El Banco Nación preadjudicó un contrato por casi $4.000 millones a una empresa que, hasta diciembre, integraba el presidente de la Cámara de Diputados.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta una nueva sospecha de favoritismo y conflicto de intereses. El Banco Nación preadjudicó un contrato por $3.933.026.507,98 a Tech Security SRL, una empresa vinculada directamente a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Hasta diciembre de 2023, Menem era socio activo de la firma. Al asumir su cargo en el Congreso, cedió sus acciones a sus hermanos, Fernando Nicolás Menem (abogado y cofundador de la empresa) y Eduardo Adrián Menem, que se sumó oficialmente a la sociedad en ese mismo mes. La información está respaldada por registros públicos y el Boletín Oficial del 4 de julio, donde se publicó la licitación correspondiente.

La contratación prevé brindar servicios de seguridad privada durante 24 meses, con opción a dos prórrogas anuales, en lugares clave como la Casa Central del banco, Aeroparque y sedes administrativas. Junto a Tech Security, fue preseleccionada la firma Briefing Security SA, por un monto mucho menor: $237 millones.

La empresa beneficiada ya tenía contratos con el Estado y vínculos con el oficialismo. Tech Security estuvo a cargo de la seguridad en la presentación del libro de Milei en el Luna Park, en un servicio valuado en $35 millones, y tiene presencia activa en el fútbol argentino, especialmente en partidos de River Plate.

Como se ve en una captura de febrero de 2024, el nexo familiar de Menem con la firma levanta serias dudas sobre la transparencia en las contrataciones públicas. Mientras el gobierno recorta en salud, educación y salarios, la “casta” parece seguir cobrando.

“Si todos pudieran ver luchar a los trabajadores, la empatía sería mucho mayor”, aseguró el actor durante una recorrida por el Hospital Garrahan.

El actor Juan Minujín visitó el Hospital Garrahan en solidaridad con sus trabajadores, que preparan un nuevo paro contra el ajuste presupuestario impulsado por el gobierno de Javier Milei. Desde la puerta del hospital, expresó su preocupación por el impacto de los recortes en el acceso a la salud de niños y niñas de todo el país: “Es un tema en el que nos tenemos que poner de acuerdo todos como sociedad. Es un punto de partida”, afirmó.

Minujín remarcó que su presencia no busca protagonismo, sino aportar desde su lugar a visibilizar una causa que considera urgente y justa. “Apoyo legítimamente lo que están reclamando. Si todos pudieran ver luchar a los trabajadores, la empatía sería mucho mayor. No hay mucho que discutir acá”, sostuvo. Además, evitó hacer declaraciones sobre el gobierno, dejando ese rol en manos de quienes sostienen la lucha día a día.

El reclamo de los trabajadores del Garrahan se intensificará esta semana con un paro de 24 horas el jueves, desde las 7 de la mañana, en el que sólo se garantizarán guardias y atención a internados. A la medida se sumarán familiares de pacientes y distintos gremios en defensa del hospital y la salud pública en general.

Ese mismo día, se realizará una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, convocada por ATE y apoyada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (ApyT), que destacó el crecimiento de la convocatoria y la solidaridad de múltiples organizaciones sindicales, sociales y políticas.

La agrupación Salud en Marcha confirmó su participación en defensa del hospital y en apoyo a los residentes precarizados, mientras que sectores de la izquierda como el Frente de Izquierda y el Nuevo MAS también se harán presentes. Todos los sectores coinciden en el rechazo a la “motosierra” del gobierno de Milei, cuyos recortes afectan directamente a pacientes, familias y trabajadores de la salud.

En el marco de la causa que juzga el ataque del presidente al joven Ian Moche, la madre del influencer denunció que el periodista Tomás Díaz Cueto reconoció que la buscan “hacer mierda” y que no les “interesa la verdad”.

En el marco del juicio que investiga el hostigamiento público del presidente Javier Milei contra Ian Moche —el joven autista de 12 años que milita por los derechos de las infancias neurodivergentes—, nuevas declaraciones complican aún más el cuadro de violencia que rodeó el episodio. Esta semana, la madre del niño, Marlene Spesso, denunció públicamente que el periodista Tomás Díaz Cueto reconoció que el objetivo de ciertos sectores libertarios no es esclarecer la verdad, sino directamente causar daño.

“A nosotros no nos interesa la verdad, nos interesa hacer mierda a tu vieja”, relató Spesso en una entrevista con Jorge Rial, afirmando que su hija recibió ese mensaje por WhatsApp y que el contenido ya fue incorporado a la causa judicial. Según la madre de Ian, este tipo de ataques no son hechos aislados sino parte de una campaña sistemática para amedrentar a su familia. “Fue terrible para nosotros”, aseguró en diálogo con Jorge Rial.

El juicio que investiga el retuit del presidente Milei contra Ian, ocurrido en junio, se tramita en la Justicia Federal de La Plata. Allí, el juez Alberto Recondo dio curso a la denuncia y pidió explicaciones formales al mandatario, al considerar que su publicación desde una cuenta oficial (con tilde gris en X) constituye un acto institucional.

La incorporación de nuevas pruebas, como el mensaje atribuido a Díaz Cueto, profundiza la causa y expone las redes de acoso que orbitan en torno al presidente y su entorno más fanático.

¿Quien es Tomás Díaz Cueto? el periodista fanático de Milei que atacó a la madre de Ian Moche

Tomás Díaz Cueto es un periodista ultra militante de Javier Milei que cobró notoriedad por su fuerte respaldo al gobierno de La Libertad Avanza. Durante un tiempo, trabajó como movilero en el programa de Horacio Cabak en LN+, pero fue despedido recientemente del canal por su extrema posición a favor del gobierno de los hermanos Milei.

Según reveló Ángel de Brito en su programa, su salida de LN+ respondió a su exposición excesiva y a un fanatismo político que resultó incómodo incluso para un canal afín al gobierno: “Desde el canal piensan que está demasiado expuesto y es un momento muy crítico para estar haciendo móviles de actualidad en la calle”.

Por su parte, la periodista Julieta Argenta aportó otra versión interna que circula en la redacción: Díaz Cueto ya había sido observado por recursos humanos debido a distintos escándalos. “Hace unos meses le hackearon el celular y fue a pedir ayuda al canal porque temía que se filtraran fotos y videos que había mandado. Estaba asustado y eso ya les había llamado la atención”, reveló.

Actualmente, Díaz Cueto mantiene una activa cuenta de Instagram desde donde publica a diario recortes de noticieros y fragmentos de entrevistas, muchas veces sacados de contexto, para atacar a artistas, referentes sociales y políticos opositores a Milei. A través de ese canal, promueve un discurso de odio que alimenta el clima de agresividad sobre el que justamente advierten organismos de derechos humanos y la familia de Ian Moche.

A partir del 11 de agosto, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py y el fuero Penal Económico comenzarán a regirse por el nuevo Código Procesal Penal Federal.

En una resolución firmada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se estableció que desde las 00:00 del 11 de agosto próximo comenzará a regir el sistema acusatorio en Comodoro Py, en el marco de la implementación progresiva del Código Procesal Penal Federal.

El nuevo modelo traslada la conducción de las investigaciones al Ministerio Público Fiscal, encargándose de impulsar o desestimar causas, solicitar medidas coercitivas como allanamientos o interceptaciones telefónicas, y decidir eventuales nulidades . En tanto, los jueces de garantía asumirán un rol moderador, supervisando garantías procesales, decidiendo sobre detenciones y elevación a juicio, y mediando entre fiscalía y defensa.

Las audiencias serán orales, públicas y grabadas, y sujetas a plazos estrictos diseñados para evitar dilaciones extremas en causas complejas; se planean caducidad de plazos de hasta tres años (seis para casos más complejos).

El Ministerio de Justicia argumenta que este formato agiliza los casos: la experiencia en 12 provincias donde ya funciona el sistema muestra una caída de la duración de las causas a un promedio de 50 días, con sentencias en un mes en Rosario y en 48 horas en Viedma Sin embargo, fiscales y la Procuración General alertaron sobre una serie de deficiencias: falta de recursos humanos, vacantes en fiscalías y juzgados, insuficiencias tecnológicas y edilicias, y demoras en peritajes técnicos como extracción forense de celulares El procurador Eduardo Casal advirtió que “como estamos, es imposible llegar al 11 de agosto” sin poner al día las condiciones mínimas

En contraposición, el informe del INECIP sostiene que las fiscalías cuentan con suficientes recursos y que los reclamos responden a una resistencia a perder poder dentro del edificio judicial inecip.org. El organismo alerta sobre una posible “máscara técnica” para mantener el statu quo y frenar la redistribución del poder a favor de la fiscalía

Un informe reciente publicado reveló que más de 4,3 millones de niños y adolescentes fueron afectados por la pobreza extrema durante 2024.

Bajo la presidencia de Javier Milei, Argentina ha sido testigo de una profunda transformación económica impulsada por recortes presupuestarios, ajuste fiscal y una visión ideológica que prioriza el “ajuste estructural” como herramienta para estabilizar las cuentas públicas. Sin embargo, detrás del discurso libertario y sus promesas de “revolución” se esconde una cruda realidad social: millones de argentinos han caído en la pobreza y la indigencia durante 2024.

Un informe reciente publicado por el portal El Destape revela que más de 4,3 millones de niños y adolescentes fueron afectados por la pobreza extrema durante 2024 , consecuencia directa de políticas sociales ausentes y decisiones económicas que priorizaron la reducción del gasto público antes que la protección de los sectores más vulnerables. Esta cifra no solo refleja una tragedia humanitaria en ciernes, sino también plantea serias dudas sobre la credibilidad de los datos oficiales de pobreza que el gobierno de Milei ha comunicado públicamente.

¿Qué dicen los números oficiales?

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), históricamente cuestionado por sesgos políticos en distintas administraciones, ha vuelto al centro de la polémica. En los últimos trimestres, el organismo reportó una leve reducción en la tasa de pobreza, lo cual fue celebrado por el gobierno como una victoria frente a las “herencias malditas”. Pero muchos especialistas independientes advierten que estos datos podrían estar desconectados de la realidad socioeconómica palpable en barrios, comedores y hospitales .

La metodología utilizada para medir la pobreza, basada en canastas básicas definidas hace años y sin ajustar a la inflación real ni a la volatilidad cambiaria de este período, podría estar subestimando gravemente la magnitud del problema. Además, el acceso irregular a servicios básicos, la pérdida del poder adquisitivo y la desaparición de programas sociales claves como AUH y SUMAR han profundizado la exclusión de grandes sectores de la población.

La guerra contra el Estado y su costo humano

Milei ha defendido una política de mínima intervención estatal, eliminando subsidios, desfinanciando programas sociales y reduciendo drásticamente el tamaño del aparato público. Bajo el argumento de combatir la corrupción y la ineficiencia, su gestión ha dejado sin apoyo a millones de familias que dependían de asistencia directa. El resultado es visible: aumento de la desnutrición infantil, crecimiento de los comedores comunitarios y mayor presencia de cartoneros en las calles.

Este enfoque, lejos de generar estabilidad, parece haber exacerbado la pobreza estructural. Y mientras el gobierno insiste en mostrar indicadores macroeconómicos positivos —como el superávit fiscal o la baja de la inflación—, estos logros son irrelevantes para quienes no pueden acceder a una dieta básica ni a servicios esenciales.

Crítica a la comunicación oficial

Una de las mayores preocupaciones es cómo el gobierno utiliza –y posiblemente manipula– los datos de pobreza para construir una narrativa de éxito. Los anuncios optimistas sobre la reducción de la pobreza contrastan con el deterioro de indicadores sociales reales, como la matrícula escolar, el acceso a la salud pública o el número de personas en situación de calle. Este desfasaje entre discurso y realidad sugiere que los datos oficiales están siendo instrumentalizados con fines políticos , más que como herramientas diagnósticas reales.

En este contexto, resulta fundamental exigir transparencia y autonomía en la producción de estadísticas nacionales. Un INDEC independiente y actualizado sería clave para obtener una fotografía precisa del estado de la sociedad argentina. Hasta entonces, cualquier dato proveniente del gobierno debe tomarse con una dosis importante de escepticismo

Piden la indagatoria de Javier Milei y la detención de Mauricio Novelli y Hayden Davis por su presunta participación en la criptoestafa del token $LIBRA, que dejó miles de damnificados y generó transferencias millonarias bajo sospecha.

El pedido judicial por la causa $LIBRA tomó impulso este lunes: el abogado querellante Gregorio Dalbón solicitó formalmente ante la jueza María Servini que se cite a declaración indagatoria al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Además, requirió la detención inmediata de Mauricio Novelli y Hayden Davis, acusándolos de ocupar roles clave en lo que se investiga como una presunta estafa cripto. Según Dalbón, existen riesgo de fuga y posibilidad de entorpecimiento de la investigación, por lo que también solicitó que se active una notificación roja de Interpol para Davis, ciudadano estadounidense.

La presentación judicial destaca que todos los implicados habrían mantenido reuniones en la Casa Rosada en los días previos al lanzamiento del token. Cada uno habría cumplido un rol funcional: Milei promocionó públicamente la criptomoneda desde su cuenta oficial en X (ex Twitter); Karina habría brindado respaldo institucional; Novelli organizó la estrategia de difusión y captación de inversores; y Davis se encargó del diseño técnico y la canalización de los fondos.

También se apunta a una serie de transferencias sospechosas realizadas por Hayden Davis, por montos superiores a los 500.000 dólares, poco después de mantener encuentros con funcionarios del gobierno. Según consta en la causa, esas operaciones fueron rastreadas en plataformas como Bitget. Incluso se menciona que Davis habría devuelto alrededor de 5 millones de dólares a algunos damnificados, como el influencer financiero estadounidense David Portnoy, tras el colapso del token.

La causa $LIBRA

El escándalo estalló el 14 de febrero de 2025, cuando se lanzó el token $LIBRA como parte del denominado proyecto “Viva la libertad”. Apenas tres minutos después de su creación, Javier Milei publicitó la criptomoneda desde sus redes sociales. Ese mensaje provocó que el precio pasara de menos de un centavo a casi 5 dólares en apenas 40 minutos, disparando la capitalización de mercado del activo a varios miles de millones de dólares.

La mayoría del circulante —cerca del 70 al 80 %— estaba en manos de los fundadores del proyecto. En el pico de precio, vendieron sus participaciones y provocaron una caída abrupta del valor, de entre el 85 y el 90 %, en cuestión de horas. Se estima que más de 40.000 personas perdieron sus ahorros, mientras unos pocos se llevaron ganancias millonarias.

La maniobra fue caracterizada por especialistas como un clásico caso de “rug pull“: inflar artificialmente el precio de un token para luego vaciar su valor en beneficio de los creadores. En solo un día, las ganancias acumuladas por el círculo íntimo de desarrolladores habrían alcanzado los cientos de millones de dólares.

Desde entonces, la justicia argentina y también tribunales en EE.UU. investigan el caso. En Argentina se ordenaron medidas sobre los bienes de Milei y su hermana, como la inhibición de cuentas, el levantamiento del secreto bancario y el seguimiento de transferencias. En paralelo, en EE.UU. se tramita una demanda colectiva contra los promotores del token y se espera una audiencia de descubrimiento anticipado en agosto, con foco en empleados de Kelsier Ventures, empresa cofundada por Davis.

En simultáneo, el Congreso argentino aprobó la conformación de una comisión investigadora en Diputados para interpelar a funcionarios y figuras del gobierno implicadas en el caso. La oposición incluso analiza la posibilidad de impulsar un juicio político contra Milei, por su presunta responsabilidad moral, política e institucional en la difusión de un esquema financiero fraudulento.

Crece la preocupación por acuerdos que profundizan la entrega de recursos en Malvinas sin avanzar en el reclamo de soberanía.

La histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido atraviesa un nuevo capítulo, atravesado por un reclamo tan insólito como preocupante: los kelpers, representantes de la comunidad británica que ocupa ilegalmente el archipiélago, exigen que el gobierno argentino cumpla con los compromisos asumidos en acuerdos bilaterales firmados durante las gestiones de Mauricio Macri y Javier Milei, los cuales —según denuncian expertos y organizaciones— socavan la posición soberana del país en favor de intereses británicos.

Dos pactos, una misma política: entregar sin discutir soberanía

En el centro de la controversia se encuentran dos documentos clave: el Acuerdo Foradori-Duncan (2016) y el más reciente Pacto Mondino-Lammy (2024). Ambos fueron celebrados bajo la llamada fórmula de “paraguas de soberanía”, acordada entre Buenos Aires y Londres en 1989, que implica avanzar en relaciones bilaterales sin discutir el estatus del territorio en disputa.

Este paraguas ha servido como cobertura diplomática para que sucesivos gobiernos promuevan una “agenda positiva” con el Reino Unido en torno a temas económicos, logísticos y científicos en el Atlántico Sur. Tanto el acuerdo de 2016 como el firmado en 2024 fueron elaborados sin intervención del Congreso Nacional argentino, lo que ha despertado cuestionamientos sobre su legalidad y legitimidad.

Entre los puntos más polémicos se destacan:

• Facilitación de vuelos comerciales a las islas desde Brasil.
• Cooperación en materia de pesca y recursos hidrocarburíferos, sin reciprocidad ni control efectivo argentino.
• Convenios logísticos y científicos con base en las islas, incluso para actividades en la Antártida.
• Ausencia total de avances o condiciones vinculadas al reclamo de soberanía.

Acuerdo Foradori-Duncan (2016): el origen de la entrega

Firmado el 13 de septiembre de 2016 por el entonces vicecanciller Carlos Foradori y el ministro británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, este documento abrió una nueva etapa en la relación bilateral bajo el gobierno de Mauricio Macri. Allí se estableció una hoja de ruta para avanzar en conectividad aérea, identificación de soldados caídos en Malvinas, cooperación antártica y diálogo sobre pesca e hidrocarburos.

Sin embargo, el acuerdo fue severamente criticado por no incluir ningún tipo de reafirmación del reclamo de soberanía, lo cual fue interpretado como una claudicación diplomática. El hecho de que se haya firmado sin debate legislativo ni consulta pública, y con una redacción que —según expertos— utiliza terminología más cercana a los intereses británicos que a los argentinos, lo convirtió en uno de los puntos más cuestionados de la política exterior de Cambiemos.

Pacto Mondino-Lammy (2024): continuidad en el retroceso

Ya bajo la presidencia de Javier Milei, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino —entonces encabezado por Diana Mondino— rubricó un nuevo entendimiento con el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, que ratifica y profundiza los lineamientos del Foradori-Duncan. Firmado en 2024, el Pacto Mondino-Lammy consolida la cooperación en áreas sensibles, como pesca, vuelos y logística antártica, sin plantear en ningún momento la necesidad de retomar las negociaciones por la soberanía.

El gobierno argentino justificó este pacto como una “herramienta pragmática” para fortalecer los vínculos bilaterales, sin confrontar. Mondino incluso defendió públicamente a Carlos Foradori —quien en 2024 fue designado por la gestión Milei como embajador ante la ONU en Ginebra—, lo cual fue interpretado como un gesto explícito de continuidad con la política exterior del macrismo en materia de Malvinas.

¿violación constitucional?

Distintas voces especializadas han advertido que estos acuerdos podrían constituir una violación directa a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas (…), y ratifica el objetivo permanente e irrenunciable de recuperarlas por medios pacíficos”.

Para el especialista en pesca y Atlántico Sur, César Lerena, se trata de una “cesión incondicional” del desarrollo económico del archipiélago: “Se les entrega a los británicos sin contrapartidas”. En la misma línea, el politólogo Armando Abruza advirtió que los textos “invisibilizan la condición colonial” del territorio usurpado.

La organización Agenda Malvinas, que viene denunciando la inconstitucionalidad de estos pactos, sostiene que cada gesto de cooperación sin exigencias soberanas debilita la posición argentina y consolida una ocupación de facto por parte del Reino Unido.

El reclamo ilegítimo de los kelper

El reclamo de los kelpers se intensificó luego de que, en junio de 2024, la Argentina obtuviera un respaldo unánime en la 55ª Asamblea General de la OEA, donde se reiteró el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones por la soberanía. Como contrapartida, el gobierno británico, a través de la baronesa Jennifer Chapman, representante del Foreign Office, exigió públicamente que Argentina “honre los compromisos pesqueros y de conectividad aérea” establecidos en el Pacto Mondino-Lammy.

Chapman defendió estos acuerdos como beneficiosos “para todos los actores”, incluyendo a los habitantes de las islas, y volvió a insistir en el principio de autodeterminación de los isleños, posición históricamente rechazada por Argentina al considerar que los kelpers no constituyen un pueblo colonizado, sino una población implantada por una potencia colonial.

Con el Reino Unido reforzando su presencia militar y económica en las islas —incluyendo inversiones en infraestructura, vuelos y plataformas petroleras— y con el gobierno argentino apostando por una política exterior de perfil bajo y concesivo, diversos analistas alertan sobre la posibilidad de una “normalización de facto” de la ocupación británica.

“Cada concesión sin reciprocidad consolida la ocupación”, reiteró César Lerena. En este contexto, la política oficial parece oscilar entre discursos soberanistas y gestos que, en los hechos, avalan la continuidad del statu quo impuesto tras la guerra de 1982.

El futuro de las Malvinas —y del reclamo argentino— se juega en este delicado equilibrio entre diplomacia, recursos naturales y geopolítica. Y mientras los acuerdos no pasen por el Congreso ni reflejen una estrategia nacional consensuada, la soberanía sigue estando más en los papeles que en la práctica.

La provincia de Buenos Aires se prepara para una contienda electoral polarizada entre dos frentes principales: el peronismo bajo el sello “Fuerza Patria” y la alianza encabezada por La Libertad Avanza (LLA), que incluye al PRO.

Tras el cierre del plazo para la inscripción de alianzas electorales, la provincia de Buenos Aires definió sus grandes bloques de cara a las elecciones legislativas de septiembre. El peronismo logró cerrar su unidad bajo el frente “Fuerza Patria” , mientras que la derecha consolidó una única coalición bajo el sello de “Alianza La Libertad Avanza” , en la que el PRO quedó absorbido por el partido violeta. Además, podría sumarse en las próximas horas un tercer frente denominado “Somos Buenos Aires” , liderado por Facundo Manes y con apoyo de algunos intendentes radicales e independientes.

Dentro del peronismo, las últimas horas antes del cierre fueron intensas. Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner sellaron un acuerdo que incluye al PJ, Frente Renovador, Patria Grande, Partido de la Victoria y otros espacios menores. Se definieron apoderados, una junta electoral integrada por representantes de cada sector y el inicio del trabajo conjunto para armar las listas nacionales, provinciales y locales. Aunque se espera que las primeras sean más fáciles de consensuar, los desafíos están en los niveles locales, donde cada distrito presenta intereses particulares.

Una de las discusiones más sensibles dentro del frente ocurrirá en la tercera sección electoral, una de las más importantes. Allí suena fuerte la candidatura de la vicegobernadora Verónica Magario, aunque también se menciona a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Quedan diez días para resolver todas las incógnitas y presentar las listas definitivas antes del 19 de julio, fecha límite establecida por la justicia electoral.

Por otro lado, La Libertad Avanza confirmó su hegemonía sobre el espacio de derecha luego de absorber al PRO, pese a las resistencias iniciales de algunos dirigentes ligados a los Macri. Karina Milei encabezó el anuncio oficial junto a Sebastián Pareja, Cristian Ritondo y Martín Menem. En el encuentro, destacó la necesidad de “terminar con el kirchnerismo”, mientras que Pareja advirtió que “no hay lugar para los tibios”. Los líderes del PRO admitieron que, divididos, no alcanzan niveles competitivos y que debían adaptarse al nuevo escenario político.

Si bien ya está definido que Diego Valenzuela, exPRO y ahora en LLA, encabezará la lista en la primera sección electoral, el resto de las candidaturas se irá configurando municipio por municipio. Desde el PRO buscan mantener cierta influencia en los 13 distritos que controlan, aunque no hay garantías. Las negociaciones continuarán hasta el límite legal, con el reloj corriendo para cerrar listas que aseguren una buena performance electoral.

Con dos frentes mayoritarios perfilándose como los principales contendientes, y un tercer frente aún en formación, la provincia de Buenos Aires se prepara para una campaña electoral cargada de tensiones, alianzas estratégicas y una disputa que podría marcar el rumbo político del país cara a las próximas elecciones generales.

Salió a la luz que Hayden Davis movió 500 mil dólares a una billetera virtual luego de que el presidente anuncie la creación de la cripto estafa $Libra.

El pasado 30 de enero, apenas unas horas después de que el presidente Javier Milei compartiera una imagen junto al empresario estadounidense Hayden Davis en sus redes sociales, se registró una misteriosa transferencia de 507.400 dólares a una billetera virtual cuyo titular aún permanece en el anonimato. Este movimiento financiero fue detectado por el ingeniero en sistemas Fernando Molina , quien ha estado investigando minuciosamente la operatoria relacionada con el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $Libra.

Según los registros blockchain analizados por Molina, esta no sería sino una de varias transacciones significativas realizadas por Davis poco antes y después del anuncio presidencial sobre $Libra. Cuatro horas después de la reunión en la Casa Rosada y 42 minutos luego de que Milei publicara una selfie con el empresario en “X”, Davis transfirió dicha cantidad a la plataforma Bitget, una exchange que utiliza con frecuencia.

Este envío no fue casual. Antes de realizarlo, Davis efectuó una transferencia menor de 100 USDC , lo que parece ser parte de su modus operandi para verificar la recepción del dinero. Esta misma práctica se repitió antes de otras operaciones clave, incluyendo un reembolso de 4,5 millones de USDC al conocido empresario Dave Portnoy, quien había decidido distanciarse del proyecto.

Un día antes del posteo de Milei promocionando $Libra, Davis realizó otra transferencia importante: 1.275.000 dólares hacia Gate.io, una plataforma distinta a las habituales. Y diez días antes del lanzamiento oficial de la moneda digital, se registró un movimiento de 1.991.000 dólares hacia otra wallet desconocida. Al día siguiente, Mauricio Novelli , trader amigo de Milei y nexo entre éste y Davis, abrió dos cajas de seguridad en el Banco Galicia sucursal Martínez, tal como reveló este diario. La operación fue filmada por cámaras de seguridad del banco y mostró cómo Novelli, acompañado por su madre y hermana, llevó dos mochilas y un bolso. Días más tarde, el primer día hábil tras el lanzamiento de $Libra, ambas mujeres regresaron al lugar y retiraron todo su contenido.

Según fuentes especializadas en tecnología blockchain, estos movimientos financieros parecen indicar una coordinación previa. El programador Maximiliano Firtman , también involucrado en la investigación, destacó los tiempos exactos de entrada y salida de Davis de la Casa Rosada: llegó a las 13:55 y salió a las 14:31 . A las 17:51 , Milei lo presentaba públicamente en redes. Menos de una hora después, se producía la transferencia mencionada.

Además, una investigación de Coffe Break YT reveló que Davis habría obtenido 21 millones de dólares mediante una operación irregular con la memecoin de Melania Trump semanas antes de su acercamiento con Milei. Esto da pie a pensar que el entorno del Presidente pudo haber tenido acceso a información privilegiada o haber participado de alguna forma en estrategias similares.

Durante una entrevista reciente con Luis Majul, el presidente aseguró que la Oficina Anticorrupción (OA) lo había exculpado de cualquier responsabilidad en el caso. Sin embargo, cabe recordar que este organismo depende directamente del Poder Ejecutivo y no tiene carácter judicial. Además, su cuenta en “X” está identificada como una herramienta gubernamental, lo cual contradice su argumento de que el tuit promocional fue hecho en forma personal.

Por otro lado, el titular de la OA, Alejandro Melik , enfrenta una denuncia penal por parte de diputados de la Coalición Cívica por posible encubrimiento y omisión de deberes funcionales. La Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada por el Ministerio de Justicia tampoco resultó transparente: cuando el diputado Juan Marino solicitó acceso a la documentación generada, le respondieron que era información reservada.

Aunque ninguna de las transferencias analizadas por sí sola puede considerarse concluyente, suman evidencia de un patrón de conductas que merece una investigación más profunda. Como señala Molina, “ninguna de estas transacciones son concluyentes por sí solas y no hay que sacar conclusiones apresuradas”. Pero también advierte que muchas de las plataformas utilizadas, como Gate.io y Bitget , no han sido debidamente investigadas.

Mientras tanto, Novelli y Terrones Godoy, imputados en la causa judicial, intentan justificar sus múltiples reuniones en la Casa Rosada como parte de negocios vinculados a criptomonedas y tecnología. Por ahora, los expertos en blockchain siguen encontrando pistas mucho más rápido que los organismos oficiales.

El presidente cuestionó a los mandatarios provinciales días después de que se generara controversia por el abrupto cambio de agenda tras una supuesta tormenta que finalmente no se registró.

Luego de la polémica generada por la cancelación de su viaje a Tucumán —justificado inicialmente por una alerta meteorológica que luego fue desmentida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)—, el presidente Javier Milei volvió a cargar contra los gobernadores , acusándolos de “querer destruir al Gobierno Nacional” .

La decisión de suspender el acto en la provincia había generado críticas tanto desde sectores opositores como dentro de su propio espacio político, especialmente cuando se conoció que no se había registrado fenómeno climático alguno en la zona previsto para el momento del anuncio.

Durante una entrevista radial y en declaraciones públicas realizadas horas más tarde, Milei señaló que muchos gobernadores actúan con intereses contrarios al Ejecutivo nacional , poniendo en duda su compromiso con las políticas centrales y denunciando una supuesta coordinación encubierta entre algunos de ellos para debilitar su gestión.

“En el fondo, lo que quieren es destruir al gobierno nacional” , afirmó el presidente, sin brindar pruebas específicas que respalden sus dichos. La frase generó inmediata repercusión en el ámbito político, con interpretaciones dispares sobre si se trataba de una estrategia de distracción o una genuina denuncia.

Este nuevo episodio refuerza la tensión entre el gobierno nacional y ciertos sectores provinciales, en un año electoral donde la unidad del frente oficialista será clave para asegurar apoyo legislativo y ejecutivo en las distintas jurisdicciones.