Aunque la jueza de Nueva York rechazó vincular al Estado argentino con los fondos de $LIBRA, advirtió que los beneficiarios podrían ser el propio presidente, su hermana o el empresario Hayden Davis, abriendo un frente judicial internacional de alto voltaje.

La Justicia de Estados Unidos volvió a apuntar contra el entorno más cercano del presidente Javier Milei. La jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, rechazó el intento de cuatro fondos internacionales de inversión de vincular al Estado argentino con los activos generados por la criptomoneda $LIBRA, pero lanzó una advertencia que encendió todas las alarmas: los fondos podrían pertenecer al propio Milei, a su hermana Karina o al empresario Hayden Davis, principal impulsor del proyecto digital.

Según la resolución de 33 páginas, los elementos presentados por los fondos —Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited— no alcanzaron para probar que los activos fueran del Estado argentino. Sin embargo, la magistrada sostuvo que las pruebas “podrían sugerir” que los beneficiarios reales son los mencionados Milei, su hermana y Davis, quien habría retenido parte de las ganancias con el supuesto propósito de “invertirlas en la economía argentina”.

La jueza definió la ofensiva de los fondos como una “excursión de pesca”, una maniobra especulativa para obtener información sin sustento concreto. No obstante, su fallo deja una puerta abierta inquietante para el Gobierno argentino: si los fondos no pertenecen al Estado, entonces podrían ser privados y estar bajo control del Presidente o su entorno directo.

La periodista Vanesa Petrillo, especializada en temas judiciales, alertó en Radio Nacional que tanto Javier Milei como Karina Milei siguen bajo la mira de la Justicia estadounidense. Según explicó, la jueza Rochon fue clara al remarcar que la Argentina no debe responder por los criptoactivos, pero que el foco se desplazó hacia las responsabilidades individuales del mandatario, su hermana y el empresario estadounidense.

“Hay querellantes que están reclamando contra los funcionarios públicos y los amigos del presidente. Se está rastreando el origen y destino del dinero, y en algún momento se sabrá en qué manos están esas billeteras”, señaló Petrillo, quien añadió que los investigadores sospechan que parte de los 251 millones de dólares generados por $LIBRA podrían haber terminado fuera de los canales oficiales.

El fallo cita también a la Oficina Anticorrupción (OA), que concluyó que la promoción de la criptomoneda por parte del Presidente debía considerarse una actividad personal, no institucional. Esa aclaración, lejos de cerrar el caso, refuerza la sospecha de un uso privado del poder, al desligar al Estado pero dejar expuestos a los funcionarios.

Mientras tanto, en Argentina, la Comisión Investigadora Parlamentaria continúa reclamando documentación y citaciones a los involucrados. La causa $LIBRA, que ya acumula denuncias cruzadas y movimientos financieros poco claros, podría convertirse en uno de los mayores escándalos financieros y políticos del gobierno de Milei, con implicancias judiciales tanto en Buenos Aires como en Nueva York.

En definitiva, el fallo de Rochon desactiva un reclamo de los fondos buitres, pero deja un frente más peligroso para el oficialismo: la posibilidad de que el dinero cripto no sea del Estado argentino, sino del propio Presidente y su círculo más cercano.

La defensa de José Luis Espert intentó que su caso por presunto lavado de activos pase de San Isidro a los tribunales federales porteños, pero el juez Martínez de Giorgi lo rechazó, dejando el expediente en su jurisdicción original.

El ex candidato de La Libertad Avanza había presentado un pedido de inhibitoria ante el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, para que esa causa se vea en Comodoro Py, argumentando que estaba vinculada con otra investigación en curso en el fuero porteño. Sin embargo, tanto el juez Martínez de Giorgi como la fiscal Alejandra Mángano consideraron que la solicitud era prematura y carecía de fundamentos sólidos para unificar o trasladar el expediente.

La defensa sostuvo que los dos procesos —el iniciado en San Isidro por denuncia de Juan Grabois y otro anterior que investiga vuelos vinculados al empresario Fred Machado— investigan hechos conexos, lo que justificaría que todo se tramite en Retiro. Pero el tribunal rechazó esa pretensión al entender que aún no hay pruebas suficientes que respalden la conexión entre ambos expedientes y que corresponde avanzar primero con las medidas iniciales de investigación.

El fallo obliga a que la causa por lavado de activos permanezca bajo competencia del Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, lo que puede favorecer la estrategia defensiva del libertario y retrasar movimientos tácticos que buscaban reposicionar el caso en un ámbito más favorable. Este rechazo representa un golpe judicial para Espert y una señal de que las maniobras legales no serán suficientes para esquivar el proceso.

En el marco del escándalo por los vínculos con Machado, este revés se suma a un contexto de desgaste político y judicial. A medida que aumentan las pruebas, las decisiones de la Justicia muestran que no cederán ante la presión mediática ni los blindajes del oficialismo.

El empleo formal cayó en julio al nivel más bajo de toda la presidencia de Javier Milei, acumulando una pérdida superior a los 200.000 puestos desde noviembre de 2023.

Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejan que en julio el empleo asalariado registrado alcanzó 10.096.200 puestos, cifra que representa el punto más bajo desde octubre de 2022 bajo la administración libertaria. Desde noviembre de 2023 hasta esa fecha se habrían perdido 205.500 empleos entre el sector privado, el empleo público y el trabajo en casas particulares.

La destrucción del empleo formal golpea en todos los frentes: el sector privado perdió más de 127.000 puestos, el Estado absorbió casi 57.900 bajas y se cancelaron más de 20.600 empleos de casas particulares. Incluso actividades que no habían sufrido fuertemente bajo este gobierno —como el minero-petrolero y el financiero— muestran caídas sensibles.

Los sectores más afectados son la construcción, la industria manufacturera y el transporte/comunicación. En la industria, por ejemplo, se registraron pérdidas que representan su nivel más bajo desde mayo de 2022. Y en construcción, la caída fue abrupta con un fuerte recorte desde que comenzó la gestión de Milei.

Las caídas se profundizan en un contexto donde la precarización avanza y las promesas de crecimiento no ofrecen respuestas estructurales. Mientras tanto, el gobierno se enorgullece de su discurso de “libertad económica” y “mercados”, pero no logra frenar el deterioro del mercado laboral que golpea al bolsillo popular.

El Gobierno concretó un nuevo paso en su plan de entrega del patrimonio energético nacional: aprobó la venta total de las cuatro hidroeléctricas más importantes del país.

El Ministerio de Economía oficializó la Resolución 1569/2025, que habilita la venta de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, todas ubicadas en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén. Estas represas generan cerca del 20% de la energía hidráulica nacional y regulan el caudal de los principales embalses del país, vitales para el abastecimiento de agua, la agricultura y el turismo regional.

Con la nueva resolución, el Gobierno dio luz verde a la etapa final del concurso internacional. Las empresas precalificadas deberán presentar sus ofertas en los próximos meses, y las adjudicaciones se concretarían antes de fin de año, para que las concesiones entren en vigencia en 2026. Cada adjudicatario podrá explotar las centrales por 30 años, con opción a prórroga, a cambio del pago de un canon anual al Estado.

El proceso comenzó en 2024, cuando la gestión de Milei ordenó fragmentar Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (Nasa) para crear cuatro sociedades anónimas transitorias. En abril de 2025, mediante el Decreto 286, se habilitó la privatización total de Enarsa, y en agosto se autorizó la venta directa de las represas sin fijar un precio mínimo.

Diversas voces advirtieron sobre el carácter regresivo y opaco de la medida. “Están dolarizando los ingresos y atándolos a la inflación norteamericana. Es un esquema que inevitablemente va a derivar en litigios internacionales”, alertó el exsubsecretario de Energía, Federico Basualdo. Para él, se trata de “una privatización con consecuencias estructurales y un beneficio coyuntural, con un proyecto económico que cada vez hace más agua”.

También los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro expresaron su rechazo. El neuquino Rolando Figueroa sostuvo que la reversión de las concesiones “debía ser una oportunidad para construir un nuevo esquema federal de administración de los recursos hídricos”, pero lamentó que el Gobierno “haya decidido avanzar de forma unilateral”. Desde Río Negro señalaron que la reprivatización “afecta los intereses provinciales”, ya que las represas regulan los ríos que abastecen a las comunidades locales.

La venta se ampara en la vieja Ley 23.696 de 1989, utilizada durante el menemismo para justificar la privatización de empresas públicas. En 2024, con la Ley 27.742, el oficialismo incluyó a Enarsa entre las compañías “sujetas a privatización” y avanzó con su desguace, dividiendo sus activos para facilitar la venta por partes.

Así, mientras Milei insiste en su retórica de “libertad de mercado”, su gobierno entrega los recursos estratégicos del país a capitales privados y extranjeros. La energía y el agua del sur argentino, que durante décadas estuvieron al servicio del desarrollo nacional, vuelven a convertirse en mercancía.

El senador de Fuerza Patria denunció que la empresa Lácteos Vidal habría actuado como nexo entre el narco Fred Machado y la ministra Patricia Bullrich, financiando con más de 200 millones de pesos su campaña de 2023.

El candidato a senador por Fuerza Patria, Mariano Recalde, apuntó con dureza contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al revelar presuntos vínculos entre el financista narco Fred Machado —detenido y extraditado a Estados Unidos— y la campaña electoral de 2023 de la actual funcionaria. Según denunció, una empresa privada habría actuado como intermediaria entre ambos. “Empiezan a aparecer aportantes económicos vinculados con Fred Machado. Me refiero concretamente a la empresa Lácteos Vidal, que está bastante comprometida”, aseguró.

En diálogo con la Radio de las Madres, Recalde recordó que Bullrich “no podía no saber” sobre la causa judicial que involucraba a Machado. “Había un detenido con pedido de extradición, todo el mundo lo sabía, ella misma lo admitió en televisión. Por omisión, por no haberse opuesto ni haber levantado la voz, ya es cómplice”, afirmó. El senador señaló además que, al indagar en el financiamiento de la campaña 2023, surgieron conexiones entre Lácteos Vidal —empresa conocida por su postura antisindical— y el narco empresario.

“Lácteos Vidal impulsaba el movimiento antibloqueo, con Florencia Arietto como su principal operadora, y empezó a tener visitas registradas al Ministerio de Seguridad, justo en la época de los allanamientos”, relató Recalde, sugiriendo que el vínculo iba más allá de lo financiero. “Los directivos de la empresa iban a ver a Patricia Bullrich. La trama se empieza a complicar”, agregó, dejando entrever que las relaciones entre el aparato estatal y el sector privado habrían facilitado la operación de lavado de dinero proveniente de Machado.

El dirigente también aseguró que los aportes fueron cuantiosos: “Más de 200 millones de pesos aportó ese grupo a la campaña de Bullrich, y a su vez había recibido millones de dólares de Fred Machado. Son dos pasos nada más. Machado le puso plata a Lácteos Vidal, y Lácteos Vidal a Bullrich”. En ese sentido, advirtió que el escándalo “podría adquirir un volumen indeseable para el gobierno si se rompe el blindaje mediático”.

Finalmente, Recalde remarcó la gravedad del caso y cuestionó la falta de repercusión pública. “Es un escándalo absoluto que un narco financie políticos. Si una cosa pasó, tendría que pasar lo otro, dijo en referencia a la salida de José Luis Espert de las listas tras el mismo escándalo. “Pero el blindaje es grande. Hoy esto debería haber sido tapa de muchos diarios, y sigue siendo solo un escándalo de redes”, concluyó.

A más de un año del traslado de parte del oro argentino, el Banco Central impide que la Auditoría General de la Nación verifique su ubicación y destino.

El 2 de septiembre de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que había completado “exitosamente transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”. En ese momento, la entidad aseguró que la Auditoría General de la Nación (AGN) contaba con toda la información necesaria para revisar la operación.

Sin embargo, más de un año después, la AGN denuncia que el BCRA no solo omitió entregar los datos solicitados —como la ubicación física del oro, los costos de traslado o los rendimientos financieros—, sino que directamente obstaculizó el acceso al material. Según los auditores, el Banco negó copias, fotografías y hasta la posibilidad de tomar notas durante las inspecciones.

El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, expuso ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas que “el proceso de intercambio de notas se ha agotado” y advirtió que el organismo “no puede saber dónde está específicamente el oro” si la autoridad monetaria no coopera.

Fuentes internas de la AGN señalaron que el BCRA se ampara en la confidencialidad para justificar su silencio, pero que ofreció una alternativa inaceptable: permitir la revisión de registros únicamente desde computadoras del Banco, sin posibilidad de copiar, fotografiar o anotar información. Esa condición, sostienen, vuelve técnicamente inviable una auditoría seria.

La falta de transparencia incrementa las sospechas sobre la gestión del presidente del BCRA, Santiago Bausili, ya que circulan versiones que indican que parte del oro habría sido convertido en activos líquidos o redistribuido, sin que el Estado haya explicado dónde están los lingotes.

El conflicto ya llegó al Congreso. La Comisión Bicameral Revisora de Cuentas evalúa citar formalmente a Bausili e incluso iniciar acciones judiciales para forzar la entrega de la información. Además, advierten que las irregularidades no se limitan al oro: el Banco Central tampoco habría brindado datos completos sobre los bonos BOPREAL, otro punto bajo la lupa de los auditores.

El empresario detenido por narcotráfico y con pedido de extradición de Estados Unidos rompió el silencio y reconoció haber entregado 200 mil dólares y aviones a Espert. “Su error fue negarme”, dijo.

Por si faltaba una voz para complicar aún más el escándalo de José Luis Espert, este lunes apareció Federico “Fred” Machado, el empresario detenido por narcotráfico y sobre quien pesa un pedido de extradición de la Justicia estadounidense. En diálogo con Radio Rivadavia, Machado confirmó públicamente que financió al excandidato con 200 mil dólares y aviones privados, y aseguró que el diputado de “cárcel o bala” “se metió en una cloaca” al intentar negar el vínculo.

“Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos. En ese momento me parecía un tipo noble, con una causa honesta. Su error fue negarme”, lanzó Machado, dejando sin margen las versiones con las que Espert intentó despegarse del escándalo que lo hundió.

Durante la entrevista, el empresario detenido contó que Espert voló en al menos dos ocasiones con sus aeronaves, una de ellas hacia Viedma, y que incluso llegó a disponer de otro avión durante varios meses para giras políticas y presentaciones de libros. “A Viedma fuimos en mi avión y luego creo que fuimos a Catamarca. Él voló dos veces en ese avión”, precisó.

El testimonio contradice las explicaciones que el propio Espert había dado semanas atrás, cuando minimizó su relación con Machado diciendo que solo había volado una vez.

“Hay fotos, hay testigos. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, agregó Machado, que también habló del entorno libertario que acompañaba al excandidato: Nazareno Etchepare, Clara Montero Barré, Luis Rosales, Dick Morris y Lilia Lemoine, a quienes calificó de “muy bizarros”.

Machado sostuvo además que firmó un contrato con Espert en 2019 por más de 200 mil dólares. “La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly, pero en 2020. El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”, relató.

Incluso se refirió al supuesto “atentado” que Espert había denunciado años atrás, cuando su camioneta fue atacada mientras circulaba por la Villa 31. “No fue un atentado ni fueron tiros. Pasó por la villa y le tiraron dos piedrazos. Esa camioneta era de un primo mío”, dijo Machado, en alusión a Claudio Ciccarelli, señalado como su socio y testaferro, y expareja de Lorena Villaverde, actual diputada de La Libertad Avanza.

Villaverde fue detenida en 2002 en Estados Unidos con medio kilo de cocaína, y acumula denuncias por estafas, robo de boletas y un préstamo irregular de casi 300 mil dólares del Banco Nación.

El testimonio de Machado no solo derrumba el relato del oficialismo libertario, sino que deja al descubierto una trama de vínculos entre negocios turbios, narcotráfico y poder político que atraviesa al propio espacio de Javier Milei.

El Presidente intentó respaldar al ahora excandidato libertario José Luis Espert, pero terminó reconociendo que “tomó la decisión” de que la expresidenta fuera condenada.

En una entrevista con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica al afirmar que fue él quien “tomó la decisión de que Cristina Kirchner vaya presa”, una declaración que implica una confesión directa de injerencia sobre el Poder Judicial, algo expresamente prohibido por la Constitución Nacional.

El mandatario buscaba defender al diputado libertario José Luis Espert, envuelto en un escándalo por sus vínculos con el empresario detenido por narcotráfico Fred Machado, pero terminó revelando un supuesto accionar político detrás de la condena de la expresidenta.

“Este año lo tiene al kirchnerismo tirando con todo. Recrudecido, recrudecido porque la condenada está presa. Le puedo asegurar que esto es la venganza de que soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa”, dijo Milei en el ciclo de Majul.

Sorprendido, el periodista le recordó que un presidente no puede meterse en causas judiciales. Pero lejos de retractarse, Milei insistió:

“Yo no me meto con la Justicia. Si yo hubiera sido sucio y me hubiera metido con la Justicia, no estaría pasando por esto. Si hubiera arreglado para que no la metan presa, no me estarían atacando.”

Aunque intentó aclarar, la contradicción fue evidente: el propio jefe de Estado se atribuyó un rol decisivo en una condena judicial, lo que vulnera el artículo 109 de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente al Presidente “ejercer funciones judiciales” o “intervenir en causas en trámite”.

Una declaración con posibles consecuencias judiciales

El impacto político fue inmediato, pero las implicancias legales podrían ser aún más profundas. Con esa frase, Milei le dio a la defensa de Cristina Kirchner un argumento clave para solicitar la nulidad de la condena en la causa Vialidad, bajo la figura de “interferencia indebida del Poder Ejecutivo”.

Juristas consultados recordaron que una afirmación pública de esa magnitud puede ser considerada una confesión de intromisión institucional, lo que afectaría la validez del fallo. Además, abre la puerta a que la defensa eleve un planteo ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por persecución política y violación de garantías constitucionales.

Por qué esto favorece a Cristina Kirchner

La declaración de Milei podría reconfigurar el tablero judicial en torno a la expresidenta. En términos técnicos, sus palabras constituyen un reconocimiento de injerencia directa del Poder Ejecutivo en una decisión judicial, algo que la defensa de Cristina podría utilizar para demostrar que su condena estuvo viciada de origen.

En concreto:

• Refuerza la tesis del lawfare, es decir, la persecución política mediante causas judiciales.
• Permite solicitar la nulidad de la condena o la reapertura de la revisión de su sentencia ante tribunales superiores.
• Y en un plano político, le otorga una fuerte ventaja discursiva: el propio Presidente admite haber vulnerado la independencia de la Justicia, dando crédito a lo que el kirchnerismo denuncia desde hace años.

Lejos de proteger a Espert, Milei terminó complicando su propia gestión y dinamitando la credibilidad de su discurso republicano.
Con una sola frase, puso en duda la independencia del Poder Judicial, se autoincriminó políticamente y reactivó la narrativa del kirchnerismo sobre la persecución judicial y mediática.

Una defensa mal calculada que puede transformarse en el error más costoso de su presidencia.

Milei elige proteger a los suyos: blindó a Espert pese a que documentos del Bank of America prueban el giro de u$s200.000 desde empresas ligadas al narco Fred Machado.

El escándalo por los vínculos del diputado y candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado, sumó este jueves un capítulo decisivo. Nuevos registros contables oficiales del Bank of America confirmaron un giro de u$s200.000 a nombre del economista, proveniente de sociedades ligadas al entramado financiero del narco detenido en Río Negro.

A diferencia de lo que intentó instalar Espert, no se trata de una “contabilidad paralela”, sino de los asientos bancarios de la entidad financiera más grande de Estados Unidos, que ya forman parte del juicio celebrado en Texas en 2023 contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, condenada por lavado de activos. La información fue presentada como evidencia judicial y vincula directamente al libertario con el esquema económico del empresario requerido por la Justicia norteamericana.

“La información contable la aporta el Bank of America, que está dentro de la causa radicada en los Estados Unidos. No es una contabilidad paralela, y menciona a José Luis Espert. No habla del partido, habla del diputado y de un movimiento por u$s200.000 directo desde una empresa de Fred Machado”, explicó el periodista Andrés Lerner en C5N.

El registro que lo compromete

El documento fechado el 22 de enero de 2020 menciona con nombre y apellido a Espert y detalla la transferencia de u$s200.000. El movimiento está acompañado del código N28FM, la matrícula del avión que Machado le prestó al economista durante su campaña presidencial de 2019.

El propio diputado admitió públicamente haber utilizado tanto aeronaves como camionetas del empresario, aunque buscó relativizar su vínculo: “Me subí a los aviones que ellos me proveían y a las camionetas que me proveían. ¿Vos sabés si el taxi en el que viajaste tuvo un accidente antes?”, intentó justificar en una entrevista. Pero ante la repregunta sobre el giro bancario, se refugió en la tesis de una “operación política”.

La defensa choca con lo que ya determinó la Justicia argentina: en el expediente que instruye el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, se probó que Espert usó aeronaves vinculadas a Machado en al menos 35 vuelos durante su campaña de 2019, muy por encima de lo que declaró inicialmente.

Cómo operaba el entramado narco

La investigación en Texas, liderada por el fiscal Ernest González, reveló que Machado y sus socios crearon un circuito de compra y venta de aviones y helicópteros mediante fideicomisos y sociedades pantalla. El objetivo era blanquear dinero del narcotráfico y facilitar el tráfico de drogas. “El jurado pudo ver cómo funciona el narcotráfico. Como todos cumplen un papel. Este es un caso único en Estados Unidos que involucra fideicomisos para la compra de aviones”, explicó el fiscal.

El respaldo de Milei y el silencio en LLA

Lejos de pedir explicaciones, el presidente Javier Milei salió a blindar a su candidato bonaerense: “Son chimentos de peluquería, operaciones para ensuciar”, afirmó en A24, acusando a Juan Grabois de estar detrás de la denuncia. “Esto es lo mismo que en 2019, en 2021… es recurrente”, insistió.

Pero dentro de La Libertad Avanza crece la incomodidad. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya le reclamaron a Espert que dé explicaciones públicas. El escándalo estalló en plena campaña rumbo a las elecciones de octubre y amenaza con convertirse en un nuevo golpe a la credibilidad del oficialismo, que intenta minimizar lo que ya es parte de un proceso judicial internacional.

Una vez más, Macri aparece como garante de la gobernabilidad que Milei no logra construir, mientras el Presidente se somete a las presiones de Estados Unidos y el FMI.

El presidente Javier Milei volverá a reunirse este viernes con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, en medio de crecientes reclamos de gobernabilidad por parte de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional.

El encuentro se da tras la advertencia de Washington, que exige un mayor sostén político para liberar un swap de monedas en negociación entre el ministro Luis Caputo y el secretario del Tesoro Scott Bessent. En este marco, la visita de Macri funciona como un gesto de respaldo condicionado y como un recordatorio de quién marca la agenda real del Gobierno.

Mientras Milei intenta mostrarse fuerte, incluso se habla de cambios en el Gabinete para complacer los pedidos externos. Patricia Bullrich y Luis Petri dejarán sus cargos después de octubre, pero no se descartan más modificaciones para “dotar de efectividad” a la gestión y, sobre todo, responder a las demandas de los Estados Unidos y del FMI.

Macri, que busca reposicionarse dentro de la estructura de poder, ya deslizó nombres de eventuales reemplazos, confirmando que el rumbo del oficialismo se debate entre las presiones del extranjero y las internas del PRO.

La reunión de este viernes no solo refleja la debilidad de Milei para sostener su propio equipo, sino también la contradicción de un Presidente que prometió soberanía y hoy abre las puertas de Olivos para recibir órdenes de Washington y consejos de Mauricio Macri.