El escándalo que envuelve a José Luis Espert por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado tuvo un eco inmediato en el Congreso. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados, se produjo un nuevo cruce entre el legislador de Unión por la Patria, Martín Soria, y la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde.

Soria le recordó a Villaverde una causa por tenencia de cocaína en Florida, Estados Unidos, y exhibió documentación en plena sesión, lo que encendió la polémica en un momento especialmente sensible para el espacio libertario. La escena se leyó como un capítulo más del creciente desgaste que enfrenta la fuerza de Espert, cuyo candidato principal ya está en el centro de las críticas por la revelación de giros de dinero y el uso de un avión aportados por Machado.

La disputa entre ambos legisladores no es nueva: ya en febrero habían protagonizado un cruce cuando Villaverde había acusado a la intendenta de General Roca, María Emilia Soria —hermana del exministro—, de beneficiarse políticamente con la emergencia ambiental por los incendios en la Patagonia. Esta vez, Soria devolvió la ofensiva: “Lamento que la diputada preopinante que habló de mi familia refiriéndose a un ‘clan’ no haya sido mejor asesorada por sus pares”.

Acto seguido, fue más allá y vinculó el señalamiento con el debate sobre narcotráfico: “Muchos periodistas me preguntaban por qué hablé de este tema en la última sesión, cuando también respondí a la diputada de mi provincia”, lanzó Soria, mientras varios libertarios abandonaban el recinto en señal de malestar.

El escándalo del presunto narco Fred Machado golpeó de lleno la campaña del libertario José Luis Espert, al conocerse este domingo un documento presentado en la justicia de Texas en el que se revela un giro de 200 mil dólares al economista por parte del presunto narco Fred Machado, que además le prestó su avión para que se desplace.

Por el escándalo, Milei decidió que Espert se corriera de la campaña y desapareciera. Espert pasó de decir “bala o cárcel” para hablar de la inseguridad a tener que callarse porque está directamente vinculado a un narcotraficante detenido en Viedma y con pedido de extradición de Estados Unidos. ¿Corre el “cárcel o bala” para Espert?

“Hay que esconder a José Luis”, reconoció un dirigente libertario que confirmó que el economista canceló actividades en los últimos días. Ayer, además, el candidato peronista Juan Grabois denunció en la justicia argentina a Espert por la revelación en Estados Unidos de un pago de 200 mil dólares. ¿Espert es un narcopolítica?

La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, realizada entre el 15 y el 24 de septiembre, confirma la abrupta caída del gobierno de Milei en la consideración de la ciudadanía. Dos de cada tres personas se manifiestan descontentas con la situación actual.

El relevamiento indica que el 66% de los consultados se declara insatisfecho con la marcha general de las cosas, mientras que solo un 32% manifiesta satisfacción. 

La aprobación al gobierno de Javier Milei se ubica en 39%, tres puntos menos que en la medición de julio, en tanto que la desaprobación asciende al 58%. 

La relación entre el diputado liberal José Luis Espert (es candidato ahora a renovar su banca) y el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en la Argentina con pedido de extradición de Estados Unidos por una denuncia de narcotráfico y fraude, suma un nuevo capítulo.

De acuerdo con registros contables incorporados al expediente de tribunales federales de Texas, Estados Unidos, un fideicomiso manejado por Machado y su socia, la empresaria norteamericana Debra Lynn Mercer-Erwin, habría transferido 200 mil dólares a Espert en febrero de 2020. La anotación aparece en un documento validado por un gran jurado y fiscales del distrito Este de Texas, que procesaron a ambos por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y fraude. ¿Espert y La Libertad Avanza no dirán nada?

Mercer-Erwin fue condenada en noviembre pasado a 16 años de prisión en Estados Unidos, mientras que Machado permanece bajo arresto domiciliario en Viedma, a la espera de que la Corte Suprema defina su futuro. La operatoria de la que se lo acusa no es menor: un esquema Ponzi montado sobre la supuesta compraventa de aviones, donde naves inexistentes o ficticias se revendían una y otra vez para captar adelantos o préstamos.

El detalle del fideicomiso, llamado Aircraft Guarantee Corp, incluye cientos de movimientos entre 2016 y 2020. En el renglón 920 de un excel que contabiliza egresos (“wire out”), aparece consignada la transferencia a Espert. Ese dato vuelve a poner bajo la lupa al economista, que hasta ahora evitó responder consultas sobre el tema. Tampoco Machado ni su abogado quisieron hacer declaraciones, según reseñó una investigación del periodista Sebastián Lacunza.

El impacto político es evidente. En un contexto en el que La Libertad Avanza intenta mostrarse como fuerza adalid de la “transparencia” frente a la casta, la revelación de un vínculo financiero con un empresario procesado por narcotráfico y fraude internacional resulta explosiva. Más aún porque plantea una disyuntiva incómoda para Espert: explicar el origen y la justificación de esos fondos o cargar con el costo del silencio.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionó con dureza los datos publicados por el Indec sobre pobreza e indigencia en el primer semestre de 2025. Mientras el organismo oficial informó que el índice bajó al 31,6% y el Gobierno celebró que 12 millones de personas salieron de esa condición, el gremio estatal aseguró que la realidad es “el doble” y que más del 62% de la población vive en la pobreza.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, acusó al Ejecutivo de “utilizar electoralmente al Indec y sus publicaciones”. En ese sentido, señaló que existe “una interpretación maliciosa” de los números y que se omitió deliberadamente el salto de 12 puntos de pobreza registrado tras la devaluación de diciembre de 2023. “Ese pico es responsabilidad de este Gobierno, fruto de la devaluación que aplicaron y la consecuente aceleración de la inflación”, sostuvo.

Aguiar también cuestionó la supuesta mejora del mercado laboral. “El presidente pretende confundirnos y ocultar indicadores negativos: la desocupación crece, los pocos empleos creados son precarios y la pérdida del poder adquisitivo es significativa. Esta supuesta mejoría no se traduce en una mejora general del trabajo ni de los ingresos”, advirtió.

Desde el sindicato remarcaron además que la medición oficial presenta limitaciones metodológicas: solo contempla a 31 centros urbanos (29 millones de personas) y se apoya en ingresos declarados, sin contrastar con los ingresos reales. “En la estructura de consumo que mide el Gobierno no se contempla el peso real de servicios, transporte y alquileres, que en algunos casos absorben hasta el 64% de los salarios”, precisó Aguiar.

En base a un informe elaborado por delegados de ATE en el Indec, el dirigente concluyó que la pobreza real supera el 62% de la población: “Si actualizamos el mecanismo de medición y sumamos a quienes sobreviven apenas por encima de la línea de pobreza, es evidente que el drama social continúa y se agrava día a día”.

El malestar en el campo contra Javier Milei y Luis “Toto” Caputo es total. Productores denuncian que el Gobierno montó un negocio multimillonario para las cerealeras al habilitar exportaciones por 7.000 millones de dólares sin retenciones, mientras ellos quedaron excluidos de cualquier beneficio.

Según el negocio, las grandes exportadoras agrupadas en CIARA coparon al Banco Central con órdenes de liquidación y en apenas 72 horas agotaron el cupo. El decreto oficial ya preveía que, alcanzado ese tope, volverían las retenciones, con lo cual solo quienes tenían espalda financiera pudieron aprovechar la ventana.

El resultado: once cerealeras se repartieron el negocio, con gigantes como Bunge, LDC, Cofco y Cargill a la cabeza. En el sector calculan que ese acuerdo les dejó una ganancia extraordinaria de unos 2.000 millones de dólares en apenas tres días. Ahora saldrán a comprar la producción de miles de pequeños y medianos productores pero pagarán menos porque ya volvió la retención. ¿Solo fue un negocio o habrá un 3% para alguien?

En las entidades rurales hablan de traición. Desde la Mesa de Enlace admiten que “el Gobierno buscó esto” y en Federación Agraria remarcan que “el grano ya estaba en manos de los exportadores”. En otras palabras, mientras Caputo cerraba el trato en una mesa chica, los productores quedaron al margen y, otra vez, “la vieron pasar”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, les dio un negocio fenomenal a las empresas que se dedican a la exportación de granos y carne en la Argentina. Son 7 multinacionales que se llevaron ganancias del 30% en dólares en solo 40 días a costa de los productores, que no verán ningún beneficio de la supuesta baja de retenciones.

El negocio fue el siguiente: los exportadores le dieron al Banco Central los 7 mil millones de dólares que necesitaba a cambio de declaraciones juradas con venta de granos y carnes. Ellos se llevarán el precio pleno de la retención vendida ¡declarada!

Ahora, con retenciones de nuevo, porque la medida duraba hasta llegar a los 7 mil millones de dólares, empezarán a comprar granos y carne a los productores para cumplir con las declaraciones juradas que presentaron. ¿A cuanto comprarán? Muy barato: el precio de la tonelada descontada la retención. Un negocio redondo para ellas. Para los productores, un engaño descomunal.

La economía argentina sigue dando muestras de un deterioro profundo, con un consumo masivo en franca caída que golpea de lleno a los bolsillos. Según los datos difundidos por el Indec, julio fue un mes muy negativo tanto en supermercados como en autoservicios mayoristas, con caídas que reflejan el impacto directo del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

El organismo conducido por Marco Lavagna dio a conocer las encuestas de ventas que exponen un escenario alarmante para la administración de Javier Milei, que llega a las elecciones con un mercado interno paralizado y las compras en niveles históricamente bajos.

En supermercados, las ventas apenas crecieron un 1% respecto de julio de 2024, pero retrocedieron 2,1% frente a junio de 2025. Se trata de la contracción más fuerte desde diciembre de 2023, cuando Milei asumió con un programa económico que priorizó la estabilidad fiscal por sobre la actividad.

Si bien el acumulado enero-julio todavía muestra una mejora interanual de 3,5%, las ventas se ubican por debajo de los registros de fines de 2024, lo que evidencia que la recesión derivada de la política de ajuste está asfixiando al consumo interno, motor central de la economía.

El Gobierno calculó que la puesta en marcha de la ley de emergencia en discapacidad implicaría un gasto equivalente al 0,35% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir unos $3 billones, lo que al tipo de cambio mayorista actual ($1.353) equivale a unos u$s2.200 millones.

Sin embargo, la consultora PxQ había estimado en agosto que el costo fiscal de la norma aprobada por el Congreso sería bastante menor: 0,21% del PBI en 2025. Incluso, remarcaron que hoy sería más bajo aún, porque mientras más se demore la aplicación de la ley, más se reduce el impacto presupuestario.

En paralelo, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) calculó que la eliminación temporal de las retenciones a los granos demandará recursos equivalentes al 0,23% del PBI. De todos modos, en 2025 se computará solo un 0,15% del producto (alrededor de u$s1.000 millones), ya que el impuesto a las Ganancias se liquida en el ejercicio siguiente. El impacto final sobre ese tributo sería de 0,14% del PBI.

Según el informe del IARAF, “la pérdida de recaudación sería equivalente al 46% del superávit fiscal previsto en el Presupuesto 2026 (0,3% del PBI para 2025)”. En términos comparativos, la quita de retenciones al agro (0,23% del PBI) representa dos tercios del costo que hubiera tenido poner en marcha la ley de emergencia en discapacidad (0,35% del PBI), una muestra de la selectividad del ajuste.

El impacto de la eliminación temporal de retenciones a la carne es bastante menor. En agosto, las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron u$s393,5 millones, de los cuales el 68% correspondió a novillo, categoría que paga una retención de 5% (antes era 6,75%). Esa alícuota dejó en el fisco poco más de u$s13 millones.

“Específicamente de carne, no quitará mucho al fisco, un primer cálculo preliminar da unos u$s20 millones. Pero depende de si se adelantan o no exportaciones para aprovechar la eliminación de retenciones”, explicó el economista Guido Zack, de Fundar, en diálogo con Ámbito.

Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina y actual referente del Movimiento Arraigo y del colectivo Grito de Alcorta, analizó la coyuntura económica y las últimas decisiones oficiales en torno al campo. Con un tono crítico, apuntó contra la eliminación de retenciones y advirtió sobre sus consecuencias.

“La baja de retenciones sirve a tres mil personas que tienen los quince millones de toneladas de granos y a las siete u ocho grandes exportadoras dueñas de esa soja; al resto del país no”, señaló Peretti, quien además consideró que la medida “seguramente fue pactada con CIARA”, la cámara que nuclea a la industria aceitera.

Para el dirigente agrario, la decisión no solo afecta las finanzas del Estado sino que también golpea directamente a la población: “Al pueblo lo jode porque esto tiene impacto inflacionario. Se ataca uno de los pilares de nuestra institucionalidad, como lo es financiar al Estado. Y la harina es el consumo social por excelencia en Argentina”, declaró en diálogo con FM La Patriada y AGENCIA PACO URONDO.

Peretti recordó que desde hace décadas viene planteando la necesidad de retenciones segmentadas, “una propuesta que el peronismo nunca asumió orgánicamente”. En ese sentido, destacó a dirigentes como Agustín Rossi, Juan Grabois y Wado de Pedro, a quienes definió como referentes que “entienden muy bien el tema”.

El ex federado también se detuvo en la política provincial y nacional. Cuestionó a los dirigentes cordobeses, a quienes acusó de encarnar “un provincialismo conservador de derecha” y de haber empujado a Córdoba de su tradición industrial hacia “la Córdoba sojera”. En la misma línea, advirtió que “Córdoba es el núcleo central del pensamiento de extrema derecha en el país, con la Fundación Mediterránea que primero nos puso a Domingo Cavallo y ahora nos quiere encajar a Juan Schiaretti”.

Finalmente, Peretti amplió la mirada y convocó a un acuerdo político amplio frente a los compromisos internacionales: “Yo llamaría a todos los bloques, gobernadores y candidatos de todas las provincias y firmaría el no reconocimiento de ningún pacto con el extranjero que no haya sido avalado por el Congreso ni por las autoridades populares”.