Busca el voto de ultraderecha.

El ex presidente Mauricio Macri presentó su nuevo libro “Para qué” en la Rural, lo que funcionó como… ¿su lanzamiento como candidado presidencial para 2023? Promesas de ajuste brutal y gritos al estilo Milei.

Se sabe: Juntos por el Cambio se ve corrido del escenario por figuras de ultraderecha como Javier Milei, que se caracteriza por tener un discurso vehemente anti “casta”.

Macri busca competir con ese electorado: “Los progres no nos pueden correr. No nos corren nunca más, basta”, gritó Macri, ante el aplauso de los presentes.

Luego, el ex mandatario anunció cómo sería un nuevo gobierno macrista: retorno de las AFJP, privatización de Aerolíneas e YPF, final de los programas sociales, apertura de importaciones y cierre de empresas, despido masivo de empleados estatales.

Defensa de los privilegios.

El dirigente de los judiciales, Julio Piumato, convocó a un paro para que jueces y funcionarios del sector no paguen el impuesto a las ganancias como lo pagan el resto de los trabajadores en el país. La casta se defiende.

“Un juez con un buen salario no se hace millonario“, aseguró el líder sindical. “Nosotros defendemos que el salario no es ganancia. Tienen que pagar ganancias los que ganan, los que se llevan la riqueza de todos los argentinos y siempre encuentran alguna vía para no pagar esos impuestos”, aseguró.

“El problema de la Justicia no son los salarios de los jueces, un juez con buen salario no se hace millonario”, agregó de modo insólito. La mayoría de los jueces en el país gana más de 500 mil pesos. Están entre el 1% de los trabajadores que más ganan.

De acuerdo al presupuesto del año que viene, el oficialismo incluyó un artículo que propone que los trabajadores judiciales paguen el impuesto a las Ganancias. La medida es resistida por todo el poder judicial, el único que no está incluido en ese impuesto. ¿Se terminará ese privilegio alguna vez?

Casta judicial.

La vicepresidenta Cristina Kirchner recibirá este miércoles en el Senado a los directores de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), la entidad gremial y política de la justicia federal y nacional, por el pedido de audiencia que hicieron para presentar su postura a raíz del proyecto del gobierno que busca que todos los funcionarios judiciales paguen el Impuesto a las Ganancias. Los jueces quieren mantener sus privilegios.

En la reunión también estará presente la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien también recibió una nota de parte del titular de la entidad, Marcelo Gallo Tagle.

Será el miércoles al mediodía, una vez que la cámara Baja trate el proyecto del Presupuesto 2023 que comenzará a debatirse este martes. Por este conflicto, mañana habrá paro de los trabajadores judiciales en reclamo por el agregado propuesto por el diputado Marcelo Casaretto para que paguen el Impuestos a las Ganancias como toda la población. Solo un sector de los trabajadores argentinos no pagan el impuesto a las ganancias: jueces, fiscales y empleados judiciales. Los beneficios de la casta.

“Tras la petición que realizamos, fuimos convocados por la Comisión de Presupuesto para una instancia de diálogo”, señalaron los jueces, según informo el medio conservador La Nación. “Consideramos que la única manera de terminar esta discusión es desde el diálogo. Estamos dispuestos a hablar e intentar encontrar una solución”, concluyeron.

Millones para grupos ultraviolentos.

El director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, calificó a Caputo Hermanos SA como “una ficción de sociedad” y advirtió que, frente a la “poquísima documentación presentada”, parece existir “un propósito de sus fundadores de no permitir que se entere la IGJ ni los terceros de las actividades que llevaban adelante”.

El organismo de control emitirá este mediodía una resolución particular para ampliar la investigación sobre la sociedad perteneciente a la familia de Luis “Toto” Caputo, exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, y sospechada de financiar al grupo de ultraderecha Revolución Federal, reseñó Página 12. La empresa le transfirió más de 7 millones de pesos a Jonathan Morel, líder de Revolución Federal, un grupo de ultraderecha violento.

El director de la IGJ, en diálogo con Radio10, contó que la sociedad fue constituida en 2004 y, desde entonces, mantiene “un funcionamiento totalmente irregular que no se condice que las normas de la ley de sociedades”.

Nissen precisó que en el objeto social no está contemplada la administración de fondos de terceros y que los fideicomisos Santa Clara al Sur y Espacio Añelo, a través de los que se le realizaron pagos al fundador de Revolución Federal, no aparecen en los libros societarios. Es un escándalo impresionante. ¿Para qué se usó esa plata?

En ese marco, el titular de la IGJ incluyó a Caputo Hermanos S.A. con un “fenómeno que ya lo advertí como inspector general en las sociedades de (Joe) Lewis y las que tenía Mauricio Macri para explotar campos en Salta y Jujuy”. “Son sociedades en las que se cumplen las formalidades, pero en realidad no sucede”, describió Nissen y aseguró que son “una ficción de sociedad“.

Otra causa armada que se cae.

El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en una derivación de la Causa Cuadernos, que no estaba incluida en los hechos por los que fue imputada y elevada a juicio oral. Se cae otra causa judicial.

Se trata de un presunto pago ilegal “realizado en el Hotel Feir’s Park el día 29 de mayo de 2008” y de la supuesta “entrega de dinero que se habría efectuado el día 28 de abril de 2010, procedente de Pescarmona”, una de las grandes empresas investigadas en el expediente.

Ercolini dispuso sobreseer a la vicepresidenta en ese tramo de la investigación -por la que incluso el fiscal Carlos Stornelli no había pedido su elevación a juicio oral-, aclarando en la resolución “que la formación del presente sumario en nada afectó el buen nombre y honor del que hubiere gozado”. El juez también sobreseyó por hechos similares al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.

Esta semana también se confirmó que el cuaderno encontrado, la principal prueba en la causa, fue adulterado. Así lo determinó una pericia. De esa manera, se empieza a caer otra causa judicial utilizada para perseguir a dirigentes opositores al macrismo.

Declaraciones del diputado nacional y referente de La Cámpora.

El diputado y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, sorprendió con una definición sobre el 2023: “Creo que Cristina (Fernández de Kircher) no va a ser”, dijo en una entrevista en Youtube.

“Creo que no, creo que ha hecho un gran esfuerzo. Si me preguntas, un poco lo veía ayer, lo de los hijos de Sergio, que le decían que no (se postulara). El desgaste es muy grande en una presidencia y el esfuerzo que ha hecho Cristina es enorme. Ha hecho, incluso, el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente la candidata a presidenta en 2019, y seguramente había ganado”, contó en diálogo con El Destape.

Después, contó: “Hay un ataque formidable sobre su figura”. Después, volvió sobre las elecciones de 2019 y la elección de Alberto Fernández: “La llevo a tomar una decisión que (ella lo sabe y lo he dicho públicamente, aclaró) que, a mi entender, fue equivocada. Pero bueno, en términos reales se ganó, que era lo que había que hacer. Ahora, en términos políticos, por capacidad, la verdad que cuando uno mira y ve, le lleva unos cuantos cuerpos de distancia -dijo, sin mencionar al actual mandatario-. Es mujer también, también te cuesta más”, agregó Máximo Kirchner.

Después, se referió a la contienda del 2023: “Lo que vamos a hacer muchos ciudadanos y ciudadanas, es no votar a la oposición”. El peronismo va a buscar “la mejor opción”. ¿Cuál sería el candidato del peronismo? “Alberto creo que ha dicho que sí. Por lo que he leído, (el ministro de Economía Sergio) Massa, dijo que no; y creo que que Cristina (Fernández de Kirchner) tampoco va a ser, así que habrá que ver”.

Los privilegios de la casta judicial.

El diputado nacional del Frente de Todos y referente del Frente Patria Grande, Federico Fagioli, se refirió a la discusión por el presupuesto del año que viene. “Es fundamental que los jueces, que ganan fortunas, empiecen a pagar ganancias”, reclamó. Insólitamente, la casta judicial se niega a pagar impuestos como cualquier otro trabajador del país.

“El Presupuesto es claramente para cumplir las metas con el FMI, nosotros de Patria Grande tenemos algunas diferencias con lo que presentaron“, insistió el legislador nacional.

Después, Fagioli se refirió al bono social que sacó el gobierno: “No alcanza con este bono pero ayuda. Veníamos planteando hace mucho este bono. Básicamente es un bono para que la gente coma, para garantizar los platos básicos, para que la gente no se muera de hambre”, narró. Será de 45 mil pesos y se pagará en dos meses.

“No alcanza con este bono pero ayuda”Veníamos planteando hace mucho este bono. Básicamente es un bono para que la gente coma, para garantizar los platos básicos, para que la gente no se muera de hambre”

Después, se refirió a la situción en muchos barrios populares: “Se crearon 150 mil puestos de trabajos para los vecinos que viven en barrios populares. Eso es muy importante”. “Los barrios comienzan a mejorar pero falta muchísimo presupuesto todavía”, cerró Fagioli.

“Se crearon 150 mil puestos de trabajos para los vecinos que viven en barrios populares””Hay muchas medidas que se están tomando pero tenemos que seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los argentinos”

“Los barrios comienzan a mejorar pero falta muchísimo presupuesto todavía”

Operativos en Buenos Aires.

ARBA, el organismo de recaudación de provincia de Buenos Aires, realizó operativos en diferentes empresas con el fin de detectar evasión impositiva. En el caso de los hipermercados La Anónima, Coto, Toledo, Makro, Cencosud, Carrefour y Changomás, ARBA aseguró que falsearon alícuotas en sus declaraciones juradas de 2018 a 2022 para evadir más de $6.000 millones en concepto de Ingresos Brutos.

Desde la llegada de Axel Kicillof a Buenos Aires, un objetivo de la política económica provincial tiene que ver con combatir la evasión impositiva. Así las cosas, se hacen operativos en diferentes ciudades y actividades productivas. La gestión de María Eugenia Vidal había desmantelado todos los equipos de control.

“Detectamos una maniobra de evasión de los supermercados, que evadieron $1.500 millones”, expuso el titular de la Agencia, Cristian Girard, y señaló que los técnicos presumen que, si se analizan las declaraciones juradas de los supermercados de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y lo que va de 2022, “ese monto llega a $6.000 millones”.

Para que quede claro: menos evasión implica mayores recursos para el Estado y la mejora en las diferentes prestaciones sociales que se brindan, como educación, salud o seguridad. De allí, que el gobierno peronista esté obsesionado en mejorar la recaudación.

Financiamiento para el odio.

Una empresa macrista, vinculada a un exfuncionario de Cambiemos, le transfierió 7 millones de pesos a Jonathan Morel, líder de la organización ultraviolenta Revolución Federal. Morel fue detenido ayer. ¿Para qué le pagaron? La explicación oficial: contratarlo para hacer unos muebles. Sin embargo: ¿Quién contrataría por ese monto a una carpintería chica ubicada en el Gran Buenos Aires? ¿La empresa no consigue mejores proveedores?

Ahora, Nilo Medina, defensor de Morel, reconoció transferencias por más de ocho millones de pesos de Caputo Hermanos S.A., la compañía de la familia de Luis “Toto” Caputo, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri.

Y dijo algo más: admitió que Morel nunca hizo el trabajo supuestamente encomendado, sino que lo tercerizó. Es decir: una empresa de un ex funcionario macrista contrató al líder de un grupo de ultraderecha para hacer un trabajo de carpintería que no podía hacer. ¿Es así? No cierra por ningún lado.

Atentado a Cristina.

El líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, fue detenido este jueves en el marco de una causa por amenazas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al presidente Alberto Fernández y al diputado Máximo Kirchner.

La justicia dispuso hoy las detenciones de tres integrantes del espacio Revolución Federal. Además de Morel, que fue apresado en la ciudad entrerriana de Paraná, también fueron detenidos otros dos integrantes del espacio, Gastón Guerra y Leonardo Sosa.

Un dato muy importante es que Morel recibió 7 millones de pesos de una empresa vinculada a Nicolás y Luis Caputo, dos empresarios muy ligados a Mauricio Macri. ¿Para qué le pagaron esa suma? ¿La Justicia le preguntará?

Las detenciones se ordenaron en el marco de la causa en la que investiga el juez Marcelo Martínez de Giorgi con el fiscal Gerardo Pollicita, en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por esa agrupación, informaron hoy fuentes judiciales.

Por ahora, esa causa no se vincula judicialmente con el fallido atentado contra la vicepresidenta de la Nación, aunque haya relaciones evidente.