Mariano Pérez, influencer libertario a cargo del canal de YouTube Break Point, dio polémicas declaraciones en el canal de stream Carajo. Hace pocos días el periodista Roberto Navrro fue agredido en la calle tras las violentas declaraciones del presidente quien llamao a agredir al periodismo.

En un contexto de creciente tensión política y hostilidad hacia la prensa, un nuevo episodio vuelve a encender las alarmas. Mariano Pérez, influencer libertario al frente del canal oficialista Break Point y figura recurrente en espacios afines al gobierno, expresó sin reparos que le “hubiera encantado matar a alguien”, en medio de una charla transmitida en el canal de stream oficialista Carajo.

Pérez, habitual participante de las conferencias del vocero presidencial Manuel Adorni y presente en medios como TN y La Nación Más, es conocido por sus provocaciones en redes y en actos públicos. En esta ocasión, su frase se dio mientras se bromeaba sobre la influencer libertaria Marilú, quien se burló del intento de suicidio de un trabajador de la AFIP tras la disolución del organismo. En ese contexto, Pérez lanzó: “Desde que mató personalmente a un empleado de la AFIP está muy domadora”. Y agregó: “Me hubiera encantado matar a alguien pero, lamentablemente, es un título que le queda a Marilú nomás”.

"Me hubiera encantado m**** a alguien, pero lamentablemente es un título que le queda a Marilú no más"

(Mariano Pérez, "periodista") pic.twitter.com/gCKC89Exji

— Javier Smaldone (@mis2centavos) April 22, 2025

La declaración se viralizó rápidamente en redes sociales, despertando un fuerte repudio. Pero más allá del impacto mediático, el hecho no es aislado. Se inscribe en una peligrosa escalada de violencia política que cuenta con el respaldo o la omisión cómplice del gobierno nacional.

No es la primera vez que el presidente Javier Milei apunta contra el periodismo con declaraciones cargadas de violencia simbólica. Hace apenas unos días, el periodista Roberto Navarro fue agredido en la vía pública, en lo que muchos vinculan directamente con el discurso agresivo del mandatario, quien ha llamado abiertamente a confrontar con la prensa.

A esto se suma la participación de Pérez en la velada de boxeo organizada por el humorista Luquita Rodríguez, donde enfrentará al periodista Manu Jove. En tono desafiante, declaró: “Tengo ocho meses para convertirme en una máquina de matar”. También aseguró que prefiere “que le peguen un tiro en la cabeza a quedar como un boludo en un estadio” y cerró con una frase inquietante: “No hay vuelta atrás, yo estoy acá hasta la muerte”.

La normalización de estas expresiones violentas y su amplificación desde medios oficialistas y cuentas cercanas al gobierno profundizan un escenario preocupante para la democracia. Lejos de ser simples exabruptos, estas declaraciones forman parte de un clima político que alienta la confrontación extrema y el silenciamiento de voces críticas.

Frente a esta situación, urge una reflexión colectiva sobre los límites del discurso público y el rol que deben asumir quienes ocupan espacios de poder y comunicación en una democracia.

En un nuevo capítulo de despojo de las Islas Malvinas, Israel y el Reino Unido se disponen a extraer petróleo en el Atlántico Sur, el proyecto representa no solo un saqueo flagrante de los recursos naturales argentinos, sino también una humillación a la soberanía nacional avalada por el silencio absoluto del gobierno de Javier Milei.

La empresa israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del emprendimiento, lidera la ofensiva junto con la firma británica Rockhopper, que posee el 35% restante. Juntas, consolidan un proyecto que planea extraer 300 millones de barriles de petróleo en las aguas que rodean al archipiélago usurpado, con ganancias proyectadas de más de 25.500 millones de dólares en las próximas tres décadas.

La primera etapa incluye la perforación de 23 pozos en el yacimiento Sea Lion, situado a 218 kilómetros al norte de las islas, en una zona considerada de “clase mundial” por la riqueza de sus reservas. Mientras tanto, el gobierno colonial británico embolsará regalías por más de 6.000 millones de dólares, en un reparto desigual que excluye por completo a la Argentina de un recurso que le pertenece por derecho.

Todo esto ocurre sin una sola palabra del presidente Javier Milei, quien ha evitado hacer reclamos diplomáticos, impulsar acciones legales o al menos sentar una postura clara en foros internacionales. Su conocida afinidad con Israel y su alineamiento incondicional con las potencias occidentales de la angloesfera lo posicionan, a los ojos de muchos, como un cómplice directo de este despojo.

Especialistas advierten que la mayor parte de las ganancias fluirá hacia accionistas extranjeros, principalmente en Israel y Estados Unidos, mientras el pueblo argentino es marginado de sus propios recursos. El proyecto León Marino continúa avanzando sin obstáculos, profundizando el malestar ciudadano ante la pasividad del Estado argentino frente a esta afrenta a la soberanía.

A esto se suma el grave riesgo ambiental que implica la explotación en la zona, sujeto a regulaciones impuestas por la autoridad ilegítima de las Malvinas. Las consecuencias podrían impactar en todo el Mar Argentino y más allá, en un momento de máxima alerta climática global.

La historia de lucha por la soberanía de las Islas Malvinas suma así un nuevo agravio. Lejos de defender los intereses del país, el gobierno de Milei opta por mirar hacia otro lado, habilitando con su silencio uno de los actos de expolio más descarados en el Atlántico Sur en tiempos recientes.

El Gobierno de Donald Trump considera la posibilidad de extender una línea de crédito a Argentina “ante la posibilidad de que un shock externo” comprometa al plan económico de Javier Milei, pero no será gratis…

El Tesoro de Estados Unidos está considerando habilitar una línea de crédito especial para Argentina, en respuesta directa a gestiones impulsadas por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que se justifica oficialmente como una medida preventiva ante “posibles riesgos externos”, implicaría exigencias significativas en términos de política exterior y manejo de recursos naturales.

El anuncio fue realizado por Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense y funcionario cercano al expresidente Donald Trump, quien visitó Buenos Aires recientemente para negociar proyectos con Milei. Según reveló Bessent en una entrevista posterior, Estados Unidos podría recurrir al Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) para asistir a Argentina, siempre y cuando el gobierno argentino se mantenga firme en el rumbo de sus actuales políticas económicas.

Sin embargo, detrás del lenguaje técnico y el supuesto respaldo ante un “shock global”, fuentes cercanas a la negociación señalan que la oferta incluye condiciones geopolíticas de fondo. Entre ellas se encontrarían el alineamiento explícito con la estrategia de Washington en América Latina y el otorgamiento de facilidades a empresas estadounidenses en sectores clave como energía, minería y defensa.

Durante un evento organizado por JP Morgan en Washington, Bessent dejó entrever el alcance estratégico del ofrecimiento: “Si ocurre algo sin que ellos tengan la culpa, entonces creo que en el Tesoro estaríamos dispuestos a intervenir para ayudar a suavizar las cosas”. No obstante, aclaró que cualquier apoyo financiero estará supeditado a un compromiso firme por parte de Milei de no apartarse de su actual plan económico.

El uso del FSE –un mecanismo creado en los años 30 para asistir a países aliados en momentos de crisis cambiaria– no es habitual y requiere la aprobación directa del secretario del Tesoro. Su posible aplicación en este caso subraya el interés de la administración estadounidense en reforzar su influencia sobre el rumbo político y económico de Argentina, en un contexto global marcado por tensiones comerciales y disputas por materias primas y recursos críticos.

Esta insólita decisión parece estar directamente vinculada a las firmes críticas del pontífice hacia la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, a la que describió en repetidas ocasiones como “inaceptable y letal para la población civil”.

La Cancillería del régimen israelí desató una ola de indignación internacional y malestar interno al ordenar la eliminación de todas las condolencias emitidas por sus embajadas en el mundo tras la muerte del Papa Francisco. Esta insólita decisión parece estar directamente vinculada a las firmes críticas del pontífice hacia la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, a la que describió en repetidas ocasiones como inaceptable y letal para la población civil.

Embajadas israelíes en varios países, particularmente en naciones de mayoría católica, habían publicado mensajes sencillos de pésame como “Descansa en paz, Papa Francisco. Que su memoria sea una bendición”. Sin embargo, horas después, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una directiva abrupta ordenando la eliminación de cualquier referencia al fallecimiento del líder católico y prohibiendo a los diplomáticos firmar libros de condolencias en embajadas del Vaticano.

La medida causó enojo y desconcierto entre numerosos embajadores israelíes, quienes advirtieron que este acto podría afectar gravemente la imagen de Israel a nivel global. “Borramos un tuit simple e inocente que expresaba condolencias básicas, claramente debido a las críticas del Papa a Israel por la guerra en Gaza”, expresó uno de ellos en un grupo interno de WhatsApp del Ministerio.

La reacción del gobierno israelí revela una intolerancia frontal ante cualquier condena de su accionar militar, incluso si esta proviene de una figura moral del peso del Papa Francisco. Lejos de respetar la sensibilidad de millones de católicos que lloran su pérdida, el régimen dirigido por Benjamín Netanyahu (quien tienen pedido de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra) eligió silenciar sus representaciones diplomáticas y responder con desprecio institucional.

Medios judíos con enfoque critico al régimen también calificaron la decisión de la Cancillería como “dura y desconcertante”, mientras que voces internas alertan sobre el posible daño diplomático duradero. “No es solo que no ofrecimos condolencias, sino que las eliminamos activamente. Tiene mala pinta. Muy mal”, señaló otro funcionario.

La actitud del Ministerio se terminó de clarificar con una declaración oficial: “Respondimos a las declaraciones del Papa contra Israel durante su vida, y no lo haremos después de su muerte”. Estas palabras no hicieron más que confirmar que el silenciamiento fue un castigo post mortem al Papa por haber levantado la voz frente al sufrimiento de miles de víctimas en Gaza.

Así, la política exterior israelí da un paso más en su endurecimiento, alineándose con una lógica que niega el duelo y el dolor del pueblo católico, calla a sus propios diplomáticos y desprecia la compasión cuando esta incomoda al poder.

Contrario a los discursos optimistas del Gobierno, la realidad del mercado cárnico refleja una profunda crisis: el consumo de carne vacuna cayó nuevamente en marzo y la producción se encuentra entre las más bajas en más en cuatro décadas.

Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), el consumo por habitante retrocedió un 2,7% interanual en marzo, alcanzando las 48.394 toneladas de res con hueso. Este nuevo descenso se da en un contexto generalizado de contracción del consumo masivo, que acumuló una baja de 8,6% en el primer trimestre del año, según la consultora Scentia.

La caída del consumo no es aislada: se enmarca en un derrumbe sostenido del poder adquisitivo. Aunque desde el Gobierno se busca instalar una narrativa de recuperación, las góndolas muestran otra cosa. En marzo, la carne subió un 7% en promedio, y para abril se esperan incrementos que rondan el 40%. En los últimos 12 meses, los precios de los principales cortes aumentaron más del 60%, superando incluso la inflación general.

El cuadril lideró las subas anuales con un 66,9%, seguido por el asado (66%) y la nalga (64,2%). Pero incluso el pollo, históricamente una alternativa más económica, registró un incremento interanual del 44,2%.

A esto se suma un dato alarmante sobre la producción: la faena de ganado en marzo fue de apenas 1,024 millones de cabezas, ocupando el puesto 34 entre los últimos 46 marzos registrados. La caída interanual fue del 3,5% y en lo que va del año, el retroceso sectorial es del 2,4%. En términos históricos, la actividad quedó apenas 0,6% por encima del promedio de los primeros trimestres desde 1980.

El escenario es crítico: precios por las nubes, consumo en retroceso y producción estancada. Mientras tanto, la incertidumbre continúa. El impacto de la devaluación ya se refleja en las carnicerías, y el sector se pregunta si el desplome del poder adquisitivo pondrá un freno a los aumentos o si, por el contrario, los precios seguirán subiendo, profundizando una de las peores crisis del rubro en décadas.

Son los datos que se desprenden del informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de UBA-Conicet. En nueve meses, más de 2.1 millones de hogares dejaron de ser considerados de bajos ingresos.

En solo nueve meses, el gobierno de Javier Milei eliminó cerca de 2 millones de subsidios a la tarifa eléctrica, y todo indica que el ajuste continuará y se profundizará como parte del acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que reclama una poda más drástica del gasto público.

El dato fue revelado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-Conicet), que detectó que entre julio de 2024 y abril de 2025 más de 2,1 millones de hogares dejaron de ser considerados de bajos ingresos y, por ende, perdieron el subsidio estatal a la energía. Lo llamativo es que gran parte de esos hogares fueron reclasificados directamente como de “altos ingresos” (Nivel 1), sin escalas, en una modificación del padrón del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) que despierta fuertes cuestionamientos.

La consecuencia directa es una caída en la cobertura del subsidio eléctrico para millones de usuarios, justo en un contexto de tarifas en alza y salarios estancados. De hecho, casi 430.000 usuarios salieron del Nivel 2 (bajos ingresos), lo que coincide con la cuestionada baja de 14 puntos en la pobreza medida por el INDEC. Hoy, solo el 38% del padrón recibe el subsidio del 70% en su factura eléctrica, frente al 52% que lo hacía hasta mediados del año pasado.

“El impacto es significativo no solo en el gasto en subsidios, que cae, sino también en las facturas de quienes ya no reciben ayuda nacional ni provincial”, explicó Julián Rojo, economista del Observatorio.

En línea con los compromisos asumidos con el FMI, el Gobierno busca desmantelar el actual esquema de segmentación en tres niveles (según ingresos) y reemplazarlo por un sistema de asistencia focalizada, que podría excluir del beneficio a más de 3,2 millones de hogares de ingresos medios. Según el FMI, este nuevo esquema debería simplificarse aún más, desplazando a los usuarios del Nivel 3 directamente al Nivel 1, quitándoles automáticamente toda ayuda estatal.

Especialistas del sector advierten que esta transición sería caótica y de difícil implementación, especialmente en barrios populares donde no hay medidores individuales y las conexiones eléctricas son precarias.

Según el informe, en abril de 2025 un hogar promedio del AMBA sin subsidios necesitó $142.548 para cubrir energía, agua y transporte, un 42% más que un año atrás. Este gasto equivale al 10,3% del salario promedio registrado.

Los datos oficiales muestran que en el primer trimestre de 2025 los subsidios energéticos cayeron un 44% interanual, lo que proyecta una baja general del 35% para todo el año. Así, los subsidios al sector energético rondarían los USD 4.400 millones, representando apenas el 0,7% del PBI, frente al 1,1% de 2023.

Para fin de 2025, los subsidios al gas y la luz se reducirán aún más: el Nivel 2 (bajos ingresos) pasará de tener un 70% de subsidio a un 65%, y el Nivel 3 (ingresos medios), de un 71% a solo el 50%. En el caso del gas, el recorte será incluso más fuerte.

En total, según el RASE, hay 16,3 millones de usuarios eléctricos en el país, de los cuales un 60% aún recibe algún tipo de subvención. Pero ese número seguirá bajando: la hoja de ruta está marcada por el acuerdo con el FMI y el objetivo de Milei de reducir el gasto a toda costa, incluso a expensas del acceso a servicios básicos.

Entidades industriales de la provincia de Buenos Aires cuestionaron la simplificación para importar bienes usados, a partir de una decisión del Gobierno nacional. 

La reciente eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) por parte del Gobierno nacional ha encendido alarmas en todo el sector industrial de la provincia de Buenos Aires. Lejos de responder a una estrategia productiva planificada, la medida responde a presiones directas de los Estados Unidos para colocar maquinaria y equipamiento obsoleto en el país, lo que podría generar consecuencias graves e irreversibles para el tejido productivo nacional.

Juan Carlos Uboldi, vicepresidente primero de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), advirtió que esta decisión es “especialmente grave” para la provincia, que concentra casi el 22% del empleo y el 19% de las empresas metalúrgicas del país. “Se trata de una medida doblemente preocupante: por la ausencia de certificaciones técnicas, y por el impacto negativo sobre la balanza comercial”, afirmó en declaraciones al diario El Norte.

Entidades clave como ADIBA, CEPBA, FEBA y UIPBA expresaron su profunda preocupación en un comunicado conjunto. Si bien reconocieron la necesidad de simplificar trámites y modernizar la administración pública, rechazaron que esto se haga sacrificando instrumentos que cumplen un rol estratégico en el desarrollo industrial argentino.

“El ingreso indiscriminado de maquinaria usada, muchas veces sin controles de seguridad adecuados y sin garantías de funcionamiento eficiente, constituye una competencia desleal que amenaza la producción local y desalienta la inversión en tecnología y equipamiento nuevo”, señalaron.

La medida no solo abre la puerta a productos de dudosa calidad, sino que deja expuesto al país a decisiones tomadas bajo presión externa, desmantelando herramientas de protección industrial que costaron décadas construir. Los bienes de capital que ahora ingresarán sin mayores controles representan sectores sensibles: petróleo y gas, industria automotriz, astilleros, gráfica y metalmecánica, entre otros.

Según las entidades industriales, la eliminación del CIBU no solo afectará el presente de la industria, sino también su capacidad futura de crecer, innovar y exportar. “No se puede hablar de competitividad sin una política industrial coherente que defienda el empleo, el valor agregado local y la soberanía productiva. Esta medida, lejos de integrarnos inteligentemente al mundo, nos convierte en depósito de excedentes tecnológicos de las potencias”.

El tejido industrial bonaerense, motor clave de la economía argentina, hoy se enfrenta a una amenaza que no proviene del mercado, sino de decisiones políticas que priorizan intereses ajenos por encima del desarrollo nacional.

El fin de semana largo por Semana Santa constituyó un nuevo indicador de la austera situación económica que atraviesan los argentinos, marcando una caída del 16% en la cantidad de turistas que se movieron respecto al 2024.

El último fin de semana largo por Semana Santa se convirtió en un claro reflejo del freno en el consumo y la delicada situación económica que atraviesan los argentinos. Según datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cantidad de turistas que se movilizaron por el país cayó un 16% respecto al mismo período de 2024, lo que representa un fuerte retroceso en uno de los momentos tradicionalmente más activos para el turismo interno.

Unos 2,7 millones de personas viajaron a distintos destinos del país, generando un gasto total estimado en $733.128 millones. Sin embargo, detrás de esa cifra se esconde una realidad marcada por la retracción: el menor volumen de viajeros y la reducción en la estadía promedio —que fue de apenas 3,1 días— evidencian el fuerte ajuste que está haciendo la clase media.

Aunque el gasto promedio diario por persona fue de $87.590, el consumo turístico mostró grandes disparidades regionales. Mientras en Tierra del Fuego el gasto promedio rondó los $320.000 por día, en otras provincias como Tucumán y Mendoza apenas alcanzó los $72.000 y $75.000 respectivamente. Estas diferencias también reflejan la desigualdad del impacto económico y la pérdida de capacidad adquisitiva de amplios sectores de la población.

Si bien se registró un leve aumento del 1,9% en la cantidad de turistas respecto a 2023, ese dato se ve matizado por la reducción en la duración de las estadías y por un contexto diferente: el año pasado la Semana Santa coincidió con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, formando un súper fin de semana largo de seis días. Este año, en cambio, con solo cuatro días y bolsillos más apretados, las cifras no lograron repuntar.

El movimiento en rutas, terminales y aeropuertos fue sostenido, y Aerolíneas Argentinas transportó más de 210 mil pasajeros. Sin embargo, muchos de esos desplazamientos no fueron dentro del país: miles de argentinos optaron por viajar a países limítrofes, principalmente Chile y Uruguay, donde los precios resultaron más convenientes. En la frontera con Chile, por ejemplo, se registraron hasta 5 km de filas y demoras de más de 4 horas para cruzar desde Mendoza por el Paso Internacional Cristo Redentor.

En suma, el fin de semana largo de Semana Santa dejó un balance negativo para el turismo nacional, convirtiéndose en un nuevo caso testigo del profundo ajuste que atraviesa la economía argentina. La caída en la movilidad turística y la reducción del consumo en uno de los sectores clave para muchas economías regionales vuelven a poner en evidencia la fragilidad del momento económico actual.

Antes de enviar los proyectos al Congreso, el gobierno quiere reunirse con la dirigencia sindical para intentar negociar algunas de las reformas que exige el organismo de crédito.

Antes de enviar al Congreso los proyectos de reforma que forman parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno convocará a la conducción de la CGT con el objetivo de abrir un canal de diálogo y buscar consensos en materia laboral. En un contexto de creciente tensión entre los gremios y la Casa Rosada, esta reunión será clave para intentar descomprimir el clima social y evitar un nuevo foco de conflicto.

El Ejecutivo pretende avanzar con cambios estructurales en la legislación laboral —algunos de los cuales ya fueron discutidos con el FMI— pero apuesta primero a una instancia de negociación con los sindicatos. “Nuestra intención es que haya diálogo. Vamos a intentar reunir los consensos”, afirman desde Nación.

Por eso, el Gobierno ha decidido postergar temporalmente otras reformas sensibles en un clima conflictivo, como la previsional y la impositiva. “Sin un cambio en el régimen laboral, no tiene sentido avanzar con el resto de las reformas”, aseguran en el oficialismo.

Entre las modificaciones que se barajan figuran cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), con la intención de reducir la participación del Estado en los acuerdos entre privados. También se analiza eliminar la homologación estatal de las paritarias, hacer optativo el pago de la cuota solidaria a los sindicatos, establecer la obligación de elecciones internas supervisadas por la Justicia Electoral y avanzar en la aplicación de convenios específicos por actividad.

💪🏼 PARO GENERAL EN DEFENSA DE LAS Y LOS TRABAJADORES

‼️ Desde que asumió Milei, los trabajadores perdimos todo esto

🧵 Abrimos hilo#ParoGeneral pic.twitter.com/2kuKnWwgl2

— CGT (@cgtoficialok) April 10, 2025

Otro de los puntos sensibles es la eliminación de los aportes no contributivos a los gremios, junto con nuevas restricciones al derecho a huelga a través de la declaración de servicios esenciales en sectores como salud, transporte, telecomunicaciones y educación. El Gobierno también busca impulsar la mediación y el arbitraje para evitar que los conflictos laborales escalen a instancias judiciales.

Estas reformas retoman parte del espíritu del artículo 94 de la Ley Bases, que habilita despidos en casos de bloqueos o tomas de establecimientos, pero cuya reglamentación fue suspendida en septiembre de 2024 tras una negociación directa con la CGT.

En paralelo, el Congreso ya aprobó medidas como la eliminación de multas por trabajo no registrado, la extensión del período de prueba a ocho meses y la creación de un fondo de cese laboral optativo. Sin embargo, persiste la decisión del Gobierno de no homologar paritarias por encima de la inflación, lo que mantiene viva la tensión con el movimiento sindical.

Reforma Jubilatoria, fin del Monotributo, fin de los Subsidios,Aumento tarifas energía y Flexibilización laboral. Será q eso es pensar en los argentinos? https://t.co/GlcJdSqj5y pic.twitter.com/9v7mqonjWw

— Marcela Feudale (@SoyFeudaleM) April 14, 2025

Los encargados de canalizar el vínculo con la CGT son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Del lado sindical, participarán dirigentes de peso como Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN).

“La convocatoria al diálogo sigue vigente. El paro no afectó nuestro vínculo con el sindicalismo”, remarcan en la Casa Rosada, mientras se prepara una negociación que podría definir el rumbo político y social de los próximos meses.

Mientras la Provincia de Buenos Aires acreditó el Boleto Estudiantil para más de 300 mil estudiantes de universidades e institutos terciarios, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cuatro meses de la sanción de la Ley que extiende el beneficio a estudiantes universitarios, todavía no está en funcionamiento ni tiene fecha de inicio.

Con el inicio del ciclo lectivo 2025, más de 300.000 estudiantes de la Provincia de Buenos Aires ya tienen acreditado el Boleto Estudiantil, un derecho conquistado hace una década que hoy se mantiene y fortalece con una inversión provincial de $10.600 millones. La medida fue impulsada por el Ministerio de Transporte bonaerense, a cargo de Martín Marinucci, y representa un paso firme hacia la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.

Mientras tanto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a pesar de que la Legislatura porteña sancionó la extensión del Boleto Estudiantil a estudiantes universitarios y terciarios hace más de cuatro meses (con un solo voto en contra del proyecto por parte del ex libertario Ramiro Marra), el beneficio aún no está disponible, no fue reglamentado y no hay fechas confirmadas para su implementación.

Lo que ya funciona en Provincia

El Boleto Estudiantil bonaerense cubre 45 viajes mensuales por estudiante al valor de la tarifa mínima en cada jurisdicción. Está destinado a estudiantes regulares que residan en la provincia y cursen carreras en instituciones públicas que tengan convenio con el Ministerio de Transporte. El beneficio se acredita directamente en la tarjeta SUBE, lo que permite a miles de jóvenes trasladarse diariamente sin tener que elegir entre el transporte o un plato de comida.

Actualmente, incluye a 24 universidades nacionales y provinciales (entre ellas La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Quilmes, Hurlingham, José C. Paz, Jauretche, General Sarmiento, Lanús, Moreno, UTN, entre otras) y más de 350 institutos terciarios. La gestión del beneficio se realiza en articulación con las universidades, que validan la condición de alumno regular y remiten los listados al Ministerio.

Lo que no avanza en CABA

En diciembre de 2024, la Legislatura porteña aprobó por 53 votos afirmativos una modificación a la Ley 5656 que amplía el alcance del boleto estudiantil a universitarios, terciarios y estudiantes de educación especial, tanto de instituciones públicas como subvencionadas al 100%. También se incorporó a los acompañantes de niños y niñas menores de 12 años.

Pero hasta el momento, la Ciudad no ha reglamentado ni habilitado el beneficio. El decreto firmado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en febrero de este año, apenas encomienda a la ministra de Educación, Mercedes Miguel, que dicte las normas operativas necesarias para implementar la ley. Sin embargo, aún no hay precisiones ni cronograma de aplicación. Según informaron fuentes oficiales, recién se conformó una comisión conjunta entre Nación y Ciudad para definir los alcances de la medida, sin resultados visibles hasta ahora.

El proyecto sancionado indica que podrán acceder los estudiantes que residan en CABA y pertenezcan a hogares considerados pobres, clase media vulnerable o clase media frágil, de acuerdo a la clasificación del Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad. Sin embargo, tampoco se ha especificado cómo se evaluarán esos requisitos ni cómo se tramitará el beneficio.

El reclamo estudiantil

Desde la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), su presidenta Priscila Vitale denunció la demora:

“El ciclo lectivo ya comenzó y aún no tenemos respuestas en cuanto a por qué el gobierno está demorando la implementación. Hicimos una intervención artística con máscaras de Jorge Macri en la puerta de Uspallata, sede de gobierno en Parque Patricios, para exigir la implementación del boleto porque entendemos que es una herramienta fundamental para que los y las estudiantes accedan a la universidad pública”.

Los centros de estudiantes también expresan su preocupación: no tienen información oficial ni certezas para responder a las consultas de sus compañeros. La situación es especialmente compleja para quienes estudian en la UBA, que aunque tiene sedes en la Provincia, no pueden acceder al boleto bonaerense porque institucionalmente la UBA depende de la Ciudad.

Mientras tanto, en Provincia…

En paralelo al Boleto Estudiantil, el gobierno de Axel Kicillof continúa ampliando el acceso a la educación superior con el programa Puentes, que ya suma 33 centros universitarios en todo el territorio bonaerense. Uno de los más recientes es el Centro Universitario de Villa Gesell, inaugurado en marzo con aulas, conectividad y formación en TIC y robótica a cargo de la Universidad de Quilmes y la UTN. Esta política apunta a garantizar que los jóvenes no tengan que irse de sus localidades para poder estudiar.

El contraste es evidente: mientras la Provincia apuesta a políticas activas que garantizan derechos y promueven la inclusión educativa, la Ciudad dilata la aplicación de un beneficio ya sancionado por ley. En un contexto donde estudiar se vuelve cada vez más difícil, la demora no es neutra: impacta directamente en las posibilidades reales de miles de jóvenes de acceder, mantenerse y egresar del sistema universitario público.