Una comitiva libertaria, integrada por funcionarios nacionales del área de discapacidad y también legisladores, se fueron de shopping a Dubái.

Mientras miles de personas con discapacidad en Argentina esperan atención médica, apoyos terapéuticos y una vida digna, funcionarias libertarias aprovecharon un viaje oficial a Medio Oriente para pasear por los shoppings de lujo de Dubái.

La comitiva, que supuestamente viajaba a Israel para participar de un encuentro sobre “Accesibilidad y tecnologías para personas con discapacidad”, terminó posando sonriente frente al Burj Khalifa, recorriendo el Dubai Mall y compartiendo café árabe en uno de los destinos más caros del mundo.

Entre las viajeras estuvieron la titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Romina Núñez; la diputada nacional de La Libertad Avanza, María Emilia Orozco; y la legisladora porteña y karateca Lucía Montenegro. Fue esta última quien, en pleno paseo por Medio Oriente, decidió presentar un proyecto legislativo que nada tenia que ver sobre discapacidad.

Desde organizaciones que luchan por los derechos de las personas con discapacidad no ocultaron su indignación: “Las pensiones no contributivas por invalidez no alcanzan ni para cubrir una canasta básica. Las personas con discapacidad siguen esperando tratamientos y apoyos. ¿Y qué hacen las funcionarias responsables? Se sacan selfies en Dubái”, denunciaron desde Hablemos de Autismo Quilmes.

No está claro si, debido a la escalada de conflicto en la región, el evento en Israel se concretó o si las diputadas simplemente optaron por quedarse en Dubái. Lo que sí está claro es que mientras miles reclaman una Ley de Emergencia en Discapacidad, ellas eligieron el shopping de lujo antes que la gestión.

Los datos, relevados este mes por distintas consultoras, revelan que el fallo judicial no debilitó la figura de la expresidenta: por el contrario, su imagen positiva creció y volvió a instalarse con fuerza en el centro del escenario político.

La condena ratificada por la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner provocó un fuerte impacto en la opinión pública, reflejado en los resultados de dos encuestas nacionales realizadas por las consultoras Trespuntozero (Shila Vilker) y CB (Cristian Buttié). Los datos, relevados entre el 11 y el 12 de este mes, revelan que el fallo judicial no debilitó la figura de la expresidenta: por el contrario, su imagen positiva creció y volvió a instalarse con fuerza en el centro del escenario político.

Según Trespuntozero, Cristina Kirchner alcanzó una imagen positiva del 40%, frente al 36,3% que registraba en la medición anterior. También creció el porcentaje de votantes que podrían llegar a respaldarla electoralmente: del 39% al 43,1%. Estos números sugieren un efecto rebote tras la condena, que logró movilizar a una parte del electorado que percibe la situación judicial como un acto de persecución política.

En paralelo, la encuesta de CB confirma el aumento de la desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial. Al ser consultados sobre si los jueces fallan en base a pruebas o por presiones políticas y mediáticas, el 38,3% de los encuestados respondió que lo hacen por presiones, mientras que solo el 24,5% considera que se basan en las pruebas del juicio. Otro 35,5% cree que influyen ambas razones.

Además, el 49,6% de los encuestados opina que existe una “doble vara” en la Justicia argentina, al considerar que otros expresidentes o actuales funcionarios no son investigados con la misma intensidad que Cristina Kirchner. Solo el 34,3% cree que todos los dirigentes son tratados por igual ante la ley, y un 16% no dio respuesta.

Si bien el presidente Javier Milei mantiene el liderazgo en imagen positiva con un 52,2%, la revalorización de la figura de la expresidenta y el creciente cuestionamiento al accionar judicial ponen en evidencia una polarización cada vez más marcada entre kirchnerismo y antikirchnerismo, profundizando la ya instalada grieta en la política argentina.

A poco más de 16 meses del inicio de la gestión de Javier Milei, el país enfrenta una pérdida alarmante de casi 200.000 empleos registrados, una señal clara del profundo impacto que ha tenido el ajuste económico sobre el mercado de trabajo formal.

El llamado “efecto motosierra”, lejos de limitarse al gasto público, también alcanzó de lleno a los trabajadores formales. Según los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron 195.674 empleos registrados. El derrumbe afecta al sector privado, al empleo público y al trabajo en casas particulares.

Un ajuste que se siente en todos los sectores

• Sector privado: -115.353 puestos
• Sector público: -58.210 puestos
• Casas particulares: -22.111 puestos
• Total: -195.674 empleos registrados menos

La caída del empleo formal no es uniforme, pero sí generalizada. El 59% de la pérdida se concentra en el sector privado, mientras que el 30% corresponde al empleo público y el 11% al trabajo doméstico. El ajuste, por tanto, golpea transversalmente al tejido laboral.

El monotributo como refugio de la precarización

En este contexto de contracción del empleo formal, el monotributo es el único régimen que muestra crecimiento, con casi 75.000 nuevos inscriptos entre noviembre y marzo. El avance de esta modalidad refleja un cambio estructural: muchos trabajadores migran hacia formas de contratación más flexibles, inestables y con menor cobertura de derechos laborales.

Estancamiento, salarios debilitados y un mercado que no se recupera

A pesar de una leve desaceleración en la caída del empleo formal durante el segundo trimestre de 2024, el mercado laboral continúa estancado. Las variaciones mensuales de empleo entre enero y marzo de 2025 fueron mínimas, y los niveles actuales siguen siendo los más bajos en dos años.

A este deterioro se suma el debilitamiento del salario real. Tras una recuperación parcial en el segundo semestre de 2024, los sueldos volvieron a perder fuerza en los primeros meses de 2025. El investigador Luis Campos lo resumió con crudeza: “El empleo formal está estancado en mínimos desde hace meses y la recuperación salarial ya se agotó. El mercado laboral necesita que alguien lo empuje”.

Un comerciante indignado, denunció que policías federales forzaron su kiosco en La Salada, lo vaciaron y destruyeron cámaras y computadoras durante la clausura judicial. Quedaron escrachados por las cámaras.

En un nuevo episodio que pone bajo la lupa el accionar de las fuerzas de seguridad, un grupo de policías federales —identificados como parte del operativo bajo gestión de la ministra Patricia Bullrich— fue captado por cámaras de seguridad desvalijando un kiosco durante la clausura judicial de la feria de La Salada, en Lomas de Zamora.

Julio, el comerciante afectado, denunció que los efectivos forzaron su puesto, se llevaron mercadería de alto valor, destruyeron cámaras de vigilancia y computadoras, y causaron un daño económico estimado en más de 8 millones de pesos. “Es todo sacrificio. Me quiero reponer, pero me cuesta. Esto me genera bronca e impotencia”, expresó visiblemente afectado.

El hecho ocurrió mientras la feria permanecía clausurada por orden del juez federal Luis Armella, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero y violación a la ley de marcas que involucra al conocido empresario Jorge Castillo y en donde también hubo fuertes presiones de la propia embajada de Estados Unidos la cual desde hace años presiona por la clausura de la feria. Aunque el predio fue reabierto recientemente, muchos puesteros aún no logran recuperarse de las millonarias pérdidas sufridas.

Agarraron in fraganti a 5 agentes de la Policía Federal de Patricia Bullrich saqueando el local de un laburante. "Los buenos son los de azul" dice Milei mientras financiamos robos y un homicidio a un nene de 7 años pic.twitter.com/7kFRdOSBl0

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) June 16, 2025

Las imágenes del saqueo, que circularon rápidamente por redes sociales, generaron un fuerte repudio y renovaron las críticas al manejo represivo de las fuerzas federales bajo la conducción de Bullrich. La feria reabrió este fin de semana largo, pero los comerciantes lamentan no haber podido trabajar durante fechas clave como el Día del Padre, una de las jornadas de mayor venta del año.

Este escándalo no solo suma tensión a la ya conflictiva relación entre feriantes y fuerzas de seguridad, sino que vuelve a poner en cuestión los métodos con los que se ejecutan las intervenciones judiciales en espacios populares. La pregunta que muchos se hacen es: ¿quién controla a quienes dicen venir a impartir orden?

La clase media debe destinar una mayor parte de sus ingresos a hacer frente a los aumentos en los precios y tarifas de servicios públicos y privados.

El consumo masivo en Argentina volvió a mostrar señales de retroceso en mayo, con una caída generalizada en todo el país, pero más pronunciada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A pesar de una desaceleración inflacionaria en ciertos rubros y tímidos indicios de mejora en los ingresos promedio, la clase media no logra capitalizar este escenario: los fuertes aumentos sostenidos en tarifas de servicios públicos y privados siguen absorbiendo buena parte de sus ingresos.

La baja en las ventas por el Día del Padre —un 1,7% menos respecto al año pasado, según CAME— no fue un hecho aislado, sino una muestra más de la retracción general en el consumo. De acuerdo con Focus Market, en mayo las ventas minoristas cayeron un 0,9% interanual y un 3,2% en comparación con abril. Esta última cifra refleja un deterioro más intenso en el AMBA (con una caída del 3,6% respecto a mayo de 2024), mientras que en el Interior del país la baja mensual fue mayor (4,1%), aunque con una leve suba interanual del 0,6%.

En este contexto, el consumo masivo —alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza— continúa en descenso. Según Damián Di Pace, director de Focus Market, la estabilidad de precios no se ha traducido en una recuperación efectiva del poder adquisitivo. “Aunque la inflación promedio mensual se modera, el alza de precios en servicios, producto de la corrección de precios relativos, resta capacidad de consumo en bienes”, explicó.

La paradoja se desvanece cuando se observa el comportamiento de la clase media: lejos de volver a llenar changos y alacenas, los ingresos adicionales que podrían haber impulsado el consumo se redirigen al pago de tarifas que habían estado subsidiadas en muchos casos y que, en los últimos 18 meses, registraron fuertes aumentos.

Los comercios de cercanía y autoservicios también sienten el impacto. El formato Self-Independiente cayó 2,1% respecto a abril y 0,6% interanual, mientras que los autoservicios grandes mostraron una baja mensual del 3,8%, aunque con un leve repunte del 0,7% interanual.

El consumidor promedio atraviesa esta nueva etapa con extrema cautela. Después de un período de compras anticipadas para proteger el ingreso frente a la inflación, hoy predomina el miedo a no llegar a fin de mes, más que al alza de precios. “El daño al poder adquisitivo fue profundo, y la baja de la inflación, por sí sola, no basta para reactivar el consumo”, concluyó Di Pace.

Según un informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), en marzo de este año, el subte transportó solo al 54% de los usuarios que se registraron durante el mismo mes del 2019. El fuerte aumento de tarifas, un factor determinante.

El sistema de transporte subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una crisis sin precedentes. Un informe reciente del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) revela que, en marzo de 2025, el subte transportó solo el 54% de los pasajeros que lo usaban en el mismo mes de 2019, antes de la pandemia. La cifra confirma una caída histórica en la cantidad de usuarios, profundizada por los fuertes aumentos tarifarios y la merma sostenida del poder adquisitivo de la población.

El informe advierte que esta tendencia no se ha detenido: en marzo de 2025 hubo incluso menos pasajeros que en marzo de 2024, que ya había mostrado una baja respecto a 2023. De este modo, el subte porteño se convierte en el sistema de transporte con peor desempeño relativo de toda la región, destacándose negativamente por una pérdida constante de pasajeros mes a mes, a diferencia de otras ciudades que ya se aproximan a los niveles de uso prepandemia.

Según datos oficiales, en marzo de este año las seis líneas de subte y el Premetro transportaron apenas 14,3 millones de personas, una caída pronunciada frente a los 18,2 millones de marzo de 2024, los 20,6 millones de 2023 y muy lejos de los casi 27 millones de 2019. En otras palabras, hoy el subte lleva poco más de la mitad de los pasajeros que transportaba antes de la pandemia, y la situación continúa empeorando.

El tarifazo como desincentivo

Uno de los factores centrales que explican esta caída es el fuerte incremento en el valor del boleto, que desde mayo de 2024 cuesta el doble que el colectivo. “Esta decisión del Gobierno de la Ciudad constituye un desincentivo explícito al uso del subte”, señala el informe, que además cuestiona la falta de alineamiento con políticas de movilidad sostenible aplicadas en otras ciudades del mundo.

🚇Caída histórica de pasajeros en el subte: en marzo 2025 transportó solo el 54% de los pasajeros de marzo 2019. Lo más preocupante: el uso sigue cayendo. Desde hace un año, viajar en subte cuesta el doble que en colectivo.

🧵Abrimos hilo con datos del nuevo informe del CEM👇🏽 pic.twitter.com/3HpUIrJRMM

— CEM (@EstudiosMet) June 11, 2025

El estudio detalla que, en junio de 2024, el boleto de subte alcanzó los $650 para usuarios con tarjeta SUBE registrada, mientras que el pasaje mínimo de colectivo se mantenía en $270. Esta brecha se sostuvo incluso después de que, en septiembre del mismo año, el Gobierno de la Ciudad obtuviera control sobre las tarifas de colectivos urbanos, consolidando una diferencia superior al 100% entre ambos medios de transporte.

Servicio deteriorado y falta de inversión

Además del tarifazo, el informe señala el deterioro del servicio como otro factor de peso en la caída de pasajeros. Sin indicadores oficiales de calidad publicados por la Ciudad o por SBASE, se observa que las líneas más afectadas por cierres, problemas de infraestructura y falta de material rodante —como la B y la D— son también las que más pasajeros pierden.

La línea D, históricamente una de las más utilizadas, no ha logrado recuperar sus niveles de frecuencia ni cantidad de formaciones, mientras que la línea B enfrenta una situación caótica. A esto se suman cierres prolongados de estaciones clave como Lima (A), Pueyrredón (B) o Palermo (D), que agravan aún más la caída de usuarios.

Reclaman una urgente revisión tarifaria

Frente a este escenario, el CEM advierte que la medida más urgente para revertir la tendencia es una revisión profunda del esquema tarifario actual, que hoy castiga al usuario del subte y lo empuja a optar por otros medios de transporte más baratos. Mientras se anuncian futuras inversiones y obras en la red, el problema inmediato sigue siendo el impacto económico sobre los pasajeros, que no pueden afrontar tarifas que duplican las de otros servicios públicos en medio de una crisis del poder adquisitivo.

Las ventas por el Día del Padre volvieron a marcar un saldo negativo en 2025, con una caída interanual del 1,7%, según informó la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

A pesar de que más del 90% de los comercios ofrecieron promociones especiales, el consumo no repuntó, consolidando así el tercer año consecutivo de bajas en una de las fechas comerciales más importantes del año.

Este nuevo retroceso se suma a las caídas del 10,2% en 2024 y del 1,2% en 2023, lo que evidencia un deterioro sostenido en el consumo familiar y un fuerte impacto de la crisis económica sobre el comercio minorista.

“El Día del Padre 2025 dejó un desempeño general débil. Las estrategias comerciales como los descuentos en efectivo y la financiación con tarjetas tuvieron bajo impacto en un contexto de gran cautela por parte de los consumidores”, señaló CAME.

El ticket promedio fue de $41.302, apenas un aumento nominal respecto al año pasado. Sin embargo, al ajustar por inflación, esto representó una caída real del 8,9% en el poder de compra, reflejando el deterioro del ingreso disponible de los hogares.

Los rubros más afectados fueron aquellos con artículos de mayor valor, mientras que las ventas se concentraron en productos en promoción y de menor precio, en línea con una lógica de ajuste y priorización del gasto familiar.

Con este nuevo balance negativo, el Día del Padre deja de ser un motor de reactivación para el comercio y pasa a representar una fecha con resultados sistemáticamente desfavorables, en un marco de freno generalizado de la actividad económica.

A las pocas horas de haber confirmado la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la polémica causa Vialidad, la Corte Suprema se otorgó así misma un aumento salarial por el cual pasarán a cobrar 20 millones de pesos.

A tan solo 48 horas de haber confirmado la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, la Corte Suprema de Justicia firmó una acordada que les otorga a sus propios integrantes —y al resto del Poder Judicial— un aumento salarial retroactivo del 2,2% a partir del 1 de abril.

La resolución fue firmada en medio de un fuerte hermetismo institucional y sin anuncio público, lo que incrementó las críticas. En los hechos, los ministros del máximo tribunal ya percibían más de 18 millones de pesos mensuales, y con este nuevo aumento pasarán a ganar más de 19 millones, posicionándose entre los funcionarios mejor pagos del país.

Los montos actualizados reflejan la magnitud del privilegio:

• Horacio Rosatti: $19.147.398,84
• Ricardo Lorenzetti: $19.534.215,98
• Carlos Rosenkrantz: $18.567.176,62

Estas cifras no incluyen únicamente el salario básico, sino que se componen además de adicionales por antigüedad, título universitario y permanencia en el cargo. Mientras tanto, jueces como Julián Ercolini, quien instruyó la causa Vialidad, cobran más de $11 millones mensuales, y otros magistrados superan los $16 millones.

La acordada justificó el aumento como una medida “para mantener el poder adquisitivo”, aunque el privilegio judicial es evidente: además de los altos ingresos, los jueces que ingresaron antes de 2017 continúan exentos del impuesto a las ganancias, lo que eleva su salario neto de forma considerable.

El momento elegido para firmar este beneficio personal no pasó desapercibido. Apenas unos días antes, la Corte había intervenido para convocar de urgencia la reunión que dejó firme la condena a la exmandataria, en un fallo impulsado por el propio presidente del tribunal, Horacio Rosatti.

El contraste entre el ajuste económico que enfrenta gran parte de la población y el incremento millonario que se asignan los jueces supremos reavivó las críticas sobre los privilegios del Poder Judicial y su escasa rendición de cuentas lo que renueva las exigencias de la ciudadanía por una mayor apertura democrática del poder judicial tal somo los demuestran recientes sondeos de consultoras privadas.

La Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento de Pablo Antonio Ceferino Dahua, acusado de haber provocado la explosión en el local de La Cámpora ocurrida hace cuatro años.

La medida fue resuelta por los jueces Pablo Larriera y Roberto Amábile, quienes ratificaron el fallo de primera instancia de la jueza María Gabriela Marrón, rechazando así el recurso presentado por la defensa oficial.

Dahua, actualmente detenido, también enfrenta un proceso penal en la justicia provincial por el homicidio de Emanuel Alarcón, ocurrido en septiembre del año pasado en el marco de una disputa por tierras. Durante la investigación de ese crimen, se hallaron en su domicilio materiales explosivos y otros elementos clave que permitieron vincularlo al atentado del 25 de mayo de 2021.

La causa federal lo acusa de incendio o estrago con peligro de muerte, fabricación o tenencia de materiales explosivos —encontrados en allanamientos realizados en domicilios de Mallea al 1200 y Guido Spano al 2100—, y asociación ilícita destinada a combatir ideologías mediante el uso de la fuerza o el temor, además de actos discriminatorios.

El ataque contra el local de La Cámpora, ubicado en Donado y Berutti, fue cometido por al menos dos personas que huyeron en un auto gris, según registros de cámaras de seguridad y testimonios. Aunque en un principio no se logró identificar a los responsables, el hallazgo de un Fiat Siena gris en poder de Dahua —coincidente con el utilizado en el atentado— y el secuestro de materiales explosivos en su domicilio, reactivaron la investigación.

Con estos elementos, la Justicia federal avanzó en la causa y consolidó las pruebas que llevaron a confirmar el procesamiento de Dahua como principal acusado por este grave hecho.

Se trata del abogado y militante libertario Alejandro Sarubbi Benítez, de estrechos lazos con el presidente Javier Milei y su hermana Karina y que ya cuenta con denuncias por extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación a la ley antidiscriminatoria.

Las recientes declaraciones del abogado e influencer libertario Alejandro Sarubbi Benítez, con fuertes lazos con el presidente Javier Milei y su hermana Karina, han encendido las alarmas por su peligrosidad y profundo contenido antidemocrático. En una transmisión del canal de streaming “Carajo”, Sarubbi lanzó una escalofriante incitación a la violencia contra estudiantes identificados con el peronismo: “Que les metan un tiro en la rodilla y que los metan presos”, sostuvo sin ambigüedades. Y agregó: “Si son de la JP, hay que meterles dos tiros”, en un llamado explícito a ejercer violencia armada por razones ideológicas.

Estas expresiones son inadmisibles en una sociedad democrática y constituyen una peligrosa apología de la violencia política que podría derivar en hechos trágicos. Resulta especialmente alarmante y grave que provengan de un profesional del derecho, con vínculos estrechos con la cúpula del poder político nacional.

Esta es la propuesta para las tomas universitarias de los muchachos de Carajo Stream pagos con la nuestra

"Que les metan un tiro en la rodilla y que los metan presos" dice el abogado Alejandro Sarubbi Benítez y agrega que si son de la JP hay que meterles "dos tiros" pic.twitter.com/6KLxM5q2VG

— Al Toque (@altoque_ok) June 13, 2025

Pero este no es un hecho aislado. En otro fragmento del mismo canal, durante el programa La Trinchera, Sarubbi propuso cometer fraude electoral en caso de que Cristina Fernández de Kirchner fuera candidata a diputada en 2025 por la Tercera Sección Electoral. “Si tengo que fiscalizar ahí, robo las boletas. Me chupa un huevo, me preparé toda mi vida para esto”, afirmó sin ningún pudor. Ante la advertencia de que tal acto constituiría un delito, redobló la apuesta con ironía: “Podemos cambiar el domicilio a La Matanza”, entre risas y burlas sobre Avellaneda y “Avellanegra”, en un tono clasista y despectivo.

El contexto legal de Sarubbi Benítez es igualmente inquietante. El 19 de mayo de 2025 fue denunciado en la Justicia Federal por extorsión, amenazas, intimidación pública, asociación ilícita y violación a la ley antidiscriminatoria. La causa, que tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 5 (Expediente CFP 2006/2025), fue impulsada por el periodista Mario Marcelo Bassano, quien también promovió una actuación disciplinaria en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Sarubbi ya fue citado a audiencia presencial en su sede de Juncal 931.

Entre las pruebas presentadas se incluyen capturas de escraches digitales, amenazas, publicación de domicilios privados y expresiones de tono sexista y racista. Bassano también denunció que el abogado intentó obstaculizar la investigación eliminando evidencias, como el cambio de su usuario en la red social X (ex Twitter) de @ASB2509 a @GordoLeyes, maniobra que fue denunciada como un intento de borrar su rastro digital.

Sarubbi Benítez se ha hecho conocido por su militancia digital libertaria, su apoyo incondicional a las políticas del presidente Milei, y su participación en actos junto a Karina Milei. Sin embargo, sus métodos —que incluyen hostigamiento en redes, difusión de datos privados y llamados a la violencia— lo colocan en el centro de una peligrosa deriva autoritaria y antidemocrática que no puede ser ignorada.

Frente a estos antecedentes y declaraciones, es urgente que el sistema institucional actúe con firmeza. La naturalización del odio, la amenaza física y el fraude electoral no sólo son delitos: son una amenaza directa a la democracia argentina.