En medio del feroz ajuste fiscal que destruye salarios, jubilaciones y partidas para la educación, el Gobierno libertario destinó un desembolso millonario para adquirir cuatro aeronaves militares y equipamiento bélico a Washington.

Mientras el discurso oficial insiste de forma sistemática en que “no hay plata” para financiar a las universidades públicas, actualizar los haberes previsionales o reactivar la obra pública paralizada, la administración de Javier Milei dio un nuevo paso en su alineamiento geopolítico con la compra de cuatro helicópteros de guerra UH-60L Black Hawk a Estados Unidos. La operación, aprobada por el Departamento de Estado norteamericano, implica un desembolso estimado en 140 millones de dólares para material bélico.

La transacción fue celebrada públicamente por el embajador estadounidense Peter Lamelas y contempla el envío inicial de cuatro unidades reacondicionadas, además de repuestos, motores, sistemas de navegación avanzada y capacitación para las Fuerzas Armadas. Desde Washington destacaron que el acuerdo busca reforzar la seguridad de un “aliado importante” en Sudamérica, dejando al descubierto la subordinación de la política exterior argentina a los intereses de la Casa Blanca.

El desvío de cuantiosos recursos económicos hacia el reequipamiento militar contrasta fuertemente con la realidad que atraviesan los sectores más vulnerables del país. Para la gestión libertaria, la prioridad fiscal no reside en atender la emergencia social ni en sostener las capacidades productivas de la economía, sino en profundizar una agenda de militarización y sobreactuación ideológica que solo reporta beneficios políticos para la potencia del norte.

Esta nueva adquisición se suma a una serie de desembolsos en materia de defensa que exponen la doble vara del Poder Ejecutivo en el manejo del gasto público. Mientras se recortan los medicamentos a jubilados y se ahoga financieramente a las provincias, la Casa Rosada demuestra que los fondos estatales sí aparecen cuando se trata de cumplir con los compromisos y exigencias de la agenda geopolítica estadounidense.

En una insólita arenga dentro del Concejo Deliberante de La Plata, el edil Nicolás Morzone llamó a ir a un conflicto armado con el Reino Unido. El episodio expone el nivel de radicalización y el alineamiento sin matices de sectores del PRO con las posturas geopolíticas de la gestión libertaria.

En el marco de una acalorada sesión en el Concejo Deliberante de La Plata, el concejal del PRO Nicolás Morzone desató una fuerte polémica al lanzar un discurso belicista sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El edil, un abogado de 34 años que no realizó el servicio militar ni enfrentó las consecuencias de una contienda, sorprendió a sus pares al afirmar que “si hay que ir a la guerra, se irá a la guerra”, encendiendo inmediatos repudios en el recinto.

La provocadora arenga evoca de forma inevitable las páginas más oscuras de la historia argentina, asociándose de inmediato con la retórica empleada por la dictadura militar en 1982. Utilizar un reclamo pacífico e irrenunciable como causa patriótica para agitar una aventura bélica no solo resulta irresponsable, sino que denota una peligrosa liviandad frente al dolor de miles de familias y al sacrificio de los excombatientes.

Durante su intervención, el concejal macrista aprovechó además para respaldar los anuncios internacionales del presidente Javier Milei, alineándose con las posturas del oficialismo libertario que apuestan por la militarización y la sobreactuación ideológica por encima de la diplomacia tradicional. Al mismo tiempo, lanzó descalificaciones hacia organizaciones de veteranos y bloques opositores, obligando a la interrupción de la sesión del cuerpo deliberativo.

El episodio deja al descubierto la deriva discursiva de un sector de la política que, imbuido del clima de época impulsado por el Gobierno, abandona el consenso democrático y la vía diplomática para caer en provocaciones efectistas. Mientras el país atraviesa una profunda crisis socioeconómica, la agitación irresponsable del conflicto armado demuestra el nivel de desconexión de ciertos dirigentes con la realidad cotidiana y el respeto a la memoria nacional.

El Presidente intentó mostrar cercanía en una dependencia oficial, pero fue recibido con silbidos y cantos de protesta por parte de los trabajadores. El episodio refleja el creciente descontento social e institucional que genera el ajuste sistemático del Gobierno sobre el sector público.

El clima de tensión social e inestabilidad política que rodea a la gestión libertaria volvió a quedar al descubierto durante la llegada de Javier Milei al Palacio Sarmiento, sede central del área educativa nacional. Lo que la comitiva oficial planificó como un recorrido de rutina para la foto institucional terminó convirtiéndose en un estrepitoso episodio de repudio generalizado, cuando decenas de trabajadores y transeúntes acorralaron al mandatario al grito unánime de “¡Fuera, fuera!”.

Las imágenes que se viralizaron rápidamente en redes sociales mostraron el tenso momento en que el Jefe de Estado descendió de su vehículo rodeado por un desmedido operativo de seguridad. Lejos de la recepción favorable que el oficialismo intenta construir mediante sus redes sociales, la realidad de la calle le devolvió a Milei una lluvia de abucheos, insultos y expresiones de rechazo por el desmantelamiento de las políticas públicas y los despidos masivos en la administración central.

El episodio refleja el profundo malestar que se respira en las dependencias estatales, donde la licuación de los salarios, las amenazas constantes de cierre de organismos y la pérdida de estabilidad laboral minaron cualquier margen de tolerancia hacia la conducción del Ejecutivo. Los trabajadores del Palacio Sarmiento canalizaron en un grito colectivo la indignación frente a una gestión que desprecia lo público y criminaliza la protesta.

Esta muestra espontánea de repudio no representa un hecho aislado, sino la consolidación de un desgaste acelerado de la imagen presidencial frente a la sociedad. La brecha entre los discursos triunfalistas del Gabinete y el impacto concreto del ajuste en el día a día de las familias trabajadoras se vuelve cada vez más insostenible, reduciendo el margen del mandatario para mostrarse en espacios públicos sin custodia blindada.

Frente a la escalada del descontento, la respuesta oficial volvió a ser el repliegue y la descalificación de las protestas, argumentando presuntas intencionalidades políticas. Sin embargo, la reacción en las puertas del Palacio Sarmiento dejó en evidencia que el rechazo al programa de gobierno es amplio, genuino y atraviesa a los distintos sectores de la comunidad que defienden el rol del Estado.

El histórico periodista falleció este miércoles tras permanecer internado por una complicación respiratoria. Repaso por los complejos episodios médicos que enfrentó la emblemática figura de los medios argentinos durante el último año.

El periodismo y la televisión argentina están de luto tras confirmarse el fallecimiento de Samuel “Chiche” Gelblung a los 82 años. El icónico conductor se encontraba internado en una clínica porteña debido al agravamiento de una afección respiratoria que deterioró su estado general en las últimas horas. Fiel a su estilo incombustible, el periodista se mantuvo en actividad frente a las pantallas y los micrófonos hasta sus últimos días, considerando el trabajo como una parte fundamental de su rutina y vitalidad.

El cuadro que derivó en su deceso se suma a una serie de internaciones recurrentes que Gelblung debió afrontar durante este último tiempo. A lo largo del año, el conductor superó diversos sobresaltos médicos, entre ellos intervenciones cardíacas para la colocación de stents, una trombosis en las extremidades inferiores y reiterados episodios respiratorios que encendieron las alarmas en el ámbito del espectáculo. Pese a las recomendaciones profesionales, tras cada alta médica buscaba retornar de inmediato a sus compromisos laborales.

Con una trayectoria de más de cinco décadas en prensa escrita, radio y televisión, Gelblung se consolidó como un referente de la comunicación en el país. Fue el creador de un estilo propio para abordar la actualidad, los hechos policiales y el espectáculo, destacándose como conductor de históricos ciclos como Memoria y manteniendo vigencia continua en las señales de cable y emisoras radiales hasta la actualidad.

La noticia de su partida provocó inmediatas muestras de dolor en el ambiente periodístico y del entretenimiento, donde colegas y público destacaron su incansable vocación de trabajo. Con su fallecimiento, los medios despiden a uno de los personajes más influyentes, polémicos y creativos de la historia de la comunicación nacional.

La evolución de los sueldos en la Cámara Alta muestra cómo el desacople de las dietas y el enganche a los módulos legislativos impulsaron un salto nominal del 718,75% entre el fin del mandato de Alberto Fernández y las proyecciones salariales vigentes.

Para comprender la magnitud de las transformaciones salariales en el Congreso Nacional, resulta indispensable fijar la línea de base en el cierre de la gestión previa. Al concluir el mandato de Alberto Fernández en diciembre de 2023, la dieta bruta de un legislador nacional se ubicaba en torno a los $1.600.000 (lo que representaba un ingreso neto cercano a los $1.300.000). Durante aquel período, los haberes de diputados y senadores se mantenían acoplados a la paritaria general del personal del Congreso, acumulando ajustes acordes a la inflación pero dentro de un esquema de actualización uniforme.

El punto de inflexión definitivo ocurrió durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Tras un incremento inicial del 30% otorgado a comienzos de 2024 que elevó los sueldos a $2,5 millones, la Cámara de Senadores resolvió cambiar drásticamente las reglas del juego. En abril de 2024, mediante la aprobación de la Resolución 9/24 votada a mano alzada, la Cámara Alta desenganchó su dieta del criterio tradicional y fijó un nuevo sistema de cálculo compuesto por 4.500 módulos (2.500 de dieta, 1.000 de gastos de representación y 1.000 de desarraigo, sumado a un proporcional de aguinaldo). Esta decisión disparó de manera inmediata la dieta bruta a más de $7.000.000, marcando un incremento directo del 337,5% en cuestión de días.

A partir de esta reestructuración, la dinámica de aumentos pasó a funcionar como un mecanismo automático de actualización. Al estar las dietas expresadas en módulos salariales, cualquier incremento porcentual que se negocie para los empleados del Parlamento nacional (APL) o los trabajadores estatales se traslada de forma directa al valor nominal del módulo de los senadores. De este modo, la dieta dejó de depender de votaciones periódicas y pasó a indexarse al ritmo de las paritarias sectoriales.

El impacto acumulativo de este mecanismo reflejó un salto significativo a lo largo de las paritarias subsecuentes. Con los reajustes pautados entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, la remuneración bruta de un integrante de la Cámara Alta superó los $13.100.000 brutos. Al comparar este valor proyectado con la base de $1.600.000 con la que finalizó el ciclo de Alberto Fernández, el incremento nominal acumulado en los haberes de los senadores alcanza un imponente 718,75%.

En contraste, la Cámara de Diputados transitó un camino más atenuado pero de fuerte recomposición, manteniendo congelamientos temporales y fijando acuerdos diferenciados que ubicaron sus ingresos en tramos sensiblemente inferiores a los del Senado. La disparidad en la evolución salarial entre ambas cámaras no solo expone las distintas estrategias políticas ante el impacto en la opinión pública, sino que también deja en evidencia cómo la elección del modelo de cálculo por módulos transformó estructuralmente los ingresos de los representantes en la Cámara Alta.

La reunión entre las federaciones docentes y las autoridades nacionales fracasó ante la falta de una propuesta salarial concreta. Mañana habrá una jornada de protesta en todas las universidades del país en reclamo por la pérdida del poder adquisitivo.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los trabajadores de la educación superior suma un nuevo capítulo tras el fracaso de la reunión paritaria convocada por el Ministerio de Capital Humano. Las federaciones docentes, entre ellas la CONADU Histórica, rechazaron la falta de una oferta salarial acorde a la inflación y ratificaron un paro nacional para este miércoles 2 de septiembre. La medida paralizará las actividades académicas y administrativas en las 57 universidades públicas del país.

Desde las organizaciones gremiales denunciaron que la gestión oficialista continúa licuando los ingresos del sector, con sueldos que en su mayoría se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Señalan que la negativa del Poder Ejecutivo a recomponer el atraso acumulado desde el inicio de la gestión no es una omisión casual, sino una decisión política orientada al ahogo financiero de las casas de estudio.

La medida de fuerza incluirá no solo la suspensión de clases presenciales y virtuales, sino también visibilizaciones, ruidazos y clases públicas en distintas unidades académicas. Los docentes exigen la urgente actualización de los salarios, el pago de la garantía salarial y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

Frente a la falta de respuestas por parte del Estado, los referentes del sector advirtieron que el plan de lucha continuará profundizándose durante las próximas semanas. La comunidad universitaria ratificó que mantendrá la resistencia en las calles y en las aulas para defender la educación pública, gratuita y de calidad frente al ajuste impulsado por el Poder Ejecutivo.

Así lo afirmaron referentes de diversos partidos políticos a cuatro años del intento de magnicidio que sufrió la expresidenta en 2022.

Al cumplirse un nuevo año del ataque contra Cristina Kirchner, dirigenciales de distintos espacios políticos emitieron un comunicado donde remarcan que la democracia no tolera la erradicación de los rivales políticos.

El documento analiza el trasfondo de hostigamiento político, mediático y judicial en el que ocurrió el atentado hacia la exmandataria, sosteniendo que el hecho no puede considerarse un caso solitario ni ajeno al ambiente político previo.

El texto advierte que hay un límite infranqueable para cualquier sistema democrático: el momento en que la anulación simbólica del oponente habilita la opción de su erradicación física. Asimismo, destaca que el 1 de septiembre de 2022 el país estuvo muy cerca de sobrepasar ese punto sin retorno.

Quienes firman la declaración señalan que esta fecha interpela a todo el arco democrático del país, no solo al peronismo o a sus simpatizantes. Por ello, convocan a una coincidencia básica entre todas las fuerzas políticas, sin importar sus posturas ideológicas: las contiendas democráticas se resuelven con ideas, debates, militancia y elecciones; jamás mediante la persecución política que ponga en peligro la libertad, la seguridad o la vida de las personas.

El texto completo del pronunciamiento

A cuatro años del atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 mientras ejercía la Vicepresidencia de la Nación, creemos necesario volver a reflexionar sobre las condiciones políticas, culturales y comunicacionales que hicieron posible que un arma cargada fuera gatillada a centímetros de su rostro.

Aquel hecho no puede ser reducido a un episodio aislado ni desvinculado del clima político que lo precedió. Durante años, la Argentina asistió a la instalación sistemática de discursos de odio, campañas de estigmatización, noticias falsas —fake news—, operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política dirigidas contra quienes participan de la vida pública y, de manera particularmente intensa, contra Cristina Fernández de Kirchner.

La llamada “antipolítica” no es solamente el rechazo espontáneo de una parte de la sociedad hacia sus representantes. También ha sido construida y alimentada como un sentido común por sectores del poder económico concentrado y amplificada a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y nuevos dispositivos de producción y circulación de contenidos.

Cuando la política es presentada sistemáticamente como corrupción; cuando el dirigente político es convertido en enemigo; cuando la militancia es ridiculizada o criminalizada; cuando la mentira se reproduce hasta adquirir apariencia de verdad; cuando el insulto reemplaza al argumento y la deshumanización del adversario se vuelve cotidiana, la democracia comienza a deteriorarse.

En ese contexto deben analizarse también las prácticas conocidas como lawfare: la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para perseguir, disciplinar o excluir dirigentes de la competencia democrática.

La articulación entre persecución judicial, operaciones mediáticas, noticias falsas y hostigamiento en redes puede construir un sentido común en el cual aquello que debería resultar inadmisible comienza a naturalizarse. Y existe una frontera que ninguna democracia puede permitirse cruzar: cuando la eliminación simbólica del adversario abre paso a la posibilidad de su eliminación física.

El 1° de septiembre de 2022 la Argentina estuvo a centímetros de atravesar definitivamente esa frontera. Un hombre apuntó un arma contra la cabeza de la entonces Vicepresidenta de la Nación y gatilló. Ese instante debería permanecer en nuestra memoria democrática no solamente por lo que ocurrió, sino también por lo que pudo haber ocurrido.

Por eso consideramos que este aniversario no interpela exclusivamente al peronismo ni a quienes acompañan políticamente a Cristina Fernández de Kirchner. Interpela al conjunto del sistema democrático argentino. Los partidos políticos, cualquiera sea su identidad ideológica, deberían ser capaces de establecer un acuerdo elemental: en democracia, al adversario se lo enfrenta con ideas, argumentos, organización política y votos. Nunca se lo persigue hasta convertir el ejercicio de la política en un riesgo para su libertad, su integridad o su vida.

Esta reflexión adquiere una significación todavía mayor cuando la Argentina transita los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Sabemos que se trata de contextos históricos profundamente diferentes y que no corresponde establecer equivalencias simplificadoras. Pero nuestra historia debería habernos dejado un aprendizaje definitivo: ningún proyecto de país puede construirse sobre la eliminación del que piensa distinto.

Hace cincuenta años, el terrorismo de Estado secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de argentinos y argentinas. La democracia recuperada en 1983 estableció otra regla para nuestra convivencia: las diferencias políticas se tramitan dentro de las instituciones, mediante la palabra, la participación popular y el voto. Por eso resulta alarmante que, medio siglo después del golpe, todavía existan sectores que conciban al adversario político como alguien a quien hay que destruir, silenciar o expulsar de la vida pública.

Las herramientas pueden cambiar. El hostigamiento puede expresarse hoy mediante campañas digitales, noticias falsas, operaciones comunicacionales, persecuciones judiciales o discursos que promueven el odio. Pero existe un límite democrático que debemos defender colectivamente: nadie debe ser perseguido, amenazado ni violentado por sus ideas políticas.

Defender ese límite no significa reclamar una política sin conflicto. La política es discusión. Es confrontación de intereses, proyectos, valores e ideas. Es pasión, identidad y disputa por el rumbo de una sociedad. Pretender eliminar esas diferencias sería negar la propia democracia. Lo que debemos recuperar es algo distinto: la legitimidad del adversario. Poder discutir profundamente sin negar el derecho del otro a existir políticamente. Poder confrontar sin deshumanizar. Poder ganar y perder elecciones sabiendo que ninguna derrota habilita la persecución y ninguna diferencia justifica la violencia.

Quienes firmamos esta declaración hacemos llegar a Cristina Fernández de Kirchner nuestro abrazo y nuestra solidaridad al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 1° de septiembre. Pero, fundamentalmente, asumimos el compromiso de reivindicar el ejercicio de la política.

De defender la palabra frente a la violencia.

La verdad frente a la mentira organizada.

El debate frente a la estigmatización.

La participación frente a la antipolítica.

Y a trabajar para que la discusión, el intercambio de ideas y la confrontación democrática vuelvan a ser reconocidos como lo que nunca debieron dejar de ser: un ejercicio noble, indispensable y profundamente democrático.

Nunca más la eliminación del adversario.

Nunca más la violencia política. Más democracia. Más participación. Más política.

Partido Justicialista — José Mayans

Frente Renovador — Diego Giuliano / Sergio Massa

Encuentro Republicano Federal — Miguel Ángel Pichetto

Nuevo Encuentro — Martín Sabbatella

Principios y Valores — Guillermo Moreno

Movimiento Nacional Alfonsinista — Leopoldo Moreau

Patria Grande — Juan Grabois

Frente Amplio por la Democracia — Ricardo Alfonsín

Radicalismo Auténtico — Federico Storani

Kolina — Carlos Castagneto

Frente Grande — Mario Secco

La Patria de los Comunes — Emilio Pérsico

Partido Solidario — Carlos Heller

Unidad Socialista — Jorge Rivas

Unidad Popular — Claudio Lozano

Forja — Gustavo López

Partido de la Victoria — Esteban San Pedro

Espacio Popular — Eduardo Sigal

PTP-PCR — Juan Carlos Alderete

Partido Intransigente — Lucrecia Monteagudo

Partido Comunista — Jorge Kreyness

Nueva Dirigencia — Matías Barroetaveña

Libres del Sur — Humberto Tumini

Golpeado por escándalos de corrupción y desconectado de los reclamos sociales, el ecosistema digital libertario registra una caída histórica en sus interacciones que le impide seguir fijando los temas de debate.

El principal bastión de disputa política del oficialismo libertario atraviesa un acelerado proceso de desgaste. Diversos análisis sobre el comportamiento en plataformas digitales revelan una caída sostenida en las menciones, comentarios y niveles de interacción que genera la figura de Javier Milei. La narrativa que durante la campaña de 2023 se consolidó como una fuerza disruptiva pierde eficacia frente a una ciudadanía que empieza a percibir al mandatario no como un actor ajeno al sistema, sino como un político tradicional más.

Especialistas en comunicación digital señalan que el fenómeno obedece a una combinación de fatiga social, pérdida de empatía con la coyuntura económica y el impacto de sucesivos focos de conflicto. Los señalamientos por presuntos hechos de corrupción y controversias que salpicaron a figuras centrales del entorno presidencial terminaron por erosionar el perfil “anticasta”. Al mismo tiempo, la agenda discursiva que impulsa la Casa Rosada muestra dificultades para sintonizar con los problemas urgentes de la población, relegando la capacidad del Ejecutivo para fijar los temas de debate público.

A este escenario de desgaste político se suman complicaciones operativas en la arquitectura digital del oficialismo. La reestructuración del equipo de comunicación tras el distanciamiento de operadores clave, sumada a fallas en la sincronización de redes y errores en el uso de bots para inflar la viralización, redujeron la distribución orgánica del contenido. Estas maniobras, según informes del sector, expusieron incluso las cuentas oficiales a penalizaciones algorítmicas que restringieron aún más su alcance.

Si bien la oposición aún no logra capitalizar este repliegue ni desplazar al Presidente como el eje central de la discusión política, el congelamiento del ecosistema libertario altera la dinámica de la gestión. La pérdida de esa capilaridad digital que antes le permitía al Gobierno dominar la conversación pública deja al descubierto a una administración con menor margen de maniobra para imponer condiciones y capear el descontento social.

El Banco Central puso en marcha un mecanismo que automatiza el cobro de cuotas directamente desde las cuentas bancarias o billeteras virtuales. Los detalles esenciales para entender cómo impacta en las finanzas de los usuarios.

El Banco Central puso en funcionamiento el nuevo esquema de cobro de créditos mediante débito directo en cuenta, una herramienta diseñada para simplificar el pago de financiaciones solicitadas ante entidades bancarias, fintech y comercios adhiriéndose a un sistema unificado. La medida busca dinamizar el crédito de consumo y reducir los índices de morosidad, aunque exige a los usuarios estar atentos al funcionamiento de sus saldos y autorizaciones para evitar cobros no deseados o penalizaciones.

Para comprender el impacto de esta modalidad operativa en la economía cotidiana, existen puntos fundamentales que estructuran la nueva normativa:

• Débito automático en cuenta o billetera: Las cuotas del préstamo se descuentan directamente el día del vencimiento de la cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual (CVU) informada por el usuario.
• Consentimiento expreso: La entidad que otorga el crédito debe contar con la autorización previa y explícita del cliente para activar el cobro automático.
• Mecanismos de reversión (stop debit): Los usuarios conservan el derecho de suspender el débito hasta el día anterior al vencimiento o solicitar el reintegro dentro de los plazos fijados por la norma si detectan inconsistencias.
• Notificación previa obligatoria: La institución acreedora tiene la obligación de avisar al usuario con días de anticipación el monto exacto y la fecha en que se realizará el descuento.
• Compatibilidad interoperable: El sistema funciona indistintamente entre bancos tradicionales y proveedores de servicios de pago (billeteras digitales), ampliando las opciones para el usuario.
• Fondos insuficientes: Si al momento del cobro no hay dinero disponible, la normativa establece esquemas de reintento programados sin generar recargos no autorizados en el primer intento.
• Transparencia en los resúmenes: Los débitos deben figurar de forma clara y diferenciada en los movimientos de la cuenta para facilitar el control financiero del usuario.
• Cancelación de la adhesión: El titular del crédito puede dar de baja el débito automático de forma gratuita y por el mismo canal por el cual lo gestionó.

Con la implementación de este marco operativo, el sistema financiero busca consolidar la bancarización de los créditos al consumo y agilizar la cobranza. Sin embargo, para los usuarios será prioritario monitorear los resúmenes de cuenta y ejercer los mecanismos de control habilitados frente a cualquier cobro indebido.

Pese a los intentos del oficialismo por tomar distancia del estratega digital tras su detención en Bolivia, los registros de acceso revelan un flujo constante del consultor a los despachos del Poder Ejecutivo.

Luego de que la detención de Fernando Cerimedo en Bolivia por el atentado contra la abogada Nadia Beller sacudiera el escenario político, los registros oficiales de la Casa Rosada dejaron al descubierto el estrecho vínculo que el estratega digital mantuvo con el gobierno de Javier Milei. Los libros de ingreso a la sede de Gobierno confirman que el consultor ingresó al menos en 12 oportunidades desde el inicio de la gestión libertaria.

Las visitas registradas desacreditan la narrativa de ciertos sectores del oficialismo que buscaron presentar a Cerimedo como un actor externo o desvinculado de la toma de decisiones. El estratega no solo mantenía contacto cotidiano en el ecosistema de redes sociales y batallas culturales del espacio, sino que caminaba con habitualidad por los pasillos de Balcarce 50 para reunirse con altos funcionarios y coordinar la comunicación oficial.

El paso frecuente del consultor por los despachos del Poder Ejecutivo coincide con momentos clave de la gestión, en los que la estrategia digital del Gobierno desplegó campañas agresivas contra la oposición y sectores críticos. Las planillas de acceso exponen una cercanía operativa insostenible de negar ante la opinión pública.

El hallazgo de estos ingresos sistemáticos suma presión e incomodidad al Gobierno, que intenta capear las repercusiones internacionales del caso Judicial que involucra a Cerimedo en el exterior. La evidencia de los registros vuelve a poner bajo la lupa la red de influencias y el nivel de injerencia que los operadores digitales informales tienen en las decisiones del Estado.