en materia de prevención. Mientras el sistema de salud pública se debilita, enfermedades que habían sido controladas o incluso erradicadas regresan con fuerza a distintas regiones del país.

El último Boletín Epidemiológico Nacional, publicado por el propio Ministerio de Salud, expone una realidad alarmante: aumentan los casos de sarampión, hepatitis A, paperas, tuberculosis y otras patologías prevenibles mediante vacunación. El informe, correspondiente a la semana epidemiológica 15 de 2025, revela el costo del abandono estatal en políticas de prevención.

El retroceso sanitario se manifiesta de forma dramática. Con campañas de vacunación desarticuladas, una ciudadanía cada vez más alejada del acceso a las vacunas y un Estado ausente, el avance de enfermedades infecciosas era cuestión de tiempo.

Uno de los datos más inquietantes es el resurgimiento del sarampión: en apenas cuatro meses se confirmaron 21 casos, concentrados principalmente en Buenos Aires y Ciudad Autónoma, lo que representa un incremento del 1800% respecto de años anteriores. Especialistas como el doctor Ramiro Heredia, del Hospital de Clínicas, advierten que estos brotes son el resultado directo de la caída sostenida de la cobertura de vacunación. “Perdimos el hábito de vacunarnos”, advirtió, remarcando la fragilidad actual del sistema sanitario.

El panorama se agrava con otras enfermedades. Las paperas aumentaron un 295% respecto de la mediana de los últimos cinco años. La hepatitis A, una enfermedad que se transmite por agua o alimentos contaminados, muestra un crecimiento del 456%, afectando ahora incluso a jóvenes adultos de entre 20 y 39 años. Además, zoonosis como la leptospirosis y la psitacosis también registran alzas preocupantes.

La respuesta estatal ha sido prácticamente nula: no se han lanzado campañas masivas de vacunación, ni refuerzos territoriales, ni programas nacionales de prevención. La desatención es evidente. Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano, señala con claridad las causas: “Estamos viviendo una reemergencia de enfermedades que estaban controladas por vacunas. Esto es producto de la falta de vacunación en los últimos años, especialmente en la infancia”, advirtió.

El deterioro sanitario también se refleja en el alarmante aumento de tuberculosis. Durante 2024 se notificaron cerca de 17.000 nuevos casos, y en 2025 los casos ya muestran un incremento del 38% respecto del promedio de los últimos cuatro años. La doctora Jimena Falco, neumonóloga y coordinadora de la sección Tuberculosis de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, alerta que los casos están creciendo especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes —el grupo en edad más productiva—, además de observarse un preocupante aumento de casos graves y de mortalidad.

La tuberculosis, causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, afecta principalmente a los pulmones y se transmite por el aire. Factores como la diabetes, la desnutrición, el consumo de tabaco y el debilitamiento del sistema inmunológico aumentan el riesgo de contagio, factores que se agravan en un contexto de creciente pobreza y exclusión social.

La desprotección sanitaria en Argentina es inocultable. En un país donde la pobreza, el desempleo y la incertidumbre marcan la agenda cotidiana, el abandono de la salud pública expone a millones de personas a enfermedades que deberían estar bajo control. Y mientras el Estado continúa ausente, las cifras del retroceso se acumulan, trayendo de vuelta problemas que creíamos superados.

Para el gobernador bonaerense la máxima autoridad del FMI “violó el reglamento del Fondo Monetario y su deber de imparcialidad” con sus declaraciones sobre las elecciones argentinas y su apoyo explicito al oficialismo libertario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, denunció una grave intromisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la política interna argentina y exigió formalmente al Directorio Ejecutivo del organismo que investigue a su directora gerente, Kristalina Georgieva. A través de una carta enviada al FMI, Kicillof solicitó una investigación interna sobre la conducta de Georgieva, a quien acusa de haber favorecido explícitamente al gobierno de Javier Milei, en violación de las normas éticas del organismo.

“Acabo de enviar una carta al Directorio Ejecutivo del FMI exigiendo una investigación sobre la conducta de Kristalina Georgieva”, anunció el mandatario bonaerense. Según Kicillof, la funcionaria del FMI no solo violó el reglamento interno del organismo sino también su deber de imparcialidad, al emitir declaraciones y gestos de apoyo al oficialismo libertario en un contexto electoral.

La polémica se desató el 24 de abril, durante una conferencia de prensa en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, cuando Georgieva, al ser consultada sobre los riesgos del préstamo de 20 mil millones de dólares a Argentina, afirmó que “es muy importante que no se desvíe la voluntad de cambio”. Estas palabras fueron interpretadas como un claro respaldo a la administración de Milei.

El respaldo de Georgieva se evidenció aún más horas después, cuando se difundió una fotografía suya junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ambos luciendo pines con forma de motosierra, un símbolo que remite directamente a la campaña de La Libertad Avanza. “¿Se imaginan las reacciones que causaría en el mundo si la titular del FMI se dejara fotografiar con un pin del Partido Justicialista o de MORENA?”, ironizó Kicillof.

Desde el gobierno bonaerense sostienen que estos gestos no solo son inaceptables, sino que constituyen una violación de principios fundamentales del derecho internacional, como la no injerencia en los asuntos internos de los países, además de contradecir el código de conducta del propio FMI, que exige a sus máximas autoridades actuar con estricta imparcialidad.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reforzó la denuncia citando el reglamento del FMI, que establece que sus funcionarios deben evitar que sus opiniones personales comprometan o parezcan comprometer su función oficial. “Exigimos una rectificación inmediata y una investigación interna para determinar si corresponde su remoción”, subrayó Kicillof en su reclamo formal.

El Gobierno Nacional oficializó la decisión de autorizar a las Fuerzas Armadas a detener civiles en casos de flagrancia en zonas fronterizas, profundizando la militarización interna bajo el enfoque de securitización impulsado por el Comando Sur de Estados Unidos en la región.

La medida fue anunciada y defendida públicamente por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien calificó de “controversial” la decisión y la enfrentó tildando de “defensores de narcos y terroristas” a quienes la critican.

La autorización para que el Ejército y la Armada participen en tareas de control y detención transitoria de civiles en flagrancia fue incluida dentro del denominado “Operativo Roca”, que refuerza la vigilancia en la frontera norte del país, en conjunto con Gendarmería Nacional. El operativo, oficializado el pasado 15 de abril mediante el Decreto 1112/2024 y respaldado por la Ley de Defensa Nacional, contempla además un despliegue flexible y la capacitación de los efectivos bajo nuevas “Reglas de Empeñamiento”.

Aunque el Gobierno intenta acotar el uso de la fuerza, prohibiendo, por ejemplo, disparar contra sospechosos en fuga, el trasfondo es preocupante: Argentina repite una estrategia ya aplicada —y fracasada— en países como México, Colombia y Perú. En esos casos, la militarización de las fronteras terminó agravando la violencia, debilitando a las fuerzas armadas y alimentando al crimen organizado. Soldados con salarios de subsistencia fueron fácilmente cooptados por las redes narco-criminales, a las cuales terminaron suministrándoles armas, entrenamiento y apoyo logístico.

El contexto actual en Argentina no es diferente: los efectivos militares perciben sueldos que apenas les permiten la subsistencia, y las únicas voces de alarma provienen de sus familias, que denuncian públicamente la precarización de las condiciones en que se los expone. Todo indica que el país podría estar avanzando hacia el mismo callejón sin salida que recorrieron sus vecinos, sin aprender de sus tragedias recientes.

Mientras tanto, funcionarios como Petri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, continúan promoviendo estas políticas de militarización de claro tinte electoralista y bajo el argumento de “reforzar la presencia del Estado” en zonas críticas. Una estrategia que, en los hechos, arriesga no solo a los propios soldados, sino también la estabilidad y la paz social.

¿Combatiendo al narcotráfico?

A esta situación se suma una preocupante contradicción: mientras se militarizan las fronteras bajo el pretexto de combatir el delito, en el plano financiero y bancario se abren todas las puertas al lavado de activos. El último blanqueo de capitales mediante el cual el gobierno eliminó las bases de datos de las 300 mil cuentas de quienes accedieron al blanqueo y la conformación de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) implementadas en épocas de Macri cuando Bullrich era ministra de seguridad —utilizadas, entre otros, por la banda criminal de “Los Monos” en Rosario para lavar dinero proveniente del narcotráfico— revelan un sistema que otorga facilidades al crimen organizado, debilitando cualquier discurso oficial sobre la seguridad.

Así, mientras se endurece la respuesta represiva en territorios pobres con fines electorales, el poder económico de las organizaciones criminales crece amparado por normas diseñadas para blanquear capitales de origen ilícito que se suma al relajamiento de los controles en la denominada Hidrovia. Argentina corre el riesgo de cometer los mismos errores que devastaron a sus vecinos, enfrentándose a una militarización ineficaz y a una expansión descontrolada de los negocios criminales.

Esta política no solo compromete el estado de las rutas —arterias clave que sostienen el 80% del tránsito de carga y pasajeros del país—, sino que también pone en riesgo el comercio, la conectividad y la vida de miles de personas que circulan a diario.

Este año, el Ejecutivo buscará licitar casi 10.000 kilómetros de rutas y caminos en todo el país, pero únicamente para asegurar su mantenimiento mínimo. En lugar de ampliar o mejorar la infraestructura, el objetivo es apenas evitar el colapso total de las vías. Sin embargo, los retrasos en las licitaciones y la dramática reducción de fondos agudizan la preocupación sobre el estado crítico de las rutas.

El desfinanciamiento de Vialidad Nacional, organismo bajo la órbita del ministro Luis “Toto” Caputo, ha dejado al ente prácticamente sin capacidad operativa. La reducción presupuestaria aplicada durante 2024 afecta directamente su función esencial: garantizar la circulación segura en el país.

Para 2025, el panorama es aún más alarmante: el gobierno deberá licitar el mantenimiento de al menos 9.342 kilómetros de rutas, vitales para el comercio interno y regional. La gravedad del recorte se refleja en situaciones concretas como el vencimiento de concesiones de la Ruta 12 —conocida como la “ruta del Mercosur”—, fundamental para el comercio con Brasil y Uruguay.

La falta de nuevas adjudicaciones ya provocó la pérdida de más de 500 empleos en el denominado “corredor 18”, que incluye las rutas nacionales 12 y 14 y el Puente Rosario-Victoria. A pesar de que el gobierno promete que Vialidad Nacional se hará cargo, la falta de recursos hace prácticamente inviable esa tarea.

Además, se proyecta un recorte del 30% de la planta de personal de Vialidad Nacional, sobre un total de 5.200 trabajadores. El Sindicato de Trabajadores de Vialidad (STV) denunció que en 2024 el organismo dejó de recibir $350.000 millones, fondos esenciales que debían ser transferidos desde el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) pero que fueron retenidos por el Ministerio de Economía.

La magnitud del ajuste es tal que, con esos fondos, se podrían haber reparado baches en más de 3.400 kilómetros de rutas y acondicionado más de 26.000 kilómetros de banquinas. En cambio, la falta de inversión convierte las rutas nacionales en un peligro constante.

La situación podría agravarse aún más con la anunciada privatización de más de 8.500 kilómetros actualmente a cargo de Corredores Viales S.A. Entre los tramos afectados están la Ruta Nacional 33 (Santa Fe-Bahía Blanca), la Ruta Nacional 18 (Entre Ríos) y la variante de la Ruta Nacional 19 (Córdoba).

Hoy, Vialidad Nacional debe afrontar tareas extraordinarias, como servicios de emergencia y despeje de calzadas, sin los recursos mínimos para garantizar un servicio eficaz. Aunque se habilitaron líneas gratuitas y un WhatsApp de emergencias, estas medidas resultan absolutamente insuficientes frente a la dimensión del problema.

La crisis vial también empieza a generar tensiones políticas: el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se reunió recientemente con el director de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, buscando atenuar los efectos del ajuste en su provincia.

En definitiva, el ajuste feroz impulsado por Milei no solo destruye la infraestructura vial, sino que también pone en juego la seguridad de millones de personas, debilita el comercio y arrastra a cientos de familias al desempleo y la incertidumbre.

Tras el funeral del papa Francisco, la primera actividad pública del presidente fue un acto en el Salón Blanco, donde encabezó un reconocimiento al economista anarcocapitalista español, Jesús Huerta de Soto.

En un acto que desató una ola de repudio, el presidente Javier Milei otorgó este lunes la Orden de Mayo, la máxima distinción argentina, al economista ultraliberal y anarcocapitalista español Jesús Huerta de Soto, un declarado opositor del Papa Francisco.

El hecho resulta especialmente grave y contradictorio: apenas unas horas antes, Milei había viajado al Vaticano para rendir homenaje al Sumo Pontífice, a quien, vale recordar, el propio Milei —inspirado por Huerta de Soto— llegó a apodar “el maligno”.

La ceremonia tuvo lugar en la Casa Rosada y marca un nuevo y alarmante capítulo en la prédica ideológica del mandatario, quien, en medio de un país sumido en una profunda crisis social y económica, sigue priorizando la celebración de sus referentes doctrinarios por sobre las urgencias nacionales.

El homenaje a Huerta de Soto, conocido por su ferviente rechazo al Estado, a la democracia representativa y a la doctrina social de la Iglesia, expone el perfil de confrontación que Milei elige profundizar. Entre los asistentes al acto estuvieron figuras clave de su gobierno, como Karina Milei, Manuel Adorni, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Gerardo Werthein y Martín Menem.

Huerta de Soto, quien encabezó recientemente una charla en la Feria del Libro, sostiene ideas extremas que niegan la función social del Estado y exaltan el anarcocapitalismo más radical. Entre sus declaraciones recientes, destacó que tras la muerte del Papa Francisco, el Pontífice “ya habrá podido ver que el Estado es la encarnación del Maligno en la Tierra”, en línea con su visión de que el Estado, los servicios públicos y la justicia social son expresiones de corrupción moral y coacción violenta.

Es a este personaje, abierto detractor de los principios que el Papa Francisco defendió durante su vida, a quien Milei decidió honrar con el máximo galardón que puede entregar la Argentina.

Lejos de un gesto diplomático o protocolar, la condecoración a Huerta de Soto resulta un acto de provocación ideológica, una muestra de desprecio hacia el Papa Francisco, hacia la tradición católica de gran parte del pueblo argentino y hacia los valores de solidaridad y justicia social que muchos sectores siguen defendiendo con orgullo.

Así, Milei profundiza su aislamiento, reafirma su núcleo doctrinario radicalizado y suma un nuevo capítulo a su política de confrontación, en un país que clama, cada vez con más fuerza, por unidad y sensatez.

El medio especializado en finanzas reveló la existencia de fuertes presiones por parte de Donad Trump y Georgieva para que se avale el salvataje millonario al gobierno de Milei.

Un reciente informe de Bloomberg confirmó que el nuevo préstamo otorgado a la Argentina por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tuvo un fuerte sesgo político y electoral. Según reveló el medio especializado, la mitad del directorio del organismo expresó serias objeciones al acuerdo, pero las presiones de Donald Trump y de la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, terminaron imponiéndose.

Bloomberg destacó que alrededor de la mitad de los 25 miembros del directorio ejecutivo manifestó su preocupación, recordando los antecedentes negativos de la Argentina con acuerdos anteriores en especial con el recuerdo fresco de la gestión Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri. A pesar de ello, el peso político de Estados Unidos y la cúpula del FMI logró forzar la aprobación. El informe remarca que hubo “muchas señales de que Argentina recibió un trato especial”, confirmando que el acuerdo fue impuesto por razones ajenas a criterios técnicos.

La revelación de Bloomberg coincide con un gesto político explícito de Georgieva, quien públicamente llamó a “mantener el rumbo” en las elecciones, en un claro guiño hacia los candidatos de Javier Milei. Tras el escándalo generado por esta intervención directa en la política argentina, Georgieva intentó rectificarse, pero no logró disipar la percepción de injerencia.

El informe de Bloomberg también subraya que la oposición interna en el FMI surgió no solo por los riesgos financieros, sino por el precedente negativo que sentaría ceder a presiones políticas tan evidentes. “Algunos miembros quedaron con la sensación de que la decisión estuvo más motivada por la política”, señala el artículo firmado por Manuela Tobías y Eric Martin.

Entre las maniobras para destrabar el acuerdo, Bloomberg describe cómo Georgieva convocó reuniones informales con los directores reticentes, en un intento claro de presión. Sin embargo, el consenso dentro del organismo era que enfrentarse a Estados Unidos tendría un costo demasiado alto.

La publicación también refleja el malestar de otras delegaciones, como la de Pakistán, que vieron en este trato de favor hacia la Argentina una señal preocupante de favoritismo político. Además, se menciona el paulatino distanciamiento de figuras clave como Gita Gopinath, quien evitó públicamente involucrarse en el tema.

Finalmente, economistas como Brad Setser advirtieron que el Fondo se arriesga enormemente al inyectar fondos en un contexto de fuerte sobrevaloración del peso y sin respaldo institucional sólido, dado que el acuerdo fue aprobado por decreto por el gobierno de Milei.

La investigación de Bloomberg no deja dudas: el préstamo a la Argentina fue decidido en un clima de presión geopolítica, motivado más por consideraciones políticas que por criterios económicos o de sostenibilidad financiera.

Con una imponente muestra de fe, emoción y respeto global, más de 200.000 personas colmaron este sábado la Plaza de San Pedro para despedir al Papa Francisco, en una ceremonia histórica que reunió a líderes y representantes de 130 países

La misa exequial, cargada de símbolos de unidad y diversidad, fue presidida por el cardenal Giovanni Battista Re, Decano del Colegio Cardenalicio, quien ofreció palabras de consuelo y homenaje al pontífice que durante doce años transformó la Iglesia con su estilo cercano y sencillo.

Un hecho sin precedentes marcó la despedida: por primera vez en una misa papal, la Palabra de Dios fue leída en varios idiomas, incluido el chino, en un gesto que reflejó la apertura y universalidad que caracterizaron el pontificado de Jorge Mario Bergoglio.

Durante los tres días de capilla ardiente, más de 250.000 fieles desfilaron ante el féretro de Francisco, superando las cifras de despedidas anteriores, en un testimonio conmovedor del amor popular que despertó. El funeral, celebrado el 26 de abril de 2025, convirtió a Roma y al Vaticano en un epicentro diplomático sin precedentes, con la participación de 50 jefes de Estado, 10 monarcas y delegaciones oficiales de todo el mundo.

La emotiva ceremonia también fue histórica por otro motivo: Francisco fue enterrado fuera del Vaticano, algo que no ocurría desde la muerte de León XIII en 1903. Fiel a su estilo de romper tradiciones, Francisco logró movilizar al planeta aún después de su muerte.

Entre los líderes presentes se contaron los presidentes de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Irlanda, Polonia, Ucrania, India, Canadá y República Dominicana, entre otros. La presencia de figuras como el príncipe Guillermo en representación del Reino Unido, los reyes de España y Dinamarca, así como altos representantes de la Unión Europea y Naciones Unidas, subrayó la dimensión global de su despedida.

Aunque notorias ausencias, como la del presidente ruso Vladimir Putin y el premier israelí Benjamin Netanyahu ambos con pedido de arresto por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), reflejando las tensiones geopolíticas actuales. Donald Trump, en su primer viaje oficial al exterior tras su reelección, participó del funeral, mientras que el presidente argentino Javier Milei protagonizó una llegada accidentada que le impidió visitar la capilla ardiente.

La ausencia oficial de China, pese a los esfuerzos de Francisco por acercarse a la superpotencia asiática, también marcó la jornada. Aun así, el funeral fue seguido por unas 300.000 personas a lo largo del recorrido fúnebre y millones más alrededor del mundo, en una impresionante manifestación de fe, memoria y poder.

El operativo de seguridad desplegado fue comparable al de una cumbre del G20, en un Roma convertida, por unas horas, en espejo vibrante del mundo contemporáneo. Así, el papa Francisco, el hombre “venido del fin del mundo”, logró que en su adiós resonaran la diversidad, la unidad y la esperanza que definieron su pontificado.

Argentina y Estados Unidos firmaron el pasado 13 de marzo un memorando de entendimiento de “cooperación entre fuerzas de operaciones especiales”, por el cual se permitirá el despliegue de tropas estadounidenses en la región patagónica argentina.

La iniciativa, resultado de tres días de negociaciones en el marco de las “SOF Talks” —encuentros orientados a potenciar la interoperabilidad y entrenamiento conjunto de fuerzas de élite— fue suscripta por el coronel Néstor Oprandi, comandante conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas argentinas, y el capitán de navío Nikolaos Sidiropoulos, director de Estrategia y Planes del Comando Sur de EE.UU.

Entre los ejercicios previstos se destaca “Daga Atlántica” (Atlantic Dagger), programado para febrero de 2026, que permitirá simular operaciones conjuntas de alto riesgo en entornos hostiles, con énfasis en técnicas como inserción por helo casting, evacuaciones médicas aéreas, interdicción marítima y despliegues rápidos mediante fast rope desde helicópteros.

Las maniobras se realizarán en Tierra del Fuego, Santa Cruz e Isla de los Estado, áreas que, por su clima extremo y características geográficas, ofrecen condiciones ideales para replicar escenarios de guerra en zonas polares. Esta geografía convierte al extremo sur argentino en una plataforma de entrenamiento clave, similar a la que las fuerzas estadounidenses utilizan en Alaska, y abre la puerta para ensayar tomas de control sobre rutas estratégicas, recursos naturales e infraestructura crítica como ser represas, gasoductos, puertos, aeropuertos etc.

Pero más allá del entrenamiento técnico, estos ejercicios adquieren un peso mayor en el actual tablero geopolítico global. En un mundo marcado por la puja entre grandes potencias —Estados Unidos, China y Rusia—, el control sobre territorios como la Patagonia y el Atlántico Sur se vuelve central. La cercanía al Estrecho de Magallanes, al Pasaje Drake/Mar de Hoces, al Canal de Beagle y a la Antártida convierte a esta región en un enclave de valor militar y económico para Washington de cara a su estrategia de control de puntos de estrangulamiento (choke points) ante la eventualidad de un conflicto con China. En este sentido vale recordar que hace pocos días Estados Unidos llegó a un polémico acuerdo con el gobierno de Panamá para desplegar tropas en el canal cuya inhabilitación obligaría al trafico marítimo a tomar la ruta del Cabo de Hornos junto al Estrecho de Magallanes y el Canal del Beagle.

La proyección estadounidense sobre el sur argentino no es nueva, pero adquiere nueva intensidad: a casi 43 años de la Guerra de Malvinas, las zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego vuelven a cobrar protagonismo. Esta vez, como posibles escenarios de despliegue del Comando Sur y ensayo para eventuales conflictos futuros en el Atlántico Sur.

Además, no es menor el hecho de que desde hace años, Estados Unidos y el Reino Unido ya realizan maniobras conjuntas en el área de las ocupadas Islas Malvinas. La novedad ahora es que las Fuerzas Armadas de EE.UU. reforzarán su presencia directa en el continente, algo inédito en décadas recientes y que sugiere un interés renovado en anticiparse a futuros escenarios de disputa por el agua, los minerales estratégicos, los pasos interoceánicos y la proyección hacia el continente antártico donde Estados Unidos se reserva el derecho a reclamar territorio mientras que Gran Bretaña ambiciona la totalidad de la porción reclamada por Argentina.

Desde el gobierno bonaerense cruzaron a Javier Milei por haberle hecho perder a la provincia y al país lo que pudo haber sido la inversión más grande de la historia argentina.

La tan codiciada planta de licuefacción de gas natural (GNL), que prometía ser la inversión más grande en la historia del país, no se construirá ni en Bahía Blanca, ni en Río Negro, ni en ninguna parte de Argentina. El proyecto que durante años impulsó YPF quedó sepultado por la mezquindad política y la falta de visión estratégica del gobierno de Javier Milei.

Lo que empezó como una disputa política entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires terminó por dinamitar una iniciativa que representaba entre 30 mil y 50 mil millones de dólares en inversiones, generación de empleo y aumento en la capacidad exportadora. Hoy, esa promesa se diluye en soluciones improvisadas: barcos factoría que reemplazan la infraestructura en tierra, con acuerdos que ya se están firmando para montar buques licuefactores en altamar.

La decisión fue confirmada por el propio CEO de YPF, Horacio Marín, al diario Río Negro, donde detalló que el proyecto Argentina LNG 1, 2 y 3 se realizará exclusivamente en barcos, descartando la planta onshore en Punta Colorada.

Criticas del Gobierno Bonaerense

Desde la provincia de Buenos Aires, las críticas no tardaron en llegar. El ministro Nicolás Kreplak fue directo: “El boicot del presidente a la instalación de una planta de GNL en Bahía Blanca, en lugar de trasladarla a Río Negro, simplemente destruyó la inversión”. Y remató: “Nuevamente Milei contra Bahía Blanca, contra la provincia de Buenos Aires y contra toda la Argentina”.

Por su parte el intendente Federico Susbielles retuiteó hoy un mensaje propio del 31 de julio pasado, cuando se anunció la relocalización. “El tiempo dirá si es un daño sólo para los bahienses o es un daño para todos los argentinos”, había escrito en esa ocasión. Hoy le agregó una breve frase: “y el tiempo dijo”.

Y el tiempo, dijo. https://t.co/hQfqnrTGxq

— Federico Susbielles (@fsusbielles) April 24, 2025

Otro que se manifestó fue el secretario general de los trabajadores de la industria del gas natural bahiense (Stingnra), Pablo Van Den Heuvel. “Se confirma lo que los trabajadores venimos diciendo hace más de un año. Mudar la planta fuera de Bahía era inviable porque disparaba irracionalmente los costos. Ahora YPF termina haciendo exactamente lo que dijimos”, aseguró. 

En conclusión, el resultado es claro: por las decisiones caprichosas y la guerra política del presidente, el país se quedó sin el pan y sin la torta. Y con ello, sin una de las oportunidades más importantes para el desarrollo energético nacional.

En un gesto de intromisión inédito, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, instó abiertamente a la ciudadanía a respaldar al gobierno de Javier Milei en las elecciones de octubre, bajo la advertencia solapada de que solo su continuidad garantiza la estabilidad del rumbo económico actual.

“El país va a elecciones en octubre. Es muy importante que la voluntad de cambio no se descarrile. Yo le pediría a la Argentina que mantenga el rumbo”, dijo Georgieva, en declaraciones que generaron un fuerte rechazo por parte de distintos sectores políticos y especialistas en Política Internacional, que consideran esta intervención como una clara intromisión en los asuntos internos de una nación soberana.

Desde Washington, y en el marco de la Asamblea de Primavera del FMI y el Banco Mundial, Georgieva elogió abiertamente las políticas de ajuste del gobierno de Milei, destacando el giro hacia el superávit fiscal, la desaceleración de la inflación y los datos de reducción (aunque cuestionada desde distintos sectores) de los niveles de pobreza. Al mismo tiempo, advirtió sobre los “riesgos internos” si ese camino se interrumpe.

Esta postura, inusual incluso para los estándares del organismo, fue interpretada como un intento directo de incidir en el resultado electoral argentino, apelando al temor a una nueva crisis si no se continúa con el modelo actual. La mención reiterada a la “voluntad de cambio” y la exhortación a “mantener el rumbo” refuerzan la idea de que el FMI ve en Milei al garante de su programa.

“COLONIA”

Porque Kristalina Georgieva, directora del FMI, le ordena a los Argentinos votar por LLA.
pic.twitter.com/syOAyUFLsg

— ¿Por q es tendencia? (@porqtendenciaa) April 24, 2025

Desde el PJ le salieron al cruce

La respuesta no tardó en llegar. El Partido Justicialista (PJ) repudió enérgicamente lo que consideró una “intromisión electoral” del FMI. En un comunicado, denunció que Georgieva “pidió votar a los candidatos de Milei” y comparó esta situación con el préstamo político otorgado al gobierno de Mauricio Macri en 2018. “A los argentinos nos costó demasiado conseguir la libertad de votar como para someter la decisión a un organismo extranjero que nada tiene que decir sobre la voluntad del pueblo argentino”, afirmaron.

El Partido Justicialista repudia la intromisión electoral de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, quien hoy en conferencia de prensa pidió votar a los candidatos de Milei en las próximas elecciones.

A los argentinos nos costó demasiado conseguir la libertad de votar como… pic.twitter.com/AvHlfk5e6h

— Partido Justicialista (@p_justicialista) April 24, 2025

Las declaraciones de Georgieva reabren un debate profundo sobre el papel del FMI en las democracias de América Latina y reavivan los fantasmas de los intereses geopolíticos y condicionamientos externos sobre las decisiones soberanas. Lo que antes se insinuaba entre líneas, hoy se dice sin eufemismos: el respaldo financiero viene atado a la continuidad de un modelo político.