El acto que encabezó Javier Milei en el Movistar Arena volvió a generar polémica, esta vez por el alto costo del evento y las dudas sobre su financiamiento. Según estimaciones de productores de espectáculos, la puesta en escena no habría costado menos de 300 mil dólares, una cifra que despertó cuestionamientos en la Coalición Cívica, que pidió explicaciones sobre el origen de los fondos utilizados para cubrir el despliegue. ¿Qué empresario la pagó? ¿Ese empresario tiene negocios con el Estado que conduce Milei, el protagonista del show?

Tres productores de primer nivel, con experiencia en recitales y actos en estadios, coincidieron en que el evento fue de una magnitud inusual para una actividad política. “Un espectáculo así no sale menos de 300 mil dólares. Los proveedores de ahí son caros: PRG en luces, Júpiter en pantallas, Mahler en sonido. Y además hay que sumar los micros, la seguridad y toda la logística”, detalló uno de ellos.

El acto reunió a más de 11.000 personas, según estimaciones de los organizadores, y contó con una producción técnica similar a la de un concierto internacional. Desde la oposición remarcaron que, en medio de una crisis económica que golpea a amplios sectores de la población, resulta necesario transparentar los mecanismos de financiamiento utilizados para costear un evento de semejante envergadura.

Un dirigente bonaerense consultado calculó que se necesitaron al menos 300 micros para trasladar a los asistentes al estadio, que estuvo prácticamente colmado: se ocuparon unas 11.500 de las 13.500 localidades disponibles. El despliegue, tanto técnico como logístico, alimenta las sospechas sobre el uso de fondos privados o eventuales aportes empresariales que aún no fueron informados oficialmente.

Los bonos argentinos en dólares profundizaron este miércoles 8 de octubre la tendencia negativa que vienen mostrando en los últimos días, con caídas de hasta 2% en algunos tramos de la curva. El deterioro se da en un contexto de marcada incertidumbre financiera y expectativas en torno al viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Washington, donde se espera que mantenga reuniones clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos en busca de apoyo para estabilizar la situación cambiaria.

Pese a los rumores que circularon en las últimas horas sobre posibles anuncios vinculados al programa financiero o nuevas líneas de crédito, el mercado no reaccionó con optimismo. Por el contrario, los inversores se mantuvieron cautelosos ante la falta de definiciones concretas y el limitado margen de maniobra del Tesoro, que enfrenta su quinta jornada consecutiva de intervención para contener la presión sobre los dólares financieros.

Entre los títulos más golpeados se destacaron el Global 2035 y el Global 2046, con bajas de 1,7%, seguidos por el Global 2041 y el 2048, que retrocedieron 1,67% y 1,6%, respectivamente. Las ventas reflejan la creciente desconfianza de los operadores respecto de la sostenibilidad de la deuda y la capacidad del Gobierno para cumplir con sus compromisos en medio de una coyuntura de escasez de divisas y caída de reservas.

La persistente debilidad de los bonos en moneda extranjera también se traduce en un aumento del riesgo país, que se mantiene en niveles elevados y limita la posibilidad de acceso a los mercados internacionales. Con la mirada puesta en los resultados del viaje de Caputo, los analistas coinciden en que el Ejecutivo enfrenta una tarea cada vez más compleja para recomponer la confianza y evitar que la crisis financiera se profundice en las próximas semanas.

El negocio de la reimpresión de las boletas únicas de papel (BUP) volvió a poner la lupa sobre el entramado empresarial detrás de la logística electoral. Según pudo saberse, Artes Gráficas del Litoral (AGL), perteneciente al Grupo Clarín, fue la principal beneficiaria del proceso de impresión en la provincia de Buenos Aires: se quedó con el 60% del total, mientras que el 40% restante quedó en manos de Boldt, a través de una UTE con IPESA.

La contratación, que se realizó en el marco de la urgencia por reemplazar boletas dañadas o faltantes, implicó una inversión millonaria y concentró buena parte del negocio en empresas con historial de vínculos con el poder político y mediático. AGL, una de las principales imprentas del país, ya había participado en procesos electorales anteriores, al igual que Boldt, tradicional proveedora del Estado en materia de sistemas de juego y servicios gráficos.

A nivel nacional, otras tres compañías también fueron parte de la impresión de las BUP para distintos distritos: Su Papel, Kollor Press y DP Argentina, aunque con volúmenes mucho menores. En conjunto, el reparto revela una fuerte concentración del negocio electoral en pocas manos, especialmente en firmas con capacidad técnica y política para responder a los tiempos del calendario electoral.

La discusión sobre la transparencia y los costos del proceso se reavivó luego de que trascendiera la necesidad de reimprimir boletas en varias provincias por errores y deterioros. En ese contexto, la participación de una empresa del Grupo Clarín en el centro del negocio reabre el debate sobre los vínculos entre el poder económico, los medios y el sistema electoral argentino.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central correspondiente a septiembre, los analistas del sector financiero ajustaron al alza sus pronósticos sobre el tipo de cambio, luego del fuerte salto que experimentó el dólar durante ese mes. Aun así, el consenso en la city es que no habrá sobresaltos significativos en los próximos meses, con un ritmo de ajuste más moderado hacia fin de año.

De acuerdo con el informe, la mediana de las proyecciones para el tipo de cambio nominal se ubica en $1.440 para el promedio de octubre de 2025, prácticamente en línea con el valor actual del dólar oficial, que ronda los $1.430. Cabe recordar que la encuesta del BCRA se realizó en los últimos días de septiembre, cuando el tipo de cambio mayorista aún se encontraba por debajo de los $1.400.

Entre los diez analistas más precisos del REM, las estimaciones son algo más altas: prevén un dólar promedio de $1.471 en octubre, lo que refleja una expectativa de corrección cambiaria algo más pronunciada.

La mayor devaluación esperada se concentra en noviembre, mes que sigue a las elecciones legislativas nacionales. Para ese período, los especialistas proyectan una suba del 4,1%, que llevaría la cotización oficial hasta la zona de $1.500, en un contexto de persistente incertidumbre política y presión sobre las reservas del Banco Central.

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que durante septiembre la producción nacional alcanzó las 47.108 unidades, lo que representa una suba de 5,8% respecto de agosto, aunque todavía marca una caída interanual del 5% frente al mismo mes de 2024.

Entre enero y septiembre, las terminales acumularon 379.243 vehículos fabricados, un crecimiento de 4,6% interanual, lo que consolida un desempeño general positivo en lo que va del año, pese a la desaceleración de los últimos meses.

En el plano externo, las exportaciones sumaron 26.429 unidades, con una mejora mensual de 3,6%, pero una baja del 17,2% respecto de septiembre del año pasado. En los primeros nueve meses de 2025, los envíos al exterior totalizaron 199.811 unidades, un 9,1% menos que en 2024, afectadas por la menor demanda regional, especialmente desde Brasil.

Por su parte, las ventas mayoristas a concesionarios alcanzaron 54.267 unidades, con un incremento de 4,8% frente a agosto y un salto del 22% interanual. En el acumulado anual, las entregas ya suman 455.220 vehículos, un 63,6% más que en el mismo período del año pasado, impulsadas por la recomposición de stocks y una mejora en el financiamiento interno.

El sector automotor, uno de los más dinámicos de la industria, mantiene así un ritmo moderado de recuperación, aunque condicionado por la volatilidad cambiaria y las dificultades del mercado externo.

El Gobierno enfrenta ahora un problema inesperado pero millonario: las boletas electorales. Según anticipó La Política Online, las papeletas ya están impresas y sacar a José Luis Espert de la lista costaría alrededor de 14 mil millones de pesos, una cifra que en plena crisis fiscal resulta difícil de absorber. Todo por el capricho del gobierno de sostener a Espert cuando todas las pruebas lo vinculaban con el narcotráfico.

En la Casa Rosada admiten que la posibilidad de retirar al economista liberal —tras las denuncias que lo vinculan con el empresario detenido Fred Machado— abrió un dilema político y logístico. Desde la Justicia Electoral advirtieron que no habrá reimpresión si el oficialismo decide apartarlo, lo que dejaría a las autoridades sin margen para improvisar una salida administrativa.

Por eso, según fuentes oficiales, hay conversaciones frenéticas entre funcionarios del Ejecutivo y apoderados partidarios para intentar revertir la decisión de bajarlo de la boleta. La preocupación es doble: por un lado, el costo político de sostenerlo; por el otro, el costo económico de reemplazar millones de boletas ya distribuidas en todo el país.

El episodio agrega un nuevo capítulo al escándalo que rodea al oficialismo, que intenta contener los daños a pocas semanas de las elecciones y en medio de un clima de creciente incertidumbre económica y política.

El diputado José Luis Espert quedó en el centro de la polémica tras negarse en reiteradas ocasiones a confirmar o desmentir si recibió US$200.000 de parte del empresario Fred Machado durante la campaña electoral de 2019. La acusación fue impulsada en la Argentina por Juan Grabois, dirigente de Patria Grande, y generó un fuerte revuelo en medio del clima político y judicial.

Machado, un empresario argentino con vínculos internacionales, fue detenido en Neuquén a pedido de la Justicia de Estados Unidos, que lo investiga por presunto lavado de dinero ligado al narcotráfico. Actualmente cumple prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma, mientras avanza la causa en su contra.

En una entrevista con A24, Espert intentó despegarse de las versiones, aunque sin dar una respuesta clara. “No voy a responder, no le voy a dar el gusto a Grabois, le voy a responder en la Justicia”, sostuvo, repitiendo esa frase cada vez que los periodistas insistieron sobre el supuesto aporte de Machado a su campaña. Ante la insistencia de la prensa volvió una y otra vez: “No pienso responder, no, no, no lo voy a hacer”. ¿Era tan difícil decir no, si es verdad que nunca recibió plata en su cuenta personal de un narcotraficante?

Consultado sobre la existencia de una planilla que circula en un expediente en Estados Unidos, donde aparecería registrada la transferencia a su nombre, el legislador de La Libertad Avanza habló de “un papel trucho de una contabilidad paralela”. Sin embargo, ante la pregunta concreta se negó a responder si recibió esa plata en su cuenta. No quiso aclarar porque oscurece…

Las cerealeras ingresaron más de USD 7.100 millones tras el polémico acuerdo sellado con Luis “Toto” Caputo, un monto que, en teoría, debía garantizar al gobierno libertario un margen de maniobra hasta las elecciones del 26 de octubre. Pero pasaron cosas…

Sin embargo, lo que prometía ser un salvavidas económico se transformó rápidamente en otro episodio de mala praxis: gran parte de esas divisas parecen haberse esfumado y en la Casa Rosada ya no miran tanto el calendario electoral como la inminente cumbre con Donald Trump. El Banco Central está sin reservas mientras suben el dólar y el riesgo país. Hay muchas dudas sobre la solvencia argentina por el modelo de Javier Milei.

El dato más llamativo es que el Tesoro sólo adquirió USD 2.200 millones de los USD 7.100 millones liquidados por el agro. Para lograrlo, además, el Gobierno llevó las retenciones a cero y asumió un costo fiscal de alrededor de USD 1.200 millones.

El resultado está lejos de ser alentador. En el mercado señalan que Caputo ya habría gastado la mitad de esos USD 2.200 millones en su intento por contener la escalada cambiaria. Solo este miércoles, según operadores consultados, se habrían quemado entre USD 350 y USD 500 millones, pese a lo cual el dólar oficial subió un 3,6%.

La crisis cambiaria volvió a sacudir a la economía argentina. Este martes, mientras el Gobierno celebraba en redes el anuncio de la Casa Blanca sobre el próximo encuentro entre Javier Milei y Donald Trump, los mercados mostraron otra cara: todas las cotizaciones del dólar treparon con fuerza. El oficial cerró en $1.400, el blue en $1.445, el MEP en $1.476 y el contado con liquidación en $1.514. El movimiento intradiario fue todavía más brusco: al mediodía el minorista rozó los $1.465, un salto del 6% en pocas horas, para luego caer hasta $1.365 tras la aparición de fuertes órdenes de venta que el mercado atribuyó a la mano del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Esa intervención le costó al Banco Central USD 748 millones en reservas. Hay plata para la timba financiera.

En paralelo, la decisión de Cocos de suspender la venta de dólares oficiales —tras una orden directa de su banco proveedor— alimentó la percepción de un “cepo de facto” impuesto a las billeteras virtuales. La noticia corrió rápido y dejó en evidencia que el Gobierno libertario, pese a su prédica de libre mercado, está echando mano a restricciones cada vez más severas para contener la tensión cambiaria.

El impacto financiero no se hizo esperar: el riesgo país saltó 7,9% y se ubicó en 1.204 puntos básicos, el nivel más alto en meses. La promesa de Caputo era clara: con el anuncio de un rescate del Tesoro, el índice debía desplomarse hasta la zona de los 400 puntos, allanando el regreso de la Argentina a los mercados internacionales y el acceso a los USD 14 mil millones necesarios para afrontar los vencimientos de 2026. No pasó: los mercados financieros saben que la bomba de deuda que generó Caputo no tiene sustentabilidad.

El contraste entre lo que dice el gobierno y la realidad es brutal: mientras la narrativa oficial busca sostener la imagen de éxito político (el gobierno habla de “milagro”), la economía envía señales de agotamiento que difícilmente puedan disimularse. El tiempo empieza a terminarse.

El gobierno libertario volvió a intervenir en el mercado cambiario, esta vez de manera indirecta: el Banco Central ordenó a los bancos que operan con billeteras digitales suspender la venta de dólar oficial. La medida impactó de inmediato en plataformas como Cocos, Mercado Pago y Ualá, que debieron interrumpir el servicio.

La primera en dar la noticia fue Cocos. Su CEO, Ariel Sbdar —quien en su momento se mostró como un entusiasta del proyecto de Javier Milei— reveló en la red X lo ocurrido cuando un usuario le consultó por la operatoria: “Nos pidieron apagar”, fue la escueta respuesta que terminó confirmando la restricción. Hasta ayer, Sbdar era uno de los emprendedores que defendía los avances de la libertad. Otros tiempos.

Horas más tarde, la empresa emitió un comunicado en el que precisó: “A las 12.30, el banco proveedor solicitó a Cocos cortar el servicio de operatoria de dólar oficial, el cual permanecerá suspendido hasta nuevo aviso. No se ha informado el motivo de dicha solicitud”.

La decisión llega en un contexto de fuerte presión cambiaria por un esquema económico que solo se basa en deuda y especulación. Ese esquema no cierra y el propio mercado financiero lo sabe. El apoyo de Estados Unidos solo se redujo a tuits y reuniones pero no a plata. El modelo así como está no cierra. Y todos los saben.