El padre de la convertibilidad, Domingo Cavallo lanzó un duro diagnóstico sobre la situación económica actual y cuestionó el rumbo adoptado por el presidente Javier Milei. “No hay estabilidad ni crecimiento”, sentenció.

En un artículo publicado en su blog personal, titulado “Cómo consolidar un clima de estabilidad y crecimiento”, Cavallo expresó su decepción con los resultados del plan libertario. Si bien reconoció que el salto cambiario de diciembre de 2024 no provocó un nuevo brote inflacionario, afirmó que tampoco logró lo más importante: reactivar la economía ni consolidar un clima de confianza.

Lejos de su anterior respaldo parcial al ideario de Milei, el “padre de la Convertibilidad” advirtió que su propia expectativa de un shock estabilizador se frustró. “No acerté respecto a que podría significar la consolidación de la estabilidad y el crecimiento, porque ello no parece estar ocurriendo”, admitió, en una autocrítica que reforzó su actual visión negativa.

Cómo consolidar un clima de estabilidad y crecimientohttps://t.co/V7wQ7GDFfG

— Domingo F. Cavallo (@domingocavallo) August 1, 2025

Uno de los principales blancos de sus críticas fue el cepo cambiario, cuya continuidad —aunque parcial— considera el mayor obstáculo para la recuperación. Según Cavallo, las restricciones a la libre disponibilidad de divisas siguen generando desconfianza, ahuyentan inversiones productivas y alimentan las expectativas de nuevas devaluaciones. “Los capitales productivos son muy sensibles al riesgo de quedar atrapados si no pueden salir cuando lo necesiten”, advirtió.

Además, apuntó contra la falta de reglas claras en materia monetaria y cambiaria, señalando que muchas decisiones del gobierno son “difíciles de comprender y explicar”, lo cual, según sostuvo, alimenta aún más la percepción de inestabilidad.

Respaldado en los principios de la Escuela de Chicago, Cavallo insistió en que sin un marco normativo previsible y sin una apertura total del mercado cambiario, será imposible atraer inversiones ni generar las condiciones para el crecimiento. “Que no haya ninguna restricción para la compraventa de monedas extranjeras es un requisito indispensable para que la economía funcione con competencia de monedas a la peruana”, enfatizó.

Finalmente, advirtió que mientras persista el actual esquema de controles, la economía seguirá atrapada en un ciclo de estancamiento, con tasas de interés elevadas, desconfianza generalizada y sin señales concretas de reactivación. En su visión, el experimento libertario está fracasando en sus objetivos fundamentales: lograr estabilidad y generar crecimiento.

El último informe del Observatorio Económico de la Ciudad del CEPA analizó la situación del empleo en la Ciudad de Buenos Aires. Lo más destacado es la caída del empleo registrado y el poder adquisitivo.

Según el informe, en abril de 2025 (último dato disponible), se generaron 2.157 empleos registrados privados en la Ciudad. “Con este resultado durante el mandato de Javier Milei se perdieron 13.173 puestos, lo que implica una caída del 0,9% del empleo privado registrado”, indicaron y agregaron que los sectores más afectados son construcción, transporte y almacenamiento, industria manufacturera y electricidad, gas y agua.
 
Otro dato que golpea a la clase trabajadora es la remunaración. “El último dato disponible (marzo 2025) indica una caída real de la remuneración promedio del 3,5% respecto al mes anterior”, detallaron.
 
Y advirtieron que el salario real en la Ciudad en diciembre 2024 se encuentra 10,1% por debajo del nivel de diciembre de 2015, y 3,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Según detalla la denuncia, Bausili declaró ante la Oficina Anticorrupción un salto patrimonial que pasó de $365 millones en 2023 a más de $3.200 millones en 2024, lo que representa un aumento superior al 880%.

Una grave denuncia por presunto enriquecimiento ilícito sacude al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, tras conocerse que su patrimonio creció un 880% en apenas un año. La presentación judicial, radicada este lunes en los tribunales de Comodoro Py, expone cifras que ya encendieron las alarmas en el ámbito político y económico.

La denuncia fue presentada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, miembro de la Asociación Civil en formación “Arco Social”, quien apunta contra Bausili por inconsistencias en sus declaraciones juradas y vínculos directos con sectores del poder económico. Según el documento, el funcionario declaró ante la Oficina Anticorrupción un salto patrimonial de $365 millones en 2023 a más de $3.200 millones en 2024, una cifra que, a todas luces, desborda los ingresos legales de cualquier funcionario público.

“El incremento no guarda proporción con los ingresos habituales ni está debidamente respaldado por antecedentes patrimoniales u operaciones comerciales conocidas”, sostiene la denuncia, a la que tuvo acceso la periodista Vanesa Petrillo (C5N). Este crecimiento súbito y descomunal despierta sospechas no sólo por su magnitud, sino también por el contexto: Bausili mantiene lazos históricos con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien compartió años de negocios en el sector financiero.

Otro dato que refuerza el escándalo: en su declaración de 2024 figuran acciones por más de $400 millones en Pampa Holding SA, una empresa estrechamente vinculada al poder económico concentrado y con nexos con el propio Caputo.

El denunciante pidió una pericia contable integral para analizar la evolución patrimonial del titular del BCRA en los últimos cinco años, con el objetivo de contrastar sus activos declarados con los ingresos lícitos que percibió y determinar la legalidad de ese incremento extraordinario.

La explosiva denuncia ya genera repercusiones en el escenario político y podría abrir una nueva etapa de tensión institucional, en momentos en que se discute la transparencia y el rol de los funcionarios en el manejo de los recursos públicos.

Las políticas de ajuste del gobierno de ese país, coordinadas con el FMI, de incrementar un 33% el precio del diésel, como parte de una estrategia para reducir la presión de los subsidios sobre las finanzas públicas, derivaron en un violento estallido social.

Las trágicas consecuencias de las políticas de ajuste promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelven a golpear a África. En Angola, al menos 22 personas murieron y más de 1.200 fueron detenidas en solo tres días de protestas contra el aumento del precio del combustible. La medida fue adoptada por el gobierno angoleño como parte de un plan de reformas exigido por el FMI, orientado a reducir los subsidios estatales y “corregir” los desequilibrios fiscales del país.

El incremento del 33% en el precio del diésel, implementado con el aval del organismo financiero internacional, desató una grave crisis social. El sector del transporte, directamente afectado por la medida, fue el primero en reaccionar: la Asociación Nacional de Taxistas de Angola (ANATA) inició una huelga que rápidamente ganó apoyo popular. El aumento de las tarifas de los taxis tipo candongueiros duplicó los costos de traslado, disparando los precios de alimentos y bienes básicos, y afectando aún más el ya precario poder adquisitivo de la población.

Lo que comenzó como una protesta pacífica se transformó en una ola de disturbios tras la represión policial. La respuesta del gobierno fue violenta y masiva: además de los muertos y detenidos, se registraron al menos 197 heridos, mientras las movilizaciones se extendían desde Luanda a otras seis provincias. En un comunicado oficial, la administración de João Lourenço intentó justificar la represión acusando a los manifestantes de intentar desestabilizar el país.

Pero lo cierto es que la situación económica de Angola es crítica. Aunque el país es el tercer productor de petróleo de África y este recurso representa cerca del 90% de sus ingresos externos, la riqueza está concentrada en manos de elites político-empresariales. Más del 40% de la población vive en la pobreza, el desempleo supera el 30%, y el salario mínimo —de apenas 75 dólares mensuales— no alcanza para cubrir los costos básicos en las principales ciudades.

La supervisión del FMI en Angola ha implicado un paquete de reformas neoliberales que, como en tantas otras naciones del Sur Global, han significado recortes a subsidios esenciales, aumento de precios, privatizaciones y desprotección social. En este caso, las medidas pactadas entre el gobierno y el Fondo han intensificado la inflación, el desempleo juvenil (que supera el 50%) y el descontento generalizado.

Lejos de resolver los problemas estructurales de Angola, la intervención del FMI ha profundizado las desigualdades, generado violencia y socavado aún más la ya frágil estabilidad del país. Lo ocurrido es una nueva advertencia sobre los costos humanos de las políticas de austeridad impuestas desde fuera, sin considerar las realidades sociales de quienes más las sufren.

“Por favor, presidente Milei, transfiera la finalización de esta obra en Autopista RN19 y mantenga las rutas. Ya no queremos más muertes”, expresó Benedetti en una carta abierta dirigida al jefe del Estado difundida hoy.

Luego de un devastador accidente en la Ruta Nacional 19, en el que murieron cuatro personas —entre ellas tres menores—, el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, lanzó un desesperado reclamo al presidente Javier Milei, exigiendo la reactivación de las obras paralizadas en esa carretera nacional.

A través de una carta pública, Benedetti apuntó directamente al Gobierno nacional:
“¿Hasta cuándo vamos a tener que ver morir a nuestros vecinos por consecuencia de las obras que no se terminan y del egoísmo político de algunos funcionarios?”, escribió con indignación, denunciando el abandono del tramo que une Córdoba con Santa Fe.

El jefe comunal describió como “deplorable” el estado de un tramo de 63 kilómetros de la Ruta Nacional 19, paralizado desde que el Gobierno libertario suspendió toda obra pública. Por esa ruta transitan 15 mil vehículos diarios y, según Benedetti, los accidentes no dejan de aumentar. Solo en los últimos meses, el hospital municipal tuvo que atender a 63 personas heridas en choques ocurridos en los sectores inconclusos.
“El promedio es un accidente cada tres días”, alertó el intendente, y recordó que entre enero y julio ya se registraron cinco muertes.

El último siniestro, ocurrido en la madrugada del domingo entre El Tío y El Fuertecito, fue el detonante de su reclamo: un Volkswagen Bora embistió a un Fiat 147 donde viajaban seis personas. Cuatro de ellas murieron —tres eran niños— y otras dos resultaron gravemente heridas.
“Es muy doloroso despertarnos con noticias como las de hoy. ¿Hasta cuándo vamos a tener que pasar por esto? Ya no queremos más muertes”, expresó Benedetti conmovido.

El intendente radical, que días atrás ya había criticado abiertamente el ajuste libertario en una reunión con otros jefes comunales, volvió a poner sobre la mesa las consecuencias del recorte nacional.
“Votaron a Milei, pero nos piden que gobernemos como el kirchnerismo”, había dicho en ese encuentro, reflejando la tensión de gobernar en municipios donde el apoyo a Milei fue contundente —en Arroyito, por ejemplo, La Libertad Avanza obtuvo el 75% en el balotaje.

La situación no es aislada. Otros intendentes cordobeses también comenzaron a colocar carteles denunciando el abandono de las rutas nacionales, y la misma estrategia fue adoptada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. A nivel nacional, los gobernadores comenzaron a presionar para modificar el reparto de fondos federales, con el cordobés Martín Llaryora participando activamente en alianzas regionales con sus pares de Santa Fe, Jujuy, Chubut y Santa Cruz.

Mientras el país discute el rol del Estado en la infraestructura vial, el drama se cobra nuevas víctimas. El conductor del Bora, un joven de 19 años, fue detenido por la Justicia. Pero para Benedetti y su comunidad, la verdadera responsabilidad recae en un Estado ausente que, por decisión política, condena a miles de argentinos a transitar rutas que matan.

Compañías líderes del sector alimenticio, bebidas, limpieza y artículos de tocador comenzaron a notificar a supermercados y comercios minoristas una nueva lista de precios con aumentos que oscilan entre el 3% y el 9%.

La reciente escalada del dólar en Argentina ya comenzó a impactar directamente en los precios de productos esenciales. Las principales empresas alimenticias del país decidieron aplicar aumentos de hasta el 9% en sus listas, medida que comenzará a sentirse en góndolas desde este martes. La suba del tipo de cambio —que en julio acumuló más del 13% y marcó nuevos récords— desencadenó una ola de actualizaciones en alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal.

El traslado a precios no se hizo esperar: compañías líderes del sector como Arcor, Mondelez y Unilever ya notificaron a supermercados y comercios minoristas los nuevos valores. En promedio, los incrementos van del 3% al 9%, dependiendo de la marca y el rubro. La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), que agrupa a los principales fabricantes del sector, oficializó los ajustes a través de nuevas listas enviadas a las grandes cadenas.

Subas diferenciadas según empresa y producto

Entre los aumentos más altos se encuentran los aplicados por Mondelez —que comercializa marcas como Milka y Oreo— con subas de entre el 7% y el 9%. Le siguen Unilever, con un incremento promedio del 8% en productos de limpieza y cuidado personal, y Softys, que trasladará un 7% en papel higiénico, pañales y toallas femeninas.

En el sector alimenticio, Arcor ajustará entre un 3% y un 5%, mientras que Mastellone (La Serenísima) lo hará en un 4% y Danone en 3,5%. Aceitera General Deheza y Cañuelas aplicarán subas del orden del 5%, y SC Johnson, dedicada a productos de limpieza del hogar, anunció aumentos del 7%.

Impacto directo en comercios de cercanía

Los comercios barriales también comenzaron a actualizar precios, con incrementos que ya alcanzan hasta el 8% en productos como cigarrillos, harinas, panificados y galletitas. Desde el sector supermercadista aseguran estar negociando con los proveedores para moderar los ajustes. “Se busca que los aumentos se acerquen al 5% y no al 10%”, reveló una fuente del sector.

En este contexto, una de las principales empresas alimenticias ya presentó listas con aumentos que van del 4% al 8%, confirmando que la tendencia alcista comienza a consolidarse en todos los canales de venta.

Para mantener el equilibrio fiscal y como condición para futuros desembolsos, le exigió al gobierno un súper ajuste extra sobre las jubilaciones, los subsidios y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el rumbo del programa económico del Gobierno argentino y, a cambio de flexibilizar la exigencia de acumulación de reservas para todo 2025, reclamó un ajuste aún más severo en áreas sensibles del gasto público. En el reciente Staff Level Agreement (SLA) que acompañó el desembolso de USD 2.000 millones, el organismo endureció sus condiciones y pidió un recorte adicional en jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y subsidios energéticos, lo que implicará una poda aún más profunda en sectores vulnerables de la sociedad.

Sostenibilidad de la deuda

Para el año próximo, el FMI elevó la meta de superávit primario al 1,6 % del PBI (frente al 1,3 % previsto en abril), y planteó que, a partir de 2027, Argentina deberá alcanzar un superávit del 2,5 % del PBI para absorber el creciente pago de intereses y garantizar la sostenibilidad de la deuda. Aunque el organismo reconoce avances en materia fiscal, advirtió que el riesgo soberano sigue siendo “alto” debido a la frágil posición de reservas, la elevada necesidad de financiamiento bruto y el acceso limitado a los mercados internacionales.

Ajuste previsional

En el terreno previsional, el FMI apuntó que, tras una caída del 28 % en 2024, el gasto en jubilaciones volvería a crecer alrededor del 6 % interanual bajo la fórmula actual. Por eso, reclamó una reforma estructural antes de diciembre de 2026 que simplifique el sistema previsional y alinee mejor los aportes con los beneficios. En el corto plazo, exigió que el Ejecutivo evite cualquier aumento no financiado y mencionó explícitamente el proyecto del Congreso para aumentar un 7 % los haberes y elevar el bono mínimo de $70.000 a $110.000, que el presidente ya anunció que vetará.

Motosierra a la AUH

Respecto a la AUH y las pensiones por discapacidad, el Fondo acordó con el Gobierno la implementación de controles más estrictos de elegibilidad. Para ello, se desarrollará un Registro Social Único que integrará distintas bases de datos sociales antes de diciembre de 2025. Esta medida apunta a reducir el universo de beneficiarios mediante la “mejora en la eficiencia” del gasto social, es decir, una depuración del padrón.

Tarifas y subsidios energéticos

En cuanto a los subsidios energéticos, el FMI exigió un ajuste adicional. A partir de junio de 2025, las tarifas de electricidad deberán aumentar mensualmente durante los siguientes 30 meses, con el objetivo de que se acerquen al “costo real“. Si bien el organismo reconoce que esta medida generará presión inflacionaria, la considera esencial para reducir los subsidios y aliviar la cadena de pagos del sector energético. Además, se impulsarán reformas para aumentar la competencia en el mercado mayorista y evitar atrasos entre las distribuidoras y CAMMESA, la empresa estatal encargada de la administración del sistema eléctrico.

En el plano financiero, el FMI indicó que el Tesoro deberá seguir convalidando tasas de interés “lo suficientemente altas” como para asegurar el rollover de la deuda en pesos. Aunque el Gobierno mantiene un buen nivel de depósitos en efectivo y ha logrado cierto orden en la curva de pesos, el Fondo advierte que la situación sigue siendo frágil. La deuda pública, según sus proyecciones, bajaría del 85 % del PBI en 2024 al 55 % en 2030, pero solo si se cumple estrictamente la consolidación fiscal requerida. Por eso, el informe concluye que la deuda argentina es “sostenible, pero no con alta probabilidad”.

Con estas nuevas exigencias, el FMI redobla la presión sobre el Gobierno en un contexto políticamente sensible. El alivio en materia de reservas viene acompañado de un pedido explícito de profundizar el ajuste sobre jubilaciones, AUH y subsidios, lo que tensiona aún más el delicado equilibrio entre la disciplina fiscal y la tolerancia social en un año electoral.

El dato más llamativo es que casi dos tercios de esa suma están radicados fuera del país, principalmente en depósitos bancarios y acciones en sociedades extranjeras.

Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) y reveló un patrimonio de $11.851 millones al cierre de 2024. El dato más llamativo es que casi dos tercios de esa suma están radicados fuera del país, principalmente en depósitos bancarios y acciones en sociedades extranjeras.

Según la información oficial, Caputo duplicó su patrimonio en tan solo un año: a fines de 2023 había declarado $4.996 millones. Así, durante 2024 su riqueza creció un 137% en pesos y entre un 88% y 102% en dólares, dependiendo del tipo de cambio utilizado para el cálculo.

El ministro se posiciona entre los tres funcionarios más ricos del gabinete, solo por detrás del canciller Gerardo Werthein y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Bienes en el exterior

La mayor parte de la fortuna de Caputo se encuentra fuera de Argentina:

• $5.937 millones están depositados en cuentas bancarias en el exterior.
• $1.870 millones corresponden a su participación en la compañía Ancora Investments, también radicada fuera del país.

En total, $7.807 millones —más del 65% de su patrimonio— están fuera de la Argentina. En contraste, sus cuentas bancarias en el país suman solo $2,1 millones y poco menos de un millón de pesos en dólares.

Propiedades, vehículos y sociedades locales

Caputo también declaró múltiples propiedades:

• Dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires.
• Un extenso campo en Santiago del Estero.
• Lotes en Benavídez y Pilar (provincia de Buenos Aires).
• Una casa en Villa La Angostura (Neuquén) y tres cocheras.

En cuanto a vehículos, informó la posesión de tres camionetas, un yate, un gomón y un cuatriciclo Yamaha.

En el plano societario local, declaró participaciones en las firmas Sacha Rupaska SA, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico SA, así como inversiones en fondos comunes.

Declaración fiscal vs. valor real

Es importante aclarar que estos montos no reflejan necesariamente el valor de mercado de los bienes, ya que por ley deben declararse a su valor fiscal, lo que muchas veces representa cifras considerablemente menores. Por ejemplo, el cuatriciclo Yamaha está valuado oficialmente en apenas $24.600.

El presidente de la entidad, Martín Rappallini, alertó que la industria está perdiendo entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo por mes desde marzo, producto de la contracción sostenida, el desplome del consumo interno y el avance de las importaciones.

La Unión Industrial Argentina (UIA) lanzó una grave advertencia sobre el deterioro acelerado del aparato productivo nacional. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, alertó que la industria está perdiendo entre 1.000 y 1.500 puestos de trabajo por mes desde marzo, en un contexto de contracción sostenida, marcado por el desplome del consumo interno y el avance de las importaciones.

“La importación impacta, pero lo que más nos preocupa es la baja de la actividad”, subrayó Rappallini, al señalar que el modelo económico impulsado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, está generando un deterioro estructural del sector manufacturero. Según la UIA, la combinación de ajuste fiscal, apertura comercial y caída del mercado interno está empujando a cientos de empresas a una situación límite.

Las cifras son elocuentes: las ventas en sectores como la construcción, el textil, el calzado y los cueros han caído entre un 15% y un 30%, mientras que algunos rubros como alimentos y farmacéutica apenas muestran repuntes marginales, insuficientes para revertir la tendencia general.

Ante este panorama, las empresas apelan a medidas de emergencia: reducción de jornadas laborales, suspensiones, pagos parciales de salarios y postergación de aportes patronales se vuelven prácticas extendidas para evitar cierres definitivos.

Rappallini también reclamó reformas laborales e impositivas urgentes para corregir distorsiones acumuladas durante décadas y permitir que las empresas puedan sostenerse en un entorno competitivo. “Desde abril los números están amesetados, pero eso no significa que estemos mejor”, remarcó.

Con una industria paralizada, pérdida de empleos y sin señales claras de reactivación, la UIA endurece su postura frente a un modelo económico que, advierte, pone en riesgo el futuro del trabajo y la producción nacional.

El sector gastronómico argentino atraviesa una fuerte crisis equivalentes a las del 2001 y la pandemia en plena cuarentena. Crecen los cierres de restaurantes en todo el país y la caída del consumo y la falta de turismo golpea fuerte a zonas.

El sector gastronómico argentino atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. La recesión económica, la abrupta caída del consumo y la ausencia de turismo —tanto nacional como extranjero— han provocado el cierre de al menos 100 restaurantes en los últimos meses en todo el país, una cifra que ya supera el peor momento de la pandemia y deja atrás incluso la crisis del 2001.

Los barrios más afectados son aquellos históricamente asociados al turismo y la gastronomía de alto nivel: Palermo, San Telmo, Puerto Madero y Recoleta. Allí, las ventas se desplomaron hasta un 30%, según datos de la Cámara de Restaurantes. El golpe es tal que incluso locales con estrellas Michelin han tenido que bajar la persiana.

“El sector acumula una baja del 55% en su facturación en el último año y medio. Esta crisis es más profunda y más prolongada que la del 2001. En aquel momento, la reactivación llegó rápidamente con el turismo. Hoy no tenemos turistas ni nacionales ni internacionales. Desde marzo, la caída se acentuó drásticamente”, explicó Carlos Yanelli, presidente de la Cámara de Restaurantes, en diálogo con el portal BAE Negocios.

Entre los establecimientos cerrados se cuentan lugares emblemáticos como The Coffee Town del Mercado de San Telmo, Franca y Sal (ambos con estrella Michelin), La Locanda de Recoleta, Ya Cabrón de Palermo, Citadino de Parque Patricios, Amador, Green Bamboo, Sede, Manhattan Club Grand Café y el tenedor libre Gourmet Porteño, entre muchos otros.

Costos desbordados y consumo en caída libre

A los alquileres impagables y el derrumbe de la demanda, se suman los aumentos exponenciales en servicios: “Pasamos de pagar $600.000 a más de $5 millones en luz. La actividad ya no da para sostener esos costos”, afirmó Yanelli.

Según un estudio de la consultora Kantar, el 76% de los argentinos redujo la frecuencia con la que sale a comer afuera, y en los sectores socioeconómicos más bajos (D1-D2) la caída llega al 85%.

La recesión no solo golpea a los empresarios: los mozos ven desplomarse sus ingresos por propinas, que en muchos casos pasaron del tradicional 10% a apenas un 3% o 5% del valor del ticket. “Cuando cae la facturación, las propinas caen en la misma proporción”, señaló el gerente de un restaurante tradicional.

Estrategias de supervivencia

En este contexto crítico, algunos locales intentan resistir con promociones agresivas y estrategias de ajuste. Desde menús ejecutivos tanto al mediodía como por la noche, hasta platos grandes para compartir o combos semanales con precios populares, la prioridad es mantener el flujo mínimo de comensales. Los bodegones y pizzerías de precios accesibles, por ahora, son los únicos con algo de oxígeno gracias a su propuesta más económica y popular.

Aún así, la incertidumbre domina el panorama. “No vemos señales de mejora a corto plazo. Hay mucha expectativa puesta en las elecciones, pero necesitamos un cambio estructural urgente. Esta situación es insostenible”, concluyó Yanelli.