El estudio expone un acentuado deterioro en la imagen del Presidente y un pesimismo económico creciente. De cara a los próximos escenarios electorales, casi un 62% de los consultados se inclina por una alternativa opositora.
Un estudio reciente de la consultora Zuban Córdoba y Asociados afirma que hay una importante caída en el respaldo de la sociedad al gobierno de Javier Milei, impulsada por la visión sobre el rumbo de Argentina y la situación económica personal de los ciudadanos.
Esta encuesta, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas (NA), indica que la desaprobación a la gestión libertaria ya superó el 65%, y la mayoría de los consultados afirma que escogería una alternativa diferente a La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones presidenciales del año que viene.
El relevamiento muestra un complejo escenario para LLA:
El 65,3% de las personas encuestadas desaprueba la gestión nacional, frente a solo un 33,4% que la aprueba.
La imagen negativa del presidente Milei es del 61,3%, mientras que su imagen positiva es de 33,4%.
El 64% de los entrevistados piensa que Argentina va en la dirección incorrecta, frente al 30% que opina que va por el camino correcto.
Consultados sobre su situación personal respecto al inicio del mandato de Milei, el 53,9% aseguró estar peor, un 14,4% aseguró seguir igual de mal y solo el 13,2% dijo estar mejor.
De cara a las elecciones presidenciales del año que viene, el 61,9% de los consultados expresó que votaría por un cambio del gobierno actual, mientras que apenas un 33,4% apoyaría la continuidad.
Consultados sobre la preferencia por espacios políticos para 2027, el Peronismo lidera la intención de voto general, con variaciones entre el 31,3% y el 35,3%, dependiendo de las opciones presentadas, seguido por La Libertad Avanza (entre el 28% y el 33,8%). El PRO quedó tercero, con un 17,3%, mientras que fuerzas como el Frente de Izquierda varían entre el 4,4% y el 6,6%.
El periodista anti kirchnerista analizó la solidez técnica del fallo judicial en la causa Vialidad y denunció un sesgo evidente en Comodoro Py. Tarda en llegar…
Ernesto Tenembaum ha sido, a lo largo de los años, uno de los críticos más persistentes de las gestiones kirchneristas. Su postura respecto a la transparencia gubernamental siempre estuvo marcada por la sospecha y el cuestionamiento directo hacia los funcionarios del ciclo iniciado en 2003. Sin embargo, el reciente avance definitivo en la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad lo ubicó en una posición analítica que tomó por sorpresa a gran parte de su audiencia habitual.
Lejos de celebrar el fallo de manera acrítica, el periodista comenzó a poner la lupa sobre el expediente judicial y el proceso que llevó a la inhabilitación de la expresidenta. En sus habituales editoriales radiales, Tenembaum señaló que el dictamen presenta severos puntos débiles en materia probatoria. Para el conductor, atribuirle una responsabilidad penal directa a una jefa de Estado requiere estándares de prueba indubitables que, a su criterio técnico, la causa Vialidad no logró consolidar con la contundencia necesaria.
Esta lectura no significa una absolución moral ni política por parte del periodista hacia la exmandataria. Tenembaum continúa reafirmando de manera tajante su convicción de que existieron irregularidades y hechos de corrupción durante las administraciones K. No obstante, hace una distinción clara entre la opinión política y la exigencia del derecho penal: saber o sospechar que hubo corrupción en una gestión no equivale automáticamente a haber probado en un expediente la autoría o complicidad directa de la mandataria.
A esta debilidad probatoria se le suma la fuerte crítica de Tenembaum al funcionamiento del Poder Judicial argentino y a la innegable “doble vara” de los tribunales. Según su análisis, resulta alarmante para la credibilidad democrática que las causas contra dirigentes vinculados al kirchnerismo avancen con una velocidad inusitada, mientras que los procesos que involucran a figuras de la oposición o del poder económico queden cajoneados de forma sistemática en los despachos de Comodoro Py.
En definitiva, la postura de Tenembaum no responde a un repentino cambio de bando, sino a la preocupación por las garantías constitucionales y el precedente de la Justicia. Al advertir que condenar sin la solidez técnica adecuada erosiona el sistema democrático, el periodista expone que una condena judicial floja de papeles termina alimentando la sospecha de persecución política, dejando un sabor amargo incluso entre aquellos que fueron sus mayores detractores.
Un contundente informe reveló el impacto destructivo del ajuste sobre la tercera edad. La pérdida del poder adquisitivo y el costo de los medicamentos empujaron a miles de adultos mayores al endeudamiento para cubrir la canasta básica.
La crisis económica y la sostenida licuación de los haberes previsionales alcanzaron un punto crítico. Según datos revelados en las últimas horas, se triplicó la cantidad de jubilados que registran deudas impagas o un severo atraso en sus compromisos financieros, una cifra alarmante que expone el grado de ahogo que atraviesa uno de los sectores más vulnerables de la población.
El fenómeno refleja una transformación dramática en las prioridades de gasto de la tercera edad. Ante la imposibilidad de llegar a fin de mes con la jubilación mínima, miles de abuelis y abuelas debieron recurrir de forma sistemática al uso de tarjetas de crédito, créditos personales o préstamos para costear insumos de primera necesidad, generando un espiral de endeudamiento que hoy resulta imposible de cancelar.
Las claves del ahogo financiero en la tercera edad:
El costo de la supervivencia: La mayor parte del endeudamiento no responde a consumos extraordinarios, sino a la compra de alimentos, el pago de servicios públicos con tarifas dolarizadas y, fundamentalmente, la adquisición de medicamentos crónicos tras la quita de coberturas gratuitas.
Refinanciaciones con tasas desmedidas: Frente a la mora, los bancos y entidades financieras aplican intereses punitorios altísimos, lo que convierte a las pequeñas deudas iniciales en montos impagables que insumen casi la totalidad del ingreso mensual.
La caída libre del poder de compra: Informes privados coinciden en que la fórmula de movilidad aplicada por el Ejecutivo no logró compensar el salto inflacionario en los rubros esenciales, empujando a más del 60% de los adultos mayores por debajo de la línea de la pobreza.
Un colapso silencioso que golpea a las familias
La acumulación de deudas impagas en la clase pasiva no solo afecta a los titulares de las jubilaciones, sino que impacta de lleno en la red de contención familiar. En muchos casos, hijos y nietos deben destinar parte de sus golpeados ingresos para saldar los compromisos financieros de los adultos mayores o cubrir los gastos básicos de salud que el Estado dejó de financiar.
Con los centros de jubilados movilizados de forma permanente ante el Congreso y los tribunales inundados de amparos judiciales, la proliferación del endeudamiento previsional expone el costo humano del programa económico y enciende todas las alarmas sobre la viabilidad social del ajuste impulsado desde la Casa Rosada.
A través de un DNU, el presidente autorizó el despliegue de las Fuerzas Armadas en el ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”, organizado por EE. UU. La decisión saltea el debate en la Cámara de Diputados y reabre la controversia por el control del Congreso sobre el envío de tropas al exterior.
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei autorizó la salida del territorio nacional de tropas y medios de las Fuerzas Armadas para participar en el ejercicio militar multinacional “PANAMAX 2026”, llevado a cabo en la República de Panamá entre el 27 de julio y el 15 de agosto de 2026.
La medida elude el trámite parlamentario ordinario en el Congreso de la Nación, atribución que la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 28) otorga al Poder Legislativo para autorizar la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales.
El bypass al Congreso y el argumento del DNU
Según el texto oficial, el Poder Ejecutivo había enviado oportunamente al Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley para autorizar el Programa de Ejercitaciones Combinadas. Sin embargo, al no haber obtenido tratamiento en la Cámara de Diputados y ante la inminencia del ejercicio, el Presidente —en Acuerdo General de Ministros— optó por firmar un DNU. ¿Cuál es la necesidad y la urgencia para firmar algo así?
Entre los considerandos de la medida se argumenta que:
Razones de oportunidad: La invitación cursada por el Gobierno de los Estados Unidos exigía el despliegue inmediato de las tropas.
Capacidades militares: Participar de “PANAMAX 2026” mejora la interoperabilidad, la integración doctrinal y la estandarización de procedimientos del Instrumento Militar argentino.
Costos y operatividad: Quedar fuera privaría a las Fuerzas Armadas de la actualización de doctrinas y validación de procedimientos junto a socios estratégicos de la región.
Financiamiento: Los gastos serán absorbidos por la Jurisdicción 45 (Ministerio de Defensa) – Subjurisdicción 24 (Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas).
El decreto fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente para su control posterior, pero su vigencia es inmediata a partir de su publicación.
¿Qué es el ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”?
PANAMAX es uno de los adiestramientos militares conjuntos y combinados más importantes del Hemisferio Occidental. Organizado y patrocinado por el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) en coordinación con las fuerzas de seguridad de Panamá, se realiza periódicamente con la participación de más de una docena de países aliados de la región (como Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, entre otros).
Claves del ejercicio:
Objetivo principal: Garantizar la seguridad, la defensa y la operatividad del Canal de Panamá, un cuello de botella estratégico para el comercio marítimo global y la economía internacional.
Escenarios y operaciones: Simula respuestas multinacionales ante amenazas a la infraestructura crítica bajo el marco ficticio de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Rol de las fuerzas argentinas: A través del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE) del Estado Mayor Conjunto, las tropas especiales argentinas participan en el planeamiento y la ejecución de operaciones de alto riesgo en entornos selváticos, marítimos y urbanos.
La decisión de enviar tropas mediante DNU reactiva la discusión institucional sobre los límites de las facultades ejecutivas respecto al control civil y legislativo sobre las Fuerzas Armadas, un principio sensible en la historia democrática argentina.
De la dinamita al maquillaje: cómo la reforma de la Carta Orgánica expone el truco de la inflación acumulada y consagra el olvido definitivo de cerrar el Banco Central.
La reciente columna de Javier Milei en Clarín vuelve a echar mano del golpe de efecto efectista al lucir en su titular un estridente $12.819.532.788.614.400.000 de inflación acumulada en Argentina desde 1935. Sin embargo, apelar a un cálculo matemático compuesto de casi un siglo para impresionar a la tribuna no es más que un artilugio de manipulación estadística: acumular nominalmente casi un siglo de historia económica atravesado por la eliminación de 13 ceros en la moneda (pesos moneda nacional, ley 18.188, australes y pesos actuales) es mezclar la hiperinflación de 1989 (3.079%) con la estabilidad de la Convertibilidad o períodos de inflación internacional de posguerra. Más aún, resulta sumamente irónico que pretenda dictar cátedra sobre prudencia de precios cuando su propia gestión registró en sus primeros meses picos de inflación que superaron el 280% interanual tras una abrupta devaluación y liberación de precios regulados, demostrando que el ajuste lo terminó pagando el bolsillo popular mientras la inflación real acumulada de su gestión superó en tiempo récord las estimaciones más pesimistas.
El primer pilar de su propuesta pretende limitar la actuación del Banco Central a preservar “únicamente” el valor de la moneda, un axioma neoclásico que omite de manera insólita cómo operan las bancas centrales de los países desarrollados. Entidades como la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) tienen por mandato estatutario un “doble rol” inequívoco: contener la inflación pero al mismo tiempo promover el máximo empleo sostenible y el crecimiento económico. Pretender que el BCRA actúe desvinculado de la realidad productiva y del mercado laboral del país implica atar de manos al Estado frente a shocks externos o recesiones, sacrificando puestos de trabajo e industria nacional en el altar de una meta monetaria abstracta y dogmática.
En el segundo y quinto punto, el Presidente promete prohibir de forma absoluta la asistencia del Banco Central al Tesoro bajo la amenaza de juzgar el señoreaje como “asociación ilícita” y derogar la reforma de 2012 para eliminar instrumentos como las Letras Intransferibles. Lo que la retórica oficial oculta cuidadosamente es que la propia administración de Milei ha recurrido de forma constante al endeudamiento con el sistema financiero y a maniobras de ingeniería financiera (como la migración de pasivos remunerados hacia pases, lefi y deuda directa del Tesoro) para absorber liquidez y maquillar el déficit cuasifiscal. Tipificar la política monetaria como delito penable no es más que una sobreactuación institucional que busca judicializar la política económica, ignorando que la emisión cero y el sobreendeudamiento en moneda extranjera han sido históricamente la antesala de severas crisis de liquidez y quiebras del sistema bancario privado.
Respecto al tercer eje, consistente en exigir mayorías calificadas de dos tercios del Congreso para remover al titular del BCRA con el pretexto de “blindarlo” de presiones políticas, el planteo roza el absurdo en términos de coherencia democrática. Elevar a una cúspide intocable a las autoridades de la entidad monetaria pretende congelar una orientación económica de mercado a espaldas de la alternancia republicana. Resulta irónico que un mandatario que ha gobernado recurrentemente mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) e intentado eludir los debates legislativos proponga ahora un candado constitucional para proteger a funcionarios que podrían estar ejecutando políticas diametralmente opuestas a las elegidas por la ciudadanía en las urnas.
Por último, el cuarto punto busca restringir el reparto de utilidades del Banco Central hacia el Estado, bajo el argumento de que se tratan de ganancias ficticias. Si bien el saneamiento del balance del BCRA es un criterio deseable, el verdadero problema radica en cómo el propio Ejecutivo evalúa sus activos: mientras exige al Banco Central estándares de extrema austeridad, utiliza las reservas internacionales como colateral para garantizar deuda privada o cubrir fuga de capitales. Restringir por completo los mecanismos de auxilio financiero del BCRA sin contar con un flujo sólido de divisas ni acceso sostenible al crédito internacional condena a la economía argentina a un esquema de vulnerabilidad extrema ante cualquier fluctuación de los mercados globales.
La gran estafa del eslogan de campaña: del “dinamitar” al institucionalizar
Más allá del debate técnico sobre la reforma monetaria, esta columna de opinión consagra de forma definitiva una de las estafas electorales más descaradas en la historia política reciente de la Argentina. Durante toda su campaña y sus años de irrupción mediática, Javier Milei edificó su identidad política bajo un lema categórico y sin matices: la promesa de “cerrar”, “eliminar” y hasta “dinamitar” el Banco Central de la República Argentina. Aquel discurso incendiario, que le sirvió para canalizar el enojo social contra la dirigencia tradicional jurando que erradicaría de raíz al “cáncer de la emisión”, ha quedado reducido a un mero folclín mediático para cautivar incautos.
Al presentar hoy un megaproyecto para reformar la Carta Orgánica, nombrar autoridades blindadas y reestructurar el funcionamiento del BCRA, el propio Presidente admite que la institución seguirá abierta, operativa y regulando la economía del país. La fantasmagórica dolarización sin dólares y el cierre del BCRA han pasado a ser promesas archivadas en el cajón de los eslóganes caducos. Lejos de destruir la “maquinita”, el Ejecutivo ha optado por apropiarse del sillón de Reconquista 266 para utilizar la estructura de la banca central a su favor, dejando en evidencia que la “libertad” prometida no era más que una consigna electoral tan volátil como el valor de la moneda que prometió exterminar.
En medio de las discusiones por el atraso cambiario y la presión sobre la divisa, el vocero oficial admitió que la cotización del dólar sufrirá un reajuste en el corto plazo, aunque descartó un salto devaluatorio brusco.
El debate alrededor de la política económica y el rumbo del tipo de cambio sumó una definición clave por parte del Poder Ejecutivo. En las últimas horas, representantes del Gobierno nacional admitieron abiertamente que el dólar podría alcanzar valores de entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses, reconociendo un margen de deslizamiento en el mercado cambiario ante las presiones inflacionarias y la cotización de los financieros.
El vocero presidencial Adrián Ravier admitió que el dólar podría llegar a $1.800 dentro de algunos meses. Después calificó esa corrección como “mínima” y aseguró que no tendría un impacto significativo en el bolsillo.
Las claves de la proyección cambiaria del Ejecutivo:
Un margen de ajuste estimado: Desde la vocería oficial argumentaron que un avance de la divisa hacia la zona de los $1.700 o $1.800 representaría un movimiento gradual y “controlado”, rechazando tajantemente los pronósticos de la oposición que advierten sobre un salto devaluatorio desmedido.
La postura sobre el atraso cambiario: Pese a admitir que la cotización se moverá al alza, el Ejecutivo mantiene su postura de que no existe un atraso estructural en el tipo de cambio, respaldándose en las metas de superávit comercial y el equilibrio en las cuentas públicas.
El impacto en precios y salarios: Analistas de mercado señalan que la confirmación de un piso más alto para el dólar podría trasladarse a los precios de la canasta básica y poner mayor tensión sobre las paritarias, en un contexto donde los ingresos familiares ya llegan fuertemente golpeados por la recesión.
Expectativa en la City y presión sobre los financieros
El reconocimiento de esta nueva pauta para la divisa se da en un momento en que los dólares paralelos y financieros vienen mostrando oscilaciones y tocando récords nominales. Para los operadores de la City porteña, la admisión de un valor cercano a los $1.800 funciona como un sincericidio que busca achicar la brecha y fijar expectativas de cara a la segunda mitad del año.
Mientras el Ministerio de Economía procura sostener la liquidación de divisas para fortalecer las arcas del Banco Central, la confirmación de este escenario reaviva los reclamos del sector industrial y las pymes, que advierten sobre el impacto de la incertidumbre cambiaria en los costos de insumos importados y el valor final de la producción nacional.
Movimientos populares se concentraron en el principal acceso a la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la jornada nacional de protesta. Un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad bloquea el paso hacia la Capital Federal.
La mañana en el área metropolitana comenzó con un escenario de máxima tensión en el Puente Pueyrredón, donde una multitudinaria columna de organizaciones sociales y movimientos populares se concentró para visibilizar sus reclamos contra la política económica del Gobierno nacional. La manifestación forma parte de la jornada nacional de protesta que promete resentir los accesos clave a la Capital Federal durante todo el día.
En el lugar se montó un desmedido operativo de seguridad a cargo de las fuerzas federales y de la Policía Bonaerense, que desplegaron vallas, carros hidrantes y un cordón de efectivos para impedir que la columna de manifestantes avance e ingrese al territorio porteño. El cara a cara entre los trabajadores de la economía popular y los uniformados generó momentos de alto nerviosismo e interrupciones totales en el tránsito vehicular desde la zona sur del conurbano.
Los puntos centrales del reclamo en las calles:
Emergencia alimentaria y social: Las agrupaciones exigen la restitución urgente de asistencia y alimentos para los comedores comunitarios, denunciando que la demanda en los barrios populares se multiplicó en los últimos meses debido a la pérdida del poder adquisitivo.
Rechazo al ajuste y la reforma laboral: La marcha en el acceso sur coincide con el inicio del plan de lucha trazado por la multisectorial sindical y social para frenar la quita de derechos laborales y el impacto de los aumentos tarifarios sobre los sectores más vulnerables.
El protocolo de seguridad en la mira: Referentes de los movimientos denunciaron que el despliegue policial busca “criminalizar la protesta social” en lugar de dar respuestas institucionales a la crisis de empleo y pobreza que afecta a las barriadas.
El bloqueo en el Puente Pueyrredón provocó severos desvíos y demoras kilométricas en las vías alternativas, como el Puente Nicolás Avellaneda y el Puente Victorino de la Plaza. Mientras las agrupaciones evalúan la continuidad de la permanencia en el lugar, las fuerzas de seguridad mantienen la orden estricta de no permitir el despeje hacia la avenida 9 de Julio.
Con el conflicto social escalando en la calle y la presencia de dirigentes de las centrales sindicales acompañando los reclamos, la jornada se perfila como un nuevo punto de inflexión en la relación entre los movimientos populares y el Ministerio de Seguridad.
Según datos de UBA-Conicet, los hogares del AMBA destina el 15% del ingreso promedio para cubrir las tarifas. La luz registró el mayor incremento del mes con un salto del 12,5%.
Durante el mes de julio, la Canasta de Servicios Públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento del 4,6%, exigiendo aproximadamente el 15% del salario promedio de la región. El alza estuvo impulsada principalmente por el mayor consumo energético derivado de las bajas temperaturas invernales y por ajustes tarifarios en la mayoría de las prestaciones, a excepción del servicio de agua.
Los datos se desprenden del Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios UBA-Conicet (procesados por la Agencia Noticias Argentinas). El informe destaca que la cobertura de subsidios llega actualmente al 54% (los hogares pagan ese porcentaje del costo total de producción de los servicios, mientras que el Estado cubre el 46% restante). A su vez, los subsidios reales acumulados al 17 de julio tuvieron un incremento del 10%.
El desglose del impacto según cada rubro:
Energía eléctrica: Registró el mayor impacto en el gasto familiar con una suba del 12,5% respecto a junio, producto del pico de consumo invernal combinado con aumentos tarifarios (3% en el cargo fijo y 5,7% en el variable para usuarios sin subsidio).
Gas: La factura se incrementó un 5,2%, impulsada por la estacionalidad invernal y alzas del 2,8% en el cargo fijo y del 3% en el variable.
Transporte: Representa el 40% del peso total de la canasta de servicios y subió un 3,7% en promedio. Las líneas de colectivo en CABA aumentaron un 4,1%, mientras que las líneas interjurisdiccionales subieron un 3,2%.
Agua: Tuvo una reducción del 4,6% en el gasto familiar en comparación con junio. Esto se debió a un descuento aplicado por el ERAS sobre el coeficiente variable para evitar subas mayores al 3% mensual, compensando el día extra de consumo del mes.
Impulsado por el consumo pico de invierno y nuevos esquemas tarifarios, el gasto en luz y gas lideró la suba de la canasta tarifaria. El transporte sigue representando el mayor peso del total, mientras que el agua fue el único servicio que registró una baja.
La central obrera acordó una estrategia conjunta con las CTA y la UTEP para salir a las calles tras el revés judicial por la reforma laboral. El cronograma incluye movilizaciones por San Cayetano, el Día de la Industria y la advertencia de un nuevo paro general.
La Confederación General del Trabajo (CGT) encendió nuevamente los motores de la protesta social y formalizó el relanzamiento de un plan de lucha extendido que se desplegará hasta el mes de noviembre. La primera acción directa tendrá lugar este miércoles 22 de julio frente al Congreso de la Nación, en una marcha convocada de forma conjunta con diversas organizaciones de jubilados para visibilizar el deterioro de los haberes previsionales.
La reactivación de las medidas de fuerza fue consensuada en una mesa de diálogo unificada entre la cúpula cegetista, las dos centrales de la CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El frente sindical busca responder en la calle al reciente revés judicial: la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por la CGT y dejó plenamente vigentes los artículos cuestionados de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Poder Ejecutivo.
El cronograma de movilizaciones confirmedo:
Miércoles 22 de julio: Concentración en el Congreso de la Nación junto a las agrupaciones de jubilados.
7 de agosto (San Cayetano): Movilización masiva junto a la UTEP en coincidencia con la convocatoria a la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Tercera semana de agosto: Protesta y marcha hacia las puertas del Ministerio de Economía para denunciar el sobreendeudamiento de los hogares y el estrangulamiento financiero de las pymes.
2 de septiembre (Día de la Industria): Jornada nacional de visibilización sobre la caída de la actividad productiva y la pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial.
4 al 6 de septiembre: Participación activa de las centrales obreras en la Semana Social organizada por la Iglesia Católica en la provincia de Córdoba.
La amenaza latente de un nuevo Paro General
El horizonte del conflicto laboral amenaza con profundizarse a medida que avance el calendario. Desde la CTA Autónoma remarcaron que, de no mediar una mesa de diálogo real o un cambio en el rumbo de la política económica oficial, las centrales impulsarán una gran movilización nacional acompañada de una huelga general.
Esta escalada sindical se perfila como el desafío político más complejo para la Casa Rosada de cara a la segunda mitad del año. Con el respaldo de la Iglesia en la agenda social y una multisectorial consolidada, los gremios apuestan a desgastar el programa del Gobierno mediante una presencia constante en el espacio público.
El plantel de la Scaloneta pidió repetir el ritual del Mundial de Qatar para el próximo partido clave. Sin embargo, el veto ideológico de la Casa Rosada traba la negociación y desata un inesperado conflicto entre el vestuario y el Presidente.
Un inesperado frente de tormenta combina la mística futbolera con la grieta política más profunda. En las últimas horas trascendió que el plantel de la Selección Argentina de fútbol le solicitó formalmente a la dirigencia de la AFA la convocatoria de Lali Espósito para interpretar el Himno Nacional Argentino en la antesala del próximo cruce trascendental del equipo. El pedido, fundamentado estrictamente en una cuestión de “cábala” tras la recordada final en el Mundial de Qatar, chocó de frente con una feroz resistencia por parte del presidente Javier Milei.
El cortocircuito expone la persistencia del fuerte enfrentamiento público e ideológico que el mandatario mantiene con la artista pop, a quien llegó a apodar despectivamente en reiteradas oportunidades. Mientras que los referentes del vestuario albiceleste priorizan los rituales que consideran protectores y exitosos para el grupo, desde las oficinas de Balcarce 50 bajaron una orden taxativa de no validar ni financiar ninguna centralidad institucional para la cantante en eventos que involucren al Estado o a las marcas oficiales.
Las claves del conflicto entre la Scaloneta y la Casa Rosada:
El peso de la cábala mundialista: Los jugadores de la Selección son conocidos por respetar a rajatabla sus costumbres y rituales de la suerte. La interpretación de Lali en Qatar es vista por el grupo como un amuleto histórico que quieren repetir en territorio nacional para revalidar la comunión con el público.
El veto ideológico del Ejecutivo: Desde el entorno presidencial dejaron en claro que la figura de la artista sigue estando “bloqueada” para cualquier tipo de acto oficial, lo que genera una fuerte tensión administrativa con las autoridades de la AFA, atrapadas en el medio del tironeo entre los futbolistas y el poder político.
Incertidumbre en la organización: La negativa oficial obliga a los armadores del evento a dilatar la confirmación del show previo, buscando alternativas que conformen al plantel sin desatar la furia de las redes libertarias y de la propia jefatura de Estado.
El fútbol vs. la rosca de Gobierno
La disputa vuelve a poner sobre la mesa los límites del control oficial sobre los íconos populares. Para la mesa chica de Javier Milei, ceder ante el pedido de los campeones del mundo significaría una “derrota cultural” en su cruzada contra los artistas que cuestionaron públicamente el rumbo socioeconómico del país.
Por el lado de la Scaloneta, el fastidio empieza a hacerse notar: los futbolistas consideran que el vestuario y sus cábalas están por encima de cualquier interna partidaria y que la Casa Rosada no debería intervenir en las decisiones que hacen a la mística y el folclore del equipo nacional.
