El diario estadounidense publicó una investigación sobre la caída de la criptomoneda $LIBRA que Milei promovió abiertamente.

La pregunta que muchos argentinos se hacen desde hace días acaba de ser planteada por el New York Times: ¿Sabía el presidente Javier Milei que la criptomoneda $LIBRA era una estafa cuando la promovió? La publicación norteamericana lanzó un extenso artículo sobre el escándalo financiero que golpea al Gobierno, luego de que la moneda digital colapsara tras una repentina suba impulsada por la propaganda libertaria.

El texto del New York Times no sólo detalla cómo Milei promocionó la criptomoneda en sus redes sociales y discursos, sino que también expone el impacto devastador que tuvo sobre miles de inversores que confiaron en la palabra del mandatario. Sin regulación y sin advertencias sobre los riesgos, $LIBRA se desplomó en cuestión de horas, dejando a pequeños ahorristas con enormes pérdidas.

En un contexto de crisis económica, la oposición ya impulsa pedidos de informe en el Congreso para determinar el nivel de responsabilidad del presidente en esta maniobra. Cristina Fernández de Kirchner se sumó a las críticas y advirtió que “miles de personas perdieron millones de dólares” tras la caída de la criptomoneda. Mientras tanto, desde el oficialismo intentan relativizar el escándalo, argumentando que se trata de “una operación” contra Milei.

El escándalo llega en un momento en que el Gobierno también enfrenta cuestionamientos internacionales. El New York Times destaca que la estrategia de Milei guarda semejanzas con la de Donald Trump, quien también respaldó una criptomoneda que se desplomó poco después. Además, la nota menciona la reciente decisión del Gobierno de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud y la posibilidad de abandonar el Acuerdo de París, señalando que Milei parece priorizar el impacto mediático por sobre las consecuencias de sus actos.

La pregunta sigue en el aire: ¿Milei fue cómplice de un esquema especulativo o simplemente actuó con irresponsabilidad? Lo cierto es que el colapso de $LIBRA vuelve a exponer un patrón de conducta en el que la narrativa libertaria se impone por sobre la prudencia y el interés de los ciudadanos. Mientras miles de argentinos cuentan sus pérdidas, el presidente aún no ha dado una explicación clara.

El partido conducido por Máximo Kirchner rechazó las declaraciones del presidente contra Axel Kicillof y exigió la devolución de los fondos recortados a la provincia de Buenos Aires.

En medio de la escalada de tensiones entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el presidente Javier Milei, el Partido Justicialista bonaerense, conducido por Máximo Kirchner, emitió un duro comunicado en el que rechazó los dichos del mandatario nacional y denunció un nuevo “acto de gravedad institucional”.

El pronunciamiento del PJ bonaerense se da luego de que Milei sugiriera que Kicillof debería renunciar para que la provincia sea intervenida. Frente a esto, desde el peronismo provincial advirtieron: “¿Hasta dónde el presidente de las facultades delegadas va a seguir agrediendo a las y los bonaerenses que han elegido democráticamente a sus representantes?”.

El comunicado también recordó los intentos del presidente de desfinanciar a la provincia y señaló: “Lo llamamos a la reflexión -una vez más- como lo hicimos cuando promovió irresponsablemente la rebelión fiscal para desfinanciar la provincia”. En este sentido, el PJ bonaerense exigió que el gobierno nacional restituya los más de 700 mil millones de pesos que le fueron recortados a Buenos Aires en materia de seguridad: “Si realmente le preocupa la vida de las y los bonaerenses, hoy mismo comience a trabajar en conjunto con la provincia y devuelva los fondos”.

Además, el espacio conducido por Máximo Kirchner denunció que funcionarios y legisladores oficialistas han impulsado campañas violentas en redes sociales contra el gobernador y que, en lugar de aportar soluciones, buscan instalar tendencias acusándolo de “asesino”. “Irresponsablemente sus funcionarios y legisladores promueven consignas violentas y llaman a instalar tendencias en redes sociales acusando al gobernador de asesino, convóquelos a ellos también a renunciar a esas prácticas y dedicar el tiempo a redoblar esfuerzos”, exigieron.

La disputa entre Milei y Kicillof se enmarca en un clima de creciente tensión política, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires emergiendo como uno de los principales opositores al gobierno libertario. Mientras Milei avanza con su ajuste y sus recortes de fondos a las provincias, el PJ bonaerense endurece su postura y denuncia los intentos del presidente de socavar la institucionalidad democrática.

El Gobierno recurre a una medida excepcional para avanzar con los nombramientos sin consenso legislativo. La maniobra busca cambiar la agenda tras el escándalo del token $LIBRA, que involucra al Presidente.

El Gobierno de Javier Milei anunció este martes la designación “en comisión” de los juristas Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia. La medida, tomada por decreto, se produce tras el fracaso en conseguir la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los pliegos en el Senado.

El nombramiento se concretó en el último tramo del receso legislativo, una posibilidad que había sido descartada en el caso de Lijo, pero que ahora se retomó ante la imposibilidad de lograr consenso. El juez federal cuenta con dictamen de mayoría de la Comisión de Acuerdo, aunque su nominación fue resistida dentro y fuera del oficialismo. En cambio, el catedrático García-Mansilla, de perfil más cercano al Gobierno, nunca fue excluido de la posibilidad de ser designado por decreto.

El decreto de nombramiento debe publicarse antes del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, previstas para el sábado 1 de marzo. Según versiones, el texto ya está en la Secretaría Legal y Técnica, a la espera de la firma presidencial.

El viernes pasado, el oficialismo intentó sin éxito convocar una sesión especial del Senado para tratar el pliego de Lijo. Sin embargo, el escándalo del token $LIBRA, una criptomoneda fraudulenta promocionada por Milei, tensionó el clima político y ni siquiera los sectores dialoguistas accedieron a dar quórum. Días antes, La Libertad Avanza y sus aliados bloquearon la creación de una comisión investigadora sobre el caso.

Aunque el Gobierno había dejado trascender que los nombramientos solo avanzarían con el aval del Senado, ahora se optó por el decreto. Esta decisión podría responder a la necesidad de un cambio de agenda, justo cuando la Justicia inició una investigación que podría derivar en la imputación de Milei por abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

Los nombramientos por decreto tendrán vigencia hasta el último día hábil de noviembre, cuando finaliza el período parlamentario. En ese lapso, el Senado podría rechazar la medida. Desde el peronismo, que es clave para alcanzar los dos tercios requeridos, ya adelantaron que buscarán anular el decreto. En el PRO, Mauricio Macri se manifestó en contra de la designación de Lijo y podría impulsar a sus senadores a votar en contra.

El antecedente de Mauricio Macri

El mecanismo utilizado por Milei tiene un precedente reciente en la presidencia de Mauricio Macri. En diciembre de 2015, apenas asumido, Macri intentó designar por decreto “en comisión” a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la Corte Suprema. La medida generó un fuerte rechazo político y jurídico, lo que obligó al entonces mandatario a retroceder y enviar los pliegos al Senado.

A diferencia del intento de Milei, Macri contaba con un escenario más favorable, ya que el peronismo negoció y terminó avalando las designaciones en el Congreso. Sin embargo, la maniobra de designar jueces por decreto fue severamente cuestionada en aquel momento, lo que reaviva el debate sobre la institucionalidad y el respeto a los procedimientos democráticos en la designación de magistrados.

Según el último parte médico emitido por el Vaticano, su estado es “crítico” pero “estable”. Además, informaron que el pontífice ha retomado algunas de sus actividades laborales desde su habitación en el hospital.

El papa Francisco, de 88 años, continúa hospitalizado en el Hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero debido a una neumonía bilateral. Según el último parte médico emitido por el Vaticano, su estado es “crítico” pero “estable”. No se han registrado episodios respiratorios agudos recientes, y sus parámetros hemodinámicos permanecen estables. Una tomografía computarizada realizada recientemente evaluará la evolución de la neumonía en los próximos días.

A pesar de la gravedad de su condición, el pontífice ha retomado algunas de sus actividades laborales desde su habitación en el hospital. Ha recibido a altos funcionarios del Vaticano, incluyendo al secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, y al sustituto para Asuntos Generales, Edgar Peña Parra. Además, ha firmado nombramientos y decretos de canonización.

El papa Francisco fue ingresado inicialmente por una bronquitis con infección polimicrobiana, que evolucionó a neumonía bilateral. Durante su hospitalización, ha presentado anemia y trombocitopenia, lo que requirió transfusiones de sangre. Aunque se detectó una insuficiencia renal leve, esta se considera controlada y no suscita preocupación entre los médicos. Actualmente, continúa con terapia de oxígeno, aunque con un flujo ligeramente reducido.

La comunidad internacional ha mostrado su apoyo al pontífice durante su convalecencia. Fieles se han congregado frente al Hospital Gemelli, dejando flores y velas en señal de solidaridad. Además, personalidades del mundo del deporte, como el técnico Javier Mascherano, han expresado públicamente sus deseos de pronta recuperación para el papa Francisco.

El Vaticano ha informado que, aunque la salud del papa muestra una ligera mejoría, el pronóstico sigue siendo reservado debido a la complejidad de su cuadro clínico. Los médicos continúan monitoreando su evolución de cerca, y se espera que en los próximos días se realicen nuevas evaluaciones para determinar los siguientes pasos en su tratamiento.

La comunidad católica mundial permanece en oración por la pronta recuperación del papa Francisco, mientras el Vaticano continúa proporcionando actualizaciones sobre su estado de salud.

Mientras la crisis escala y la desconfianza en el gobierno crece, la revista Forbes analizó el caso y lo calificó como la mayor estafa cripto de la historia, que sigue sumando denuncias e indignación en Argentina y el mundo.

Un escándalo sin precedentes sacude al gobierno de Javier Milei. Según Forbes, Argentina es el epicentro del mayor robo de criptomonedas de la historia, con una pérdida estimada de 46.000 millones de dólares. La investigación apunta directamente al presidente libertario, quien habría jugado un rol clave en la promoción de una moneda digital fraudulenta.

El informe de Forbes detalla cómo miles de inversores fueron arrastrados a una estafa masiva luego de que Milei impulsara públicamente la criptomoneda $LIBRA. El mandatario la promocionó en sus redes sociales, generando un repunte en su valor antes de que colapsara estrepitosamente, dejando a más de 40.000 afectados.

El escándalo no tardó en escalar a los tribunales. Más de 100 denuncias ya fueron presentadas en la Corte Suprema de Argentina contra Milei, acusándolo de fraude financiero y manipulación de mercado. Figuras de la oposición, como la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo tildaron de “estafador cripto”, mientras que el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, vinculado al proyecto, lo responsabilizó del colapso de $LIBRA.

Para intentar desviar la atención, Milei viajó a Estados Unidos, donde participó en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). Allí, en un gesto polémico, regaló una motosierra a Elon Musk, reforzando su imagen de “destructor del Estado”.

Milei, ¿presidente o influencer?

Analistas cuestionan la estrategia del libertario de separar su rol presidencial de sus acciones en redes sociales. El periodista español Ignacio Escolar ironizó sobre su conducta: “Cree que es Batman y Robin a la vez; eso está bien cuando tenés quince años”.

Mientras la crisis escala y la desconfianza en el gobierno crece, el caso de la mayor estafa cripto de la historia sigue sumando denuncias e indignación en Argentina y el mundo.

El Grupo que lidera Héctor Magnetto adquirió Telefónica y el gobierno salió al cruce.

A través de un comunicado en redes de la Oficina del Presidente (OPRA), Javier Milei anunció que pondrá a disposición al ENACOM y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para investigar si el Grupo Clarín está configurando un monopolio. La medida llega luego de que se oficializara la compra de la filial argentina de Telefónica por parte de Telecom, empresa controlada por el holding mediático.

Se trata de la materialización del conflicto entre el Gobierno y el grupo empresario, que hasta ahora Milei había limitado a críticas en discursos y publicaciones en su cuenta de X.

Telefónica cerró la venta de su filial argentina a Telecom por 1.245 millones de dólares, una operación que redefine el mercado de las telecomunicaciones en el país. Sin embargo, el Gobierno intervino con un llamado a la defensa de la competencia, a pesar de que este tipo de procesos suelen resolverse automáticamente.

“Esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa. De ser así, el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo”, advirtió la OPRA en su comunicado del lunes.

En el texto, Milei asegura estar “comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio”. No obstante, casi un año atrás, en el 10º Latam Economic Forum, había declarado que “los monopolios pueden ser maravillosos si son el resultado de que quedó uno”. Para matizar la contradicción, el comunicado enfatiza en dos oportunidades la idea de que el poder del Grupo Clarín proviene de “beneficios estatales”.

Tras la publicación del documento, el Presidente retuiteó varios mensajes en contra de la compra de Telefónica, algunos comparando la situación con la decisión de Ronald Reagan en 1982 de frenar el monopolio de AT&T.

El Grupo Clarín tiene como accionistas controlantes a las familias Noble Herrera, Magnetto, Pagliaro y Aranda, que poseen el 44% de la compañía. Otro 20% de su capital flotante cotiza en el Merval. Dentro de su estructura, Cablevisión Holding controla Telecom Argentina S.A., la firma que concretó la adquisición de Telefónica.

La empresa suspendió la faena en su planta de Concepción del Uruguay, violando la conciliación obligatoria y profundizando un conflicto que amenaza con dejar en la calle a 400 trabajadores.

La ciudad de Concepción del Uruguay vivió una de las movilizaciones más masivas de la historia de Entre Ríos, con la participación de familias enteras y allegados a los trabajadores de la avícola Granja Tres Arroyos. La convocatoria surgió como respuesta al posible cierre de la empresa, que se encuentra al borde de la quiebra debido a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, que han golpeado duramente a la industria local.

La situación se agravó cuando la empresa suspendió la faena en su planta de Concepción del Uruguay, violando la conciliación obligatoria y profundizando un conflicto que amenaza con dejar en la calle a 400 trabajadores.

El conflicto comenzó cuando un grupo de operarios recibió la noticia de que la empresa suspendía la faena “hasta nuevo aviso”. El cartel en la entrada y el impedimento para que los trabajadores ingresaran a la planta desbordaron la paciencia de las 1.000 personas que desempeñan allí sus tareas, quienes desde el año pasado enfrentan una serie de ajustes y recortes a raíz de la crisis.

Un reclamo colectivo y solidario

Con el apoyo de los familiares de los trabajadores, la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), el Movimiento Obrero y Social Uruguayense (MOSU), el Polo Obrero y otras agrupaciones sociales, los trabajadores realizaron una masiva movilización el día de ayer, que partió desde la intersección de 9 de Julio y Los Constituyentes hasta la Plaza General Francisco Ramírez.

La crisis de la avícola

El conflicto tiene como origen la grave crisis que atraviesa la empresa, cuyo golpe más fuerte llegó con la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar el mercado chino para la exportación de productos avícolas. Esta medida, junto a otras decisiones de política económica, disparó los costos de producción y laborales.

Granja Tres Arroyos, la avícola más grande de Argentina, opera ocho plantas y procesa alrededor de 700.000 animales por día, con una facturación anual estimada en 1,3 millones de dólares. Sin embargo, los trabajadores denuncian que la empresa está desviando la producción a otras plantas en Gualeguay y Buenos Aires, lo que, según el sindicato, busca reducir el personal o recortar salarios.

“Con esta maniobra, la empresa rompió la conciliación obligatoria que debía haberse resuelto el lunes. En vez de buscar una solución, cierran la planta”, expresó Miguel Klenner, secretario general del STIA.

El dirigente gremial instó a la intervención del intendente José Eduardo Lauritto en el conflicto, envió un mensaje similar al gobernador Rogelio Frigerio e hizo un llamado a los dueños de la empresa para que “recapaciten” y reviertan la situación.

La cara más cruel del ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Cómo impacta la decisión y la reacción de una ciudadanía cada vez menos protegida.

En un contexto donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha asestado un duro golpe al sistema de salud al desmantelar el Instituto Nacional del Cáncer (INC) y recortar de manera drástica el Programa Nacional de Cuidados Paliativos.

Creado en 2016, este programa era esencial para garantizar la atención integral de pacientes con cáncer avanzado, especialmente en las provincias más vulnerables. La medida, que incluye la suspensión de la compra de opioides como morfina y metadona y el despido de gran parte del equipo especializado, ha generado una fuerte ola de indignación entre profesionales de la salud y familiares de pacientes que dependen de estos servicios cruciales.

El Programa Nacional de Cuidados Paliativos no solo se encargaba de proveer medicamentos fundamentales para aliviar el dolor severo, sino que también formaba recursos humanos interdisciplinarios y ofrecía apoyo a equipos de atención en todo el país. Según denuncias de la doctora Mariana Pechenik, referente del programa, el recorte ha dejado a la iniciativa sin capacidad operativa, con solo dos de sus ocho integrantes originales. Esta reducción pone en peligro el acceso a cuidados paliativos, un derecho humano fundamental reconocido por la Organización Mundial de la Salud, afectando directamente la calidad de vida de miles de personas que enfrentan enfermedades terminales.

El impacto de la decisión: más problemas y menos cobertura

Las consecuencias de esta decisión son graves. Sin la provisión de opioides, los pacientes con cáncer avanzado enfrentan un aumento del sufrimiento físico, mientras que la falta de formación de nuevos especialistas agrava la ya escasa cobertura en cuidados paliativos en Argentina, donde solo el 14% de quienes los necesitan los reciben.

El desmantelamiento del INC forma parte de un recorte presupuestario más amplio: el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reportó que el INC sufrió una subejecución del 55% de su presupuesto en 2024. Este ajuste no solo compromete la atención actual, sino que también pone en jaque el futuro de las políticas oncológicas en el país.

Preocupación por el futuro de las políticas públicas de salud

Organizaciones como la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) han expresado su profunda preocupación por la falta de respuestas oficiales por parte del Ministerio de Salud, que hasta el momento no ha desmentido las denuncias ni ofrecido un plan alternativo. Además, el desmantelamiento del programa pone en riesgo avances legislativos, como la Ley de Oncopediatría (2022), que podría verse afectada por la reducción de recursos.

Marcha en defensa del sistema público de salud

En respuesta a esta situación, trabajadores de la salud han convocado a una marcha el 27 de febrero para defender el sistema público de salud y visibilizar el descontento frente a lo que consideran un abandono por parte del Estado.

Así lo aseguró una nueva revelación del periodista Hugo Alconada Mon. “Pidieron tragos varios y brindaron con champagne”, detalló.

El periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, reveló nuevos detalles del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, y enumeró una serie de hechos entre Javier Milei y el polémico Hayden Davis. Uno de los momentos claves ocurrió el 21 de noviembre de 2024 en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires, donde Davis y su equipo brindaron con champagne despues de cerrar el acuerdo contractual con el propio presidente.

Según trascendió, Davis y su grupo alardeaban de haber conseguido la representación del Estado en áreas estratégicas como criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial, lo que les otorgaría un papel clave en el desarrollo de estas tecnologías en el país. “Pidieron tragos varios y brindaron con champagne”, detalló la publicación.

Sin embargo, aunque hasta el momento no se ha encontrado documentación oficial que respalde la existencia de dicho acuerdo, sí está comprobado que horas antes del festejo, Hayden Mark Davis y su socio, Mauricio Novelli, ingresaron a la Casa Rosada. No obstante, en los registros oficiales de ingreso no figura con quién se reunieron ni qué temas se trataron.

Meses después, la criptomoneda $LIBRA colapsó, generando pérdidas millonarias para los inversores. ¿Cómo seguirá este escándalo?

Con un documento titulado “Abrazar al pueblo y encender la esperanza”, el gobernador bonaerense lanzó su espacio político.

Con el objetivo de consolidar su propio espacio dentro del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó este sábado el Movimiento Derecho al Futuro. Bajo el lema “Abrazar al pueblo y encender la esperanza”, la iniciativa busca fortalecer su liderazgo y marcar una alternativa a la gestión de Javier Milei.

La presentación del movimiento dejó en claro que Kicillof busca construir una estructura política con identidad propia. Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, destacó: “Con el Movimiento Derecho al Futuro, Axel Kicillof nos convoca a ser protagonistas de un peronismo fuerte, amplio y unido”.

En su documento fundacional, el espacio subraya la necesidad de reorganizar el peronismo bajo una nueva conducción que desafíe el modelo de ajuste del gobierno nacional. “El peronismo enfrenta un desafío histórico: reconstruirse para liderar una alternativa al experimento de ajuste y crueldad que lleva adelante el gobierno de Javier Milei”, sostiene el texto.

Una apuesta a la construcción de poder propio

El movimiento enfatiza la necesidad de edificar una fuerza social y política que represente al trabajo, la producción agropecuaria e industrial, el comercio, la ciencia y la educación. “Es momento de actualizar nuestras ideas con una perspectiva de futuro, sin temor al debate interno”, resaltan desde el sector.

En ese sentido, el documento resalta el papel del gobierno bonaerense como “un escudo y una red de protección” frente a la desregulación impulsada por el gobierno nacional. “Mientras el gobierno de Javier Milei abandona sus responsabilidades, la provincia busca aliviar el daño social que provoca la apuesta por el mercado desregulado como única respuesta”.

Un armado con respaldo político, sindical y territorial

El Movimiento Derecho al Futuro cuenta con un sólido apoyo de intendentes, legisladores y gremios, lo que refuerza la base de poder de Kicillof. Entre los jefes comunales que respaldan la iniciativa se encuentran Julio Alak (La Plata), Fernando Espinoza (La Matanza), Mario Ishii (José C. Paz), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Federico Achaval (Pilar), entre otros.

En el ámbito legislativo, acompañan el movimiento figuras como los diputados nacionales Hugo Yasky, Daniel Gollán, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, además de legisladores provinciales y senadores.

El sector sindical es otro pilar fundamental en la estrategia del gobernador bonaerense, con el respaldo de la CGT, la CTA-T, la CTA-A y gremios clave como la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, las 62 Organizaciones, FEMPINRA, FEGEPPBA y la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

Diversas organizaciones políticas y sociales también se sumaron a la propuesta, entre ellas La Patria es el Otro, Movimiento Mayo, Patria y Futuro, Somos Barrios de Pie y la Corriente Nacional de la Militancia.

Un liderazgo en construcción

El Movimiento Derecho al Futuro no solo busca fortalecer al peronismo, sino que también posiciona a Kicillof como un referente con una estructura propia dentro del espacio. “Convocamos a la construcción de una gran fuerza social y política que defienda los intereses nacionales y promueva el desarrollo con justicia social”, sostiene el documento.

El texto cierra con un mensaje de futuro: “Hacia allá nos dirigimos, derecho a un futuro mejor”.