En medio de crecientes internas de poder dentro del gabinete libertario, el funcionario presentó su dimisión tras una breve licencia, dejando acéfalo a uno de los organismos de control clave del Estado.

La sangría de funcionarios en el Poder Ejecutivo no se detiene y suma un nuevo capítulo con la renuncia intempestiva de José Andrés Velis a la titularidad de la Dirección General de Aduanas (DGA). El histórico funcionario de carrera, que había vuelto de la jubilación convocado por la propia Casa Rosada para reestructurar el área, dio un paso al costado tras tomarse un periodo de licencia y activar nuevas alarmas sobre la estabilidad del gabinete.

Las primeras versiones en los pasillos oficiales ubican la imprevista salida de Velis como un daño colateral directo de la feroz disputa de poder interna que atraviesa a las segundas y terceras líneas de la administración central. Su dimisión representa, además, un golpe de impacto para el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo, en un área sensible dedicada a la fiscalización y la recaudación técnica del país.

Aunque desde el entorno del exfuncionario adujeron motivos estrictamente personales y familiares, la salida se concretó sin que el Gobierno cuente todavía con un reemplazante designado formalmente para ocupar la conducción de la DGA. La falta de previsión para la sucesión expone las grietas operativas que padece el oficialismo en la gestión cotidiana de las dependencias públicas.

El alejamiento de Velis profundiza la sensación de desbande e inestabilidad que acecha al equipo de gobierno en las últimas semanas. Frente al avance del descontento y las discrepancias de criterio sobre el rumbo institucional, la conducción del organismo aduanero queda paralizada en un momento crítico para las cuentas y la transparencia estatal.

Las declaraciones ante el tribunal de Héctor Zavaleta y Luis Betnaza sobre presuntos pagos ilegales exhibieron serias inconsistencias con testimonios anteriores y entre sí, dejando al descubierto fisuras en la hipótesis principal del proceso judicial.

Las audiencias del juicio oral por la causa denominada “Cuadernos” registraron una jornada de alto impacto tras las declaraciones de dos altísimos exejecutivos del Grupo Techint, Héctor Zavaleta y Luis Betnaza. Durante su comparecencia, ambos testigos incurrieron en notorias contradicciones respecto a la modalidad y los montos de entregas de dinero en efectivo que habrían realizado en 2008, debilitando la solidez del relato acusatorio impulsado desde el inicio del expediente.

El careo indirecto y la confrontación de los testimonios revelaron discrepancias sustanciales sobre los hechos investigados. Mientras en etapas previas los exdirectivos sostuvieron la versión de un presunto “pago humanitario” motivado por el proceso de estatización de la siderúrgica Sidor en Venezuela, los testimonios rendidos ante el tribunal se mostraron erráticos y discordantes con las afirmaciones presentadas por otros ejecutivos de la misma firma en jornadas previas.

La estrategia de las defensas técnicas logró que los jueces permitieran confrontar en tiempo real las versiones del dúo directivo con las pruebas documentales y los dichos de otros testigos del grupo empresarial. Esta dinámica expuso no solo diferencias en los montos en pesos equivalentes a dólares mencionados, sino también fisuras profundas sobre las circunstancias de lugar, modo y los verdaderos interlocutores de los supuestos acuerdos.

El desarrollo de la audiencia dejó al descubierto que las acusaciones formuladas en la etapa de instrucción carecen de la cohesión necesaria para sostener la versión oficial de los hechos. Con el avance del debate oral, el proceso judicial exhibe grietas cada vez más evidentes en los testimonios clave que sustentaron el expediente desde su origen.

Un especialista que analizó el historial y las pericias del Presidente advierte una grave desconexión de la realidad y exige evaluar su inhabilidad por la vía constitucional.

El estado de salud mental de Javier Milei ha pasado a ser un debate central respecto a su capacidad para gobernar. Durante una entrevista brindada a Crónica, el psiquiatra José Abásolo, profesional con 50 años de experiencia, expuso su diagnóstico presuntivo: “Estamos siendo gobernados por un individuo que ha perdido el contacto vital con la realidad”. El médico sostuvo que las descalificaciones habituales del mandatario responden a “una defectuosa estructuración de la conciencia moral, porque la conciencia moral es un juicio crítico de la razón mediante el cual se reconoce la cualidad ética de un acto y él no se da cuenta de eso”.

En su exposición, el especialista repasó los antecedentes del Presidente y recordó que logró verificar la pericia ordenada en 2018 por un juez de Salta tras agresiones a una periodista, habiendo hablado directamente con el psicólogo que intervino en Rosario de la Frontera. Abásolo remarcó que, lejos de ser un hecho aislado, se trata de “una sumatoria de hechos de conductas desadaptativas, de estímulo atentatorio a la dignidad de las personas”, agregando que “uno podría observarlo como una mala educación, pero en realidad también puede ser un síntoma de un trastorno de personalidad grave”.

Al detallar el cuadro psicopatológico, el profesional identificó un conjunto de síntomas alarmantes: “Aparecen elementos pseudodelirantes mesiánicos, la megalomanía, lo autorreferencial, la sobrevaloración, el orgullo, la desconfianza y la falta de comprensión empática”. Asimismo, afirmó categóricamente que Milei “desde que subió a este escenario no bajó más; vive su propia ficción permanentemente”, advirtiendo que, como ocurre con muchos enfermos mentales, es una persona vulnerable que puede ser aprovechada por sectores inescrupulosos. Por su parte, la conducción del programa solidarizó al canal con los periodistas agredidos por el mandatario y repudió la falta de respeto a la investidura presidencial.

El análisis contó también con la participación del dirigente sindical Rodolfo Aguiar, quien coincidió con el diagnóstico y manifestó: “La desconexión del Presidente con la realidad en este momento es absoluta, es completa. Tenemos un presidente que vive su propia ficción, una ficción en la que los argentinos no jugamos ningún rol”. En el intercambio, se planteó además que el jefe de Estado actúa como una “marioneta” y un “títere”, mientras que las decisiones centrales de la gestión son ejecutadas por el poder real en un contexto signado por la incapacidad del mandatario para entablar lazos afectivos duraderos.

Frente a la gravedad de la situación, Abásolo enfatizó que se debe recurrir a las herramientas institucionales: “El juicio político para mí tiene que existir y también la inhabilitación”. Recordó que el sistema constitucional establece la sucesión en el artículo 88 por razones de incapacidad física o mental, planteando que el Congreso debe ordenar un psicodiagnóstico exhaustivo a cargo del Cuerpo de Peritos Forenses para determinar la invalidez de sus actos jurídicos.

Finalmente, el psiquiatra concluyó con una tajante advertencia sobre el futuro institucional del país: “Creo que el pronóstico no es bueno. Dice cualquier cosa y no mide las consecuencias, tampoco es consciente de su padecimiento”. Los especialistas remarcaron que el examen médico no es una opinión política sino una medida de urgencia y sentido común, afirmando que “el destino del Presidente no debe ser la cárcel, sino un tratamiento psiquiátrico”, dado que su permanencia en el cargo resulta peligrosa tanto para la Nación como para su propia salud.

En medio de un marcado deterioro en los índices de confianza de su gestión y el avance de definiciones legislativas clave, el Presidente reapareció en la sede de Gobierno para bajar línea ante diputados y senadores oficialistas.

Luego de permanecer recluido durante casi un mes en la Quinta Presidencial de Olivos, Javier Milei retomó las actividades presenciales en la Casa Rosada. La reaparición gubernamental se produce en un contexto político adverso, marcado por crecientes tensiones legislativas, internas crecientes en el espacio oficialista y indicadores de opinión pública que señalan caídas significativas en la aprobación de la gestión libertaria.

El retorno del mandatario al despacho presidencial responde a la urgencia del Poder Ejecutivo por ordenar a su propia tropa en el Congreso. Para ello, Milei convocó a una reunión de urgencia con los bloques de diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza, buscando alinear posiciones y fijar las prioridades en la agenda parlamentaria ante proyectos decisivos para la sostenibilidad de su programa de gobierno.

El aislamiento prolongado en la residencia oficial había encendido alarmas dentro y fuera del propio espacio libertario, abonando lecturas sobre el desgaste político del Ejecutivo y la dificultad de la mesa chica presidencial para conducir la coyuntura. La falta de presencia del Presidente en la sede de Gobierno coincidió con el avance de reclamos sociales, cuestionamientos a figuras clave del Gabinete y un escenario económico signado por el descontento social.

Con esta reaparición, la gestión oficialista intenta recuperar la iniciativa política e imprimir volumen institucional a una semana que se prevé compleja en las cámaras. Resta constatar si la reunión con los legisladores propios logrará abroquelar la bancada oficialista frente a una oposición que busca imponer límites a los decretos y proyectos impulsados desde Balcarce 50.

El consultor político y exasesor de Javier Milei fue aprehendido en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra cuando intentaba salir del país. Las autoridades locales indagan su presunta relación con el atentado a balazos que sufrió la activista Nadia Beller.

El estratega digital cofundador de ‘La Derecha Diario‘ y exasesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo, fue detenido por la Policía Boliviana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La aprehensión se ejecutó en el aeropuerto internacional de Viru Viru en momentos en que el consultor se disponía a abordar un vuelo hacia la Argentina, tras quedar bajo la lupa judicial por un atentado armado ocurrido pocas horas antes.

La investigación penal se inició tras el ataque sufirido por la abogada y activista política boliviana Nadia Beller, quien recibió varios impactos de bala durante una agresión armada en Santa Cruz. La víctima permanece internada con pronóstico reservado, mientras los investigadores reconstruyen el móvil del hecho y analizan la relación previa entre Beller y Cerimedo.

Las fuerzas de seguridad e inteligencia locales ordenaron la detención preventiva del operador político argentino para tomarle declaración e investigar si tuvo participación intelectual o material en el intento de homicidio. Las hipótesis policiales giran en torno a posibles desavenencias personales y vínculos operativos en el marco del armado político en la región.

El arresto de Cerimedo genera fuerte impacto tanto en la política boliviana como en la Argentina, dado el rol clave que el consultor desempeñó en las campañas de comunicación y batallas digitales del oficialismo libertario. Las autoridades de ambos países siguen de cerca las actuaciones judiciales mientras se define la situación procesal del detenido en territorio boliviano.

A través de una resolución del Ministerio de Defensa, el Poder Ejecutivo restringió el acceso a la información pública sobre contrataciones, equipamiento y maniobras militares, encendiendo alarmas sobre la transparencia y el control ciudadano de los fondos públicos.

El Ministerio de Defensa formalizó una medida que amplía significativamente el alcance del secreto militar sobre las operaciones y las contrataciones de equipamiento de las Fuerzas Armadas. Mediante esta disposición, el Gobierno restringió la visibilidad pública de compras, ventas y maniobras operativas, encasillando diversos procedimientos administrativos bajo la figura de reserva de seguridad nacional para evitar la divulgação de datos y montos contractuales.

La resolución impone un velo de confidencialidad sobre los procesos de adquisición y modernización de material bélico, así como sobre los convenios con proveedores de defensa. Con este esquema de opacidad, las licitaciones y adjudicaciones quedan eximidas de los mecanismos habituales de rendición de cuentas, limitando de manera severa el acceso a la información tanto para la ciudadanía como para los organismos de control del Estado.

Esta decisión genera profunda preocupación por la falta de transparencia en la gestión de los recursos públicos y por el margen de discrecionalidad que otorga al Poder Ejecutivo en el manejo del presupuesto del área. El desmantelamiento de los canales de acceso a la información pública contraviene normativas históricas que garantizan el control democrático sobre el gasto estatal y las contrataciones del sector público.

La medida se suma a una serie de disposiciones de la gestión libertaria orientadas a restringir el control ciudadano y la fiscalización institucional sobre áreas sensibles de la administración central. Al blindar las decisiones presupuestarias y operativas de las Fuerzas Armadas, el Gobierno consolida un modelo de gestión caracterizado por el secretismo en la asignación de fondos y el debilitamiento de las herramientas de acceso a la información.

La gestión de Javier Milei, en alianza con el PRO y el think tank internacional Political Network for Values, busca desmantelar los avances en igualdad de género, la ESI y el aborto legal, a pesar de que las encuestas confirman un amplio consenso social en favor de estos derechos.

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su agenda ideológica ultraconservadora al oficializar la adhesión de Argentina a la Declaración del Consenso de Ginebra, una plataforma internacional impulsada originalmente por Donald Trump con el objetivo de presionar en organismos multilaterales contra el derecho al aborto. La medida, suscrita por el canciller Pablo Quirno y el embajador Peter Lamelas, fue mantenida en reserva por el Ejecutivo durante tres días y solo se dio a conocer luego de que la información trascendiera en la prensa de Estados Unidos.

Esta decisión se enmarca en una estrategia de articulación territorial y política junto a sectores de La Libertad Avanza, el PRO y plataformas transnacionales como la Political Network for Values (PNFV). En un reciente encuentro realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, funcionarios nacionales y porteños se reunieron con referentes globales de la extrema derecha para promover la denominada “familia tradicional” y coordinar acciones orientadas a la eliminación de políticas públicas vinculadas a la Educación Sexual Integral (ESI) y los derechos de la comunidad LGBTI+.

Durante la jornada organizativa en la capital, legisladores y dirigentes alineados con el oficialismo expresaron abiertamente su intención de impulsar reformas legislativas para hacer retroceder las conquistas sociales alcanzadas en las últimas dos décadas. Entre las proyecciones planteadas por los sectores convocantes se encuentra la intención explícita de revisar y buscar la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), intentando disputar los consensos culturales en la opinión pública.

Sin embargo, las narrativas del oficialismo chocan de manera directa con las posturas mayoritarias de la sociedad argentina. Diversos estudios de opinión pública, como los desarrollados por el observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), revelan que 7 de cada 10 argentinos respaldan el matrimonio igualitario y que más del 80% apoya el acceso a anticonceptivos y el financiamiento estatal para la prevención de la violencia de género.

A pesar de la ofensiva institucional del Ejecutivo para instalar su agenda en organismos internacionales, los indicadores sociales demuestran que los consensos en torno a la igualdad, la justicia social y los derechos sexuales y reproductivos se mantienen firmes en la ciudadanía, configurando un freno democrático ante los intentos de regresión normativa.

El gobierno libertario apela a artilugios legales para congelar los fondos de las casas de estudio, violando la división de poderes y provocando un grave deterioro en la educación pública y la investigación científica.

El gobierno de Javier Milei mantiene una postura de abierta confrontación contra la educación pública argentina al sostener una asfixia presupuestaria que roza la inconstitucionalidad. Un informe de Página12 reveló que a 300 días de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) —ratificada por el Congreso tras rechazar el veto presidencial—, el Poder Ejecutivo insiste en desconocer un mandato legislativo obligatorio y desoír las órdenes de la Justicia Federal, vulnerando los principios fundamentales de la división de poderes y el Estado de Derecho.

Desde la perspectiva legal y constitucional, una ley sancionada y ratificada por el Poder Legislativo no constituye una sugerencia ni una carta de intenciones, sino una obligación estatal ineludible. La estrategia del oficialismo de dilatar la asignación de recursos mediante artilugios jurídicos y actas paritarias insuficientes representa un grave atropello a la institucionalidad republicana, donde el Ejecutivo pretende colocarse por encima de las decisiones de los otros poderes del Estado.

Esta política de recorte sistemático, calificada por referentes académicos como un proceso de “cientificidio”, no responde a un mero ajuste contable, sino a un plan deliberado de desmantelamiento de la producción de conocimiento soberano. El congelamiento salarial ha provocado que docentes e investigadores perciban ingresos por debajo de la línea de pobreza, desencadenando la renuncia masiva de más de diez mil profesionales e investigadores de las universidades nacionales desde el inicio de la gestión libertaria.

La crisis trasciende el ámbito de las aulas y golpea directamente a los servicios esenciales que prestan las casas de estudio a la sociedad. La red de hospitales escuela y facultades de Ciencias Médicas, que atiende a más de 1,5 millones de pacientes en todo el país y realiza intervenciones de alta complejidad, opera bajo un desfinanciamiento crítico que pone en peligro la atención sanitaria y la formación de los futuros profesionales de la salud.

Frente al avance del desguace estatal y las descalificaciones del Presidente hacia la comunidad académica, los gremios y la Federación Universitaria Argentina impulsan un plan de lucha nacional con paros y movilizaciones. La defensa de la universidad pública se consolida así no solo como un reclamo presupuestario, sino como una batalla fundamental para garantizar el derecho a la educación, la investigación científica y el desarrollo soberano de la Argentina.

En un durísimo revés judicial, el fiscal Pollicita intimó formalmente al ex funcionario a presentar documentación sobre las compras en dólares, contrataciones e inconsistencias que destapó la causa por enriquecimiento ilícito. Se le termina el tiempo para explicar de dónde salió la plata.

Las investigaciones judiciales avanzaron, el escándalo estalló y ahora es la propia Justicia la que le puso fecha límite. En un dictamen contundente, el fiscal Gerardo Pollicita intimó al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y le dio un plazo perentorio de 15 días para que presente las pruebas que justifiquen el “agujero negro” detectado en sus compras, erogaciones y movimientos patrimoniales que no cierran por ningún lado.

La medida judicial se produce luego de que la pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito sacara a la luz una serie de irregularidades escandalosas. Con el secreto fiscal y bancario ya levantado, los peritajes dejaron expuestos pagos de reformas en efectivo con dólares billete, operaciones en criptomonedas y adquisiciones de bienes que resultan incompatibles con sus ingresos declarados, derribando el discurso de austeridad oficial.

Las claves del ultimátum del fiscal Pollicita:

• Plazo perentorio de 15 días: La Justicia le exigió que entregue los comprobantes, facturas y respaldos documentales que expliquen el origen de los fondos utilizados en sus compras y gastos bajo la lupa.
• El escándalo de las compras en efectivo: La intimación apunta a los desembolsos no bancarizados en moneda extranjera y a las erogaciones patrimoniales que las pericias judiciales ya marcaron como no justificadas.
• Al borde de la citación a indagatoria: Si al vencer los 15 días el ex funcionario no logra acreditar la procedencia del dinero, la fiscalía quedará en condiciones de solicitar su citación a declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito.

Acorralado por los tribunales

A diferencia de los cruces políticos o las denuncias mediáticas, el avance de la fiscalía marca que la etapa de recolección de pruebas concluyó con resultados comprometedores. Ahora la carga de la prueba recae directamente sobre el ex funcionario, que deberá responder punto por punto ante el juzgado.

En la Casa Rosada la preocupación es máxima. Con el reloj corriendo y un plazo judicial estricto de dos semanas, el caso Adorni dejó de ser un dolor de cabeza comunicacional para convertirse en un expediente penal al borde de la imputación formal.

La histórica marca de electrodomésticos bajó la persiana de sus plantas productivas en el país ante el desplome de las ventas, la recesión y la apertura de importaciones. La medida deja decenas de trabajadores en la calle y consolida el desmantelamiento del sector industrial.

El impacto de la crisis económica cobró una nueva y emblemática víctima en el sector manufacturero. La firma Peabody confirmó el cierre definitivo de su producción en la Argentina, una decisión drástica que implica el despido de la totalidad de sus operarios y empleados de planta. La emblemática marca de pequeños electrodomésticos justificó el cese de sus actividades fabriles por la imposibilidad de sostener los costos operativos frente al colapso de la demanda interna.

El cierre de las líneas de ensamblaje en el país refleja la brutal caída de ventas que atraviesa el rubro de los artículos para el hogar, golpeado por la pérdida del poder adquisitivo de las familias y el congelamiento del crédito. A este panorama recesivo se le suma la política de apertura comercial impulsada por el Gobierno nacional, que facilitó el ingreso de productos terminados del exterior en condiciones de costo contra las que la industria local no puede competir.

Las claves del cierre de Peabody y la crisis del sector:

• Despidos y persianas bajas: La compañía notificó la cesantía a la totalidad de su personal de producción, abriendo instancias de negociación para el pago de las indemnizaciones en un clima de profunda angustia para las familias afectadas.
• Desplome del consumo interno: Informes de las cámaras del sector de electrodomésticos registraron caídas en las ventas superiores al 40% interanual, convirtiendo a la línea blanca y a los pequeños artefactos en bienes prescindibles para los hogares golpeados por el ajuste.
• Sustitución de producción por importación: La empresa evaluaría reconvertir su esquema de negocios para pasar de ser un fabricante nacional con valor agregado a un simple importador de productos terminados, eliminando los puestos de trabajo industriales.

El caso de Peabody no es un hecho aislado, sino la confirmación de un proceso de desindustrialización que se acelera en los principales cordones productivos del país. Las cámaras metalúrgicas y las organizaciones sindicales vienen advirtiendo que la combinación de tarifas dolarizadas, recesión y libre importación está empujando a decenas de pymes al cierre definitivo.

Con las familias de los trabajadores despedidos iniciando reclamos en las puertas de las plantas para exigir el cumplimiento de sus derechos, la salida de producción de Peabody enciende una severa luz de alarma sobre el futuro del empleo industrial en la Argentina.