La filtración de grabaciones del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, expone a ministros, exfuncionarios y empresarios en presuntas maniobras de corrupción, mientras la Justicia acelera los allanamientos y bloqueos de bienes.

El escándalo por presuntas coimas en ANDIS explotó nuevamente tras la difusión de nuevos audios por parte de Jorge Rial. En las grabaciones, Spagnuolo menciona a Diana Mondino y Sandra Pettovello, acusándolas de complicidad y encubrimiento en maniobras irregulares.

Los audios, que según Rial no presentan ediciones ni ruidos sospechosos, muestran al extitular de ANDIS describiendo situaciones de “quilombos grosos” y revelando estrategias de funcionarios que habrían dejado a terceros “expuestos” en negociaciones con dinero público. Además, apunta directamente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, acusándola de jugar en contra de sus intereses.

La Justicia ya inició allanamientos, bloqueos de cajas de seguridad y secuestro de teléfonos, computadoras y dinero en efectivo, con la prohibición de salida del país para los principales involucrados. Incluso, Jonathan Kovalivker, empresario vinculado a Suizo Argentina, evadió un allanamiento en Nordelta, lo que generó la apertura de una investigación por posible encubrimiento.

Desde el oficialismo, los mencionados intentaron minimizar la gravedad, calificando los audios como una “operación política”, mientras que opositores y figuras como Carlos Bianco denunciaron un acto de corrupción y crueldad, dada la implicancia de personas con discapacidad en este entramado.

En resumen, los nuevos audios de Spagnuolo amplían el escándalo, involucrando a funcionarios y exfuncionarios clave y poniendo bajo la lupa a ministros y empresarios, mientras la Justicia continúa su avance sobre el entramado de presuntas coimas.

El ataque policial contra un vendedor expuso la cara más cruel de la gestión porteña: quitarle las muletas a un hombre que apenas sobrevive vendiendo en la calle y tirarlo al piso es la postal de una política que criminaliza la pobreza.

David, un hombre que sobrevive vendiendo pañuelos en la calle, fue víctima de un violento accionar policial en pleno Puerto Madero. Las imágenes, captadas por un celular y difundidas en las últimas horas, provocaron una ola de repudio en redes y medios de comunicación.

El registro, emitido por C5N, mostró cómo un agente de la Policía de la Ciudad le quitó las muletas a David y, ante sus reclamos y la advertencia de que sería denunciado, lo empujó al piso sin ningún tipo de consideración.

El hecho se enmarca en un clima de creciente violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires. Por disposición del jefe de Gobierno, Jorge Macri, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de “limpieza” que apunta contra las personas en situación de calle y los trabajadores informales.

La Policía le saca las muletas y empuja a un vendedor ambulante discapacitado. Te sacan la pensión, Karina Milei te roba los medicamentos y cuando salís a trabajar te hacen esto. El sadismo con los discapacitados es absolutopic.twitter.com/0Zz2nqpNqi

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) August 25, 2025

En las últimas semanas, se multiplicaron las denuncias por prácticas similares: quitarle colchones y frazadas a quienes duermen en la vía pública, confiscar productos de vendedores ambulantes —como medialunas, café con leche o ropa— y hasta sancionar a quienes buscan alimentos o abrigo en los contenedores de basura.

El caso de David se convirtió en símbolo de un accionar que muchos califican de inhumano y que refleja la política de hostigamiento hacia los sectores más vulnerables de la Ciudad.

El gremio de estatales pidió a la Justicia que investigue un acuerdo de 50.000 millones de pesos entre el IOSFA y la cuestionada empresa, mientras crece el escándalo de corrupción que también salpica a Karina Milei.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó duras acusaciones contra el ministro de Defensa, Luis Petri, por la firma de un contrato entre el Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la droguería Suizo Argentina, valuado en 50.000 millones de pesos. Según el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, el acuerdo configura “hechos graves de corrupción” que podrían “hacer colapsar” a una de las mutuales más grandes del país.

Aguiar denunció que cuando Petri asumió, la obra social tenía reservas de 25.000 millones de pesos, pero ese dinero fue destinado a medicamentos que “nunca llegaron a los afiliados”. “Hoy todas las prestaciones están cortadas, los hospitales militares desabastecidos y los trabajadores padecen salarios de hambre”, sostuvo el dirigente. ATE advirtió además que el contrato se renueva cada seis meses, profundizando el déficit de IOSFA, que actualmente supera los 160.000 millones de pesos.

La denuncia también salpica a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, ya que la droguería Suizo Argentina aparece mencionada en el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde audios filtrados revelaron pedidos de coimas que involucraban directamente al presidente Javier Milei y su hermana. “Nos dijeron que venían a terminar con los curros y a la obra social la están saqueando”, disparó Aguiar.

ATE destacó la gravedad de la situación: más de 650.000 afiliados del IOSFA están hoy sin acceso a medicamentos oncológicos, insulina ni prestaciones básicas, mientras los hospitales militares permanecen desabastecidos. En paralelo, la Justicia incautó en las últimas horas 266.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo a Emmanuel Kovalivker, socio de la droguería señalada.

El gremio adelantó que prepara medidas de fuerza en todo el país y reclamó a la Justicia avanzar con la investigación. “Se están robando la plata que debía estar destinada a los beneficiarios y tenemos que pararlos”, afirmó Aguiar. La crisis en IOSFA se suma a la ola de denuncias de corrupción que ya golpea a varias áreas del gobierno libertario, exponiendo una trama que,

El presidente del club culpó a los hinchas visitantes, negó cualquier responsabilidad institucional y hasta pidió sanción para la U de Chile, mientras los heridos se acumulan.

En medio del horror vivido en el estadio Libertadores de América, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, negó toda responsabilidad del club y apuntó sin filtro a los visitantes: “El cuadro argentino no tuvo nada que ver” y “Hay un claro responsable que es el simpatizante chileno”, declaró ante TyC Sports, anunciando que pedirán sanción a la U de Chile ante Conmebol.

Su versión, que exculpa por completo a Independiente, contrasta con la rotunda realidad: los incidentes fueron protagonizados también por barras locales, con agresiones brutales y una organización de seguridad ausente. La poca credibilidad de Grindetti se hace evidente al ver que pone en evidencia su gestión fallida, no su defensa del club.

Además, se confirmó que hay 90 hinchas chilenos detenidos, varios heridos y al menos uno en riesgo vital. La gravedad de los hechos fue tan extrema que la Conmebol decidió cancelar el partido y girar el caso a la Comisión Disciplinaria, sumado a investigaciones sobre la falla del operativo de seguridad.

Con esta actitud, el presidente rojo no solo se desentiende de sus obligaciones, sino que exhibe un preocupante desprecio por la verdad y por la propia historia de Independiente. La dirigencia encabezada por Grindetti ya acumula una larga lista de decisiones cuestionadas, pero lo ocurrido este miércoles marcó un nuevo punto de quiebre en su desgastada gestión.

El malestar en la hinchada es creciente y la paciencia parece haberse agotado. Los socios ya no toleran excusas ni frases desafortunadas: exigen respuestas concretas, transparencia y, sobre todo, que se garantice la seguridad en cada partido. Grindetti, en cambio, eligió el camino más fácil: culpar a otros, incluso apelando a un discurso discriminatorio, antes que asumir sus responsabilidades como presidente de Independiente.

Tras el rechazo al veto de Milei a la Ley de Discapacidad, cuatro diputados abandonaron la bancada oficialista y acusaron al Gobierno de “robar en nombre del Presidente”.

La interna libertaria explotó en el Congreso. Mientras Javier Milei procesaba en la Casa Rosada el rechazo de la Cámara de Diputados a su veto a la ley de emergencia en discapacidad, el bloque de La Libertad Avanza sufrió una fractura: Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Carlos D’alessandro y Gerardo González anunciaron que abandonan la bancada para conformar un nuevo espacio bajo el nombre de “Coherencia”.

Las tensiones venían de larga data. Los legisladores que rompieron filas apuntaron directamente contra la conducción de Martín Menem, presidente de la Cámara baja. En el pasado ya se habían dado episodios al límite, como cuando en marzo, en medio de un debate, un legislador le arrojó agua a Lilia Lemoine, referente cercana al Presidente. Ella fue la primera en tildar a los disidentes como “traidores”, acusando especialmente a Pagano de trabajar “desde el primer día” para destruir el bloque.

La réplica desde “Coherencia” no tardó en llegar: “Los traidores son los que roban en nombre del Presidente, ninguno de nosotros lo hizo y no vamos a avalar eso”, respondieron con dureza los nuevos disidentes. La decisión se da en paralelo a un creciente malestar con el armado nacional de La Libertad Avanza y a la intervención de Karina Milei, a través de su operador Eduardo “Lule” Menem.

Uno de los más críticos, Carlos D’alessandro, sostuvo que el Gobierno lo “defraudó” y que la conducción actual está perdiendo los principios con los que nació La Libertad Avanza. “No hay democracia, estamos perdiendo lo que el Presidente nos enseñó. No aceptamos tutelajes ni negociados, no vinimos para ser casta”, lanzó en declaraciones radiales.

La ruptura también ocurre en medio del escándalo por supuestos audios del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que habría reconocido pedidos de coimas. El funcionario quedó en la mira de la Casa Rosada y su futuro se definirá en las próximas horas, mientras el oficialismo enfrenta una crisis política que golpea de lleno en plena campaña electoral.

Almirante Alvin Holsey encabezó en Buenos Aires la cumbre Southdec, reeditando su visita tras el despliegue de marines en la región y alertando sobre la influencia autoritaria de China en América Latina.

El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, regresó a la Argentina para participar de la cumbre regional de seguridad Southdec, que se desarrolló en Puerto Madero. Esta es su segunda visita del año, luego de anunciar el despliegue de 4.000 infantes de Marina en los mares latinoamericanos. Allí mantuvo reuniones con autoridades del Ministerio de Defensa argentino y las Fuerzas Armadas en un marco de intensa cooperación militar regional.

Durante su intervención, Holsey lanzó una advertencia contundente: China representa una amenaza para los pueblos de la región, pues busca exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructuras con posible uso dual —incluidos puertos y plataformas espaciales—. Estas declaraciones se enmarcan en una escalada geopolítica en la que EE.UU. busca endurecer su presencia estratégica en América Latina.

El militar estadounidense detalló que la influencia china tiene consecuencias graves en el Cono Sur, y apuntó a puntos clave como el Estrecho de Magallanes y el Paso Drake, que podrían utilizarse para interrumpir el comercio, proyectar poder o desafiar la soberanía regional, incluida la neutralidad de la Antártida. Además, mencionó la acción conjunta con Argentina frente al narcotráfico, que genera unos 358.000 millones de dólares al año en ingresos ilegales, como parte del entramado de amenazas simultáneas.

Según informó Página/12, esta segunda visita del almirante se produce en un contexto de fortalecimiento del vínculo militar con la Casa Blanca. El evento regional es una oportunidad para que la Argentina muestre su alineamiento estratégico con EE.UU., en el marco del rol presidencial de Javier Milei y el nuevo rearmado de las Fuerzas Armadas.

La repetida presencia de Holsey en Buenos Aires —y su rol como anfitrión del foro de seguridad— confirma el interés de EE.UU. en consolidar su influencia militar en la región y contrarrestar el avance chino. La cumbre SOUTHDEC expone cómo la política de defensa se convierte en eje en una Argentina inserta en el tablero geopolítico global.

El presidente aceptó las dimisiones de autoridades en áreas estratégicas y concentró sus funciones bajo una nueva Secretaría, en un movimiento que anticipa fuerte ajuste y centralización del poder.

Javier Milei oficializó mediante el Decreto 589/2025 la salida de tres altos funcionarios del Ministerio de Economía, bajo la gestión de Luis Caputo. Las renuncias corresponden a Marcos Martín Ayerra (secretario de Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento), Esteban Marzorati (secretario de Industria y Comercio) y Santiago Migone (subsecretario de Evaluación y Seguimiento de Producción).

La salida de Ayerra se hizo efectiva el 14 de agosto y Marzorati dejó su puesto el 18 del mismo mes, mientras que Migone ya había presentado su dimisión días antes. Las áreas que lideraban ya no existirán como tales, y sus atribuciones pasarán a depender de la Secretaría de Coordinación de Producción, a cargo de Pablo Lavigne, en busca de “mayor eficiencia” institucional.

A pesar de la disolución de estas estructuras, las subsecretarías técnicas —como Pymes, Emprendedores, Economía del Conocimiento, Política Industrial, Comercio Exterior y Defensa del Consumidor— continuarán operativas bajo la supervisión de la nueva Secretaría coordinadora.

La medida generó inquietud en el sector industrial. Desde la Unión Industrial Argentina señalaron que Marzorati era “valorado porque escuchaba”, aunque con recursos limitados. Remarcaron que ahora las funciones reguladoras, como las relacionadas con las Sociedades de Garantía Recíproca, pasarán al Banco Central, lo que implica un cambio de interlocución y herramientas de gestión.

El ministro Caputo expresó su agradecimiento a los funcionarios salientes por su “esfuerzo, dedicación y talento puestos al servicio del país”. Desde el Gobierno aseguran que las renuncias se produjeron por “motivos personales y nuevos desafíos profesionales”, aunque la decisión se da en medio de una reestructuración que busca centralizar el diseño y ejecución de las políticas productivas.

Así lo aseguró la exgobernadora bonaerense en redes sociales. La publicación llamó la atención por el tono irónico en un contexto de fuerte ajuste y desocupación creciente.

En medio de la crisis social y económica que atraviesa la Argentina, el posteo de Vidal generó repercusiones por la liviandad con que se refirió a su situación personal, contrastando con los miles de despidos y suspensiones que se viven en el país.

“El 10 de diciembre me quedo sin trabajo”, escribió Vidal, acompañando la frase con una foto sonriente. La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires perderá su banca en la Cámara de Diputados al finalizar su mandato, y todavía no confirmó qué rumbo tomará en su carrera política.

Más allá del tono de humor que intentó transmitir, el comentario fue interpretado por muchos como una falta de sensibilidad frente a los miles de trabajadores que, a diferencia de ella, no tienen asegurado un futuro económico estable ni contactos políticos que les garanticen continuidad laboral.

El posteo de Vidal también abrió especulaciones sobre su futuro dentro de Juntos por el Cambio, fuerza en plena crisis interna tras la llegada de Javier Milei al poder. Mientras algunos creen que podría replegarse de la vida política, otros sostienen que buscará reposicionarse en la interna opositora.

El presidente evitó asumir responsabilidades por la creciente problemática del fentanilo y apuntó contra el kirchnerismo, mientras el juez de la causa le respondió con dureza.

En lugar de asumir responsabilidades por la tragedia que sacude al país, el presidente Javier Milei culpó al kirchnerismo y apuntó contra el juez que lleva adelante la causa del fentanilo. El mandatario sugirió que la crisis actual es producto de “años de desidia” de los gobiernos anteriores, intentando despegar a su gestión de las consecuencias sociales y sanitarias del problema.

La respuesta del juez federal Ernesto Kreplak no tardó en llegar y fue categórica: “Le recuerdo al Sr. Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho. Respeto por las víctimas y las instituciones”, sentenció el magistrado.

Desde la oposición y sectores judiciales advierten que la postura de Milei busca instalar un relato que lo exima de culpa, mientras el avance del narcotráfico y la falta de políticas de prevención golpean de lleno a los barrios más vulnerables. El fentanilo, una droga extremadamente peligrosa y de alto poder adictivo, ya ha provocado muertes y hospitalizaciones en distintos puntos del país.

La tragedia expone la ausencia de un plan integral del gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis de seguridad que la acompaña. Organizaciones sociales, especialistas en salud y referentes de derechos humanos insisten en que es urgente implementar medidas de prevención, control y asistencia, en lugar de buscar culpables políticos.

Mientras Milei apunta contra el pasado, la realidad presente muestra un país sin respuestas concretas frente a una crisis que crece y amenaza con dejar un saldo aún más doloroso. La discusión política se impone sobre las soluciones, y las víctimas siguen esperando justicia y asistencia real.

La Libertad Avanza oficializó la candidatura de José Luis Espert como cabeza de lista bonaerense, en una jugada que refuerza el armado político de Javier Milei en el distrito más grande del país.

La Libertad Avanza confirmó que José Luis Espert encabezará la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre. El anuncio fue realizado por Sebastián Pareja, referente bonaerense del espacio, quien lo presentó como “la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”.

La definición responde a un pedido directo de Javier Milei, quien busca consolidar su alianza con el economista liberal y potenciar su armado en el principal distrito electoral del país. La decisión se dio a pocos días del cierre de listas, en medio de intensas negociaciones por los demás lugares de la nómina.

Pareja adelantó que el segundo lugar será ocupado por una mujer, cuyo nombre aún no fue confirmado, y que también podrían sumarse referentes del PRO como Diego Santilli y Alejandro Finocchiaro. El plazo para la presentación formal de candidatos vence el 17 de agosto, lo que acelera las definiciones dentro del espacio libertario.

Con Espert a la cabeza, La Libertad Avanza busca disputar con fuerza el voto opositor y consolidarse como la principal alternativa al kirchnerismo en Buenos Aires. El economista ya había manifestado su apoyo al rumbo económico del Gobierno y su intención de impulsar reformas estructurales desde el Congreso.

El distrito bonaerense concentra más del 40 % del electorado nacional, por lo que esta jugada representa un paso clave en la estrategia de Milei para ampliar su influencia y fortalecer su presencia legislativa. La campaña promete ser intensa y marcada por un discurso de confrontación con la oposición tradicional.