Durante la entrega de sables a las fuerzas de seguridad en la Casa Rosada, y acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el mandatario reafirmó su política de mano dura.

En un contexto de creciente malestar social y cuestionamientos por los magros resultados de su gestión, el presidente Javier Milei endureció su retórica y anunció un giro aún más pronunciado hacia la derecha. Este martes, durante la entrega de sables a las fuerzas de seguridad en la Casa Rosada, y acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el mandatario reafirmó su política de mano dura con un discurso que destacó “los tres pilares fundamentales” de su gestión libertaria.

Previo al acto, Milei encendió las redes sociales con un mensaje explosivo: “Estaba trabajando sobre el discurso que daré a las 15:00hs, cuando me puse a pensar sobre las medidas del Gobierno para lo que será el 2025… Ante el paisaje confirmo que seguiré a full con la motosierra… ¡¡¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!”.

Un giro peligroso ante el fracaso

Con la economía en retroceso, altos niveles de pobreza y conflictividad social en aumento, el gobierno de Milei parece optar por redoblar su apuesta en medidas extremas. Durante su discurso, el presidente delineó los fundamentos de su política de seguridad:

1. El que las hace las paga: “El delito debe ser castigado en todo momento y en todo lugar. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada”.
2. El orden público es sagrado: “La calle es de todos; no puede ser secuestrada por un puñado de inadaptados para tener de rehén al resto de los argentinos. Desde el 10 de diciembre, el que corta no cobra, y, en consecuencia, se terminaron los piquetes”.
3. Los buenos son los de azul; los malos son los delincuentes: “El Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios; no al revés”.

El endurecimiento como estrategia política

En un tono desafiante, Milei afirmó que estos principios ya están mostrando resultados positivos: “Son esos mismos pilares los que han logrado civilizar la barbarie a lo largo de la historia, y son estos mismos pilares los que ya nos están trayendo resultados positivos, bajo la brillante conducción de la doctora Bullrich”.

El giro hacia políticas más represivas y un discurso incendiario, lejos de brindar soluciones, parece buscar fortalecer su base electoral en medio de una crisis de gobernabilidad. Sin embargo, estas decisiones agudizan las tensiones en un país donde las desigualdades y el descontento social van en aumento, dejando en evidencia las limitaciones de su proyecto político para abordar los problemas estructurales de la Argentina.

En la apertura de la 30° Cumbre de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja lamentó que tanto el presidente Milei como el ministro de Economía faltaron.

En el inicio de la 30° Cumbre de la Unión Industrial Argentina (UIA), el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja, enfatizó la fortaleza del sector frente a la ausencia de autoridades oficiales: “Puede ser que estemos vacíos de algunas cosas, pero estamos plenos de representación empresaria”, lanzó.

El líder de los industriales aseguró que las empresas están “comprometidas con el país y el futuro”, destacando que su motor es “la pasión”. Además, el director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz, abogó por encarar los problemas de desarrollo “con pragmatismo” y planteó que el “orden macroeconómico es necesario, pero no suficiente” para fortalecer la actividad fabril.

Entre las principales preocupaciones del sector, los empresarios señalaron el retraso del tipo de cambio y la apertura a las importaciones, que afectan especialmente a los rubros expuestos a la competencia internacional. José Urtubey, director de Celulosa Argentina, llamó a fortalecer la oferta productiva a largo plazo: “El Gobierno debe corregir distorsiones fiscales para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad”.

Por su parte, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), respondió a las críticas oficiales hacia los subsidios al sector: “Los industriales no queremos protección, queremos condiciones justas para competir. La industria aporta el 30% de la recaudación, y necesitamos igualdad para mantenernos productivos”.

Un llamado al diálogo

En un contexto de desafíos macroeconómicos y tensiones sectoriales, los empresarios destacaron la necesidad de diálogo y consenso como herramientas clave para avanzar en el desarrollo productivo del país. “Hoy enfrentamos grandes desafíos, pero estamos comprometidos con ser parte de la solución”, concluyó Funes de Rioja.

El senador cuestionó duramente la estrategia del Gobierno de Milei y alertó que polarizar con Cristina Kirchner podría ser un error fatal para el oficialismo.

El senador nacional Francisco Paoltroni, quien fuera desplazado de La Libertad Avanza en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, criticó con firmeza la estrategia del oficialismo para las elecciones legislativas de 2025. En diálogo con Jorge Rial en Radio 10, Paoltroni señaló que la táctica de polarizar con Cristina Kirchner es peligrosa: “Piensan que la abuela no tiene dientes, pero se los va a masticar de a uno”. Además, destacó que Cristina “puede ganar la provincia de Buenos Aires y ya minó de talibanes todo el territorio”.

El exaliado de Milei también apuntó contra lo que denominó el “triángulo de hierro” compuesto por el presidente, su hermana Karina Milei y el influyente Santiago Caputo. Según Paoltroni, este grupo opera desde el núcleo duro del poder, desplazando a figuras clave: “Atacan a Villarruel porque asoma. Las críticas a la Vicepresidente (Karina) son innecesarias; está realizando un gran trabajo en el Senado”.

No faltaron críticas a Daniel Parisini, alias Gordo Dan, uno de los operadores mediáticos oficialistas. Paoltroni lo calificó de “estafador moral y privilegiado de la peor casta de Santiago del Estero”, acusándolo de recibir beneficios públicos en el pasado y ahora operar desde las sombras: “Hasta tiene vínculos con la SIDE”.

Por último, cargó contra el ministro Guillermo Francos, acusándolo de respaldar acciones que “bajan figuras como Diana Mondino y Villarruel para favorecer a un tuitero impresentable”. Paoltroni dejó claro que, a su juicio, el entorno presidencial está priorizando intereses personales por encima de las ideas de la libertad que promovieron en campaña.

La medida perjudica a los sectores más vulnerables y beneficia a grandes actores del mercado como Mercado Libre, que ganan terreno en el sector de financiamiento.

El Gobierno de Javier Milei derogó este lunes las normas que habilitaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a otorgar créditos de consumo a sus beneficiarios utilizando recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La medida, oficializada mediante el decreto 1039/2024 publicado en el Boletín Oficial, deja sin efecto las iniciativas impulsadas durante la presidencia de Alberto Fernández.

Según el Poder Ejecutivo, la actividad de otorgar créditos de consumo puede ser realizada de manera más eficiente por las entidades financieras privadas. Además, argumentaron que los créditos a tasas de interés por debajo de la inflación y las tasas del sistema financiero público habían tenido consecuencias negativas en la gestión del fondo.

Sin embargo, esta medida representa un golpe directo a los jubilados y pensionados, que ahora deberán recurrir al sistema financiero privado para obtener financiamiento. En el pasado, los créditos otorgados por ANSES tenían tasas más bajas, lo que representaba un alivio para los sectores más vulnerables. Ahora, al ser reemplazados por las entidades privadas, los beneficiarios se verán obligados a pagar tasas más altas, lo cual perjudica gravemente su poder adquisitivo, especialmente en un contexto económico inflacionario.

De acuerdo con los datos oficiales, en 2023, la tasa de inflación anual fue del 211,4%. Bajo esas condiciones, los créditos otorgados por ANSES tenían una tasa nominal anual del 29% para los créditos a 48 cuotas, mientras que para los titulares de asignaciones universales por hijo la tasa era de entre 32% y 36%. Aunque estas tasas eran inferiores a la inflación, su eliminación en favor del sistema financiero privado puede generar un aumento de la deuda de los jubilados y pensionados debido a las tasas más altas que ofrecen las entidades como bancos y plataformas como Mercado Libre.

Es importante destacar que esta medida no solo perjudica a los jubilados, sino que también beneficia directamente a actores como Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, quien ha promovido acuerdos con entidades financieras para ofrecer créditos a través de su plataforma. Mercado Libre, que ya cuenta con una considerable participación en el sector de los pagos y el financiamiento, se ve favorecido por la decisión gubernamental, ya que ahora más jubilados y pensionados, que antes recibían créditos a tasas más bajas desde ANSES, serán captados por el sistema financiero privado.

La decisión del gobierno, entonces, no solo afecta negativamente a los sectores más vulnerables, sino que, al abrir espacio al sector privado para el financiamiento, beneficia a grandes actores de la economía digital, como Mercado Libre, que seguirán ganando terreno con la expansión de sus servicios financieros.

Con esta medida, el gobierno de Javier Milei prioriza la eficiencia del sector privado, pero pone en evidencia el costo social que conlleva: una mayor carga para quienes ya enfrentan serias dificultades económicas.

El ahora ex co-secretario de la Confederación General del Trabajo presentó un escrito donde expresó su renuncia a la central obrera.

Pablo Moyano, referente de Camioneros, renunció este viernes a su cargo como co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), tras profundos desacuerdos con la denominada “mesa chica” de la central sindical. La decisión se habría desencadenado luego de que la CGT desestimara convocar un paro general en diciembre, una medida que Moyano consideraba fundamental para expresar el descontento de miles de trabajadores frente a las políticas del gobierno de Javier Milei.

“He tomado la decisión de renunciar a mi cargo de co-secretario general de la CGT, al no coincidir con las decisiones tomadas por la llamada ‘mesa chica’”, expresó Moyano en una carta dirigida al Consejo Directivo Nacional de la central sindical.

La salida de Moyano se da tras semanas de desacuerdos internos. El líder camionero había planteado la necesidad de un paro nacional como forma de resistencia a las medidas económicas y laborales impulsadas por la actual administración. Sin embargo, desde sectores mayoritarios de la CGT se optó por una tregua hasta 2025, priorizando el diálogo con el gobierno y argumentando señales de mejora en algunos sectores de la economía.

Durante una entrevista reciente, Moyano había anticipado su postura: “Esto no es otra cosa que un retroceso para todos los trabajadores del país. No podemos dividirnos. Ahora más que nunca, necesitamos estar juntos para defender los derechos que conquistamos durante décadas”.

La medida también estuvo marcada por tensiones dentro del propio gremio de Camioneros. Hugo Moyano habría intervenido directamente para desautorizar la convocatoria al paro promovida por su hijo, en un intento por evitar un quiebre más profundo en la CGT.

Héctor Daer (Sanidad) y Gerardo Martínez (UOCRA), figuras centrales en la conducción cegetista, también rechazaron la medida de fuerza, al igual que Andrés Rodríguez (UPCN), quien sostuvo que “no hay un clima apropiado para que una medida de fuerza pueda desarrollarse con éxito”.

El futuro de la CGT

Con la salida de Pablo Moyano, será el sector de Camioneros el encargado de designar a su reemplazante, en consonancia con el sistema de representación gremial de la CGT. La central sindical, mientras tanto, enfrenta el desafío de mantener la unidad en un contexto de crecientes demandas y expectativas por parte de la clase trabajadora.

La renuncia de Moyano refleja las tensiones internas entre las posturas dialoguistas y las más confrontativas dentro del movimiento obrero, en un momento crítico para definir el rumbo del sindicalismo frente a las políticas del actual gobierno.

Desde el Industriales Pymes Argentinos advirtieron que la apertura indiscriminada de importaciones generará una crisis aún mayor en sectores clave como textil, calzado, metalúrgicas, y la construcción.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), advirtió sobre el posible cierre de 25.000 pymes y la pérdida de 300.000 empleos registrados en 2025 si se profundizan los beneficios para la importación de productos terminados y se mantiene la presión impositiva local, dos medidas que lanzó el gobierno de Javier Milei y sostiene el ministro Federico Sturzenegger.

Según un informe del IPA, la flexibilización de los controles y la eliminación del Impuesto PAIS sin una estrategia de producción nacional podría ser más perjudicial que la recesión del primer semestre de 2024, que ya afectó a 46.000 trabajadores del sector manufacturero.

Rosato enfatizó que la apertura indiscriminada de importaciones pondría en riesgo sectores clave como el textil, el calzado y la construcción, y que podría provocar un mayor desempleo. A pesar de que las exportaciones crecieron un 15% interanual, las pymes siguen enfrentando dificultades para competir en el mercado interno e internacional, debido a la falta de financiamiento y los elevados costos de importación y exportación.

El futuro de las pymes dependerá de las políticas que implemente el Gobierno en 2025 para mejorar la competitividad y el acceso a mercados internacionales.

La Policía Federal acusó al expresidente Jair Bolsonaro y a 36 colaboradores, en su mayoría militares, de coordinar un plan para perpetuarse en el poder tras las elecciones de 2022.

La Policía Federal de Brasil reveló este jueves que el expresidente Jair Bolsonaro y otros 36 implicados, entre ellos altos mandos militares y exfuncionarios, coordinaron un plan para mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Por ello, se solicitó su imputación por delitos como golpe de Estado, organización criminal y abolición violenta del Estado de Derecho, que podrían acarrear penas de hasta 30 años de prisión.

Entre los involucrados figuran figuras clave como los exministros Walter Braga Netto, Anderson Torres y Augusto Heleno, así como militares activos y retirados. La trama incluyó desinformación sobre el sistema electoral, intentos de incitar a los militares a romper el orden democrático, medidas ilegales para justificar el golpe y hasta un plan para asesinar a Lula y a otras autoridades.

Lula confirmó esta última acusación durante un acto oficial: “Soy una persona que tiene que agradecer estar vivo. El intento de envenenarme a mí y a Alckmin no dio resultado, estamos acá”.

La investigación destacó que el complot no avanzó debido a la negativa de los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea a sumarse al golpe. Además, identificó varios “núcleos” en la organización golpista, desde propaganda y logística hasta inteligencia paralela.

Bolsonaro enfrenta ahora una de las causas penales más graves de su historial, que incluye otros escándalos como la falsificación de certificados de vacunación y la importación irregular de joyas. La Procuraduría General deberá decidir si avanza con la acusación formal, mientras que líderes del Partido de los Trabajadores exigen un castigo ejemplar.

Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, resumió el clamor oficialista: “Intentaron asesinar autoridades, robar elecciones e instalar una dictadura. No merecen amnistía, sino prisión”.

El presidente y su alianza con Israel marca un giro peligroso en la política exterior argentina, rompiendo con la histórica neutralidad de la Argentina ante conflictos internacionales.

El presidente Javier Milei anunció un “memorándum histórico con el gobierno israelí” para fortalecer la defensa de la “libertad y la democracia” y combatir el “terrorismo y las dictaduras”. Sin embargo, la decisión genera preocupación por sus implicancias para la histórica política exterior argentina, tradicionalmente neutral frente a conflictos bélicos internacionales.

El anuncio ocurrió mientras la Corte Penal Internacional (CPI) emitía una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra. Esto sitúa a la Argentina en un escenario potencialmente conflictivo, especialmente considerando que Israel se encuentra en otro continente y muy lejos de los intereses geopolíticos directos del país.

Durante la ceremonia organizada por la Cámara de Comercio Argentino-Israelí y la Embajada de Israel en Buenos Aires, Milei marcó diferencias con gobiernos anteriores: “Mientras los kirchneristas hacían un memorándum con Irán, nosotros hacemos uno con Israel”. También destacó la “amistad histórica” entre Argentina e Israel y expresó su deseo de que la alianza sea un modelo para otras naciones del mundo libre.

Sin embargo, esta alineación no es menor para un país como Argentina, que sufrió atentados devastadores contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la AMIA en 1994, en un contexto donde la política exterior del momento lo involucró en tensiones internacionales. La decisión de Milei de tomar partido en un conflicto tan complejo podría tener consecuencias similares, al alejarse de la neutralidad que históricamente caracterizó a la diplomacia argentina.

El mandatario, además, señaló que Israel y Estados Unidos son “nuestros socios geopolíticos más importantes” y reafirmó su compromiso de acompañarlos en la “defensa de la causa de Occidente, la vida, la libertad y la propiedad privada”. En este sentido, condenó los ataques del grupo Hamas y mencionó la importancia de no olvidar los atentados sufridos en Argentina hace tres décadas.

El anuncio del acuerdo se da en un momento delicado para la política internacional. Mientras Milei proclamaba su afinidad con Israel, la CPI avanzaba contra Netanyahu, generando repercusiones globales. Esto posiciona a la Argentina de manera clara en un conflicto que no solo le es ajeno por geografía, sino que también podría exponer al país a riesgos innecesarios.

La decisión de romper con la neutralidad histórica y alinearse con una postura tan marcada implica un cambio radical en la política exterior argentina. Más que fortalecer la diplomacia, la medida podría poner en jaque la seguridad y la posición estratégica de un país que siempre buscó evitar involucrarse en conflictos ajenos a sus intereses inmediatos.

El gobernador bonaerense cuestionó duramente la decisión del Gobierno de Javier Milei de privatizar la Hidrovía del Río Paraná y calificó la medida como una “entrega” contraria a la soberanía nacional.

En un acto por el Día de la Soberanía Nacional en San Pedro, Axel Kicillof dirigió fuertes críticas al Gobierno nacional por la reciente licitación para privatizar la gestión de la Hidrovía del Río Paraná. “Da vergüenza la entrega de la que somos testigos por parte del gobierno de Milei. No puede privatizar nuestro río, no puede darle la espalda a las provincias, y vamos a actuar en consecuencia de lo que es una violación de nuestra Constitución Nacional”, enfatizó el mandatario.

Kicillof también apuntó contra el carácter ideológico de las políticas del oficialismo, a las que consideró alejadas de la realidad mundial: “Estamos ante una época renovada de nacionalismos, y nos toca tener un Gobierno nacional que está seteado en Austria del siglo XIX o, peor aún, en el Consenso de Washington, que tanto fracaso nos dio”.

“Vendepatria que gobiernan”

En su discurso, Kicillof no escatimó calificativos y destacó que “la soberanía nacional es una fibra tremendamente importante y sensible para nuestro pueblo, digan lo que digan y hagan lo que hagan los vendepatria que gobiernan”.

Además, aprovechó para diferenciarse del modelo económico propuesto por Milei, subrayando: “Le digo a Milei: hay que proteger la producción y el trabajo nacional. Lo entiende Trump y medio planeta, las principales potencias, y nos quieren entregar de pies y manos”.

La Provincia dispuesta a actuar

El gobernador bonaerense también advirtió que, si el Gobierno nacional no reactiva la obra pública del canal Magdalena, paralizada desde diciembre de 2023, su administración asumirá la responsabilidad. “Si ellos no piensan hacerlo, lo va a hacer la provincia de Buenos Aires”, sentenció.

Finalmente, Kicillof pidió al Ejecutivo nacional que escuche las necesidades del pueblo: “El Gobierno tendría que darse cuenta que lo que tiene que defender no es una ideología, sino la producción, el trabajo y la soberanía nacional”.

Con sus declaraciones, el gobernador de Buenos Aires dejó en claro su postura de confrontación frente a las políticas del gobierno de Javier Milei, reafirmando el compromiso de su gestión con la defensa de los intereses provinciales y nacionales.

El exasesor de Mauricio Macri regresó a Argentina después de fugarse para evitar declarar ante la justicia. A pesar de las acusaciones de persecución a opositores, logró evitar la prisión gracias a la protección judicial de magistrados alineados con el PRO.

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la justicia durante más de tres años, volvió a Argentina tras huir a Uruguay cuando debía declarar en una causa donde está acusado de liderar la mesa judicial del macrismo. Este grupo, compuesto por funcionarios como Mauricio Macri y José Torello, es señalado por coordinar la persecución de opositores, incluyendo a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo.

López y De Sousa denunciaron que el macrismo buscó extorsionarlos para que sus medios apoyaran el encarcelamiento de Cristina Kirchner. Según los testimonios, la presión comenzó en una reunión en 2015 en la casa de Franco Macri, y luego se intensificó con hostigamientos, causas judiciales y el remate de activos del grupo a precio vil.

Rodríguez Simón huyó del país en 2020 cuando la jueza María Servini iba a citarlo a indagatoria. A pesar de su fuga, la justicia argentina le concedió exención de prisión, respaldada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, afines al PRO. Su única garantía fue la hipoteca de una propiedad de Torello, sin depositar los 3.120 millones de pesos exigidos inicialmente.

El regreso de Pepín coincide con la polémica por el proyecto de “Ficha Limpia”, impulsado por el gobierno, que busca inhabilitar candidatos condenados por corrupción. Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, señaló la contradicción: “No hay ficha limpia con justicia sucia. Cristina Kirchner siempre estuvo a derecho, mientras Pepín, tras fugarse, camina libremente”.

La causa judicial que involucra a Rodríguez Simón sigue frenada. La Corte Suprema retuvo el expediente desde principios de 2023, lo que impide que avance la investigación. A pesar de los reclamos de los abogados de López y De Sousa, el máximo tribunal aún no lo devolvió. Mientras tanto, Pepín continúa en libertad, con la protección de sectores del poder judicial que parecen garantizarle impunidad, paseándose por Comodoro Py como en sus mejores tiempos.