La inédita asistencia financiera que recibió el gobierno de Javier Milei por parte del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y el BIRF (por un monto total que supera los 40 mil millones de dólares) no vino sola: trae consigo un costo silencioso pero profundo en términos de soberanía política y económica.

Lejos de ser un simple programa de apoyo financiero, el acuerdo implica una cesión de autonomía en áreas clave del desarrollo nacional. Entre las exigencias más evidentes se encuentra el compromiso de avanzar en privatizaciones masivas de empresas estatales estratégicas, en el marco de la Ley Bases. Energía Argentina, Intercargo, Nucleoeléctrica, YCRT, AYSA, Belgrano Cargas, Corredores Viales y la Sociedad Operadora Ferroviaria están en la lista de activos públicos que serán parcial o totalmente transferidos al capital privado. Lo que se presenta como una política de “eficiencia” es en realidad una pérdida directa de herramientas estratégicas para el desarrollo soberano.

El documento firmado con el FMI exige no sólo la desinversión del Estado en estas empresas, sino también la publicación de un plan detallado para ejecutarlas antes de noviembre de 2025, apenas pasada la elección legislativa. Este calendario político tampoco es casual.

Pero las condiciones van más allá del ajuste fiscal. Estados Unidos, principal aportante del paquete de asistencia, puso sobre la mesa exigencias geopolíticas que comprometen seriamente la autonomía del país en materia de Politica Exterior. La primera: romper con el swap de monedas con China, una herramienta financiera que Argentina ha utilizado para evitar la sangría de dólares en su comercio con el gigante asiático. Este instrumento, clave en la estrategia de diversificación de relaciones internacionales, ahora queda en la mira de Washington.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, fue claro: el apoyo económico exige una reconfiguración del posicionamiento argentino en el tablero internacional. A cambio del financiamiento, Argentina debe alinearse con los intereses estratégicos norteamericanos, tanto en el plano estratégico militar como tecnológico, económico y comercial. Entre los puntos exigidos: mayor protección de la propiedad intelectual (con impactos directos en el acceso a medicamentos y el desarrollo agroindustrial local), la compra de material industrial de descarte de los EEUU y la preferencia absoluta de empresas de ese país en la explotación de recursos naturales estratégicos como el litio, el cobre y las llamadas “tierras raras”. En otras palabras, la riqueza del subsuelo argentino pasa a formar parte de una nueva matriz de dependencia.

La retórica de la libertad, el libre mercado, la apertura y destrucción del Estado que esgrime el gobierno contrasta con una realidad en la que la política económica nacional queda subordinada a las decisiones de actores externos y mas puntualmente cautiva de las decisiones y mandatos de Washington. Lo que se celebra como un rescate financiero podría consolidar, en los hechos, una renuncia un proyecto de desarrollo autónomo para el país.

Como ocurrió con México en la crisis del Tequila en los ’90, el salvataje de EE.UU. viene acompañado de una factura geopolítica: apoyo sí, pero a cambio de subordinación. No hay dólares gratis, y el precio es alto. En este nuevo capítulo, la soberanía argentina está siendo hipotecada a cambio de liquidez inmediata.

El dispositivo en cuestión es el PIG (Pipeline Inspection Gauge), una herramienta esencial para el monitoreo de los ductos que transportan gas desde la Cuenca Neuquina hacia otras regiones del país. Hasta ahora, estos equipos deben alquilarse al exterior a costos muy elevados en dólares.

El ajuste en el área de ciencia y tecnología tuvo consecuencias directas en el desarrollo energético nacional: YPF, a través de su empresa tecnológica Y-TEC —copropiedad con el CONICET— se vio obligada a detener el avance de una tecnología clave para la inspección de gasoductos en Vaca Muerta. El freno al proyecto no solo refuerza la dependencia tecnológica con países como Alemania y Estados Unidos, sino que también golpea de lleno a pymes locales de Neuquén.

El dispositivo en cuestión es el PIG (Pipeline Inspection Gauge), una herramienta esencial para el monitoreo de los ductos que transportan gas desde la Cuenca Neuquina hacia otras regiones del país. Hasta ahora, estos equipos deben alquilarse al exterior a costos muy elevados en dólares. El desarrollo nacional de esta tecnología, que había logrado avances importantes gracias a la colaboración entre Y-TEC e INVAP, quedó paralizado por los recortes presupuestarios aplicados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que controla el 49% de Y-TEC junto a la petrolera estatal.

La suspensión del proyecto fue confirmada por el ahora exdirector de Y-TEC, Eduardo Dvorkin, durante una sesión de la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Dvorkin advirtió que el desfinanciamiento no solo afecta a científicos y tecnólogos, sino también al sistema educativo, sanitario y a las pymes, piezas fundamentales en la cadena de valor industrial del país.

El caso de los PIG es ilustrativo: el programa no solo buscaba sustituir importaciones, sino que contemplaba la participación de pequeñas y medianas empresas neuquinas, que se verán excluidas de una oportunidad estratégica de inserción en la industria hidrocarburífera.

Mientras el presidente Javier Milei promueve el discurso del desarrollo estratégico de las pymes, el ajuste en ciencia demuestra una contradicción flagrante: se desactiva un proyecto clave que fortalecía la soberanía tecnológica y el entramado productivo nacional. Como telón de fondo, queda la paradoja de $Libra, una iniciativa gubernamental que prometía impulsar a las pymes y terminó envuelta en un escándalo de consecuencias aún inciertas.

Fuentes del sector calificaron la medida como “propia de un país subdesarrollado” y advirtieron que “pone en riesgo a centenares de industrias y miles de empleos”.

La industria naval argentina expresó una profunda preocupación y rechazo ante el Decreto 273/2025, mediante el cual el Gobierno nacional eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), habilitando la libre importación de barcos y maquinaria agrícola usada. La medida, celebrada por los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, fue calificada como “un gravísimo error” por referentes del sector, que advierten sobre sus consecuencias destructivas para el entramado productivo nacional.

Desde el astillero Federico Contessi, uno de los principales del país, no tardaron en manifestarse con firmeza. Su presidente, Domingo “Vito” Contessi, consideró que la medida “pone en riesgo a centenares de industrias y miles de empleos”, y criticó al Gobierno por “repetir errores del pasado que ya demostraron su efecto devastador”.

Contessi recordó que decisiones similares tomadas en décadas anteriores, como la importación masiva de buques usados en los años ‘70, terminaron con astilleros cerrados, una flota ineficiente, y embarcaciones convertidas en chatarra en los muelles. “Diez años después de aquel decreto, el 50% de los buques estaban inutilizados y el 85% de las empresas quebradas”, advirtió.

Para la industria naval, esta apertura implica una competencia desleal frente a quienes invierten en nuevos desarrollos, desincentiva la producción nacional y precariza el sector. “Fomenta inversiones oportunistas y de corto plazo, frena la renovación tecnológica y nos expone nuevamente a tragedias con pérdida de vidas humanas”, denunció el empresario.

En contraste con este retroceso, la industria naval argentina había mostrado en los últimos años un fuerte crecimiento. En Mar del Plata, astilleros como Contessi y SPI alcanzaron récords de botaduras, generando empleo, innovación tecnológica y formación en oficios. Ese proceso, afirman, hoy está paralizado.

El decreto encendió alarmas porque, además de barcos, también permite la importación automática de maquinaria industrial usada de múltiples rubros, eliminando cualquier evaluación sobre la existencia de producción local. Para Contessi, esto es “dirigismo puro”, ya que el anexo del decreto define “cuáles industrias seguirán y cuáles desaparecerán”.

“Resulta paradójico que un gobierno que prometía impulsar la industria naval haga todo lo contrario. En Estados Unidos, por ejemplo, se protege esta industria con leyes como el Jones Act. En cambio, en Argentina miramos el espejo de países subdesarrollados”, criticó.

Importante 👇

El Gobierno Nacional simplifica la importación de bienes de capital usados.

El Gobierno Nacional elimina una medida burocrática con más de 30 años de vigencia que exigía la tramitación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) para ingresar…

— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 14, 2025

El Gobierno, por su parte, defendió la medida bajo el argumento de que simplificará procesos, reducirá costos para las empresas y facilitará el acceso a tecnología, especialmente para sectores estratégicos como el energético o minero. Sin embargo, desde el sector naval advierten que, lejos de representar una modernización, se trata de un retroceso histórico con impactos económicos, sociales y ambientales irreversibles.

“Hoy es un día de mucha tristeza para la industria naval argentina”, concluyó Contessi, visiblemente decepcionado por lo que consideran una política que atenta contra el desarrollo nacional.

Adrián Núñez, maximo referente libertario en Misiones, fue denunciado por un grupo de funcionarios del PAMI y ANSeS por exigir un diezmo sobre sus sueldos como contribución partidaria.

Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Misiones, fue acusado por 22 funcionarios públicos de haberles exigido el pago del 10% de sus sueldos mensuales. Los denunciantes, todos afiliados y referentes de LLA con cargos en oficinas locales del ANSeS y el PAMI, afirman que se les impuso esta contribución bajo amenaza de perder su puesto o ser desplazados.

Según la denuncia, Núñez habría ordenado la retención a través de Mario Pérez Miranda, señalado como su secretario y hombre de confianza. Este habría actuado como intermediario para recaudar el dinero en una cuenta particular, según consta en una carta firmada por los propios damnificados y enviada directamente a Núñez.

En el escrito, los firmantes expresan su rechazo a esta práctica y señalan que va en contra de los principios de transparencia y meritocracia que promueve el espacio político del presidente Javier Milei. Exigen el reintegro de los fondos correspondientes a los meses de enero y febrero de 2025, y advierten que, de no resolverse la situación, iniciarán acciones legales.

Entre los firmantes figuran nombres clave del armado libertario en Misiones, como Guillermo Orsat (ex presidente del Partido Libertario y actual jefe de la UDAI ANSeS en Oberá), Daiana Dos Santos (UDAI San Vicente), y otros referentes de localidades como Posadas, El Soberbio, Puerto Rico, Candelaria, San Pedro, y Colonia Wanda.

La denuncia pone en aprietos a Núñez, quien asumió al frente de LLA en Misiones en diciembre pasado con el respaldo de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales operadores del armado nacional libertario. En medio del escándalo, Pérez Miranda anunció su alejamiento del partido para “no perjudicar el proyecto”, aunque negó las acusaciones y aseguró que seguirá apoyando a Milei desde otro lugar.

Este caso no sería el primero en la provincia que involucra a la administración libertaria: meses atrás ya habían surgido rumores sobre prácticas similares de recaudación dentro de la estructura del PAMI misionero. El nuevo episodio vuelve a generar tensión interna y pone en entredicho la conducción local del partido fundado por Karina Milei.

Es por su presunta participación en la venta anticipada de casi 400 millones de dólares a valor oficial por parte del BCRA, realizada horas antes del anuncio oficial sobre el levantamiento del cepo cambiario y la implementación de una nueva banda de flotación del dólar.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue señalada este miércoles en una ampliación de denuncia penal por su presunta participación en la venta anticipada de casi 400 millones de dólares a valor oficial por parte del Banco Central, realizada horas antes del anuncio oficial sobre el levantamiento del cepo cambiario y la implementación de una nueva banda de flotación del dólar.

La presentación fue realizada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, quien ya había denunciado al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo y al titular del Banco Central Santiago Bausili. En esta nueva instancia, solicitó a la Justicia incluir también a Karina Milei, al considerar que estaba al tanto de la operación que permitió vender divisas a un valor significativamente inferior al que tendría el dólar apenas minutos después.

Según Martínez Herrero, la implicación directa de la funcionaria quedó expuesta en declaraciones del propio Presidente durante una entrevista con Alejandro Fantino en el programa de streaming Neura, donde afirmó que “los que sabíamos que salíamos del cepo éramos Toto, Kari y yo”. El abogado sostuvo que este reconocimiento explicita que Karina Milei contaba con información privilegiada sobre un inminente cambio de política económica, lo que agrava la sospecha sobre un posible uso indebido de esa información para beneficiar a terceros.

La denuncia, radicada en el Juzgado Federal N.º 4 a cargo de Ariel Lijo y con intervención de la fiscal Alejandra Mángano, también incluye a nueve miembros del directorio del BCRA, quienes habrían participado o convalidado la maniobra bajo sospecha.

Qué se investiga

El foco de la denuncia está puesto en la operación del viernes pasado, cuando el BCRA vendió u$s398 millones a un tipo de cambio de $1.097,50, pese a que el gobierno tenía previsto anunciar esa misma tarde el fin del cepo cambiario y una nueva cotización flotante que se ubicaría entre $1.000 y $1.400. Para el denunciante, esa maniobra generó un perjuicio directo a las reservas del Estado y benefició a quienes accedieron a divisas a precio oficial justo antes de la suba.

“¿Por qué vendieron los dólares a un precio tan bajo, sabiendo que el lunes siguiente el cepo se levantaría? ¿Quiénes fueron los compradores? ¿Por qué no se anunció primero la medida para proteger las reservas del Banco Central?”, se pregunta Martínez Herrero en el escrito.

Según el abogado, la secuencia de hechos constituye una presunta defraudación a la administración pública, con un claro daño patrimonial al Estado y posible beneficio a particulares mediante el uso anticipado de decisiones económicas confidenciales.

La Justicia citó a Martínez Herrero para ratificar la denuncia el próximo 24 de abril.

Argentina ha alcanzado un nuevo y preocupante récord en su endeudamiento: la deuda externa total se elevó a 473.557 millones de dólares, según informó la Secretaría de Finanzas.

Argentina ha alcanzado un nuevo y preocupante récord en su endeudamiento: la deuda externa total se elevó a 473.557 millones de dólares, según informó la Secretaría de Finanzas. El salto de 2.407 millones de dólares en el stock de deuda del Tesoro se da en un contexto de creciente fragilidad financiera, agravada por la fuerte caída de reservas del Banco Central y la renovada dependencia de desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El incremento de la deuda en moneda extranjera en situación de pago normal fue de 493 millones de dólares, mientras que en pesos —convertidos a dólares— creció en 1.878 millones. La administración de Javier Milei reconoció públicamente que la urgencia por el desembolso de 12.000 millones de dólares por parte del FMI se debe, precisamente, al debilitamiento crítico de las reservas del Banco Central, que en marzo retrocedieron 3.131 millones de dólares.

Este nuevo giro del Fondo llega en un momento donde el país enfrenta pagos exigentes: solo el mes pasado, el Tesoro debió cancelar 11.757 millones de dólares en capital y 349 millones en intereses. En los últimos 12 meses, la deuda bruta en situación de pago normal creció en 70.494 millones de dólares, una cifra que pone en jaque la sostenibilidad financiera del país.

El informe oficial también detalla que la deuda con organismos internacionales asciende a 75.980 millones de dólares, de los cuales 41.323 millones corresponden al FMI. A esto se suma una pesada carga de intereses: más de 12.600 millones ya pagados solo al Fondo. Por otro lado, la deuda con el Banco Central por Letras Intransferibles ya suma 69.369 millones de dólares.

Este escenario revela una dinámica peligrosa de sobreendeudamiento, que profundiza la dependencia externa y reduce los márgenes de maniobra económica. El endeudamiento récord no solo compromete a las actuales generaciones, sino que hipoteca el futuro del país. La creciente deuda externa argentina se ha convertido en un factor estructural de inestabilidad, y su escalada ya es, sin dudas, insostenible.

Tras la devaluación impulsada por el Gobierno luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las empresas alimenticias no perdieron tiempo y mandaron sus listas de precios actualizados en línea con el nuevo valor del dólar.

Tras la devaluación del peso impulsada por el Gobierno en el marco del acuerdo con el FMI y la reciente adopción de un esquema de flotación administrada del dólar –con una cotización oscilando entre los $1.000 y $1.400–, el escenario comercial se recalienta. La actualización de precios de referencia encendió una fuerte puja entre supermercados y empresas proveedoras, que ya se refleja en los alimentos más sensibles al tipo de cambio.

Las compañías de consumo masivo comenzaron a enviar nuevas listas con aumentos de entre 6% y 12%, presionadas –según argumentan– por el encarecimiento de insumos y materias primas dolarizadas, como el trigo, el girasol y el café. Entre los productos con mayores subas figuran los aceites, harinas, cereales y artículos de limpieza y cuidado personal.

Sin embargo, las principales cadenas de supermercados decidieron rechazar de plano esos incrementos, en lo que describen como una “pulseada” cada vez más intensa con los proveedores. En este contexto, algunos mayoristas aseguran que trasladan sólo parte de las subas a las góndolas, y de forma gradual.

“Recibimos listas con aumentos, sobre todo en commodities. En promedio, hablamos de un 6 a 8%. Pero el traslado total a góndola tarda entre dos y tres semanas”, explicó Armando Farina, vicepresidente de la Cámara de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas. “Tratamos de promediar para evitar impactos bruscos en los consumidores”, agregó.

Desde el sector supermercadista advierten que no convalidarán remarcaciones que no se ajusten a la realidad del mercado, mientras que las alimenticias aseguran que sólo intentan reflejar parcialmente los mayores costos operativos.

Entre los proveedores que anunciaron nuevas listas figuran la Aceitera General Deheza y Bunge, con aumentos del 9% en aceites; SC Johnson, con subas en productos como Raid y Off; y Softys, que notificó incrementos en marcas como Babysec, Elite e Higienol.

La tensión crece y el conflicto por los precios promete extenderse mientras el dólar siga oscilando en una banda tan amplia. En el corto plazo, esta disputa impactará directamente en los precios finales al consumidor, aunque el traslado no será inmediato. En el fondo, lo que se discute es quién absorbe el costo de la nueva etapa económica.

El exsenador detenido en Paraguay con 200 mil dólares no declarados, rechazó haber recibido una coima para respaldar la Ley Bases del Gobierno y señalo :” si no votaba la Ley Bases el kirchnerismo iba a hacer caer el gobierno”.

El exsenador Edgardo Kueider, actualmente con prisión domiciliaria tras ser detenido en Paraguay con 200 mil dólares no declarados, rompió el silencio y lo hizo con una justificación que roza lo increíble: aseguró que votó la Ley Bases para “impedir la caída del gobierno” de Javier Milei. Según él, su detención no se debe al dinero en negro, sino a una supuesta persecución del kirchnerismo por haber sido “el salvador” del oficialismo.

El hecho ocurrió el 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider fue interceptado en un control de rutina en la Triple Frontera. En la camioneta en la que viajaba encontraron 200 mil dólares cuya procedencia no pudo justificar. Desde entonces permanece con arresto domiciliario. Cuatro meses después, en una entrevista radial con Eduardo Feinmann, decidió ofrecer su versión de los hechos.

“No tenía plata negra, no hay plata ilícita en esto”, afirmó Kueider, en lo que fue apenas el inicio de una serie de declaraciones sorprendentes. Para él, su votación a favor de la Ley Bases no respondió a ningún interés económico ni mucho menos a una coima, como se ha insinuado, sino a una firme convicción política: “El kirchnerismo iba a hacer caer al gobierno. Yo lo impedí con mi voto”.

La afirmación resulta insólita no solo por el contexto judicial en el que se encuentra, sino porque intenta posicionarse como un héroe democrático mientras enfrenta cargos por un presunto delito financiero. “Ya estoy condenado, el kirchnerismo no me perdona”, insistió, victimizándose.

Al ser consultado por un video en el que se lo vinculaba con el manejo de dinero no declarado durante la gestión de Gustavo Bordet, también desestimó cualquier irregularidad: “No era plata negra”, repitió sin aportar pruebas.

Kueider también se defendió de las acusaciones de traición tras haberse alejado del kirchnerismo y conformado un bloque propio en el Senado. Aseguró que nunca fue verdaderamente kirchnerista en Entre Ríos y que sus decisiones siempre buscaron beneficiar a su provincia.

Con un relato en el que mezcla conspiraciones, victimismo y grandilocuencia, el exsenador intenta reconstruir su figura pública mientras la justicia investiga el origen de los 200 mil dólares no declarados. Lo que sigue siendo un hecho es que fue detenido con ese dinero en circunstancias dudosas y que, lejos de explicar su procedencia, eligió justificarse con una narrativa digna de una novela política.

El malestar del sector agropecuario contra el Gobierno de Javier Milei escaló a niveles explosivos tras la advertencia presidencial de que “en junio vuelven las retenciones” si no hay liquidación de divisas.

La tensión entre el Gobierno y el sector agropecuario volvió a escalar al máximo tras la advertencia del presidente Javier Milei de que podrían volver las retenciones a partir de junio si no se acelera la liquidación de divisas. Las declaraciones encendieron una fuerte reacción en el campo, con críticas sin filtro y acusaciones graves contra la gestión libertaria.

Uno de los más duros fue Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria Argentina, quien apuntó directamente contra el presidente y su equipo económico:
“Este Gobierno es mentiroso y psiquiátrico. Dicen una cosa y hacen otra. Nos toman por idiotas. Amenazan con subir retenciones cuando prometieron bajarlas. ¿Dónde quedó la palabra empeñada? ¿Dónde quedó la libertad que tanto declaman?”, cuestionó con indignación en declaraciones a Radio Splendid.

Buzzi no se detuvo ahí y acusó al Gobierno de estar aplicando una política de chantaje económico:
“Esto no es otra cosa que una extorsión. Lo que están haciendo ahora es una fantochada para no llegar fundidos a las elecciones. Necesitan juntar 400 millones de dólares y pretenden que lo pongamos nosotros, los productores, una vez más. Nos aprietan porque no tienen otro plan más que meter miedo y apretar al que trabaja”, y agregó: “Cedieron de manera vergonzante a todos los condicionamientos del FMI”.

El ex dirigente también critico a la Sociedad Rural

“Nos hablaron de bajar impuestos, de premiar al que produce, de sacar el Estado de encima. Todo mentira. Apenas se ven apretados, vuelven con la misma receta de siempre: ajustar al campo. Es el mismo esquema que antes, pero con más cinismo”, afirmó.

Buzzi apuntó también contra la conducción de la Sociedad Rural y su presidente, Nicolás Pino, al que acusó de estar alineado con el Gobierno en lugar de defender a los productores:
“Pino no representa al campo, es más vocero de Milei que presidente de una entidad gremial. Se calla mientras nos vacían. El Gobierno no tiene idea del interior, no conoce la realidad del pequeño y mediano productor. No le importa la producción, le importa la timba financiera”, denunció.

La bronca en el campo es generalizada. Muchos productores sienten que están pagando el costo de un modelo que no los contempla.

“Cada vez somos menos. La mayoría está fundida o al borde. Nos dicen que nos abracemos al mercado, pero lo único que crece es la presión fiscal y el desprecio por el que produce”, se quejó Buzzi.

Mientras tanto, desde el Gobierno intentan bajar el tono de la advertencia, pero el daño ya está hecho. Las amenazas de nuevas retenciones cayeron como un baldazo de agua fría y reavivaron un conflicto que parecía latente, pero nunca se había ido del todo.

De esta forma, en dos meses las retenciones subirán hasta 7 puntos porcentuales. Para la soja irán de 26% a 33%; derivados de soja pasará de 24,5% a 31%; en el caso del trigo se elevarán de 9,5% a 12%; la cebada, el sorgo y el maíz treparán de 9,5% a 12%, y el girasol irá de 5,5% a 7% a 5,5%. La baja se había anunciado de forma provisoria en enero de este año.

Por su parte el presidente de la SRA Nicolas Pino, salió a aclarar que los productores no son quienes “liquidan”, sino que esa responsabilidad recae en los exportadores y acopiadores, buscando asi proteger la imagen del sector primario frente a un posible enojo presidencial o una opinión pública confundida y evitar una escalada en la confrontación con el ejecutivo. También deja entrever que el mensaje de Milei podría haber sido mal dirigido o mal formulado, lo cual es relevante políticamente, porque marca una diferencia entre intención y ejecución en la comunicación oficial.

Además, al decir que “hay que ver la película completa”, Pino parece mostrarse comprensivo o al menos prudente frente al contexto más amplio, quizá considerando la relación entre el campo y el gobierno libertario, que hasta ahora ha buscado posicionarse en lo retorico como aliado del sector productivo con la expectativa por parte de la SRA de que quiten definitivamente las retenciones al sector en algún momento.

El empleo asalariado registrado volvió a retroceder en enero de 2025, profundizando una tendencia preocupante que ya acumula la pérdida de 236.700 puestos de trabajo.

Se trata de una de las caídas más significativas del empleo formal en los últimos años, lo que pone en jaque la estabilidad laboral de cientos de miles de argentinos.

La leve mejora registrada en diciembre no logró sostenerse y el mercado laboral formal —que incluye al sector privado, el empleo público y el trabajo en casas particulares— se contrajo nuevamente, según informó la Secretaría de Trabajo. En el primer mes del año, el total de trabajadores asalariados fue de 10,1 millones, con una pérdida de 8.600 empleos en solo un mes.

El deterioro se ha acelerado desde la asunción de Javier Milei. Comparado con noviembre de 2023, el empleo asalariado ya cayó en 194.500 puestos, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esta baja representa un golpe directo a los sectores con mayor protección laboral, acceso a jubilación y derechos laborales básicos.

Mientras tanto, el aumento de más de 42.000 nuevos monotributistas en el mismo período evidencia un proceso de precarización del trabajo, donde se reemplazan empleos formales por formas más inestables de ocupación.

Informalidad en aumento

A esta dinámica se suma el crecimiento del trabajo informal. Un nuevo informe del INDEC, elaborado con una metodología actualizada de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), reveló que la informalidad alcanzó al 42% de la población ocupada en el último trimestre de 2024, por encima del 41,4% del año anterior.

Entre los trabajadores asalariados, la informalidad ya alcanza al 36,1%, y entre los cuentapropistas llega a un preocupante 62,4%. Las actividades más afectadas por la informalidad son el servicio doméstico (77%), la construcción (76,6%), hoteles y restaurantes (63,2%) y el comercio (51,2%).

Sueldos que no alcanzan

En cuanto a los salarios, los datos del SIPA muestran que el ingreso real del sector privado creció un 1,8% en enero, lo que representa un leve respiro. Sin embargo, todavía se encuentra un 8,3% por debajo del pico de 2017, a pesar de ubicarse un 5,8% por encima del nivel pre-Milei.

Por otro lado, el INDEC reportó una suba real de apenas 0,1% en los sueldos privados registrados, mientras que estimaciones privadas como las de la consultora C-P advierten un estancamiento en los ingresos reales durante el primer bimestre del año, debido a una inflación que no logra perforar el 2% mensual y que tiende a incrementarse, sumado a las paritarias con incrementos muy por debajo del alza de precios.

Un futuro incierto

Con una inflación del 3,7% en marzo y una reciente devaluación del dólar oficial que promete trasladarse a los precios, el panorama para los trabajadores luce sombrío. Si el Gobierno no impulsa recomposiciones salariales acordes a la nueva realidad económica, el poder adquisitivo seguirá deteriorándose de cara a las elecciones legislativas, en un contexto de fuerte pérdida del empleo formal y crecimiento de la precarización.