Violencia opositora.

La justicia no puede ubicar a Caputo Hermanos y a los dos fideicomisos que le mandaron 12 millones de pesos al neonazi Jonathan Morel, el líder del violento grupo Revolución Federal. A los investigadores los mandaron de una dirección a otra, les dijeron que en realidad era otra y terminaron mencionando una tercera en la que ni el encargado del lugar ni los vecinos dicen que funcionan los empresas de la familia tan vinculada a Mauricio Macri, reseñó Página 12.

Pero tampoco parece del todo creíble la fabricación de los muebles, colchones y otros elementos que se habrían mandado a cambio de los 12 millones de pesos: eran casas de familia, pequeños talleres, construcciones precarias, galpones diminutos sin cartel identificatorio y apenas tres locales en los que efectivamente se fabrica o, más bien, se venden cortinas, lámparas o colchones. ¿Una empresa gigante contrató a un pequeño taller de barrio y le adelantó 12 millones de pesos?

La pesquisa que hizo la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a pedido del juez Marcelo Martínez de Giorgi refuerza la idea de que la operación de provisión a los fideicomisos de los Caputo es sospechosa y el objetivo fue hacerle llegar semejante suma de dinero a Morel y Revolución Federal.

Pero la causa sigue arrojando novedades. Ayer, el juez solicitó a su colega María Eugenia Capuchetti que le remita copias de algunos elementos de la causa del atentado contra CFK con el objeto de establecer posibles vínculos entre la copito Brenda Uliarte y la organización de Morel. Es un pedido en el que insiste la querella de la Vicepresidenta que exige la unificación de las dos causas. Hasta ahora Capuchetti no quiso hacerlo, pero el pedido de Martínez de Giorgi finalmente lo hace de hecho. Otro de los tantos motivos que instan a pensar que Capuchetti no quiere investigar a sectores macristas, sea la familia Caputo o el diputado nacional Gerardo Milman, que un testigo asegura que le escuchó hablar del atentado dos días antes de ocurrir.

Un testigo clave escuchó a Milman hablar del atentado dos días antes.

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que instruyó a sus abogados para que recusen a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva la causa por el intento de asesinato en su contra. Le reprocha no haber indagado en los vínculos políticos del atacante y puntualmente en la figura del diputado del PRO Gerardo Milman.

A través de su cuenta de Twitter, CFK acompañó el anuncio de la recusación con un video que recuerda que un testigo clave dijo ante Capuchetti que Milman ya sabía del intento de magnicidio dos dias antes de que ocurriera. A pesar de eso, el diputado no fue hasta el momento citado a declarar. Milman fue el número 2 de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad durante la gestión macrista. Ahora es diputado nacional del PRO.

Según el testigo, escuchó a Milman decir “cuando la maten a Cristina voy a estar de viaje”. Se confirmó que ambos estuvieron en el mismo bar, mesa contiguas, como aseguró el testigo. Además, mencionó a dos mujeres. Las dos estaban ahí. Primero dijeron que nunca fueron al lugar y luego lo confirmaron cuando le mostraron las cámaras de seguridad. Una de las mujeres, fue empleada de Milman en el ministerio de Seguridad junto a Bullrich.

La desidia de Larreta.

La Defensoría del Pueblo porteña registró este año casi una decena de denuncias por presencia de roedores en diferentes escuelas porteñas, y exigió al Gobierno porteño que “avancen de forma urgente con las tareas de desratización, desinsectación e higiene de la vía pública en los alrededores de los establecimientos escolares“, informó este miércoles ese organismo.

Tras las denuncias realizadas por familias y un abrazo simbólico, el jueves y viernes pasados, a causa de un aumento de ratas en la escuela Dellepiane, número 1, distrito escolar 17, del barrio porteño de Villa del Parque, la Defensoría del Pueblo labró actuaciones relacionadas por esta situación en once instituciones escolares de la Ciudad de Buenos Aires, informaron diferentes medios.

“Se abrieron actuaciones por cada caso y se le exigió al Gobierno porteño (a la Subsecretaría de Higiene Urbana y a la Subsecretaría Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos) que avancen de forma urgente con la desratización, desinsectación e higiene de la vía pública en los alrededores del establecimiento escolar”, informó este miércoles esa dependencia porteña, respecto a las denuncias por presencia de ratas en al menos 12 escuelas porteñas de diferentes barrios.

En tanto, el gremio Ademys realizó un abrazo al la Escuela Comercial 4, en el barrio de San Telmo, con las consignas “Basta de ratas y techos caídos” y “Desratización y solución YA a los problemas de infraestructura”.

Dentro del listado de instituciones escolares públicas, en las que se labraron actas y el Gobierno porteño “actuó al respecto, pero se volvió a reiterar el pedido estos días”, figura la escuela Primaria Nº 1 “Antonio Dellepiane”, ubicada en Baigorria 3169; el colegio Del Centenario, escuela Nº 7, distrito escolar 2, ubicada en Río de Janeiro 986, en Caballito; y la escuela Nº 5, distrito escolar 2, en Sarmiento 2832, de Balvanera.

¿Eh?

La diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer reconoció que quiere sumarse a Juntos por el Cambio pero nadie la atiende. “Yo toco el timbre todo el tiempo para que nos sumen pero nadie nos atiende”, reconoció.

La dirigente se mostró casi de regalo: “Fuimos a un acuerdo en provincia de Buenos Aires. Pero a nivel nacional nadie nos atiende, no nos responden al llamado. Hacen desayuno pero nada”, aseguró. Y cerró: “Estan buscando sumar a los que no quieren sumarse, y los que pedimos sumarnos, no nos escuchan”. ¿Será porque no tienen votos?

Problemas para Massa.

La estrategia del ministro de Economía, Sergio Massa, vuelve a enfrentar el problema de siempre: la falta de dólares. Mientras el Gobierno se obsesiona con reforzar las reservas, noviembre viene muy complicado. Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó la jornada con ventas por US$ 145 millones para atender la demanda en el mercado y el rojo parcial del mes ya superó el total de octubre. El llamado “festival de importaciones” todavía hace mella sobre las divisas que descansan en las arcas estatales.

En apenas seis días hábiles de noviembre, la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce acumula ventas por US$ 535 millones, una cifra que ya es más alta que el total del mes pasado. En octubre, el ente rector de la economía se había desprendido de US$ 496 millones.

La dinámica negativa parece consolidarse luego de que el Estado haya recaudado alrededor de U$S 5.000 millones a través del esquema de un dólar diferencial para los productores de soja. Desde la finalización de ese sistema, las reservas no volvieron a engrosarse y la preocupación del ministro de Economía aumenta a medida que crecen las dificultades para captar divisas.

Según estadísticas oficiales del Central, las reservas están en 39 mil millones de dólares, un número bajo si se consideran las necesidades del país. Luces amarillas para el plan oficial de crecer y contener la inflación.

Casta judicial.

El exdiputado del Frente de Todos (FdT) Héctor Recalde afirmó este martes que el fallo de la Corte Suprema que revoca el decreto parlamentario que dividió el bloque oficialista de senadores para designar un representante ante el Consejo de la Magistratura plantea un “conflicto de poderes” y advirtió que podría haber “juicio político” a los magistrados del alto tribunal.

En diálogo con Radio Nacional, Recalde indicó que “es una facultad del Senado nombrar a sus representantes”, y expresó que “con la resolución de la Corte se puede construir un manual de violaciones normativas”.

El abogado laboralista y actual consejero de la Magistratura aseguró que la Corte Suprema tiene el poder de tomar decisiones de “última instancia” en torno a “temas del Poder Judicial”, pero “acá se trata de una relación interpoderes: el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo”.

En esa línea, marcó que “es una facultad del Senado nombrar a sus propios representantes” y advirtió: “Tengo información de que le van a plantear juicio político a la Corte por esto. No tienen facultades para designar a Luis Juez de esta manera”.

El conflicto se originó cuando la Corte Suprema de Justicia revocó el decreto parlamentario que designó al senador del Frente de Todos Martín Doñate como representante por la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura y consideró que esa banca corresponde al representante del PRO Luis Juez. Casta judicial al palo.

“Son Larreta, Bullrich y Vidal”, aseguraron.

El expresidente Mauricio Macri encabezó la reunión del PRO destinada a bajar la grieta interna. El primer acuerdo de una de las patas de la alianza de Juntos por el Cambio fue el de ratificar a los presidenciables de ese espacio, para competir en las PASO. Sorprendió la exclusión de Macri.

“Los candidatos a presidente son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal”, aseguró el presidente de la bancada en Diputados, Cristian Ritondo, a la salida del cónclave.

“Macri nunca dijo que quería ser candidato”, agregó Ritondo, quien se erigió como vocero del encuentro de la mesa chica del PRO y habló ante la prensa. “Establecimos un mecanismo dentro del PRO para que se eviten tensiones innecesarias”, aclaró.

Igualmente, todavía falta mucho para las elecciones por lo que el escenario puede cambiar. ¿Qué hará Macri? El ex mandatario quedó golpeado después de 2019, ya que fue el primer presidente argentino en presentarse para su reelección y perder.

Picante.

El secretario general del triunvirato de la CGT, Pablo Moyano respondió a la advertencia de Patricia Bullrich en redes sociales: “Ella nos viene choreando hace 50 años, vive del Estado con el sueldo que le pagamos nosotros, son impresentables”.

Además, aseguró que el macrismo “te dice que van a privatizar las empesas del Estado y traen reformas laborales, ¿Quién aprieta a quién?”, aseguró.

La declaración de Moyano surgió luego de que Bullrich afirmara ayer en su cuenta de Twitter que con ella “los aprietes no van” y que “en su gobierno, si violás la ley vas preso” en respuesta a la declaración previa del dirigente de la CGT que había expresado que ante una posible vuelta del macrismo “si llegan a tocarle un derecho a los laburantes vamos a ser los primeros en la calle”.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la justicia adicta a la gestión amarilla intentó meter preso a Moyano en una causa armada que quedó en la nada. ¿Volverán a intentarlo si vuelven al poder? Durante los 4 años de gestión del PRO, decenas de dirigentes opositores fueron a la cárcel en causas operadas y sin ninguna prueba.

Massa apuesta a congelar 3000 productos por 4 meses.

El Gobierno avanza en su plan para fijar precios de productos de consumo masivo por cuatro meses para desacelerar la inercia inflacionaria. Según trascendió, ya sellaron acuerdos por unos 1.200 productos claves en la canasta básica. 

Según las gestiones que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, se negocian para que se sumen otros 1.500 productos. Iría de diciembre a marzo. El ministro busca un acuerdo que sea sostenible y se respete, algo que no suele pasar en programas de este tipo.

La inflación es por lejos el principal problema de la economía argentina, y no parece estar cerca de resolverse. El país sigue con porcentajes del 6/7% mensuales. Massa le prometió a sindicalistas que desde enero empezará a bajar. ¿Sera?

Según un análisis de la consultora Sarandí basado en datos del INDEC, los salarios informales están 15,6% por debajo de diciembre del 2019, los del sector público un 5,3% y los privados registrados solo recuperaron un 0,6% de la caída de 20% que representó el período 2016-2019. La posibilidad de revertir estos indicadores, al menos levemente, muy probablemente marque parte de la suerte de la coalición gobernante en las próximas elecciones. Para el gobierno, no existe ninguna posibilidad electoral si no baja un poco la inflación, al menos, como prometió en el presupuesto.

Encuentro entre la ministra de Trabajo y Pablo Moyano.

La ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, y Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT y adjunto de Camioneros, se reunieron después de varios desencuentros previos. Según trascendió, Olmos le aseguró a Moyano que la semana que viene se anunciará la semana que viene. ¿A quiénes alcanzará?

Todavía no se conocen los detalles, pero abarcaría a los trabajadores de menores ingresos. ¿Cuál será el techo? Todavía no se sabe. El otro interrogante: ¿alcanzará a monotributistas y trabajadores de la economía popular?

Según las estadísticas oficiales, los trabajadores no registrados perdieron hasta 10 puntos en relación a inflación. El bono busca atenuar esa caída y es un reclamo del sindicalismo, los movimientos sociales y muchos sectores del Frente de Todos, entre ellos, Cristina Fernández de Kirchner, que volvió a exigirlo en un acto con militantes de la UOM.

La reunión entre Olmos y Moyano fue en la sede de Trabajo. De esta manera, la ministra cerró un conjunto de encuentros con todos los sectores sindicales.