El ministro del Interior aseguró que el encuentro con Gobernadores por la coparticipación de la Ciudad fue “en defensa del federalismo y de los recursos de las provincias”.

Este jueves el Gobierno Nacional mantuvo una reunión con los mandatarios de las provincias tras la audiencia de conciliación que, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron la Nación y la Ciudad para discutir el porcentaje de coparticipaición entregado por Mauricio Macri, con el argumento de la reasignación de fondos por el traspaso de la policía al distrito porteño.
 
En ese sentido, este jueves el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, aseguró que dicho encuentro fue “en defensa del federalismo y de los recursos de las provincias”, al tiempo que criticó la lógica de la distribución de recursos que se aplicó durante el gobierno de Mauricio Macri que -indicó- “triplicó las asignaciones a la Ciudad de Buenos Aires”.
 
“La reunión de ayer con 19 gobernadores en Casa Rosada no fue en contra de nadie, sino que fue en defensa del federalismo y de los recursos que luego van al resto de las provincias”, señaló De Pedro en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.
 
Y destacó “dos datos políticos” sobre este encuentro. Por un lado, apuntó a que “no fue una convocatoria en contra de nadie, sino que fue un pedido de los gobernadores debido a que estamos en el medio de una mediación en la Corte Suprema de Justicia y requerían que el Gobierno nacional informe el estado de situación porque eso hace a las cuentas nacionales y de eso salen los fondos para los argentinos”.
 
“Y el segundo dato es que preocupa que las discusiones políticas bien profundas que hacen al federalismo argentino se están dando en el marco del reclamo de una ciudad a la Corte”, alertó.
 
En ese sentido, recordó que “en el Consenso Fiscal 2020, las 23 provincias firmaron un acuerdo en que hay un artículo que es justamente lo que hoy se está discutiendo en la Corte, ya que en esa norma se prevé que ninguna transferencia de servicios se puede pagar mediante el uso de algún método de coparticipación”.
 
“Esto lo firmaron también los gobernadores de Mendoza, Corrientes”, resaltó De Pedro, en referencia a la ausencia de los mandatarios de ambas provincias junto a los distritos de Córdoba, Jujuy y la ciudad de Buenos Aires.
 
 “Aquí es claro el mensaje; no usen el sistema de coparticipación para saldar deudas que tienen que ver con servicios”, advirtió.
 
Respecto a la metodología de distribución federal de los recursos, De Pedro afirmó que “hay una situación que tiene que ver con que el expresidente Mauricio Macri concentraba más recursos en los que más tienen”.
 
“Le triplicó el presupuesto que recibía la ciudad de Buenos Aires durante la coparticipación”, a pesar de que “faltan obras básicas en cada rincón de la Argentina”, ya que “tenemos provincias todavía sin infraestructura básica como el gas o el tendido eléctrico mientras que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor poder adquisitivo y con mayor nivel de infraestructura”.
 
“La coparticipación federal, ya sea la primaria o la secundaria, son sistemas complejos que tienen que ver con acuerdos y discusiones históricas, pero Macri igual se lo triplicó a pesar de que gobernadores de su propia fuerza política también protestaron”, apuntó.
 
En cuanto a la polémica con la Ciudad, el Ministro explicó que al aumentar la coparticipación al distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta (JxC), “Macri justificó que ese aumento en beneficio a la Ciudad era por el traspaso de la Policía Federal”.
 
“Pero cuando una va a haber la suma de los recibos de sueldos de los 18 mil efectivos de la Federal que traspasaban a la Ciudad, la suma da menos de la mitad de los recursos que le transfirió”, puntualizó.

En el Boletín Oficial el Gobierno publicó una actualización de las medidas de prevención contra el coronavirus y dejó “sin efecto el distanciamiento social de dos metros”.

El ministerio de Salud actualizó este viernes las medidas de prevención contra el coronavirus y de otras enfermedades respiratorias, en una resolución publicada en el Boletín Oficial que deja “sin efecto el distanciamiento social de dos metros”. A su vez, insta a “continuar con el uso adecuado del barbijo en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público”

“Considerando la situación epidemiológica, sanitaria y los avances de la campaña de vacunación, es menester actualizar las medidas generales para prevenir tanto la Covid-19 como otras infecciones respiratorias estacionales con el fin de proteger la salud pública”, indica la Resolución 705/2022 firmada por la ministra Carla Vizzotti.

Las medidas recomiendan también “asegurar la ventilación de los ambientes y mantener la higiene adecuada y frecuente de manos”.

“Ante la presencia de síntomas, evitar el contacto con otras personas, no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y evitar el uso del transporte público”, se indica en el articulado de la normativa.

Asimismo se deja “sin efecto” la “obligatoriedad del autorreporte de síntomas en la aplicación “Cuidar” dispuesta en el artículo 5° de la Decisión Administrativa N°1198/21″.

En tanto, “para determinar la modalidad de prestación de servicios laborales -presencial o remota- de una persona, se recomienda la realización de una evaluación médica de riesgo individual con su correspondiente certificación, sin que sea suficiente su sola pertenencia a los grupos de riesgo previstos por el artículo 3º de la Resolución Ministerial Nº 627/20”.

Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías Kulfas mantuvieron una cumbre con dirigentes sindicales, con quienes acordaron trabajar en medidas para frenar la suba de precios.

Los ministros de Economía, Trabajo y Desarrollo Productivo, Martín Guzmán, Claudio Moroni y Matías Kulfas, respectivamente, se reunieron esta noche con los principales directivos de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), con quienes acordaron institucionalizar una mesa tripartita de trabajo para tomar “medidas y coordinar acciones que permitan enfrentar de manera más efectiva el problema de la inflación, en particular en lo atinente al acceso a los bienes y servicios básicos”.

Del encuentro participaron el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, junto al secretario de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez, y el director Ejecutivo, Diego Coatz; mientras que en representación del sector sindical estuvieron los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña, junto al secretario general adjunto de la entidad, Andrés Rodríguez.

El anuncio se conoció por noche tras la reunión, que se produjo luego de una convocatoria formulada por el presidente Alberto Fernández para establecer una mesa de diálogo y concertación social, que tienda a fortalecer la reactivación económica de manera articulada con la creación de empleos y la mejora en los ingresos reales de la población.

El objetivo del encuentro fue poner en común los puntos de acuerdo entre los sectores sobre la necesidad de afrontar el súbito aumento de precios y sus efectos en el poder adquisitivo de la población, así como del funcionamiento general de la economía, y avanzar en un esquema de futuras reuniones que involucren a más actores para llevar propuestas y soluciones a este problema, según el documento refrendado esta noche por ministros, empresarios y sindicalistas.

“Las partes podrán plantear medidas coyunturales y estructurales para mejorar la situación productiva del país, promoviendo más inversión pública y privada, con más competitividad y exportaciones, así como la generación de trabajo productivo y formal”, señala el documento entre otros puntos.

Legisladores nacionales se refirieron a la posibilidad de tratar el proyecto de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal” en el Congreso y plantearon sus posturas sobre la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo.

En declaraciones televisivas con el canal oficial de la Cámara de Diputados, Daniel Arroyo, del Frente de Todos, consideró que la iniciativa “tenemos que aprobarla” y resaltó que se trata de “uno de los proyectos para adelante, es de largo plazo”.

“Hay que generar proyectos de mediano y largo plazo. Por eso Electromovilidad, lo que tiene que ver con el proceso agroindustrial, y el consenso fiscal son un conjunto de leyes que mandó el Ejecutivo que entiendo que se van a tener que aprobar”, expresó.

Por su parte, Víctor Hugo Romero, del bloque de la UCR indicó: “Daremos un debate sobre ese proyecto” y explicó que la medida “tiene una idea basada en incentivos desde el punto de vista fiscal que ha sido consensuada una parte con el sector agropecuario”.

“Vamos a proponer dentro de la comisión, y eso es lo bueno del debate, mejorar algunos aspectos, profundizar estas iniciativas para ver si podemos potenciar y generar una mayor producción agropecuaria”, dijo Romero.

El mes pasado en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja, el titular del cuerpo, Sergio Massa, había compartido un encuentro de trabajo con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez; y el Consejo Agroindustrial Argentino, con el propósito de repasar los beneficios y alcances del proyecto, y anticipar su próximo tratamiento en Diputados.

En un contexto marcado por la baja de temperaturas, desde la Asociación de Licenciados en Enfermería denunciaron despidos de enfermeros que ingresaron durante la pandemia.

Una vez más, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta da una nueva muestra de que no busca mejorar para nada el sistema de salud porteño, y en un contexto marcado por las bajas temperaturas el personal de enfermería denuncia despidos en el sector y anticipan medidas de fuerza para expresar el descontento.

En esa línea, nucleados en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE), informaron que llevarán adelante una asamblea en el Hospital Tornú y decidirán los pasos a seguir.

“Despedir enfermeras/os con lo que los necesita el sistema de salud es una aberración de (Horacio Rodríguez) Larreta”, aseguran a partir de un comunicado.

Por otra parte, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y referente de ALE denunció: “Una veintena de enfermeras/os contratados, que fueron claves en la pandemia, que durante dos años pasaron la durísima prueba profesional y humana del COVID, recibida por mail la notificación de que quedan despedidos. Esto se suma a 14 despidos anteriores. Deplorable e inaceptable. Lo rechazamos total y absolutamente”.

Para subrayar lo dicho, Cáceres aseguró que en el sistema de salud de la Ciudad “no sobra nadie” y calificó de “una aberración” las formas y tiempos en los que se dan los despidos.

“Esto se suma al atropello del salario de miseria que cobramos y la discriminación de no ser reconocidos como profesionales, sino como “personal administrativo”. Se metieron con la generación equivocada. Reclamamos el pase a planta de toda la enfermería contratada en pandemia”, concluyó.

El presidente de las firmas Generación Zoe S.A. y Zoe Capital, quien sigue prófugo de la Justicia por presuntas estafas, confesó que realizó varios pagos a Viviana Canosa para poder ir a su programa.

El empresario Leonardo Cositorto, investigado por presuntas estafas y prófugo de la Justicia, brindó una entrevista en Radio 10 donde confesó que realizó pagos de hasta $500 mil para ir al programa de Viviana Canosa a captar futuros estafados.

“Hay gente que te invita y hay gente a la que tenés que pagar”, indicó Cositorto, el empresario acusado de estafas respondió que para ir a las entrevistas en televisión como aquella que le hizo Viviana Canosa abonó entre “250.000 pesos y 500.000”.

En este contexto se viralizó un video de Cositorto en el programa de Canosa victimizándose por el avance de la Justicia en su causa. En ese momento, Canosa saltó en defensa del empresario acusado de presuntas estafas.

“Voy a ir detrás de ustedes, los voy a perseguir”, disparó la conductora ultra macrista. ¿Cuánto le habrá costado a Cositorto esta defensa?

El presidente de las firmas Generación Zoe S.A. y Zoe Capital, quien sigue prófugo de la Justicia, aseguró que entregó dinero a Viviana Canosa.

Leonardo Cositorto, presidente de las firmas Generación Zoe S.A. y Zoe Capital, cercano a Cambiemos y prófugo de la Justicia, confesó que entregó dinero a varios medios, entre ellos el programa de Viviana Canosa, para publicitar sus empresas.

“Hay gente que te invita y hay gente a la que tenés que pagar”, indicó Cositorto, el empresario acusado de estafas respondió que para ir a las entrevistas en televisión como aquella que le hizo Viviana Canosa abonó entre “250.000 pesos y 500.000”.

El presunto estafador además señaló en Radio 10 que pagó para hacer publicidad en otros medios de comunicación entre ellos el Grupo Clarín. “Cualquier publicidad, cualquier zócalo tenes que pagar, pero yo no invertí nada, los otros invirtieron 600 000 dólares para hacernos desaparecer”, denunció.

“Yo tenía un equipo publicitario, que tenía un presupuesto, ellos poníamos dinero donde estaba ricki, salía en las revistas, creo que salió en Clarín algo. No me acuerdo, yo estoy todo el tiempo viajando”, explicó.

Consultado por su situación procesal, Cositorto, ratificó hoy que no tiene previsto regresar a la Argentina, donde tiene pedido de captura de la Justicia, acusado por presunta estafa a inversores locales.

En esa línea, Cositorto negó que Generación Zoe y el resto de sus empresas hayan producido una estafa piramidal.

Presuntamente, Generación Zoe prometía ganancias del 7,5% mensual en dólares a cambio de una inversión de US$ 2.000, como negocio inicial.

El acto se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación.

Con la participación del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, del diputado nacional Mario Negri, impulsor del reconocimiento, del gobernador Gerardo Morales y otros representantes, legisladores y exlegisladores de la UCR, se entregó la Mención de Honor “Diputado Nacional Dr. Juan B. Alberdi” al Dr. Hipólito Solari Yrigoyen, en homenaje a su trayectoria y compromiso con las valores democráticos y republicanos.

El acto se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados de la Nación.

Hipólito Solari Yrigoyen hizo un repaso de su trayectoria y agradeció el reconocimiento y expresó: “Mi vida no fue fácil. Sufrí tres atentados, pero mi lucha siempre fue pacífica. Nunca pensé que la violencia fuera un instrumento político en democracia. Sufrí una larga prisión bajo un régimen autoritario y jamás se me dio derecho a defenderme”.

“Hoy me siento acompañado por la amistad que ustedes me han demostrado. Seguiré apoyando a los jóvenes para que la Argentina deje atrás la violencia política definitivamente”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló: “Soy un hijo de la democracia. En 1983, tenía 11 años. Los hijos de la democracia debemos preguntarnos quiénes fueron los padres de ella”.

“Si hoy podemos asentir, debatir, gobernar o ser oposición es porque en medio de la oscuridad hubo valentía, determinación, coraje y compromiso. Este premio a Hipólito Solari Yrigoyen es para reconocer la lucha por la libertad, la paz, la democracia y los Derechos Humanos”, agregó Massa.

El impulsor del reconocimiento, Mario Negri, destacó que “Hipólito Solari Yrigoyen es un símbolo que enmarca luchas históricas compartidas. Fue parte de una generación, junto a Raúl Alfonsín, que creyó que para recuperar la democracia no sólo había que votar sino que hacía falta luchar por la verdad y la justicia”.

Y subrayó: “La vida de Hipólito es inescindible de la de Raúl Alfonsín. Un mismo sueño, un mismo partido, una misma rebeldía, una misma obsesión: la democracia y el respeto irrestricto por los Derechos Humanos”.

Asimismo, en el acto estuvieron presentes el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, integrantes de la AGN, diputados y senadores mandato cumplido, amistades, familiares y autoridades de la Cámara de Diputados.

Nacido en 1933 en la Provincia de Chubut, Hipólito Solari Yrigoyen es abogado, dos veces electo Senador de la Nación y un símbolo de la lucha, la vigencia y el respeto por los derechos humanos.
Defensor de presos políticos junto a Mario Abel Amaya, víctima de atentados por parte de la Triple A y detenido desaparecido por la última dictadura militar, es un testigo destacado de las épocas más oscuras de Argentina. Desde el exilio en París, editó el periódico La República e impulsó denuncias permanentes sobre el horror de la dictadura en nuestro país.
Acompañó al Dr. Raúl Alfonsín como su asesor personal con rango de Secretario de Estado y como embajador plenipotenciario. Integró el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 1999 y 2002, habiéndose desempeñado como su vicepresidente durante los dos últimos años. Apasionado defensor de la soberanía argentina en las Islas Malvinas, ha escrito varios libros sobre dicha temática, además de especializarse sobre otras cuestiones.

Estuvieron presentes en la ceremonia: los exministros del Interior de la Nación Federico Storani y Enrique “Coti” Nosiglia, el exvicegobernador bonaerense Daniel Salvador; los exlegisladores Rafael Pascual y Carlos Maestro; y los diputados FDT Carlos Selva, Daniel Arroyo y Eduardo Valdés; y UCR Karina Banfi, Julio Cobos, Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Jorge Rizzoti y Sebastián Salvador; entre otros.

El total de lo que reclama la AFIP al ex delantero de la Selección es de $3.853.341,66, más el 15% en concepto de intereses y costas judiciales por no abonar el Impuesto a los Bienes Personales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le reclamó al ex futbolista y empresario Gabriel Omar Batistuta una suma de poco más de $3,8 millones que adeuda por su negativa a pagar el impuesto a Bienes Personales, que la Justicia este martes resolvió embargar.

El ex delantero de la Selección Argentina, que fue sondeado para sumarse a Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, es uno de los millonarios que se negó a pagar el impuesto a la riqueza. La misma legislación que se aprobó en plena pandemia por el coronavirus.

En ese sentido, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, embargó las cuentas del ex futbolista y empresario de Reconquista.

El total de lo que reclama la AFIP a Batistuta es de $3.853.341,66, más el 15% en concepto de intereses y costas judiciales por no abonar el Impuesto a los Bienes Personales Anticipo 2 y 3 correspondientes al Período Fiscal 2021. Las mismas que vencieron el 13 de octubre de 2021 y 13 de diciembre de 2021, respectivamente, más los aportes y contribuciones sociales.

Batistuta se suma al grupo de millonarios que se negó a contribuir, a través del Estado, durante los picos más graves de la pandemia mundial. De esta manera, el Banco Central (BCRA) embargará sus cuentas (caja de ahorro, plazos fijos, cajas de seguridad) en las entidades bancarias donde posea dinero.

El pasado 10 de marzo un grupo de personas lanzó bombas de pintura y piedras al despacho de la vicepresidenta causando destrozos.

La Presidencia del Senado de la Nación, a cargo de Cristina Kirchner, informó este martes a la Justicia federal que los daños patrimoniales producidos durante la pedrada del 10 de marzo pasado contra el Congreso mientras se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) superan los $ 6 millones, según un cálculo provisorio que aún no incluye aquellos elementos considerados “históricos” que deberán reconstruirse con trabajo artesanal.

“La evaluación económica reviste carácter provisional y su estimación es aproximada dadas las características del Monumento Nacional del Palacio Legislativo y varios de los componentes dañados”, señaló la directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado, Graciana Peñafort, en la presentación a la que accedió Télam.

Peñafort también señaló que “la agresión se encontró selectivamente direccionada sobre el margen correspondiente a la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, específicamente donde se encuentran las oficinas de la H. Presidencia del Senado de la Nación, las que quedaron claramente señaladas por pintura y especialmente dañadas en sus paneles exteriores”.

En el informe, que había sido solicitado por la jueza María Eugenia Capuchetti, se detalló además que otras áreas del Senado, linderas a aquella que ocupa la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Cristina Kirchner, también fueron dañadas.

Otros despachos dañados fueron los de los senadores Claudia Abdala, José Mayans y Ricardo Guerra, informaron fuentes judiciales.

Entre los gastos eventuales que sí pudieron ser calculados están los de reposición y colocación de unos 200 paños de vidrio ($ 2 millones), retapizado e intervención en textiles ($ 1,5 millones) y solados, carpintería y revestimientos de madera ($ 2,7 millones), que es como se llegó a la suma de $ 6 millones.

El cálculo fue realizado a pedido de la justicia, pero en el escrito Peñafort puso de relieve que el ataque al Congreso con elementos contundentes llegó a “afectar no sólo el patrimonio legislativo sino la seguridad de quienes allí se encontraban, incluyéndose autoridades y representantes legislativos”.

La Presidencia del Senado interviene en el expediente como querellante.