La Justicia negó a la Comisión Investigadora de Diputados el acceso al expediente sobre la criptomoneda impulsada por el propio Presidente, y también desestimó detener a dos empresarios involucrados. Una decisión que despierta sospechas por su oportunismo político.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi volvió a colocarse en el centro de la polémica al rechazar el pedido de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados para acceder al expediente por el lanzamiento de la criptomoneda LIBRA, una causa que involucra directamente al presidente Javier Milei.

Según el magistrado, el Congreso “no tiene legitimación” para acceder al expediente, una interpretación que coincide palabra por palabra con el dictamen del fiscal Eduardo Taiano, que lleva adelante la pesquisa. Ambos argumentaron que una apertura “irrestricta” de la información podría obstruir la investigación.

Sin embargo, la decisión genera más preguntas que certezas. ¿Por qué tanta reserva cuando el propio Presidente promocionó públicamente la moneda en redes sociales, provocando un alza artificial de su valor antes del desplome? ¿Y por qué se impide al Congreso ejercer su rol de control político?

Mientras tanto, De Giorgi también rechazó detener a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados por la querella como piezas clave del entramado financiero detrás de LIBRA. El denunciante, Martín Romeo, advirtió que ambos presentan riesgo de fuga —por tener pasaportes extranjeros y residencia en el exterior—, además de haber vaciado cajas de seguridad y eliminado archivos.

Aun así, el juez consideró que “no hay riesgos procesales ni peligro de fuga”, y que las medidas cautelares vigentes, como el congelamiento de activos, son “suficientes”. Incluso sostuvo que poseer doble nacionalidad “no puede interpretarse como un indicio suficiente”.

El contraste no pasó inadvertido: si los involucrados fueran dirigentes peronistas, las detenciones ya estarían dictadas y el expediente filtrado a los medios. Pero cuando se trata de una causa que roza al Presidente libertario, la Justicia prefiere el silencio y la cautela.

Una vez más, la independencia judicial parece depender de quién es el acusado y de qué lado del mostrador se encuentra el poder.

El Presidente encabezó un encuentro con mandatarios provinciales para buscar consensos sobre las reformas laboral y tributaria, y avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026.

Con la intención de restablecer el diálogo político con los gobiernos provinciales, el presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión con 20 gobernadores en la Casa Rosada, en lo que el oficialismo presentó como el inicio de una “nueva etapa de acuerdos políticos y fiscales”.

El encuentro comenzó pasadas las 17 horas en el Salón Eva Perón y contó con la presencia de todo el Gabinete nacional, incluidos Luis Caputo, Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Karina Milei y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La convocatoria fue impulsada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien destacó que el objetivo es “acelerar las reformas estructurales” y definir consensos sobre el Presupuesto 2026.

Entre los mandatarios presentes se encontraron Carlos Sadir (Jujuy), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz), Martín Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), entre otros. En cambio, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) no fueron convocados, por decisión del Ejecutivo.

Los reclamos patagónicos dominaron la primera parte del encuentro. Los gobernadores Torres y Vidal insistieron en la eliminación de las retenciones al petróleo crudo convencional, un pedido que también compartieron las operadoras del sector. “Las empresas se comprometen a reinvertir todo el ahorro fiscal para aumentar la producción”, explicó Torres antes del ingreso a Balcarce 50.

Más adelante, el Presidente propuso avanzar en un pacto político para aprobar el Presupuesto 2026 junto con las reformas laboral y tributaria, que el oficialismo considera esenciales para “generar empleo y estabilidad macroeconómica”. Según fuentes cercanas a la Jefatura de Gabinete, Milei sostuvo que el nuevo escenario tras la victoria electoral brinda condiciones favorables para impulsar su paquete de leyes.

Por su parte, los gobernadores plantearon ajustar el superávit fiscal proyectado (del 1,5% al 0,9% del PBI) para destinar más fondos a obras públicas y transferencias federales. Desde el Gobierno, admiten que evalúan esa posibilidad como un gesto para reconstruir el consenso político y recomponer la relación institucional con las provincias luego de meses de tensión y recortes.

El oficialismo riojano revirtió los resultados provisorios que daban ganador al espacio libertario. La carga de datos se había detenido el domingo, cuando el Gobierno celebraba el triunfo.

Mientras avanza el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas, una de las primeras sorpresas llegó desde La Rioja, donde los resultados se revirtieron y el peronismo provincial terminó imponiéndose sobre La Libertad Avanza (LLA).

El domingo por la noche, el Gobierno había mostrado resultados parciales que favorecían ampliamente al partido de Javier Milei, y la provincia llegó a “pintarse de violeta” en los mapas oficiales. Sin embargo, la carga de datos fue detenida, y el panorama cambió una vez completado el conteo provisorio.

Este martes, al finalizar el recuento, la lista Federales Defendamos La Rioja, que responde al gobernador Ricardo Quintela, se impuso por una mínima diferencia de 0,3%, con el 43,57% de los votos contra el 43,27% de LLA.

A pesar de la paridad, cada espacio se quedó con una banca: Gabriela Pedrali ingresará por el peronismo riojano, mientras que Gino Visconti lo hará por los libertarios. La diferencia final fue de solo 621 votos, una de las más ajustadas en la historia reciente de la provincia.

El recuento definitivo será ahora clave en ocho provincias: Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Corrientes, Chubut y Río Negro. En todas ellas, los márgenes estrechos podrían alterar la distribución de bancas y modificar el mapa político surgido del comicio legislativo.

Tras el triunfo en las legislativas, el oficialismo planea avanzar con las reformas estructurales que impulsa Javier Milei, mientras se prepara para una ofensiva contra los derechos laborales.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, adelantó que el Gobierno analiza convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir los proyectos de reforma tributaria y laboral, dos iniciativas que el oficialismo considera claves para “la segunda etapa de gestión”.

Catalán destacó el trabajo del Consejo de Mayo, encabezado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, integrado por legisladores, empresarios y representantes de la CGT:

“Están trabajando hace un año en una agenda muy nutrida, con los temas centrales que necesita la Argentina para seguir desarrollándose, y esos avances están muy cerca de ser presentados en el Congreso”.

El funcionario agregó que “no descarta un llamado a extraordinarias”, y afirmó: “Conociéndolo al presidente, no descansa en su afán de sacar a la Argentina adelante”.

En cuanto al debate del Presupuesto 2026, Catalán sostuvo que será el propio Milei quien defina si se trata antes o después del recambio legislativo del 10 de diciembre:

“El presidente no solo presentó el proyecto, sino que lo hizo personalmente en el Congreso. No fue falta de vocación política, sino una muestra de responsabilidad para no ceder ante la demagogia de siempre”, aseguró.

Por otro lado, el ministro dijo mantener un diálogo fluido con los gobernadores, aunque excluyó de ese intercambio al bonaerense Axel Kicillof. “Soy muy optimista respecto a los gobernadores peronistas, no kirchneristas, con quienes podemos alcanzar acuerdos”, expresó.

Catalán interpretó el resultado electoral de La Libertad Avanza como “una ratificación del rumbo del presidente y un respaldo ciudadano para avanzar con las transformaciones pendientes” en el Congreso.

Qué plantea la reforma laboral libertaria

El proyecto de flexibilización laboral impulsado por Romina Diez, diputada y presidenta de LLA en Santa Fe, propone medidas que implican un retroceso histórico en derechos conquistados. Entre los puntos más controvertidos se destacan:

• Jornada laboral de 12 horas con un tope de 60 horas semanales.
• Eliminación de las indemnizaciones por despido con o sin causa, reemplazadas por un fondo de cese laboral.
• Prohibición de los juicios laborales, incluso en casos de abuso patronal.
• Eliminación de los convenios colectivos y reemplazo por contratos individuales entre partes.
• Vacaciones fraccionadas o definidas por el empleador.
• Posibilidad de pagar parte del salario con tickets o beneficios.

Diez, economista y militante liberal desde joven, fue la diputada más votada en Santa Fe en 2023 y hoy lidera la avanzada libertaria en el Congreso con fuerte presencia juvenil.

Desde la cúpula del Sindicato del Neumático se quejaron de las importaciones y las políticas de Milei.

 El Sindicato del Neumático (SUTNA) anunciaron un paro de 24 horas este miércoles y, según confirmó la agencia Noticias Argentinas, estaba previsto que realice una manifestación. El reclamo es por paritarias y “en rechazo a la rebaja salarial que intentan imponer las patronales”, expresaron.

Se trata del sindicato que nuclea a las tres fábricas del sector: Pirelli, Bridgestone y Fate.

Desde la cúpula del sindicato sostienen que las patronales se valen de la del Gobierno del presidente Javier Milei “que facilita la utilización de importaciones o de mudar sus inversiones”.

La medida de fuerza iniciará a las 14 y culminará mañana a la misma hora, desarrollándose con un sindicato de peso pesado, sobre la recta final de la campaña para las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo.

El Presidente canceló sus actos en la provincia de Buenos Aires y no volverá a pisar el territorio donde su espacio sufrió una dura derrota frente a Axel Kicillof. La interna libertaria, los escraches y el escándalo Espert precipitaron su salida.

El Presidente puso punto final a su campaña en la provincia de Buenos Aires. Javier Milei decidió cancelar todas las actividades previstas y no participará del acto de cierre de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. La decisión llegó después de una semana convulsionada, marcada por disputas internas, incidentes en actos y la renuncia de José Luis Espert en medio del escándalo por el financiamiento narco de Fred Machado.

Su última aparición pública en la provincia fue el viernes pasado en Tres de Febrero. Ese acto terminó con choques entre militantes libertarios y manifestantes opositores, y una escena que recorrió las redes: una simpatizante armada con un cuchillo de guerra persiguiendo a fotógrafos. A esos episodios se sumaron los repudios y escraches en Lomas de Zamora, Moreno, Junín y Mar del Plata, lo que terminó por sellar la decisión de bajar la campaña bonaerense.

Milei planeaba encabezar un acto junto a Diego Santilli en Ezeiza, bajo el lema “es La Libertad Avanza o Ezeiza”, orientado a captar el voto joven y frenar la migración por la crisis. El evento fue cancelado por decisión de los estrategas de campaña.

El comando libertario resolvió que el tramo final quedará en manos de Santilli, acompañado por Karen Reichardt. Desde la conducción bonaerense le dieron vía libre para rediseñar la estrategia y reducir la diferencia con Fuerza Patria, que en los comicios del 7 de septiembre le sacó 14 puntos de ventaja. Según las últimas encuestas de la Casa Rosada, Milei habría achicado la brecha a 8 puntos, aunque sin chances de revertir la derrota.

La retirada de Milei también arrastra a su hermana Karina, pieza central del armado en la provincia. Sin su presencia, Sebastián Pareja queda sin respaldo político y la estructura bonaerense de La Libertad Avanza entra en crisis y desorganización.

Mientras tanto, Milei enfocará el cierre nacional de campaña en el interior del país. Este martes viajará a Córdoba, donde el peronismo de Juan Schiaretti mantiene ventaja, y el jueves encabezará el acto final en Rosario junto a Gisela Scaglia. En ambos distritos, La Libertad Avanza intenta evitar un nuevo tercer puesto que profundice la crisis interna.

La decisión de abandonar Buenos Aires refleja el desgaste del Presidente y su equipo tras una campaña errática, marcada por el desorden, la violencia y el caso Espert. En medio de la inestabilidad económica y con un gabinete cada vez más fracturado, el retiro anticipado bonaerense es la señal más clara del peor momento político de Milei desde que llegó al poder.

Aunque la jueza de Nueva York rechazó vincular al Estado argentino con los fondos de $LIBRA, advirtió que los beneficiarios podrían ser el propio presidente, su hermana o el empresario Hayden Davis, abriendo un frente judicial internacional de alto voltaje.

La Justicia de Estados Unidos volvió a apuntar contra el entorno más cercano del presidente Javier Milei. La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el intento de cuatro fondos internacionales de inversión de vincular al Estado argentino con los activos generados por la criptomoneda $LIBRA, pero lanzó una advertencia que encendió todas las alarmas: los fondos podrían pertenecer al propio Milei, a su hermana Karina o al empresario Hayden Davis, principal impulsor del proyecto digital.

Según la resolución de 33 páginas, los elementos presentados por los fondos —Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited— no alcanzaron para probar que los activos fueran del Estado argentino. Sin embargo, la magistrada sostuvo que las pruebas “podrían sugerir” que los beneficiarios reales son los mencionados Milei, su hermana y Davis, quien habría retenido parte de las ganancias con el supuesto propósito de “invertirlas en la economía argentina”.

La jueza definió la ofensiva de los fondos como una “excursión de pesca”, una maniobra especulativa para obtener información sin sustento concreto. No obstante, su fallo deja una puerta abierta inquietante para el Gobierno argentino: si los fondos no pertenecen al Estado, entonces podrían ser privados y estar bajo control del Presidente o su entorno directo.

La periodista Vanesa Petrillo, especializada en temas judiciales, alertó en Radio Nacional que tanto Javier Milei como Karina Milei siguen bajo la mira de la Justicia estadounidense. Según explicó, la jueza Rochon fue clara al remarcar que la Argentina no debe responder por los criptoactivos, pero que el foco se desplazó hacia las responsabilidades individuales del mandatario, su hermana y el empresario estadounidense.

“Hay querellantes que están reclamando contra los funcionarios públicos y los amigos del presidente. Se está rastreando el origen y destino del dinero, y en algún momento se sabrá en qué manos están esas billeteras”, señaló Petrillo, quien añadió que los investigadores sospechan que parte de los 251 millones de dólares generados por $LIBRA podrían haber terminado fuera de los canales oficiales.

El fallo cita también a la Oficina Anticorrupción (OA), que concluyó que la promoción de la criptomoneda por parte del Presidente debía considerarse una actividad personal, no institucional. Esa aclaración, lejos de cerrar el caso, refuerza la sospecha de un uso privado del poder, al desligar al Estado pero dejar expuestos a los funcionarios.

Mientras tanto, en Argentina, la Comisión Investigadora Parlamentaria continúa reclamando documentación y citaciones a los involucrados. La causa $LIBRA, que ya acumula denuncias cruzadas y movimientos financieros poco claros, podría convertirse en uno de los mayores escándalos financieros y políticos del gobierno de Milei, con implicancias judiciales tanto en Buenos Aires como en Nueva York.

En definitiva, el fallo de Rochon desactiva un reclamo de los fondos buitres, pero deja un frente más peligroso para el oficialismo: la posibilidad de que el dinero cripto no sea del Estado argentino, sino del propio Presidente y su círculo más cercano.

La defensa de José Luis Espert intentó que su caso por presunto lavado de activos pase de San Isidro a los tribunales federales porteños, pero el juez Martínez de Giorgi lo rechazó, dejando el expediente en su jurisdicción original.

El ex candidato de La Libertad Avanza había presentado un pedido de inhibitoria ante el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, para que esa causa se vea en Comodoro Py, argumentando que estaba vinculada con otra investigación en curso en el fuero porteño. Sin embargo, tanto el juez Martínez de Giorgi como la fiscal Alejandra Mángano consideraron que la solicitud era prematura y carecía de fundamentos sólidos para unificar o trasladar el expediente.

La defensa sostuvo que los dos procesos —el iniciado en San Isidro por denuncia de Juan Grabois y otro anterior que investiga vuelos vinculados al empresario Fred Machado— investigan hechos conexos, lo que justificaría que todo se tramite en Retiro. Pero el tribunal rechazó esa pretensión al entender que aún no hay pruebas suficientes que respalden la conexión entre ambos expedientes y que corresponde avanzar primero con las medidas iniciales de investigación.

El fallo obliga a que la causa por lavado de activos permanezca bajo competencia del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, lo que puede favorecer la estrategia defensiva del libertario y retrasar movimientos tácticos que buscaban reposicionar el caso en un ámbito más favorable. Este rechazo representa un golpe judicial para Espert y una señal de que las maniobras legales no serán suficientes para esquivar el proceso.

En el marco del escándalo por los vínculos con Machado, este revés se suma a un contexto de desgaste político y judicial. A medida que aumentan las pruebas, las decisiones de la Justicia muestran que no cederán ante la presión mediática ni los blindajes del oficialismo.

El empleo formal cayó en julio al nivel más bajo de toda la presidencia de Javier Milei, acumulando una pérdida superior a los 200.000 puestos desde noviembre de 2023.

Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan que en julio el empleo asalariado registrado alcanzó 10.096.200 puestos, cifra que representa el punto más bajo desde octubre de 2022 bajo la administración libertaria. Desde noviembre de 2023 hasta esa fecha se habrían perdido 205.500 empleos entre el sector privado, el empleo público y el trabajo en casas particulares.

La destrucción del empleo formal golpea en todos los frentes: el sector privado perdió más de 127.000 puestos, el Estado absorbió casi 57.900 bajas y se cancelaron más de 20.600 empleos de casas particulares. Incluso actividades que no habían sufrido fuertemente bajo este gobierno —como el minero-petrolero y el financiero— muestran caídas sensibles.

Los sectores más afectados son la construcción, la industria manufacturera y el transporte/comunicación. En la industria, por ejemplo, se registraron pérdidas que representan su nivel más bajo desde mayo de 2022. Y en construcción, la caída fue abrupta con un fuerte recorte desde que comenzó la gestión de Milei.

Las caídas se profundizan en un contexto donde la precarización avanza y las promesas de crecimiento no ofrecen respuestas estructurales. Mientras tanto, el gobierno se enorgullece de su discurso de “libertad económica” y “mercados”, pero no logra frenar el deterioro del mercado laboral que golpea al bolsillo popular.

El Gobierno concretó un nuevo paso en su plan de entrega del patrimonio energético nacional: aprobó la venta total de las cuatro hidroeléctricas más importantes del país.

El Ministerio de Economía oficializó la Resolución 1569/2025, que habilita la venta de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas ubicadas en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén. Estas represas generan cerca del 20% de la energía hidráulica nacional y regulan el caudal de los principales embalses del país, vitales para el abastecimiento de agua, la agricultura y el turismo regional.

Con la nueva resolución, el Gobierno dio luz verde a la etapa final del concurso internacional. Las empresas precalificadas deberán presentar sus ofertas en los próximos meses, y las adjudicaciones se concretarían antes de fin de año, para que las concesiones entren en vigencia en 2026. Cada adjudicatario podrá explotar las centrales por 30 años, con opción a prórroga, a cambio del pago de un canon anual al Estado.

El proceso comenzó en 2024, cuando la gestión de Milei ordenó fragmentar Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) para crear cuatro sociedades anónimas transitorias. En abril de 2025, mediante el Decreto 286, se habilitó la privatización total de Enarsa, y en agosto se autorizó la venta directa de las represas sin fijar un precio mínimo.

Diversas voces advirtieron sobre el carácter regresivo y opaco de la medida. “Están dolarizando los ingresos y atándolos a la inflación norteamericana. Es un esquema que inevitablemente va a derivar en litigios internacionales”, alertó el exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo. Para él, se trata de “una privatización con consecuencias estructurales y un beneficio coyuntural, con un proyecto económico que cada vez hace más agua”.

También los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro expresaron su rechazo. El neuquino Rolando Figueroa sostuvo que la reversión de las concesiones “debía ser una oportunidad para construir un nuevo esquema federal de administración de los recursos hídricos”, pero lamentó que el Gobierno “haya decidido avanzar de forma unilateral”. Desde Río Negro señalaron que la reprivatización “afecta los intereses provinciales”, ya que las represas regulan los ríos que abastecen a las comunidades locales.

La venta se ampara en la vieja Ley 23.696 de 1989, utilizada durante el menemismo para justificar la privatización de empresas públicas. En 2024, con la Ley 27.742, el oficialismo incluyó a Enarsa entre las compañías “sujetas a privatización” y avanzó con su desguace, dividiendo sus activos para facilitar la venta por partes.

Así, mientras Milei insiste en su retórica de “libertad de mercado”, su gobierno entrega los recursos estratégicos del país a capitales privados y extranjeros. La energía y el agua del sur argentino, que durante décadas estuvieron al servicio del desarrollo nacional, vuelven a convertirse en mercancía.