El escándalo de las contrataciones al clan Menem en el Banco Nación generó una fuerte conmoción interna. Desde el oficialismo reconocieron que Milei está “descompuesto” de la furia, convencido de que el caso golpea su bandera “anticasta” en plena recta final hacia las elecciones legislativas.

El escándalo por la millonaria contratación del Banco Nación al clan Menem desató una tormenta en el corazón del poder. Javier Milei reaccionó con furia tras conocerse que la entidad estatal adjudicó casi 4.000 millones de pesos a Tech Security, la empresa vinculada a Fernando y Adrián Menem, hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La bronca del Presidente fue tal que no solo descargó contra los Menem, sino que también le reprochó duramente a su propia hermana Karina Milei, principal sostén político del riojano dentro del Gobierno. Karina no solo avaló la permanencia de Martín Menem en Diputados, sino que también promovió a su primo “Lule” Menem como su mano derecha en la Secretaría General de la Presidencia.

La adjudicación generó una fuerte conmoción interna. Funcionarios del propio oficialismo reconocieron que Milei está “descompuesto” de la furia, convencido de que el escándalo golpea su bandera de “anticasta” en plena recta final hacia las elecciones legislativas.

El vínculo de los Menem con Tech Security no es menor: el propio Martín Menem fue socio fundador de la empresa y solo “cedió” sus acciones a su hermano Adrián cuando asumió en la Cámara Baja, buscando eludir incompatibilidades legales. Sin embargo, la operación salió a la luz y reactivó las sospechas sobre los negocios paralelos del histórico clan riojano.

No es secreto que Milei nunca quiso a Menem como presidente de Diputados, prefería al macrista Cristian Ritondo. Ya en febrero había quedado marcado tras el escándalo de la empresa cripto Libra, donde incluso fue apodado “el señor de la Wallet” por su cercanía con el esquema que vació cuentas de miles de ahorristas.

Ahora, el caso Tech Security colmó la paciencia presidencial. Según trascendió desde el círculo íntimo, Milei ya tomó la decisión de desplazar a los Menem después de las elecciones legislativas. En Balcarce 50 reconocen que la pelea interna entre Karina Milei y Santiago Caputo agravó la situación, pero la bronca del Presidente es personal: no está dispuesto a permitir que casos de corrupción interna destruyan su imagen frente a la sociedad.

“Después de octubre se tienen que ir todos”, resumió un funcionario cercano a Milei, que no descartó que puedan estallar más escándalos ligados a los Menem.

El proyecto logró la adhesión mayoritaria en la legislatura porteña, excepto La Libertad Avanza. Ahora le corresponde al Poder ejecutivo de la Ciudad promulgar la norma.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó este jueves la ley que garantiza la gratuidad del subte para jubilados, pensionados y retirados que perciban hasta dos jubilaciones y media del haber mínimo, lo que alcanzará aproximadamente al 65% de los jubilados de la Ciudad.

El proyecto fue aprobado con una amplia mayoría: 44 votos a favor y 6 abstenciones, todas provenientes del bloque de La Libertad Avanza (LLA), cuyos legisladores decidieron no acompañar la iniciativa. Las abstenciones corresponden a Juan Pablo Arenaza, Rebeca Fleitas, María Luisa González Estevarena, Silvia Imas, Lucía Montenegro y Leonardo Saifert.

Desde el bloque de Unión por la Patria (UxP) destacaron que se trata de “un pequeño alivio para los que más están sufriendo” las consecuencias de las políticas nacionales, y subrayaron que fue posible gracias al trabajo conjunto de todo el arco opositor. También remarcaron que el beneficio será irrestricto, funcionará todos los días y deberá renovarse cada cinco años.

SUBTE GRATIS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Acabamos de conseguir en la Legislatura la aprobación de la gratuidad del boleto de subte para jubilados y pensionados que cobren hasta 2,5 haberes mínimos. pic.twitter.com/zrVmOVg0D8

— Legisladores UP CABA (@diputados_caba) July 17, 2025

¿Qué establece la norma?

• Beneficiarios: Jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con domicilio en CABA y con ingresos que no superen dos jubilaciones y media mínimas según ANSES.
• Alcance: El pase gratuito se podrá usar sin límite horario durante toda la semana.
• Trámite: El pase se gestionará en todas las estaciones cabeceras de subte y sedes comunales mediante una tarjeta magnética.
• Renovación: El beneficio tendrá una vigencia de cinco años, con posibilidad de renovación indefinida siempre que se mantengan los requisitos. Si el pase no se usa durante dos años seguidos, se dará de baja automáticamente.

Con la sanción ya aprobada por la Legislatura, el Poder Ejecutivo de la Ciudad tiene ahora la responsabilidad de promulgar la ley para que pueda comenzar a aplicarse.

Un nuevo escandalo sacude al Gobierno de Javier Milei que terminó con la denuncia a propios funcionaros los cuales habrían filtrado información a Estados Unidos para favorecer a los fondos buitre en el juicio por YPF y que la Argentina le entregue la empresa pública a Norteamérica.

Un verdadero terremoto político sacude al Gobierno de Javier Milei tras la denuncia de un nuevo escándalo de gravedad institucional: funcionarios de su propia gestión habrían filtrado información confidencial a Estados Unidos para beneficiar a los fondos buitre y facilitar la entrega de YPF a intereses extranjeros.

La Procuración del Tesoro, organismo clave en la defensa jurídica del Estado, despidió de manera inmediata a 60 empleados luego de tomar conocimiento de la posible filtración de datos estratégicos en pleno juicio internacional por la expropiación de YPF. Si bien el Ejecutivo habla oficialmente de una “reestructuración”, detrás de esta abrupta purga se esconde una acusación explosiva: la posible venta de información sensible para perjudicar deliberadamente a la Argentina en un caso judicial histórico.

El foco de las sospechas recae sobre la figura de Santiago Caputo, principal asesor del presidente y uno de los nombres más poderosos en la mesa chica del Gobierno. El titular de la Procuración durante los hechos, Santiago Castro Videla, habría llegado al cargo con el aval directo de Caputo, lo que alimenta las tensiones internas en el oficialismo.

La denuncia señala que la filtración habría incluido detalles críticos sobre la estrategia legal del país frente a Burford Capital, el fondo buitre que logró un fallo favorable de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para quedarse con el 51% de las acciones Clase D de la petrolera estatal. Aunque recientemente una Cámara de Apelaciones en EE.UU. suspendió la cesión de las acciones, el proceso judicial sigue abierto y la maniobra denunciada podría haber debilitado la defensa argentina de manera irreparable.

Mientras el Gobierno busca minimizar el tema con discursos de “eficiencia” y “austeridad”, la gravedad del escándalo es inocultable: se investiga una traición a los intereses nacionales que podría terminar con la entrega de una de las empresas más emblemáticas del país al poder financiero extranjero. La polémica crece y el caso promete nuevas revelaciones que podrían sacudir aún más a una gestión ya marcada por la crisis y el conflicto.

La vicepresidenta se solidarizó con el cura argentino Gabriel Romanelli y se diferenció de la Cancillería argentina.

La vicepresidenta Victoria Villarruel se diferenció una vez más del gobierno nacional y condenó con firmeza el bombardeo perpetrado por las fuerzas israelíes contra la iglesia católica Sagrada Familia en la Franja de Gaza, un ataque que dejó cuatro personas muertas y siete heridas, entre ellas el sacerdote argentino Gabriel Romanelli de estrechos vínculos con el Papa Francisco.

A través de su cuenta de X, Villarruel no dudó en señalar directamente a las fuerzas de Israel como responsables del ataque y expresó su “apoyo y solidaridad al Padre Gabriel Romanelli y a toda la feligresía de la Parroquia Sagrada Familia en Gaza, que hoy sufrieron el bombardeo de las fuerzas israelíes”. Además, envió sus condolencias a los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

Quiero expresar todo mi apoyo y solidaridad al Padre Gabriel Romanelli y a toda la feligresía de la Parroquia Sagrada Familia en la Franja de Gaza, que hoy sufrieron el bombardeo de fuerzas israelíes. Envío asimismo mis condolencias a las familias de los cuatro muertos y la… pic.twitter.com/lBGdp0JP1H

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 17, 2025

Esta declaración de la vicepresidenta contrasta abiertamente con la postura tibia de la Cancillería argentina, claramente condicionada por la sumisión del presidente Javier Milei a la política israelí. Mientras Villarruel condenó el bombardeo sin eufemismos, la Cancillería, bajo la conducción de Gerardo Werthein, evitó siquiera mencionar a las fuerzas de Israel y se limitó a expresar una “seria preocupación”.

Villarruel, de marcada fe católica, también destacó la labor del Padre Romanelli: “Hace carne las palabras de Cristo de amar al prójimo permaneciendo junto a sus fieles y refugiados, abriendo las puertas de nuestra Iglesia a quienes sufren el conflicto armado”, sostuvo. Además, pidió a la Virgen de Luján que proteja al sacerdote y a todos los misioneros argentinos, remarcando una sensibilidad cristiana que choca con el presidente Milei, quien incluso ha declarado su conversión al judaísmo y mantiene un alineamiento incondicional y genuflexo con el Estado de Israel.

El comunicado oficial del gobierno fue claramente edulcorado, sin señalar responsabilidades y eludiendo cualquier condena. La Cancillería apenas mencionó “hechos ocurridos” y confió en que Israel “brindará la asistencia necesaria”, sin cuestionar el ataque a un lugar sagrado y sin mencionar el grave saldo de muertos y heridos.

Con esta nueva declaración, Villarruel vuelve a posicionarse como una voz disonante dentro del gobierno, exponiendo la complicidad de Milei ante los crímenes cometidos en Gaza y reivindicando la defensa de las víctimas, el cristianismo y el respeto a los derechos humanos.

Con un tono desafiante, el presidente brasileño denunció la falta de respuesta a los mensajes enviados a la administración norteamericana, pero subrayó su voluntad de negociar, siempre dejando claro que “Brasil será respetado”.

En medio de la creciente tensión comercial con Estados Unidos, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, elevó el tono de su discurso y lanzó un contundente mensaje de soberanía frente a su par estadounidense, Donald Trump. “No es un gringo quien va a dar órdenes a este presidente de la República”, exclamó Lula, recibiendo una ovación durante el 60.º Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes (Conune), en Goiânia.

El mandatario brasileño no se limitó a responder a los recientes aranceles del 50 % impuestos por Estados Unidos, sino que también responsabilizó a su antecesor, Jair Bolsonaro, por la situación. Lula se mostró categórico al afirmar que Brasil hará respetar su soberanía ante cualquier intento de imposición extranjera.

“Si Trump hubiera hecho en Brasil lo que hizo en el Capitolio, ya estaría preso”, advirtió, en alusión al asalto al Congreso estadounidense en enero de 2021. Además, Lula recordó los 200 años de relaciones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos y recalcó: “No aceptamos que ningún país venga a inmiscuirse en los asuntos internos del pueblo brasileño”.

Con un tono desafiante, el presidente brasileño denunció la falta de respuesta a los mensajes enviados a la administración norteamericana, pero subrayó su voluntad de negociar, siempre dejando claro que “Brasil será respetado”.

“Vamos a responder con civilización y democracia, pero con firmeza”, sostuvo. Lula también apuntó contra Trump por su desconocimiento de los términos comerciales, aclarando que Brasil mantiene un déficit con Estados Unidos desde hace más de 15 años.

El mandatario brasileño no dejó pasar la oportunidad para criticar a Bolsonaro, acusándolo de “traición a la patria” por su alineamiento con Washington. “Bolsonaro se abraza a la bandera estadounidense, pues que se quede allá. Aquí quien manda somos los brasileños”, remarcó, ondeando la bandera verde y amarilla ante un auditorio entusiasta.

Con un discurso que combinó firmeza y orgullo nacional, Lula dejó en claro que Brasil no se someterá a presiones externas y defenderá su autonomía en cualquier escenario internacional.

“Ya lo vimos con Menem: bajar la inflación a cualquier costo, sin cuidar el resto, termina mal”, advirtió el medio financiero.

Un lapidario informe del Financial Times expuso las crecientes fisuras que está generando la política económica del gobierno argentino en la economía real. El prestigioso diario británico, tradicional defensor del libre mercado, lanzó una dura advertencia sobre los efectos negativos del rumbo económico impulsado por Javier Milei.

En un artículo publicado el 14 de julio, y reforzado luego en declaraciones radiales, Michael Stott —editor para América Latina del Financial Times— cuestionó la sostenibilidad del modelo libertario. “Lejos de consolidarse, el experimento económico de Milei ya empieza a mostrar sus grietas en la economía real”, afirmó.

La sobrevaluación del peso es el principal eje de las críticas. “El peso está muchísimo más fuerte que al inicio del gobierno y esa sobrevaluación distorsiona toda la política económica”, señaló Stott. Según el análisis, el tipo de cambio artificialmente apreciado asfixia la competitividad exportadora, impide la acumulación de reservas y profundiza el desequilibrio externo. “Ya lo vimos con Menem: bajar la inflación a cualquier costo, descuidando el resto, termina mal”, recordó el editor, en una clara referencia a los riesgos históricos que enfrenta Argentina.

Uno de los síntomas más evidentes de esta distorsión es el récord de turismo al exterior. Entre enero y abril, más de 8,4 millones de argentinos viajaron fuera del país, un 68 % más que el año pasado. “El balance turístico se volvió fuertemente negativo”, subrayó Stott, ilustrando cómo el “peso potente” incentiva el gasto en el extranjero mientras debilita la producción local.

La situación se agrava con la pérdida de competitividad de las exportaciones industriales y la caída de las reservas del Banco Central, que no logra recomponer sus arcas porque el gobierno mantiene el dólar planchado. “El presidente tiene el aplauso empresarial más fuerte de las últimas décadas, pero no hay inversiones reales. Los empresarios no abren las billeteras”, remarcó Stott, dejando en evidencia la desconfianza que persiste pese a las señales del mercado financiero.

El informe también pone la lupa sobre el retiro de grandes empresas. Multinacionales como Telefónica e Itaú están vendiendo activos y sacando dólares del país, aprovechando el tipo de cambio favorable, en lugar de apostar por el crecimiento local. “Eso no genera confianza a largo plazo”, concluyó Stott.

A pesar de los elogios que recibe Milei desde los sectores financieros, el Financial Times advierte que la economía real sigue estancada y empieza a mostrar signos de un preocupante deterioro estructural.

El dirigente vecinal de la localidad de Caseros, de vínculos con el gobernador Rogelio Frigerio (JxC), aclaró que si bien no es parte de La Libertad Avanza, expresó su afinidad con las políticas del gobierno nacional y defendió el ajuste a los jubilados con una repudiable frase.

El intendente de Caseros, Oscar Francou, desató la indignación al justificar los recortes a los jubilados con una frase que generó amplio rechazo. Durante una reunión de intendentes vecinalistas realizada en Cerrito, Francou defendió el ajuste impulsado por el gobierno nacional y no dudó en afirmar que “para mejorar las jubilaciones, tienen que morirse muchos jubilados”.

En su intervención, Francou reconoció las dificultades financieras que atraviesan los municipios tras los recortes de fondos por parte del gobierno de Javier Milei, pero aun así expresó un firme respaldo a la actual gestión:

“Más allá de que nos guste o no nos guste, o que venga menos dinero, yo creo que venimos por el buen camino”, aseguró.

El momento más polémico llegó cuando se refirió a los haberes jubilatorios. Francou afirmó que “hay cosas que van a llevar mucho tiempo”, como un aumento de las jubilaciones, y luego agregó:

“Mejorarles los sueldos a los jubilados va a llevar a que se mueran muchos, para que entren a bajar, y recién allí cobren mejor los demás. Bueno… qué sé yo”.

📍En Cerrito, el intendente de Caseros, Oscar Francou, lanzó una polémica frase sobre los jubilados:
💬“Mejorar sus sueldos va a llevar a que se mueran muchos para que cobren mejor los demás”.
📅 Lo dijo en la asamblea vecinalista.
📌 Aún no se disculpó. pic.twitter.com/5uukfBcpOb

— Radio La Voz (@radiolavoz901) July 15, 2025

La frase no pasó desapercibida, ya que fue pronunciada frente a intendentes, viceintendentes, concejales y dirigentes vecinalistas. Para cerrar su exposición, Francou aclaró que su respaldo no respondía a una simpatía política por el oficialismo libertario, sino a una convicción sobre la necesidad de continuar con los ajustes:

“Estas cosas están bien y tenemos que profundizarlas. Creo que, en el corto plazo, tenemos que empezar a mejorar”.

Las declaraciones del intendente rápidamente encendieron la polémica, especialmente por la crudeza con la que se refirió a la situación de los jubilados en un contexto de fuerte ajuste económico.

Bajo el eufemismo de “gastos no especificados”, los fondos reservados crecieron exponencialmente y no es posible auditarlos para saber en qué se utilizan. El Ministerio que conduce Bullrich evitó dar respuestas al respecto.

Patricia Bullrich aumentó más de 1.800% el presupuesto destinado a gastos reservados bajo la etiqueta de “gastos no especificados”, una partida que se disparó de forma escandalosa y sin ningún tipo de control público ni auditoría. A pesar de las consultas oficiales, el Ministerio de Seguridad se negó a explicar los motivos detrás de semejante incremento.

En paralelo, el Gobierno recorta a mansalva áreas estratégicas con el argumento de que “no hay plata”, desmantela organismos públicos y somete a auditorías exhaustivas a las universidades nacionales. Sin embargo, los fondos secretos para Seguridad crecen sin freno y sin rendir cuentas a nadie.

El incremento de estos recursos coincide con un alarmante avance en el uso de facultades represivas, como detenciones sin orden judicial y ciberpatrullajes indiscriminados, habilitados por un decreto que eludió el debate parlamentario. Pese a haber prometido que cualquier reforma policial pasaría por el Congreso, Bullrich impuso cambios por decreto, amparándose en una emergencia que también usó para realizar compras millonarias bajo sospecha, como ya marcó la Auditoría General de la Nación.

El Decreto 383 establece una Policía Federal reconvertida, con facultades ampliadas para espiar y detener sin control judicial, mientras se consolida una estructura de inteligencia oculta, sin control político ni rendición de cuentas.

Según datos oficiales, las partidas de “Servicios no especificados” y particularmente la subcategoría “Otros n.e.p.” (otros no especificados) se dispararon de $2.600 millones a casi $49.000 millones. Se trata de fondos públicos usados de forma absolutamente opaca y sin destino conocido.

Este esquema se replica en áreas de Inteligencia: el gasto reservado supera el 90% de ejecución a mitad de año, mientras áreas sensibles como salud, vivienda, agua potable y urbanismo sufren recortes drásticos. En contraste, el presupuesto de Seguridad Interior creció de 1,76% a 2,43%, en un brutal cambio de prioridades.

Mientras el Poder Judicial y organismos como el CELS denuncian que el decreto habilita prácticas inconstitucionales —como detenciones arbitrarias, espionaje sin control y criminalización de la protesta—, el ministerio se niega a entregar información pública sobre sus áreas de inteligencia, desobedeciendo incluso fallos judiciales que lo exigen.

Bullrich concentra poder y recursos en un sistema de seguridad sin control, con fondos que se multiplican de manera opaca, mientras el ajuste recae sobre la mayoría de la sociedad. Un modelo peligroso que recuerda las peores prácticas de la historia argentina.

Mientras el presidente Javier Milei sostiene un discurso de “desmantelamiento del Estado”, su gobierno avanza en la consolidación de un aparato de vigilancia con la creación de un Consejo Académico para la formación de agentes encubiertos, tanto presenciales como digitales.

La medida, oficializada por el Ministerio de Seguridad a través de las resoluciones 828 y 829/2025, refuerza la lógica del espionaje gubernamental y sienta las bases para un Estado policial con proyección a largo plazo.

Lejos de reducir el poder estatal, el Ejecutivo impulsa una estructura académica dedicada exclusivamente a profesionalizar el espionaje interno, con especial énfasis en las redes sociales. Bajo la conducción de Patricia Bullrich, se establece un cuerpo especializado de “agentes encubiertos digitales”, encargado de infiltrarse en entornos físicos y virtuales bajo el pretexto de combatir el delito.

Según las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el nuevo Consejo funcionará bajo la órbita de la Unidad Especial de Agentes Encubiertos, y tendrá como tareas centrales definir contenidos curriculares, capacitar aspirantes, perfeccionar agentes ya activos e incluso intervenir en la formación de jueces y fiscales. El organismo estará dirigido por el profesor Ricardo Ángel Basílico, designado por tres años.

La creación de esta “agencia académica” supone la institucionalización del espionaje doméstico, consolidando un mecanismo de control estatal sobre la ciudadanía en un contexto de creciente conflictividad social. Con la excusa de adaptar las investigaciones a “los desafíos del entorno digital”, el gobierno sienta un peligroso precedente: el uso del aparato estatal para vigilar y perseguir actividades en redes sociales bajo un barniz de legalidad e invocando viejos y peligrosos discursos de seguridad nacional.

El protocolo aprobado contempla un despliegue encubierto que abarca desde delitos económicos hasta “redes delictivas en línea”, una categoría lo suficientemente ambigua como para habilitar el monitoreo masivo. Esta decisión marca un quiebre del Estado de Derecho, favoreciendo prácticas de control social mientras se restringen las libertades civiles, todo ello en nombre de la seguridad.

El contraste es evidente: mientras Milei anuncia un supuesto achicamiento del Estado, consolida áreas clave del aparato represivo, institucionalizando la vigilancia digital como política de Estado.

La Fundación Encuentro, difundió en las últimas horas un informe que desmiente las afirmaciones del ministro libertario, al dar a conocer los últimos datos del desempleo en nuestro país. Lejos de generar nuevos puestos de trabajo la gestión libertaria acumula 300 mil desempleados

Un reciente informe elaborado por la Fundación Encuentro deja en evidencia la falsedad de las declaraciones del ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre el empleo en la era Milei. Basándose en los datos oficiales publicados por el propio INDEC, el informe contradice los dichos del funcionario libertario, quien intentó justificar la ola de despidos en el sector público con argumentos infundados.

El pasado domingo, Sturzenegger defendió públicamente el despido de 50.000 empleados públicos desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Aseguró que estas cesantías habrían generado un ahorro fiscal que se tradujo en más puestos de trabajo en el sector privado. Sin embargo, los datos oficiales muestran una realidad muy distinta.

La Fundación Encuentro remarcó que, según los datos del INDEC, actualmente hay 1,1 millones de personas desocupadas en la Argentina, lo que implica 300.000 desempleados más que en diciembre de 2023. Lejos de una creación de empleo, el mercado laboral se ha deteriorado significativamente durante los primeros meses de la gestión Milei.

En la misma entrevista televisiva, cuando el periodista Luis Majul preguntó al ministro sobre esos supuestos “nuevos empleos”, Sturzenegger no supo responder y recurrió a evasivas. Mientras tanto, los números oficiales hablan por sí solos: el desempleo trepó al 7,6% en el primer trimestre del año, según informó el INDEC.

El informe de la Fundación Encuentro subraya que el aumento del desempleo se explica por la profunda recesión económica desatada tras la brutal devaluación, la caída del consumo y el estancamiento productivo. Los más afectados son los sectores más vulnerables. Por ejemplo, la desocupación entre mujeres jóvenes escaló al 19,2%, el nivel más alto desde 2021, y el total de jóvenes desempleados saltó de 438.000 a casi 600.000, un incremento alarmante del 35,7%.

Además, se identificó que las mayores tasas de desocupación se concentran en los sectores de la construcción (18,2%), el comercio (15,6%) y el servicio doméstico (14,6%), que en conjunto representan la mitad de los casos de desempleo.

La Fundación concluye que el discurso oficial intenta maquillar la crisis laboral, pero los datos son contundentes: lejos de la recuperación prometida, el mercado de trabajo se ha visto golpeado con más fuerza, profundizando la desigualdad y la precarización laboral en la Argentina.